Congreso - Actividades de Congresistas - 4 de febrero de 2026

Por la puerta grande, digo yo, porque hemos trabajado de cara a la población, de cara al trabajador. Y eso creo que la historia tiene que decirnos si hemos hecho algo bueno o algo malo. En ese marco, siempre hemos tocado a las instituciones. A pesar de que tenemos receso parlamentario, nuestro trabajo continúa. Seguimos batallando, a pesar de nuestras dolencias, ya que a esta altura nos sentimos un poco cansados. Es agotador el trabajo, y a veces no importa incluso la salud; tenemos que seguir cumpliendo con la responsabilidad y el compromiso que tenemos. Anoche tenía una reunión con el presidente, quien también se mostró satisfecho por el trabajo que venimos realizando. Son testigos los trabajadores que en este momento están presentes con nosotros. Venimos batallando para concretizar aspectos fundamentales e importantes que mejoren no solo las condiciones laborales, sino también la calidad de vida. Como a veces indicamos, hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Y cuándo será costumbre la dignidad? Cuando tomemos conciencia cada uno de nosotros. Ojalá no en un largo plazo, sino en un corto plazo, que esto se encamine hacia la mejora que tanto necesita nuestro país. El país está así porque desgraciadamente no hemos tomado la conciencia correspondiente. Permítanme en este marco de este paréntesis que he realizado, hacer una convocatoria a ustedes. Ojalá que al terminar la misma salgamos airosos, con algunos aspectos relevantes de importancia para nuestros trabajadores. Por tanto, vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo sobre un aspecto fundamental e importante relacionado con la implementación o aplicación de la Ley 32.486, una norma que autoriza la nueva escala remunerativa para los trabajadores de SUNAFIL, sujetos al régimen del Decreto Legislativo 728, del cual soy autor, con el proyecto de ley 11.749. Esta ley es el resultado de un esfuerzo sostenido y conjunto con los trabajadores, quienes nos han brindado el respaldo y apoyo necesario para tocar las puertas de los diversos sectores, tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Economía. Es importante destacar que el trabajo no es solo nuestro; debe ser articulado y realizado en conjunto, porque la razón de ser de un proyecto de ley, un marco normativo que favorezca a un trabajador, es el propio trabajador. Nada viene del cielo; todo es una constante, y esa constante se manifiesta en lo que siempre expresamos en las calles. Creo que a los capitanes de fragata del Ministerio de Defensa que estuvieron en una reunión con nosotros, cuando hablé en términos de que sin lucha no hay victoria, no era para asustarlos. No es un término de confrontación, sino que es un concepto que data de siglos atrás. Mao Zedong fue el propulsor de esta práctica. Sin embargo, nosotros debemos analizarlo e interpretarlo en el día a día. ¿Qué hago yo para mi trabajo? Voy a mi trabajo y tengo que luchar para lograr un objetivo. La lucha permanente y perseverante es necesaria para concretizar un objetivo. Igualmente, el trabajador debe luchar para llevar el pan a casa cada día. Si no luchamos, si no emprendemos, ¿qué podemos obtener?

No vamos a poder obtener nada. Entonces, yo creo que en ese marco, siempre he manifestado que tenemos que estar en unidad y seguir en esa lucha permanente, no solo para la reivindicación del derecho laboral, sino también para reivindicar al país y los diversos aspectos que en este momento estamos viviendo. Todo va a depender de cada uno de nosotros. En ese sentido, todas las gestiones que hemos realizado han sido lógicamente para reivindicar esos derechos laborales de nuestros hermanos trabajadores, quienes perciben paupérrimamente y están discriminados y olvidados desde el año 90. Hay que decirlo de esa forma: se flexibilizó la situación laboral y la relación laboral, y el trabajador ha cruzado los brazos. Por eso hoy estamos como estamos, con regímenes laborales que no reconocen adecuadamente a los trabajadores. En este marco, como sindicalista y luchador social, estamos con el objetivo de lograr aspectos reivindicativos para la clase olvidada. Es importante señalar que hemos tenido diversas reuniones con el presidente del Congreso y con la ministra de Economía, siempre con un mensaje claro: la necesidad de actualizar la escala remunerativa de los trabajadores de SUNAFIL, como un acto de justicia laboral y reconocimiento a la importante labor que nuestros hermanos cumplen en defensa de los derechos de los trabajadores a nivel nacional. Esta mesa, específicamente, busca la aplicación de la ley, resolver las dificultades que puedan presentarse y reafirmar el compromiso institucional y político para que esta actualización remunerativa se concrete de manera efectiva en beneficio de los trabajadores y del fortalecimiento de SUNAFIL como entidad clave del Estado. Quiero agradecer de manera especial