Bienvenidos. Continuamos con nuestro trabajo. Se trata de una audiencia pública sobre la fiscalidad de los ultrarricos. Tenemos interpretación disponible en varios idiomas, así que buenos días y gracias a los intérpretes. Los documentos están disponibles en internet, como siempre, en la página web de FISC, y nuestra reunión, como de costumbre, se retransmite a través de la página web del Parlamento. El orden del día se envió hace algunos días; si no hay objeciones, lo consideramos aprobado.
A continuación, quisiera señalar que esta es, básicamente, nuestra última reunión de 2025 en lo que respecta a la Subcomisión FISC. Esta mañana hemos celebrado una reunión de coordinadores y hemos trabajado de forma muy intensa. Además de los temas que vamos a debatir hoy, ha sido un año muy intenso en lo que respecta a las cuestiones fundamentales para FISC, empezando por la cooperación en materia tributaria. Hemos tratado la misión que llevamos a cabo en los Estados Unidos hace algunas semanas, centrada especialmente en la cooperación fiscal y en el Pilar 1 y el Pilar 2. Ha habido cambios en el último año, como saben, después de que el gobierno de Trump se retiró de los acuerdos de la OCDE, en concreto del acuerdo del Pilar 2. Sigue habiendo retrasos en el Pilar 1 y, estos días, se está debatiendo en la OCDE para alcanzar un nuevo acuerdo, especialmente entre Europa y los Estados Unidos, sobre el enfoque “lado a lado” combinado con el Pilar 2.
En junio, como resultado del trabajo de FISC, adoptamos un conjunto de recomendaciones para una arquitectura tributaria más simple y más eficiente en la UE, con un centro de datos fiscales para toda la Unión Europea, de modo que las normas fiscales sean más transparentes, predecibles y competitivas, manteniendo salvaguardias robustas contra el fraude, la evasión y la elusión agresiva.
Se está prestando atención a nuestro trabajo. Considero que todos estamos ayudando a garantizar más equidad, una palabra que muchas veces se olvida en el ámbito de la fiscalidad. Ayudamos también a fomentar la innovación, el crecimiento y a mejorar el mercado único, defendiendo siempre la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la evasión y la elusión fiscal. Quisiera dar las gracias a todos los diputados y a todos los actores que siguen nuestro trabajo —sociedad civil, sector académico, ONG y personal—, a todos los que han contribuido a mejorar nuestra labor con sus conocimientos. Hemos definido un mejor papel para FISC a nivel europeo y también con los Estados miembros. Hemos mantenido reuniones con los parlamentos nacionales y nos ha quedado claro que existe la necesidad de reforzar la cooperación con el Parlamento Europeo.
Si no hay más observaciones, continuamos.
¿Objecciones? Consideramos aprobadas las actas de la reunión de FISC del 4 de noviembre. Gracias.
Pasamos ahora al tema del día: la fiscalidad de los ultrarricos.
En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados y agradecerles su presencia. Empezaremos con Benjamin Angel. Benjamin ya se ha ganado una tarjeta de fidelidad o algún tipo de regalo por todo lo que ayuda en el trabajo de nuestra comisión. Sus sugerencias nos son muy útiles para alcanzar nuestros objetivos. Su Dirección General mantiene una muy buena cooperación con nosotros.
Luego, el doctor Kurt Van Dender, jefe de política fiscal y división estadística del Centro de Política Fiscal y Administración de la OCDE.
A continuación, el profesor Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la UE y autor del modelo del G20 para una fiscalidad efectiva mínima y coordinada para los ultrarricos. Gabriel ha liderado el debate sobre esta cuestión y, en el último G20 en Brasil, hace casi un año, fue uno de quienes propusieron primero al Gobierno de Lula y luego al G20 lo que hoy se conoce como la propuesta Zucman para la tributación de los ultrarricos. También ha contribuido mucho a los trabajos de esta comisión con sus informes y su participación en audiencias, tanto él como el Observatorio Fiscal de la UE en su conjunto.
