Señora Presidenta, la congresista López Morales consigna su asistencia en la plataforma. Congresista Torres Salinas. Congresista Morante Figari. La congresista Torres Salinas consigna su asistencia a través de la plataforma. Agradecemos la asistencia de nuestros colegas y solicitamos al señor Secretario Técnico que registre su asistencia. Último llamado, congresista Morante Figari.
Señora Presidenta, contamos con el quórum correspondiente para esta décima tercera sesión extraordinaria. Muchas gracias, señor Secretario Técnico.
Siendo las 11:05 de la mañana del jueves 5 de febrero del 2026, en la sala de sesiones Luis Bedoya Reyes, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, y a través de la plataforma virtual Microsoft Teams del Congreso de la República, se da inicio a la décima tercera sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria, encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).
Como primer punto de agenda, se pondrá a debate y aprobación el plan de trabajo de la comisión correspondiente al periodo anual de sesiones 2025-2026. Señor Secretario Técnico, por favor, dé lectura a la síntesis del plan de trabajo, el cual ha sido enviado a cada uno de los despachos de los señores congresistas miembros de esta importante comisión.
Señores congresistas, la Comisión Especial Multipartidaria que articula el trabajo con DEVIDA no surge como un esfuerzo aislado, sino como una respuesta institucional sostenida frente a un problema estructural del Estado peruano. El narcotráfico y sus impactos sociales al 2026 reafirma el mandato del Congreso de ejercer control político efectivo sobre la política nacional contra las drogas al 2030, garantizando continuidad, coherencia y responsabilidad frente a una amenaza que persiste y se transforma en el territorio.
La información de este plan de trabajo evidencia que los cultivos ilícitos de hoja de coca continúan afectando regiones claves como Cusco, Puno, Junín, Huánuco, San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco y Madre de Dios, con impactos directos en comunidades nativas, ecosistemas frágiles y zonas de especial protección ambiental. Esta realidad obliga al Parlamento a asumir un enfoque territorial diferenciado, reconociendo que no basta la erradicación, sino que se requiere una intervención integral que combine control de oferta, reducción de la demanda y desarrollo alternativo sostenible, respetando los derechos humanos y la diversidad cultural.
Este plan de trabajo reafirma el rol constitucional del Congreso como órgano de fiscalización y representación. La Comisión no ejecuta política pública, pero sí supervisa el uso de los recursos públicos, evalúa la eficiencia de los programas presupuestales de DEVIDA y exige resultados concretos al Poder Ejecutivo. A través de pedidos de información, sesiones descentralizadas, mesas técnicas y visitas inopinadas, se fortalecerá la transparencia y se generarán insumos técnicos para una toma de decisiones legislativas mejor informada.
Un eje central es el desarrollo alternativo integral y sostenible como estrategia de largo plazo. Combatir el narcotráfico implica ofrecer alternativas económicas reales a las poblaciones vulnerables, fortalecer la prevención del consumo de drogas y recuperar territorios degradados. Este enfoque no solo es coherente con la política nacional contra las drogas al 2030, sino que reafirma el compromiso del Estado con la dignidad humana, la protección del medio ambiente y la seguridad ciudadana desde una perspectiva preventiva y no meramente represiva.
Recordemos que la lucha contra el narcotráfico exige unidad, seriedad y visión de Estado. Acompañar y respaldar la labor de esta Comisión significa fortalecer la democracia, proteger a las poblaciones más vulnerables y reafirmar que el Congreso no es un espectador, sino un actor clave en la defensa de la vida, la legalidad y el desarrollo sostenible del país. El éxito de esta Comisión será, en última instancia, una señal clara de que el Parlamento está a la altura de uno de los mayores desafíos nacionales.
Tiene la palabra la señora Presidenta Merlín. Gracias, señor Secretario Técnico. Si algún parlamentario desea tener el uso de la palabra.
Señor secretario, si no hay ningún congresista que pida la palabra, sometamos al voto el plan de trabajo. Señores congresistas, se procede al llamado de la votación. Congresista Portero López, por un Perú sin drogas, a favor. Congresista Paredes Castro, consigna a favor su votación. Congresista López Morales, consigna a favor su votación. Congresista Torres Salinas, consigna su votación a favor. Han votado a favor cuatro señores congresistas, por lo que se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, queridas colegas, por el respaldo a esta importante comisión de la que todos somos parte.
