Le ruego ponerse de pie, incluidos los asesores, por favor. Muchas gracias.
En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión, señor secretario, por favor, de la cuenta. Gracias, señora Presidenta.
Hemos recibido un oficio de la Subsecretaría del Interior, mediante el cual responde nota enviada por el señor Franz Peral Tabadilla, su excelencia y presidente de la República, exponiendo problemas de seguridad que aquejan al sector Villa Chica, comuna de Antofagasta.
Se ha remitido un oficio de la División de Gestión y Modernización de las Policías de la Subsecretaría del Interior, informando que se ha enviado a la Secretaría General y Asuntos Internacionales de Carabineros de Chile, oficio de esta comisión en el que se solicita remitir copia íntegra del protocolo de uso de la pistola Taser para que dé respuesta a dicho requerimiento.
Asimismo, se presenta oficio de la Directora Nacional de Senda, informando glosas presupuestarias y articuladas según la Ley de Presupuestos 2025, y oficio de la Policía de Investigaciones de Chile, comunicando glosas presupuestarias y articuladas conforme al presupuesto del sector público para el año 2025.
Por otro lado, se ha recibido un e-mail del Gabinete del Fiscal Nacional, informando que por motivo de fuerza mayor no será posible la asistencia por parte del Ministerio Público a la sesión de hoy, excusando al señor Castillo Val y a la señora Gajardo Orellana.
También se adjunta una nota del Gabinete del Director Nacional del Registro Civil, confirmando la asistencia presencial del director a la sesión de hoy, don Omar Morales.
Se recibe, a su vez, oficio del Gabinete del Ministro de Seguridad Pública, confirmando la asistencia del ministro que nos acompaña en la mesa en este momento, señora Presidenta.
Igualmente, se envía un e-mail del asesor del gabinete de la Subsecretaria de Prevención del Delito, excusando la asistencia por encontrarse en el Senado en un trámite legislativo.
Posteriormente, se presenta una nota del subsecretario para las Fuerzas Armadas que remite informe de cumplimiento adquirido durante la tramitación de la Ley 21.722, correspondiente a la información y resultado del plan anual de fiscalización y control de armas. Esto lo íbamos a ver también en una sesión futura, no recordemos.
Además, se adjunta un oficio reservado del subsecretario de Justicia, mediante el cual se remite un informe detallado en relación con la situación del cumplimiento penal de don Daniel Esteban Rojas Yañez, quien quebrantó una condena en el régimen de cumplimiento penal adolescente, manteniéndose prófugo y cometiendo nuevos crímenes.
Y, finalmente, se realiza el reemplazo a la diputada Joana Pérez Olea. Hemos recibido, por correo en este momento, una nota...
de don Andrés, un segundo, de don Andrés Joanet, que dice lo siguiente, va dirigido particularmente al ministro de Seguridad también. Dice: “De mi consideración, como es de público conocimiento, la noche del 5 de abril pasado, desconocidos llegaron hasta la vivienda de un funcionario de la Gendarmería de Chile, en la ciudad de Cauquenes, disparando contra el inmueble y dejando además un escrito junto a una corona de flores. El escrito señala: ‘Descansa en paz. Despide tu familia cuando está muerta’, agregando, etc.”
Al respecto, el hecho que involucra amenaza contra un funcionario de Gendarmería es que vengan a solicitar a usted, así como invitar a los señores ministros de Justicia y de Seguridad Pública, a la próxima sesión de la Comisión, a fin de que informen sobre el particular. Terminada la lectura de la cuenta, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Araya:
Gracias, Presidenta. A propósito de la cuenta, efectivamente, un oficial de Gendarmería ha recibido graves amenazas, disparos a su inmueble y también coronas de flores. Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que se repite una y otra vez. El personal de Gendarmería es víctima de amedrentamientos de todo tipo, lo que sugiere varias interrogantes: ¿cuáles son las medidas que se están adoptando para enfrentar esta situación? En particular, este oficial ha sido uno de los responsables de lograr importantes decomisos al interior de los centros penitenciarios; o sea, está haciendo muy bien su trabajo y, sin embargo, es amenazado por lo mismo.
Por una parte, se deben revisar las medidas de protección, ya que una o dos rondas durante el día en su domicilio no sirven para nada. Convengamos que sería muy afortunado si se topase con quien lo amenazara, dado que las rondas se realizan varias veces. En segundo lugar, aprovechando que está el ministro de Seguridad, cabe mencionar un proyecto que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual autoriza el porte de armamento para el personal en retiro (actualmente descansando en el Senado), ante la preocupación que genera una modificación importante en su tramitación. Y en tercer lugar, muchos del personal activo no pueden recibir armamento de cargo, y aunque legalmente tienen la posibilidad de portar, carecen de él; el armamento es caro y el sueldo de muchos gendarmes no les alcanza. Frente a esta situación, se debería entregar armamento de cargo al personal más expuesto. Creo que es un tema que debemos abordar en la próxima Comisión.
Gracias, Diputado Araya.
¿Alguna palabra sobre la cuenta propiamente dicha de parte de los diputados? ¿Ninguna? Ok.
