Muy buenos días a todos los presentes, senadoras, senadores, a quienes hoy están de manera presencial y también conectados a la espera de poder participar de la discusión de este proyecto de ley que hemos puesto en tabla a propósito de poder modificar la Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflicto de interés y de fomento a la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Ayer avanzamos, escuchamos a varios de los invitados; la verdad es que fue un tremendo aporte para, lógicamente, ya a partir de las próximas sesiones ingresar algunas indicaciones y modificaciones, dada la información que recogimos ayer y luego, obviamente, abocarnos a votar. Así que le doy la palabra al señor secretario para que, de la misma manera que lo hicimos ayer, nos indique en qué orden expondrá cada uno, y me imagino que vamos a dar preferencia a quienes están de manera presencial. Muchas gracias, Presidenta, su señoría.
Muy buenos días, invitados. Muy buenos días.
Señora Presidenta, tenemos una lista ordenada para la presentación de las personas que hemos invitado el día de hoy. En primer lugar, tenemos, además de manera presencial, al presidente, señor Gamaliel García, del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, y también, por Zoom, al periodista deportivo, señor Jorge Devia; al abogado del Club Deportivo Nuestra Católica, señor Sebastián Coloma; y al representante de la agrupación No Más ANFP. ¿Querría, entonces, señora Presidenta, comenzar con nuestros invitados presenciales? Muchas gracias, señor Presidente.
Entonces, al señor secretario le voy a dar la palabra al presidente, señor Gamaliel García, del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, sin perjuicio de que pueda también darle la palabra, si se lo estima, a quienes lo acompañan.
Muchas gracias, presidente. Un gusto que tenga usted. Muy buenos días. Gracias por la invitación, Matías. Muchas gracias por siempre estar atento a las contingencias que tiene nuestro deporte.
Estimada Presidenta, a través suyo quiero hacer una presentación a la Comisión de este proyecto de ley que regula el deporte profesional, las organizaciones deportivas profesionales y su régimen jurídico. Hace un par de días se cumplieron ya nueve años desde que ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de autoría del senador Matías Walker, quien hoy se encuentra en esta mesa y respecto al cual conversaremos. Por lo tanto, consideramos que hoy la celeridad es un principio que debe primar para zanjar de la mejor manera posible esta problemática que enfrenta nuestro fútbol. Más aún, considerando que el próximo año hay elecciones de la NFP y muchos clubes están a la venta, lo que resulta lógicamente preocupante con el marco regulatorio que tenemos en la actualidad. Actualmente, estimada Presidenta, le comento que existe una profunda anomalía en lo que respecta a la figura del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol de Chile. El presidente de la NFP vela por los intereses de los clubes asociados, especialmente en el Consejo de Presidentes, conformado por 32 clubes que integran la Primera División y la Primera B, quienes lo eligen en su cargo; pero, por otro lado, también es el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, cuyo objetivo es dirigir, fomentar y desarrollar el fútbol en nuestro país. Según muestra la historia, las decisiones del Consejo de Presidentes han sido arbitrarias y contrarias al desarrollo del fútbol nacional. No obstante, el presidente de ambas instituciones es el mismo.
También han vulnerado la normativa laboral y constitucional vigente, como lo vimos a principios de este año cuando bajaron una división de edad que querían poner sub-23, algo que nosotros hicimos público, algo que peleamos a través de la Dirección del Trabajo y, lógicamente, comprobamos que era inconstitucional y totalmente abusivo para los jugadores de esta categoría.
Este sindicato es uno de los pocos actores de la actividad que se ha opuesto a estas cuestionables decisiones del Consejo. Es necesario hacer mención de que existen algunos clubes, aunque pocos, que también han manifestado su dignidad con el actuar de sus pares y del directorio de la NFP. Testigos directos de esta situación han sido la Dirección del Trabajo y diversos políticos que hoy se encuentran también en esta mesa o en esta comisión, medios de comunicación, como las personas que estarán presentes hoy día, y la opinión pública en general.
Resulta fundamental la separación entre la Federación y la NFP, de modo que esta división tenga como objetivo mejorar el fútbol nacional en todas sus dimensiones, desde sus bases hasta las diversas variantes y modalidades, ya sea fútbol profesional, amateur, masculino o femenino, así como la administración, probidad y transparencia del mismo. Es necesaria una fiscalización rigurosa, que es lo que pedimos y lo que siempre hemos demandado como sindicato, además de sanciones ejemplificadoras ante el incumplimiento de normas y obligaciones legales y frente a aquellas decisiones que contrarían el desarrollo del fútbol nacional.
La liga profesional que se propone crear, en tanto entidad superior del fútbol profesional, de acuerdo al artículo 152 bis del Código del Trabajo, debe ser siempre respetuosa de los derechos fundamentales de los jugadores y jugadoras, y de los trabajadores de la actividad, así como garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales. Además, debe procurar una competencia deportiva justa y transparente, lo cual actualmente no se cumple, pese a que ayer el presidente de la NFP, Pablo Milat, aseguró lo contrario en esta mesa, dado que existen diferencias en la cantidad de ascenso y descenso entre las divisiones que participan en nuestro torneo. Tal como se señaló, en esta mesa se actuó asignando roles de “bueno” y “malo”.