Continuamos con el segundo punto de la agenda. Se ha invitado al señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo, y al señor Javier Eduardo Franco Castillo, Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Señor secretario técnico, informe si los invitados se encuentran en las instalaciones.
Señora presidenta, con oficio número 067-2026-DP, la Defensoría del Pueblo confirmó su asistencia, y con oficio 00018-2026-SUNAT, también confirmaron su asistencia. Muchísimas gracias. Reiniciamos y les damos la bienvenida a los señores presentes. Recordemos que cada sesión, cada mesa de trabajo, es un aporte para tratar de menguar este flagelo que son las drogas, el sembrío ilícito y su transformación en actividades lícitas. Si trabajamos todos unidos, sin divisiones, y hacemos un trabajo articulado y consensuado, podemos lograr grandes cosas. Quizás no podremos cambiarlo todo, pero sí podemos hacer algo significativo en cada lugar donde Dios nos coloque.
Le damos la bienvenida al señor Mercado Peñaranda, comisionado de la Adjuntía de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo; a Peter Jaime Vega Tecci, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad; a Guillermo César Solano Mendoza, gerente de Bienes Fiscalizados de SUNAT; y a Eric Marcela Vargas Valdivieso, Intendente Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de SUNAT.
Antes de ceder la palabra a nuestros invitados, solicito al secretario técnico que dé lectura a los temas que se abordarán en esta importante comisión. Señor secretario técnico, por favor, dé lectura a los temas por los cuales han sido citados los comisionados.
Señora presidenta, para la presentación del señor Javier Eduardo Franco Castillo, Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, se tienen previstos los siguientes temas: punto número uno, cantidad total en kilogramos o litros y el tipo de insumos químicos y bienes fiscalizados incautados por la SUNAT y la Policía Nacional en los departamentos de Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Huánuco, Junín, San Martín y Puno, así como estadísticas sobre los puntos de control o localidades específicas donde se realizaron las incautaciones.
La evaluación deberá estar diferenciada por años. Punto número dos: estado actual o destino final de los insumos químicos incautados en los departamentos de Loreto, Amazonas, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Huánuco, Junín, San Martín y Puno durante los años 2021 al 2025, indicando cuántos de estos bienes han sido destruidos, neutralizados o entregados a otras instituciones bajo la normativa de bienes fiscalizados. Punto número tres: ¿Con qué infraestructura cuenta la SUNAT a nivel nacional para almacenar y custodiar los insumos químicos incautados por la propia SUNAT y la Policía Nacional? Punto número cuatro: ¿Con qué instituciones ha contratado o celebrado convenios la SUNAT para almacenar los insumos químicos incautados a nivel nacional, considerando que está facultada por ley y que estas sustancias, actualmente bajo custodia y almacenamiento en su gran mayoría de la Policía Nacional, constituyen un grave riesgo a la salud por exposición, inhalación, contacto o ingestión, provocando irritaciones, quemaduras crónicas, cáncer y daños sistémicos, así como un riesgo a la vida de personal policial y de la SUNAT, por ser altamente explosivos? Esto fue constatado por la suscrita en una visita inopinada al Departamento Antidrogas de la Dirandro de Tingo María.
En cuanto a los puntos para la presentación del señor José Manuel Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo, se tienen previstos los siguientes temas: Punto número uno: ¿Qué acciones de supervisión defensorial se han realizado para verificar que los ministerios y gobiernos regionales cumplan con los objetivos prioritarios de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, especificando en lo que respecta a la asignación de presupuesto y personal especializado para proteger a defensores ambientales en comunidades campesinas y nativas que se encuentran bajo amenaza de economías ilegales, especialmente del narcotráfico? Punto número dos: Informe sobre el incremento de asesinatos y amenazas a líderes indígenas. ¿Cuántas quejas o pedidos de intervención han tramitado la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia por demoras en la ejecución de medidas de protección? ¿Y qué seguimiento técnico realiza la institución para asegurar que dichas medidas sean culturalmente adecuadas para el entorno de las comunidades nativas? Punto número tres: ¿Cómo ha integrado la Defensoría del Pueblo las alertas de los defensores ambientales en su reporte mensual de conflictos sociales y qué recomendaciones vinculantes ha emitido para que el Estado peruano garantice la seguridad de las comunidades que ejercen el control territorial frente a la minería ilegal y el narcotráfico, en el marco de sus funciones de promoción de derechos humanos?
