Bueno, y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente.
Oportunamente, el coordinador analista de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, señor Rodrigo Ruiz, remitió a vuestros correos los siguientes antecedentes respecto a esta partida: ficha presupuestaria, documento que expone los antecedentes presupuestarios e institucionales correspondientes a la partida, basándose en las disposiciones contenidas en el proyecto de ley 2025; estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones de informar contenidas en la Ley de Presupuestos 2024 al mes de septiembre; y análisis preliminar realizado al presupuesto de la partida, recaído en el proyecto 2025. Asimismo, se les hizo llegar el documento enviado por el Ministerio de Bienes Nacionales, dando cuenta tanto de la ejecución presupuestaria de 2024 —la cual quedó pendiente— como del presupuesto para 2025; y, por último, se remitió también un documento elaborado por la BCN con análisis presupuestario 24-2025 y ejecución en agosto de 2024.
Esa es la cuenta, señor presidente.
‐ Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta, diputado Cifuente?
Sí, tenemos el listado de las partidas que vamos a ver hoy día. Por favor.
Sí, fue enviado, por lo menos a mí; se lo reenvío yo o, si lo tienen impreso por ahí, por favor. Les recuerdo: de 9:30 a 10:30, Bienes Nacionales; de 10:30 a 11, Cervel; de 11 a 14, Interior; de 15 a 17, Vivienda; y de 17 a 19, Culturas.
Muy bien. ¿Alguien más sobre la cuenta?
Bueno. De acuerdo a la tabla, nos corresponde hoy conocer la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio y el proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el 2025, correspondiente a la partida 14 del Ministerio de Bienes Nacionales. Y tenemos como invitados e invitadas a la señora ministra Marcela Sandoval. Bienvenida, ministra, a la subcomisión; a la jefa de la División de Planificación y Presupuestos, la señora Valentina Gómez; y al jefe del Departamento de Presupuestos, el señor Néstor Zavala. También contamos con el asistente de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, quien encabeza el sector Viviendas Nacionales, el señor Mario Flores; y se suman, como analistas, el señor Raúl Guerrero y Arturo Méndez. Finalmente, de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado se encuentra el coordinador analista, el señor Rodrigo Ruiz, que está acá atrás acompañándonos como siempre.
Bueno, ministra, el mes pasado no alcanzamos a ver la ejecución del Ministerio, así que partiremos con eso, ¿cierto? Le rogaríamos que fuera bastante concisa en esta parte, apuntando principalmente las dificultades que se evidenciaron en la ejecución y otros aspectos relevantes; de ahí, ingresaremos al fondo que tiene que ver con el presupuesto del año 2025. Tiene la palabra, ministra.
Gracias, señor presidente. Saludo, por su intermedio, a los senadores y diputadas y diputados integrantes de esta subcomisión.
Vamos a hacer, acogiendo el llamado de esta subcomisión, una presentación bien sucinta respecto a la ejecución presupuestaria. Dado que estamos reportando en este mes, ya en octubre, se han actualizado todos los datos a septiembre para que dispongan de la información lo más reciente posible sobre la ejecución presupuestaria del gasto por programa del Ministerio de Bienes Nacionales.
En la primera lámina hemos puntualizado los cuatro programas que tiene el Ministerio: el programa de Subsecretaría, regularización, administración de bienes y catastro. Como verán, en los números, el gasto a septiembre es prácticamente el estimado, es decir, vamos muy en orden con lo proyectado, alcanzando una ejecución del 73% en el programa 1.
80% en el programa 3, más de lo estimado en la administración de bienes, 116% y 70% en el programa de catástrofe. En definitiva, vamos en un 96% de la ejecución al mes de septiembre del 2024.
Vamos a ver, respecto a los gastos operacionales de la partida 14, los distintos subtítulos que incluye nuestra ejecución presupuestaria, la ejecución operativa; ahí tenemos un porcentaje de avance de 73%, lo que también proyecta que a diciembre del 2024 tengamos ejecutado prácticamente la totalidad de nuestros gastos operacionales. Es algo que, en general, ha sido una tendencia del Ministerio de Bienes Nacionales y que hemos tratado de resguardar para que efectivamente estos gastos sean ejecutados durante el transcurso del año y no al final del periodo.
