Presidente, tenemos dos documentos en la cuenta. El primero es una solicitud de audiencia de la presidenta de la Fundación Emilia, señora Carolina Figueroa, mediante la cual se solicita exponer ante la comisión respecto del proyecto de ley que modifica la ley 18.290 y otros cuerpos legales que indica, para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. Y en segundo lugar, una excusa del presidente de la Asociación de Municipios Rurales Amur, señor Jaime Escudero, mediante la cual señala que no podrá asistir a esta sesión por compromisos adquiridos con anterioridad.
Muy bien, muchísimas gracias.
Entrando en la orden del día, en la oportunidad de hoy me ha solicitado la presidenta titular, senadora Gimena Órdenes, que pueda presidir como integrante. Vamos a abordar, en primer término, la exposición del presidente de la Asociación de Unión de Condominios Sociales de Viña del Mar, que está presente, don Iván Mardones, sobre el problema relacionado con los cables y antenas adosadas a la fachada de los edificios y espacios comunes. Y en segundo lugar, vamos a proseguir el estudio de la ley, que modifica la 18.290 para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y otras materias relacionadas que tienen urgencia simple. Por lo cual, contamos con la presencia del subsecretario de Transportes, Jorge Daza, y de otros invitados que nos van a acompañar, como la Unión de Asociación de Chile de Municipalidades y el Antumón Club de Chile, también en esta oportunidad.
Si le parece a don Iván Mardones, entonces le otorgamos diez minutos para que, en síntesis, exponga el punto y formule algunas preguntas. Por favor, señor Mardones.
Buenos días, señor presidente. Primero que nada, recibo un cordial saludo de nuestros asociados, que son los condominios sociales de Yerma, y me acompañan en esta oportunidad dos dirigentes: la señora Ayanna Castillo, que es nuestra secretaria, y la señora Catalina Lagraña, que es nuestra directora. Quiero agradecer la oportunidad, ya que para nosotros es muy importante esta presentación. Con su permiso, señor presidente, voy a hacer la presentación de rigor.
Bienvenidos, senador Kuzanich y senador Bianchi, por favor, tengan cuidado. Estamos con quórum para proseguir la sesión formalmente de la Comisión de Transporte. Tiene la palabra el señor Mardones.
Muchas gracias, señor presidente. Comenzamos nuestra exposición, indicándole que durante los años 2016 y 2018, diversos condominios sociales presentaron proyectos de mejoramiento a través del Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estos proyectos están destinados al mejoramiento de chumbres, cierres perimetrales, instalaciones y de iluminación, y hoy venimos a exponer el tema y las dificultades que nos encontramos respecto de las fachadas de los edificios.
Tuvimos grandes problemas, ya que muchos condominios postularon a acondicionamiento térmico, a estuco y a otra pintura, y la verdad es que nos encontramos con las siguientes situaciones, que voy a exponer inmediatamente en base a las imágenes. Acá, lo que se muestra en este momento es que se está regresando el proyecto de mejoramiento y, como ustedes pueden ver, hay una cantidad importante de cables en la fachada que se tuvieron que retirar en su gran mayoría, lo que impidió que los trabajos se ejecutaran normalmente.
Entonces, esa problemática la llevamos a la empresa de telecomunicaciones; en su oportunidad acudieron, pero de manera esporádica, y no realizaron todos los retiros. Lamentablemente, las empresas que estuvieron ejecutando esos trabajos dejaron algunos cables dentro del acondicionamiento térmico, produciendo unos puentes térmicos que no son ideales para el desarrollo del mejoramiento del condominio.
Acá son algunas imágenes de cómo estaban los edificios en esa época. Ustedes podrán comprender y darse cuenta de la cantidad de antenas y cables que hay y que había que despejar la fachada para poder realizar el trabajo, y eso en todo el sector de Miraflores, en Viña, en Valparaíso y en todo Chile. Nosotros hicimos una exposición en el año 2018 en esta misma comisión exponiendo las mismas situaciones. En ese tiempo teníamos la incertidumbre de cómo solucionar el problema y fuimos avanzando en ese tema para poder resolverlo.
Aquí les acompaño otras imágenes más de otros condominios para que la Comisión tome causa en el sentido de qué tan grave es para nosotros este asunto. Acá tienen otras imágenes de respaldo. Como ustedes pueden ver, el problema es bastante grande.
A continuación, vamos a hacer una cronología de las gestiones que hemos realizado nosotros, esta asociación, desde esa época. Estas fotografías corresponden a la primera vez que acudimos a esta Comisión, justamente para tratar este tema, que fue el 19 de diciembre de 2018. Bueno, expusimos largamente esta situación y, con el tiempo, no se vieron las condiciones como para ir avanzando; en realidad, no tuvimos la respuesta necesaria para poder desarrollar una solución.
