Senado - Hacienda - 12 de mayo de 2025

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, cuente. Presidenta, se recibió una solicitud de audiencia de los aportantes de Sartor. Señalan que la situación de ellos es deplorable porque se han visto sujetos a un abuso de poder y, por ello, solicitan ser recibidos por la Comisión de Hacienda para plantear sus inquietudes. Del mismo modo se recibió una solicitud de audiencia de los funcionarios y funcionarias de las corporaciones de asistencia judicial del país, quienes señalan que se encuentran en paro indefinido y también quieren ser escuchados por la Comisión de Hacienda. Y finalmente, Presidenta, el Ministerio de Economía hizo llegar, respondiendo a los requerimientos de los miembros de la Comisión en la sesión anterior, los siguientes documentos: el informe de experiencias internacionales sobre reformas en el ámbito de la permisología, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en marzo de 2024, para efectos del estudio del proyecto por la Comisión de Economía de la Cámara; el listado de los participantes de las audiencias públicas realizadas en la Comisión de Economía del Senado; un enlace a las presentaciones realizadas por cada uno de los participantes en las audiencias; una minuta elaborada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo respecto del avance que el proyecto representa para las micro, pequeñas y medianas empresas; y un informe de impacto en los tiempos de tramitación del proyecto de ley de autorizaciones sectoriales, elaborado por el Ministerio de Fomento, Economía y Turismo en diciembre de 2023. Estos documentos se enviaron por correo electrónico a los miembros de la Comisión. Se ofrece la palabra. Sobre el tema de las audiencias solicitadas, si es posible, señora secretaria, recabar antecedentes de los temas y después veremos en qué minuto podemos recibirlos. El desertor lo conozco porque me pidieron audiencia por lobby. El segundo no lo conozco y no sé si alguno de mis colegas tendrá antecedentes sobre esa materia. El otro era un funcionario. A ellos yo los recibí antes de que –no sé, o Gonzalo está por ahí– partiera el paro. Ah, no, me junté con ellos en mi región; yo no sé si los colegas se han reunido con los funcionarios de las corporaciones en sus regiones, pero yo me reuní con los del Maule. Entonces, también conozco el tema y va a ser importante para la discusión presupuestaria. Por lo tanto, se pueden pedir antecedentes en detalle a ambas organizaciones, se los haremos llegar a los colegas y veremos cuándo los recibimos. Está todo detenido, sí, sí, y tiene que ver con la tramitación –entiendo– de la ley en el caso de la corporación. Yo no sé si ustedes lo han visto en sus regiones, pero a mí me lo explicaron, al menos. Colegas, hoy se suponía que íbamos a ver otras materias, pero estábamos con la ley de lo que se conoce como permisología y, como ninguno de los organismos que invitamos podía asistir –es más, en el caso del director del Servicio de Impuestos Internos, dijo que recién en la primera semana de junio podía venir a la comisión, y en el caso de la CMF estaba con problemas de agenda (desde el 19 de mayo no podía, entonces, no tenía mucho sentido perder la citación)–, por eso dijimos: partamos con este tema. Hablamos con el senador Insulza, que no tuvo inconveniente en que no viéramos el proyecto que a él le interesaba, y contamos con la presencia del Ministerio de Economía, el ministro y su equipo, para abordar el tema de permisología. ¿Estamos? Senadores de Galilea, no solo la CMF; ojalá sea inmediatamente después de la semana regional.