Respecto de los ingresos operacionales, recordar que nuestra cartera es una de las que más recauda para el Estado, y ahí es importante la nota al pie que colocamos. En el año 2023, el Ministerio de Bienes Nacionales, considerando solo los ingresos respecto de su giro —esto es, el arrendamiento, las concesiones y las ventas, que constituyen nuestro principal giro—, obtuvo un resultado operativo bruto de un poco más de 70.000 millones, superior al de varias empresas públicas, sin considerar, por supuesto, Codelco y Enap, cuyo resultado operativo bruto es del orden del 61.000 millones. Esto es parte de las fuentes de las estadísticas de finanzas públicas del 2014 al 2023 y resulta bien relevante, ya que una de las metas del Ministerio de Bienes Nacionales es la administración rigurosa del patrimonio fiscal, al mismo tiempo que se busca generar una recaudación importante para el fisco por concepto de arriendos, concesiones y ventas.
Se observa, además, la comparativa de ejecución 2023 respecto de la ejecución a septiembre del 2024. Tenemos cifras similares en lo que respecta a las concesiones, que puede parecer una cifra en un rango más bajo respecto al período anterior. Esto sucede porque muchas concesiones terminan en su cierre en estos meses, y es entonces cuando se concretan esos trámites. Al tratarse de concesiones onerosas, estamos hablando de grandes inversiones privadas, por lo que ese monto se espera que se mantenga en un rango similar. En este minuto, los ingresos operacionales se sitúan en aproximadamente 67.000 millones, un poco más, y respecto al año anterior existe un delta que se explica también por el monto de las concesiones que están concluyéndose y tramitándose en este último trimestre.
Me preguntaba el presidente de la subcomisión por algunas dificultades que hemos tenido este año, y efectivamente se han presentado inconvenientes relacionados con la contingencia. Tuvimos el mega incendio en la Región de Valparaíso, lo que significó disponer y reacomodar algunas funciones, sin que esto implicara mayores gastos, pero sí una reorganización operativa. Pusimos a disposición del mega incendio la plataforma de la IDETILE, que es la infraestructura de datos geoespaciales que monitorea los datos territoriales del Estado, y nos posicionamos como punto focal para colaborar con distintos ministerios —Ministerio de Vivienda, SENAPRED, los ministerios de enlace— y con la distribución de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.
Adicionalmente, en el contexto de la emergencia del incendio en Valparaíso, se sumó la reposición de títulos de dominio y la colaboración en materia de reconstrucción. Hay situaciones donde, como bien saben, se localizan asentamientos en lugares no habilitados, con dificultades geográficas y ocupaciones irregulares. Por ello, hemos tenido que disponer equipos desde el nivel central para atender esa emergencia y realizar la reposición de título de dominio, trámite que constituye una garantía jurídica muy relevante para las personas que perdieron todo.
¿Usted es la comunidad completa la que está tomada o es una persona que llegó de Santiago, que se tomó parte de la comunidad, que es la que está ahí? Entonces, si no me lo puede responder, por favor, quiero averiguarlo, porque la verdad es que la Cámara de Comercio de Reagan-Rey nos ha dicho varias veces que la comunidad está muy complicada, que los boteros se tienen tomada la península y que la concesión habría vencido, y que, además, cuando le dieron la concesión empezaron a talar bosque y a sacar árboles de adentro, eso que no está permitido. Entonces, yo no sé: ¿cómo controlan las concesiones? ¿Cómo lo hacen en este caso? ¿Y es efectivo lo que los vecinos nos dicen? Gracias, presidente.
Muy bien. Sí, vamos a tomar varias preguntas. Está primero el diputado Cifuente, y de ahí, el senador García Ruminó, y el senador Insulza.
Buenos días, ministra. Este año comenzó la primera expropiación de terreno en una caleta, en la caleta Sierra, en la región de Buquimbo. Yo creo que es un hito histórico para el ministerio y para el país, y por tanto, las felicito realmente por haber sacado una demanda histórica, no solo de la región, sino de muchas caletas en el país. Mi pregunta es: ¿dónde están considerados esos fondos, esos recursos en el presupuesto del año 2014, ya que no están explicitados? ¿Y se tendrá una glosa especial para la ley de caletas el próximo año? Eso sería. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias, presidente.
Muy breve. Yo tengo una consulta en relación con los ingresos, que yo entiendo provienen básicamente de las concesiones y, particularmente, del litio. Aquí hay, bueno, ustedes indican que recibirán, por rentas de la propiedad, por una parte 18.000 millones y 32.300 millones; y en la Subsecretaría tienen una transferencia por aproximadamente 16.000 millones, o sea, la mitad de lo que reciben por rentas de la propiedad lo están transfiriendo para el financiamiento de gobiernos regionales.
Esta partida de ingresos por rentas de la propiedad, en lo que respecta al litio, siempre hemos albergado grandes esperanzas de que contribuya de manera significativa al financiamiento de programas sociales. Igualmente, me parece bien que se destine a los gobiernos regionales, pero mi pregunta es: ¿cómo se prevé para este año? ¿Se tendrán más ingresos por concesiones, particularmente del litio, o serán menores o iguales? No tengo aquí los datos comparados, por eso me gustaría conocerlo. Gracias, presidente.
