Dirección de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Adelante, por favor, los escucho.
Buenos días y muchas gracias, congresista, por este espacio que usted está brindando al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder dialogar e intercambiar algunas reflexiones y actualizar la información respecto a lo que es un servicio de protección social a niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar y con carácter de adoptabilidad. Este servicio del Ministerio de la Mujer se implementa desde hace aproximadamente 30 años. Muchas cosas han cambiado desde entonces y actualmente nos amparamos en un nuevo marco normativo, que es el Decreto Legislativo 1297.
Hemos escuchado sobre el procedimiento de adopción, sin embargo, es importante destacar que la adopción es una medida de protección definitiva. Se trata de integrar a un niño en desprotección a una familia, garantizando de manera excepcional que, cuando no es posible que un menor permanezca en el seno de su propia familia biológica, el Estado se haga cargo de este niño, quien pasa por un centro de acogida residencial antes de que se considere la posibilidad de una adopción.
Es fundamental tener en cuenta que la adopción es una institución centrada en los niños y no en las personas adultas. Los niños que están institucionalizados por períodos prolongados, incluso hasta diez años, desarrollan una imagen distorsionada de lo que es una familia, lo que complica la adopción cuando, por ejemplo, un niño que ingresó a un centro de acogida desde meses de nacido, ya tiene diez años y se le dice que debe irse con una familia adoptiva. Esta transición no es nada fácil.
Además, ninguna institución que acoge a un niño de manera temporal, por muy buena que sea, puede reemplazar el cuidado familiar que necesita un menor de forma individualizada. Lo que una persona necesita en la infancia es afecto y atención que le permita superar diversas situaciones para desarrollarse adecuadamente.
En la siguiente lámina, podemos presentar información sobre los tipos de adopción que existen en el Perú. La decisión judicial debe tomarse a una edad temprana, ya que esperar años o incluso décadas puede resultar en casos de jóvenes de 17 años que nunca tuvieron la oportunidad de tener una familia y que, a pesar de desear ser adoptados, no lograron concretar su adopción. Los procesos de adopción son más llevaderos para niños de aproximadamente cinco a seis años. Sin embargo, al superar este límite de edad, los procesos requieren mayor cuidado.
Es importante señalar que muchos niños expresan su deseo de no ser adoptados, ya que tienen temores y no comprenden el concepto de adopción. Además, algunos de ellos reciben visitas de familiares, como abuelos o hermanos mayores, lo que complica aún más la posibilidad de una adopción efectiva. Por ello, es común escuchar la pregunta sobre por qué hay tantos niños en los centros de atención residencial, cuando miles de ellos no son dados en adopción. Sin embargo, cada situación es particular y no todas reúnen las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo la adopción.
Estamos hablando de niños pequeños sanos, pero con historias complicadas, ya que ningún niño que viene en adopción proviene de una historia favorable. Estos niños provienen de entornos familiares desintegrados y disfuncionales, mayormente con madres adolescentes, muchas de ellas consumidoras de drogas o alcohol, o con problemas de salud mental. Por lo tanto, la adopción de niños con estas características debe ser aceptada por las familias que están dispuestas a adoptarlos.
Sin embargo, el mayor número de la población en situación de desprotección familiar y con adoptabilidad se concentra en niños mayores, de siete a diecisiete años, así como en grupos de hermanos, donde actualmente hay hermanitos que van de dos a cinco. La adopción de estos niños, que pueden presentar discapacidades o condiciones complejas como parálisis cerebral o hidrocefalia, no es una tarea sencilla.
A pesar de estos desafíos, contamos con cifras alentadoras que se presentarán más adelante, donde el Ministerio ha trabajado en actividades y acciones de sensibilización para ofrecer a estos niños la oportunidad de no permanecer toda su vida en un centro de acogida, sino ser acogidos por familias debidamente preparadas. En este momento, el ministerio, a través de la dirección que conduzco, tiene registrados a 337 niñas, niños y adolescentes que están esperando por una familia.
Es importante señalar que el problema no concluye cuando un niño es ingresado a un centro de acogida; más bien, comienza un largo camino. Estos 337 niños, que presentan características difíciles, no son los más pequeños, y sus historias no son fáciles de manejar. Por ello, es fundamental recoger la opinión del niño en todas las etapas del proceso de adopción. A partir de los cinco o seis años, los niños tienen uso de razón y su opinión es crucial. Muchos expresan que no desean irse con una familia, sino que quieren a su mamá y papá, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar en su entorno familiar.
