Senado - Seguridad Pública - 15 de abril de 2025

En nombre de Dios y de la patria se inicia la comisión de seguridad. Saludamos al flamante nuevo ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, quien ha hecho su estreno con un poquito de trabajo. También se encuentran presentes el jefe de la edición jurídica de la Subsecretaría, don José Tomás, la coordinadora jurídica y legislativa, señora Stephanie Walzer, y los señores y señoras integrantes de esta comisión. El primer punto de la tabla es recibir en audiencia al señor Ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, para conocer los lineamientos, planes y programas del nuevo ministerio; intercambiar ideas con los miembros de la comisión; revisar los proyectos en tabla y evaluar cuál será la coordinación para definir el camino a seguir de esta comisión. Tenemos un resumen de la cantidad de proyectos que existen en la comisión, de los cuales son 50. Sin embargo, desde el año 2024, que fue el primer fast track legislativo, quedan pendientes cerca de 20 fast track legislativos. Dentro de ello, se someterá a consideración del Ministerio de Seguridad Pública cuáles son los proyectos que generan realmente interés y cuáles han quedado, por las contingencias del tiempo, sin mayor efecto. Los proyectos anteriores al año 2023 serán revisados y lo más probable es que algunos sean enviados a archivos del Congreso Nacional. Por lo tanto, ofrezco la palabra, señor Ministro, para que informe a esta Comisión sobre sus planteamientos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias por su intervención, senadora y senador. He preparado una pequeña presentación para dar el contexto de la instalación del Ministerio, que ustedes conocen relativamente bien, en la que quiero focalizarme en algunas cuestiones de la instalación, así como en la implementación y el desafío de aquí en adelante. Hay un tema que considero muy relevante: el consenso sobre el cual se desarrolló el Ministerio de Seguridad Pública en este Congreso Nacional, consenso que permitió despachar el proyecto en enero de este año y publicarlo en febrero. Se trata de la tramitación de un proyecto que tiene 18 años, ya que la agenda en materia de seguridad pública ha estado muy presente en todas las administraciones. Las primeras iniciativas surgieron durante la administración del presidente Lagos. El Ejecutivo tomó la decisión de continuar gestionando el proyecto de ley del expresidente Piñera, entre otras razones, pues se trataba de un proyecto que emergió de otra iniciativa y que, sobre todo, tuvo una discusión previa que era relevante destacar, ya que el propósito central era obtener resultados del proyecto de ley y no seguir buscando otra iniciativa. Lo que hizo el Ejecutivo fue emitir una indicación sustitutiva, generándose una gran discusión en torno al eje y a la estrategia de seguridad pública, vinculada al fortalecimiento de las instituciones. Es importante recordar el contexto en que ese proyecto finalmente se despachó. Tal como señala usted, señor Presidente, forma parte de una estrategia de consenso entre el Ejecutivo y este Congreso Nacional en lo que fueron los fast track legislativos, que, de mirar en su totalidad, poseen una dimensión institucional –no solo la creación del Ministerio, sino el fortalecimiento de otras instituciones– y una dimensión procedimental, con una serie de reformas legislativas muy significativas en materia de seguridad. Como bien saben, a esta altura existen cerca de 70 proyectos de ley despachados en el contexto de esa agenda, y el país ha actualizado una cantidad importante de legislación.