Eso sería como lunes 24, 25. Tenemos una semana regional del 19 en adelante, así que debería ser la siguiente. Y sigue en pie la citación que tenemos del Banco Central el 19 de mayo, que va a presidir el senador Galilea y me va a reemplazar el senador Walker. Yo ya le avisé a Rosana Costa del tema y agradeció la deferencia, así que estamos OK con eso, ¿sí? Perfecto, ¿nada más de la cuenta? ¿De la cuenta no? Ok, entonces pasaríamos al tema que nos convoca. Entiendo que ha habido reunión con asesores. Le damos la palabra al ministro. Sin perjuicio, ministro, de que, obviamente, hay una preocupación que se la expresé antes de partir, respecto de las minutas, los cálculos y las estimaciones a raíz de todo lo que pasó en otra subsecretaría, pero que también está bajo su cartera. Antes de que el ministro haga uso de la palabra, quería contar una historia. Este fin de semana me tocó conocer algo relacionado con la permisología y, escuchando el testimonio de estas personas, me pareció que nuestro proyecto no logra resolver lo que está pasando en términos de permisos, o por lo menos en muchos aspectos de ello. Ministro, presidenta, quería narrar en brochazo grande la situación de una persona que trata de hacer todo bien y que, sin embargo, no le resulta nada de lo que hace en interacción con el Estado. Esto me tocó conocer el fin de semana: un hotelito rural, en zona rural, precioso. Pocas veces he visto algo mejor hecho. Se trata de un establecimiento de cinco piezas, muy chiquito, ubicado en una casona muy antigua—entre pesebreras y casas de inquilinos—pero es algo muy, muy bonito. ¿La casa original está recepcionada por el municipio? Vamos a partir desde ese punto. El lugar cuenta con una jardinería maravillosa y, en la práctica, funciona, porque la ley de la gravedad y la necesidad de subsistir hacen que, independientemente de que los papeles no estén, la gente paga y la cosa sigue adelante. Y cuando le pregunté cómo había conseguido todos los permisos, me dijo: “la verdad es que no he podido conseguir ningún permiso”, y eso, hace años. ¿Y por qué? Primero, porque le dicen: “Bueno, tiene que tener patente comercial”. Ok, ningún problema, pero para tener patente comercial hay que hacer cambio de uso de suelo. ¡Chuta! Pero si estoy en medio del campo... No, no, no. Es que usted no puede tener un hotelito, aunque sea rural, de cinco piezas, ya que es una actividad comercial y, por lo tanto, exige cambiar el uso de suelo; no se considera agrícola. En consecuencia, debe dirigirse a la Dirección de Obras, que le dice lo mismo respecto a la recepción del establecimiento. ¿Qué recepción, si esta cosa es muy antigua? Después de mucho tiempo le dicen: “Si usted acredita que esta casa es anterior a 1929, existe una norma especial que permite saltarse la recepción, pero no el cambio de uso de suelo”. No, ya estamos mal. O sea, si es del año 1930, ya estamos mal. Además, todavía no logra salir de todo eso. Intentó sacar los permisos sanitarios, entre ellos el cálculo de absorción del pozo negro, que ha estado funcionando desde 1920 (es decir, esto es anterior a 1929). ¿Y cómo se hace? Requiere contratar a un calculista que venga y realice el cálculo. En cuanto al agua, es del pozo de la casa, y eso fue un poco más sencillo, pues logró certificar que el agua estaba en condiciones. Pero el tema de los certificados de absorción ha resultado imposible de obtener. Finalmente, cuando le dicen: “Oiga, pero ¿usted sirve algo de comida?”, él responde: “No, lo que hacemos es, al estilo de un bed and breakfast, dejar en la mañana pan amasado, leche y, lo único, los huevos.”