Esos son todos los puntos a tratar, señora Presidenta. Muchísimas gracias, doctor Secretario Técnico. Vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Edith Marcela Vargas Valdivieso, Intendente Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, SUNAT, y al doctor Guillermo César Solano Mendoza, Gerente Nominativo de Bienes Fiscalizados, SUNAT. Tengan ustedes muy buenos días. Agradecerles una vez más la deferencia de estar aquí para hacer un trabajo articulado entre vuestra institución y nuestra comisión tan importante.
Buenos días con todos, buenos días congresistas, gracias por la invitación. La SUNAT está siempre dispuesta a participar en este tipo de coordinaciones y a realizar acciones dentro de nuestras competencias que coadyuven a la lucha contra el flagelo que representan las drogas. En alineación con la solicitud que hubo en el oficio, hemos preparado esta presentación que ahora está en pantalla. Por favor, si pueden pasar a la siguiente lámina. Aquí están las incautaciones que se han realizado de insumos químicos fiscalizados, expresadas en kilogramos, desde el año 2021 hasta el año 2025 en los departamentos mencionados: Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. Como se puede observar, la cantidad de insumos químicos incautados ha ido incrementando año a año. Comenzamos con 72,000 kilos en el año 2021 y concluimos en 2025 con 285,000 kilos. En esos cinco años, hemos logrado un total cercano a 800,000 kilos.
De insumos que han sido incautados, los departamentos en los que más insumos se han incautado son Huánuco, con 416,000, casi un poquito más del 50%, Junín y Ucayali. Cabe indicar que en esta presentación se han excluido dos incautaciones extraordinarias realizadas en un operativo especial con la policía, en las que se incautó casi 2,000 toneladas de ácido sulfúrico en la ciudad de Junín y 15,000 toneladas de hidróxido de calcio en el departamento de Pasco. Al ser situaciones extraordinarias, no se han colocado en el cuadro, pero sí en la nota de pie de línea.
En cuanto a la disposición de insumos químicos y bienes fiscalizados incautados en kilogramos por los departamentos consultados, tenemos tres tipos de disposición: podemos destruir, donar o rematar. En los primeros años, desde 2021 hasta 2023, básicamente hemos trabajado en la destrucción. Hemos llevado a cabo destrucciones en las ciudades de Huánuco, Junín, Loreto y San Martín. Sin embargo, desde el año 2024 estamos incluyendo el tema de la donación, habiendo donado 13,721 kilogramos de insumos a Cusco. En el año 2025, ya hemos trabajado con los tres tipos de disposición: donación, remate y destrucción. En total, en estos cinco años, hemos dispuesto de 147,000 kilogramos de insumos, siendo la mayor cantidad destrucción, con 107,000 kilogramos en los departamentos mencionados.
Sobre las infraestructuras que tiene SUNAT para almacenar insumos químicos, actualmente contamos con dos espacios en un almacén ubicado en Lurín, en la ciudad de Lima. Son escasos los lugares donde se puede almacenar insumos químicos, tanto a nivel de departamentos como en el interior del país, debido a las características específicas de estos bienes. En Lima, tenemos servicios de almacenamiento para materiales peligrosos, donde se almacenan insumos químicos incautados por SUNAT, que son puestos a disposición por la Policía Nacional del Perú. Contamos con dos tipos de contratos: uno solo para SUNAT y otro especialmente para almacenar los bienes incautados por la policía.
Es evidente que hay una deficiencia en la infraestructura, ya que no contamos con almacenes descentralizados. Estamos explorando la posibilidad de contratar un almacén en el departamento de La Libertad, lo cual facilitará el envío de bienes incautados en la zona norte del país. Esta contratación está en proceso y se espera que esté lista para marzo de este año. También tenemos otra contratación en proceso en el departamento de Ica, que nos permitirá llevar insumos químicos incautados en el sur del país, con una previsión de finalización para junio de este año.