Senador Insulza. Yo quisiera preguntar por el tema de la regularización de la propiedad. En mi región hay una cantidad enorme de propiedades no regularizadas, y además, una gran cantidad de personas que, teniendo en arriendo propiedades –seguramente de las rentas que ingresan–, no han conseguido nunca, en muchos años, obtener la propiedad de sus bienes. Quisiera saber de qué manera ha progresado este tema, porque la verdad es que, en este período –y recordemos que el Presidente de la República, en su primer mensaje presidencial, señaló como uno de sus objetivos lograr el mayor grado de regularización de la propiedad posible–, no se trata de puras tomas, sino de gente que generalmente está instalada allí sin ningún perjuicio para nadie, incluso pagando renta, pero para la regularización de la propiedad hay pocos recursos y resulta necesario terminar con esta situación. Esa es mi pregunta. Tiene la palabra. Gracias, presidente.
Respondiendo al senador Mellao, respecto al ICANN-RAI, voy a pedir un informe detallado a la Seremia de Bienes Nacionales para que atendamos esa situación.
Región de la Araucanía. Nuevamente, podamos ir al lugar juntos a ver, y respecto a esos temas, el año pasado había un compromiso de a tres años de aumentar la fiscalización de los fiscalizadores. Ha habido un plan también de fiscalización y de denuncia, en el que tanto las delegaciones provinciales, las delegaciones presidenciales y los municipios nos colaboren en esas denuncias, ya que muchas veces la capacidad del Estado para llegar a distintos lugares a fiscalizar no es suficiente en términos de dotación. Por lo tanto, hemos tratado de generar distintos mecanismos. De hecho, hemos recuperado varios inmuebles que han estado en desuso en distintas regiones –no necesariamente en la región de la Araucanía– o que, al ser inmuebles fiscales, han sido retomados mediante la fiscalización por denuncia.
Respecto al subtítulo 24 que usted me preguntaba, hay dos nudos críticos. Uno tiene que ver con el programa indígena, específicamente, con los procesos de consulta. En este caso, tenemos la consulta del Cerro Igi y la de Puyehue. Los procesos de consulta a veces se programan en un trimestre y, por distintas razones, se tiende a cerrarlos casi a fin de año, lo que ha representado una dificultad en los casos complejos de cómo tratar las disyuntivas territoriales en el programa indígena. Lo otro es el plan de gestión territorial regional, que habla de los proyectos patrimoniales. Allí, las licitaciones muchas veces resultan en montos altos por los estrictos requisitos que tiene el Estado, lo que ocasiona que, en ocasiones, no lleguen oferentes o estos no cumplan con todos los requisitos y se deban hacer nuevos llamados a licitación, retrasando el proceso. Hemos modernizado incluso nuestros procesos de respuesta para acortar estos tiempos, pero frecuentemente se concentra la ejecución –tanto en los procesos indígenas como en la gestión territorial patrimonial– en el último trimestre, una tendencia que hemos tratado de revertir, pero que, por ahora, sigue siendo una realidad compleja.
Respecto a lo que señalaba el diputado Ricardo Cifuente, efectivamente, Caleta Sierra fue un hito muy esperado, ya que la implementación de la Ley Caleta no se había realizado. Fue necesario que el ministerio tomara parte en el diálogo con los distintos gremios y representantes de los pescadores, no solo de la región de Coquimbo, sino también de otras regiones del país. Recuerden que muchos de ustedes estuvieron presentes durante su tramitación, la cual se produjo también en el contexto del movimiento en Caleta Sierra y la toma de un camino, situación que generó complejidades significativas. Iniciamos una mesa de trabajo con los sindicatos de pescadores asociados a la región de Coquimbo y a Caleta Sierra, estableciendo un diálogo que permitió el inicio del proceso expropiatorio. Esto es fundamental, ya que posibilita reactivar las caletas como nudos productivos y turísticos, no solamente como espacios concentrados en el recurso del mar, sino también como polos importantes para el desarrollo, considerando la gran cantidad de caletas que existen en Chile. Además, en Obras Públicas se ha comprometido el tema de infraestructura en algunas caletas para el 2025. Sin embargo, respecto a la proyección para el próximo año, la verdad es que aún no se contempla, siendo un tema complejo que requiere continuidad en la implementación de la Ley Caleta.
Respecto del litio, el senador José García Ruminó nos preguntaba por la transferencia a los bores. Por ley, tenemos que transferir el 65%, y lo que hemos buscado es mantener una tendencia en la cual siempre recaudamos más.