He compartido en otras ocasiones el caso de una niña que, a pesar de que su madre la maltrataba, no quería separarse de ella. Esta es la realidad que viven muchos niños en estado de abandono, y las teorías psicológicas han abordado esta situación de diversas maneras. El interés superior del niño es un principio fundamental que debe guiar todas las decisiones en favor de un niño o adolescente, asegurando que cada acción sea la que más les convenga y beneficie.
Además, quiero destacar el principio de subsidiariedad: todo niño que nace en territorio nacional, que es peruano o peruana, debe permanecer en el país con familias peruanas antes de considerar una adopción internacional. Por ello, es esencial que trabajemos juntos para fomentar una cultura de adopción en la que las familias peruanas estén debidamente preparadas. Cuando se decide adoptar, es crucial que las familias se pregunten si están realmente preparadas, no solo en términos materiales, sino también en aspectos psicológicos y sociales.
Finalmente, el procedimiento de adopción se rige por cuatro etapas principales, siendo la primera la evaluación, donde se determina...
De las personas que llegan con interés en adoptar, pasan por una evaluación integral, fundamentalmente en la parte ética y moral. Es importante destacar que no solo se requiere demostrar ingresos económicos, sino también certificar que estas personas poseen madurez emocional y estabilidad psicológica, cumpliendo con una serie de requisitos, ya que no serán padres biológicos, sino padres a través de la adopción de niños que tienen diversas necesidades y retos por superar.
La designación es el momento más hermoso del proceso de adopción, lo digo por experiencia propia; es cuando un niño va a conocer a su familia y se valora ese momento acorde a las expectativas de la familia. Si bien una familia puede estar idónea, puede suceder que, al ser designada con un niño en particular, manifieste que en ese momento no es lo que pensaba o que, por alguna razón, no acepta esa designación. Esta designación no la realiza únicamente el Ministerio de la Mujer, sino que interviene un órgano colegiado a través del Consejo Nacional de Adopciones, integrado por representantes de sectores como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, colegios profesionales como el de Abogados y Psicología, y el Ministerio de la Mujer, con dos representantes también. La participación del Poder Judicial es igualmente importante en este espacio, siendo quienes finalmente aprueban las propuestas que hacemos.
La tercera etapa es crucial, ya que se refiere a la convivencia temporal en la familia designada con el niño antes de la aprobación definitiva de la adopción. En esta etapa pueden presentarse situaciones en las que el niño muestre conductas complejas, lo que puede hacer que la familia no se sienta preparada, o, por el contrario, puede haber una situación favorable que permita prever un buen pronóstico para la adopción.
Una vez que se aprueba la adopción a través de una resolución directoral, se inicia la etapa de seguimiento postadoptivo por tres años, con evaluaciones cada seis meses. Durante este tiempo, la familia es supervisada y acompañada por un equipo técnico especializado que busca detectar a tiempo posibles riesgos en la adopción. No todas las adopciones son fáciles; algunas pueden presentar complicaciones en el primer año o a los pocos meses de llegar a la nueva familia adoptiva. Por ello, el Ministerio realiza este acompañamiento y supervisión para identificar situaciones en las que los niños y las familias puedan necesitar apoyo profesional.
Contamos con sedes en diversas regiones del Perú, como Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Es fundamental continuar trabajando en la difusión de estos servicios, ya que el año pasado, durante una visita a Cusco, me informaron que no conocían la existencia de una sede de adopciones donde las familias de Cusco, Apurímac y Madre de Dios pueden iniciar su trámite de adopción. Por lo tanto, tenemos el reto de informar que no solo en Lima se pueden presentar solicitudes, sino que las personas en diferentes departamentos del Perú también pueden iniciar su proceso de adopción.
Finalmente, algunas estadísticas importantes para fundamentar nuestro trabajo en cifras: durante el periodo de estudio del 2021 al 2025, se ha mantenido un promedio de 150 adopciones anuales, y en el año 2025 se incrementó a 174.