Entonces, señor Ministro, le damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir a nuestra Comisión. Sé que usted trae una presentación; no sé si perfecta, porque dará primero un barniz sobre lo que pretende con el Ministerio, y aprovechará para responder a varias dudas que puedan surgir acá. Le doy la palabra al señor Ministro.
Ministro:
Muchas gracias, señora Presidenta. Tal como consta en la invitación, el objetivo central de mi comparecencia ante vuestras señorías es explicar el proceso de instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el contexto en el cual se ha desarrollado, las medidas administrativas que se han adoptado y los compromisos que se están ejecutando durante el resto del año. Sin perjuicio, y si usted lo considera pertinente, puedo responder de forma genérica a la pregunta del diputado, no porque no pueda detallar particularmente, sino porque esta sesión es pública y dicho tema fue analizado tanto hoy temprano como ayer.
En términos generales, recordar que la creación del Ministerio de Seguridad Pública es un proyecto que tuvo amplio consenso en este Congreso en la parte final. Tengo perfectamente claro, y todos quienes estamos acá lo sabemos, cuáles fueron las diferencias que pudieron existir en esa etapa, pero la ley establece el modelo administrativo que finalmente se encuentra en vigor. Esto es relevante porque, no obstante que la ley fue promulgada en el mes de enero y publicada el 5 de febrero, la decisión del Presidente de la República fue que, una vez publicada, la ley se implementara en el menor tiempo posible. Recordar, vuestras señorías, que conforme a la ley, el Ejecutivo tenía un año para dictar los decretos con fuerza de ley y, en consecuencia, pudo haber derivado…
la implementación del Ministerio de Seguridad Pública para la próxima administración. Pero eso no fue así, entre otras, por las conversaciones transversales que existieron en este Congreso sobre la necesidad de que, al menos este año, se permitiera la instalación administrativa completa del Ministerio de Seguridad Pública, con el propósito de que una próxima administración – cualquiera fuese – pudiera iniciar y ejecutar operativamente el ministerio sin ningún tipo de inconveniente desde el inicio.
Así las cosas, el Ministerio del Interior en su oportunidad conformó un equipo de implementación, el cual tenía que preocuparse por cuestiones que algunos podrán considerar domésticas pero que son extremadamente relevantes, como a saber: el lugar de localización donde se iba a establecer el Ministerio de Seguridad Pública; en segundo lugar, la elaboración de los decretos con fuerza de ley; y en tercer lugar, en la elaboración de dichos decretos, tener claridad sobre el personal traspasado.
Recuerden, vuestra señoría, que acá hay dos o tres tipos de personal traspasado: el que proviene íntegramente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se traspasa en su totalidad; en segundo lugar, el personal que se encontraba en la Subsecretaría del Interior dedicado a asuntos de seguridad, traspasándose en la parte pertinente; y, en tercer lugar, a propósito de la distribución territorial, el personal de las delegaciones asociadas a seguridad, que también debían ser traspasadas. Recordar, vuestras señorías, que en el caso del Ministerio del Interior una cantidad importante de este personal estaba sujeto a contrato de honorarios, lo que implicaba una serie de restricciones desde varios puntos de vista.
Los decretos con fuerza de ley, en consecuencia, fueron ingresados a la Contraloría, conforme a lo solicitado por el presidente, para que esto fuese efectivo a partir del 1 de abril. La tramitación de ambos decretos fue expedita en la Contraloría, empleándose las reglas convencionales que la misma ha tomado en etapas previas, de modo de evitar innovaciones que dificultasen la toma de razón. La Contraloría tomó razón de dichos decretos en las primeras semanas del mes de marzo, por lo tanto, se pudo dar cumplimiento a la fecha señalada del 1 de abril.
Ese contexto general permite entender que la focalización específica que tuvo, en primer lugar, el Ministerio del Interior fue dotar de todos los medios para que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar a partir del 1 de abril. Les quiero recordar, señorías, que este ministerio tiene dos subsecretarías: una que existía, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y, en segundo lugar, una que no existía y que había que montar desde cero, que es la Subsecretaría de Seguridad Pública. No quiero adentrarme en cuestiones de derecho administrativo, pero son aspectos extremadamente relevantes, ya que constituyen las acciones que permiten que el Estado funcione.
Como no existía una Subsecretaría de Seguridad Pública, este Congreso decidió que, en la fase administrativa de instalación, los recursos fueran ejecutados por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por lo tanto, dicha subsecretaría arrendó los dos pisos en que hoy se encuentra instalado el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, las funciones del ministerio no pudieron ejecutarse sino a partir del 1 de abril. Por ejemplo, no obstante que el Presidente de la República anunció, en mi caso, el nombramiento el jueves de la semana pasada –estamos hablando recién de una semana de funcionamiento del ministerio– las cuentas del Ministerio de Seguridad Pública solo pudieron utilizarse a partir del 1 de abril. Esta cuestión, aunque pueda parecer relativamente doméstica, es relevante para entender por qué las decisiones formales debían ejecutarse a partir de esa fecha.