La cumplimos con la transferencia a los gobiernos regionales. Estamos también en conversación con ellos para que efectivamente esos recursos vayan destinados a inversión regional, proyectos que también beneficien y muchas veces contribuyan a que los programas sociales se desarrollen en esa región. El litio, particularmente, es una fuente de riqueza indudable y, por lo tanto, esperamos también que haya más recaudación. Esa ha sido la tendencia, ha ido en alza, pero, por ley, estamos transfiriendo el 65% a los gobiernos regionales. Senador Insulza.
Respecto a la regularización, efectivamente es una brecha histórica que no solo se resuelve con modernización en el tema de la regularización de la pequeña propiedad de raíz. En muchas regiones hemos repuntado, pero en la macrozona norte nos encontramos efectivamente con la situación de que, por haber más suelo fiscal, se generan ocupaciones de carácter irregular. No se trata de ocupación ilegal, sino de personas que han estado residiendo en ese lugar durante mucho tiempo; en el sur lo hemos resuelto con algunas estrategias de erradicación. Por ejemplo, el caso de Puerto Octay, en la provincia de Osorno, y otras situaciones se han resuelto con estrategias de erradicación de asentamientos que llevan muchos años y que ya, finalmente, son un polo urbano, es decir, un asentamiento que cuenta con todos los servicios.
En el caso de la regularización, y ahí lo verán ustedes en la propuesta de ley 2025, en general los recursos siempre han sido de continuidad. No había aumento y, para el proyecto de ley 2025 y este año también, lo hemos resuelto con recursos de municipios, mediante convenios con municipios y gobiernos regionales, lo que reviste, en general, al Ministerio de Bienes Nacionales. Opera y funciona como algo que se articula en general con los municipios y gobiernos regionales. Sin embargo, evidentemente, eso está a merced de los vaivenes de la contingencia, por lo que no necesariamente podemos decir que esto va a ocurrir en tal mes o tal otro. Pero tenemos una demanda de regularización de pequeña propiedad de raíz que se cubre con el presupuesto de la Nación, que siempre ha sido de continuidad, mientras que el excedente se cubre con los convenios de municipios y gobiernos regionales.
Ahí efectivamente hay una necesidad de fortalecer. Nosotros, en términos de gestión, hemos proyectado para el 2025 simplificar algunos procesos y establecer puntos de regularización en algunas comunas, colaborando con los actores municipales y regionales, de manera de llegar a lugares a los que al Estado a veces le cuesta mucho llegar. Ese es un desafío importante para nuestra cartera y, evidentemente, lo tenemos que hacer articulado en el territorio.
La región de la Araucanía, vale decir, es una de las regiones en que más se regulariza, pero eso también ocurre porque existe una dinámica en la regularización que ya se ha establecido anualmente, con un procedimiento bien definido y con transferencias del gobierno regional, lo cual es muy importante. Ahora hemos aumentado las transferencias de gobiernos regionales para la regularización de la pequeña propiedad de raíz; hay que decirlo, y evidentemente eso contribuye, siendo un dato muy importante.
Esto no se refiere tanto a quienes habían sido ocupantes ilegales y legítimos al principio, quienes luego permanecieron durante muchos años, sino a personas que recibieron propiedades y, por distintos motivos, no se ha podido concluir el proceso desde hace años. Llevo allí siete años, y cada año vamos, además, con el senador Durán para tener más fuerza y hablar con el subsecretario, la subsecretaria o el ministro, etc. Este año yo no he ido en este periodo. Y el problema es siempre el mismo: nosotros queremos comprar y, ahora, nos tienen que transferir el terreno, pero el precio es demasiado alto, y nos parece que las posibilidades de negociar precios no son muy amplias. A lo mejor habría que revisar eso, porque francamente se está hablando de la zona del Colinda, que colinda con Cerro Chuño, donde hay muchos pequeños empresarios; hay también en Cerro Chuño, pero me refiero a los que colindan, que están agrupados en dos asociaciones, AP y Ajisma, y todos los años surge la misma petición: ¿por qué no retasan el proyecto? Lo dijeron antes: que se podía hacer, etcétera, y nunca se termina. Y lo que es peor, Ministro, es que nunca se va a terminar, porque si usted va a esos lugares –por ejemplo, hay talleres mecánicos que ya están tan llenos de cosas que habría que pedir prestada hasta una grúa de Antofagasta para lanzarlo– entonces, lanzarlo no se va a poder hacer jamás. Pero, al mismo tiempo, regularizar su propiedad parece que tampoco va a ocurrir nunca. Tal vez algún plan especial para ese tipo de casos debería existir.
