Presentes en esta mesa de trabajo a las cuales hemos convocado para el día de hoy. En nombre de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores que presido, les damos la bienvenida a los señores congresistas, funcionarios e invitados que hoy nos acompañan en esta mesa técnica de trabajo, iniciando la misma.
Como es de conocimiento público, a través de diversos medios de comunicación, hemos sido informados que durante los últimos años la situación económica y financiera de Petroperú S.A. estaría enfrentando una crisis estructural de solvencia patrimonial, lo que habría conllevado a que el Poder Ejecutivo emita el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, publicado el 31 de diciembre del 2025 en el Diario Oficial El Peruano.
En dicho contexto, considero importante manifestar que el objetivo de esta mesa técnica de trabajo es evaluar las consecuencias que pudiera afectar a los consumidores ante una posible privatización de Petroperú S.A. Para tal efecto, se cursaron las siguientes invitaciones: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Petroperú S.A., Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), OSINERGMIN, Defensoría del Pueblo, Sindicato de Trabajadores Profesionales de Petroperú (SINAPRO) y Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAP).
Han confirmado su participación en esta mesa técnica de trabajo, el señor Alejandro Narváez Liseras, expresidente del directorio de Petroperú S.A.; el señor Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao; y representantes de la Defensoría del Pueblo, acreditando a Yanina Roxana Pacheco Canales, adjunta para la Descentralización y Desarrollo Socioeconómico; Rosmary Cornejo Valdivia, adjunta de Asuntos Constitucionales; y Mariluz Falcón Rojas, adjunta de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Asimismo, el Sindicato de Trabajadores Profesionales de Petroperú (SINAPRO) está representado por Néstor Herrera Guerrero, y el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAP) por José Luis Saavedra Tavara, secretario general, y Pablo Tello Aguilar, secretario de Prensa y Propaganda.
He de precisar que de esta comisión que presido, reitero mi compromiso de efectuar un análisis técnico y objetivo que redunde en beneficio de los consumidores y de la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta que nuestra prioridad es protegerlos frente a los sobrecostos, desabastecimiento, escenarios o acciones que puedan atentar contra sus derechos como consumidores.
Asimismo, señalar que para el desarrollo de la presente mesa técnica, la mecánica a utilizar será conceder a los representantes de cada institución un tiempo de cinco minutos con el fin de que puedan plantear su posición respecto a las implicancias que podría generar en los consumidores las disposiciones adoptadas por el Estado con respecto a Petroperú S.A., así como las medidas que se estarían tomando para la protección de los derechos del consumidor.
Antes de iniciar la sesión, quiero poner en conocimiento que hemos recibido en horas de la noche del día de ayer el oficio número 020 del año 2026, FEF 13.01, sobre la invitación de la mesa de trabajo pidiendo la dispensa.
Que no van a estar presentes. Lo propio también me pide, a través de otro oficio 004-2026, la reprogramación de asistencia a la mesa técnica de Petroperú. Me piden la reprogramación, y lo propio también tenemos del Ministerio de Energía y Minas, que también mandaron un oficio indicando que se debe realizar la dispensa de esta mesa técnica. Al igual que la PCM, acaba de llegar otro oficio donde se indica que el asunto es la mesa técnica de trabajo para abordar el tema de la privatización de Petroperú y sus consecuencias para los consumidores, solicitando también la dispensa de esta mesa técnica.
Asimismo, quiero poner en conocimiento una llamada del Ministro de Energía y Minas, quien manifiesta que está dispuesto a realizar una mesa técnica, pero no en este momento. Podemos coordinar la fecha, puesto que tienen actividades programadas y una agenda apretada. Sin embargo, están dispuestos a realizar una nueva mesa técnica, e incluso de esta mesa técnica que vamos a tener el día de hoy, recogerán el sustento de lo que ustedes van a exponer. Por lo tanto, no está cerrada la posibilidad de realizar una nueva mesa técnica con todos los actores que hoy vamos a convocar.