al sindicato de trabajadores por su permanente compromiso y por no dejar de impulsar esta reivindicación de derechos. Su constancia, organización y firmeza han sido fundamentales para que hoy estemos avanzando en la aplicación de la Ley 32486. Asimismo, valoro y agradezco la presencia de las autoridades y representantes de SUNAFIL, del ministro de Economía y Finanzas y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya participación es clave para garantizar una implementación responsable y efectiva de esta norma. Dicho esto, estimados participantes, con el objetivo de enriquecer este espacio de diálogo técnico e institucional, damos inicio a las participaciones para escuchar los aportes, observaciones y propuestas de cada una de las partes involucradas. En ese marco, vamos a dar inicio a la participación de nuestra amiga, compañera y luchadora social, la Secretaria General, compañera Ruth Matos Guzmán. Adelante, compañera. Muy buenos días a todos. Mi agradecimiento en especial al congresista Segundo Quiroz, porque él tomó la batuta de este proyecto de ley y lo hizo tan propio que en su despacho ya aparecía nuestra segunda oficina sindical. Eso es digno de reconocer, ya que nos ha acompañado en cada paso, en cada reunión estratégica para conseguir la admisión de la ley. También agradezco a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y a los funcionarios de la superintendencia que están aquí, porque es muy importante para nosotros contar con la presencia de los trabajadores de SUNAFIL. Asimismo, saludo a mi junta directiva y a mis compañeros afiliados presentes, porque la lucha que entendemos desde el sindicato es una lucha justa por la reivindicación de derechos durante doce años negados. Muchas gracias. Este es un contexto que queremos presentar, ya que el tema de la escala salarial no es nuevo; es un tema que venimos trabajando.

Hace más de tres años que venimos tocando las puertas de diferentes bancadas, realizando la incidencia política que le corresponde a los trabajadores para demostrar, en primer lugar, la importancia de la SUNAFIL en su valor social, en la prevención de las muertes en el trabajo, en el cuidado de la seguridad y salud, y en el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores del Perú. Es así que, a través de la Ley 32486, logramos su emisión el 2 de octubre, después de un largo camino. Quiero que se entienda que conseguir un dictamen de la Comisión de Presupuesto no es fácil, al igual que obtener uno en la Comisión de Trabajo. El derecho nos asiste; esto no es solo un tema político, sino que hemos demostrado que técnicamente esto es viable. Una vez que se emitió nuestra ley, se establecieron dos tareas. La primera es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como órgano técnico, debía elaborar un informe en un plazo de 30 días, seguido de un plazo adicional de 30 días para la emisión del Decreto Supremo (DS). El MEF ha cumplido con la emisión del informe; sin embargo, al momento de emitir el DS, estábamos exonerados solo en la Ley de Presupuesto 2025, y ya estamos en otro período lectivo. Esto representa un primer inconveniente que consideramos muy negativo, ya que teníamos la esperanza de que el MEF cumpliera con los plazos. Es importante señalar que el Ejecutivo goza de 15 días para observar una norma; cuando el Legislativo emite las normas, el Ejecutivo tiene ese mismo plazo para observarlas. Es fundamental resaltar el compromiso del presidente del Congreso, quien es también el actual presidente de la República, el señor José Yerí. Él ha sido uno de los más comprometidos, y su apoyo ha sido crucial en este proceso. Entiendo que el compromiso que se tenía desde el Congreso se mantiene también en el Ejecutivo, dado que este no observó la norma cuando él estaba en funciones y se emitió la ley. Este camino ha sido largo, y como les explico, hemos actuado con criterios técnicos, no con criterios antojadizos. No buscamos ganar como otros funcionarios de mayor nivel; nuestro enfoque siempre ha sido técnico. Además, hemos tenido reuniones estratégicas con la ministra de Economía y con los encargados del área laboral y de presupuesto para elaborar el informe de la escala salarial que realizó el MEF. En ningún momento hemos dejado de trabajar; siempre hemos estado detrás, remando, porque las leyes son un papel que tiene valor y que se debe cumplir. El MEF ha realizado el estudio técnico de la nueva escala salarial, y es importante resaltar que cumplió dentro del plazo establecido. Sin embargo, nosotros, los trabajadores 728, específicamente los inspectores de trabajo en sus tres niveles, no estamos de acuerdo con el monto propuesto por el MEF, ya que consideramos que sigue siendo discriminador. No nos han comparado con los supervisores que están en la OEFA y en la SUNAT, y seguimos siendo los fiscalizadores en el Estado que ganamos menos. Inclusive con el incremento, no llegamos a equipararnos.