Sí, respecto de lo, por su intermedio, presidente, y en relación a lo que señalaba el senador José Miguel Insulza, no hemos reunido con este presidente. Sí, porque efectivamente, y con el senador Durana también, hemos ido a la región a ver en terreno este tema. Es algo de arrastre, ya que hemos visto distintas fórmulas en lo que concierne al avalúo del suelo fiscal; por ello, nos tenemos que basar en las fórmulas que ya manejamos.
Pero en otros lugares, por ejemplo en la región de Tarapacá, en situaciones similares se han implementado concesiones a largo plazo mediante arrendamiento; en algunos casos, aunque se mantiene la situación de arrendamiento, lo que se busca es la venta, y se está observando un tema de deslinde.
Y respecto al Cerro Chuño, para terminar, en particular, hemos realizado la recuperación de suelo fiscal en algunos lugares. De hecho, el año pasado se recuperaron más de 40 hectáreas, si mal no recuerdo, donde se encontraban instalaciones precarias de talleres mecánicos. Se efectuó un desalojo importante y hay programados otros, pues efectivamente es un problema para la región. Mantendremos informado respecto a la situación de las dos agrupaciones que usted menciona.
Muy bien. Avancemos.
Esta es la última, yo creo, ¿no? Y adelante para que veamos el presupuesto. Yo diría que ya estamos en el punto 25 con los temas. Qué lástima lo que dice usted, ministra, de que no tengamos recursos en esa ley, que es una obligación del Estado. Entonces, yo sé que la voy a poner en una situación difícil, pero nuestra misión es dar la pelea para que el programa reciba la importancia que merece y se asignen los recursos.
La pregunta es: ¿ustedes hicieron la solicitud a Hacienda y esta la negó, o realmente no tienen como prioridad instalar esa política fiscal el próximo año? Primera pregunta.
Y la segunda: ¿por qué no intentamos hacer un convenio con los gobiernos regionales para asumir este tema, ya que a ellos les importa mucho? En la región, por ejemplo, se está creando un convenio entre distintas instituciones del Estado, en el que entiendo que también participan ustedes, junto con el FOS y otras instituciones, manejándose grandes cantidades de plata. Esa es la segunda cuestión.
Si pudiéramos intentar —y según lo vean ustedes, a lo mejor podemos incluir una glosa— pedirle a Hacienda que nos ayude a conformar, con distintos recursos, un plan. Y, por otro lado, da pena ver la puesta en valor del territorio fiscal, como el plan de gestión territorial, que cuenta con 48 millones de pesos, ministro. Es mejor no incluirlo, ya que resulta una vergüenza. Yo sé que ustedes no son los responsables; sin embargo, realmente considero que Hacienda aquí debe asumir algún mea culpa, pues esto es poco serio. En esto sí que voy a insistir. Insisto, sé que no es responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales, pero los responsables deben asumirlo de alguna manera; de lo contrario, es una vergüenza.
Muy bien, Ministro.
Para responder al senador Cipuente, efectivamente, una prioridad es el plan de implementación de la ley Caleta, que no solo incluía procesos expropiatorios, sino que también contempla caletas que están en propiedad fiscal en la región de Tarapacá y en la región de Coquimbo, puntualmente. Lo que hicimos fue comprometer nuestra gestión y destinar recursos para que, a partir del próximo año, se continúe con el plan de las caletas que están en territorio fiscal, y ya hemos iniciado conversaciones con los sindicatos y los gremios, ya que efectivamente será una buena señal; no podemos permanecer estancados.
Respecto a la gestión con los gobiernos regionales, en el caso de las caletas, el valor aumentó con respecto a la tasación inicial y contamos con una gestión en conjunto con el gore de Coquimbo. Hemos estado abriendo esas conversaciones, ya que entendemos que esa es una solución o alternativa de gestión. Continuaremos con lo de las caletas.
Están en territorio fiscal, ¿eh? Queremos dar esa buena noticia, igual el próximo año, y en aquellos casos en que necesitemos recursos adicionales vamos a ir a conversar con el gobierno. Ya en el Gobierno de Coquimbo nos fue bien respecto de cerrar el proceso expropiatorio. Gracias, diputado.
Muy bien, ¿hacemos todo el suministro en el presupuesto?