Es importante mencionar que para recibir los bienes que tiene la policía, existe una norma que establece ciertos requisitos. Por ejemplo, esta norma indica que podemos recibir bienes incautados por la policía a partir del 2 de febrero de 2019. Esto significa que si la policía tiene un bien incautado antes de esa fecha, lamentablemente SUNAT no lo puede recibir. Además, la norma establece que SUNAT solo puede recibir bienes que estén específicamente mencionados y controlados por SUNAT. Por lo tanto, si la Policía Nacional del Perú desea entregar un insumo o producto controlado por ellos pero no por SUNAT, tampoco podemos recibirlo, ya que es un tema normativo.
Finalmente, en el último cuadro sobre insumos y bienes fiscalizados por SUNAT y PNP, se observa que SUNAT tiene fiscalizados 34 insumos, mientras que la PNP tiene 69.
Es decir, esa diferencia, si es que la policía nos quiere entregar un producto que no está fiscalizado por SUNAT, lamentablemente no lo podemos recibir, conforme a la norma. Otro requisito que debe cumplirse es adjuntar la comunicación del Ministerio Público, ya que el bien que ha sido notado por la policía tiene que pasar por un proceso penal, y debe intervenir el Ministerio Público. Es necesario contar con un acta de intervención, un acta de decomiso, incautación, pesaje y un análisis químico. Todos esos bienes entregados por la policía deben cumplir ciertos requisitos establecidos en la norma, y, por supuesto, deben estar en buen estado y debidamente rotulados.
En el cuadro de arriba se presenta la cantidad de bienes que hemos recibido de la policía. Hasta el 25 de este mes, hemos recibido casi 600,000 kilos de insumos químicos anualmente. Como se puede observar, el año en que más se ha recibido es el 2024, y seguimos recibiendo bienes. Sin embargo, es importante mencionar que se han detectado ciertas irregularidades al momento de recibir estos bienes, lo que ha impedido su aceptación, debido a cuestiones normativas. Por ejemplo, cuando se nos entregan bienes anteriores al 2 de febrero de 2019, o cuando los bienes no son insumos químicos controlados por SUNAT. También se presentan problemas cuando los envases están rotos y no podemos garantizar la integridad del bien, o cuando no están correctamente rotulados, o cuando lo que se reporta no ha sido localizado.
Por ejemplo, si se nos indica que puede haber un insumo X, tomamos una muestra para verificar que sea el insumo que nos están indicando y que, además, esté controlado por SUNAT. Si en el análisis de laboratorio se determina que no es el insumo indicado, tampoco lo podemos recibir. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes, alineado con el oficio que nos han enviado y las consultas que nos hicieron. Estamos dispuestos a atender cualquier pregunta que puedan tener en este momento.
Muchísimas gracias, doctora Vargas Valdivieso de Lima Marcela. Si algún congresista tuviera alguna pregunta para nuestros comisionados de SUNAT, tienen el uso de la palabra, queridos colegas, a través de la plataforma virtual.
Gracias, señor secretario técnico. Cuando usted menciona, doctora Vargas, que las normas al 2019 de febrero se refieren a insumos que están a cargo de ustedes y otros que están a cargo de la policía, mi pregunta es la siguiente: cuando hay una incautación, como la que hemos observado en nuestra visita de la comisión descentralizada, donde hay insumos tirados durante años, ¿no realizan un trabajo articulado con la policía para ir a esos almacenes inadecuados que ponen en peligro la vida y la salud de las personas? Si eso explota, en muchos lugares hay mucho calor y, gracias a Dios, no ha llovido, pero ¿qué pasaría?
Lo que digo es que no hay un trabajo articulado en el que, si hay una incautación, los dos actores principales, que son SUNAT y la policía, no puedan coordinar y decir "esto es tuyo y esto es mío". No hay un trabajo en el que solo la policía incauta y amontona, dejando un documento en la SUNAT, pero ustedes no tienen la competencia de ir a donde se incautó todo eso y recuperar los insumos que les pertenecen, dejando los que son de la Policía Nacional.
El trabajo es articulado; nosotros realizamos operativos con la policía. Cuando se llevan a cabo estos operativos, dependiendo del tipo de bien y de la inconsistencia o infracción cometida, podemos actuar conjuntamente con la policía. Desde el 2 de febrero, todos esos bienes van hacia SUNAT. Lamentablemente, los bienes que usted menciona pueden ser aquellos que aún no han sido informados a SUNAT, o que, habiendo sido informados, no han cumplido con los requisitos establecidos. Por lo tanto, como tenemos una norma que nos rige, no podemos ir más allá de lo que nos indica. También hay bienes que han sido incautados antes del 2 de febrero de 2019. Por ejemplo, si hay un insumo químico que fue incautado en un operativo en el año 2015, no podemos proceder con su recepción.
