Parlamento Europeo - FISC - Asuntos Fiscales - 27 de enero de 2026

Muy bien, pues vamos a empezar la segunda parte de la reunión de esta tarde. Vamos a presentar un estudio muy interesante, que será expuesto por nuestro distinguido invitado. Este estudio ha sido elaborado por expertos en política fiscal. Como bien sabemos y hemos escuchado anteriormente, en la Unión Europea vivimos en un mercado único, tenemos una eurozona y somos muy cautos a la hora de establecer los tipos impositivos. La vicepresidenta y todo su equipo hacen todo lo posible para establecer el nivel adecuado de tipos impositivos a su nivel óptimo para fomentar las inversiones. Sin embargo, nos preocupamos menos por el coste indirecto del capital, que se ve afectado de alguna manera por la política fiscal. Estos costes indirectos provocan problemas que hacen que Europa sea menos eficaz. El objetivo de este estudio es evaluar si hay margen para mejorar el mercado único mediante la armonización fiscal y determinar si está surgiendo un coste de la no Europa por no tener esta armonización fiscal. Quiero escuchar a nuestros ponentes. Comenzaré por Apóstolos Tomadakis, jefe de la Unidad de Mercados y Opciones Financieros del Centro de Estudios Políticos Europeos. También contamos con Katerina Pantazzatu, profesora asociada de Derecho Fiscal de la Universidad de Luxemburgo, y con Marco Centrone, de la Unidad de Valor Añadido Europeo de la DG EPRS del Parlamento Europeo. Escucharemos la presentación inicial de Marco y, posteriormente, pasaremos a las preguntas de nuestros miembros. Sus señorías podrán formular preguntas, como es habitual, con un máximo de dos minutos, y luego regresaremos a nuestros invitados para que respondan durante un par de minutos. Señor Centrone, tiene usted la palabra por siete minutos. Presidente, señorías, estoy aquí en nombre de la Unidad de Valor Añadido Europeo de la DG EPRS. Nuestra misión es apoyar a las comisiones proporcionándoles información sobre el valor añadido de las acciones europeas y los argumentos que las respaldan. El estudio se lanzó a petición de FISC a principios del año pasado. Para llevar a cabo este estudio, encargamos a un consorcio externo formado por expertos del Centro de Estudios Políticos, la Universidad de Luxemburgo, la Escuela de Economía de Noruega y la London School of Economics. El informe fue publicado en noviembre pasado y se lo enviamos a sus señorías, a los miembros de FISC, tras su publicación. El principal objetivo de este estudio es evaluar las consecuencias económicas y administrativas que tienen las divergencias de las distintas políticas fiscales en la Unión Europea. El estudio cuantifica el coste económico y administrativo de la fragmentación y explora formas de coordinación en cuatro ámbitos: fiscalidad, fiscalidad de las criptomonedas, digitalización de la administración fiscal y la carga del cumplimiento fiscal. En los últimos meses, hemos mantenido un diálogo constructivo con la secretaría de la comisión como parte de este ejercicio.

Control de calidad. El estudio pasó por un proceso de revisión inter pares a doble ciego por parte de una persona experta independiente, para garantizar el mayor nivel de objetividad y de garantías del estudio. Ya hemos publicado los resultados en una publicación titulada "At a Glance". Para tener una idea general, encontrarán ustedes copias a la puerta de la sala, y si desean el informe completo, pueden solicitarlo a la secretaría. Esperamos que este informe sirva para alimentar el debate sobre el tema y agradecemos, en todo caso, la oportunidad de presentar el estudio hoy aquí. Doctor Tomalakis, muchísimas gracias. Agradecemos a la unidad de valor añadido por darnos la posibilidad de presentar conjuntamente con el resto de colegas, incluyendo a la señora Pantasoto y nuestros colegas de Noruega, por su trabajo. El señor Centrone ya ha mencionado de qué trata el estudio, pero es crucial que analicemos por qué es urgente que actuemos ahora. En la audiencia anterior, se destacó que los sistemas fiscales son nacionales, mientras que los modelos de negocio y los contribuyentes operan a nivel transnacional. Este desfase genera costos, como la incertidumbre jurídica, especialmente al operar a través de jurisdicciones que aplican normas o exigencias diferentes. También surgen problemas de doble imposición y desigualdades entre Estados miembros. Es importante aclarar que los tratados de la Unión Europea proporcionan una base jurídica para cierta armonización en impuestos indirectos, como el IVA, pero no en lo que respecta al IRPF o a los impuestos de sociedades. La intención aquí no es armonizar los regímenes fiscales ni las normas para combatir la evasión fiscal en la Unión Europea, sino evaluar el costo de la falta de armonización y coordinación. Nos enfocamos en cuatro ámbitos principales, como ha mencionado el señor Centrone. Comenzaremos con el primer ámbito, que es la fiscalidad de la riqueza. Queríamos examinar la situación actual en los Estados miembros. Hemos observado que el impuesto sobre la riqueza varía significativamente entre los distintos Estados miembros debido a sus características particulares. Estas diferencias son notables y hay variaciones aún más grandes en los impuestos sobre el patrimonio. ¿Por qué es importante abordar la fiscalidad sobre la riqueza? Porque las fricciones entre autoridades y contribuyentes pueden llevar a riesgos de doble imposición o a que no se paguen impuestos en ninguno de los dos lugares. Además, existe incoherencia en las normas aplicables. ¿Cómo podemos avanzar a partir de aquí? A través de la coordinación. La coordinación debe ser el camino a seguir, más que la armonización. Es fundamental preservar la soberanía, asegurando que no haya distorsiones. La coordinación debe centrarse en una definición común de lo que constituye la riqueza y en las normas aplicables a los activos de elevado valor. También es necesario establecer normas comunes para la importación transfronteriza de riqueza extranjera. El objetivo es reducir los costos administrativos, mejorar el cumplimiento de las normas y facilitar la resolución de diferendos. El segundo elemento a considerar es la fiscalidad de las criptomonedas.