Después, el siguiente año nos invitaron a Santiago y expusimos ante la Comisión de Vivienda la misma situación. En esa audiencia nos enteramos que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones estaba elaborando un proyecto de retiro de cable en desuso, la ley 21.172. Leímos el proyecto de ley y, a pesar de que indicamos y manifestamos ante dicha Comisión que los condominios sociales también deberían estar integrados en esta ley –no veníamos incorporados–, gestionamos a través de los parlamentarios de la zona para lograr, antes de que se promulgara la ley, alguna indicación que nos permitiera incorporar a los condominios sociales y poder hacer el retiro también de los cables de desuso en la fachada de los edificios.
Fue así que, el 18 de junio de 2019, en sesión de sala y prácticamente casi en último momento, para la gran exposición que realizó el parlamentario en ese momento, se nos permitió incorporar a todos los condominios a nivel nacional en este proyecto de ley. Para nosotros fue muy satisfactorio.
Sin embargo, aquí surge la inquietud con respecto al reglamento. El reglamento lleva seis años y aún no lo tenemos; no sabemos cómo será elaborado y tampoco hemos tenido participación alguna en su formulación para saber si nuestras soluciones vienen por ahí.
A continuación, les vamos a mostrar algunas gestiones que hemos realizado durante este tiempo para ir solucionando el tema que exponemos en este momento. La verdad es que no hemos tenido muchas soluciones, y las imágenes demuestran claramente que hemos acudido a todas las instancias para tratar de resolverlo, incluso durante la pandemia, a través de Zoom.
Quiero explicar que, dentro de toda la iniciativa para solucionar este problema, surgió fruto el 4 de mayo, previa solicitud de audiencia con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, para tener una audiencia con él. Afortunadamente, hubo un progreso importante para nosotros, porque se desarrolló un proyecto para hacer el retiro de todos los cables en desuso que estaban, incluidos en nuestra asociación, en un total de 28 condominios. Se realizó el retiro en 28 condominios sociales.
La imagen a la derecha corresponde a la reunión que tuvimos con la empresa Telecomunicaciones, Subtel, la delegación presidencial y la asociación a quien yo represento. A su izquierda están las mismas autoridades en terreno. Se elaboró un plan muy importante que duró prácticamente ocho meses, en el que se coordinó con Subtel y la empresa Telecomunicaciones, condominio por condominio, para hacer el retiro de cable en desuso.
A continuación les voy a mostrar algunas de las imágenes que tuvimos nosotros dentro de las centenares de imágenes que tenemos. Tratamos de hacer lo más simple posible para ver la magnitud de la ejecución de las obras y de los trabajos. Ahí, como ustedes pueden ver, es una muestra de lo que se estaba extrayendo en ese momento en un condominio y del trabajo que ejecutaban las diferentes empresas de telecomunicaciones. Aquí estamos mostrando el despliegue de los funcionarios y de cómo estaban sacando los cables para que ustedes se den cuenta de que no es poco el cable que hay en la fachada de los edificios, es muchísimo.
Acá, en otros condominios, Subtel nos envió un informe final para indicarnos la magnitud de lo retirado. Como ustedes pueden ver, se extrajeron 17.215 metros de cable, 1.620 kilos de acometidas (que son los cables que van de los postes hacia los edificios), 951 kilos de cable y se retiraron 266 antenas domiciliarias, sin contar a tres condominios que se realizaron a posterior.
Pero creo que queremos demostrar con ustedes que, quizás, el camino del retiro consiste en retirar el cable en desuso de la fachada de los edificios. Más adelante les voy a explicar que es otro problema que nos aborda en esta ocasión por la cual hemos venido a esta comisión.
Nosotros oficiamos a Subtel con respecto a la ley 20.808. Leímos la ley y la analizamos dentro del texto que les indicamos. El tema que nos molesta es que se nos dice que tenemos que solucionarlo, porque estamos bajo la ley de copropiedad. La consecuencia de esto es que, cuando las empresas llegaron a la fachada de los edificios, estos eran poblaciones y no condominios. Entonces, ahora, como somos condominios, estamos bajo la ley de copropiedad, somos privados y, por lo tanto, quien resuelve somos nosotros. A quien correspondía pedirle que nos resolviera esta situación eran las empresas de telecomunicaciones. Hablamos con ellas durante el retiro y la pregunta puntual que hicimos a Subtel fue: ¿por qué la ley es diferente para uno y para otro? Si bien es cierto que los condominios que se están construyendo ahora vienen con una normativa diferente –que incluye la canalización de los cableríos y redes húmedas que tampoco tienen los condominios que representamos– nos molesta el hecho de que, dado que las instalaciones ya están, las empresas de telecomunicaciones no quieran responder para el ducto único. Se supone que hay un negocio de estas empresas y, como tal, ellas tienen que responder a sus clientes, pues usan la fachada de los edificios como una central de telecomunicaciones para repartir luego la conectividad a los departamentos.