Por ejemplo, lamentablemente, debido a la norma, no podemos recibir un bien que no esté en nuestra lista y que haya sido incautado por la policía. No porque no queramos, sino que la norma nos establece estas reglas del juego. Es un poco lo que les puedo comentar respecto a la consulta que usted hace.
Mi pregunta es la siguiente: cuando nosotros hemos ido a Antidrogas de Tingo María, estaba rotando. Ellos nos dijeron que habían mandado reiterativos a la zona. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿ustedes se han dado el tiempo de verificar si es del 2019? Porque otra cosa que también ocurre es que los agentes policiales, cuando cambian de jefe, a veces incurren en denuncias, ya que hay insumos que se diluyen con el tiempo. Ellos tienen una data, pero cuando llega otro jefe, ya no encuentra lo mismo, sino menos, o de repente se desaparece.
¿Qué proyectos de ley han promovido? Cuando usted menciona que los espacios son escasos, esto viene de años, desde 2019 o 2020. ¿Qué se ha hecho para contratar más locales? Estamos hablando de vidas, de doctores, de personas que exponen su vida en esos lugares. Me gustaría que, en la próxima ocasión, me acompañen, porque dicen que nadie defiende lo que no ve, y de cuatro paredes no se gobierna. Solo llenamos papelitos y a veces ni los contestamos.
Cuando hay procesos de diferenciación entre los insumos que tiene la policía y los 34 locales que han existido, ¿hay algún seguimiento? ¿Hay alguna data exacta de cuántos se destruyeron? A mí me preocupa que aquí salga que no me gusta pasar como una foto en una reunión más, sino que me gustaría que se tomara en cuenta la situación en Tingo María. Es muy preocupante. Si alguien ha ido, intenten mandar a alguien, ya que a veces nuestras oficinas están abarrotadas con tanta gente que contratamos.
Además, es importante verificar si de todos los insumos que hay en Tingo María están entre los 34 insumos que tiene SUNAT. Y bueno, desde los 69, pero creo que esto es una forma de salvar responsabilidades, ¿no le parece? También sería útil comunicarse con el jefe de la Librando para que envíen los documentos desde cuándo están incautados. Si es desde 2018 o 2019, entonces ustedes se lavan las manos, pero si es de 2020, 2021 o 2022, esto puede acarrear problemas.
Gracias a Dios, esta sesión se está grabando, porque hay mucha preocupación. Es inhumano y hasta peligroso que no lloremos después de que haya una explosión. Desde aquí estamos advirtiendo a los principales responsables, tanto a la zona como a la Defensoría del Pueblo, que es el ente principal para defender los derechos de todos los ciudadanos.
Lo que sí quisiera saber, después de recibir la llamada, es que creo que por primera vez, después de cinco años en esta comisión, nos han llamado. Siempre es importante articular con las entidades correspondientes en nuestras competencias para poder visualizar qué está pasando en Tingo María. También es necesario poner una mirada no solo en Tingo María. Para marzo de 2026 se va a licitar uno de los locales, y para junio de 2026 en Ica. La de marzo será por La Libertad. Pero no esperemos, porque ustedes tienen la obligación y, sobre todo, una de las competencias.
Que destruir, podríamos hacer un recuento de todos esos sitios. No son todas las 24 regiones, pero sí podemos comenzar. Dicen que nunca es tarde para comenzar de nuevo, y lo importante es que, a veces, no podemos llegar a todos, pero sí coadyuvar a las necesidades y priorizaciones de la destrucción de estos insumos que a veces no se han tomado en cuenta. La policía también ha manifestado que no ha comunicado adecuadamente, pero es fundamental seleccionar. Creo que en las competencias de ustedes se debe seleccionar: esto es mío, lo llevo yo; esto es de ustedes, encárguense. Con su documentación, salvamos responsabilidades y estamos previniendo la vida de las personas.