Para abordar algunos aspectos en que el Estado de Chile no los tenía adecuadamente regulados, acompañados de fenómenos criminales que han tenido alto impacto en el país y respecto de los cuales eran desconocidos o, por lo menos, acotadamente ejecutados en nuestro territorio. Lo que quiero decir con esto es que ese contexto permite explicar por qué la ley publicada por este Congreso tenía que abordar una cuestión central: cómo distintos organismos públicos, con propósitos de política pública y competencias diversas, podían actuar con un propósito común, pese a contar con estructuras organizacionales muy distintas. Existen ministerios, servicios públicos dependientes de ministerios diversos e instituciones constitucionalmente autónomas, como el Ministerio Público. Entonces, tratar de construir una unidad de gestión a partir de una heterogénea estructura administrativa es la propuesta central de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, la cual, como se discutió durante la tramitación legislativa y fue expuesta por el Ejecutivo durante la etapa de instalación del Ministerio, no constituye simplemente un casillero en la administración pública. El gran cambio, y ese es por lo menos el enfoque que ha tenido el Ejecutivo, es que el mandato principal de la ley es implementar un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad. De hecho, la profusa legislación aprobada en el Congreso durante estos últimos años —y la que se sigue tramitando en este Congreso Nacional— tiene en común el intento de generar condiciones de actuación eficaz de instituciones heterogéneas, con propósitos diversos pero que deben alcanzar un resultado común. Ese gran desafío es la gestión pública en materia de seguridad, lo expongo en los siguientes términos, por su intermedio, señor presidente: nosotros podemos seguir aprobando leyes —y creo que hay algunas que son indispensables— pero si no enfocamos esfuerzos en la gestión pública en seguridad, buena parte de esas normas acabarán siendo simples declaraciones formales. En ese sentido, hay un primer aspecto relevante vinculado a la creación del Sistema de Seguridad Pública, que incorpora una serie de instrumentos establecidos en la ley, algunos de los cuales me referiré más adelante porque requieren de complementación reglamentaria. En segundo lugar, como bien saben, corresponde el fortalecimiento del control sobre las policías y sus mecanismos de inversión. Y en tercer lugar, se aborda la gestión policial, no solo desde la perspectiva estratégica, sino también desde la operativa, diferenciando claramente los roles de la Subsecretaría de Prevención del Delito en aquello que la ley denomina factores de riesgo. Esta es una legislación que, por primera vez en el sistema institucional chileno, define normativamente la prevención con un propósito muy específico en materia de seguridad. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque la persecución penal, si bien cumple ciertos propósitos, es resultado de la comisión de hechos que, en general, deseamos evitar. Esa prevención puede llevarse a cabo mediante elementos operativos de intervención policial o bien, mediante estrategias relacionadas a los factores de riesgo, que constituyen el gran mandato en este sentido. Finalmente, como ustedes bien recordarán durante la discusión —sobre todo en la parte final y en la sesión de la Comisión Mixta— se abordó el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, enmarcado en la idea de un régimen unificado, en el que el Ejecutivo tiene ocho meses para enviar ese proyecto de ley, y probablemente lo hará en el mes de junio. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la gran interrogante que tenía el Ejecutivo —especialmente el mandato conferido al Presidente de la República luego de la publicación de la ley en los primeros días de febrero— era si se respetaría el plazo de un año establecido para la dictación de los decretos con fuerza de ley, los cuales estaban muy orientados al traspaso y a la puesta en marcha, desde el punto de vista estrictamente administrativo, del nuevo ministerio, lo que implicaría desplazar la implementación del mismo para febrero del próximo año, o si se haría el esfuerzo de iniciar su proceso de implementación inmediatamente, ya que no solo se trata de poner en marcha un conjunto de herramientas administrativas, sino de instaurar prácticas de gestión en la administración pública en materia de seguridad. El Ejecutivo optó por esta segunda alternativa. El mandato del presidente fue...