La gente que quiere hacerse un huevo se lo hace ella misma. Se hace su huevo y, ah, entonces manipulación de alimentos. Inocentemente dijo: “sí, manipulación de alimentos.” Ah, no, pero espérese. Esta casa es de adobe y se pintaba con cal, y el suelo no es un piso absorbente. Entonces dice: “Bueno, ¿pero cómo?” No, pues tiene que cambiar la tipología de los muros y el piso de la casa. Pero si la gracia de esto es que sea tal como está. No, bueno, si cubre de plástico todas las montañas, empezaron las peticiones absolutamente locas, de las cuales tampoco ha salido nada. Entonces le dijeron: “Oiga, hay un permiso especial, si quiere sacarse todo esto, que se llama permiso para elaborar emparedados.” “¡Ah, ya! Ya, entonces permiso.” No, pero igual no se puede hacer en la cocina. “¿Y dónde lo hago?” No, tiene que destinar una pieza especial para hacer emparedados. Y, si no tiene piezas especiales... dijo: “Ya, me voy a Senatur para que me ayuden.” Entonces Senatur le dice: “¿Pero usted está inscrito en Senatur?” No. “¿Y por qué no?” “Porque, en realidad, me pedían patente comercial para estar inscrito.” Y Senatur, en lugar de ayudarme, me denunció al juez de Policía Local por estar funcionando sin estar inscrito en sus registros. Entonces, ministro, esto uno se ríe, pero la verdad es que no es divertido, porque es el drama que tenemos en todo orden de cosas. Y no sé por qué tengo la sensación de que aquí no valen ni las declaraciones juradas, ni todas las cosas que, con toda buena fe, tratamos de resolver, debido a la cantidad de requisitos, circunstancias, necesidades y certificados. Una cosa tan obvia como si uno va a una casona del año de la pera, que obvio va a ser de piso —diera lo mismo que fuera de tierra—, la experiencia que uno va a vivir es que los funcionarios se las arreglan para decirle, una y otra vez, “no, no, no, no”, y cuando va a ser Senatur, termina denunciado por la Policía Local por no cumplir con todas las exigencias. Esto es lo que se llama enfrentarse al Estado de Chile en lugar de que el Estado colabore para que esto opere. Como le digo, funciona igual, porque esa familia tiene que ganar plata y, afortunadamente, opera buena parte de los fines de semana del año. Y queriendo pagar impuestos, no puede pagarlos; termina pagando multas, y acaba yendo al juez de Policía Local, haciendo de todo. O sea, todo lo que quiero transmitir acá es que se ha llegado al absurdo de que todo sale mal cuando se interactúa con el Estado de nuestro país. Y como no me quedé, aquí está el senador Rojo Edwards, a quien le cuento esta historia, para que a lo mejor ustedes expliquen o intenten explicar cómo este proyecto de ley, en un caso como este, ayuda; porque aquí no se recurre a declaraciones juradas, salvo que acepten, como declaración jurada, que la casa era anterior a 1929 –lo cual sospecho que no se la van a aceptar por sus características–. Y todo lo demás es un enredo del cual esta gente no tiene cómo salir adelante. Disculpe que me haya dado estos dos minutos. Presidenta, pero yo salgo amargado cuando conozco cada una de estas experiencias. Senador Lau: Solamente, no quiero agregarle a su depresión, pero, por el bien de todos, tiene que partir con energía. Primero, los fines de semana, cuando está en su casa, no hable con gente, para que no le pase lo que le pasó. Hablando en serio, ¿podría preguntar a esa persona cuántas propiedades se han construido en los últimos 30 años? Por decir un número, le puedo decir 40, o 20; alrededor de este hotel rural han sido regularizadas, entonces no fiscalizan a nadie. Pero cuando usted realiza un acto positivo para ponerse al día y operar, le caen todas las reglas y todas las penas, mientras que al Congreso y al hospital no les pasa nada y este ciudadano puede terminar teniendo problemas. Ministro. Sí, Presidenta. Muchas gracias. A ver, a todo esto...