Vamos a ir rápidamente respecto a las definiciones estratégicas del Ministerio de Bienes Nacionales como misión institucional. Ya señalaba antes que nuestro ministerio es incidente en muchas políticas de Estado y de Gobierno, ya que tiene como misión reconocer y gestionar la propiedad fiscal colocándola al servicio de necesidades sociales, ambientales, culturales, económicas y de seguridad del país; regularizar la pequeña propiedad de raíz a través de una gestión descentralizada pero, a la vez, articulada con distintos actores, con principio de satisfacción usuaria y perspectiva de género. Debemos contribuir a la reducción del déficit del suelo para vivienda, a la promoción de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, al fortalecimiento de espacios de memoria y derechos humanos, al crecimiento productivo y energético, y a la protección y acceso al patrimonio natural y cultural en beneficio de la totalidad de los habitantes de Chile. Como verán, nuestra misión abarca diversos temas y está muy relacionada con la naturaleza; no es un ministerio eminentemente territorial.
En cuanto a la partida 14, las definiciones estratégicas se mantienen, mayormente de continuidad, pero hay una en especial a la que me gustaría prestar atención: contribuir a la soberanía nacional y a la seguridad pública mediante la destinación de inmuebles fiscales al Ministerio del Interior y a las distintas fuerzas de orden y seguridad, así como realizar acciones de restitución administrativa de terrenos fiscales, lo que en definitiva implica la recuperación de suelos fiscales y la realización de desarmes y desalojos.
Todos los otros puntos son de continuidad. Se trata, en primer lugar, de asegurar el acceso y el resguardo al patrimonio natural y cultural mediante el catastro de la propiedad fiscal; en segundo lugar, de disponer del suelo fiscal para contribuir al déficit de vivienda; en tercero, de fomentar el uso social y comunitario de la propiedad fiscal, otorgando concesiones gratuitas o permisos de uso a distintas organizaciones sociales, con énfasis en mujeres, organizaciones ambientales y personas mayores, además de atender la demanda presentada en distintas regiones por organizaciones que han emergido en este ámbito.
Asimismo, en cuarto lugar, está el tema de nuestra contribución a la seguridad nacional; en quinto, los derechos territoriales de los pueblos indígenas; en sexto, la disposición de terrenos fiscales para proyectos productivos, que abarcan distintos tipos de industria, incluidos aquellos relacionados con la contribución a las energías renovables, la estrategia del litio y, siempre, la mitigación del cambio climático; y, por último, la regularización de la pequeña propiedad de raíz, con especial énfasis en mujeres y pueblos originarios. Por ejemplo, en La Araucanía tenemos un convenio con Conavi para regularizar la situación, y en algunas regiones del país contamos también con un convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para regularizar específicamente la situación de mujeres en contextos de ruralidad, sin olvidar a las mujeres indígenas. Partimos con la Región del Biobío, pero se han sumado otras regiones, incluida la Araucanía.
Para el próximo año, es decir, para el 2025, tendremos implementado un convenio con Inda respecto al trabajo de tierras para jóvenes y mujeres.
Ya lo he mencionado; no quiero ser reiterativa, pero efectivamente se viene con un enfoque nacional y con un ministerio incidente en distintas políticas del Estado: Plan de Emergencia Habitacional, Seguridad Pública, gestión de emergencias, derechos humanos, estrategia nacional de litio, protección medioambiental –sobre todo en lo que se refiere a parques y reservas nacionales– y, por supuesto, en algunos temas relacionados con la convivencia intercultural y la restitución de tierras y lugares ceremoniales para los pueblos indígenas.
Además, hay dos temas muy característicos. En primer lugar, destacamos que Bienes Nacionales es un actor clave para la resolución de problemas nacionales y regionales, al generar ingresos al Estado de Chile del orden de 100 mil millones anuales a través de la administración de la propiedad fiscal. En segundo lugar, más allá de tramitar las solicitudes, no funcionamos como una mera ventanilla.
De tramitación, sino que somos un ministerio que evalúa, que planifica la gestión del territorio para diversas políticas públicas y ese ha sido el norte que hemos querido también reforzar en nuestro gobierno. Tenemos tres énfasis y desafíos presupuestarios para el 2025 y en esto hemos concentrado también nuestros esfuerzos.
En primer lugar, mejorar la calidad de servicio de atención ciudadana. Ahí están enfocados la disminución de los tiempos de tramitación a través de la transformación digital, todo lo que tiene que ver con la ley de transformación digital, pero también la modernización de algunos sistemas, que después los vamos a ver en detalle, con especial énfasis en la tramitación de concesiones.
En segundo lugar, aumentar la riqueza para Chile. Esto significa lograr mayores ingresos a través del desarrollo de un nuevo sistema de gestión de la cartera de arrendamiento, venta y concesiones, que lo vamos a explicar, y que tiene que ver también con atender mejor el tema de la morosidad de los pagos, así como tener un mejor control respecto de los distintos contratos de concesiones y arrendamiento.