De igual manera, es fundamental para este sindicato que se adopten medidas legislativas para modificar la Ley 20.178, conocida como Estatuto del Futbolista Nacional, artículo 152 bis a, para extender la duración mínima de los contratos de los y las futbolistas profesionales. Hoy día, el fútbol profesional, en alguna de sus categorías, y lo que está viviendo el fútbol femenino, ha hecho que, estimada presidenta, los futbolistas pasen a ser más que profesionales, convirtiéndose en temporeros de la actividad debido a la corta duración de los contratos en nuestro país. Se solicita extender la duración mínima de dichos contratos en al menos un año, ya que actualmente el mínimo es de una temporada (o lo que reste de esta, si se ha iniciado) con un plazo máximo de cinco años, lo que conlleva a que los contratos tengan una duración de entre seis y nueve meses, dependiendo de la temporada de la división en la que se contraten.
Esta es una situación que se viene viviendo desde hace mucho tiempo y, lógicamente, no depende de los futbolistas, sino directamente del Consejo Presidente, lo que hemos considerado abusivo, pues más allá del fomento de la actividad, lo que se busca es que las instituciones deportivas cuenten con recursos económicos frescos al final de cada temporada.
Por lo mismo, debe ocurrir que la Federación cuente con una separación efectiva, con un consejo de miembros amplio, que tenga representación directa no solo de los clubes profesionales, sino también de jugadores y jugadoras, árbitros, entrenadores, y representantes del fútbol amateur, formativo, futsal y fútbol playa, como ocurre, por ejemplo, en Uruguay.
Es importante salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores de la ODP, sean estos desafiliados o desciendan deportivamente. Esto lo nombramos, estimada presidenta y senador, porque hemos visto casos que se están dando el día de hoy, por ejemplo, el caso de Fernández Vial, un club que…
Es desafiliado, pero lo que se propone acá es que no haya continuidad legal en quienes toman la institución, por ejemplo en el fútbol amateur. Esto, para nosotros, es una clara señal de que los jugadores de esa institución quedarán desprotegidos en caso de que la Sociedad Anónima Deportiva no haga efectivos los pagos que debe realizar o que estos sean desconocidos, procedentes de la organización que cedió este derecho a la Sociedad Anónima Deportiva (que, en este caso, vendría siendo el club deportivo, es decir, la corporación).
Por eso, para nosotros es fundamental que el continuador legal, ya sea en el fútbol profesional o en ANFA (Fútbol Amateur), sea efectivamente la organización que fue la sedente, por ejemplo, la Corporación de Fútbol de Fernández Vial. Ese es uno de los ejemplos que traíamos y que, lógicamente, debe estar dentro de la ley para hacerse cargo de las no remuneraciones, de las remuneraciones no pagadas y, por supuesto, de las previsionales.
El proyecto faculta al Instituto Nacional de Deportes (IND) para solicitar a las organizaciones deportivas profesionales la información necesaria para el ejercicio eficaz de sus funciones de fiscalización. Esta disposición es especialmente relevante en el contexto del fútbol profesional chileno, donde la estructura jurídica y financiera de los clubes ha sido objeto de debate público. Además, es jurídicamente necesario que esta facultad de requerir información sea reconocida explícitamente en los organismos competentes, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero. La coordinación interinstitucional y el acceso a información relevante son fundamentales para garantizar una fiscalización efectiva, especialmente frente al riesgo de financiamiento irregular y evasión tributaria que puede amenazar la integridad del deporte profesional.
Finalmente, Presidenta, estimados diputados y senadores presentes, es importante recordar que la ANFP, a pesar de su naturaleza privada, está sujeta a principios de transparencia y buena administración, conforme a sus estatutos y reglamentos internos, así como a los estándares establecidos por FIFA y Conmebol. Esto refuerza la necesidad de una fiscalización estatal, coordinada y efectiva. Muchas gracias, Presidenta. Esa fue nuestra intervención y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que quieran realizar. Muchas gracias al presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile. Le doy la palabra a los senadores.
Muchas gracias, Presidenta, y también al presidente del Sindicato de Futbolistas, a Luis Marini y a Fernando Cordero por estar presentes hoy. Yo creo que ha quedado muy claro en la presentación por qué es importante, desde la perspectiva del Sindicato de Futbolistas Profesionales, la separación entre la Federación y la liga local, algo que el propio presidente de la NFP ayer se abrió y, públicamente, quizás por primera vez lo hizo de forma tan explícita.
Sin embargo, hay otro aspecto de este proyecto que nos interesa recalcar: poner término a la multipropiedad. Esta realidad, en la que un empresario es dueño, de forma directa o indirecta, de varios clubes o de representantes de jugadores que terminan siendo dueños de clubes, es algo que la propia FIFA ha prohibido, al menos formalmente. Lamentablemente, sabemos que existen distintos vehículos para burlar esta prohibición, lo que termina afectando los derechos del trabajador del fútbol, ya que el representante, que debía velar por los intereses del jugador, termina utilizando el club como puente para, entre comillas, apropiarse de la propiedad del jugador de fútbol profesional.