Y tenemos también al doctor Michael Christel, investigador en la Fundación Fiscal Europea y profesor de Economía en la Universidad Loyola Andalucía, en Sevilla.
No quiero extenderme mucho más. Ya conocemos el tema y, sin duda, existen distintos puntos de vista legítimos. No podemos ignorar, no obstante, las desigualdades tan flagrantes que existen en nuestras sociedades; desigualdad no derivada solo del trabajo y del capital, sino que afecta a los individuos. Y lo digo con claridad: hoy tenemos individuos que se comportan como si fueran grandes empresas, acumulan grandes fortunas y no siempre podemos identificar si esa fortuna proviene del trabajo, del capital, de la tecnología u otros factores de producción que aún no están bien investigados. Por lo tanto, desde una perspectiva académica y de investigación, la cuestión está bien definida. Desde una perspectiva política, debemos prestar atención a este nivel de desigualdad porque socava la justicia social y también el correcto funcionamiento de la economía.
Muchas gracias, una vez más, por haber venido. Como siempre, empezaremos por Benjamin. Tendrá siete minutos para su intervención inicial. Luego intervendrán Kurt Van Dender, Gabriel Zucman y Michael Christel, siete minutos cada uno. A continuación, daremos la palabra a los diputados, que podrán formular preguntas a nuestros oradores. Cada diputado contará con dos minutos, y los oradores tendrán tres minutos como máximo para responder.
Benjamin, adelante.
Gracias, Pasquale, por la invitación y por haber organizado el debate sobre este tema tan importante. Es un hecho que la desigualdad de la riqueza aumenta mucho más que la desigualdad de los ingresos. Tenemos que volver la vista atrás. En los noventa, la fiscalidad...
El impuesto sobre el patrimonio era bastante frecuente. Doce países de la OCDE, entre ellos Austria, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Suecia y Francia, lo aplicaban. Hoy, en Europa occidental, de esos doce solo quedan tres: Suecia, Noruega y España. Conviene preguntarnos por qué ha ocurrido este cambio.
Con el paso de los años han surgido distintos problemas. En algunos casos se cuestionó la constitucionalidad de estos impuestos; en otros, se concluyó que no eran eficientes, pues generaban costes administrativos elevados frente a ingresos relativamente modestos.
Diseñar un impuesto sobre el patrimonio es complejo. La tasación y la evaluación suponen un reto para los países que desean crearlo. Para los activos financieros es más sencillo, al existir un valor de mercado; pero en activos no cotizados, como una empresa familiar, la valoración es difícil, y lo es aún más cuando se incluyen bienes como el arte. Puede haber obras de un mismo pintor vendidas recientemente que sirvan de referencia, pero ¿qué ocurre si no ha habido ventas en los últimos años? Si el impuesto no se diseña adecuadamente, puede percibirse como confiscatorio. Piénsese en un panadero o carnicero cuya vivienda se encuentra en una zona de moda: el valor del inmueble se dispara, pero su negocio no genera ingresos equivalentes, y puede verse obligado a vender la propiedad para poder pagar el impuesto.
Existe, además, lo que algunos denominan un triángulo de incompatibilidad, citado por un experto italiano, según el cual solo pueden alcanzarse simultáneamente dos objetivos, pero no los tres. Si se opta por mantener el impuesto en la esfera nacional, hay que tener en cuenta la libre circulación de personas y capitales en la Unión Europea. El riesgo es que los contribuyentes se marchen del país, lo cual no es una hipótesis teórica: hemos visto exilios fiscales de las categorías de ciudadanos a las que se pretendía aplicar el impuesto. El Reino Unido, por ejemplo —aunque no es Estado miembro—, ha experimentado un impacto significativo tras la decisión de modificar el impuesto aplicable a los no residentes. Noruega, por su parte, también ha afrontado problemas al aumentar el impuesto sobre el patrimonio.