Aquí hemos llevado a cabo un test de estrés. La naturaleza de las criptomonedas hace que estén descentralizadas y sean transfronterizas, lo que complica la fiscalidad. Los retos de las autoridades fiscales pasan por determinar la titularidad y el seguimiento. Existe una gran innovación que hace que las definiciones jurídicas queden obsoletas rápidamente. Las diferencias que observamos en los Estados miembros se centran, sobre todo, en cuál es el elemento imponible. Por ejemplo, las transacciones y los intercambios, así como la clasificación de los ingresos, teniendo en cuenta las ganancias de capital y los ingresos de las empresas, y cómo se valoran los activos en el momento de la transacción. Hay distintas normas en los regímenes fiscales en función del Estado miembro del que se trate. ¿Cómo podemos avanzar en este sentido? Contamos con la Directiva sobre Cooperación Administrativa DAC 8, que establece que el transporte de criptomonedas se realice a través de proveedores de servicios. Esta directiva, que entró en vigor a principios de este año, resuelve el problema de la información, pero si no hay una mayor armonización o coordinación, no podremos abordar adecuadamente el problema de lo que se grava y cuánto se grava. Por ello, necesitamos una definición y un acuerdo para avanzar y generar herramientas de ejecución de la ley. DAC 8 es un buen punto de partida, pero la coordinación debe ir más allá de simplemente compartir información o aumentar la transparencia. El siguiente paso se encuentra en la digitalización. En este ámbito también hay distintos enfoques, y nos centramos en todo el espectro de herramientas disponibles, como los pagos electrónicos, el rellenado de formularios electrónicos, el registro de identidad y los informes en tiempo real, así como las herramientas basadas en inteligencia artificial que ofrecen soluciones. La digitalización avanza, pero de forma desigual en los diferentes Estados miembros; algunos están bastante avanzados, mientras que otros están rezagados. Observamos diversas medidas desde el punto de vista de las herramientas de transparencia y disponibilidad para las administraciones fiscales. En algunos aspectos, hay convergencia; por ejemplo, en el impuesto de sociedades y en el IVA, donde existe una mayor homogeneización, mientras que en el IRPF la armonización es menor. A pesar de que hay cierta convergencia en algunos ámbitos, aún queda margen para mejorar y aumentar la coordinación. Debemos centrarnos en esto. Además, el valor en el ámbito digital representa un avance significativo, pero desde 2015 hemos observado variaciones en la ejecución y aplicación de estas normas en los distintos Estados miembros. Por lo tanto, es fundamental establecer normas digitales mínimas para todas las administraciones fiscales y proporcionarles las herramientas necesarias para desempeñar su labor. Dejo aquí mi intervención y devuelvo la palabra al presidente, quien, si lo considera oportuno, podrá dar la palabra a mi colega. Agradezco también a la unidad de valor añadido por la invitación. Sigo sin pausa hablando del cuarto pilar, que es el de la carga que supone.