Respecto al año 2024, inclusive a todos los años anteriores, hemos tenido un trabajo bastante interesante el año pasado con el equipo de adopciones. La buena noticia que nos debe unir esfuerzos es que de las 174 adopciones del 2025, tenemos 92 adopciones en modalidades especiales, que incluyen niños mayores, grupos de hermanos y niños con discapacidad, superando el número de las adopciones regulares. Esto indica que los esfuerzos realizados para promover la adopción de estos niños se han visto reflejados en estos números.
De las 174 adopciones, 120 fueron de carácter nacional y 54 con destino a otros países, siempre prevaleciendo el principio de subsidiariedad. Los principales destinos de adopción son Italia, Estados Unidos, España, así como otros países de Europa como Suiza y Francia.
En cuanto a los departamentos de donde proceden los niños, los más destacados son Lima, Cusco, Arequipa y La Libertad. Estos niños pasan por un proceso de desprotección familiar y, en algunos casos, terminan siendo adoptados. Es fundamental investigar las causas de esta desprotección familiar en estos departamentos, ya que están muy vinculados al origen de los niños.
Es importante también conocer quiénes son los adoptantes. En los últimos cinco años, la mayoría de las adopciones han sido realizadas por familias compuestas por padre y madre, aunque también hay un número significativo de adopciones monoparentales, mayormente por parte de madres solas.
En detalle, el mayor número de niños que buscan adopción corresponde a grupos de hermanos, con 384 registros, seguidos por niños mayores de seis años hasta diecisiete, quienes enfrentan diversos problemas de salud. El interés superior del niño es un principio fundamental, ya que muchos de estos niños presentan antecedentes y condiciones que dificultan su aceptación en adopciones regulares.
Por ejemplo, hay casos de niños que requieren tratamiento médico y provienen de situaciones complejas, como el incesto, problemas de salud mental de la madre y encarcelamiento del padre. Estos casos requieren un trabajo cuidadoso con las familias para que puedan aceptar las particularidades que los hacen complicados.
Finalmente, en cuanto a las edades de los adoptantes, el rango mayoritario se encuentra entre los 46 y 53 años, siendo solo un 7% de las familias menores de 41 años. Estos datos reflejan el perfil de quienes se acercan al servicio de adopciones.
Niños que son adoptados. El mayor número está entre trece y quince años de edad, con noventa y dos casos. Como se puede observar, el rango de 0 a 13 años es el menor; la situación de niños pequeños para adopción es irreal, prácticamente no existen, siendo mayormente niños grandes los que están en el sistema esperando por una familia. Otro reto que enfrentamos al trabajar en la cultura de la adopción en las familias peruanas es que suelen elegir el sexo de los niños, manifestando preferencia por adoptar niñas. Es fundamental trabajar en la apertura y flexibilidad hacia la adopción de niños y niñas por igual.
Los niños que están en situación de adopción provienen mayormente de Lima, Cusco, Arequipa y La Libertad. Es importante resaltar que las expectativas de las familias peruanas que buscan adoptar son bastante limitadas. Se ha evidenciado que un 19,8% de las familias que ya cuentan con idoneidad para la adopción tienen un bajo nivel de aceptación de niños con problemas de conducta. ¿Cómo podemos asegurar que un niño que ha pasado mucho tiempo en un Centro de Acogimiento Residencial (CAR) no presentará problemas de conducta? Es probable que esos problemas se manifiesten, y las familias deben ser conscientes de que no están adoptando a un niño dócil, obediente o tranquilo.
Los niños que han estado en un CAR han experimentado muchas decepciones, han visto cómo otros niños han sido adoptados y ellos continúan esperando, preguntándose: “¿y cuándo salgo yo?”. He sido testigo de estas situaciones; he visto a niños que, al ver que un niño de un año es adoptado, preguntan: “¿y yo cuándo?”. Estos traumas y experiencias deben ser comprendidos por las familias, que no están adoptando a un niño cualquiera. El deseo de ser padres no puede prevalecer sobre la necesidad de los niños. Cada caso es particular y cada historia es diferente. Estos niños están confundidos, han perdido la esperanza y la ilusión. Cuando una familia llega por ellos a esa edad, se van felices, y es crucial que la familia no les falle. No se les puede decir, una vez que están con ellos, que no pensaron que sería así o que ya no quieren continuar. Eso es devastador.