En ese aspecto, me gustaría proponer un trabajo, una ruta de trabajo, donde nos digan, la próxima vez, a los asesores, que hemos intentado hacer esto, hemos encontrado, nos hemos desalineado de todo, y cada uno se encargue de lo suyo. Ambas partes se quedarían muy contentas y felices de realizar el trabajo en campo. Eso sí me gustaría escucharlo, por favor, porque me he tomado el trabajo de hablar con ustedes, y como digo, cuando uno actúa, se despejan las dudas.
Respecto a los insumos, 2019 no se puede tocar; si son del 2018, ya no se puede hacer nada, pero si son de 2020, ¿cuáles son los insumos? Me gustaría que me dijeran, por favor. En la incautación que hay en ese almacén al aire libre, donde puede ocurrir un accidente, Dios me libre, que me digan que hubo 20 insumos que son de la SUNAT y que los hemos sacado. Lo que le toca a la policía, le toca a la policía. Creo que eso sí lo podemos hacer, mis queridos comisionados, y con voluntad se puede lograr.
El primer punto que quiero señalar es que la SUNAT se viene reuniendo permanentemente con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía y con CONAVI para buscar una solución sobre el tema que usted ha comentado. En efecto, el Ministerio del Interior ha cursado varias comunicaciones a nuestra institución referidas a estos insumos que están, digamos, arrinconados en algún lugar en las comisarías que usted menciona. Se ha realizado un censo a nivel nacional en el que la propia SUNAT ha participado ayudando a la policía a censar los insumos que tienen.
El tema de fondo es que todos los bienes que en este momento tiene la policía en estos lugares, lamentablemente, tienen dos orígenes: o son anteriores al 2 de febrero de 2019, o como mencionó la señora Vargas, son insumos químicos que la SUNAT legalmente no puede recibir. Ante su preocupación, podemos afirmar que en ese grupo de insumos que están depositados en las comisarías, la SUNAT no tiene forma de intervenir porque legalmente tiene una prohibición. Estaríamos haciendo un uso inadecuado de la aplicación de una norma sobre la que no tenemos facultad. Por lo tanto, me permito afirmar que los insumos que están en las comisarías son, repito, anteriores al 2 de febrero de 2019 o se trata de insumos que la SUNAT no tiene competencia.
César, ¿tiene usted la data exacta de cuántas comisarías y cuántos lugares son los que están desde 2019 y que no están en su relación los insumos que pueden captar y destruir o llevar? Tenemos una data, porque me dice que ha hecho un censo. ¿Y cuándo fue el censo que hizo? Para precisar, el censo no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la Policía y lo viene realizando permanentemente, y nos pide apoyo por la experiencia que tenemos en el manejo de insumos. El censo lo ha llevado a cabo la Policía, teniendo como actores principales tanto al Ministerio Público como a la propia Policía Nacional. Está en manos del Ministerio del Interior el desarrollo de este censo a nivel nacional; ellos son quienes tienen la data.
Corríjame si estoy mal. Ustedes, con el expertise que tienen en todos los insumos, que son treinta y cuatro, han acompañado en algunas ocasiones, pero me dicen que el censo ustedes no lo tienen. No, no lo tenemos porque no hay un trabajo articulado. Hay un trabajo articulado permanente, pero lo gobierna la Policía, y no se ha terminado de hacer el censo. Actualmente, no hay un censo real; estamos en una línea de seguimiento.
En todo caso, esa respuesta la tiene el Ministerio del Interior. Uno de los motivos por los que SUNAT ha participado en este censo es porque en algún momento se exploró la posibilidad de que esos insumos que están siendo materia del censo pudieran ser almacenados temporalmente en SUNAT, pero la respuesta termina siendo la misma: el impedimento legal que tenemos. He participado hasta el año pasado, y la última reunión en el Ministerio del Interior, si la memoria no me traiciona, fue en octubre. Allí se discutió dónde debían depositarse estos insumos químicos, si en el Ministerio Público, si los debía continuar teniendo la Policía Nacional, e incluso estaba el CONABI, que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados.
Lo que debo comentarle, señora congresista, es que ante su preocupación, estamos sensibilizados con el tema. Sin embargo, como SUNAT no tiene iniciativa legislativa, cualquier propuesta se hace a través del sector. Hemos conversado con el propio Ministerio del Interior y se les ha dicho que si ellos activan algún tipo de iniciativa legislativa, seguramente esa iniciativa llegará para opinión a nosotros, y nosotros la trabajaremos de la manera más rápida posible para dar la opinión técnica que corresponda.