Otra tensión, si nos centramos en el nivel nacional, es cómo lograr un impuesto efectivo sin chocar con la libre circulación de personas y capitales. No es imposible, pero implica fricciones: impuestos de salida y otras medidas que son difíciles de encajar con el Derecho de la UE y que, además, resultan complicadas de reconciliar intelectualmente con el principio subyacente al mercado único.
Queremos que haya la menor fricción posible. Se puede hacer, pero tiene repercusiones negativas para el mercado interior. Y el último punto del triángulo de la incompatibilidad: una tributación efectiva del patrimonio que respete la libre circulación implica sacrificar la dimensión nacional; hay que trabajar a escala global. Y esto es lo que Gabriel ha estado intentando hacer: lo propuso en el G20 el año pasado, actuar a nivel global. La UE ha expresado apoyo para debatir a nivel global en el G20. Es un debate difícil y lo cierto es que buena parte del entusiasmo inicial ha desaparecido.
Para alcanzar los objetivos, se reconoce que hay que avanzar en otros frentes. En primer lugar, un intercambio robusto de información. Hablamos de una población muy móvil que puede trasladar sus activos a otros países; si se quiere actuar a nivel global y capturar todo esto, hay que garantizar que se reciba información de otras jurisdicciones. También abordamos el tema de los registros de titularidad real. Hay mucho intercambio de información para las cuentas financieras, gracias también a normas comunes, pero en el caso de la propiedad estamos avanzando muy lentamente. Todavía hay jurisdicciones europeas que no cuentan con un registro de este tipo. Y hay otra condición: es importante que estos registros también abarquen los bienes inmuebles. Porque, hoy en día, si usted quiere ocultar sus activos, no los esconde en una cuenta bancaria; gracias a las normas comunes, se tiene en cuenta lo que está integrado en el patrimonio financiero. Pero se pueden crear diversas estructuras intermedias con bienes inmuebles y, por ese motivo, el concepto de titularidad real es bastante complejo.
Por otro lado, y es nuestro deseo, que el intercambio de información sea automático, porque de momento es a solicitud. Hay una gran diferencia entre ambos tipos de intercambio: obtener la información no es tan fácil. Si se obtiene a solicitud, hay que saber exactamente qué pedir, y muy a menudo no se sabe. Con un intercambio automático, no hace falta investigar de antemano y se descubre información de la que no se estaba al corriente.
En este ámbito, en las legislaciones europeas estamos avanzando. La titularidad real ya queda registrada en algunos países, y esa normativa se integrará el año que viene en la legislación europea, si todo va bien. Pero no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. En resumidas cuentas, es un tema importante, pero muy difícil de solucionar, en particular a nivel internacional.
Gracias, Benjamín. Tiene la palabra ahora Kurt Van Dender.
Muchas gracias, presidente. Me complace realmente estar aquí. Nos parece muy interesante el tema de los impuestos para las personas con elevado patrimonio. La OCDE hace poco ha realizado un estudio acerca de un tema relacionado, que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, un ámbito algo más amplio que el que tratamos aquí, pero al que haré referencia. La renta, la igualdad y el patrimonio elevado son cuestiones que ocupan cada vez más a los analistas económicos. Hay un debate público importante en varios países, en los miembros de la OCDE y a nivel internacional. Cada vez más países subrayan la fiscalidad de los particulares con un patrimonio neto muy elevado.
Como he señalado, se trata en particular de analizar la situación de los ultrarricos y constatar que la carga fiscal para las personas con elevado patrimonio es inferior a la de la población en promedio. Es un fenómeno real y además se agrava.
¿Qué podemos hacer para evitar estas disparidades? Quienes estamos aquí sabemos que los impuestos son una herramienta central para redistribuir la riqueza. Pero debemos comprender los retos a los que se enfrentan los responsables políticos y legisladores.