No podíamos suspenderla porque ya está convocada la mesa de trabajo, ya está organizada y cursada con oficios. Por lo que pongo en conocimiento a todos y también a los colegas congresistas los oficios que nos han llegado de los organismos más importantes, quienes deben darnos a conocer la información veraz sobre el decreto que han emitido. Les informo que, antes de dar inicio a esta mesa de trabajo, están dispuestos a realizarla, pero nos piden más tiempo. Estaremos en coordinación para poder realizar otra mesa con la presencia de todos los invitados, quienes deberían estar aquí hoy.
Asimismo, antes de ceder la palabra, es importante dar a conocer al pueblo peruano las opiniones y decisiones que cada uno de los sectores va a exponer sobre el porqué de este decreto de urgencia. Vamos a ceder el uso de la palabra al señor Alejandro Narváez Liseras, expresidente del directorio de Petroperú, quien lo realizará en forma virtual, ya que no está presente, pero hemos accedido a que pueda dar a conocer su exposición. Tiene la palabra el señor Alejandro Narváez Liseras. Bien, no se le escucha. ¿Puede aumentar mejor su audio, por favor?
Bien, buenos días. ¿Me escuchan? Confirmen el audio, por favor. Gracias a la congresista Silvia por invitarme a esta breve presentación. Intentaré ser lo más conciso posible para que quede claro el mensaje de mi exposición.
Todos conocemos la historia de las privatizaciones en nuestro país, y Petroperú ha sido una de las más afectadas entre los años 1991 y 1998. Esta es una historia que, si alguien tiene interés, puede consultar los datos del Banco Central de Reserva. Petroperú es una sociedad anónima creada por la ley 26.221, que regula el comercio de hidrocarburos, incluyendo sus derivados, así como la industria petroquímica básica, intermedia y otras formas de energía. Así fue establecida textualmente la empresa en el año 1969.
Como toda sociedad anónima, Petroperú tiene la obligación de maximizar sus ganancias, sin olvidar su rol social y regulador como empresa del Estado. Hasta el año 2019, la empresa reportaba resultados positivos, con utilidades netas que se transferían al Tesoro Público y que nutrían el presupuesto nacional.
Los problemas comenzaron con dos eventos significativos que es importante señalar. El primer evento fue el cierre de la refinería antigua, llevado a cabo por el señor Paredes Lanata en diciembre de 2019. Estos dos eventos desencadenaron los resultados negativos que hemos observado en los años 2022, 2023 y 2024. Se espera que en 2025 la situación se recupere sensiblemente, y se prevé que asuma la presidencia de Petroperú en noviembre de 2024, reduciendo así la pérdida proyectada para ese año, que ascendía a 1.030 millones de dólares.
Es fundamental recordar que la antigua refinería tenía una capacidad de refinado de aproximadamente 65.000 barriles diarios hasta 2019. Hasta ese año, la empresa generaba utilidades. El cierre en 2021 fue un factor determinante en la acumulación de pérdidas. Posteriormente, el proceso de arranque de la nueva refinería en Talara comenzó a inicios de 2022 y se extendió hasta finales de 2023. Este proceso, debido a su complejidad, ha llevado tiempo, y se espera que en 2024 la refinería se estabilice y alcance su máxima capacidad de utilización de recursos.
Como consecuencia de las pérdidas acumuladas desde 2022, los bancos y la banca local han enfrentado desafíos significativos.
El negocio de Petroperú es fundamental y es importante que todos conozcamos su situación actual. Actualmente, los lotes 69, 64, 192 en la selva y el lote 10, así como el lote 1 y el lote 6, han sido recuperados por Petroperú y están en manos privadas. Lo único que queda produciendo un poco de petróleo es el lote 69 en la selva, que también está en el norte, y el lote 10, que tiene una participación del 40% con una empresa privada. Es decir, se producen aproximadamente entre 7,000 y 8,000 barriles diarios.
En cuanto al transporte, contamos con el oleoducto actualmente operativo. El negocio central, el core business de Petroperú, es la refinación, que se realiza en Talara, Conchán e Iquitos. La distribución se lleva a cabo a través de flota marítima, fluvial y terrestre, utilizando camiones tanque y trenes contratados para distribuir en el sur del país. Finalmente, la comercialización se efectúa a través de los grifos, que son los puntos de venta de petróleo.