Como yo le conté que iba a estar con usted, ministro, quedó invitado a mi amigo, quien podía pasar un fin de semana gratis para que disfrutara la experiencia. Por razones obvias, no puedo aceptar esa invitación, o bien puede diferirla para cuando ya no sea ministro. Mire, yo diría lo siguiente: de su historia, senador, a través de la interposición de la presidenta, se observan elementos distintos. La respuesta corta es que nuestro proyecto de ley se hace cargo de muchos de estos temas, y los voy a describir. Si usted lo estima pertinente, podemos elaborar una respuesta más detallada, quizás con un texto en el fondo que exponga cada uno de los pasos que usted comentó. Sin embargo, hay que distinguir dos cosas. Primero, ¿qué dice un permiso para que deba ser autorizado? En lo que usted escribe, pareciera haber algunos permisos con exigencias poco contextualizadas que hacen poco sentido para el caso en particular. Respecto a esos problemas, este proyecto no avanza tanto –por ejemplo, nosotros quitamos el informe sanitario en el contexto de comerciales, lo cual, si bien no es relevante, tampoco es el foco del proyecto. Por otro lado, su descripción también aborda cómo se solicitan estas autorizaciones, las arbitrariedades a la hora de exigir los permisos y esos lazos interminables en que uno se ve obligado a ir de un lugar a otro. Eso, sí, lo aborda nuestro proyecto. Lo pongo de otro modo: si en alguna ley se establece que para operar en cierto lugar, de cierta manera, ese suelo debe pasar a ser urbano y realizarse el trámite correspondiente, nuestro proyecto de ley no modifica esa disposición. Pero, ¿qué es lo que sí cambia nuestro proyecto? Primero, como comenté en la sesión anterior, el proyecto incluye distintos mecanismos para asegurar la estandarización; es decir, se implementará un formulario único y otras medidas para evitar que se exijan aspectos sin sentido, que en algunos lugares se aplican de modo más flexible y en otros de forma más estricta. Segundo, se reduce la discrecionalidad. Tercero, en el caso del permiso del IFC se aplican las medidas del proyecto, lo que implica la incorporación de formularios, plazos máximos, informe intermedio y otras medidas concretas. En cuanto a lo que usted señaló, el permiso de obras y recepciones de la ley de agilización de permisos para una obra menor pasará a declaración jurada. Asimismo, los permisos sanitarios –como algunos de los que usted mencionó– y los servicios sanitarios de alcantarillado también pasarán a declaración jurada. Por último, todas estas acciones redundan en una facilitación en la obtención de los permisos necesarios para la patente comercial. Cabe aclarar que, si alguna de estas autorizaciones actuales que pasan a declaración jurada incluye algo explícito en que la persona, de la que usted habla, dueña de un determinado lugar, no está cumpliendo, la declaración jurada deberá decir la verdad; por lo tanto, esa situación no se subsana con el proyecto. No obstante, es un muy buen ejemplo, ya que ilustra el amplio rango de acción que tendrá este proyecto de ley. Recuerden que, solo en términos de permisos sanitarios, el proyecto de ley pasará a declaración jurada –bajo cierto contexto, en 25 autorizaciones sanitarias. Adicionalmente, le propongo que, si existe algún caso particular, nos lo haga saber para que nuestro equipo pueda conversar con esa persona de manera específica y evaluar si podemos ayudar, aunque eso se trataría en un carril separado respecto al proyecto. En resumen, todos los procedimientos que usted describe se ven afectados de manera masiva por el proyecto. Ahora bien, si el problema es que realmente ese proyecto no cumple con los criterios que fija la ley en ciertas dimensiones, ello no lo resolverá el proyecto de ley, para no vender una ilusión que, creo, no es la idea. No sé, mi punto es que en este caso, como imagino que pueden haber muchos…