El propósito, entonces, y en lo que respecta a las cuestiones de orden administrativo, era garantizar que, al comenzar el 1 de abril, se asegurara la continuidad del servicio. En este sentido, la decisión del Ejecutivo respecto a quiénes ejercerían los cargos de seremi fue que, dado que el ministerio comenzaría a operar desde el 1 de abril, se garantizaría la continuidad del servicio. Esto se logró, primero, definiendo que la selección de las personas que serían titulares como seres de seguridad no fuese apresurada y, en segundo lugar, optando por ocupar las figuras del interinato o de la subrogancia institucional. La figura del interinato se eligió entre aquellas personas que se encontraban o que habían ejercido los cargos de coordinadores de seguridad pública en general, considerándolas las más idóneas; sin embargo, quiero señalar, vuestras señorías, que no todas ellas eran.
Que se encontraban en cargos a contrata y, en menor medida, de planta; una buena cantidad de ellos se encontraban contratados en calidad de honorarios. En esas condiciones no era posible que asumieran la condición de interinos, por lo que se tomó la decisión de establecer una estructura de subrogancia. Esta no se corresponde con la subrogancia interna (en la que las personas son meramente traspasadas), sino que se aplicarán las subrogancias que operan entre secretarías regionales y ministeriales.
La decisión adoptada fue que el sector más afín en materia de seguridad para efectos de subrogancia orgánica –es decir, cuando no se encuentre el titular del Seremi de Seguridad, quien debiera subrogar– es el Seremi de Justicia, esencialmente porque los Seremis de Justicia poseen funciones afines. Entre otras cosas, están a cargo de Gendarmería, Reinserción Juvenil o SENAME, y de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en la región.
Recordar que el Ejecutivo ha procurado llevar a cabo el propósito de este Congreso. El Congreso ha solicitado que quienes ejerzan el cargo en condición de titulares cuenten con tres años de experiencia en materia de seguridad o afines; si no es posible acreditar dicho periodo, deberán tener seis años de experiencia profesional. En consecuencia, aquellos casos en los que se esté ejerciendo de manera transitoria la función de Seremi de Seguridad, desempeñándola como Seremi de Justicia, se debe a que la subrogancia es orgánica. El Ejecutivo se ha propuesto contar con los titulares a más tardar dentro de la primera quincena del mes de mayo.
Uno de los desafíos que tiene el Ministerio de Seguridad, vuestra señoría –tanto a nivel regional como nacional– es respetar el propósito perseguido por este Congreso de dotar equipos de carácter técnico, lo cual supone un compromiso colectivo en la implementación del Ministerio de Seguridad. El primero de estos desafíos es asignar a las personas que llegan al Ministerio –en su mayoría traspasados y en número relativamente acotado– cargos de responsabilidad en política pública permanente. Por ejemplo, en el caso de la unidad estratégica, clave en el Ministerio de Seguridad Pública, se busca atraer profesionales con el perfil adecuado. El segundo desafío, en el caso de las regiones, es que los procesos vinculados a las competencias estén en manos de autoridades con experiencia, para evitar problemas institucionales.
Uno de los problemas que el Ejecutivo ha querido prevenir es la alteración en la continuidad del servicio público, dado que la creación del Ministerio de Seguridad implica retirar competencias de un organismo que, hasta hoy, tenía asignadas dichas funciones, a saber, el Ministerio del Interior. A nivel nacional, este organismo probablemente cuente con una estructura administrativa más sencilla, pero a nivel regional se requieren esfuerzos colaborativos significativos entre delegados y nuevas autoridades. Lo que no debe ocurrir es la existencia de disputas entre autoridades en cuestiones esenciales, tales como la continuidad de las funciones en materia de seguridad y, especialmente, la señal directa a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Hasta ahora, ese ha sido el principal propósito del Ejecutivo, lo que justifica la modalidad adoptada para las regiones.
Comprendo las críticas formuladas; sin embargo, es mi responsabilidad señalar que esta es la alternativa elegida para asegurar la continuidad del servicio público y contar con los titulares en el mes de mayo, evitando así cualquier interrupción en el funcionamiento de dicho servicio.
En segundo lugar, como vuestra señoría, probablemente ya me han escuchado en otras intervenciones, y dada la magnitud del desafío que implica la instalación del Ministerio de Seguridad, no existe marcha blanca. En consecuencia, se han venido ejecutando aquellas políticas en materia de seguridad que, hasta ahora, provenían del Ministerio del Interior. En el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito ha habido plena continuidad y, en el caso de la Subsecretaría del Interior –de la cual se está llevando a cabo un desglose, ya que en el Ministerio del Interior se está ejecutando una reestructuración que implica coordinación interministerial desde la CECPRES y estudios provenientes de la misma– ello implica una transformación del Ministerio del Interior en su conjunto.
de gobierno. Lo digo por lo siguiente: el propósito en los meses que siguen es que yo, a vuestras señorías, tenga que comparecer ante esta comisión en el mes de junio a rendir cuenta. El Ejecutivo, en esto, quiere fijar inmediatamente el criterio, dado que la ley señala que la rendición de cuentas se efectúe semestralmente, incluso cuando el tiempo transcurrido sea reducido, y que la rendición de detalles se realice según lo acordemos en el mes de junio.
