Parlamento Europeo - FEMM – Derechos de la Mujer e Igualdad de Género - 11 de diciembre de 2025

Muy buenos días a todos los que están aquí y los que están conectados. Hoy no hay demasiada gente en la sala porque en la Comisión SANT tuvimos un trílogo ayer; fue muy exitoso, pero muy largo. Muchos de los miembros estaban allí; yo misma estuve presente. Probablemente por eso no están hoy muchos de nuestros colegas. En cualquier caso, vamos a empezar. Pasamos al primer punto, la aprobación del orden del día. Si no hay ningún comentario, consideramos que queda aprobado el orden del día. Y ahora, anuncios de la Presidencia. Quisiera dar la bienvenida a los miembros suplentes de la Comisión FEMM, así como a los intérpretes, que hoy nos acompañan en los siguientes idiomas: alemán, inglés, francés, holandés, griego, polaco, finés, checo, lituano, húngaro, eslovaco, búlgaro, rumano, croata y español. La cabina española les saluda. Pasamos al punto principal de la jornada: una audiencia conjunta de las comisiones SANT y FEMM sobre la violencia digital y la salud mental de las mujeres, un tema de gran actualidad. Muy buenos días y bienvenidos a todos por participar en esta audiencia tan importante. Estoy aquí con mi colega Romana Jerković, vicepresidenta de la Subcomisión de Salud Pública (SANT) y muy buena colega mía. Su presencia aquí significa mucho para mí. Me complace que hayamos podido organizar esta reunión conjunta, porque para nosotros, en la Comisión FEMM, es prioritario integrar de forma transversal la igualdad de género en todo el Parlamento y en todas nuestras deliberaciones legislativas. Muchísimas gracias por estar aquí en una reunión tan importante como esta. Estamos aquí para afrontar una crisis importante: la confluencia entre el mundo digital y la salud mental. Ayer, sin ir más lejos, celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, que representa muchos años de activismo contra la violencia contra las mujeres en una iniciativa de Naciones Unidas. Hoy vamos a abordar las consecuencias sobre la salud mental del acoso y de la violencia digital contra las mujeres y las niñas. Yo, en mi caso, tengo una hija de catorce años; por tanto, este es un tema que me preocupa, y mucho. Lo que empezó como una tendencia de trolling y de intimidación se ha convertido en un ecosistema constante de ataques coordinados para silenciar voces individuales, poniendo en riesgo la seguridad y la dignidad de las mujeres en estos espacios digitales. Activistas, periodistas y figuras públicas se encuentran ahora navegando en entornos que a menudo reproducen y amplifican la violencia basada en el género que sufre nuestra sociedad y que queremos eliminar. La Comisión FEMM ya ha examinado la violencia digital desde distintos ángulos durante la legislatura anterior y en la actual. La Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, aprobada en 2024 y que ahora empieza a implementarse en los distintos Estados miembros, ya cubre la difusión no consentida de material íntimo, el ciberacoso, la incitación y las amenazas. Ahora hablaremos de nuevas amenazas que están surgiendo derivadas del auge de la inteligencia artificial. En junio de este año ya hablamos de ello.