No creo que tanto por ley, sino que por reglamento propio de las seremías de salud, empiecen a pedir un estándar de cosas que, finalmente, hace derechamente imposible que muchos emprendimientos lleguen a ver la luz. Porque, claro, uno podría decir: "hago declaraciones juradas", pero estaría diciendo puras mentiras. ¿Por qué? Porque se certifica que la casa es de no sé cuánto, que se puede manipular alimentos. O sea, imagínense la distinción entre manipulación de alimentos y permiso para hacer emparedados. Es, de alguna forma, un nivel kafkiano de distinciones: que sí, que no, que esto puede ser, que no. Pero, finalmente, termina en que se ponga murallas de plástico, se requiera tener otra pieza, y se crea un emprendimiento que, sinceramente, ya es demasiado sencillo. Más sencillo no puede ser. Y, además, pues, claro: si no, yo soy ministro, esto no es culpa suya ni nada. Pero acá, junto con proyectos como este, tiene que haber una especie de sentido común que, lamentablemente, se ha perdido en algunas instituciones. Empezaron a justificar, no sé si para darle pega a personas o qué sé yo, mil y un cosas absolutamente insensatas, partiendo incluso por el cambio del suelo, lo cual considero completamente insensato, pues es rural. Hemos llegado a una situación imposible, más allá de que muchas veces se pudiera solucionar por declaraciones juradas, dejando a la gente sin otra opción que decir algo que no es verdad, ya que, además, no tiene cómo enterarse. ¿Quién puede llegar a saber que existe una distinción entre manipulación de alimentos y hacer sándwiches? Simplemente, quiero dejar esto claro para que todos entendamos que aún queda mucho por hacer para que esto avance de verdad. Partimos, entonces, después de este preámbulo en materia, Ministro. Si me permite, Presidenta, solo quiero agregar algo muy breve. Lo primero: lo que voy a comentar escapa al proyecto de ley, no necesariamente a la historia que contaba el Senado. Una de las agendas que ha llevado la subsecretaria Pardo está muy relacionada con lo que usted plantea, porque tenemos, en muchos casos, el turismo rural realizado por comunidades indígenas, que han tenido problemas para obtener este tipo de autorizaciones debido al suelo de los lugares, es decir, a la materialidad del mismo. Y yo sé que hemos avanzado en esa materia para que se reconozca ese tipo de infraestructura y que, además, sea consistente con el proyecto que usted planteaba. No es que, digamos, la experiencia turística tenga que ver únicamente con eso, sino que debe haber una sintonía entre las exigencias en términos regulatorios y el proyecto turístico, siendo la Subsecretaría de Turismo la encargada de promover aquello. Entonces, eso también lo podemos comprometer, tal vez, directamente al senador. Por último, quisiera señalar que un rol importante tendrá esta materia, a pesar de que no existe un control editorial respecto al criterio de cada uno, en el rol futuro de la oficina que se está creando a propósito del proyecto, y que es tan importante también para los artículos relacionados al trabajo de la Comisión de Hacienda. Esa oficina tendrá un proceso de mejora continua en materia de estas autorizaciones y debiera ayudar a identificar este tipo de problemas. Por eso, algo decía también el senador Lago: lo que no puede ocurrir —y lo reclaman todos los comerciantes— es que, en el fondo, este tipo de regulaciones al final haga más difícil la cosa o que agrande el mercado informal, con todas las consecuencias que ello implica, o incluso lo haga más atractivo. Y, por supuesto, esta oficina que se está creando debe trabajar para que no sea así, porque, como comenté en la sesión pasada, parte de la gracia de su creación es que cuenta, por decirlo en términos generales, con 40 servicios públicos dedicados a evitar riesgos sanitarios, lo cual es muy positivo para la sociedad, aunque no existe alguien de contraparte que verifique la racionalidad de estos procesos y el sentido de la secuencia. Eso debiera hacer esta oficina, sin poder intervenir en el criterio, insisto, pero ayudando a que el proceso sea más coherente.