Pero, desde ese punto de vista, existen algunas cuestiones prioritarias. Una de ellas, identificada conjuntamente con la Policía, es el establecimiento del sistema de seguridad pública. Recuerden, vuestra señoría, que uno de los aspectos más significativos de la ley que sus señorías aprobaron en la creación del Ministerio de Seguridad Pública no es simplemente la creación de un casillero en la Administración Pública, sino que se trata, ante todo, de un modelo de gestión pública distinto en materia de seguridad.
Hay una serie de iniciativas, que formaban parte de fuerzas de tarea o grupos de coordinación elaborados mediante resoluciones exentas, y que, con la creación de la ley del Ministerio, ahora constituyen una estructura permanente. Una de ellas tiene que ver con el sistema de seguridad pública, que, recordemos, es un mecanismo de coordinación tanto pública como público-privada, con modalidades que van desde comisiones y comités hasta fuerzas de tarea. De igual modo, está dentro de esa estructura prioritaria el Centro de Coordinación Policial (CICPOL). Es voluntad del Ejecutivo que el CICPOL se instale este año y, por lo tanto, que su primer oficial general pueda ser nombrado, ojalá, en la primera parte del segundo semestre del presente año.
El tercer aspecto, relevante desde el punto de vista reglamentario, tiene que ver con las transferencias de información. Uno de los elementos que ustedes aprobaron en la ley —quizá una de las competencias robustas para el diseño de política pública basada en evidencia— es que el Ministerio de Seguridad Pública obtiene amplias facultades para requerir información, con el propósito de diseñar políticas y estrategias operativas en base a evidencia. Hasta ahora, el Ejecutivo considera que estos tres temas —el sistema de seguridad pública, las unidades de coordinación, cooperación y colaboración del CICPOL, y el sistema de transferencias de información— pueden abordarse en un solo reglamento. De hecho, los equipos de implementación del Ejecutivo ya han trabajado en un borrador de reglamento y de texto, el cual será sometido a conocimiento de las autoridades vinculadas al sistema de seguridad pública en las próximas semanas.
Muy agradezco la consulta. Luego de ésta, no tengo inconveniente en acudir para explicar el contenido y el diseño del sistema de seguridad pública, incluyendo la concepción del funcionamiento del Centro de Coordinación Policial. Cabe señalar que en este proceso ha existido una cooperación y un entusiasmo abierto, no solo por parte de las policías, sino también de servicios públicos clave para el funcionamiento del sistema, como Aduana, Impuestos Internos, la Comisión de Mercado Financiero y los reguladores financieros en general. Asimismo, hay otros actores que debemos incorporar, quienes desempeñan roles relevantes en fuerzas de tarea específicas, como podría ser el Servicio Agrícola y Ganadero, u otros que pudieran afectar ciertos sectores productivos.
Por ejemplo, recientemente sostuvimos una reunión con el Consejo Minero para abordar de forma concreta aquellas situaciones que pueden estar afectando algunas operaciones mineras. El propósito del Ejecutivo, respecto a estos tres temas unificados en un reglamento, es lograr que dicho reglamento sea ingresado a la Contraloría a más tardar en el mes de junio del presente año, de modo que se proceda a la toma de razón en los meses siguientes. Lo más relevante no es solo la operación del sistema de seguridad pública, sino que, dado el rol del trabajo integrado de ambas policías y del CICPOL, el Ejecutivo aspira a implementarlo a partir del tercer trimestre del presente año. Del mismo modo, como bien conocen, existen mandatos específicos de la ley: en el caso de los reglamentos, se establece un plazo de un año, razón por la cual el Ejecutivo se ha exigido ingresarlo en el mes de junio. Además, hay otros reglamentos importantes —como el Reglamento Orgánico del Ministerio, que permitirá administrar el Ministerio con este reglamento operando, y el certificado de pertinencia para las inversiones de las policías, respecto del cual ya existen normas que pueden seguir desarrollándose.
Muchas gracias.
Vuestras señorías, establecieron un plazo en la ley que está vinculado al sistema de seguridad ciudadana, la Ley de Protección, y en ese sentido el Ejecutivo desea ingresar a ese proyecto a más tardar en el mes de junio del presente año. Se trata del proyecto que crea el Sistema de Protección Ciudadana, el cual busca, entre otras cosas, el régimen unificado, el número único de emergencias y otros asuntos similares. Ese proyecto tiene un plazo de ocho meses desde que fue publicada la ley, aunque el Ejecutivo considera relevante poder ingresarlo a más tardar en junio.