¿Qué es lo que andamos buscando con esto? Que la empresa se haga cargo, como proporcionadora de la tecnología, generando las instalaciones eléctricas suficientes sin ocupar la fachada de la manera más decente posible. Entonces, aquí surge un problema: ¿es la ley realmente equitativa para todos? Porque, para nosotros, está siendo completamente indiferente. Nosotros ya solicitamos a la empresa que asumiera esta situación y se negaron, ya que para ellos significa una inversión considerable; hablamos de millones y millones de pesos a nivel nacional, pues la representación que estamos haciendo no es solamente por una asociación, sino porque afecta a todos los condominios sociales.
En esta misma situación, aquí está el oficio que se adjunta a lo que mandamos a la Comisión en respuesta a la Subtel, y el oficio que le mandamos nosotros a través de la plataforma OIR. Hasta hace poco nos encontramos con otra sorpresa, que es el tema de las instalaciones de fibra óptica. Un día X, llegó un funcionario de Movistar al condominio de uno de nuestros asociados a hacer un levantamiento, y ese levantamiento consistía en la instalación de la fibra óptica en dicho condominio. Nosotros nos sorprendimos un poco, porque no teníamos idea de ello. Nos pusimos en contacto con los encargados de la empresa y, claro, nos explicaron qué era la fibra óptica—hay tantas cosas que mencionan ellos para beneficio propio. Entonces, yo conversé con el encargado y dijo: “A ver, si ustedes quieren instalar la fibra óptica acá, lo que vamos a pedir es que nos generen el ducto único”, porque, de lo contrario, ellos van a llegar ahora con el cablerío de la fibra óptica a la fachada; y ellos no tienen ningún respeto por la misma, ya que, incluso en los programas de mejoramiento de condominios sociales, se rompe la fachada, se entra por donde se quiere y se van dejando los cables sobre ella. Y acá iba a suceder exactamente lo mismo, si es que no está sucediendo ya en muchos condominios. Generalmente, las personas o los comités de administración que hay en estos condominios no tienen la mayor idea: dejan que pasen y ocupan el espacio como si fuera de ellos, lo que aún no comprenden. Esto hablo en general para todas las empresas privadas, pues estamos bajo la ley de copropiedad y, por lo tanto, somos nosotros los que mandamos y decidimos qué hacer.
De esa última vez que conversamos con la empresa Oned Fibra sobre esta fibra, nunca más aparecieron, nunca más se pusieron en contacto con nosotros, porque, obviamente, ellos entienden que están entrando—como entraron en un principio—en la empresa de telecomunicaciones sin permiso, sin autorización y por donde ellos quieren. Nosotros vamos sumando cosas con el tiempo y, la verdad, esto siempre ha sido desfavorable para nosotros, en el sentido de que la empresa no quiere invertir; y aquí es una constante pelea que tenemos con las empresas de telecomunicaciones.
Este edificio que está ahí le pedimos que pueda ir redondeándose ya, lo más rápido posible. Es un oficio que entrega la Oned Fibra, un documento en el que se pide autorización al condominio y que viene avalado por la SUTEL. Bueno, aquí hay una imagen de algunas incursiones que hemos tenido en los medios de comunicación durante el tiempo, justamente para tratar el mismo tema.
Señor presidente, como le digo, agradezco montones la oportunidad. Lo que queremos, obviamente, es que se respete la ley y que las empresas de telecomunicaciones tengan el ducto único a cero costo para nosotros, pues ellas tienen el negocio. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo a la Comisión es que haga los cambios posibles dentro de la ley de ducto, obligando prácticamente a la empresa a generar esta opción, y que, mientras tanto, se realice un oficio en el que se indique a la empresa de telecomunicaciones que, mientras no instale el ducto único, no podrán ingresar; por lo menos, nosotros no estamos dejando ingresar ni realizando ningún trámite con ellos, porque la verdad es que uno se cansa con tanta injusticia en esto. Es lamentable que las empresas de comunicaciones no tengan la decencia de solucionar este problema. Repito, es un tema de recursos: ellos tienen los recursos y nosotros no los tenemos.
Señor presidente, traté de ser lo más breve posible, y le agradezco nuevamente la invitación y que la Comisión nos haya escuchado. Bueno, sería eso, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted.