Por ello, el énfasis en el servicio debe centrarse en fortalecer las evaluaciones a las familias que desean adoptar, siempre priorizando lo que es mejor para los niños. Hemos realizado mejoras y estamos acercándonos a los centros de acogimiento residencial, no solo en Lima, sino a nivel nacional, conversando con los equipos técnicos, ya que la información que manejan es fundamental para el servicio de adopciones y para el Poder Judicial. Son ellos quienes tienen a cargo a los niños.
Hemos trabajado en mesas de trabajo con los presidentes de la Corte Superior de Justicia, con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer casos puntuales, incluyendo números de expedientes que, por diversas razones, están esperando una decisión judicial, una sentencia o una resolución. Estos expedientes pueden estar estancados durante meses o incluso años. Afortunadamente, algunos casos han comenzado a acelerarse, pero es un trabajo que debe estar siempre presente.
Además, hemos mejorado el proceso de adopciones especiales, brindando atención personalizada y presentando los casos directamente a las familias. Hemos implementado metodologías que permiten presentar los casos de manera completa, preparándolas y acompañándolas durante todo el proceso. También hemos establecido un acercamiento con la Fundación Calma, que, a través de un grupo de psicoterapeutas, ha estado trabajando con algunas familias que han presentado...
Problemas en la etapa posadoptiva, casos difíciles que las familias muchas veces no están preparadas para afrontar, y que los servicios de salud mental, como sabemos, son bastante limitados en nuestro país. A pesar de que el Ministerio de Salud ha ido ampliando los centros de atención comunitaria de salud mental, estos siguen siendo insuficientes. La salud mental en el país está en una situación crítica y hemos recibido apoyo de psicoterapeutas para abordar casos puntuales, como aquellos en los que los niños comienzan a retroceder. Si la familia entra en crisis, los niños también lo hacen. Actualmente, tengo un niño en una familia cuya pareja nos ha comentado que están en proceso de divorcio, lo que ha llevado al niño a presentar síntomas, como orinarse en la cama y defecar, lo que se conoce como encopresis.
Estos son casos que debemos seguir trabajando después de la adopción. He priorizado tres retos y desafíos. En primer lugar, es fundamental que las instancias competentes que trabajamos en adopción, como las unidades de protección familiar, el Poder Judicial y los centros de acogida residencial, seamos conscientes de los efectos que produce la permanencia prolongada de los niños en un centro. Estos niños pierden la capacidad de relacionarse con el mundo y no están preparados para la vida real, lo que genera personas que no se sienten integradas, que no pueden tomar decisiones y que no pueden construir una identidad propia.
En segundo lugar, la cultura de la adopción debe trabajarse desde los espacios escolares, incluyendo en la currícula diversos modelos de familia desde la primera infancia. También es necesario establecer protocolos en los servicios de salud para especialistas en pediatría y psicología que eviten preguntas inapropiadas hacia los niños adoptados. Muchas veces, las historias de estos niños carecen de datos fundamentales, como el APGAR, el peso al nacer o enfermedades iniciales, lo que representa un reto adicional. En los medios de comunicación, es crucial evitar representaciones idealistas de la adopción, que no sean sensacionalistas ni estereotipadas. Debemos contar la verdad: no todos los niños que están en los centros de acogida terminan siendo adoptados.
El tercer reto es mejorar el proceso de evaluación de las familias con un enfoque de derechos centrado en las necesidades de los niños. Es fundamental asegurarnos de que las personas que desean ser padres tengan competencias parentales y sean resilientes, comprendiendo que los tiempos de los niños no siempre coinciden con los de los adultos. A menudo, las familias llegan con la ilusión de adoptar tras haber agotado la vía biológica, pero la realidad de los niños no siempre responde a sus expectativas. Por lo tanto, no se trata solo de cumplir requisitos en el procedimiento ni de que el trámite sea rápido; el proceso de evaluación puede enfrentar diversas situaciones que no necesariamente están relacionadas con ingresos económicos, vivienda o empleo adecuado. Debemos ser conscientes de los retos que enfrentaremos cuando un niño se integre a nuestra familia de manera definitiva.
Con esto he querido resumir mi intervención. Agradezco su atención y estoy a disposición para responder preguntas y profundizar en los temas que consideren necesarios. Muchas gracias, señora presidenta.
Sí era necesario conocer todos los alcances y lo delicado que es también cuando uno decide adoptar a un niño, así como el compromiso que ello conlleva. A continuación, doy la palabra a la doctora Karina Beñorio y a la doctora Madeleine Chura, representantes del Poder Judicial. Adelante, por favor. Al final, realizaremos una ronda de preguntas. Gracias.