Los equipos del Ministerio se encuentran trabajando en estos dos aspectos, que son claves para la implementación del sistema. En lo demás, vuestras señorías, los equipos de la Subsecretaría de Seguridad Pública se han ido conformando progresivamente con el traspaso del personal que proviene de la Subsecretaría del Interior. Contamos con la ventaja de que algunas de esas unidades ya estaban en operación, y otras unidades de staff es necesario readecuarlas. En el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se mantiene, más o menos, su estructura y el personal, solo para que ustedes tengan un orden de magnitud. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con una dotación máxima de 838 funcionarios a nivel nacional, según la dotación autorizada; sin embargo, cabe recordar que 577 provienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son personas que se traspasan, y 261 de esos cupos serán destinados a la Subsecretaría de Seguridad Pública, traspasados desde la Subsecretaría del Interior. En consecuencia, no se han creado cargos nuevos de forma exclusiva, sino que se ha producido un traspaso significativo de funcionarios en esta etapa.
Quisiera cerrar con dos ideas que considero relevantes para que las tengan presentes. La primera es que el Ejecutivo tiene plena convicción de que en las etapas de instalación se definen los éxitos de implementación y, en gran medida, el futuro de las instituciones. Tomar las decisiones correctas en el momento oportuna depende en un 50% de la aprobación de la ley y en un 50% de su implementación. Por ello, en el caso del nombramiento de los titulares, el Ejecutivo ha sido especialmente cuidadoso de no anunciarlos de inmediato, sino de tomarse un mes y medio para tomar dichas decisiones, permitir la conformación de las ternas por parte de la delegación y transmitir un mensaje que ya ha circulado internamente en el Gobierno; no obstante, no tengo inconveniente en hacerlo público ahora.
La etapa de instalación del Ministerio de Seguridad Pública es clave para el país. Los beneficios del Ministerio se verán en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, la relevancia radica en seguir ejecutando las acciones operativas que han dado buenos resultados, pero, sobre todo, en garantizar el cumplimiento efectivo de la instalación del Ministerio. Esta instalación supone el cumplimiento de un perfil determinado y no la compensación a partidos con nombre y apellido, lo que considero la forma adecuada para alcanzar el éxito.
¿Por qué es relevante este asunto? Porque, en mi caso en particular –y prefiero ser transparente con ustedes, vuestras señorías– no niego que los temas de seguridad son cruciales en cualquier periodo eleccionario, no solo en Chile, sino en diversas partes del mundo. La convicción que ha llevado a este equipo a aceptar la instalación del Ministerio de Seguridad Pública radica, fundamentalmente, en no dejarse llevar por la contingencia y en garantizar que dicha instalación sea útil para el mediano y largo plazo en la adopción de políticas públicas basadas en evidencia. Por ello, la primera iniciativa fue la entrega del Informe Nacional de Homicidios Consumados, donde se exponen los datos; posteriormente podremos discutir sobre la causalidad, la correlación y qué mejoras implementar en función de esos datos, dada la extensa evidencia disponible.
Finalmente, y atendiendo a otro de los aspectos que la Presidenta me había solicitado en la invitación, sin perjuicio de responder a todas las consultas que vuestras señorías puedan tener respecto de los proyectos liderados por el Ministerio de Seguridad Pública, es importante destacar que hemos llevado a cabo un trabajo de separación, pero también de cooperación con el Ministerio del Interior.
Son liderados, por cierto, por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Ahí está arreglado el uso de la fuerza, la seguridad municipal, el bono de la Policía de Investigaciones y el nuevo ingreso, al igual que en el caso de estadios seguros. Esto explica que tanto la subsecretaria de Aleitado como el subsecretario Cullado no me acompañan hoy, porque en paralelo están en dos proyectos de ley, ambos en el Senado. Hay otros proyectos de ley que son propiamente de interior; sin embargo, en ellos se abordan aspectos de seguridad, algunos de los cuales, en mi labor anterior, yo venía desarrollando y que seguirán siendo trabajados conjuntamente, siendo prioritarios para el Ejecutivo más que para el Ministerio. Uno tiene que ver con la inteligencia del Estado, que debiera estar próxima a la tabla de la sala de esta Honorable Cámara de Diputados y, por lo tanto, provocar pronto la mixta para ese proyecto; la inteligencia económica, que vuestra señoría ya tiene a su disposición y debiera verse en esta comisión en particular, siendo un proyecto clave en materia de combate al crimen organizado. Y luego está el fortalecimiento del Ministerio Público, así como su contraparte territorial, que, aunque son proyectos de justicia, resultan relevantes para la agenda de seguridad y en los que el Ejecutivo trabaja conjuntamente.
En términos generales, eso es lo que he podido resumir, brevemente, de lo acontecido hoy.
Mañana se va a cumplir una semana; me parece muy bien. Solo quiero reivindicar una cosa: la confianza y el derecho administrativo son clave para que esto funcione. A usted le encanta, todos lo sabemos, pero simplemente reivindico lo que es justo. Muchas gracias, señor ministro.
Ofrezco la palabra al diputado Chalper, quien me la había pedido en primera instancia.