El día 7 de enero, esta Comisión trató el Reglamento de la Ley 21.172. Acá se han pedido los ejemplares, de todas maneras, porque hay un tema reglamentario que usted ha aludido y que es muy significativo, pero que trasciende la ley, al encontrarse considerado en un reglamento en el que se estipulan las consecuencias de lo planteado. Hay una sola pregunta del senador Kuzanovic, si le parece, para dejar… Bueno, le agradecemos, don Iván; le vamos a remitir el reglamento a través de la Secretaría y le vamos a contestar formalmente en una nota también los aspectos que ustedes han planteado en lo que a nosotros concierne.
Porque mucho de esto tiene que ver con otras entidades que están viendo las materias del reglamento, en particular que son las cosas que usted aludió. Muy amable, muchísimas gracias y nos deja la presentación, por favor. Adelante. Sí, queda liberado. Muchísimas gracias.
A continuación, vamos al punto 2, en que vamos a escuchar a distintas entidades, partiendo por municipio: Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Verdad? En primer lugar, don Miguel Moreno, don Nicolás Garica, ¿correcto? Gracias a don Iván, de la dirigente, muchas gracias a ustedes, hasta pronto.
Entonces, Asociación Chilena de Municipalidades, sobre el proyecto Ley Jacinta, la unidad de seguimiento legislativo, señor Miguel Moreno y don Nicolás Garica, asesor. Por favor, les damos que sean precisos y, como dicen los dermatólogos, al grano. Los dermatólogos dicen al grano, perdonen mi deformación profesional. Claro, señor. No, no, no, no, no, solo en esa especialidad.
Bueno, don Miguel Moreno. Gracias, presidente, por su intermedio para saludar a todos los senadores integrantes de esta comisión, y dar la excusa de nuestra presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcaldesa Carina Delfino, quien por agenda, por cierto, no ha podido estar presente, pero nos ha encomendado dar a conocer un poco la opinión de este proyecto de ley que venimos siguiendo desde la Cámara de Diputados, donde colocamos nuestras misiones, nuestras ponencias respecto a lo que desde la mirada municipal nos parecía atingente. En ese ámbito fueron recogidas, felizmente, gran parte de nuestras inquietudes y logramos salvar algunas situaciones que nos parecían preocupantes desde la mirada municipal.
No obstante aquello, presidente, ustedes conocen este proyecto de ley, que está en segundo trámite y nace de una moción parlamentaria que busca mejorar y optimizar las capacidades conductivas de quienes, el día de mañana, tomen algún vehículo motorizado a través de la exigencia de un certificado de aptitud física y psíquica que tiene que, digamos, exigírsele para la renovación, o al titular, o al que postule a una licencia de conducir. No es menos cierto que, en este contexto, queremos expresar nuestra más absoluta adhesión a la idea legislativa, entendiendo que mejorar las condiciones conductivas y ofrecer una mayor seguridad le hace bien a la población y le hace bien, digamos, a quien conduce.
Para ello, consideramos que hay algunas dudas que aún emergen y están latentes, como por ejemplo, cuando se habla del seguro de vida, perdón, del seguro de la declaración jurada que tendría que sacar quien opte por renovar o ser titular de una licencia de conducir; la consulta es: hay un costo asociado ahí, y ese costo tendrá que pagarlo quien pretenda renovar una licencia de conducir. El objetivo de esa declaración jurada, la verdad, lo compartimos, pero no el costo de la implicancia que deberá asumir el ciudadano, entendiendo que, a lo mejor, a través de una declaración simple, notarial, que se pueda despachar en el Gabinete de Tránsito Municipal, pudiera ser, digamos, una medida que coayudara a los objetivos de este proyecto de ley.
Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos el tema relacionado con lo que es el certificado de aptitud física y psíquica, que por cierto va a estar radicado su procedimiento en un reglamento que emitirá el Ministerio de Transporte con la Avisación de Salud. No es menos cierto que nada dice si eso va a tener un costo asignado, lo que emita, digamos, el Gabinete de Tránsito Municipal, relacionado con esta materia: dos hechos puntuales, digamos, que creemos necesario que deberían...
Para clarificarse, vía indicación se amerita por algún parlamentario que hiciera factible que el mundo municipal sepa cuál va a ser el derrotero futuro en este contexto y, por último, Presidente, porque ya gran parte de nuestras ponencias fueron recogidas en la Comisión de Obras Públicas de Transporte de la Cámara de Diputados, en la elaboración de la evaluación del certificado de aptitud física y psíquica, que va a quedar radicado en un reglamento que va a emitir el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Estamos, por cierto, asociados con el Ministerio en trabajar en conjunto y sacar, digamos, ese reglamento que no implique costos adicionales al municipio, a los gabinetes de tránsito, porque, al día de hoy, agradecemos al Ejecutivo que haya hecho parte de este proyecto, habiendo sido una moción parlamentaria, pero no es menos cierto que no viene con el informe financiero. Y, si la intención de este reglamento implica alguna modificación en el gabinete municipal de tránsito, naturalmente trae asignado costo, que en alguna medida para la aplicabilidad de la futura ley nos interesaría que quedara definido; pero estamos conscientes de que, en el trabajo armónico con el Ministerio de Transporte, en el reglamento a elaborar, podemos salvar esa situación. Dejamos el punto hecho para los efectos de que esta comisión lo analice y se estime conveniente.