Como se puede observar en el gráfico, la rentabilidad es mayor en la exploración y producción, que representa un 45%, mientras que el transporte apenas alcanza un 5%, la refinación se sitúa en torno al 10%, y la distribución en un 2.5%. En el caso de los grifos, el margen de ganancia es del 13%. Es evidente que la refinación no es un negocio tan rentable, especialmente cuando no se cuenta con campos o lotes propios, ya que todo lo que se refina se compra a precios internacionales.
Actualmente, la demanda nacional de petróleo en nuestro país es de 294,000 barriles, mientras que la producción local es de aproximadamente 40,000 barriles. Esta diferencia debe ser cubierta mediante importaciones, lo cual resulta costoso. Es importante recalcar que, a menudo, se comenta que somos un país petrolero, pero en realidad somos deficitarios en petróleo, lo que también implica una sangría de divisas, dado que importamos alrededor de 250,000 barriles diarios para el consumo nacional.
La historia de la producción de petróleo en Perú muestra que, antes de la privatización en 1991, la producción promedio era de aproximadamente 188,000 barriles. Sin embargo, a partir de la privatización, se ha observado una tendencia negativa en la producción. Los lotes fueron concesionados a empresas privadas por 30 años, y lamentablemente, lo único que han hecho es esquilmar los lotes antiguos. Actualmente, informes recientes de Petroperú indican que estamos produciendo solo 25,000 barriles, en comparación con los 134,000 barriles que se producían en 1987. Estos son los retos que enfrentamos en el sector petrolero.
Entenderán que un negocio tan complejo no se puede realizar sin inversiones, y por ello Petroperú no ha podido hacerlas, limitándose a producir en cantidades bastante reducidas. Tan pronto como se venció la concesión, fue recuperado por Petroperú y actualmente se encuentra en manos de empresas privadas que ni siquiera tienen la calificación de empresa petrolera.
El oleoducto, que se extiende desde Iquitos, tiene una trayectoria de 1,100 kilómetros. A lo largo de su recorrido, atraviesa regiones de selva, sierra y costa, beneficiando a decenas de pueblos y comunidades. Gracias a la existencia de Petroperú, se puede generar algún ingreso en estas regiones, lo que es fundamental, dado el enorme impacto social que conlleva.
El costo de mantener operativo el oleoducto norperuano asciende a 112 millones de dólares anuales, una carga que asume Petroperú como empresa del Estado, dado que se trata de un activo crítico nacional. En cuanto a las refinerías, estas se encuentran en tres grandes ciudades: Talara, donde se refina 95,000 barriles; Conchán, con 15,500 barriles; y Iquitos, con 12,000 barriles diarios. Gracias a nuestras plantas de venta distribuidas a lo largo y ancho del Perú, Petroperú logra llegar a los lugares más alejados de las grandes ciudades.
El comercio de Petroperú es un aspecto crucial para entender el impacto social y las consecuencias de una posible privatización. El gráfico que se presenta muestra la zona de cobertura total de Petroperú, donde se observa su dominio. En la sierra y la costa, existe competencia con empresas privadas, aunque Petroperú mantiene una participación significativa. Un ejemplo es el distrito Santa Rosa, que limita con Colombia, donde tenemos un grifo flotante en el río. Para llegar a esta zona, es necesario navegar durante 24 horas, lo que implica un alto costo de atención a la población, que son peruanos como todos nosotros. Los privados, evidentemente, no pueden llegar a estos lugares debido a la falta de rentabilidad.
Es importante mencionar la Ley 27037 de 1999, que exonera la repercusión del IGV y el selectivo al consumo de la venta en la Amazonía. Esto significa que, mensualmente, Petroperú deja de recuperar aproximadamente 53 millones de soles, es decir, el 18% del IGV, debido a que vende sin este impuesto en la Amazonía peruana, mientras que los productos que adquiere sí soportan el IGV. Esta situación es anómala y, como consecuencia, se pierden mensualmente 53 millones de soles. Desde el año 2015 hasta julio de 2025, esto representa un total de 1,080 millones de dólares de IGV no recuperado, lo que afecta fuertemente la caja de Petróleos del Perú.