Me alegra que podamos centrarnos en la salud mental de las mujeres durante el debate de hoy, que organizamos junto con colegas de la Subcomisión de Salud Pública, a la que también hemos invitado a colegas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Queremos ir más allá de simplemente reconocer los daños que se producen: estamos aquí para explorar el impacto psicológico que tienen estos abusos —la ansiedad, la depresión, el trauma—, que pueden ser devastadores para las mujeres y para su participación en la vida democrática. En este comité también hemos abordado la violencia digital contra políticos, puesto que las mujeres en el ámbito público somos un objetivo específico; es una forma de condicionar nuestra participación y de intentar disciplinarnos. Al mismo tiempo, persisten carencias en la protección jurídica, el apoyo es limitado, las estructuras de apoyo son insuficientes y existen escasos recursos psicológicos, lo que hace que muchas no tengan a qué recurrir. Ahora quisiera dar la palabra a mi colega Joana Kervković. Adelante, tiene la palabra, y muchísimas gracias por estar presente en esta audiencia. Gracias, Lina, y buenos días, queridos colegas e invitados. Como vicepresidente de la Subcomisión de Salud Pública, quiero subrayar que las consecuencias psicológicas de la violencia digital no son ni abstractas ni temporales. Como usted ha señalado con razón, la investigación muestra de forma constante su vínculo con la ansiedad, la depresión y la retirada social. Afecta al bienestar general y, para las chicas y las mujeres, puede generar problemas de salud mental a largo plazo. Por ello, nuestra cooperación con la Comisión FEMM llega en un momento muy oportuno y es esencial. Para la Subcomisión de Salud Pública, la salud mental siempre ha sido un tema prioritario; ya en la legislatura anterior aprobamos un informe de iniciativa propia sobre salud mental que recalcaba que la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema de salud pública de proporciones epidémicas. Ese informe también pidió a los Estados miembros que aplicaran plenamente la Ley de Servicios Digitales con el fin de prevenir, combatir y evitar cualquier forma de odio y acoso en línea, especialmente contra mujeres y jóvenes. Además, el último análisis de las 2 000 respuestas recibidas en una consulta pública de FEMM sobre la salud de las mujeres ha mostrado que, para nuestra ciudadanía, mejorar el acceso a la atención de la salud mental es una de las tres áreas más importantes de la atención sanitaria y que debe quedar cubierta por la legislación. Es un mensaje muy claro que no podemos ignorar. El intercambio de hoy con las personas expertas debería darnos instrumentos para profundizar en nuestra comprensión, identificar las carencias de las respuestas actuales y avanzar hacia un espacio digital más seguro y más sano para todos. Contamos con tres oradoras y oradores excelentes, con experiencias diversas, y tengo muchas ganas de dar inicio a nuestros debates. Paso, por tanto, a presentar a la primera ponente: Asha Allen, directora y secretaria general del Centro para la Democracia y la Tecnología Europa. Señora Allen, tiene usted la palabra; dispone de siete minutos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en la audiencia de hoy. Como se ha dicho, me llamo Asha Allen; soy directora y secretaria general del Centro para la Democracia y la Tecnología Europa. Somos una organización sin fines de lucro en Europa.

Nuestra organización se estableció en 1994, en los inicios de internet público. Desde entonces, abogamos por los derechos en esta área. Intentaré hablar más despacio y directamente al micrófono. Gracias. Dignity Europe tiene un equipo dedicado que trabaja en la violencia de género facilitada por la tecnología. Empezaré con lo obvio, ya mencionado por nuestra anfitriona de hoy: este tipo de violencia forma parte de la violencia continuada y refleja la digitalización del entorno misógino y racista en el que seguimos viviendo. No es un fenómeno exclusivo de las plataformas en las que ocurre y, por tanto, no puede evaluarse aisladamente como una mera cuestión de política tecnológica. Las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad de género fuera de línea reproducen la misma situación en el entorno digital. En cuanto al impacto psicológico, contamos aquí con colegas que podrán abordarlo con más experiencia desde la perspectiva de la salud. Hoy me centraré en la necesidad de una comprensión holística del marco jurídico creado por la Unión Europea para afrontar esta violencia y en cómo, si no abordamos las carencias que persisten, podemos, sin quererlo, agravarla. El marco jurídico que ya se ha mencionado incluye, en primer lugar, el Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), en cuyo proceso de elaboración tuve ocasión de trabajar. Además, la Unión Europea ha ratificado la Convención de Estambul y varios Estados miembros también lo han hecho. No es casualidad que las recomendaciones del grupo de expertos de la Convención de Estambul aborden la dimensión digital de la violencia contra mujeres y niños, cómo se aplica la tecnología en ese entorno y cómo deben aplicarse las leyes. El DSA establece requisitos muy concretos para que las muy grandes plataformas en línea y los motores de búsqueda de muy gran tamaño mitiguen el riesgo de la violencia de género en sus servicios; acabamos de concluir la segunda ronda de