Está muy claro en relación a la elaboración de los decretos con fuerza de ley. En las etapas próximas a la discusión legislativa, en la parte final de este Congreso, se conformó una unidad de implementación que abarcó desde detalles simplemente administrativos, como la infraestructura donde se iba a instalar el Ministerio, hasta aquellos aspectos destinados a la elaboración de los decretos. El mandato que nosotros recibimos fue que esto debía estar listo para el primero de abril, y esa fue la forma en que trabajamos, permitiendo que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a funcionar a partir de esa fecha. Esto tiene varias implicancias relevantes que explican el modelo de gestión pública asociado a esta ley. Por un lado, se trata de una institución de único foco. En general, las instituciones de múltiples propósitos —como lo era el Ministerio del Interior— suelen tener objetivos de política pública muy diversos, lo que puede llevar a que unos terminen rivalizando con otros; aunque se puede lograr cierta escala de eficiencia, en general se tiende a sacrificar algún objetivo de política pública. Por eso, una de las razones que explica la creación de este ministerio es contar con un único foco en la política pública, permanente y basada en evidencia. Esto no es simplemente una expresión retórica, sino la forma en que está planteada y redactada la ley. Si se van a adoptar políticas y planes en materia de seguridad pública, deben fundamentarse en evidencia, lo que implica abordar la seguridad desde una perspectiva más amplia que el simple orden público o la persecución penal, razón por la cual los énfasis en prevención revisten gran importancia. Más adelante me referiré a la política de seguridad pública, uno de los aspectos mandatados al Ministerio cuyo objetivo se pretende concretar en el segundo semestre de este año, proyecto en el que se había venido trabajando. Si se quisiera señalar el gran objetivo para los próximos años en materia de seguridad pública, probablemente debamos decir que se orienta en torno a la reducción de los delitos violentos y a la disminución del índice de temor. Por ejemplo, en el caso de homicidio, se aspiraría a conducir las tasas hacia los niveles de hace diez años, idealmente por debajo de 3 por cada 100.000 habitantes, ojalá menos. Asimismo, en materia de índice de temor cabe recordar que, según los datos de finales del año pasado, Chile se encontraba en torno al 27; recordemos que en este país no existe una gran distancia entre el índice de victimización y el índice de temor. Chile es el país del mundo con los mayores índices de temor, siendo una sociedad que vive del temor, fenómeno muy complejo, pues actualmente contamos con el doble del índice que teníamos hace una década. Por ello, cuando se habla de seguridad pública hay que abordar más allá de la dimensión estrictamente de la persecución penal y los temas de orden público, considerando también aspectos vinculados a la reducción de la tasa de delitos violentos y del índice de temor. Esto constituye, quizá, uno de los objetivos consensuados que el país debe abordar en los años venideros. La idea de especialización, de abordar todo el territorio nacional, junto a un modelo de gestión pública basado en la coordinación y cooperación interagencial, requiere un trabajo muy activo. Como bien saben, la administración pública recurre frecuentemente a la retórica de un principio general de coordinación. Durante la tramitación de este proyecto, este Congreso puso especial énfasis en ello, ya que sin coordinación no hay resultados. Esto implica, además, alinear la política de persecución penal del Ministerio Público con una institución autónoma, incorporando no solo las políticas de las policías —que dependen en cierta medida del Ministerio de Seguridad— sino también políticas sectoriales, por ejemplo, las de aduana, de impuestos internos y del SAC, convergiendo todas en la agenda de seguridad. Esto no se logra por arte de magia ni simplemente mediante mandatos normativos de la ley; se requieren unidades de gestión muy eficaces con ese fin.

Gladia: Ven la estructura del nuevo Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad cuenta con tres servicios públicos dependientes de distinta naturaleza: Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Agencia de Ciberseguridad. La Agencia de Ciberseguridad, que forma parte de otra discusión que vuestras señorías también tuvieron, comenzó sus operaciones en enero de este año. Posee una estructura de dos subsecretarías, lo cual genera virtudes y defectos, pero para ello fue diseñada con dos subsecretarías que tienen el gran propósito de trabajar conjuntamente. En materia de seguridad pública, las estructuras sobre las cuales se apoya el ministerio —más allá de las unidades de staff clásicas (jurídico, administración y finanzas)— se centran en aquellas dedicadas propiamente al trabajo de línea. Así, en el área de crimen organizado, terrorismo y frontera se configura una división; en seguridad y orden público se constituye otra división, de la cual dependen