Y tuvimos que tomar una decisión: observamos o seguimos adelante. Nosotros, de buena fe, sabemos que el actual gobierno tiene un compromiso con los trabajadores, ya que en más de una oportunidad nos hemos reunido con el presidente Yerín, y decidimos seguir adelante. De ahí, continuaremos buscando cómo lograr mayor equidad, porque todavía no se ha alcanzado la equidad y la justicia. Resaltamos que, a pesar de no estar de acuerdo con el incremento propuesto, decidimos impulsar la ley. Estábamos seguros de que iba a salir nuestra ley, hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un informe que indicaba que sí nos corresponde un incremento, pero luego sacó otro informe en el que observó la propuesta. Es importante remarcar la fecha en que se realizó esta observación: lo hizo cuando ya me quedaban menos de tres o cuatro días hábiles para que termine el año, es decir, para que finalice mi plazo de exoneración de la ley. Esto nos hace reflexionar. El MEF emitió un informe positivo el 3 de diciembre, pero el 24 de diciembre realizó la observación. Afirmó que sí tenemos derecho y que existe una desigualdad remunerativa, pero, 20 días después, decidió observarlo. ¿Por qué? Porque no tiene presupuesto. Es fundamental llamar la atención sobre este hecho, ya que sabemos que la dación de nuestra ley fue posterior al envío por parte del Ejecutivo de la ley de presupuesto para el año 2026. Sin embargo, estos imprevistos no son nuevos. Quiero resaltar que en nuestra ley, la 32486, se incluyen disposiciones finales complementarias que habilitan al Tribunal Constitucional a disponer de su presupuesto para ingresos y remuneraciones. Es decir, cuando el Ejecutivo se pone de acuerdo con el Legislativo, sí se pueden superar estas observaciones válidas. No estoy diciendo que lo que ha indicado el MEF carezca de sentido; es necesario considerar la fuente de financiamiento. Como sindicato de profesionales, hacemos propuestas técnicas y no nos hemos quedado solo en la observación, sino que creemos que existen varios caminos de salida. Primero, es importante trabajar en conjunto, ya que en cualquier ley que emita el Congreso de la República, sabemos que actualmente está en comisión permanente y que no habrá ningún tema que tenga incidencia presupuestaria, porque la ley no lo habilita. Sin embargo, en marzo regresarán a sus funciones, y tal como ocurrió con la ley 32486, creemos que también la SUNAFIL puede incluirse en una disposición complementaria final de cualquier ley. Esto se puede trabajar desde la Comisión de Presupuesto del Congreso, pero no queremos que lo haga solo esta comisión; debe coordinarse también con el MEF para evitar este tipo de situaciones. Agradezco la presencia de esta mesa técnica. Por lo tanto, en primer lugar, a través de esta ley, solicitamos nuevamente la exoneración para la implementación de la escala salarial de la Ley de Presupuesto del año 2026. Una de las salidas económicas que consideramos es modificar la ley 32525, que establece que las RDR de las entidades recién podrán ser aplicadas desde el año 2027. Creemos que, haciendo una excepción con la SUNAFIL y considerando los ingresos que tiene por RDR, no nos estamos apropiando de toda la RDR. Es importante destacar que la nueva escala salarial está cotizada en aproximadamente 20 millones por todo el año, mientras que los ingresos de la SUNAFIL por multas superan, si no estoy exagerando, más de 120 millones, de los cuales el 30% va a los gobiernos regionales. Haciendo sumas y restas, 20 millones no representa un gran impacto, y consideramos que es factible atender la justicia social que están demandando los trabajadores.