intercambios con dichas plataformas. Y, de forma crucial, contamos con la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobada el año pasado, que tipifica directamente varias formas de violencia digital; no es casualidad, dado que su base jurídica incluye los ciberdelitos y que la mayoría de las conductas tipificadas se perpetran mediante tecnologías. Digo todo esto para subrayar que el marco jurídico de la UE es probablemente el más completo y ciertamente muy ambicioso. Sin embargo, persisten lagunas que pueden aumentar los efectos negativos sobre la salud mental que estamos debatiendo hoy. El Parlamento Europeo pidió la inclusión de la violencia de género. No obstante, observamos una falta de consulta y coordinación entre plataformas, expertos, organizaciones y proveedores de servicios a la hora de determinar qué medidas adoptar en sus respectivos entornos. Ayer, Dignity Europe publicó un análisis de los informes de evaluación de riesgos de tres plataformas con contenido pornográfico, muy relevantes para la cuestión de la violencia de género. Les invito a leer ese análisis en nuestro sitio web. Algunas conclusiones clave son: la ausencia de una definición uniforme de lo que constituye violencia de género; la falta de reconocimiento de la violencia de género como cuestión transversal; y, lo más preocupante, que las plataformas evalúan el riesgo desde la perspectiva del riesgo para su negocio, y no desde el riesgo para las personas usuarias y quienes interactúan en sus servicios. Los impactos psicológicos y el daño que pueden sufrir las personas en estas plataformas no son la perspectiva desde la que se evalúa el riesgo; se prioriza el riesgo para la empresa. Y esa no es la intención del DSA. Más específicamente, quería centrarme en la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

…sobre la mujer porque, como se ha dicho, es muy ambiciosa. También ha sido una victoria difícil de lograr. Ha habido adversarios a esta directiva durante más de 20 años, así que quiero felicitarles por el hecho de que se haya aprobado a nivel de la Unión Europea. Quisiera centrarme específicamente en las disposiciones sobre el ciberacoso. La directiva establece que participar, junto con otras personas, por medios de las tecnologías de la información en conductas públicas amenazantes dirigidas a una persona, que puedan generar serios daños psicológicos, constituye un delito. A primera vista, esto parece razonable, puesto que hoy contamos con pruebas claras del aumento del ciberacoso. Las instituciones europeas de igualdad de género han publicado en los últimos años informes sólidos que lo demuestran. Sin embargo, como analista jurídica debo señalar que, lamentablemente, las disposiciones no definen qué se entiende por “conducta amenazante” o “conducta insultante”. Hemos visto marcos legislativos similares en otras jurisdicciones utilizados en sentido contrario, es decir, contra organizaciones de derechos de las mujeres y entidades que hacen campaña en línea, alegando que son ellas quienes amenazan o insultan a personas en posiciones de poder, exponiéndolas así al riesgo de criminalización. Un ejemplo concreto de hace unos años: trabajando en derechos reproductivos, se promovieron campañas en línea para alentar a la ciudadanía a solicitar a sus cargos electos un cambio legislativo respecto del acceso al aborto y a una atención sanitaria integral; aquella ley calificó esa actuación como conducta criminal. En un plano más amplio, imaginen que el movimiento Me Too no pudiera repetirse porque una disposición jurídica permitiera criminalizar cualquier conducta considerada amenazante o insultante. Estamos debatiendo sobre violencia de género, y con frecuencia esto se plantea en tensión con la libertad de expresión; no se trata de contraponer derechos. Al combatir esta violencia, debemos también proteger la libre expresión de quienes con mayor probabilidad se verán afectados por ella. Y seamos conscientes de que la criminalización, como metodología, a menudo no es apropiada: históricamente, estos marcos se han aplicado de forma desproporcionada a grupos minoritarios y a colectivos marginados, que sufren una vigilancia policial más intensa por el trabajo que realizan. Como posible vía de solución, insto a esta Cámara y a sus miembros a prestar máxima atención a la transposición de la directiva en los Estados miembros; a alentar el cierre de vacíos jurídicos derivados de términos mal definidos o indefinidos; y a establecer salvaguardias clave para evitar que estas disposiciones puedan convertirse en instrumentos de daño psicológico contra determinados grupos. Por último, quisiera subrayar el aspecto psicológico desde una perspectiva social: más allá de los casos individuales, existe toda una generación de mujeres jóvenes —y, en general, de jóvenes— menos propensas a participar en actividades de incidencia política o a expresar opiniones políticas porque son muy conscientes del alto nivel de acoso y violencia al que se enfrentarán. Si contextualizamos, observamos que estamos retrocediendo en materia de igualdad de género. Avanzamos hacia un entorno que se aleja de ese objetivo, lo cual no es lo que buscamos aquí ni lo previsto en los Tratados a medida que aspiramos a sociedades más igualitarias. Con las conversaciones de hoy, les animo a reflexionar sobre el daño psicológico, sobre quién lo sufre y sobre lo que implica para nuestra participación democrática.