En tercer lugar, contribuir a la seguridad pública y soberanía nacional. Hemos sido firmes en este gobierno en cómo generamos, por un lado, la restitución administrativa a través de la fiscalización del suelo fiscal que ha sido ocupado ilegalmente, y por otro, el apoyo –y esto es bien relevante– al Plan Nacional de Complejo Fronterizo. Ahí hemos desarrollado un rol de colaboración con este plan, que lo lleva específicamente la Subsecretaría del Ministerio del Interior. No solo hemos dispuesto propiedad fiscal en aquellos pasos fronterizos que se deben transformar en complejos fronterizos, sino también hemos dispuesto equipos que van a terreno, junto a equipos tecnológicos. Todo lo relacionado con las herramientas que utiliza nuestro equipo de catastro se ha dispuesto para apoyar el Plan Nacional de Complejos Fronterizos y Zonas Aisladas.
Respecto a la seguridad, también hemos brindado apoyo a las policías. Se han transferido, creo, 35 inmuebles a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en este período de gobierno. Esto es particularmente relevante, ya que no sólo ha supuesto mejoras en los retenes, comisarías o en los lugares destinados a las instituciones policiales, sino que también se han asignado espacios para escuelas de formación. Hemos entregado locales y continuaremos haciéndolo, pues ya tenemos varias solicitudes en trámite para nuevos lugares destinados a la formación. Recientemente, se ha ampliado el permiso y la concesión de más terreno para el grupo de formación de Viña del Mar de Carabineros, lo que permitirá duplicar la dotación en la Región de Valparaíso, pasando de 240 a 480 carabineros. Además, en Ñuble se ha transferido un terreno que permitirá contar con la primera escuela de formación, lo cual es fundamental, ya que esa región es una de las principales en cuanto a egresos de carabineros en el país, evitando así que tengan que trasladarse a otras regiones.
Acá se encuentra la partida 14, que resume los distintos programas de la Subsecretaría de Bienes Nacionales: regularización, administración de bienes y catastro. El presupuesto 2025 contempla 55.000 millones 489.708 pesos, y la distribución de las partidas se encuentra en la tabla, la cual se explicará a continuación.
El Programa de la Subsecretaría de Bienes Nacionales incluye los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, el ítem vehículos, mobiliario, equipos informáticos y programas también informáticos. Más del 30% del presupuesto 2025 solicitado se encuentra en este programa, lo cual se explica por la necesidad urgente de fortalecer la gestión, que se traduce puntualmente en la modernización y transformación digital, mediante el desarrollo de un nuevo sistema de administración de contratos –prácticamente obsoleto, pues data del año 2000–, y en la renovación de tres vehículos que ya han cumplido su vida útil o se encuentran fuera de funcionamiento, como ustedes comprenden.
La labor de fiscalización de nuestros equipos es fundamental para llegar a zonas, sobre todo, aisladas, y ahí necesitamos vehículos que estén en completo funcionamiento y, hoy día, eso no ocurre.
Dentro de la modernización y transformación digital, quisimos puntualizar también, especialmente, todo lo que tiene que ver con acogernos a la modernización y transformación digital de la Ley 21.180, lo que significa agilizar y mejorar nuestras tramitaciones y servicios. Puntualmente, lo que vamos a hacer es priorizar el desarrollo de un nuevo sistema informático de tramitación para los trámites de arriendo y las distintas concesiones: concesiones onerosas a largo plazo, concesiones gratuitas a largo plazo y también permisos, que son a corto plazo para organizaciones que tienen fines sociales y son gratuitos.
Respecto a la transformación digital, yo les mencionaba que hay una necesidad urgente, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de mejorar el sistema de administración y contrato. Se trata de un sistema que data de 2009, y la problemática que presenta no es solo que es obsoleto, sino que además arroja errores en la cobranza. Muchas veces, deudores querían pagar o ponerse al día, en una cuestión que no es trivial, porque esto impide recaudar lo suficiente; el sistema, en ocasiones, arroja errores, como la duplicidad de pago o la omisión de registrar las deudas. Tras un diagnóstico exhaustivo, lo pusimos como prioridad.
Además, esto ha sido observado por la Contraloría General de la República en varios informes de años anteriores, por lo que era necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales concentrara esfuerzos en mejorar su sistema de administración y contrato. Esto conlleva otra problemática, no solo la falta de recaudación, sino también que desincentiva la inversión si se cuenta con un sistema que no es lo suficientemente moderno.
Hemos estimado que, en concepto de morosidad, con la implementación de nuestro sistema podríamos recuperar 2.000 millones de pesos anuales, lo que significaría una recaudación mucho más ajustada a lo que efectivamente es, y permitiría evitar las morosidades y los errores en estos sistemas.