ciertos departamentos, por ejemplo, el de seguridad, orden público y eventos masivos. Por otro lado, el departamento de control y planificación institucional, que en el caso de las policías corresponde a la división especializada en el vínculo con estas, facilita el trato cotidiano con el Ejecutivo en temas de personal, inversión, recursos y operaciones. En cuanto a la prevención del delito, la prevención social, el desarrollo territorial y la seguridad privada se insertan en la estructura aprobada por la ley de seguridad privada, quedando esta última configurada como una división dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ambas subsecretarías provienen de la convergencia de dos grandes estructuras administrativas: la Subsecretaría de Prevención del Delito, que vino del Ministerio del Interior, y las estructuras que se integraron a la Subsecretaría de Seguridad Pública, provenientes de los equipos de seguridad pública que operaban en dicho ministerio. Adicionalmente, se incorporaron estructuras denominadas eremías (a las cuales me referiré más adelante) y otras vinculadas a los departamentos provinciales de seguridad pública, que formarán parte de la figura de los consejos regionales. Este Congreso aprobó la creación de dos consejos de coordinación institucional, uno vinculado a seguridad pública y otro a la prevención del delito. El objetivo en la etapa de implementación —aunque se trate de cuestiones domésticas poco atractivas públicamente— es que seguridad pública y prevención del delito trabajen conjuntamente y de modo transversal, evitando la creación de silos institucionales que contradigan el propósito del Congreso. Se han establecido prácticas institucionales para compartir datos. De hecho, este Congreso aprobó una unidad estratégica que permite analizar la política en materia de seguridad a mediano y largo plazo; actualmente, esa unidad está sistematizando y ordenando los trabajos, como en el caso de la evidencia que comparten ambas subsecretarías de forma unificada. Al depender directamente del gabinete del ministro, esta unidad fue aprobada con ese fin y es clave en la etapa de implementación. Por último, existe un dilema administrativo que ejemplifica la situación: el Ejecutivo no podía, más allá de los anuncios del presidente, tomar decisiones formales sobre la estructura del Ministerio de Seguridad hasta el 1 de abril. Por ejemplo, el presidente hizo el anuncio el jueves de la semana anterior al martes en que se hizo efectiva mi nominación. Durante ese lapso, continué ejerciendo como subsecretario del Interior y las publicaciones oficiales sobre mis acciones únicamente se difundieron en redes sociales. ──────────────────────── Iniciar la sesión. Con el único proyecto actualmente en tabla se encuentra la Subsecretaria de Evaluación Social, quien está presente, la señora Paula Poblete; por favor, tiene la palabra. Buenos días. Presento felicitaciones también por su nombramiento y saludo, por intermedio suyo, a la señora de la carga fial Carvajal, al senador Walker y a la administradora, quien participa en comisión paralela y tiene a su cargo el trámite del proyecto de ley de adopción. En su nombre voy a presentar el proyecto, al que debiera sumarse muy pronto, y también la ministra Orellana; con su gracia. Lo primero, obviamente, son los antecedentes, que no son noticias nuevas para ustedes. Vivimos un tiempo de emergencia en materia de cuidados, a la luz del envejecimiento poblacional, el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la fecundidad y demás, lo que redunda en un incremento de la población con dependencia funcional. Seguramente han observado que, en sus circunscripciones, la necesidad de apoyos y cuidados es transversal y creciente, aunque se acentúa en los estratos socioeconómicos de menores ingresos. La política pública se ha centrado en las personas que requieren cuidado, y desde el pasado 9 hasta la fecha se ha evidenciado un desarrollo institucional relevante en cuanto a las personas que brindan estos apoyos y, en ambos casos, la cobertura de la oferta pública resulta baja. Además, los cuidados son centrales en la economía, pero, como es sabido, carecen de reconocimiento y de una retribución adecuada, lo que genera situaciones de pobreza y agobio para quienes realizan esta labor —mayoritariamente mujeres—. Esta realidad tensa tanto la política como el entorno familiar y supone desafíos en el corto, mediano y largo plazo. Como antecedentes, se espera que en apenas 25 años un tercio de la población tenga más de 60 años. Actualmente, se estima que más de un millón de personas prestan labores de apoyo y cuidado a individuos en situación de dependencia; el 85% de quienes realizan estas labores dedican ocho o más horas diarias a dicho trabajo y son mujeres. Asimismo, el 9,8% de la población adulta del país, es decir, alrededor de 1,5 millones de personas, se encuentra en situación de dependencia. Cabe destacar que el 35% de las mujeres en edad de trabajar señalan que no buscaron un empleo remunerado porque se encontraban a cargo de labores de cuidado o trabajo doméstico, en contraste con apenas el 37% de los hombres que ofrecen la misma explicación. Durante la pandemia, la tasa de participación laboral femenina disminuyó significativamente, pasando de un 53,3% en los inicios del periodo pre-pandemia a un 42% en el trimestre de abril a junio, cuando apenas cuatro de cada diez mujeres estaban en el mercado laboral. ¿Qué es lo que se está haciendo? Vamos a ahondar en tres temas que se han estado abordando: por un lado, el reconocimiento y la participación; por otro, la ampliación de la oferta de apoyos y cuidados; y, finalmente, el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso. En esos tres temas desarrollaremos algunas ideas, primero en relación…