…a los ejemplos que estamos dando a la generación futura y también en cuanto a cómo nuestro marco jurídico, por muy ambicioso que sea, todavía debe aplicarse correctamente con una perspectiva interseccional para asegurarnos de no caer en situaciones en las que dañemos aún más a las mujeres a las que queremos proteger. Gracias. Gracias, señora Allen. Ahora doy la palabra al profesor Umberto Volpe, profesor de Psiquiatría de la Universidad Politécnica de Le Marche, en Italia. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Permítanme empezar por lo siguiente: la violencia de género en línea parece ser un fenómeno nuevo, pero, por supuesto, es la continuación de la violencia de género en general, un fenómeno por desgracia muy extendido. Las tasas de prevalencia son altas: el 37 % de las mujeres en el mundo han vivido este tipo de problema. El mundo digital es un reflejo de lo que ocurre en el mundo real, así que no sorprende que también en el ámbito digital encontremos estos problemas. Quisiera señalar que, desde la perspectiva de la salud mental, uno de los problemas al abordar este tema es la falta de una definición clara de lo que es la violencia de género en línea. La literatura científica es heterogénea: se abordan aspectos como la tecnología que facilita la violencia, el ciberacoso, etcétera. El término funciona como un paraguas que cubre dimensiones muy distintas, lo cual dificulta la investigación. Aunque no es del todo nuevo, el fenómeno presenta características recientes. Para empezar, la tecnología digital parece facilitar su aparición: si el 37 % de las mujeres se han visto confrontadas con la violencia, en el entorno digital esta cifra asciende al 38 %. Hay ámbitos de mayor riesgo, por ejemplo, el ciberacoso entre los 14 y los 16 años. Y, por supuesto, las mujeres son el principal blanco, tanto en el mundo físico como en el digital. En los últimos años se ha producido un cambio con el auge y el uso de las tecnologías de inteligencia artificial: fenómenos como la sextorsión se han visto notablemente facilitados y su traslación al mundo real es más rápida. Del panorama que les presento, destaca que el mayor riesgo recae en las jóvenes y las niñas, y especialmente en mujeres en el espacio público: activistas por los derechos de las mujeres, políticas, periodistas, así como mujeres con identidades interseccionales. Observamos, además, altos niveles de desinformación y de información errónea. Esto ya ocurre en el mundo real, pero en el virtual, como puso de manifiesto una campaña de Naciones Unidas de 2022, la violencia digital en línea tiene consecuencias muy reales. Cito un ejemplo recogido por la prensa: una periodista fue sometida a una violación grupal. Todo ello conlleva daños físicos y repercusiones económicas, y afecta también a la participación cívica.

…pero también tiene consecuencias físicas, porque a veces esta violencia se manifiesta en el mundo real y también a través del daño psicológico. Con nuestro equipo y con universidades, también en Turquía, hemos estudiado el fenómeno. No voy a entrar en todos los detalles porque nos falta tiempo, pero sí quiero subrayar algo: algunos episodios facilitan la violencia sexual y ocurren con relativa frecuencia. Esto tiende a cambiar el cableado neuronal del cerebro. El miedo que surge después de una experiencia traumática no se extingue como normalmente debería hacerlo. A largo plazo hay trauma. En términos psicológicos, puede ir desde síntomas menores, como mayores niveles de estrés, ansiedad o trastornos del sueño, hasta trastornos más graves, como los de tipo disociativo, el TEPT o la depresión. Y, según la literatura, no se trata solo de daño psicológico: también puede haber daño físico. A raíz de actos facilitados por la tecnología, incluida la violencia sexual, pueden producirse autolesiones, alcoholismo y consumo de sustancias. Si observamos lo que se puede hacer en este campo, a lo largo de la vida de las mujeres hay toda una serie de intervenciones: individuales, comunitarias y también institucionales. Es muy complejo, pero sí contamos con recursos. En el ámbito de la psicología y la psiquiatría disponemos de intervenciones muy útiles para favorecer el inicio y la continuidad del tratamiento. No obstante, hay problemas que abordar, como el acceso a estos recursos y la formación de las personas, es decir, la alfabetización específica en este tema. También está el ámbito de las emergencias: debemos evitar situaciones de riesgo, informar y notificar los incidentes que se produzcan. De nuevo, la investigación tiene que valorar mejor la adecuación, eficacia