El impacto de esta situación es considerable. Las barras verdes en el gráfico reflejan la participación de Petroperú en más del 97% en regiones como Loreto, Tumbes, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Piura. La barra naranja representa a Pasco, San Martín, Lambayeque y Cusco, con una participación en torno al 50%. Las barras rojas indican a Huancavelica, Cajamarca y Junín, con participaciones de 30%, 28% y 25%, respectivamente. En Lima, la participación es del 16% y en otras regiones, del 15%. El impacto de dejar de operar Petroperú en estas áreas sería devastador.
En términos económicos, Petroperú comercializa gasolina premium, gasolina regular y diésel, con una participación de venta en Lima del 27% para gasolina premium, 40% para gasolina regular y 33% para diésel. La diferencia de precios entre los grifos de Petroperú y los de la competencia es de 10 soles por galón en gasolina premium, 7 soles en gasolina regular y 7 soles en diésel.
Si sacamos la diferencia entre ambos, definitivamente en promesa sería de 7.82 soles, y en total, en millones de dólares anuales de afectación directa a la población, en caso de no existir Petroperú, sería de 1,056 millones de dólares anuales. Este es un impacto significativo, repito, a la población. Finalmente, es importante señalar que esta es la diferencia. Mientras los precios de Petroperú son absolutamente competitivos y de calidad, la competencia tiene precios muy diferenciados que hacen que nuestros productos sean los más preferidos en la gran ciudad de Lima y, por supuesto, también en provincias.
Durante el año 2024-2025, los resultados de las gestiones anteriores, bajo la dirección de tres presidentes en ese periodo, Chira, Linares y Star, fueron los que heredamos. En noviembre del año pasado, es decir, en 2024, dejé la empresa con un EBITDA positivo de 20 millones de dólares a octubre de 2025, cuando fui removido. La proyección a diciembre estaba entre 12 y 16 millones de dólares, y la proyección anual de EBITDA estaba en 50 millones de dólares positivos. Esta es la gran diferencia. La proyección para el año 2030, que fue el plan que diseñamos, se ha estado cumpliendo normalmente. Los resultados muestran una tendencia positiva y cada año se iba recuperando. La cuota de mercado ascendía en torno al 35%.
Además, se ha mencionado una discrepancia considerable entre los sueldos de algunos funcionarios públicos y lo que se reporta en Petroperú. Si tienen interés en conocer esta información, puedo presentarles los datos correspondientes. Entre 2014 y 2024, Petroperú aportó 6,763 millones de soles al Tesoro Público, gracias a la recaudación y transferencias al Estado peruano. Esta información está auditada y se encuentra en los informes de memorias anuales que se presentan anualmente.
En conclusión, el Decreto 010 atenta contra la seguridad energética y el rol subsidiario que tiene Petroperú, así como contra el rol regulador de nuestra empresa. Este decreto privatista fragmentará y torcerá la empresa para venderla al mejor postor, seguramente. Muchas gracias.
Agradezco al señor Alejandro Narváez Liseras, expresidente del directorio de Petroperú. Continuamos con las participaciones. Me han indicado que el señor Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, está pidiendo su dispensa. Cederemos la palabra a la señorita Yanina Roxana Pacheco Canales.
Tiene la palabra la señora Yanina Pacheco. Buenos días a todos. Reciban el saludo del señor defensor del pueblo, el doctor Josué Manuel Gutiérrez.
Siendo la actividad de hidrocarburos uno de los componentes principales de nuestro crecimiento económico y ante el peligro inminente de la falta de continuidad de las operaciones esenciales de Petroperú, preocupa a nuestra institución las consecuencias de esta crisis institucional en el goce y disfrute efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos previstos en nuestra Constitución.