Personal, como subsecretario del Interior. ¿Por qué? Porque mientras no existiera formalmente el Ministerio de Seguridad Pública, no se podía hacer referencia a ninguna de ellas. ¿Cuál fue la estrategia, a propósito de la Secretaría Regional de Ministeriales de Seguridad Pública que abordó el Ejecutivo? Distinguir el día 1, que es la etapa de instalación, del régimen. ¿Por qué es relevante? Porque los traspasos de funcionarios, de conformidad con la ley aprobada, no solo se referían a nivel nacional, sino también a nivel regional. Por lo tanto, los SEREMIS de Seguridad Pública están constituidos por funcionarios traspasados de las delegaciones presidenciales. Lo segundo es que hay atribuciones que hoy día pasan a los SEREMIS, y hay otras que siguen siendo concurrentes o de cooperación y colaboración con los delegados presidenciales. Lo que no podía ocurrir a partir del día 1 era tener dos autoridades sometidas a rivalización y, además, que en la gestión administrativa del personal existiera una autoridad responsable. Para ello, el Ejecutivo tomó la decisión de que, mientras se elaboraban las ternas por parte de los delegados presidenciales—según lo que establece la ley—algunas personas con la calidad de encargados de prevención del delito en las regiones respectivas asumieran de manera interina. No quiero extenderme en cuestiones administrativas, pero una cantidad importante de estos funcionarios eran contratados honorarios; por ello, la posibilidad de que dichos funcionarios pudieran asumir interinamente era relativamente limitada. Para los casos en que no se pudo nombrar a estas personas, se optó por el orden de subrogancia legal para el SEREMI de Seguridad Pública. El primer subrogante legal establecido en las regiones para Seguridad Pública fue el correspondiente a Justicia, y la razón, relativamente simple, es que ese sector es el más afín al área, fundamentalmente porque gestiona el Consejo Regional para el Sistema de Enjuiciamiento Criminal y administra dos instituciones del sistema de seguridad pública: Gendarmería y, por otro lado, CENAME o el Servicio de Reinserción Juvenil. En el mes de mayo, antes de la primera quincena, debiésemos contar con el nombramiento de los SEREMIS definitivos, en un contexto también de cooperación y colaboración no solo en la región, sino con los actores relevantes locales, incluyendo a los parlamentarios, en el entendido de que es un propósito común que la instalación del Ministerio de Seguridad sea administrativamente exitosa. De hecho, si me permiten un comentario que considero conveniente transparentar, se solicitó a todas las autoridades regionales que la distribución de las preferencias o tendencias políticas en una región no formara parte de la asignación del SEREMI de Seguridad, ya que lo importante era la etapa de instalación. En este sentido, se contó fundamentalmente con la autoridad que tiene el mando de las policías desde el punto de vista administrativo, actuando bajo el auxilio de la fuerza pública a requerimiento del delegado, quien funge como secretario ejecutivo del Consejo Regional de Seguridad y Prevención del Delito y está a cargo de la ejecución de la política en materia de seguridad de la región. Esto, cabe destacar, no altera las competencias de coordinación general que tiene el delegado presidencial en la respectiva región. Esta primera fase era clave. Quiero ejemplificarlo con un caso: el ministro comenzó a funcionar el día primero y, el día tres, se estaban entregando los resultados del informe consolidado de homicidios consumados, el cual es un informe del Estado de Chile—en el que también participa el Ministerio Público—y se evidenciaron resultados tanto a nivel nacional como regional. En estas regiones, participaron los delegados y aquellos que, por el momento, están ejerciendo funciones interinas en materia de seguridad pública. Esa continuidad institucional es esencial para evitar vacíos administrativos, que, si bien pueden parecer domésticos, son fundamentales para el correcto funcionamiento de la institucionalidad. Finalmente, aquí se evidencian las tareas en las cuales está involucrado hoy día el Ministerio, más allá del día a día, que es muy intenso. Si bien la agenda resulta abrumadora, no debemos perder de vista que el propósito perseguido es la instalación exitosa del Ministerio de Seguridad Pública.