Entonces, no sé si, dado que es importante que todo esto quede registrado en un acta, en la historia de la ley y en el informe que después rendirá la Presidenta de la Comisión a la sala, ustedes pudieran referirse a ese aspecto específico desde la perspectiva del protagonista del espectáculo: el trabajador de fútbol profesional.
Y, posteriormente, para que se refiera a las dos preguntas y sus reflexiones, junto con saludar a nuestros invitados y agradecer su presencia, le doy la palabra a quien corresponda.
Presentaciones, pedirles si ojalá pudieran hacer llegar la minuta de lo que han expuesto. Presidenta, yo tengo una duda más general. Tanto nuestros invitados de ayer como todos los de hoy se refieren al fútbol y yo entiendo, ¿no es cierto que es el deporte más complicado o que requiere mayor regulación? Porque es también donde se mueven más recursos. Pero este proyecto de ley afecta a todos los deportes, no solamente al fútbol. Entiendo, entonces, me gustaría escuchar a representantes de otros deportes también. No sé, a la Federación de Tenis Playa, de Básquetbol, de Voleibol, no tengo idea; pero estamos haciendo una regulación que apunte, ¿no es cierto?, a ojalá ordenar el fútbol chileno y, ¿qué pasa con los otros deportes? Le estamos haciendo tanta exigencia al fútbol chileno que, a lo mejor, vamos a matar a los otros deportes con esta exigencia. Entonces, ¿dónde están esas excepciones? No podemos regular o exigir lo mismo para el fútbol chileno profesional, que no sé, para la Federación de Fútbol Playa —que se realiza mucho en mi región— o para el tenis, o para el básquetbol o el voleibol. Entonces, nos vamos a meter en zapatos chinos; tal vez arreglemos el área futbolística y quede pasar con los otros deportes más chiquititos.
Vuelvo a decir: a mí me queda clara la presentación. Creo que nuestra labor, el día de mañana, es —y por eso me interesa tener todas las presentaciones, leer y estudiar cada una— que quienes vienen acá finalmente terminen exponiendo su posición desde el lugar que ocupan en la actividad. Y eso me parece correcto, y es lo que uno necesita para formarse su propia opinión. Pero también me gustaría, antes de que empecemos a votar o de que le pidamos al ministro —porque cuando el ministro puso, también, solo se habló del fútbol— saber qué pasa con los otros deportes a la luz de este proyecto: cómo se afectan, cómo no se afectan. Los mismos requisitos que hoy se le están poniendo al fútbol se les van a aplicar a todos los otros deportes. ¿Cómo hacemos la diferenciación para regular y ordenar todo lo expuesto, pero sin que eso signifique que terminemos matando a los otros deportes? Gracias.
Gracias, Senadora. Le doy la palabra y, después, al asesor del Ministerio del Deporte que nos acompaña. También voy a hacer una pregunta previamente. Presidenta, a través suyo y, senadora, nosotros como sindicato —y como lo señalé en mi intervención— creemos ser una de las pocas entidades que ha estado constantemente proponiendo y tratando de generar que nuestro deporte, no solamente el fútbol, sea más profesional. Tenemos, por lo menos, en nuestro directorio la convicción de que no solamente el deporte, sino también la cultura y el arte son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra población y para el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, y más importante aún, es tan importante para el desarrollo como para la salud —y para la salud mental, que hoy día está dentro de nuestras prioridades— poder ayudar a quienes desarrollan deporte a tener, no solamente, una salud institucionalizada, sino también una salud que les permita desarrollar una vida mejor, que propicie mejores ciudadanos para nuestra sociedad, más preparados. Y, por supuesto, eso va de la mano con tener reglas claras para todos aquellos que quieran competir a nivel profesional o para quienes deseen desarrollar el deporte a nivel amateur, que es la mayor parte de la población en nuestro país, que dispongan de recintos deportivos de calidad y de la infraestructura adecuada para ello. Eso es lo que, lamentablemente, quizá no logremos zanjar con esta discusión, pero sí tenemos un estatuto del deportista —que, como lo señalamos, hoy se está mal utilizando por muchas instituciones con contratos a medida, que duran poco, mientras las instituciones reciben montos amplios en comparación a lo que se está pagando—. Por lo tanto, creo que no solamente hoy se está planteando un tema a nivel futbolístico.
Sino que también se está planteando a nivel país el desarrollo de nuestra actividad en el deporte en todas las ramas. Creo que todos los deportistas se han visto abandonados en algún momento a causa de la falta de recursos económicos para la competencia, y lógicamente, me encantaría que esta mesa también lo pueda resolver. Sin embargo, es un tema un poco más amplio que se puede abordar de diversas maneras, ya que existen muchos comparativos que servirán para que el deporte se desarrolle a través de colegios, universidades y un montón de instituciones que trabajan para entregar el deporte a los niños de la mejor forma posible a través de profesionales. Además, pienso que debería regirse y normalizarse mediante algún estatuto.