Como es de conocimiento, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus funciones constitucionales de supervisión de la administración pública y defensa de los derechos fundamentales, emitió un comunicado el 29 de diciembre, difundido en nuestro sitio web, en el cual se exhortaba al Poder Ejecutivo, con un enfoque de seguridad energética nacional, a adoptar medidas integrales urgentes que garanticen la estabilidad operativa y financiera de Petroperú, considerando su condición de empresa estratégica para el abastecimiento de combustibles y la seguridad energética nacional.
Asimismo, se instaba a adoptar, en conjunto con la Junta General de Accionistas y el Directorio de Petroperú, mecanismos de reajuste financiero y reperfilamiento de la deuda de la empresa, así como las garantías y avales necesarios que permitan su sostenibilidad.
Establecer la liquidez y viabilidad operativa de Petroperú en el corto plazo es una prioridad. El decreto de urgencia nos causó alarma, y hemos solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros información que estábamos a la espera de recibir hasta el día de ayer, ya que dimos un plazo de dos días hábiles para que se nos entregue el informe técnico del análisis integral de la situación económica y financiera de Petroperú, que propició la emisión del decreto de urgencia 010-2025.
Asimismo, hemos solicitado copia del Acuerdo de Directorio N° 157-2025, de fecha 26 de diciembre, que se menciona en el decreto de urgencia. También requerimos copia de los siguientes informes citados en el decreto: el informe técnico GGRL 3717-2025, de fecha 19 de diciembre; el informe técnico GGRL 3825, de fecha 24 de diciembre; el informe legal GLAR 1989-2025, de fecha 26 de diciembre; el informe N° 338-2025 del Ministerio de Energía y Minas; el informe N° 429-2025, y el informe N° 1341-2025 del mismo ministerio.
Adicionalmente, solicitamos informes, opiniones o pronunciamientos técnicos o legales emitidos por profesionales externos, nacionales o extranjeros, relacionados con el proyecto del decreto de urgencia 010-2025. También requerimos un informe detallado de las gestiones internas y externas para la redacción del proyecto, así como para su validación y emisión final, incluyendo las fechas de las reuniones sostenidas y los acuerdos alcanzados. Finalmente, pedimos un informe detallado de las coordinaciones realizadas con organizaciones de la sociedad civil afectadas por la crisis institucional de Petroperú que sustentan el decreto de urgencia 010-2025, así como cualquier otra información que se considere relevante.
Es la información que, como Defensoría del Pueblo, hemos requerido a la Presidencia del Consejo de Ministros para poder analizar y evaluar la situación. Muchas gracias, señora congresista.
En cuanto a la respuesta a estos documentos, lamentablemente, el día de ayer vencía el plazo para que se nos entregue esta información, y hasta el momento no contamos con ella, no ha sido remitida.
Continuando con la exposición, le cedemos la palabra a la señora Rosemary Cornejo Valdivia.
Muy buenos días con todos, señora Presidenta. A través de su intermedio, quisiera comentar que efectivamente nos encontramos en la Defensoría del Pueblo revisando y recopilando toda la información y documentos, como bien ha detallado la señora economista Yanina Pacheco. Nos interesa sumamente participar en estas mesas, ya que nos sirve para seguir recopilando información. En este momento, estamos en ese proceso en la Defensoría del Pueblo. Esa es toda mi intervención. Gracias.
Ahora, vamos a ceder la palabra a la señora Marilú Falcón Rojas, adjunta de Medio Ambiente y Cambio Climático, en representación de la Defensoría del Pueblo.
Muy amable, señora congresista, por su intermedio. Buenos días a todos. Solo para confirmar lo que ya mencionaron la economista Yanina Pacheco y la doctora Rosemary Cornejo, la posición de la Defensoría del Pueblo es evaluar la situación actual en función de la información que hemos solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros. Estamos a la espera de esa información para poder pronunciarnos.
Esa sería mi posición por ahora, como Defensoría del Pueblo. Gracias.
Bien, continuando, vamos a ceder la palabra al señor Johnny Villón Macedo, representante de los trabajadores profesionales del directorio de Petroperú. Tiene la palabra el señor Villón.
Buenos días, congresista Katy. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los presentes. Un saludo a todos los amigos, líderes sindicales y también a todos los profesionales de las diversas instituciones presentes, así como a quienes nos acompañan de manera virtual.