Este es el diagnóstico que la OCDE ha realizado en los últimos años: hemos analizado la composición de la renta y el diseño de la política fiscal y hemos comprobado que los más ricos pagan, en proporción, menos impuestos que el resto de la población. La fiscalidad es más favorable para las rentas del capital que para las rentas del trabajo. En todos los países de la OCDE, las rentas del trabajo soportan un gravamen superior al de las rentas del capital. Hemos observado además que, en algunos países, entre una tercera parte y hasta la mitad de las rentas —de capital o incluso del trabajo— se concentra en el 0,1 % de la población.
Las razones son múltiples. En primer lugar, la base imponible de las rentas de capital suele ser más estrecha. El impuesto sobre la renta y el patrimonio reciben en algunos países un tratamiento diferente para intentar corregir desequilibrios. Por ejemplo, en la transmisión o venta de una empresa familiar, se procura que los herederos puedan mantener los activos afectos a la actividad, como bienes inmuebles de producción. Con todo, la progresividad se ha erosionado, y ello contribuye a una distribución más desigual de la renta.
Las personas con elevado patrimonio reaccionan con rapidez a los cambios fiscales. Disponen de margen para decidir cómo y cuándo invertir sus recursos, lo que repercute en la composición entre rentas del capital y del trabajo. La fiscalidad influye en la asignación de los fondos y también en las decisiones de inversión de las empresas. Parte de la renta de capital obedece, por tanto, a la configuración de los incentivos fiscales.
Existen, además, estrategias de planificación fiscal que permiten reducir la carga efectiva: reclasificación de rentas, diferimiento de la tributación y otras prácticas, especialmente al alcance de quienes cuentan con redes sofisticadas de gestión patrimonial. En definitiva, la estructura de las rentas está condicionada por consideraciones fiscales y falta progresividad.
Al examinar las causas, constatamos que hay particularidades muy específicas país por país. Concluimos, por tanto, que es difícil adoptar estrategias uniformes aplicables a todos los países de manera indiscriminada. Hay diferencias sustantivas que deben tenerse en cuenta.
Lo que funciona en un país no funciona necesariamente en otro. Por lo tanto, debemos conocer muy bien el punto de partida y la situación específica de cada país. No obstante, hay algunos temas comunes: las ganancias de capital en determinados eventos —expatriación y fallecimiento—, donde puede evitarse que la renta de capital escape a la fiscalidad. También puede examinarse la motivación de los inversores para determinar si la renta de capital se ha estructurado con determinadas intenciones fiscales. ¿Se pueden incrementar los impuestos sobre la renta del capital para adaptar la imposición al incremento del valor del capital? El cálculo del valor del capital se está explorando actualmente en distintas legislaciones. Estos son retos legislativos que muchos Estados miembros deben abordar.
Voy a mencionar algunos temas de interés para este comité: el Marco Inclusivo, la movilidad global; todo ello tiene repercusiones fiscales, al igual que el trabajo a distancia. Por otro lado, existe un proyecto de inclusión denominado Impuestos e Igualdad, con el que tratamos de averiguar si la política fiscal está relacionada con los resultados económicos y qué repercusiones tiene en la distribución de la renta de un país. Como ya se ha mencionado, la OCDE también examina el intercambio automático de información, no solo previa solicitud, pues es importante recibir información dado que no siempre se sabe qué se puede encontrar. ¿Cómo procedemos? En este momento estamos en una primera fase de diagnóstico: ante todo, debemos comprender mejor qué ha conducido a los resultados detectados y, a partir de ahí, buscar posibles soluciones a nivel interno o internacional. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Kurt. Tiene la palabra Gabriel Zucman.