Pero, en realidad, por más buena voluntad que tenga la institución y toda la disposición de coadyuvar a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, tenemos normas que nos imponen ciertos cortapisas que no podemos eludir. Doctor César Efraín Guillermo, usted ha dicho algo muy importante. Cuando hay muertos, son peruanos más, como los que mueren cada día a causa de la delincuencia y la extorsión, y nadie se hace cargo. Simplemente pasan a llenar la lista negra de los olvidados.
Pero para eso estamos aquí, junto a la doctora Edith Marcela, en esta comisión. Tenemos siete meses para actuar, y cuando hay voluntad y Dios nos ayuda, podemos hacer algo legislativo, algún proyecto, porque estamos hablando de vidas que a veces son olvidadas. Es algo horroroso cuando vemos en Huánuco, en ese tremendo local, un montón de cosas y a los costados personas recibiendo una charla, y te dicen, "¿qué pasa? Hay droga, hay cosas inflamables". Como le digo, en estos cuatro años he conocido a nuestro querido coordinador parlamentario. Soy muy vehemente y estoy comprometido con la vida, más que con la vida, con la nación.
Estoy aquí y no me he olvidado; el cargo no se me ha subido a la cabeza. Soy muy cabezota, como digo yo, porque cuando quiero ayudar, no quiero pasar como una presidenta más en una comisión. Lo demostré en el ámbito del transporte y en lo que respecta a Hambre Cero; dejé mis comisiones en un buen estado. Esta comisión Dios me la ha puesto, y hasta el último momento voy a ayudar, pero también necesito su apoyo para ayudar a toda esa gente. Si tenemos que hacer algo legislativo, están los asesores. Vamos a desatar tantos cuellos de botella que, al final, esas normas que muchas veces impiden ayudar a la vida y a mitigar el sufrimiento humano serán superadas. A veces, esto nos toca incluso en nuestra propia familia.
Quiero agradecer la presencia de la doctora Emelina, la doctora Jacqueline y el doctor Richard, quienes están aquí para colaborar. Espero que, antes de que me vaya, podamos encontrar soluciones a este flagelo de las incautaciones de insumos, que muchas veces terminan en grandes desenlaces de familias enlutadas, afectando a nuestras policías y a las personas que viven alrededor de estos almacenes.
Muchísimas gracias. Ahora, pasemos al segundo caso de nuestros autores principales. Les doy la bienvenida al señor Marc Mercado Peñaranda, comisionado de la Unidad de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo, y al doctor Peter Jaime Vega Tetsi.
Mis queridos funcionarios comisionados, los cultivos ilícitos de hoja de coca y la producción ilícita de drogas cocaínicas causan daños a la seguridad y se manifiestan a través de amenazas de muerte y violencia física contra miembros de comunidades nativas, debido a invasiones de tierras para la siembra de hoja de coca y la producción ilícita de sus derivados. Lo más lamentable, mis queridos comisionados, es que los líderes indígenas que se han enfrentado a estas organizaciones criminales han sido víctimas, muchos han sido asesinados, dejando en orfandad a cientos de familias, sin que hasta la fecha, en muchos casos, los responsables hayan sido identificados, capturados o puestos a disposición de la justicia.
Siendo la Defensoría del Pueblo un organismo autónomo que supervisa la acción del Estado y vela por la seguridad de los defensores de los derechos humanos, hemos citado al Defensor del Pueblo, quien ya me ha dado su oficio. Ustedes están aquí para que nos compartan su punto de vista sobre lo que están haciendo, cuáles son las actividades que realizan en estas regiones y, sobre todo, si están cumpliendo con lo que les corresponde desde sus competencias. Bienvenidos, tienen el uso de la palabra.
Gracias. Señora presidenta de esta comisión, buenos días, señoras congresistas, señores miembros de la SUNAT y demás participantes de esta sesión. Les envío un saludo cordial de parte de quien les habla y de nuestro defensor del pueblo, el doctor Josué Gutiérrez Cóndor. Primero, quiero agradecerles de antemano la invitación cursada a la Defensoría del Pueblo para participar en este espacio. Estamos encantados de poder informar y compartir la labor defensorial que venimos realizando en aras de garantizar no solo los derechos humanos, sino también el correcto cumplimiento de la administración estatal, con especial énfasis en aquellos grupos vulnerables que son más afligidos y expuestos a mayores riesgos, entre ellos, los defensores de derechos humanos.