Posteriormente, al senador Walker le quiero dar también la respuesta que considero necesaria. La multipropiedad es una dificultad, no solo para los temas laborales del futbolista en este momento, sino que representa, fundamentalmente, un obstáculo para la competencia real que deberían tener las instituciones en el torneo local. ¿Y por qué? Porque, finalmente, como usted bien lo señaló, muchos de los dueños de instituciones hoy son representantes jugadores y, en ocasiones, favorecen a quienes han tenido un rendimiento superlativo o una buena temporada anterior. Van a querer promocionar a jugadores de su cantera, que muchas veces ni siquiera han sido formados propiamente en las instituciones y que no son activos de los clubes, convirtiéndolos en negocios para el representante y situándolos por encima de quienes se están preparando para alcanzar un nivel de futbolista profesional.
Por lo tanto, si bien es un tema muy complejo de regular, pues, como usted también indicó, estimado Matías, ¿cómo evitamos, por ejemplo, que se designe a un “palo blanco”, es decir, a alguien que no tenga línea sanguínea ni relación con la familia y que, finalmente, termine siendo el administrador de la institución, sabiendo que los verdaderos dueños son otros? En ese sentido, ahí es donde intervienen la CMF, el Servicio de Impuestos Internos y los cruces de información respecto a quiénes están invirtiendo, lo cual es fundamental en un contexto de lavado de activos en muchas actividades. Es muy importante saber de dónde provienen los recursos, algo que hoy está cuestionado, por ejemplo, en uno de los clubes más grandes de nuestro país, la Universidad de Chile. Por ello, creo que, con una fiscalización adecuada a través de entidades que efectivamente no dependan de esta administración (como la NFP, por ejemplo), se podría tomar una muy buena medida para conocer el origen de los recursos, identificar a los verdaderos dueños y lograr un fútbol competitivo con reinversión de recursos en cadetes.
Muchísimas gracias. Estamos en la misma sintonía que ayer. Antes de ceder la palabra al asesor legislativo, quisiera añadir, en relación a lo que expresaba la senadora Ensberger, que existe una indicación del Ejecutivo para redefinir o complementar la definición, contenida en la ley, de lo que es el deporte profesional, estableciendo, por ejemplo, qué se entenderá por espectáculos deportivos profesionales o qué son las organizaciones deportivas profesionales. En efecto, esto va más allá. Tanto ayer como hoy, lo primero que hicimos fue recibir a quienes nos habían pedido ser escuchados, tanto directamente los senadores como la misma secretaría, cuando se supo que el proyecto estaba en tal estado y que volvería a discutirse.
Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente y me dirijo, sobre todo, al autor del proyecto, quien ha esperado este tiempo y ha mostrado claramente nuestro interés en que no se siga demorando, es decir, que sea elegible y que podamos mejorar esta norma. Es fundamental poder recibir, aún sin haberlo solicitado, y ponernos de acuerdo con algunas asociaciones, representaciones, federaciones, etc., o incluso con otras disciplinas en las que el Ejecutivo nos pueda ayudar, para considerar todas las opiniones y, luego, continuar cada uno desde su rol y con lo que le interesa que se refleje en el proyecto, en función de lo que afecta esta legislación tan añeja que tenemos.
Hay problemas y consecuencias, pero si vamos a abarcar todo el resto, claro, sería muy prudente que pudiéramos recibir, y como dice el senador Walker, a lo mejor continuar con el básquetbol, ya que está más organizado, al parecer, y podría entregar una opinión que nos pueda ser útil. Pero, sin perjuicio de eso, le voy a dar la palabra al asesor legislativo del Ministerio del Deporte, al señor Hugo Castellín.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora senadora Benzperger, señor Walker. Para atender y despejar de inmediato una duda expresada por la senadora Benzperger, por su intermedio, señora presidenta: durante la etapa prelegislativa en la que trabajamos respecto de estas indicaciones, a partir del 22 y hasta el 2023, en la que se aclaró ayer, participó la CMF. Nosotros tuvimos contacto con distintas federaciones con el objeto de hacernos cargo de esa otra omisión que tuvo la ley del 2005. La ley del 2005 no solo omitió referirse a cómo afectaba la profesionalización a las entidades superiores, sino que reguló únicamente a las de base, a los clubes. No se refirió a la liga, no la reguló, ni señaló qué debía hacer la federación respectiva para administrar una liga deportiva profesional.
¿Qué es lo que estamos intentando subsanar ahora? Regular la liga deportiva profesional. Liga es el nombre que se le da en el mundo entero a las competencias entre clubes. Lo estamos innovando. Respecto de la distinción para el fomento de la profesionalización en otras modalidades deportivas, existen tres aspectos en las indicaciones que presentamos y que apuntan a aquel propósito. En el tercer, letra D, se hace una distinción respecto del capital mínimo propuesto para una liga deportiva en modalidad fútbol y las otras modalidades, siendo de 10.000 UF para fútbol y de 300 UF (o, en algunos casos, de 1.000 o 500 UF) para las demás.