Correcta y adecuada del Ministerio de Seguridad en este pedido e instalar buenas prácticas institucionales para su funcionamiento. La primera tiene que ver con la constitución de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito. Para ello, el Ejecutivo fijó como horizonte que antes del término del mes de abril estuvieran constituidos ambos consejos: el Consejo Nacional de Seguridad Pública se constituye este jueves y el Consejo Nacional de Prevención del Delito se constituye la próxima semana, el próximo jueves. Estos dos consejos son claves, pues cada uno está asociado a orientaciones específicas, y son fundamentales para la aprobación de la política de seguridad pública, ya que el Ejecutivo desea que ambos la aprueben conjuntamente. Además, se observó que algunos ministerios se repiten en ambos consejos, lo que hace sentido que se pueda celebrar una reunión unificada. Lo segundo tiene que ver con el reglamento orgánico. Cabe recordar que este Congreso mandó establecer un reglamento y una estructura orgánica, por lo que el Ejecutivo ha presentado el organigrama sobre el cual se está trabajando. Es esencial, pero se puede seguir funcionando con el mandato legal vigente hasta ahora. Los siguientes tres puntos son claves. El primero es el reglamento del sistema de seguridad pública, en el que se juegan muchos aspectos para el funcionamiento del ecosistema de seguridad en Chile. La gran apuesta de la ley, como se señaló al inicio, es un modelo de gestión pública en materia de seguridad. Este modelo, denominado sistema de seguridad pública, supone mecanismos de cooperación y coordinación entre autoridades. Además, el Congreso estableció como parte de la estructura del sistema mecanismos de colaboración público-privada —como comités interministeriales, comités de tareas o fuerzas de tarea—, orientados a alcanzar objetivos, metas e indicadores. De lo contrario, el sistema institucional se llenaría de fuerzas de tarea de carácter indefinido. Por ejemplo, en el contexto del proyecto de ley que discute el robo de cables de cobre, se buscan medidas preventivas, de investigación y de inteligencia, con inversiones por parte de las compañías involucradas (que pueden ser de telecomunicaciones, eléctricas o productoras, entre otras). Esto podría constituir una fuerza de tarea público-privada en la que cada actor tenga sus obligaciones e indicadores, pero que, al cumplirse los objetivos, deba disolverse. El segundo punto se refiere al SIGPOL, la gran apuesta de la gestión coordinada policial. El Ejecutivo quiere instalar el Centro de Coordinación Policial para operaciones complejas al inicio del segundo semestre de este año. Con las policías ya se está trabajando, en un contexto de relación muy fluida entre ambas instituciones y sus altos mandos. Además, en dicho centro es posible replicar los mecanismos de colaboración que se han desarrollado de forma permanente en las unidades de coordinación estratégica del norte, centro y sur, que integran a ambas policías, Gendarmería, Aduana e Impuestos Internos, y que resultan relevantes para investigaciones complejas. El tercer punto tiene que ver con el reglamento de transferencia de información. Es importante recordar en este aspecto que una de las grandes apuestas del Congreso es otorgar al Ministerio de Seguridad la facultad de requerir información.