Empoderada para esos efectos. Me parece importante también resaltarlos. Si a usted le parece, Presidenta, entonces voy a la presentación que tenía preparada. Senador Edwards. Ah, perdón. Muchas gracias, Presidenta. Por supuesto que yo creo que este proyecto es un avance, pero le faltan muchas cosas. Respondiéndole un poco al senador Galilea, efectivamente, todas las cosas que plantea el ministro van en la dirección totalmente correcta, pero, en el sector público, se requiere algún tipo de contrapeso que tenga en cuenta los dolores del sector productivo. Una de las cosas que creo que no estamos haciendo lo suficiente, más allá de que se avanza en las facultades de la oficina, es fortalecer no solo su funcionamiento en general, sino también el mecanismo del proceso de mejora continua. Se trata de dotar a la oficina, que podría ser un órgano del Estado, de facultades que generen una cultura pro-productividad para que ese tipo de aberraciones, que ocurren todos los días, no se presenten. Vimos muchos ejemplos; por ejemplo, las facultades de la oficina incluyen coordinar, cooperar, monitorear, asistir, conducir procesos, entregar alternativas, presentar propuestas, implementar medidas sugeridas por otros y mantener un catastro. Son puras facultades, ninguna de las cuales es particularmente fuerte. Si el gobierno, por ejemplo, cede ante las ideas de los parlamentarios —y, aunque nosotros podemos rechazarle, en ocasiones cedemos ante lo que dice el gobierno porque nuestras indicaciones muchas veces resultan inadmisibles— se pierde una oportunidad de contar con un contrapeso que represente al sector productivo en el proceso de mejora continua. Por eso, una de las cosas que más se discutió en la Comisión de Economía fueron las atribuciones de la oficina, que podría desempeñar ese rol en el mecanismo de mejora continua. Independientemente de ello, esto representa un avance para el senador Galilea, y veremos cómo funciona. En el primer proceso hay uno de los artículos transitorios, creo que es el número 30, en el que se solicita una colaboración internacional para evaluar el funcionamiento general de la oficina. Quizás en ese estudio, más allá de los mecanismos de mejora continua implementados, se puedan hacer recomendaciones que permitan dotar a la oficina de mayores herramientas para representar de forma efectiva al sector productivo cuando se instauren nuevos criterios o cuando se apliquen criterios inadecuados. Gracias. Ministro, muchas gracias, Presidenta. Entonces, se puede compartir la presentación. Había algunas cuestiones que quedaron pendientes de la sesión pasada: actualizar los plazos y las legislaciones comparadas en esta materia. La presentación recoge lo que hemos conversado y lo que hemos avanzado en este ámbito. Primero, como bien decía la Presidenta, hubo un trabajo de asesores; aunque eso está pendiente de algunas revisiones, me gustaría describir el trabajo realizado. Nuestro equipo evaluó muy bien que se revisaron más de 20 artículos que debían ser estudiados por esta Comisión. En 17 de ellos, al menos de manera provisional, se ha decidido no hacer indicaciones, tanto por el lado de los/as asesores/as como por el del Ejecutivo. En cambio, hay ocho artículos que tienen observaciones para efectos de discusión. Me gustaría, Presidenta, describir y dar una idea de cuáles son estos artículos, tanto los 17 como los 8. Empezando por los 17: primero, el artículo 29, inciso 1, que tiene que ver con la encomendación de funciones a profesionales y entidades técnicas idóneas; luego, el artículo 34, también en su inciso 1, relativo a la sanción administrativa por infracciones de profesionales colaboradores (existe otra parte de sanciones que tiene discusión y que comentaré más adelante); y, finalmente, el artículo 40, que es el que crea esta oficina de autorizaciones sectoriales.