Y, por último, Presidente, y por su intermedio a los senadores presentes, señalarles que estamos absolutamente, como Asociación Chilena de Municipalidades, en la postura de los buenos proyectos de ley, como es este. Queremos impulsarlo. Hemos trabajado con el Ministerio de Transporte mancomunadamente en aquello y, las veces que sean necesarias y que ustedes estimen conveniente venir a colocar nuestra mirada y nuestra visión, estamos dispuestos a realizarlo. Muchas gracias, don Miguel. Le rogamos que hagan por escrito llegar las enmiendas y observaciones que ustedes estimen, como Asociación Chilena de Municipalidades, para efectos de la consideración en el debate en particular.
Perfecto, Presidente. Muy amable.
A continuación, vamos a escuchar a la AMUCH, Asociación de Municipalidades de Chile, en boca de su coordinadora legislativa.
Perdón, ¿subsecretario está pidiendo la palabra? Subsecretario, primero; después, senador. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio y también saludo a todos los señores parlamentarios y a las visitas que les acompañan. Solo quería aclarar un punto en específico que se señaló en la presentación de la Asociación Chilena de Municipalidades: que la declaración jurada es una declaración jurada simple, no es notarial. Eso hay que dejarlo claro para que no quede en la historia de la ley consignado que es una declaración… pero está precisado así: es una declaración jurada simple. Si fuera notarial, diría declaración notarial. Pero se trata de una declaración jurada, que no tiene costo asociado, simplemente porque está en el espíritu de la ley señalar que las personas que tienen un problema o alguna dificultad previa lo tienen que declarar, ya que, en caso de que ocurra un siniestro vial con resultado de muerte o de lesionado grave, en la investigación se descubrirá y la persona habrá cometido, en estricto rigor, un delito al mentir respecto de la declaración jurada que hizo al obtener la licencia de conducir. Entonces, el espíritu es que las personas declaren, al obtener una licencia de conducir, si tienen una enfermedad previa o alguna sospecha de enfermedad, para que el médico en ese sentido tome la decisión que corresponda. Eso quería aclarar, Presidente. Tal vez se puede ser más taxativo, para que haya nitidez en la reacción final. Yo le sugiero a los miembros de la Comisión, dado que hay dos ponencias muy breves, que si lo desean, abramos el debate en conjunto.
Entonces, creo que sería importante establecer de manera taxativa –estamos de acuerdo–. Gracias, presidente. Quisiera aprovechar para preguntarle, porque hay un anuncio que hizo el gobierno de que se iban a tomar medidas para agilizar; yo creo que me parece mejor el tema de la licencia de conducir y que se puede obtener en cualquier parte. Quería saber la opinión de ustedes respecto a ese tema, brevemente.
Senador Costanovic: Sí, estamos trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Transporte en buscar una solución a los diques de contención que tienen los gabinetes de tránsito y, por cierto, se han liberalizado una serie de decretos municipales respecto a las licencias de conducir que viabilizan y apuran, digamos, la renovación de las mismas. Primero, el cambio: antes estaba rigidizado, ya que quien vivía o declaraba domicilio en una comuna tenía que sacar la licencia de conducir en esa municipalidad; hoy día quedará abierto, pudiendo obtenerse la licencia en cualquier municipalidad de Chile. Esto es muy importante, porque hay municipios que, al observar su infraestructura, tienen mayor capacidad para emitir dicha licencia. Por otro lado, las horas que se solicitan vía internet para la renovación de licencia presentan un grave problema, ya que se está perdiendo alrededor de un 30 al 35% de la hora asignada, porque no se aprovechan esos espacios.
Entonces, estamos viendo cómo agilizar y articular esto para darle viabilidad a la renovación de licencia.
Muy bien, si gusta, podemos ahondar un poquito más en el debate sobre el tema de la licencia, ya que está en el tapete. Escuchemos a continuación a Amuch y luego al Automóvil Club de Chile, y procedamos a la discusión.
Le damos la palabra por Zoom a Graciela Correa, asesora legislativa de Amuch.