Luego, en cuanto al capital mínimo para el funcionamiento de las organizaciones deportivas profesionales de base, la ley del 2005, pensando en el fútbol pero declarándose aplicable a todas las entidades, estabilizó un capital mínimo en el artículo 15 de 1.000 UF. En ese tiempo se intentó que la DIMAYOR asumiera la profesionalización, e incluso varios clubes realizaron el trámite de inscripción en el registro del INE, pero no funcionó porque no contaban con la capacidad de trabajar con ese capital mínimo. En la propuesta actual, y luego de estas reuniones, estamos haciendo la distinción: 1.000 UF de capital mínimo para organizaciones deportivas profesionales en modalidad fútbol y 300 UF para el resto. Estas conversaciones las mantuvimos con gente relacionada al rugby, que está desarrollando una liga; con el equipo Selkamp, que compite actualmente; con el voleibol, que tiene una liga competitiva a nivel nacional por año; con el básquetbol —ligas LISNORTE, LISUB y LISCENTRO—; y con el handball o balonmano, que también ha tenido un desarrollo muy creciente en términos de ligas competitivas entre clubes. Por lo tanto, existe esa diferenciación.
Finalmente, estamos proponiendo que este propósito legislativo se convierta en ley, promoviendo una ayuda pública para la instalación de las ligas. Se permitiría que, por única vez, las ligas en constitución o en conformación puedan optar a beneficios públicos de ayudas a través del Fondo Deporte o de acceder a proyectos con la franquicia tributaria del Deporte. Por única vez se permitió, de acuerdo con la discusión y la conclusión a la que llegamos, que esto se refleje en un artículo transitorio de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Esto, señora presidenta, para este tema en particular.
Muchísimas gracias y por esa claridad. A propósito, se han escuchado y recogido las opiniones de las federaciones para las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, pero, sin perjuicio de ello, también recordaremos la posibilidad de recibir, por ejemplo, a la Federación de Básquetbol. No sé si hay alguna pregunta más para nuestros invitados que están presentes. Muchas gracias por haber asistido. Además, no tenemos ningún problema en que permanezcan hasta el final de la comisión, o al menos hasta este tema, que se extenderá hasta la once, ya que daremos paso a quienes están por suma.
¿Sí, señor secretario? Sí, por supuesto, pueden dejar la minuta. Si la desean complementar, ningún problema, pero al menos se incluirá lo que se expuso.
Gracias, señora presidenta. Corresponderá ahora escuchar al periodista deportivo, señor Jorge Evia, que se encuentra por Zoom.
No se escucha, Jorge. Ahí sí, perfecto. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a la Comisión. No hay ningún inconveniente, por eso se está realizando de esta manera, de forma que quienes no puedan asistir lo hagan por Zoom. Sabemos que ayer también estuvieron conectados, tanto usted como los que vienen, pero vieron que fue imposible hacerlo en menos tiempo. Muchas gracias nuevamente por estar disponible para hoy. Vamos a dar la palabra para que pueda entregarnos su opinión.
Con Sergio Cáveres, y ahí se perdieron; nadie sabe qué pasó con los 11.000 millones de pesos. Se revisaron esas cuentas en un principio por los mismos dirigentes, y después ellos mismos dijeron que las cuentas estaban claras; sin embargo, faltaban 11.000 millones una vez que ingresaron entes a fiscalizar esto. Después de todo esto, y considerando que ayer escuchamos al presidente de la NFP dando prácticamente las soluciones a esto, en los seis años de gobierno del señor Pablo Milán ha sucedido lo siguiente en cuanto a delitos o potenciales delitos: pagos en negro; hace poquito hubo una denuncia del propio Sifu; causa de arreglo de partidos, la cual no hizo caso la NFP y, una vez que se denunció por parte de la prensa, tuvieron que actuar; complot contra el jefe de los árbitros por parte de los propios árbitros, quienes lo sacaron, y después demandó a la NFP por muchísimo dinero, terminando ganando, ya que la justicia le dio la razón. Además, se registró un caso de suplantación de identidad, sobre el que la NFP no hizo absolutamente nada; dicha suplantación ocurrió en plena pandemia. También se presentó el tema de la violación en masa en Cobreloa, donde la NFP tampoco aplicó los protocolos correspondientes y, posteriormente, por la insistencia de la legisladora Santibáñez, el asunto salió a la luz. Tuvimos incluso una reunión con el ministro Cordero para comentar lo que iba a hacer el Ministerio de la Seguridad.