Bueno, gracias, Presidenta. Saludo, por supuesto, al ministro de Seguridad Pública. Muy breve: yo creo que, efectivamente, el derecho administrativo es clave para el funcionamiento de este ministerio, pero especialmente para aquellos de nosotros que optamos —aunque no fue del todo compartida la opción— por jugársela en una instancia exclusivamente dedicada al tema de seguridad pública desde los ministerios. Exigimos que no nos quedemos solo en el derecho administrativo. Lo que necesitamos, Presidenta, es una instancia con gestión policial de excelencia, con capacidad para la conducción de las policías. Yo se lo iba a recordar, pero qué bueno que el Ministro lo hizo, ya que la ley establece la obligación del Ministro de rendir cuenta a esta comisión con cierto nivel de periodicidad. A mí me habría gustado, para serle franco, que hubiéramos llegado a contar con una estrategia de seguridad. Entiendo que son pocos días, pero, para mí, la estrategia de seguridad no tiene que ver solamente con la dictación de potestades reglamentarias y el traspaso de personal; está muy bien esa dimensión de la tarea, pero la principal es saber cuáles son los indicadores de gestión que este ministro y su ministerio deben exigirse en prevención, control y persecución penal, en todo aquello relacionado con las atribuciones que pueden tenerse. Esperaríamos una estrategia.
Presidenta, si me disculpa, porque sé que este secretario es muy impetuoso, le pido que nos ayude a llevar esto a cabo y que, ojalá, podamos tener una sesión en la que, junto con los administrativos, se nos explique qué se va a hacer en lo ejecutivo. ¿Se fija? Porque, en el fondo, eso es muy relevante para que, cuando hagamos la rendición de cuentas, pueda ocurrir así.
Presidenta, yo entiendo la argumentación, a través de su intermedio, del Ministro respecto a la diferencia entre el interino y el titular. Él es mucho más entendido en temas de derecho administrativo que yo, por supuesto, pero da la impresión de que el interino debe cumplir con los requisitos del titular y aquí tenemos tres que no se cumplen: básicamente, el de Arica, el de la Región Metropolitana y el del Bío-Bío. No se cumplen porque, a ver, una cosa es que nos digan —y usando una expresión que él mismo ha empleado— que podemos expresar la norma de tal forma que los tres años de experiencia profesional también cuenten como experiencia en el ministerio. Si lo que en definitiva pretendíamos, al hacer una distinción entre la experiencia profesional y, por decirlo así, la experiencia propiamente jurídica, era pensar en personas que hubiesen tenido un desempeño profesional, ya sea en algún rubro académico o en lo que fuera, por tres años. Por eso se hizo la distinción. Entonces, en nuestra opinión, Presidenta —y de hecho creemos que es bueno que se aclare, porque de lo contrario esto se trataría de ir zanjando interpretaciones que nos podrían servir en el futuro—, esto tendremos que escalarlo a la Contraloría para que nos diga si, efectivamente, en el caso de Arica, de la Región Metropolitana y del Bío-Bío, que no cumplen con uno de los requisitos —es decir, lo establecido en la letra E del artículo 24— corresponden o no para que sigan en su cargo.
No, Charles, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted quiere pedir un oficio?
No, no, no, yo haré una presentación. Yo haré una presentación. Pero una vez que termine, el diputado… sí, haré una presentación que tenga éxito. Oiga, y en ese marco, y en ese marco, Presidenta, por su intermedio, si me permite el diputado ahora ya terminar. Si me permite… Gracias, Presidenta.
Y, por último, por lo menos para este diputado es muy importante, Presidenta, que se considere mucho más al Consejo Asesor en materia de seguridad. Yo quiero decirlo con mucha responsabilidad. Ese fue un compromiso que asumió el Presidente de la República a solicitud de una oposición, y yo me siento absolutamente estafado por el Presidente de la República, porque los han puesto ahí en una posición supuestamente influyente: prácticamente no se les pide opinión, se les cita para sesionar tarde, de manera inadecuada, y lo que habíamos pensado era que iba a ser una buena instancia para acreditar y dar confianza a las decisiones de seguridad. Y yo, Presidenta, se lo quiero decir con mucho respeto al Ministro; espero que eso cambie bajo su administración, porque se constituyó un equipo experto que busca validar la toma de decisiones y la verdad es que prácticamente no se les ha citado para nada, más que para un par de citaciones cosméticas. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Chalper. Diputado Longton.
Muchas gracias, Presidenta. Ya que la Diputada Plasencia hizo alusión al tiempo, trataré de ser más breve. Primero, daré la bienvenida al Ministro de Seguridad. Algunas cosas: nos enteramos de cifras en materia de homicidio y otros delitos de connotación social, y sorprende la poca periodicidad en la entrega de las cifras en relación a esto, que está regulado en la ley del Ministerio del Interior, particularmente porque desde septiembre del año pasado no teníamos noticias respecto a la medición de los homicidios.
Llama la atención, Ministro, la falta de coordinación que hay con respecto a otras cifras que se entregan públicamente y que tienen un método de evaluación, de seguimiento y de transparencia, en particular las cifras del STOP o las que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es decir, ustedes hacen un consolidado con distintas instituciones y la verdad es que no hay manera de hacerle seguimiento o medir de qué manera se realizó aquello, como si existiera una herramienta legal del STOP, que, además, arroja cifras muy distintas.