Graciela Correa: Sí, presidente, muy buenos días y muchas gracias por autorizar nuestra intervención vía telemática, excusando por cierto la ausencia de nuestro presidente, Gustavo Alessandri, quien, lamentablemente por motivos de agenda en la comuna de Zapallar, no ha podido estar presente en esta sesión; sin embargo, nos ha encomendado representarlo con algunas consideraciones bastante relevantes, sobre todo en el último tiempo, con los anuncios que ha manifestado el Ejecutivo en torno a las licencias de conducir, siempre en el marco del proyecto de ley. Un especial saludo también para los miembros de la comisión e invitados que se encuentran presentes, y en especial también a los subsecretarios de Transporte.
En relación al proyecto de ley, es sin duda el apoyo transversal de todos el impulsar su avance; es muy necesario, atendidos los lamentables resultados de muertes de niños, niñas y adolescentes, como fue el espíritu de este proyecto de ley. Sin embargo, no nos podemos quedar atrás en aquellos aspectos que han surgido de la contingencia y, puntualmente, que hoy día imponen una alta carga de trabajo a las municipalidades en torno a la obtención y renovación de licencias de conducir.
Hace dos días se realizó un anuncio por parte de autoridades de gobierno, encabezadas por el subsecretario de Transporte, quien ha anunciado la implementación de medidas. Nos hubiese encantado estar presentes en ese anuncio, y queremos decir, además, que tenemos algunas consideraciones para apoyar en ese sentido, de modo que todos podamos avanzar en conjunto en la mejor implementación de esas medidas.
Algunas de ellas ya cuentan con un pronunciamiento de la Contraloría, mediante el dictamen 6.1.513 del año 2014, que se refiere precisamente a la comprobación de la residencia respecto a las municipalidades al momento en que una persona solicita la obtención o renovación de su licencia. Dicho aspecto lo haremos llegar a través de una minuta que entregaremos a esta comisión. Por otra parte, la autorización a personal municipal calificado también existe como una facultad vigente y que podría ser utilizada para estos efectos, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Transporte mediante el DS-97 de aquella cartera. En la minuta se indican algunas precisiones al respecto. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que existen otras consideraciones que desean expresar los directores de tránsito, quienes en muchas ocasiones se ven impedidos de impulsar con mayor premura este tipo de medidas, básicamente porque exigen, en primer lugar, la autorización del Ministero de Transporte…
Ministerio de Transporte, y en segundo término, por los recursos que aludía precisamente la Asociación Chilena en la intervención anterior y que suponen también un arriendo de gabinete psicotécnico de un alto costo, por ejemplo, la contratación de personal, que es un tema que realmente nos preocupa bastante en torno a todo tipo de proyectos de ley que requieren una mayor intervención de personal municipal para poder atender a los ciudadanos. Por otra parte, a través de nuestros representantes del directorio se han expresado estas consideraciones en los medios de comunicación, porque lamentamos y reiteramos en ese sentido que podríamos haber sido parte de esta mesa, de los anuncios y haber colaborado con todas estas medidas que se están impulsando. Parte también de algunas consideraciones en torno a las prórrogas de licencias de conducir se dieron a conocer a la luz del proyecto de ley que dio luego fruto a la ley 21.579 en el año 2023, en las cuales también aludíamos a ciertas solicitudes que nos hicieron presentes los directores de tránsito en cuanto a la capacidad municipal, la institucionalidad, la propia licencia médica y el examen médico. Todo eso va a ir en la minuta, por cierto.
Yendo al grano, en cuanto al proyecto de ley en discusión, reiteramos nuestra adhesión al espíritu de este. Consideramos que es fundamental siempre reforzar las medidas que vayan de la mano con la seguridad vial, que es prácticamente el espíritu que tiene la licencia de conducir al momento de obtenerla o renovarla mediante controles periódicos. No obstante, si bien reconocemos que existe una intención y un claro avance en torno a introducir la declaración jurada sobre el diagnóstico o conocimiento de padecer de alguna de las enfermedades que podrían inhabilitar o eventualmente restringir, en este caso, la aptitud para poder conducir, consideramos que estas medidas requieren indudablemente ser reforzadas a través de la fiscalización; y esto básicamente porque, mediante una declaración, no logramos hacer permanecer de manera invariable en el tiempo la condición de un conductor. Es decir, al momento de que un postulante o quien controla para la renovación de la licencia manifieste su condición de salud –ya sea que esté diagnosticado o padezca alguna enfermedad– no podríamos asegurar en el tiempo que esta situación se mantenga invariable, sobre todo en materia de salud, con las consecuencias que ello podría tener, incluso al determinarse un delito de falsedad, como se hace mención en las infracciones que aluden al articulado de este proyecto de ley. Creemos que esto sin duda podría mejorarse también en el tiempo.