Señor, ¿me escucha? Porque se está acoplando ahí. Quiero pedirle lo siguiente: el objetivo de esta sesión, esta invitación para que puedan ser escuchadas distintas personas y organismos, es referirse al proyecto de ley. No sé si me explica: ¿qué podría, desde la visión y la experiencia de cada uno, mejorarse? O, a lo mejor, dado que ya estamos en una votación en particular, ¿qué cuestiones no ayudarían a reforzar la labor en esta ley, en la que participa cada uno de los organismos? El resto de los antecedentes, y por lo delicado que usted está mencionando, me sugiero que se ponga a disposición de la justicia. Me imagino que, respecto a lo que mencionó, ya lo han hecho incluso, al parecer, quienes están aquí presentes. Pero lo que sí me gustaría pedirle es que nos entregue su opinión o, insisto, la experiencia que tiene respecto del proyecto. Si va en la línea correcta, si a lo mejor hay indicaciones o puntos que nosotros hemos observado y que podrían incorporarse, le agradecería.
Senadora, lo que yo estaba comentando tiene que ver con algo que defendieron ayer muchos de los que planteaban lo relacionado con la personalidad jurídica. Ellos decían que, dado que terminan siendo privados, tal vez debieran estar muy partícipes de lo que implica esta separación. Esa personalidad jurídica también se puede retirar, por ejemplo. Ayer se habló acerca de la Unidad de Análisis Financiero, la cual tiene 10 causas relacionadas con potenciales lavados de activos en la actividad. Entonces, a lo que voy es que, cuando uno escucha las diferentes opiniones de ayer, me gustaría que se tuviera en consideración lo siguiente: por ejemplo, el proyecto está perfecto para llevarse a cabo, pero no puede ser que una federación esté absorbida por la liga profesional. La inquietud que tenía la senadora Wensperger respecto de las otras federaciones tiene mucha razón, y yo también la planteo. Las demás federaciones, ya sea por el IND, el Ministerio del Deporte o incluso el Comité Olímpico, son fiscalizadas; la de fútbol, en cambio, no. De hecho, la de fútbol no entrega balance alguno.
Más de tres años, pero prefiere pagar la multa. Esta separación no tiene ningún problema, y esto soy enfático en decírselos, ningún problema a nivel FIFA. Ayer escuché al abogado constitucionalista Fernando A., quien también presentó, y eso no es real. Están ahí la gente del SIFUP y se los puede garantizar.
Separaron e intervinieron la Federación de Brasil y la Argentina, que son bastante más importantes que la de nosotros, y no pasó nada. Es solamente limpiar la actividad.
Yo, para cerrar –porque no quisiera ser redundante con lo que dice ni el SIFU, ni lo que va a decir la... lo de no más a NFP–, solo les quisiera decir, en lo que tiene que ver aquí, algo que le preocupa mucho al senador Walker: la multipropiedad y los conflictos de interés. Tengo aquí en mi mano la tabla de posiciones de este momento del fútbol chileno.
Audax: sus dueños son representantes y es parte de la multipropiedad. Palestino: no tengo nada que decir. Coquimbo: tiene vínculo con representantes. Cobresal: nada que decir. La Católica: no tiene nada con eso, pero hace dos semanas se estaban apuñalando en el estadio.
El ente regulador, la NFP, que quiere liderar esta separación, no ha hecho nada. Guachipato, multipropiedad absoluta, junto con la U, junto con Newblense, hablando de Pablo Blanco, que es el presidente del SIFU, señor Gamayel García. Unión La Calera: multipropiedad; O’Higgins: a puertas de la multipropiedad; Newblense, ya lo mencioné, con lo cual ha sido tema, ustedes lo saben mejor que yo. La Serena, representante de Limache y Unión Española: no tengo nada que decir. Everton es parte de un grupo extranjero que ocupa el club para ir valorizando jugadores y sacándolos de nuestro país, y yendo a México, que es donde está su central; e Iquique, que en este momento es el último de la tabla y que está a la venta.
Hago solo esto para no alargarme, porque el panorama en la Primera B, Segunda Profesional, Tercera A y Tercera B es peor y más desolador, sobre todo con lo que decía el ministro de Cordero, justo con la información de inteligencia de los posibles lavados de activos, narco barras y narco clubes. Creo que el proyecto debe realizarse sí o sí, pero también creo que debe haber una intervención del Estado muy importante, porque quienes quieren participar en este caso –que es la NFP– no han sido capaces de legislar ni de fiscalizar en ninguna de las facetas que les corresponde. Y ahora querer estar a cargo es, a mí me parece, algo que no corresponde; no han hecho mérito.
Eso, presidenta, esos senadores, y gracias por dar el testimonio. No, muchísimas gracias a usted, Jorge Villa, por haber estado interesado en exponer acá. Sabemos también que, desde los medios de comunicación de manera transversal –más allá de la opinión específica del proyecto–, también han hecho eco de que se pueda legislar; y lógicamente, luego ya, las votaciones que haremos en esta comisión y, posteriormente, en la sala, van a depender de la convicción que cada uno se fuere formando, y por eso es tan importante que vayamos escuchándolos a todos. Así que, muchísimas gracias por su tiempo.
Señor Secretario, a continuación vendría...
Gracias, Presidenta. Sí, señora Presidenta. Ahora corresponde escuchar al representante del Club Deportivo Universidad Católica, al abogado señor Sebastián Coloma, que también está por Zoom.