Entonces, la primera propuesta es a través de un crédito suplementario. Es importante remarcar que nosotros, los trabajadores, no queremos esperar el siguiente gobierno, no queremos esperar al nuevo presidente. Creemos que esta ley tiene que salir con el presidente que la inició, porque es lo justo. Tiene que ser recordado también por su identificación con la clase trabajadora, que siempre nos repite el presidente Yedid. Por ello, queremos que se habilite, ya que consideramos que el primer cuatrimestre de la SUNAFIL, respecto a su recaudación, puede permitir la implementación de la nueva escala salarial. Asimismo, como leemos en el diario El Peruano todos los días, observamos cómo el Ministerio de Economía y Finanzas, al enfrentar este tipo de problemas, también hace uso del fondo de contingencia. Sabemos que tienen sus procedimientos y procesos, pero creemos que también podemos ser beneficiarios de dicho fondo, ya que el MEF no podía prever al cien por ciento esta ley. Por lo tanto, es algo que surge de una emergencia no prevista, y para eso se justifican este tipo de acciones. Justamente de ahí se puede obtener algo del fondo de contingencia, que se utiliza cada año para diferentes leyes que requieren atención urgente. Queremos resaltar el liderazgo de nuestro sector. Necesitamos una SUNAFIL fortalecida, pero también necesitamos del apoyo del Ministerio de Trabajo. Es fundamental que el Ministro de Trabajo asuma el liderazgo y coordine directamente con la Ministra de Economía, ya que depende política y económicamente de ellos. Nosotros podemos realizar el trabajo en el Congreso y gestionar las exoneraciones, pero eso debe ir de la mano con la decisión política del actual Estado. No estamos pidiendo algo que sea un imposible jurídico ni presupuestal; creemos que sí hay salida, pero esta solo se logra cuando hay voluntad. Reitero que ni siquiera hemos hecho un informe ni observación al monto que se propone en la nueva escala, a pesar de no estar de acuerdo, porque estamos construyendo y se nos debe reconocer el trabajo que realizamos. Tengo más de once colegas inspectores, y somos tan pocos que algunos fallecieron durante la pandemia. En ese momento, se nos consideró trabajadores esenciales, y se nos dijo que no podíamos parar. Estamos al mismo nivel que los trabajadores de salud, y, sin embargo, muchas veces los poderes del Estado no nos dan la prioridad que merecemos. Por ello, venimos a solicitar, como reivindicación y por justicia, una salida técnica presupuestaria para que la escala salarial, la ley 32486, no quede solo en el papel, sino que se haga realidad lo más pronto posible. Con esto, agradezco a todos por su atención. No sé si hay algún integrante más del sindicato que desee participar o si se puede dar la palabra a los representantes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía que nos acompañan. Como ya lo mencionó la compañera Ruth, hay una ley, y esta no debe quedar en el papel. Ayer discutimos una situación similar. ¿Cómo es posible que, tras tanta lucha y el tiempo transcurrido, hayamos logrado tener una ley? La ley no viene del cielo; para promulgarla, el Ejecutivo también ha tenido que realizar un análisis exhaustivo.

Si es factible o no es factible, si es procedente o no es procedente. No creo que lo que se haga con la mano se borre con el codo. En ese marco, han quedado marcos normativos o leyes por cinco, nueve o diez años, y lógicamente no ha habido el interés ni de los trabajadores ni de quienes encaminaron el proyecto de ley. En este caso, nosotros, como promotores de este marco normativo en conjunto con los trabajadores, no queremos que quede solamente para guardarlo en nuestra sala en un cuadrito, diciendo que sí salió una ley, pero ahí quedó. Las leyes están para cumplirse y creo que con el trabajo articulado, especialmente con la participación de cada uno en la parte técnica, vamos a abordar temas fundamentales para concretizar la aplicación de este marco normativo. Si bien es cierto, ya lo mencionó Ruth, posiblemente en marzo haya un crédito suplementario, y trabajaremos para ello. A nivel de la ley de presupuesto, también solicitamos la inclusión de esta nueva escala remunerativa, la cual fue incluida, pero aún no hay respuesta sobre el particular. Estamos abordando este tema por dos caminos, pero lo que falta es una decisión al margen de la parte económica, porque hay formas y medios para solucionar este problema. La voluntad es fundamental, más que la política técnica. Ahora, dejo el uso de la palabra al Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el señor Edgar Alfonso Vallejos. Muchas gracias, congresista. Buenos días a todos los presentes. Valoramos su iniciativa y el esfuerzo de nuestros plenos sindicales. Como bien ha señalado la representante de la Comisión de Justicia, sabemos del sentir que tenemos relegado desde hace mucho tiempo. Es importante impulsar este proyecto de ley para concretizar una nueva escala que esté acorde al esfuerzo que realizan los trabajadores en el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad. Nuestro trabajo es evitar accidentes y situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad física de los trabajadores. Hemos tenido diversas reuniones no solo con las organizaciones sindicales, sino también con nuestro equipo técnico. Contamos con una propuesta técnica que hemos trabajado con el equipo del presupuesto, y le doy la palabra al licenciado Javier Rosales para que exponga las propuestas que estamos desarrollando. Estamos en constante coordinación con el Ministerio de Trabajo, que tiene la disposición de presentar una propuesta técnica viable y unificada que permita concretizar esta ley. Muchas gracias.