Y lo otro, Ministro, y esta es una crítica más política, es que parece haber una complacencia, una satisfacción respecto a decir que se ha estabilizado y que vamos con tendencia a la baja. Porque la verdad es que, cuando uno ve las cifras –del 2018 a la fecha, en la región de Valparaíso han subido casi un 85% los homicidios–, entonces cuando dicen “vamos con tendencia a subir y nos estabilizamos”, no comparemos el 2018 con el 2022, ni con el 2023 ni con el 2024, porque son las cifras históricamente más altas en la historia de nuestro país.
Entonces, lo que yo me abocaría es precisamente a qué se va a hacer para disminuir ostensiblemente esa cantidad de homicidios que vivimos a diario y anualmente en nuestro país, particularmente considerando la cantidad de recursos que se han destinado en materia de seguridad aprobados por este Congreso y la cantidad de proyectos. No se relaciona la cantidad de recursos ni los planes implementados con la baja en la cantidad de homicidios que, en la práctica, se debería tener en cuenta ante ese esfuerzo que ha hecho el Congreso.
Y, por último, quiero reforzar lo que dijo el diputado Charles P. Sutter en atención a los requisitos. Cuando nosotros incorporamos –y yo estuve, en su momento, como presidente de la Comisión de Seguridad– el requisito de que tuviera experiencia en el ámbito de la seguridad, era necesario que se desempeñara en un área afín. La experiencia en la administración de justicia, indirectamente, puede tener alguna relación, pero no directamente con la seguridad, porque para eso estaba el Ministerio del Interior y, ahora, el Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, el señor Jaime Fuentes, de la región metropolitana, se tituló en el año 2019, por lo tanto, no tiene seis años de experiencia profesional; eso lo tenemos absolutamente claro. Entonces, lo más probable es que se le nombró considerando tres años de experiencia en el ámbito de la seguridad.
Y la verdad es que la única experiencia en el ámbito de seguridad que él ha tenido ha sido como abogado de aquellos a quienes se reputaba como presos políticos, promoviendo la Ley de Indulto General, intentando favorecer a presos políticos y, además, defendiendo a una persona que hoy día está prófuga de la justicia, quien, además, visitó la cárcel conjuntamente con el Presidente de la República, el señor Nicolás Piña. Entonces, la verdad, Ministro, es que esa persona tiene antecedentes que no lo acompañan para poder resguardar la seguridad de manera eficiente para los chilenos.
Me parece que este y los otros ejemplos revelan que se tomó una decisión sin claridad en sus fundamentos, y nos gustaría que usted nos explicara, porque claramente acá puede haber una infracción legal que podría determinar la Contraloría, más allá del mérito que usted haya estimado que tenga esta persona, y nos gustaría también que se refiriera a ello. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Longton. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta.
Bueno, saludar al ministro, la verdad es que me parece muy útil que, desde el comienzo de la instalación del ministerio, tengamos la posibilidad de contar con su presencia. Yo, antes de formular una opinión acabada, quisiera preguntarle algunas cosas derivadas de su exposición.
Lo primero es respecto del traspaso de causas que llevaba el Ministerio del Interior –por ejemplo, querellas– al Ministerio de Seguridad, que en este caso deberían recaer en las ceremonias. Entiendo que el traspaso ha sido rápido, por lo que sería bueno saber cómo se está llevando a cabo para que sea efectivo.
Lo otro es que, independientemente de que el ministro tenga que venir a dar cuenta al Congreso sobre su gestión y sobre algunos de los resultados que esperamos sean exitosos para la seguridad de nuestro país, me interesa saber si podríamos agendar, Presidenta, una serie de sesiones temáticas y precisas sobre cómo ha ido avanzando el Plan de Control de Armas y, en otra sesión, sobre cómo avanza la política nacional contra el crimen organizado, que debo recordar es creación de este gobierno ante una necesidad del país que antes no se visualizaba. Necesitamos conocer, asimismo, cómo ha avanzado el Plan Nacional de Seguridad Pública que fue elaborado a inicios del gobierno. Hemos tenido algunos, digamos, estados de avance, pero creo que sería bueno saber cómo, al menos en estos tres temas –políticas de corto, mediano y largo plazo– las está asumiendo a partir de hoy el Ministerio de Seguridad como ministerio especializado.
Presidenta, sería bueno que pudiéramos agendarlas, porque creo que eso daría claridad justamente a quienes, más allá de la buena intención o la necesidad de plantearse públicamente con una opinión crítica respecto de la instalación, pareciera que no han estado haciendo el seguimiento de cómo ha avanzado la política pública en materia de seguridad, es decir, de los planes. No me va a cortar la palabra ahora; debo señalar que no es la primera vez que interrumpo. Presidenta, para concluir, creo que es importante que esta comisión haga un seguimiento y que no se actúe como si todo comenzara desde cero, ya que no es así. Además, deberíamos analizar en una sesión el informe consolidado de homicidios del 2024 en comparación con los años anteriores, en la medida de lo posible, pues entendemos que hay diferencias entre el 2023 y el 2024 en cuanto a la desagregación por comunas, algo que antes no existía. Entonces, sería bueno, Presidenta, llevar un seguimiento específico de este tema, ya que insisto en que la política pública debe ser monitoreada y nosotros, como colaboradores en su desarrollo, debemos tenerlo claro.
Gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Comenzaré saludando al ministro del nuevo Ministerio de Seguridad, así como a los colegas presentes, y agradezco la oportunidad de exponer ahora. Quiero expresar mi agradecimiento al ministro, ya que me aclaró ciertas situaciones que, lamentablemente, al ser anunciadas por la prensa a nivel regional, generan mucha especulación, particularmente respecto a la designación de una interina encargada de la implementación del ministerio en la Región de Valparaíso.
Asimismo, tengo preguntas que se desprenden de su presentación por intermedio del ministro, quien indicó que los trabajadores de prevención del delito serán los que integren el equipo; me gustaría saber si serán contratados directamente o si provendrán del Ministerio del Interior, y dentro de eso me gustaría saber si...
DIPUTADO:
Tiene algún filtro de expertise, como también, ¿no es cierto?, años de experiencia respecto a la seguridad. Se lo digo principalmente preocupado porque, en mi región, la estadística indica que el año pasado se registraron 134 homicidios, ubicando a la región en segundo lugar después de la Región Metropolitana en este aspecto. Nos preocupa mucho esa situación.
Por otra parte, aprovechando la instancia, le solicito, por su intermedio, Presidenta, que el Ministro priorice una iniciativa legal que tengo en esta comisión, la cual versa sobre la fabricación, transporte y utilización de miguelitos. Creo que representaría un tremendo aporte para que se trate y se implemente a la mayor brevedad, y para ello necesitamos su apoyo.
Aprovechando que el diputado Chalper ya abordó este tema, me gustaría que la información sobre la implementación se entregue región por región, considerando que cada una tiene realidades distintas. Cabe destacar que la Región de Valparaíso – la cual represento – ocupa el segundo lugar en homicidios, sólo superada por la Región Metropolitana.
Por último, Presidenta, por su intermedio solicito que se aclare la estrategia del Ministro respecto a las contingencias actuales, habiéndose manifestado que no estaba preocupado por ellas. Muchas gracias, Diputado Teado. Diputado Cristian Araya.
DIPUTADO CRISTIAN ARAYA:
Gracias, Presidenta. No sería tan sofisticado como lo expusieron mis colegas y agradezco el análisis que realiza el Ministro en la implementación administrativa del nuevo ministerio, del cual no estuve de acuerdo en su creación y sigo creyendo que fue un error. Considerando la teoría de los dos factores de Herzberg, que diferencia lo higiénico de lo motivacional, Ministro, usted enfrenta un tremendo desafío en materia de seguridad.
Hoy se registra una reducción de cerca del 60% del presupuesto destinado a la adquisición de uniformes para Carabineros. Se ha puesto término a licitaciones de botas de montaña, poleras operativas, tenidas de salida, parkas de campaña, entre otros elementos. Nos preocupa que los 58.000 Carabineros que están en la calle, si no cuentan con pantalón, camisa o buenas botas, se vean desprotegidos. Lo que en teoría se define de manera interesante en papel, en la práctica no se logra implementar, y las deficiencias –como las de, por ejemplo, una bota en malas condiciones– acabarán superando cualquier buena voluntad acumulada en esta mesa.
En relación a las reducciones presupuestarias y a las decisiones adoptadas en este ámbito, cabe destacar que, históricamente, se reemplazaba únicamente el 58% del equipamiento, mientras que ahora se ha reducido al 22% de la dotación destinada para estos fines. No sé si se pueda referir a algo tan importante y apremiante para los funcionarios. Muchas gracias.
DIPUTADO LEAL:
Gracias, diputado Araya; gracias, Presidenta; señor Ministro. Mire, quiero ser muy respetuoso, pero me siento estafado con este tema de las Seremis y le voy a explicar por qué.
Durante la discusión se generó una polémica respecto a las figuras regionales. Si se establecían Seremis, se dejaban de lado a los delegados; al final, voté en la comisión para que se designaran Seremis en cada región, quienes actuarían como representantes del Ministro con facultad de mando sobre las policías. No obstante, se nos aseguró que se asignaría gente competente.
En mi región, en Araucanía, la Seremi López Videla – quien es una gran periodista, sin perjuicio a ello – en materia de seguridad, Ministro, no demuestra la competencia necesaria; ¡nada, cero! Este acuerdo fue aprobado hace tres meses. ¿No habría sido posible, en ese lapso, buscar un Ceremi competente? Preferiría contar con una persona experta en seguridad, considerando que el gobierno sabía desde hace tiempo que había que implementarlo. Si en dos o tres meses no fueron capaces de designar un Ceremi por región, ¿se considera este tema una prioridad o, por el contrario, el gobierno opta por nombrar a cualquier persona? Se lo digo respetuosamente, Ministro, pues esta situación ha causado un considerable malestar, al menos en la región que represento y, seguramente, en otras también.