… de la inversión, que nosotros creemos, a pesar de lo que dice el senador Edwards por su intermedio, Presidenta, es que esta oficina va a ir tomando fuerza y, a partir de las distintas atribuciones que tiene, una posibilidad de ir identificando todos estos vericuetos y dificultades que señalaba en su historia el senador Galileo por su intermedio, Presidenta. Después, el artículo 41, respecto a las funciones de la oficina de autorizaciones sectoriales e inversiones, tampoco habría observaciones. El artículo 43, relativo a la jefatura de oficina que estará a cargo de un alto directivo público – es decir, lo que llamamos coloquialmente ADP, y que es de primer nivel jerárquico – también contaría con acuerdo. El artículo 52 establece que la gestión de todas las autorizaciones, la presentación de avisos y la suscripción de declaraciones juradas deberá realizarse a través de la plataforma "ventanilla única", la cual está a cargo de la Secretaría de Salud. Este tema fue muy relevante para al menos un par de senadores en la Comisión de Economía, según se conversó en su minuto. Asimismo, el artículo 54 establece un contenido mínimo para esta plataforma. En lo que respecta a sanciones, tampoco habría observaciones respecto al artículo 96 ni al artículo 97. Respecto al artículo 9º, se faculta al Presidente de la República para nombrar a la primera jefatura de la oficina y fijar su remuneración mientras se desarrolla el nombramiento ADP. Aquí se observan diferencias –que se expondrán más adelante– relacionadas con la posibilidad de un DFL para definir la planta, pero en esencia no habría diferencia respecto a esta facultad del presidente. El artículo 14 confiere a la Subsecretaría de Economía la facultad para suscribir convenios mientras no entren en funciones esta oficina, permitiendo implementarlo rápidamente antes de que todo esté en funcionamiento. El artículo 15 establece el primer presupuesto de la oficina, definido también en un decreto supremo. El artículo 16 define las fuentes de financiamiento durante el primer año de vigencia de esta ley, lo cual es bastante estándar cuando se aprueba una ley, ya que aún no se ha tramitado la ley de presupuesto del próximo año. El artículo 25, inciso 5, otorga a la oficina la potestad para convocar una licitación para la contratación de una consultoría que elabore propuestas de mejora de sistemas. Este fue uno de los temas trabajados con la Comisión de Economía, en el sentido de fortalecer las capacidades de autoevaluación del proceso; el senador también comentaba la obligación de realizar una evaluación a los tres años. Además, el mismo artículo 25 suprime el cargo de jefe de división de fomento, dado que parte de las tareas de esta oficina ya se realizan en el Ministerio de Economía, por lo que es necesario cambiar ese rol y trasladarlo a una nueva institucionalidad dentro del ministerio. El artículo 27, que aplica transitoriamente las remuneraciones a las plantas directivas, contaría también con acuerdo. Posteriormente, se indican normas que tendrían observaciones tanto por el lado de los asesores como por el del Ejecutivo. En cuanto a las observaciones, se destacan los siguientes puntos: En primer lugar, el artículo 4, letra A, que excluye las autorizaciones tramitadas en el marco del CIA. Esto fue planteado por usted, Presidenta, y secundado por otros miembros de la comisión. Asimismo, el artículo 12 establece una sanción penal por entrega de información falsa para eludir autorización. Este es un tema que preocupa al Ejecutivo, ya que no se alcanzó acuerdo en la Comisión de Economía y se plantea la posibilidad de revisarlo nuevamente. No se pretende minimizar que es un artículo potente, sino que se puede reforzar. Por último, el artículo 27 establece sanciones de multa a jefes superiores de servicios por incumplimiento de plazos, tema comentado en la sesión pasada y propuesto por diputadas y diputados en la Comisión de Economía, respaldado mayoritariamente, aunque se sigue considerando que debería cambiarse. Además, el artículo 38 contempla una sanción penal por falso testimonio.