En medio, señora Presidenta, antes que todo, muchas gracias por la invitación, así como agradecerle a los senadores Sperger y Walker. Yendo al fondo del asunto, para no tomarles demasiado tiempo, a mí, como abogado de Cruzado de S.A.P., me parece que el proyecto se encuentra bien orientado y va en la línea correcta. Simplemente, voy a referirme a tres puntos que nos parecen críticos y que creemos podrían mejorarse.
El primer punto que no puedo dejar pasar es la integración de un hincha del Club de Fútbol dentro del directorio. Esto porque se trata de revisar el proyecto, tanto el texto aprobado por la Cámara de Diputados como las indicaciones del Ejecutivo. Como ustedes bien saben, existiría una obligación importante para integrar el directorio de la compañía con un hincha del equipo. Tenemos, por un lado, el proyecto despachado de la Cámara de Diputados, en que este nuevo director sería elegido por los miembros de los órganos representativos de la comunidad deportiva, mientras que, en las indicaciones del Ejecutivo, este nuevo director sería elegido dentro de la organización más representativa del equipo, sin especificar qué es esa organización más representativa, pero, sin embargo, haciendo que deba estar constituida una corporación o fundación, de acuerdo al título 33º del Libro Primero del Código Civil.
Lo voy a interrumpir, Sebastián, porque yo estoy haciendo el esfuerzo, pero la verdad es que se escucha muy bajito. Entonces, no sé si es posible que usted, desde allá, pueda subir un poco el volumen o acercarse, porque acá...
No podemos hacerlo, está... No solo tenemos al marido. ¿Se oye mejor ahí? Gracias. ¿Se oye mejor, señora presidenta? Sí, ahí se oye un poco mejor. Si no, hay que hablar más fuerte, 10 minutos. Gracias. Estamos más fuertes, bien. Bueno, sobre esta propuesta, espero que se haya oído la introducción.
Estimamos que en primer término no se advierte ningún argumento robusto para entregar facultades y poder decisorio a un hincha para que integre el directorio de un club. Aquí la pregunta, estimado: ¿por qué para los clubes de fútbol se hace esta exigencia y no para otra organización? La verdad es que, al menos, no conozco ninguna otra industria privada en la que la ley exija la incorporación de un hincha; eso me llama bastante la atención.
En segundo lugar, creemos que se alteran ciertas estructuras del gobierno corporativo de esta sociedad anónima de deportes profesionales. Además, estimamos que esto solo generará en el futuro mayor empoderamiento de las barras, las cuales, al final del día, se trenzarán en luchas para que su organización específica sea la que tenga a uno de sus miembros representado en el directorio de la sociedad, ya que, la verdad, pareciera ser un premio bastante grande poder integrar con un miembro el directorio de la compañía.
En tercer lugar, sobre este punto específico, creemos que no hay ningún beneficio para los clubes, para el deporte ni para la sociedad al otorgar más poder a los hinchas en un contexto en el que el fútbol, que creo que ya es ultra conocido por todos nosotros, atraviesa una crisis de seguridad importante, sin precedentes, diría yo. En este mismo sentido, pongo de ejemplo al club al cual represento. Cruzados SDP ha iniciado reuniones con el Ministerio Público con el único objetivo de poder prevenir la violencia en los estadios. Por esto, creemos que esta norma avanza precisamente en la dirección opuesta al propiciar y entregarle más poder a los hinchas y generar ciertas riñas internas entre las diversas organizaciones que se pueden generar.
Relacionado también con la incorporación de los hinchas, hay un tema con su integración en el directorio que guarda relación con el derecho de propiedad de los accionistas. Desde este punto de vista, esta medida constituye una clara vulneración de dichos derechos, ya que, por la inclusión de este nuevo director, ajeno a la estructura accional del club impuesta por la ley, se vería reducido el poder decisorio y la capacidad de gestión de los accionistas en el club. En otras palabras, según lo establecido en la ley 18.046 sobre la sociedad anónima de deportes profesionales, la elección de los directores es un derecho exclusivo e inherente a los accionistas. Cada acción equivale a un voto, y son los accionistas quienes tienen derecho a elegir a los directores, quienes conforman el órgano administrativo de la sociedad. La imposición de un director externo, que ni siquiera es elegido por la Junta de Accionistas, contraviene el derecho de propiedad, lo que puede llevar a una disminución en el valor de sus acciones, al vulnerarse tanto los derechos económicos como los políticos.
En tercer lugar, debo referirme al deber de reserva de los directores, consagrado en el artículo 43 de la ley 18.046. Como bien señaló ayer la senadora Ernst Berger, a los hinchas los rige, sobre todo, la pasión por el equipo, por el fútbol y por ser campeones. Es bastante probable que los hinchas, quienes son miembros de una organización pero que no son directores, exijan al hincha que termine siendo director información sobre las decisiones que se toman: sobre los jugadores que se pretenden contratar, sobre el entrenador o sobre el estado en que se ha jugado. Advierto que, hoy en día, ser accionista de una sociedad como Cruzados SDP cuesta solamente 90 pesos, y eso se puede verificar a través de la página web de la Bolsa de Santiago. Por ejemplo, de Azul a Azul creo que cuesta hoy 550 pesos, y de Colo-Colo (de blanco y negro) 123 pesos, si mal no recuerdo. Esa sola inversión otorga el derecho a participar en la Junta de Accionistas con voz y voto, a proponer ideas y a rechazar aquellas que no les parezcan adecuadas, lo que permite que sean oídos en proporción a su inversión.