Muy buenos días, señora congresista. Miembros de la mesa, reciban un cordial saludo por parte de la doctora Yanet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, y del doctor Johnny Cáceres Valencia, responsable de la rectoría de familia dentro del Poder Judicial. Quien les habla es la responsable técnica de la rectoría de familia en el Poder Judicial.
La exposición del día de hoy, en el contexto de la mesa de trabajo sobre los retos de la adopción en el Perú, ha sido dividida en tres temas específicos que queremos abordar en mérito a la problemática expuesta y a la realidad que observamos desde el Poder Judicial. Si bien es cierto que el tema central es la adopción, es importante destacar que para llegar a la adopción se debe pasar por un proceso tanto administrativo como judicial. El Decreto Legislativo 1297 otorga facultades al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que, a través de su dirección de Unidades de Protección Especial (UPE), se realice todo el trámite administrativo necesario para evaluar si un niño debe ser declarado en desprotección absoluta o parcial. Posteriormente, esta investigación administrativa es remitida al Poder Judicial, donde se ratifica o emite la resolución que declare la adoptabilidad.
Es fundamental tener en cuenta este proceso, ya que hemos escuchado la exposición de nuestro antecesor y hemos discutido la problemática que surge tras la declaración de la adoptabilidad de un niño. Como Poder Judicial, nuestra finalidad es administrar justicia, lo cual se traduce en la emisión de un fallo o sentencia judicial que resuelva la situación jurídica solicitada.
Quisiéramos informar a la mesa sobre algunos detalles que son cruciales al abordar una problemática tan álgida como la de los niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección. A diciembre de 2025, el Poder Judicial ha cerrado con una carga procesal de 2,717,467 expedientes en trámite en materia de familia. Esta área representa el 39% de toda la carga de este poder del Estado, lo que evidencia una sobrecarga procesal excesiva.
Dentro de esta carga procesal, existen subespecialidades que podemos clasificar en cuatro categorías: materia civil, familia civil, familia penal, y familia tutelar y violencia. En la familia tutelar se engloban los temas de desprotección. La carga procesal más abundante en el Poder Judicial corresponde a la materia de familia civil, y el análisis de la presente reunión representa aproximadamente el 3% del total de la carga en materia de familia.
Ahora, es importante que todos los integrantes de esta mesa de trabajo conozcan cuáles son las medidas más inmediatas a adoptar. Actualmente, contamos con 158 juzgados especializados en materia de familia a nivel nacional, además de casi 200 órganos jurisdiccionales que, además de sus funciones, también abordan la materia de familia, incluyendo juzgados mixtos, civiles e incluso penales.
Por el tema de la falta de órganos jurisdiccionales especializados, es necesario que se aborden estas materias en adición a sus funciones, dado que colinda con la necesidad de las diferentes provincias en las cuales tenemos cobertura. Esta situación es esencial, ya que de ella desprende una problemática significativa: la falta de especialización de órganos jurisdiccionales en la materia. Esto indica que existe una necesidad latente de crear nuevos órganos jurisdiccionales que puedan atender toda la sobrecarga que hemos observado desde el inicio.
Continuando con la exposición en esta mesa de trabajo, entendemos, como Poder del Estado, que el proceso de protección busca la integración familiar en principio, y que solo la adopción es una excepción. Debemos trabajar bajo la premisa de que lo que se busca es resolver la situación de desprotección de los niños, defendiendo siempre el interés superior del menor. No se trata de llegar a la adopción como primera opción, sino de priorizar la reintegración familiar, que es la postura que actualmente se promueve institucionalmente.
Desde esta perspectiva, es fundamental priorizar por dónde comenzar a resolver los problemas para evidenciar una mejora en la situación de los niños que se encuentran en los diferentes Centros de Atención Residencial (CAR) o albergues a nivel nacional. Es importante señalar que no todos los niños en estos albergues están en proceso de adopción; muchos están en situación de desprotección, esperando una colocación o una reintegración familiar.