Información sin restricciones, salvo aquellas que pudieran comprometer investigaciones. Si uno pudiera resumir uno de los inconvenientes históricos en materia de seguridad pública durante los últimos 20–25 años, es cómo se comparte la información. Y esto fue un propósito deliberado del Congreso en términos de que el Ministerio de Seguridad tuviera una competencia muy intensa en esa materia. El Ejecutivo considera que estos tres temas –el sistema de seguridad pública, SIGPOL y el reglamento de transferencia de información– debieran ir en un solo reglamento, aunque son mandatos distintos, y que se pueden abordar de forma integrada en esos tres aspectos. El reglamento del sistema de seguridad pública ya cuenta con un borrador, el cual será sometido en los próximos días a consulta de los respectivos ministerios y se espera que pueda ser enviado a Contraloría en los primeros días del mes de junio. La razón fundamental es disponer de los instrumentos necesarios para el funcionamiento del sistema de seguridad pública por vía reglamentaria en el segundo semestre. Sin perjuicio de ello, la constitución del Consejo de Seguridad Pública esta semana y las prácticas institucionales desarrolladas en el último tiempo podrán ir consolidando trabajos previos a la aprobación formal del reglamento. Además, se contempla la relevancia de los certificados de pertinencia para efectos de la inversión en las fuerzas policiales. En lo referente a la Política Nacional de Seguridad Pública, se trata de un mandato claro establecido en la ley, que debe ser sometido a ambos consejos, lo que gatilla otra serie de institucionalidades asociadas. El objetivo principal –como parte de este debate más amplio– es que el país avance en los próximos años en cumplir el gran objetivo de reducir delitos violentos y disminuir el índice de temor. Para ello, se deberán establecer metas muy específicas, asociadas a indicadores de cumplimiento; por ejemplo, disponer de cárceles seguras, ya que no basta con un sistema de persecución penal eficaz si no se garantiza que los establecimientos y las personas en su interior desarrollen adecuadamente sus labores. De igual forma que el reglamento, el borrador de la Política Nacional de Seguridad Pública, desarrollado desde el Ministerio del Interior y ajustado a través de consultas con expertos y sectores relevantes en las próximas semanas, deberá ser aprobado de forma unificada por ambos consejos. La ley exige dicha aprobación, y, a juicio del Ejecutivo, lo razonable sería que se realice en una sesión plenaria con ese fin. El propósito central del Ejecutivo durante esta etapa de instalación es desarrollar la infraestructura de un ministerio a cargo de una política de Estado permanente. El Congreso decidió trasladar la seguridad fuera del Palacio de La Moneda, es decir, separándola del Ministerio del Interior, para evitar que la contingencia de la política cotidiana absorba la agenda de seguridad. Por eso, tanto jurídica como simbólicamente, el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra ubicado en el exterior. Se reconoce que este es un año complejo y de elecciones, pero se cree que en la estructura de la seguridad pública existe un acuerdo relativamente transversal. Lo esencial es permitir la instalación adecuada del ministerio para seguir cumpliendo los objetivos aprobados por la ley. Nosotros podríamos dedicarnos simplemente a aprobar leyes, pero, sin un enfoque en la gestión pública en materia de seguridad, se corre el riesgo de terminar con un estado de papel, algo que ningún actor desea para el país. Por eso es fundamental contar con objetivos claros, medibles mediante indicadores sujetos a rendición de cuentas. Con esto concluyo mi exposición, señor presidente. En el mes de junio, de conformidad a la ley, semestralmente, el Ministerio de Seguridad deberá rendir cuenta ante este Congreso, garantizando que la política se mantenga de forma regular al finalizar cada semestre.