Gracias, señor Presidente. Señorías, gracias por la invitación; me complace poder estar aquí. El tema que nos ocupa son las personas de elevado patrimonio. En los últimos años se han agilizado diversos trabajos y hoy podemos tener en cuenta todos los impuestos habidos y por haber. Cuando lo hacemos, observamos que las personas con elevado patrimonio, en términos porcentuales, pagan menos que el ciudadano medio. Existen estadísticas generales y una serie de proyectos de investigación realizados con las administraciones fiscales de Francia, Italia, Suecia, Brasil y otros países. El resultado es el siguiente: si se consideran todos los impuestos a todos los niveles de gobierno —IVA, impuesto sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, etc.—, comprobamos que la mayoría paga bastantes impuestos, con una excepción: los ultrarricos, es decir, personas con más de cien millones de euros o con miles de millones, que soportan aproximadamente la mitad del porcentaje de impuestos que el resto de la población. ¿A qué se debe? A que el sistema del impuesto sobre la renta de las personas físicas no funciona para gravar adecuadamente a los ultrarricos. Existe un sistema de progresividad, y los gobiernos intentan compensar la regresividad de los impuestos indirectos —los de consumo y el IVA—. El impuesto sobre la renta progresivo funciona bien para la mayor parte de la población; ha sido un éxito hasta cierto punto, salvo, como digo, para los ultrarricos, que no quedan adecuadamente incorporados al impuesto sobre la renta.
La gente paga impuestos en relación con sus ingresos, su renta. La clase media y la clase media alta soportan esa carga, mientras que en el caso de los ultrarricos el porcentaje viene a ser prácticamente cero. Eso lo hemos comprobado con personas muy conocidas; ha habido estudios de caso. ProPublica, en Estados Unidos, ha calculado los impuestos pagados por multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos, que prácticamente no pagan impuestos. Jeff Bezos llegó a decir que, a efectos fiscales, era “tan pobre” que acababa recibiendo beneficios familiares, incluso subvenciones. No es ilegal, pero demuestra que hay un problema básico y fundamental: el impuesto sobre la renta no se adapta a la situación de los ultrarricos. Y los estudios han demostrado que no se trata solamente de unos pocos individuos ni únicamente en Estados Unidos; es un problema mundial y sistémico.
¿A qué se debe? Los ultrarricos pueden estructurar su patrimonio de tal forma que, al final, no generan rentas imponibles significativas y, de vez en cuando, incluso logran anular su deuda fiscal. En la Unión Europea se pueden crear, por ejemplo, empresas holding; así se obtienen dividendos y rentas sin pagar impuesto sobre la renta.
¿Por qué nos preocupa? Por distintos motivos. El principal es que los impuestos que no pagan los ultrarricos los acaban pagando los demás: o pagan más IVA o más aranceles, o se benefician de menos ayudas del Estado, o se genera un déficit público que, a su vez, alimenta la inflación. Todo ello supone un coste para el resto de la población.
Busquemos soluciones. A menudo se propone mantener al mismo nivel la tributación de la renta del capital y la renta del trabajo, calculando de la misma forma el impuesto. Hoy en día no se tratan igual: la renta del capital suele gravarse menos que la renta del trabajo, lo que ofrece una vía para esquivar el impuesto. En principio, es buena idea armonizar los tipos para la renta de capital y de trabajo, pero el problema específico de los ultrarricos no se resuelve así, porque pueden gestionar sus activos de tal forma que, a efectos fiscales, prácticamente no tienen renta ni ingresos. Por tanto, no cambiaría el impuesto que pagarían, porque, según sus estructuras, no generan ingresos.
Podríamos aprender de lo que se hace en Estados Unidos desde hace cien años. El debate que hoy celebramos aquí se produjo allí en los años treinta del siglo pasado. The New York Times, en 1933, informó de que J. P. Morgan, por ejemplo, no pagó impuestos en 1931 y 1932 porque utilizaba empresas holding. Eso llamó muchísimo la atención; la opinión pública no quiso tolerarlo y, por ese motivo, se adoptaron medidas para poner coto a las empresas holding y se impuso un impuesto específico para los holdings y para la renta de capital. De ese modo, esa vía de evasión fiscal dejó de ser posible en Estados Unidos: cuando uno tiene empresas holding de esa forma, no puede evitar el gravamen fiscal.