Esta problemática ha sido detectada por nosotros, como Poder Judicial, y deseamos exponerla en esta mesa junto con algunas propuestas específicas. En apoyo al Decreto Legislativo 1297, que este año cumple diez años en funcionamiento, recordamos que su emisión inicial indicaba que habría una progresión en la implementación a nivel nacional de las Unidades de Protección Especial (UPEs) para facilitar la tramitología administrativa. Sin embargo, lamentablemente, en estos diez años no se ha logrado alcanzar la finalidad de esta norma, y el Poder Judicial sigue asumiendo funciones que corresponden a otras entidades sin contar con recursos adicionales para ello.
Es crucial centrar la atención en el origen de los problemas. Hemos constatado que no contamos con órganos especializados y, además, estamos realizando funciones que no corresponden al Poder Judicial. Hace diez años se debió haber establecido un cronograma de implementación para cubrir a nivel nacional estas UPEs y proporcionar la atención administrativa necesaria, sin cargar esta responsabilidad al Poder Judicial, ya que no hay quien lo haga. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes; entonces, ¿quién asume esta responsabilidad?
Ante esta situación, hemos emitido una resolución administrativa que establece una directiva interna para realizar un proceso simplificado de protección familiar de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Esta simplificación busca evitar demandas engorrosas que requieren una gran cantidad de documentación, optando por un formato más ligero y rápido que permita una atención más ágil en casos de desprotección. Es fundamental entender que la desprotección no solo proviene de la negligencia de los padres, sino que también es resultado de la demora en la atención por parte del Estado.
En mérito a ello, esta ha sido una de las políticas adoptadas por el Poder Judicial para coadyuvar a la celeridad de estos procesos. Asimismo, el programa presupuestal, a cargo del doctor Johnny Cáceres Valencia, ha establecido como política de trabajo para el año 2025 realizar visitas in situ a todos los órganos jurisdiccionales de las 34 cortes donde tenemos competencia, con el fin de abordar estos temas de manera efectiva.
Porque el año pasado hemos trabajado varias mesas de trabajo, y en esas mesas siempre han habido problemáticas que han expuesto las oficinas intervinientes. Por ello, hemos realizado un levantamiento de información in situ para conocer exactamente cuáles son las problemáticas, las cuales procederé a exponer.
Hemos tenido reuniones técnicas con el Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, cuatro el año pasado, guiados también por otro despacho, donde se han puesto en conocimiento las problemáticas que enfrentamos y se han solicitado ciertas medidas para buscar una forma de mediar y consensuar cómo avanzar.
Los desafíos pendientes que tenemos a la fecha son significativos. Como Poder Judicial, reforzamos el enfoque de protección integral; la adopción es un mecanismo subsidiario y deben agotarse primero todas las medidas de reintegración familiar, que es la postura institucional.
En este levantamiento de información, hemos puesto en autos a todos los presentes, en actas de trabajo con cada una de las cortes con las cuales colaboramos. Hemos podido identificar la necesidad de las Unidades de Protección Especial (UPE). Actualmente, contamos con veinticinco UPE, que deberían cubrir las veinticinco regiones. El Poder Judicial trabaja por distritos judiciales, por lo que lo primero que tenemos pendiente es uniformizar cómo será el despliegue de estas unidades y cuáles serán sus competencias, para que cada corte sepa dónde debe recurrir para brindar la atención adecuada.
Un problema puntual que hemos identificado es que, por ejemplo, en Arequipa, la UPE solo atiende a la provincia y distrito de Arequipa, dejando a las otras trece provincias sin cobertura. A nivel nacional, existen 348 distritos, lo que significa que más de trescientos distritos están en desatención. ¿Quién asume toda esa responsabilidad y la carga laboral administrativa de la investigación? Los jueces y los trabajadores judiciales del Poder Judicial. Esta es una realidad que no se ve, que no se manifiesta, y realizamos un trabajo silencioso, sin poner en autos el esfuerzo sobrehumano que realizan esos trabajadores y jueces que resuelven estos casos. No solo deben cumplir con la administración de justicia, sino que también deben realizar el trabajo administrativo de investigación.
Además, hay un tema álgido que no ha sido puesto en palestra: la falta de equipos multidisciplinarios. Para elaborar un informe, se requiere la opinión de expertos. Aunque los jueces y trabajadores judiciales tengan la voluntad de hacerlo, la opinión técnica de psicólogos y trabajadores sociales es esencial para emitir este tipo de investigaciones. En algunas cortes, ni siquiera contamos con equipos multidisciplinarios, lo que limita nuestro avance.