Quien les habla es comisionado de la Asuntía para los Derechos Humanos, y es importante mencionar que esta Asuntía, dentro de su composición, tiene el programa de investigaciones especiales, que también se encarga de la línea temática de las personas defensoras de derechos humanos. Esto explica mi presencia en esta sesión.
Para abordar, en primer término, la primera consulta que se nos ha hecho llegar por parte de su digno despacho, debo mencionar que la Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de supervisión de la administración estatal y de defensa de los derechos fundamentales, llevó a cabo durante el año 2025 una supervisión nacional a prefecturas y subprefecturas, que forma parte del Ministerio del Interior. Esta incursión histórica a las autoridades políticas a nivel nacional tiene como propósito...
Evaluar el desempeño de las autoridades en la atención a la ciudadanía y, particularmente, en el cumplimiento de sus funciones vinculadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a quienes desarrollan labores de defensa ambiental en comunidades campesinas y nativas expuestas a riesgo, derivados de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, es uno de nuestros logros más recientes.
En el marco de esta supervisión, hemos tenido un alcance integral y hemos podido realizar un despliegue masivo a las 26 prefecturas regionales, a las 196 subprefecturas provinciales y a las 1,890 subprefecturas distritales, recabando información directa de 1,532 de ellas. De la supervisión se pudieron identificar limitaciones estructurales relacionadas con la disponibilidad de personal, la asignación de presupuesto, las capacidades técnicas, la infraestructura, la logística institucional y el conocimiento normativo, así como deficiencias en los procedimientos vinculados al otorgamiento y ejecución de garantías personales.
Este informe de supervisión está a puertas de publicarse y será cursado, seguramente, en el transcurso de las próximas semanas a los entes competentes. Sin embargo, puedo adelantar algunas cifras que considero de especial importancia para los temas que en esta oportunidad se abordan. Uno de los principales hallazgos de esta supervisión fue identificar que, del total de 2,112 autoridades políticas entre prefecturas regionales, subprefecturas provinciales y distritales, solamente 1,592, que representan el 75.4% del total, tenían una designación vigente al momento de la supervisión. Esto significa que 520, equivalentes al 24.6% de prefecturas y subprefecturas, no contaban con una autoridad designada en ese momento. Esta situación implica que, en ciertos distritos y provincias, e incluso regiones, no existe una autoridad política que actúe como nexo entre el Estado y la población, lo cual es crucial, especialmente en aquellos sectores donde la población y los defensores de derechos humanos se encuentran en riesgo.
Otro hallazgo relevante es que el Ministerio del Interior informó que solamente cuenta con presupuesto para 1,652 autoridades políticas, lo que refleja una brecha significativa entre las autoridades políticas designadas y las que no lo están, manteniéndose esta relación en aproximadamente un 25%. Esta situación es un déficit presupuestal que el Ministerio del Interior ha venido arrastrando.
Asimismo, se identificó una inestabilidad considerable en los cargos de autoridades políticas, con una elevada rotación, ya que el 78%, que equivale a 1,195 prefectos y subprefectos, tiene entre uno y dos años de permanencia en el cargo, mientras que el 10% tiene una permanencia de solo seis meses. Esta inestabilidad conlleva a una deficiente consolidación de capacidades institucionales, a la continuidad de procesos administrativos y a la construcción de relaciones de confianza con actores locales, lo que debilita la gestión pública, territorial y la pazabilidad.
Al ser cargos políticos, los prefectos y subprefectos no encuentran estabilidad, lo que podría dificultar la gestión y la trazabilidad, especialmente cuando se renuevan en periodos tan cortos como seis meses, dos meses o tres meses. Esto no solo crea inestabilidad, sino que implica que el prefecto y el subprefecto deben reiniciar nuevamente la gestión que había comenzado su predecesor. Consideramos que esta es una debilidad que se reflejará en las recomendaciones y conclusiones de este informe defensorial que compartiremos con ustedes.
Respecto al personal de apoyo que tienen las prefecturas y subprefecturas, existe una inestabilidad y escasa disponibilidad, puesto que las autoridades políticas cuentan, de todo el universo que hemos supervisado, con solo 197 personas contratadas como personal de apoyo.