Finalmente, es importante tener claro, y como lo señaló ayer el senador Bota, que existen normas que ya resguardan la representación de los hinchas, establecidas en la ley de 2019.
Actualmente vigente y que permite a las organizaciones deportivas profesionales reconocer estatutariamente el órgano representativo de la comunidad deportiva, las cuales pueden actuar con instancias que propicien el desarrollo deportivo del club. Por ejemplo, pongo como ejemplo al senador ADP, que como bien comentó ayer el senador Walker: tiene una comisión de hinchas participativas, se reúne periódicamente, se le da información específica de lo que está sucediendo en el club y ellos proponen ideas; ha funcionado perfectamente bien desde hace varios años. Si bien esto es facultativo para los clubes hoy día, me parecería una buena idea que fuera obligatorio, pues es por ahí por donde se debe fomentar la inclusión de los hinchas en los clubes, especialmente en lo que concierne a su participación en el directorio.
En cuanto a otros aspectos, permítame, señora presidenta, referirme a dos puntos adicionales. Uno es que el proyecto despachado por la Cámara de Diputados limita los contratos de concesión de lujo y goce de todos los bienes de una organización deportiva profesional a un plazo máximo de 12 años, renovables por periodos iguales. En primer lugar, considero que no se justifica la necesidad de regular por la vía legal una cuestión que puede abordarse perfectamente mediante un acuerdo puramente contractual entre las partes y a través de la autorregulación. A mí, al menos, me parece que el plazo de una concesión, acordado entre las partes, no constituye una materia de orden público que requiera ser normada por la legislación.
En segundo lugar, y lo que me parece un tema muy sensible, es que este plazo de 12 años inevitablemente limita el desarrollo de proyectos importantes de inversión. Difícilmente una sociedad anónima de propiedad profesional se embarcará en proyectos de mejora de infraestructura —como la construcción de un estadio, un buen gimnasio u otra edificación relevante— si el plazo máximo para el retorno de la inversión es de tan sólo doce años. Son sociedades anónimas que buscan, efectivamente, utilidades, y con 12 años se limita excesivamente la posibilidad de emprender inversiones relevantes. Al final del día, todas estas mejoras inciden directamente en el desarrollo deportivo, lo cual beneficia a la sociedad.
Además, la norma que establece que el plazo sea prorrogable por otros 12 años me parece tremendamente vulnerable, ya que, de todas formas, exige el consentimiento de la otra parte. Permítame poner un ejemplo concreto: en el caso del cruzado de SADP, que como saben ya está inmerso en un proyecto de modernización del Estado de San Carlos de Apoquindo, se exigió —como requisito previo en el año 2020 o 2021, no recuerdo con exactitud— que se reuniera con la Fundación Club de Ortiz Universidad Católica para ampliar el plazo de la concesión hasta el año 2069, es decir, casi 50 años desde el inicio del proyecto; de no haberse ampliado, los números no habrían sido viables. Fue un requisito sin igual, esencial para comenzar con el proyecto de estadio. Sin esa extensión del plazo, hubiera sido totalmente imposible la remodelación del actual estadio Clavel Arena, próxima a inaugurarse. Como ustedes entenderán, no deberían existir inversionistas o asistentes interesados en suscribir aumentos de capital, etcétera.
Finalmente, y como bien se refirió ayer Arturo Fernando A., en caso de que esta norma permanezca, estimamos totalmente necesario especificar que los contratos de concesión ya suscritos mantendrán la fecha de vigencia fijada contractualmente entre las partes; de lo contrario, se alterarían derechos adquiridos, afectando inversiones ya efectuadas. Repito el mismo ejemplo del estadio Santa Laura de Aboguindo en Claro Arena: si se estableciera que el plazo de concesión ahora es de 12 años, sería catastrófico para nuestro club, así como para muchos otros.
Para concluir, expongo brevemente el último punto: las indicaciones del Ejecutivo en ciertos apartados hacen énfasis en la transparencia y en la propiedad de las organizaciones deportivas, así como en la multipropiedad —un tema ultra discutido— y en la participación de los agentes deportivos en la propiedad, cargos directivos o gerenciales de los clubes. Estimamos que la orientación es correcta y no tenemos mayores comentarios al respecto; sin embargo, permítanme señalar que traspasar la obligación de desentrañar o intentar descubrir quiénes son los beneficiarios finales del club, y exigir a los clubes de fútbol que realicen tal tarea, no se ajusta a la línea correcta, ya que excede notablemente el objeto y los recursos de los clubes, y no vemos razón para que entidades privadas deban asumir roles que no les corresponden.