y adaptabilidad de estos enfoques de manera rigurosa. Como ya señalé, existe una falta de homogeneidad entre los estudios en cuanto a definiciones y mediciones; por ello, necesitamos más financiación en este campo. Asimismo, persiste el problema de la gobernanza de las plataformas digitales: aún hay retos importantes que superar para mejorar la situación actual. Hacen falta intervenciones educativas, especialmente para las poblaciones de riesgo —las jóvenes y las niñas—, pero también para el público en general y en las escuelas. Este tipo de intervenciones puede aumentar la alfabetización mediática, reducir la tolerancia a esa violencia y empoderar digitalmente a las personas frente a ella. Así lo muestran campañas de la OMS contra la violencia física y sexual, que han tenido mucho éxito; probablemente habría que proceder de manera similar para la violencia de género facilitada por la tecnología. No obstante, estas aportaciones deben seguir evaluándose a la luz de la literatura científica. Las intervenciones han de impulsarse a nivel político y jurídico, involucrando a todas las partes interesadas. Existen prácticas prometedoras en el mundo que parecen eficaces para cambiar la situación, por ejemplo, la introducción de medidas específicas y coordinadas.

…el comisario de seguridad electrónica en Australia o su homólogo en México. Hay iniciativas de prevención y respuesta, así como campañas mediáticas. Pero debemos afrontar ciertos retos sobre el terreno. En primer lugar, los estudios que mencioné se han realizado mayoritariamente en los países más desarrollados, por lo que existe un alto riesgo de que las poblaciones de países en desarrollo o las minorías no hayan sido estudiadas adecuadamente. Desconocemos su situación. Tampoco hay un acuerdo consolidado sobre las definiciones de los problemas y las medidas utilizadas en los estudios; hay mucha heterogeneidad. Y, por último, la cuestión tecnológica: los autores de esta violencia digital emplean herramientas como los deepfakes y operan en plataformas específicas. Las respuestas deben combinar la tecnología con los derechos y la legislación. Estas son algunas recomendaciones que también he distribuido por escrito. Creo que estas son las prioridades —las cinco prioridades— para el campo. Como indico en el documento, pueden valorar qué aspectos quieren priorizar, quizá los dos primeros, y luego el último, que es una prioridad intersectorial: la financiación de la investigación para realizar evaluaciones rigurosas con poblaciones en riesgo y marginadas. Es fundamental disponer de métricas sólidas para diseñar intervenciones específicas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Volpe. Y ahora doy la palabra a la señora Carlien Scheele, directora del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). Tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, miembros de las comisiones y buenos días a los colegas. El momento en el que celebramos este debate no podía ser mejor: acabamos de concluir los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, centrados en la violencia digital y sus efectos devastadores para las mujeres y las niñas. Este es un tema muy importante para mi organismo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, porque la violencia contra las mujeres y las niñas es una parte fundamental de nuestro trabajo, y porque contamos con datos alarmantes que hacen que nuestras campañas sean cada año más necesarias. EIGE desarrolla la campaña Espacios Seguros, iniciada en 2022 con la ilustradora lituana Eglė Žvirblytė. La campaña conecta los datos con el arte para acercar a la ciudadanía al problema, pero también a las soluciones. Mostramos cómo la violencia en línea ensombrece la vida de las mujeres y las niñas en todos sus ámbitos —desde el hogar y la escuela hasta el lugar de trabajo y la vida pública—, y cómo lo que ocurre en línea puede trasladarse al mundo real con consecuencias devastadoras. Esta es la parte visible de la misoginia, la hostilidad y el miedo que sufren las mujeres, pero también transmitimos mensajes de esperanza: hay apoyo disponible, existen soluciones, y todas las mujeres y niñas tienen derecho a sentirse seguras, respetadas y valoradas, dentro y fuera del mundo virtual. Este es el mensaje esencial que deseo subrayar hoy: los mundos real y virtual no están separados. Lo que sucede en la red tiene consecuencias fuera de ella, y consecuencias profundas y duraderas. Según datos recabados por mi propio organismo y por otra agencia homóloga, una de cada doce mujeres en la Unión Europea ha sufrido ciberacoso desde los 15 años.