Programa de regularización. El presupuesto es prácticamente de continuidad y se desglosa en gastos de personal, bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes. Los recursos contemplados en el proyecto de ley permiten atender una cobertura proyectada de 9.000 solicitudes de regularización. Adicionalmente, en un volumen similar, podemos regularizar vía convenios; por lo tanto, la estimación es llegar a unos 18.000–19.000 expedientes de regularización en el año 2025.
Programa de Administración de Bienes. El desglose lo tienen en esa tabla, pero cabe enfatizar que este programa incluye la recuperación y fortalecimiento de rutas patrimoniales, el plan de gestión territorial, la gestión y normalización de ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales, así como la regularización de título de dominio y la gestión de la propiedad fiscal asociada a pueblos indígenas.
Respecto al programa de administración de bienes y la normalización de ocupaciones irregulares en inmuebles fiscales, tenemos como propósito, evidentemente, reducir este número, que ha sido ya detectado gradualmente año a año por el Ministerio de Bienes Nacionales, y en ello la fiscalización es positiva, pero nuestro compromiso es gestionar y normalizar 1.700...
Estas 50 ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales, incluidas acciones de restitución administrativa. Dentro de estas 1.750 normalizaciones que tenemos proyectadas, son de distintas índoles. Estamos hablando de inmuebles ya construidos, que fueron destinados para un uso y que hoy se ocupan para otro, llevados largos años sin haber sido restituido al fisco, al igual que suelos fiscales ocupados ilegal e irregularmente.
Respecto también al programa de administración de bienes, yo ya lo he mencionado varias veces en esta presentación, el cual es la contribución del Ministerio de Bienes Nacionales en el desarrollo de proyectos energéticos. En este sentido, nuestro propósito es que las empresas particulares dispongan de terrenos fiscales para desarrollar proyectos de energía renovable, sistemas de almacenamiento de energía y de hidrógeno verde o sus derivados en terrenos fiscales, comprometiéndonos a tramitar oportunamente estas solicitudes.
Tenemos varios programas asociados, es decir, varias líneas de trabajo vinculadas con el Ministerio de Energía, entre ellas Ventana Futuro, y también diversos proyectos relacionados con el almacenamiento. La Región de Antofagasta es donde se concentran principalmente, aunque en otras regiones también se han realizado gestiones, como en la Región de Magallanes y en distintas zonas del norte.
Dentro del programa de administración de bienes está el Plan de Gestión Territorial Regional, cuyo objetivo es identificar y caracterizar la demanda regional, local y nacional de suelo fiscal para ir conformando un catastro amplio de inmuebles fiscales y planificar estratégicamente su administración. Esto implica poder proyectar licitaciones o asignaciones directas que permitan una gestión eficaz y ordenada de un patrimonio fiscal en desuso, el cual podría alcanzar un valor mucho mayor mediante, valga la redundancia, una puesta en valor.
Nuestro compromiso es llevar a cabo una gestión con énfasis en el suelo para la vivienda, como ya lo hemos hecho, y también en la puesta en valor del patrimonio a través del turismo y la promoción de los derechos humanos, entre otros. En ese sentido, nuestro gobierno ha recuperado sitios de memoria en varias regiones del país y continuará con esa misión en 2025. Durante ese año, puntualmente, entregaremos en administración la ex-cárcel en Isla Teja, comuna de Valdivia, bajo la línea de derechos humanos y memoria, a una organización regional.
Asimismo, seguimos con el programa de recuperación y fortalecimiento de la colección de rutas patrimoniales, cuyo propósito es incrementar dichas rutas mediante una administración efectiva. Nuestro compromiso consiste en trabajar en un total de 44 rutas patrimoniales, desarrollándolas a través de distintas acciones: creación, administración, mantención y difusión.
Continuamos con el programa de regularización de título de dominio y gestión en la propiedad fiscal asociada a pueblos indígenas, tema que ya nos consultaban anteriormente respecto a la ejecución presupuestaria 2024. Lo más importante es otorgar certeza jurídica sobre la propiedad y el goce de tierras de interés para dichos pueblos, promoviendo su desarrollo propio y el reconocimiento de sus derechos territoriales. Nuestro compromiso es estar muy alineados con la política indígena y contribuir desde la gestión de la propiedad fiscal y la regularización del dominio.
Tenemos para 2025 temas que estamos tratando este año y que se concretarán, esperamos, en el primer semestre de 2025. Entre ellos, los relacionados con la comunidad Rapa Nui, de alta significación, como el aeropuerto Mataveri y las dunas de Moncúl. Existen otros temas asociados a la Isla de Pascua y a comunidades, especialmente aymaras, en el norte.
Finalmente, el Programa de Catástrofe es un programa histórico.