Publicada el 3 de noviembre del año pasado, la ley consta de cuatro artículos y tres disposiciones complementarias, las cuales vamos a desarrollar brevemente para contextualizar la propuesta que formularemos con los representantes de los sindicatos aquí presentes. Esta propuesta ha sido coordinada con el equipo de presupuesto del Ministerio de Trabajo en una primera reunión. Este es el estilo de trabajo que seguimos en nuestras coordinaciones, aunque también tenemos otras alternativas que expondremos en su momento. Como mencioné, el objeto de esta ley es aprobar una nueva escala remunerativa para los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 728. En el numeral 3.1 del artículo 3 se establece un plazo de 30 días para realizar un estudio técnico que plantee una nueva escala. El numeral 4.1 del artículo 4 señala que también hay un plazo mayor de 30 días para proceder con la aprobación correspondiente. El numeral 4.2 indica que esta escala se aprueba mediante un decreto supremo. Cabe señalar que, al final del año, el informe del Ministerio de Economía nos llegó el 31 de diciembre, donde se hizo una observación principalmente relacionada con la sostenibilidad del presupuesto para el año 2026. La primera disposición complementaria de la citada ley establece que se financiará con recursos propios de la institución, es decir, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esta disposición también autoriza al Ministerio de Trabajo a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. La segunda disposición complementaria exceptúa de los artículos 6 y 9 de la Ley de Presupuesto para el año 2025. El artículo 6 se refiere a los ingresos del personal del sector público y el artículo 9 aborda las limitaciones en las modificaciones presupuestarias. En este contexto, el problema se traslada al año 2026. El análisis del presupuesto de 2026 muestra que, en el presente ejercicio fiscal, la SUNAFIL tiene una asignación de 283 millones de soles. El 100% de este presupuesto está comprometido en planillas y gastos rígidos, los cuales fueron trabajados durante la programación multianual desde marzo del año pasado. Estos recursos ya tienen un destino asignado, por lo que no podríamos aplicar recursos de este ejercicio fiscal para la implementación de la Ley 32486. La propuesta que tenemos, que también ha sido coordinada, incluye tres componentes: financiamiento, ampliación del plazo y excepción. En cuanto al financiamiento, proponemos la modificación de la primera disposición complementaria de la Ley 32486 a través de una nueva ley, quedando redactada de la siguiente manera: la implementación de la presente ley se financiará con cargo al presupuesto institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, autorizando de manera excepcional y por única vez a la SUNAFIL a incorporar recursos de la fuente de financiamiento ARDR, por concepto de recaudación desde el año 2021 hasta el año 2025.

Guayneja, en los últimos años, la recaudación ha mostrado cifras de 121 millones en 2005, 119 millones el año anterior, y promedios de 125, 130 y 80 millones. Orientándonos al año 2025, si consideramos lo publicado oficialmente, la recaudación del año pasado fue de 121 millones. Si dividimos esta cifra entre 12, estamos aplicando aproximadamente 10 millones mensuales, lo que representaría 20.5 millones para financiar este escalón. Tal como se puede observar, la SUNAFIL ha contribuido con la CUT durante muchos años, y por ello creemos que merecemos, al menos, en el marco de la normatividad, que se nos asignen recursos de la manera que estamos proponiendo. Continuando, por la fuente de recursos directamente recaudados, queda exceptuado lo dispuesto en la quinta disposición complementaria de la Ley 32.525, que se refiere a los RDR y a los límites establecidos en el Decreto Supremo 008-2016, publicado hace una semana, donde se definen los límites para la incorporación de RDR en el sector público. Lo que queremos es que, de manera excepcional, se mantenga vigente el artículo único de la Ley 32, que deroga el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la primera disposición complementaria final del DL 1441, que es el DL de la tesorería. Otro componente es la modificación del artículo IV, que señala que de manera excepcional, y con carácter prorrogable, se amplía hasta el 31 de diciembre la aprobación de la nueva escala, proponiendo un plazo hasta el final del ejercicio 2026. También se reitera la excepción de los artículos 6 y 9 de la Ley 32.503, que prohíben el incremento de ingresos y establecen las justificaciones presupuestarias. Esta fórmula se resume tal como se presenta en la pantalla. Como señaló el señor congresista, esta fórmula puede incluirse en una ley que, técnicamente, llamamos ley ómnibus. La fórmula está descrita en su componente de excepción, de ampliación de plazo y financiamiento, tal como he dado lectura. Esta sería nuestra propuesta inicial, y como SUNAFIL estamos proponiendo esto. Quiero también mencionar el interés de muchos congresistas, tales como Américo González, Susana Paredes, Jenny López, Norma Rá, Juan Gutiérrez, Alfredo Carrión, entre otros. Hemos recibido consultas sobre este tema y, en ese sentido, hemos preparado esta propuesta y algunas otras alternativas. En este punto, quisiera dar una opinión al respecto. Felicito al ingeniero Javier Rolando Rosales Trejo por la buena voluntad y predisposición que se ha mostrado, lo que implica que la ley de escalas puede avanzar en el sector. Sin embargo, es importante considerar otros aspectos que hemos discutido.