Es verdad que con imposición directa se podría evitar parte de la evasión, pero no sería suficiente, porque los ultrarricos disponen de asesores fiscales muy bien remunerados que inventan nuevas técnicas para evadir impuestos. Si bloqueamos una posibilidad, encontrarán otra. Por ese motivo, en Estados Unidos los ultrarricos pagan alrededor del 9% como tipo efectivo.
Número tres, ¿por qué deberíamos recrear los sistemas fiscales que existían en el pasado? Bueno, el problema —y creo que Benjamín lo ha resumido perfectamente— es que la experiencia histórica en este ámbito no es un éxito; es un gran fracaso, intelectual y económico, en el sentido de que esa fiscalidad no generó muchos ingresos y no fue beneficiosa para gravar a los ultrarricos. Hay algunas lecciones aprendidas, claro: cuando uno aplica ese tipo de sistemas surgen problemas de liquidez que se aprovechan para obtener exenciones, y esto acaba generando erosión de la base imponible. En países como Francia, antes de la abolición del impuesto sobre el patrimonio, la recaudación era muy baja. Ha habido intentos de distintos tipos de gravamen sobre la riqueza, pero nunca han funcionado bien.
En el Observatorio Fiscal Europeo lo que intentamos hacer es aprender de esas experiencias históricas para identificar qué fracasó y qué soluciones podrían ofrecerse. De ahí la propuesta de establecer un impuesto mínimo exhaustivo que empezaría a un nivel mucho más elevado —100 millones de euros, por ejemplo, en lugar de un millón— y, a cambio, habría un suelo sin ningún tipo de exención. Uno de los principales fracasos del pasado fue no atajar la migración o el exilio fiscal. En este punto, cada país podría decir: si alguien se ha convertido en billonario en nuestro país y se traslada a otro Estado miembro de la Unión Europea, seguirá aplicándose ese mínimo. Habría, por tanto, neutralidad si uno reside en París, Milán o Bruselas. No sería un obstáculo a la movilidad, porque habría neutralidad total: no cambiaría la fiscalidad según el lugar de residencia. Gracias.
Gracias, Gabriel. Damos ahora la palabra al doctor Michael Christel. Adelante.
Gracias, presidente Tridico, señorías de la Subcomisión de Asuntos Fiscales. Gracias por invitarme para abordar el tema de la fiscalidad de las personas ultrarricas. Soy Michael Christel, investigador en Tax Foundation Europe, y me gustaría empezar señalando una gran ironía: en Europa tenemos una larga historia de lecciones importantes y debemos aprenderlas. Hemos aprendido que la vida era mejor cuando estábamos juntos en lugar de en una guerra perpetua. Los gobiernos europeos aprendieron a crear algunos de los sistemas fiscales más redistributivos del mundo. Sin embargo, cuando se trata de impuestos sobre el patrimonio, algunos argumentan que hay que ignorar la historia. Yo no estoy de acuerdo.
Desde los años sesenta, como ya se ha dicho, 13 países de la OCDE implantaron un impuesto sobre el patrimonio neto; a estas alturas, ese número se ha reducido a cuatro. Estas derogaciones no se produjeron porque las políticas hubieran tenido un éxito abrumador en la generación de ingresos o en la reducción de la desigualdad, sino porque, sencillamente, no funcionaban. La pregunta que deben plantearse los legisladores es: ¿qué podemos aprender de esa historia?