Los profesionales de Petroperú estamos muy preocupados porque este decreto de urgencia es una burla al pueblo peruano. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos estudiado no hemos hecho esto para que nos hagan el avión entre gallos y medianoche, faltando una hora para Año Nuevo, y nos den como regalo de Año Nuevo la venta de una empresa que es de todos los peruanos. Esta empresa es un activo nacional, señores, es un activo de todos los peruanos. Esto no es un activo de gobierno, es del Estado.
Esto no es del señor Yerí, ni tampoco de los congresistas; esto es de todos los peruanos. Aquí no van a venir a decir que el señor Yeríquez es simplemente un congresista encargado de la presidencia de la República. Además, no ha sido elegido para ser presidente de la República. Este señor es un reemplazante del señor Vizcarra, ni siquiera ha sido elegido congresista, es un reemplazante, un señor que está preso.
Entonces, señores, hay que poner las cosas en orden. Es un encargado que en abril ya debe ponerse tranquilo y dejar que gobierne un verdadero y legítimo presidente. Ese señor sí debe decir las cosas claras. Un presidente legítimo debe poner orden en el país, no un señor que está en transición.
Nosotros, los profesionales de Petroperú, estamos muy preocupados por la empresa. En el fondo, aquí estamos en la Comisión de Defensa del Consumidor. Si la empresa va a ser fragmentada, va a ser partida, va a ser dividida, descuartizada, como ya fue en los años noventa y seis.
¿Qué ha pasado? Los lotes petroleros cuando fueron entregados, la Pampilla cuando fue rematada, una Pampilla que valía dos mil trescientos millones de dólares y fue entregada a ciento ochenta millones de dólares. ¿Qué ha pasado? Ustedes son testigos. Repsol, en tres años, recuperó la inversión. Y ahora, ¿qué pasa? Todos sabemos que está en superávit por todos lados.
¿La gasolina que vende Repsol acaso la vende a precio regular? Los precios de Repsol son más de veinte soles, veintiún soles, veintidós soles. El galón de gasolina premium, ¿cuánto está? Petroperú lo vende a catorce soles. ¿Cuánto lo vende Repsol? Trece noventa.
Congresista, le pido que se centre en el tema, por favor.
Claro, respeto, por favor. La canasta básica familiar va a subir, automáticamente. ¿Por qué? Porque los fletes van a aumentar, y el transporte se eleva. Los combustibles, como los de Repsol, ¿usted cree que van a bajar los precios? En la vida, van a subir. Voy a dejar aquí a mi asesor, Ciro Silva, quien tiene mucha experiencia en este tema y podrá explicar lo que puede venir con una privatización encubierta. Nosotros, los profesionales, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Contadores y todos los colegios de abogados, estamos elaborando pronunciamientos a nivel del Consejo Nacional de Decanos. Pronto vamos a encausar a este presidente, como ya se ha hecho con una denuncia de traición a la patria presentada hace dos días en la Fiscalía de la Nación, por estas acciones irregulares.
Continuamos con la exposición. Le vamos a ceder la palabra al señor Pablo Tello Villar, quien va a... He cedido mis minutos a mi asesor para que hable sobre los usuarios, porque no he terminado mi tiempo. ¿Cuántos minutos le quedan al señor? Tengo diez minutos, pero le he cedido unos minutos para que me complemente.
Gracias, señora presidenta. Debo recordarles que, de acuerdo a la Constitución Política, el artículo 61 establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, y ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Al desaparecer, descuartizar y privatizar Petroperú, se está sacando del mercado. El ingeniero Yoni ya ha mencionado la diferencia de precios de un producto.
El artículo 65 de la Constitución establece que el Estado defiende el interés de los consumidores, y en este caso, felicito a la comisión que está convocando. Lamento la ausencia de las más altas autoridades. El principio de soberanía del consumidor, transparencia y simetría debe ser respetado.