Hacemos todo lo humanamente posible para que los casos avancen, pero no podemos exigir más a un trabajador. Esto implica que un trabajador que debe realizar funciones adicionales se quede más horas y, en consecuencia, abandone a su propia familia por dedicarse a una labor que no le corresponde como ente rector. Sin embargo, debemos actuar por la necesidad de defender el interés superior del niño y cuidar, dentro de lo posible, que este niño sufra el menor daño. Muchas veces hemos visto que pasan casi toda su vida internados y, tras salir, se enfrentan a la calle sin saber qué hacer con su vida. Es lamentable.
Esta posición es clara y tratamos de hacer lo que más podemos para dar una respuesta asertiva, consciente, que cumpla una finalidad pública; sin embargo, también tenemos necesidades. El tema de las Unidades de Protección Especial (UPEs) es esencial, como ya lo he planteado en reuniones anteriores, y vamos a enviar un documento oficializando esta solicitud. Si las UPEs no comienzan a hacer su despliegue a nivel nacional, el tema de la desprotección y la adopción siempre quedará rezagado.
Las entidades administrativas deben asumir el trabajo técnico para el cual han sido creadas, ya que la razón de ser de esta dirección es precisamente realizar este despliegue y cobertura, así como tener una identificación real de cuántos niños están en proceso de desprotección. Si en este momento preguntáramos a la dirección cuántos niños están en desprotección, no tendrían una respuesta, siendo ellos el ente rector. Este es un problema álgido.
Como inicié mi exposición, hemos visto que el Poder Judicial, además de los órganos competentes de familia, realiza un sobresfuerzo, ya que no contamos con juzgados especializados. A pesar de que en dos periodos anteriores se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la creación de órganos especializados, no hemos sido escuchados. En lugar de recibir una adición, hemos enfrentado recortes que empeoran la situación institucional. Actualmente, tenemos un déficit de 198 juzgados especializados en familia, que son los que llevan procesos de desprotección. Si consideramos la ubicación física a nivel nacional o el despliegue territorial, hay un déficit de 381 órganos jurisdiccionales, y esto se refiere únicamente a la especialidad de familia, sin contar las necesidades de otras materias.
Si en el ámbito familiar, que es un tema crítico para el futuro de la nación, no se presta la atención correspondiente, ¿cuáles serán las consecuencias a futuro para estos niños que están prácticamente en desprotección por parte del Estado? No les estamos brindando una respuesta justa a sus necesidades.
Un tema crucial con el que trabajamos día a día es el fortalecimiento del equipo multidisciplinario, que también ha sido una demanda adicional al MEF, explicando la necesidad de contar con una estructura funcional adecuada. Según la ley orgánica, esta estructura debe incluir jueces, especialistas, asistentes y trabajadores judiciales; sin embargo, para la materia de familia hay una excepcionalidad. Debemos trabajar en procesos de tenencia, regímenes de visita, desprotección y temas infractores, con un equipo multidisciplinario que elabore un informe técnico que indique la mejor decisión para cada niño. Este informe es un requisito esencial antes de la emisión de una sentencia. Si no contamos con el profesional que lo elabore, el juez no puede emitir sentencia, ya que la norma exige este informe de sustento técnico.
Esto nos lleva a una situación en la que los jueces, por falta de personal, se ven obligados a emitir sentencias que a menudo son cuestionadas por la parte que no ganó, lo que conlleva a más dilaciones. Mientras no haya un sentido definitivo, los procesos se siguen prolongando. Este tema es bastante crítico. Hemos documentado y enviado al MEF nuestra preocupación, sustentando su importancia tanto documental como estadísticamente, pero no hemos recibido respuesta. Esto nos obliga a seguir trabajando con los escasos recursos que tenemos, lo que a su vez afecta la celeridad que debería exigirse para un problema de tal envergadura.
La solución a esta situación radica en una mejor organización de recursos. Si dotamos de recursos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que realice su despliegue a nivel nacional, podrán cubrir toda la necesidad administrativa. Esto permitirá que, al ingresar los casos al Poder Judicial, no se recargue al juez con tareas adicionales y pueda centrarse en la emisión de resoluciones. Si contamos con el personal técnico necesario para elaborar los informes, el juez podrá emitir su sentencia de manera adecuada. De lo contrario, nos veremos obligados a solicitar informes a otras instituciones, lo que genera demoras innecesarias.