Estoy escuchando. Por el tiempo, prácticamente sería simplemente una propuesta, nada más. Entonces, ¿eso a qué tiempo se va a dar? Hablamos de una propuesta para un marco normativo de modificatoria. ¿Se sabe cuánto se ha tardado en encaminar este proyecto? O sea, yo, incluso siendo integrante de la Comisión de Trabajo como vicepresidente, creo que ni siquiera con los plazos. Mañana, si es factible, se presenta el proyecto y pasado se va a convocar. Todos tienen plazos. ¿Ese proyecto a dónde llega? Al sector. El sector nuevamente tiene que hacer el análisis respectivo. Enhorabuena, que como hay un avance, ¿qué va a pasar? La luz verde nada más, ¿cierto? Para eso a veces hay este tipo de mesas de trabajo, de las que hemos venido haciendo, y nos han viabilizado el trabajo. Porque llega el proyecto de ley, socializamos, y el sector dice que es factible dar luz verde, y cuando da luz verde, inmediatamente responde. La comisión tiene que esperar plazos correspondientes, mínimo tal vez un mes. Estamos hablando de cuándo se restablece la labor en el Congreso. Marzo. Estaríamos hablando de fines de marzo, aproximadamente. Y esto no solamente es trabajo, también es presupuesto. El presupuesto prácticamente ahí se detiene, se amarra, se limita. Esto tiene que ser aprobado antes del 15 de junio del presente año, que termina la legislatura. Si esto no se aprueba hasta esa fecha, esto solamente es un conversatorio, una propuesta que queda como tal. Y de repente nosotros desde el Congreso, como parlamentarios, decimos que es importante encaminar un proyecto de ley, nos tomamos la foto con el proyecto de ley y salimos en redes sociales diciendo que estamos defendiendo los derechos laborales del trabajador. Y ahí lo dejamos. Nos lavamos las manos y se acabó. El tema está en que no es así. Ahí está la gran diferencia que existe como trabajador, también yo del Estado, como sindicalista y luchador social. Venimos encaminando para que todo este tipo de marcos normativos se cumpla y se reivindiquen los derechos laborales de los trabajadores. Pero de cierta forma, tampoco merecemos que esto quede en ilusión del trabajador. La propuesta está interesante, pero si hubiese sido antes, tal vez las cosas fueran distintas. Si hay una predisposición de parte del sector a que ajustemos algunas cosas y que se prioricen, en su defecto, para ese crédito suplementario, hay un crédito suplementario que viene. ¿Por qué no se prioriza para eso? Desde el ministerio, con la parte técnica, hay una ley, más que hay un marco normativo. Tenemos una base, y esa base es la ley. Eso me permite realizar algunas modificatorias internas dentro del sector y priorizar. Esa priorización es para que ingrese al Ministerio de Economía y Finanzas, para que desde allí se ordene y se pueda concretar. Ahora, lo otro también es nuestra labor. Si de parte del sector hay esa predisposición, nosotros también podemos encaminar y tocar las puertas a los sectores correspondientes. Si es necesario, tocar la puerta al mismo presidente, lo hacemos para que se nos abra este espacio y podamos concretar. ¿Por qué esperar? Esta propuesta, que sí lo veo interesante, no está mal, está perfecta. El problema es el tiempo, los plazos. ¿Cuándo se va a hacer? Dice que para el 31 de diciembre del presente año, pero hasta que se llegue a todo el proceso.