Participé hace muchos años con Johnny Lescano y otros congresistas en la elaboración de la ley 29.571, que es el Código de Defensa del Consumidor. El artículo 9 de este código establece que la información sobre las limitaciones en el suministro de combustible debe asegurar la cadena de precios. ¿Quién nos asegura a los consumidores que en un proceso de privatización se van a mantener los precios o incluso serán menores?
El tema de fondo que hemos analizado es que el año pasado, en julio, el exministro Montero del gobierno anterior anunció, y está en la página oficial del Ministerio de Energía y Minas, el descubrimiento en la costa, en el zócalo, de casi 400,000 barriles de petróleo de producción diaria. Hoy, como ha dicho el ingeniero Narváez, solamente se están produciendo alrededor de 45,000 barriles, hay un déficit, por eso somos importadores. Si comenzamos a producir en ese zócalo, podríamos alcanzar más de 400,000 barriles.
Vamos a ser superavitarios y, por supuesto, no vamos a necesitar importaciones. Hay un rumor e información confidencial que el día de ayer el presidente Kast de Chile ha hablado con el presidente interino, el señor José Enrique Gerióre, sobre el tema del petróleo y del combustible, y habría un interés que debería ser investigado. Se debería solicitar al presidente de la República que informe sobre la agenda y los temas que se discutieron en esa reunión.
Es importante mencionar que hay un funcionario, el señor Mario López Tejerina, asesor del ministro de Energía y Minas, quien ha sido jefe del actual ministro en varias empresas eléctricas. Ayer recibí información de Tacna, donde se me ha informado que este señor tiene varias denuncias de corrupción que seguramente serán alcanzadas.
Finalmente, quiero señalar que el día de anteayer, 6 de enero, según el expediente 099-2026, como presidente de la sociedad patriótica, he procedido a denunciar por el grave delito de traición a la patria al presidente interino José Enrique Gerióre, por haber violado los artículos 54, 65 y 73 de la Constitución Política.
Muchas gracias, señora congresista.
Continuamos y le cedemos la palabra al señor José Luis Saavedra Tavara, secretario general de trabajadores administrativos de Petroperú. Tiene la palabra el señor José Luis.
Buenos días, señora presidenta. Por su intermedio, seré breve en nuestra exposición. Lo que queremos abordar son las consecuencias que se derivarían si Petroperú es privatizado, lo cual proviene del decreto número 010-2025, aprobado el 31 de diciembre de 2025.
Petroperú actualmente cumple un rol estratégico que se vería afectado. Existe un riesgo de mercado, ya que el Perú ya no tendría una empresa del Estado que pudiera regular precios. El mercado se vuelve vulnerable, especialmente en las zonas del oriente donde Petroperú tiene una participación de entre el 80 y el 85 por ciento, que quedarían desabastecidas. La experiencia de la privatización de los lotes no ha sido positiva; por ejemplo, la producción de petróleo ha disminuido de 133,000 barriles en 1992 a 40,000 en el año 2025.
Las consecuencias son significativas, con impactos económicos y fiscales. Los ingresos por una eventual venta no cubrirían las deudas a largo plazo. El Estado tendría que asumir subsidios para el abastecimiento en regiones no rentables, como la Amazonía, ya que al privado no le resulta rentable operar allí. Esto significa que el Estado tendría que subvencionar, y ese dinero saldría de nuestros bolsillos.
Con la venta de la refinería de Talara, se generarían pérdidas de empleo que afectarían aproximadamente a 15,000 familias en esa área. La desaparición de Petroperú aumentaría la concentración del mercado y dependeríamos de empresas transnacionales y privadas. Además, el Estado dejaría de percibir utilidades y cánones.
El desabastecimiento de combustibles traería consecuencias económicas severas y sociales en las regiones que dependen de Petroperú, especialmente en la zona oriente. Petroperú cumple un rol insustituible en regiones donde el mercado no es viable ni rentable para el sector privado, sosteniendo servicios públicos, energía y conectividad para diversas industrias en nuestro país, incluyendo las pesqueras, mineras y la industria alimentaria. El corte de suministro tendría consecuencias productivas, sociales y de gobernabilidad que no podrían ser absorbidas por el mercado. La pérdida de capacidad de refinación y logística sería devastadora.