De profesionales colaboradores. Esto también, yo diría, que llegamos a bastante acuerdo en la Comisión, pero dada la vorágine con que se votó esto no lo pudimos arreglar, aunque creo que habrá acuerdo para encontrar la manera de solucionar este tema. Artículo 44: la Jefatura de la Oficina establecerá la organización interna y la forma en que se verán proverse los cargos de segundo nivel jerárquico. Artículo 45: sanción penal por infracción a la obligación de reserva del personal de la oficina. Y en normas transitorias, quizá el tema más indispensable que revise esta Comisión, ya que, actualmente, tendríamos problemas para la operación, porque, recuerden, en el artículo tercero transitorio había una serie de numerales que fueron borrados y dejados para discusión en esta Comisión, al menos un par de ellos, entre otros, la facultad del Presidente de la República para fijar este DFL en el DFL, la dotación y las plantas del personal de la oficina. Y también, artículo 29º, relativo al plazo para la dictación de los reglamentos derivados de las modificaciones del Código Sanitario, que, como ustedes recuerdan, contempla que 25 de las 50 declaraciones juradas que se habilitan corresponden al Código Sanitario. Es decir, los tiempos que se fijen allí son muy importantes para efectos de la aplicación. Eso es la primera parte de mi presentación, Presidenta. No sé si usted prefiere que continúe y aborde otros temas más adelante, según lo estime conveniente. Ofrezco la palabra a los colegas. Si les parece, seguimos, porque hay un cronograma que creo que podríamos revisar y, luego, vemos los temas que habían quedado pendientes. Ministro: Muchas gracias, Presidenta. Entonces, un posible cronograma. En esto, así como en lo otro, todo se acordó con los asesores que pudieron llegar a esta sesión. Esto no está acordado; por lo tanto, se trata únicamente de una propuesta del Ejecutivo para diferenciarlo de lo anterior. A ver, nosotros creemos que los equipos técnicos podrían destinar esta semana y la próxima para resolver todos los asuntos pendientes encargados a la Comisión. Uno de ellos, fundamental, al que me referiré más adelante, es qué se puede hacer con los permisos sectoriales ambientales, cuya dimensión ambiental ya está resuelta en el RCA, si lo resumo bien, según su solicitud, Presidenta. Condicional a que estuviésemos de acuerdo en este aspecto, se podría pensar en un plazo de indicaciones, por ejemplo, entre el 26 y el 27 de mayo, para que la votación particular tenga lugar el 28 de mayo. En esa votación, probablemente se resolvería de manera simple una cantidad considerable de estos 22 o 23 artículos, dependiendo de si se agrega alguno, y se realizarían votaciones más detalladas, de consenso, aunque habría que hacer una revisión más profunda en otros artículos. Por lo tanto, creemos que eso se podría ver en una sesión. Esa es nuestra propuesta, Senadora. Por supuesto, aquí tendríamos el peso de la prueba, es decir, el Ejecutivo tendría la primera responsabilidad de generar condiciones para que se llegue a un acuerdo respecto a los puntos donde existen diferencias, en el sentido de que debemos hacer propuestas y buscar, en el fondo, la manera de lograr esos acuerdos. Somos bastante optimistas de que, en la gran mayoría de ellos, deberíamos llegar a un consenso, incluso en lo que respecta a la operatividad. Probablemente, en relación con el tema de sanciones, por ejemplo, ese artículo 27 no creo que logremos consenso, pero habrá que esforzarse. Y, no sé cómo nos irá en la parte del DFL, pero yo pensaría que en todo lo demás deberíamos alcanzar un consenso efectivo, Presidenta. Y, por supuesto, los aspectos en los que no haya consenso, se tendrán que someter a votación. Senador Edwards: Muchas gracias, Presidenta. Yo quería solamente hacer notar un tema de plazos, ya que lo trajo a colación el Ministro. En la modificación del artículo 29º transitorio, que incorpora las modificaciones al Código Sanitario respecto al plazo de dictación de reglamentos, lo que figura en el comparado actualmente es el plazo de seis meses. Entiendo que el Ministerio está proponiendo plazos de nueve meses en adelante, lo que significa que una gran cantidad de reglamentos no terminarán siendo revisados o entregados por este Gobierno. Entonces, hay un tema de plazos que ojalá la Comisión pueda considerar para efectos de cuándo tramitarlo y, finalmente, cuándo podría convertirse en ley, así como para evitar que estos importantes reglamentos —que implican la mitad de las declaraciones juradas y forman parte de las materias que trae el Senador Galilea— se atrasen.