Por otra parte, en cuanto al reglamento, nos parece positivo poder incluir, mediante aquel instrumento, una descripción respecto al procedimiento y los protocolos. Sin embargo, hemos notado, por intermedio del presidente y dirigiéndonos a todos los senadores presentes, que en algunos casos –no en todos– se produce una dilación excesiva, por decirlo así, en la dictación de reglamentos, sobre todo cuando requieren la autorización de más de una cartera ministerial. En este caso, consideramos que es fundamental trabajar con la mayor celeridad posible para sacar este reglamento lo antes posible, una vez que, efectivamente, se despache a ley conforme determine el Congreso Nacional, ajustándose a los plazos para que entre en vigencia en tiempo y forma; sobre todo, porque aquí hay disposiciones altamente sensibles para quienes lamentablemente pierden la vida y para los beneficiarios, que son principalmente las familias, tal como se hace alusión en el espíritu de esta ley.
En consideraciones particulares tenemos algunas menciones que podrían complementarse en este proyecto de ley, en torno a que exista cierta armonía en las disposiciones y en la redacción, sin dejar fuera el diagnóstico en cada una de las disposiciones que hacen alusión a la declaración. Hago presente, en este caso, el artículo 13, numeral 6, nuevo; el artículo 200, número 47, nuevo; y el artículo 209 bis, nuevo. También en la minuta se entregarán algunos detalles respecto al complemento. En cuanto a la modificación de la ley de tránsito en el artículo 209 bis, en particular, creemos también que podría complementarse en este caso y no limitar la aplicación de una medida de cancelación al atenderse, asimismo, en el artículo 208, la medida de la imposibilidad de obtener la licencia. Ambas medidas realmente son complementarias y no sería menester dejar una...
En vista de la otra, a menos que exista una razón de por medio que no advertimos en este caso. Por otra parte, en términos de técnica legislativa, simplemente señalo que podría mejorarse, en este caso, el articulado haciendo uso de aquellos numerales que están hoy día disponibles para poder completar, particularmente en el artículo 200 de las infracciones y, particularmente también, en cuanto a un aspecto que nos parece fundamental: acotar los plazos para que los beneficiarios puedan exigir las indemnizaciones en caso de muerte. Es muy breve, pero creo que es importante hacer un mayor detalle en la revisión de la observación de AMOT.
En el caso del articulado, en este punto, en el inciso final nuevo del artículo 30 se establece una regla de excepción al final, indicando que se reducen los plazos de los 10 días de la regla general a 7 días. En consecuencia, si tomamos esa regla de excepción y la interpretamos de manera armónica, vamos a ver que en el cuerpo principal del articulado, en el inciso primero se establece un plazo de 10 días para la presentación de antecedentes y, en el número 2, en el caso de muerte, la presentación del correspondiente certificado de defunción. Por tanto, cuando se termina esta primera descripción del inciso primero, en el siguiente inciso, donde se refiere a la regla de excepción, se acota este plazo. Entonces, queda un poco desajustada, en nuestro parecer, esa redacción en el articulado.
Desde ya, agradecerle, señor presidente, por su intermedio y a los senadores la oportunidad de participar en la discusión de este proyecto de ley. Creemos que es fundamental poder avanzar, como hemos insistido, en mejoras en torno a la obtención de licencia de conducir. Sabemos que es muy relevante el espíritu de este proyecto de ley, en particular por la hija Cinta, y de todas formas quedamos muy a disposición de vuestra comisión y del Ministerio para seguir trabajando en estos puntos altamente sensibles para la población. Muchas gracias.
Gracias a usted por la representación y, de inmediato, le cedemos la palabra al último invitado, en representación del Automóvil Club de Chile, don Alberto Escobar, por favor.
Presidente, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Le prometo que seré muy breve. Nosotros, como institución, tenemos unos puntos y, gracias al subsecretario, voy a eliminar uno que era el de la declaración jurada, así que no me referiré a ello, pero fundamentalmente tiene relación con el SOAP, con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, donde se busca el aumento de la cobertura de 400 a 600 UF, lo que nos parece muy bien, pero esta cobertura siempre ha estado limitada por el arancel FONASA nivel 3. Por lo tanto, podríamos poner cualquier valor, pero siempre se circunscribe al valor FONASA nivel 3, lo que deja fuera atenciones kinésicas, cirugía u otro apoyo psicológico, por ejemplo.