Hoy me voy a centrar en cuatro cuestiones principales sobre los impuestos al patrimonio y concluiré con dos recomendaciones. Empiezo con una pregunta sencilla, ya escuchada antes: ¿recaudan realmente mucho dinero los impuestos sobre el patrimonio? Empíricamente, la respuesta es no. Antes de su derogación en 2017, el impuesto sobre el patrimonio francés generaba menos del 0,2% del PIB. El actual impuesto sobre el patrimonio español tampoco recauda mucho más en términos de PIB. Y esto no debería sorprender, porque los impuestos sobre el patrimonio erosionan su propia base, que generalmente ya es estrecha. Las personas con alta movilidad pueden —y de hecho lo hacen— reestructurar y reasignar su riqueza para minimizar su obligación fiscal. Además, los impuestos sobre la riqueza neta reducen la base de tributos más amplios, como los impuestos sobre la renta, las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos al consumo.
Mientras que las estimaciones teóricas pueden prometer miles de millones, los sesenta años de experiencia en el mundo real demuestran que no es el caso. En segundo lugar, los impuestos sobre el patrimonio son muy distorsionadores y se imponen sobre el valor de un activo con independencia de sus rendimientos económicos, lo que puede generar imposición doble o incluso triple. Para inversiones seguras como bonos o depósitos bancarios, un impuesto sobre el patrimonio del 2% o 3% puede, por ejemplo, confiscar completamente todas las ganancias. Eso desincentiva el ahorro y, en un entorno inflacionario, agrava el problema. El resultado serían menor ahorro y una reducción en la acumulación de capital. En términos más sencillos, gravar ese stock de capital ralentiza la inversión y la innovación de las que depende nuestra prosperidad a largo plazo. Un informe reciente de la OCDE llega a conclusiones similares. Desde luego, existen argumentos limitados para un impuesto sobre el patrimonio neto, más allá de gravámenes sobre el capital personal de base amplia y de impuestos sobre sucesiones y donaciones bien diseñados.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta las respuestas conductuales. Antes de derogar su impuesto sobre el patrimonio, Francia registró una salida significativa de millonarios: se estima que 12.000 personas se fueron en 2016. Hace poco, el economista Philippe Aghion advirtió de que el impuesto propuesto por Zucman podría penalizar esta situación y perjudicar la competitividad de la Unión Europea. Los ingresos esperados se sobreestiman sustancialmente, con rendimientos realistas muy por debajo de las pretensiones principales. Gravar la riqueza empresarial no distribuida drenaría la liquidez de las empresas innovadoras, a la vez que generaría muchos menos ingresos de los que sugieren sus proponentes. En 2022, Noruega elevó su impuesto sobre el patrimonio y rápidamente vio un éxodo de personas ultrarricas a países como Suiza o el Reino Unido. Y no son casos anecdóticos: son respuestas que minan la base imponible y crean además efectos secundarios como menor inversión, pérdida de puestos de trabajo y, como ya se ha dicho, una disminución de los ingresos netos. Cristina Blandol, economista de Princeton, estimaba hace poco que la producción a largo plazo en Noruega podría caer, por ejemplo, un 1,3%.
Por último, consideremos la administración y la ejecución. La mayor parte de la riqueza de los ultrarricos no está en efectivo o en acciones cotizadas, sino en empresas privadas, bienes inmuebles, arte, fideicomisos: activos ilíquidos y difíciles de valorar. Eso plantea un enorme desafío, como se ha visto en Países Bajos, Alemania y España: las valoraciones anuales son costosas, tienden a ser objeto de litigio y, además, las personas ultrarricas tienen acceso a expertos fiscales que les ayudan a erosionar la aplicación. En algunos casos, los costes de cumplimiento superan los ingresos recaudados, de modo que tampoco es la respuesta.