El cumplimiento de las normas es un aspecto crucial en el ámbito fiscal. Hemos observado que el coste de cumplimiento no se traduce únicamente en los impuestos que se pagan, sino que también implica el tiempo que se dedica a cumplir con las normativas, el esfuerzo administrativo, el coste de oportunidad y los costes directos. El tiempo que un contribuyente tarda en pagar sus impuestos podría ser utilizado en otras actividades. Esta carga es especialmente mayor en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en las empresas incipientes, que enfrentan mayores costes por cada euro que deben abonar. Esto se debe a que no cuentan con los servicios necesarios para gestionar estas obligaciones fiscales de manera eficiente. Asimismo, las empresas transfronterizas deben cumplir con dobles normativas y procedimientos, lo que también afecta a los trabajadores de plataformas, autónomos o móviles que operan en distintos Estados miembros, quienes se enfrentan a normas poco claras y a varios riesgos. Este escenario plantea un problema de justicia creciente, ya que diferentes contribuyentes deben responder a diversas normativas por la misma actividad. Es revelador observar cómo se traduce esta carga de cumplimiento. Hemos constatado que el tiempo requerido para cumplir con las obligaciones fiscales varía significativamente entre los Estados miembros. Por ejemplo, en Estonia, las empresas de tamaño medio requieren menos de 60 horas al año para cumplir con sus obligaciones fiscales, mientras que en Bulgaria, estas mismas empresas necesitan más de 400 horas anuales. Los principales elementos detrás de esta carga son la complejidad del código fiscal y la complejidad administrativa, que incluye los procesos y procedimientos en los distintos Estados miembros, así como los formularios que deben ser completados y las diversas normas de auditoría. En este sentido, nuestra conclusión principal es que simplificar los procedimientos es fundamental para los contribuyentes. No debemos centrarnos únicamente en las normas fiscales, sino también en los aspectos procedimentales relacionados con el cumplimiento de dichas normas. Hemos observado que las herramientas digitales desarrolladas pueden ser de gran ayuda, pero deben ir acompañadas de procesos simplificados. El diseño administrativo en los Estados miembros es crucial; contar con una ventanilla única para la presentación de datos puede facilitar enormemente el cumplimiento. Por ejemplo, en relación al IVA, se ha incrementado la posibilidad de emitir facturas electrónicas, aunque todavía persisten lagunas en su implementación. Las empresas transfronterizas, por su parte, sufren penalizaciones en términos de cumplimiento, lo que incrementa sus costes. Un reto significativo es la ausencia de normas mínimas europeas para la eficiencia administrativa; no existen procedimientos estandarizados que definan cómo debe operar una administración. Esta responsabilidad recae en los Estados miembros, lo que dificulta que la Unión Europea intervenga en este ámbito. Además, hemos identificado que son pocos los Estados miembros que realizan un seguimiento de la carga que supone el cumplimiento para el contribuyente. Por ello, consideramos que la Unión Europea puede liderar este proceso estableciendo estándares y promoviendo buenas prácticas, ya que armonizar las prácticas administrativas es un desafío considerable. Por último, hemos discutido previamente el coste de la falta de coordinación en el ámbito fiscal. Es importante reiterar que las pérdidas económicas y fiscales derivadas de sistemas fiscales fragmentados son significativas. Esta falta de coordinación se traduce en una pérdida de ingresos, ya que los contribuyentes pueden cambiar su base impositiva, eludir impuestos o incluso abandonar la Unión Europea.

El contribuyente tiene mayores costes para cumplir las normas. Ya hemos explicado quién se ve más afectado por esta situación y cómo, por ejemplo, si realiza una transacción transfronteriza, puede recibir un tratamiento distinto, precisamente por el carácter transfronterizo de sus operaciones. También observamos que en algunos Estados miembros la aplicación de las normas se lleva a cabo de manera menos rígida por distintos motivos, sobre todo la falta de capacidad. Todas estas diferencias conducen a distorsiones en los Estados miembros, a problemas y a diferendos, lo que, por supuesto, menoscaba el mercado único en su totalidad. Pasando ahora a algunas cifras, hemos intentado ilustrar, sobre todo con escenarios basados en modelos, qué podría lograrse con una mayor coordinación de la Unión Europea en la fiscalidad relativa a la riqueza, las criptomonedas, así como en mejoras de los procedimientos administrativos y en el cumplimiento y la simplificación de los procesos. Comenzamos con la fiscalidad de la riqueza para mostrar cuánto dinero se pierde, según nuestros cálculos, debido a esta fragmentación. Nos hemos centrado en la fiscalidad y en la riqueza relativa al mercado inmobiliario, considerando a las personas que poseen un patrimonio inmobiliario de más de un millón de euros, que son relativamente pocas. Hemos calculado que el statu quo en este sector representa aproximadamente 12.900 millones de euros al año a nivel europeo. Si todos los Estados miembros que tienen tipos impositivos por debajo de la media se pusieran de acuerdo en un nivel medio, podríamos esperar un aumento de alrededor del 18% en los ingresos del sector, lo que resultaría en unos ingresos de aproximadamente 12.200 millones de euros. Además, hemos realizado otros cálculos, también basados en modelos, sobre la riqueza de las personas con propiedades inmobiliarias de menos de un millón de euros, que son mucho más numerosas. En este caso, el statu quo se estima en 127.000 millones de euros, y si todos los países que están por debajo del nivel impositivo medio se pusieran de acuerdo, alcanzaríamos unos ingresos anuales de 151.300 millones de euros. En cuanto a los activos financieros y no financieros, estimamos la recaudación si todos los Estados miembros, con excepción de España, que ya dispone de un impuesto sobre el patrimonio del 1% sobre el patrimonio neto por encima de un millón de euros, excluyendo la renta por residencia, se alinearan. En este caso, la recaudación podría ser de entre 30.000 y 35.000 millones de euros anuales, si mantenemos la trayectoria de crecimiento actual. Sin embargo, hemos observado que todo depende de la ejecución; si no se aplica adecuadamente, la recaudación podría resentirse y solo alcanzar un 27% más. Pasemos ahora a...