Entonces, nos gustaría de alguna manera poder eliminar esta restricción para que efectivamente sean las 600 UF que se están proponiendo. Y, en conjunto con ello, al considerar el aumento de la póliza, nos preguntamos si no va a aumentar el valor del SOAP por parte de las compañías de seguros, pues al aumentar la cobertura, el negocio debiera ajustar el valor de la prima. Esa es una pregunta que no está resuelta en lo que estamos planteando, y nos parecería de suma relevancia que las asociaciones de seguros se manifesten al respecto, ya que esto tendría una consecuencia lógica en el costo del SOAP, que muchos ciudadanos ya lo consideran, en términos simples, como un impuesto (aunque no lo es, pero es una consideración).
Por lo tanto, atención en lo anterior y, con respecto al pago en siete días del SOAP, aquí a veces se presentan problemas con las pericias del CIAT y con las investigaciones del tránsito, que a veces demoran 30 días o más. Entonces, también debiéramos hacer un hincapié en que, si vamos a valorar la información del CIAT o la vamos a pasar por alto y simplemente vamos a pagar en siete días a todo evento, eso plantearía inconvenientes.
Y lo último, señor presidente, para cumplir con mi promesa, en el otorgamiento del fuero laboral a los padres que han perdido un hijo, evidentemente…
Tener la precisión de que, si no hace falta modificar la ley del trabajo, bien por ello; pero, de alguna manera, también en el fuero podría contemplarse apoyo emocional o de otra índole a las víctimas, que se denominan víctimas indirectas, porque la víctima generalmente falleció y se podría compensar, de alguna manera, los traumas de estas pérdidas. Dicho eso, señor presidente, es todo a lo que me puedo referir y le agradezco la oportunidad una vez más. Ya cumplió su promesa y cumplí la promesa.
Se ofrece la palabra a los señores senadores: senador Van der Selwege, senador Kuzanovic y senador Bianchi.
Muchas gracias, presidente. Agradecerle las intervenciones a quienes nos antecedieron y sumándome a algunos de los comentarios relativos a las medidas informadas por la subsecretaría de transporte para hacer frente a la congestión que existe en la renovación de licencias.
Efectivamente, ayer me, no voy a decir el mensajero, pero me contactaron desde un municipio de la región, en la misma línea de lo que hoy día se exó. Había cierto cuestionamiento respecto a las consecuencias no deseadas de la medida que había decidido llevar adelante la subsecretaría y, aparentemente, desde el punto de vista de los municipios, podrían explorarse algunas opciones o acciones distintas que pudiesen llegar a Puerto, por ejemplo, en el caso de la Región del Bío Bío. No sé cómo es en el resto del país, pero hay algunos municipios que tienen exclusiva toma de hora online, con congestión en ese medio, y otros que mantienen abierta la atención en el camino tradicional, en que uno llega y, por orden de llegada, es atendido. Específicamente, hay un municipio, el de la comuna de Chiguayante, que tiene, no sé si son dos veces al mes, los días sábados, por orden de llegada. No sé por qué cuando se da la exclusividad de la atención presencial el número de atenciones es aparentemente significativamente menor que cuando se realiza bajo la modalidad tradicional.
Bueno, eso es una de las cosas que he podido detectar, pero en ese sentido me empatizo con el comentario y cumplo con el compromiso interno que realicé con esta persona, aprovechando la presencia de nuestro subsecretario, de manifestarle esta inquietud a nivel municipal, en este caso en la Región del Bío Bío.
Muchas gracias, presidente.
Muy bien, senador Kuzanovic, por favor.
No es un tema que queríamos abordar con el senador Bianchi, pero después que termine esto, respecto a este tema creo que sería bueno empezar a pensar –aunque tiene un costo– en la dirección de los países desarrollados, y que deberíamos contar con un seguro de daño a terceros en los vehículos. El seguro, de ser masivo y obligatorio, permitiría que sus primas bajen de valor y nos evitaría una tremenda cantidad de problemas que se evidencian hoy en día, como cuando a alguien le choca el vehículo o el vehículo de trabajo y queda destrozado, sin que nadie se haga cargo. Es un problema social que está involucrado en este asunto y, de repente, podría solucionarse con un seguro de daño a terceros, aunque represente un costo, pues creo que hay que asumir ya un grado de responsabilidad en el tema. Además, si dichos seguros fueran masivos, podrían bajar de precio, y es un asunto que hay que comenzar a considerar seriamente, ya que disponer de un seguro obligatorio de daño a terceros para poder circular se hace necesario, dada la tremenda cantidad de choques, etcétera, que se presentan.
Bueno, recogiendo todas las intervenciones, esperamos que nos puedan hacer llegar por escrito las aprehensiones para poder trabajarlas posteriormente, pero justamente uno de los puntos que se dilucidó era respecto del ministro de fe, que tenía que ser un notario o una declaración simple. Eso habría que quizás ser más...