¿Qué se puede hacer entonces? En lugar de centrarnos en impuestos sobre los que ya hemos actuado en el pasado, deberíamos avanzar hacia un sistema tributario más eficiente, transparente y ejecutable; un sistema racionalizado, con menos exenciones y regímenes especiales, que logre mayor equidad y mejor cumplimiento. Además, la mejora del intercambio de información entre autoridades fiscales, un mejor seguimiento de los activos y sistemas de presentación de informes digitales pueden ayudar a frenar la evasión sin introducir nuevos impuestos. Si se necesitan ingresos adicionales, los responsables políticos deben centrarse en diseñar políticas eficientes con bases inmóviles, como impuestos al consumo de base amplia o los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, porque, tras sesenta años de evidencia, lo que está claro es que los impuestos sobre la riqueza no son la solución. Gracias.
Muchas gracias, Michael. Damos la palabra a los miembros de la Subcomisión FISC. En principio teníamos que empezar por Regina, pero no ha llegado todavía. Vamos con el S&D. Matías.
Gracias, presidente. Gracias, Pasquale. Gracias a nuestros invitados por esas interesantes presentaciones. Creo que uno de los ámbitos más polémicos de la fiscalidad es el que nos ocupa. Empiezo con Gabriel Zucman: gracias por estar con nosotros esta mañana. Sus intervenciones están basadas en la evidencia científica y también muy conectadas con la sociedad, y ya hemos visto lo que ha ocurrido en Francia, donde se ha debatido desde hace meses...
Estas opciones fiscales son muy importantes para avanzar como sociedad. Es un debate que deberíamos celebrar tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Tengo algunas preguntas.
Usted mencionaba que los impuestos sobre la riqueza han fracasado históricamente en Europa. En el panel parece haber cierto consenso sobre ello, aunque con matices. Se observa que bases imponibles estrechas han conllevado ese fracaso. También se ha hablado del exilio fiscal y de la movilidad de los ultrarricos. ¿Qué pruebas tienen hoy en día, con un mejor intercambio de información, más bases de datos, mayor transparencia, registros de propiedad y una reducción de la evasión offshore? ¿Qué observaciones hacen sobre el fenómeno de la movilidad o el exilio de los ultrarricos?
En relación con la economía productiva, hemos oído que la riqueza de los ultrarricos no está necesariamente vinculada a la actividad productiva. ¿Podrían explicar mejor cómo invierten los ultrarricos? ¿Se trata de inversiones que aportan valor a la economía y a la competitividad, o son de otra naturaleza?
Otra pregunta al señor Van Dender: usted hablaba de un cambio por el cual los ultrarricos desplazan la carga fiscal entre capital y trabajo, con los efectos conocidos. ¿Cómo puede diseñarse un enfoque más equitativo en la relación capital‑renta‑trabajo, dada la existencia de generosas exenciones sobre las plusvalías y una progresividad distinta en otros tipos de renta? ¿A qué exenciones deberían dar prioridad los Estados si quieren reconstruir la base imponible? ¿Y cuáles deberían suprimirse en primer lugar?
Y al señor Christel: usted señalaba que, tradicionalmente, los impuestos a la riqueza no han logrado sus objetivos, especialmente cuando desincentivan la inversión. ¿En qué soluciones deberíamos pensar, más allá de las fórmulas tradicionales que han demostrado no funcionar? ¿Qué diseño permitiría evitar problemas de liquidez para muchas start‑ups o empresas familiares, garantizando a la vez que las grandes fortunas contribuyan de manera justa? ¿Es un problema de diseño o de viabilidad?
Gracias, Matías. Hablo en dos ocasiones. Gracias. En cuanto a la migración de los ultrarricos, la investigación académica concluye que, salvo algunas excepciones, existe cierta respuesta, no nula, pero bastante baja; claramente más baja de lo que podría parecer al escuchar el debate público. A veces se esgrimen cifras para asustar, pero no se basan en estudios académicos ni científicos. La mayoría de los trabajos confirma que ese fenómeno es limitado. Ahora bien, sí hay respuestas de comportamiento entre los ultrarricos, y es cierto que algunos pueden tener la tentación de irse.