Bien, presidente. Muchas gracias, señor ministro de Seguridad. Vamos a iniciar el diálogo con los señores y señoras senadores. Tiene la palabra, don Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludo al ministro de Seguridad y le deseo éxito en la tarea que ha asumido hace 15 días, porque es un hombre destacado en el derecho y con amplia experiencia en distintas responsabilidades en el gobierno. No tengo ninguna duda de que lo hará de la manera más ejemplar posible para el tema número uno que nos convoca hoy en Chile. Tres cosas, presidente, quiero remarcar. Primero, respecto a las regiones –y ahí la experiencia de cada senador podrá evidenciarlo–, en estos 15 días la actuación ha sido más bien débil, no porque los seremis sean interinos, sino porque aún no se evidencia el vigor y la envergadura que implica este nuevo ministerio para el manejo del territorio, en particular de cada región determinada. En ese sentido, me interesaría conocer, por su intermedio, cuál es el diseño que contempla, además de las titularidades –que, a mi parecer, han tenido plazos excesivos, considerando que la ley se promulgó el 27 de enero– y que se establece, como máximo, un plazo hasta el 15 de mayo para contar con todas las titularidades y el empoderamiento, lo cual es fundamental, sobre todo en el manejo civil de las policías en cada territorio. La región de Ojin, que yo represento, lo sabe muy bien, ya que el subsecretario ha tenido que responder a un incremento importante de la criminalidad en los últimos dos años, situación que, aun estando cerca de Santiago, refleja el nivel exacerbado del crimen organizado en muchas regiones. Segundo, quisiera que se atendiera el tema de la violencia rural. En sesión de comité, me corresponde representar al Comité Socialista y se definió ayer que se organizará una sesión especial para abordar este asunto, a raíz también de los hechos ocurridos en Granero, aunque no se limita a ello, pues afecta a todas las regiones del país. Por ello, se le solicitará al ministro un plan o diseño para esa sesión, la cual, si bien aún no tiene fecha, se realizará en sala próximamente. Me gustaría que se ofrecieran algunas luces sobre el estado actual del Ejecutivo, considerando no solo Araucanía, sino también Arauco y la Macrofrontera Norte, es decir, el conjunto de zonas en las que se manifiesta violencia rural. Tercero, y presidente, a raíz de la coyuntura derivada de lo ocurrido en el Estadio Seguro, quisiera preguntarle al ministro cuál es la razón y el fundamento por el cual ha calificado al Ejecutivo en relación con la infiltración –o su ausencia– de las barras por parte del crimen organizado, lo que estaría implicando el fin del plan. ¿Cuál es, entonces, el reemplazo de este plan, considerando que los eventos de fútbol no pueden permanecer suspendidos indefinidamente y deben retomarse? Se enfrenta una situación delicada y grave, y entendemos que existe un departamento de orden y seguridad destinado a encargarse de esto. ¿Quién está nominado para este efecto? ¿Qué estructura se ha dispuesto? ¿Cuándo se materializará en la práctica, y qué se comunicará al público y, en particular, al hincha común, que se pregunta: “si el plan Estadio Seguro ha quedado descartado, ¿qué se va a hacer?” Además, ¿por qué el ministro ha estimado que Carabineros no puede volver a los estadios? Desde mi infancia, asistía a los estadios y siempre contábamos con la presencia de Carabineros; su efecto disuasorio evitaba que, en partidos de selección o de alta convocatoria, se produjeran incidentes graves, como los que observamos actualmente. Me gustaría que se aclarase este punto, así como la evolución prevista, especialmente en relación al rol de determinados clubes deportivos, en donde actualmente no se asume la responsabilidad y, en ocasiones, incluso se alienta o financia a los barristas, generando una connivencia de intereses que, aunque no de forma generalizada, se evidencia en la interacción difusa entre estos hinchas barra brava y los propios ejecutivos y dirigentes de los clubes. ¿Qué se está haciendo al respecto? Por último, presidente, planteo para su consideración que existe un proyecto de ley, denominado “Salvemos el Fútbol”, que ingresó hace 11 meses al Senado y se encuentra en segundo trámite. Este proyecto, que ha permanecido en la Comisión de Deportes, adopta medidas especiales para el resguardo y la seguridad dentro de los recintos. Se aprobó en general hace seis meses en sala y, desde entonces, lleva seis meses en discusión en particular. No sé en qué detalle se encuentra actualmente.