Gracias. Muy buenos días, estimados colegas. Bienvenidos al Parlamento Europeo. Doy la bienvenida a aquellos que provienen de parlamentos nacionales. Vamos a dar comienzo a esta reunión interparlamentaria sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea. Para mí es un gran placer declarar abierta esta reunión.
Veo que hay una gran representación de miembros de los parlamentos nacionales: 31 miembros de Estados miembros de la UE, 2 de Noruega y 7 de los países de la ampliación. En total, somos 41 miembros de 25 cámaras distintas en representación de 22 países. Me cabe el gran honor de dar la bienvenida a miembros de parlamentos nacionales de Serbia, Albania y Montenegro, quienes son invitados por segunda vez a esta comisión interparlamentaria, junto con representantes de Macedonia del Norte. Esta amplia representación es una clara muestra del interés que despierta este tema, que es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros.
Se me ha permitido actualizarles sobre la labor del Parlamento Europeo y, sobre todo, de la Comisión LIBE en relación con el tema del Estado de Derecho. Desde 2016, el Parlamento Europeo ha reiterado su llamamiento para establecer un mecanismo preventivo en este ámbito a través de un marco de la Unión Europea sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales, conocido como el Pacto EUDRF.
Dejamos constancia del compromiso de la Comisión, que inició un primer informe anual en 2020, reforzando su pertinencia con recomendaciones para los países, evaluaciones de la ejecución de las mismas y ampliación del ámbito para incluir a los países de la ampliación. Celebramos también la inclusión del tema del Estado de Derecho en el mercado único. El Parlamento ha hecho un llamamiento para que se aplique este pacto, y este es uno de los temas importantes del LIBE.
Consideramos que el informe anual sobre el Estado de Derecho podría ser más ambicioso; podría abarcar todo el ámbito del artículo 2 del Tratado: independencia de los medios de información, sociedad civil, libertades fundamentales, igualdad de género y funcionamiento de las instituciones democráticas. Además, es necesario publicar criterios de selección tomando en cuenta la Agencia sobre Derechos Fundamentales y establecer un grupo de expertos para supervisar la aplicación.
Como en años anteriores, la Comisión LIBE ha preparado su informe sobre el informe del 2025. El debate en esta comisión interparlamentaria será una contribución valiosa, y me imagino que aportará algo positivo; la Comisión podría inspirarse en nuestras conclusiones al redactar su nuevo informe.
En lo que respecta a la legislación de la Unión Europea en esta materia, el 2 de diciembre, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional sobre la directiva para combatir la corrupción. Seguimos muy de cerca la ejecución de la Ley Europea de Libertad de Prensa, que tiene un impacto significativo en el ámbito del Estado de Derecho.
Por otra parte, tenemos otros informes y opiniones no legislativas, lo que llevó al Parlamento a adoptar resoluciones. Mencionaré, entre otras cosas, la aprobación de la resolución sobre el reglamento del 2024 de la Comisión y el riesgo de que Hungría conculque los principios y valores sobre los cuales se funda la Unión Europea, en virtud del artículo 7 que se ha puesto en marcha contra Hungría. También la Comisión ha adoptado una opinión sobre el régimen de condicionalidad y un informe de iniciativa propia sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión para los años 2024 y 2025, así como una opinión para la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la ejecución de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco jurídico de la Unión Europea.
Además, el Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales de LIBE ha seguido monitoreando y controlando la situación tanto en algunos Estados miembros como de forma horizontal a nivel de la Unión Europea. El año pasado, el grupo de trabajo celebró reuniones específicas sobre Rumanía, Malta, Eslovaquia, Hungría, Italia, Grecia, Bulgaria y España, y muy pronto se llevará a cabo una reunión monográfica sobre Polonia. Estas sesiones horizontales han abordado una serie de problemas sistemáticos, incluyendo la desinformación, la libertad de los medios de comunicación, los desafíos de la inteligencia artificial, las redes sociales, las plataformas digitales y otros asuntos relacionados con el ámbito del Estado de Derecho.
Por supuesto, controlamos el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho en la propia Unión Europea. Delegaciones han viajado a Hungría y Eslovaquia para evaluar la situación sobre el terreno. A modo de conclusión, estamos convencidos de que es fundamental reforzar el Estado de Derecho en la Unión Europea. Continuaremos trabajando a través de visitas, misiones a los países, y un diálogo sostenido con los Estados miembros y las partes interesadas, especialmente con la sociedad civil. Esperamos que esta reunión consolide nuestra cooperación con los parlamentos nacionales y garantice el Estado de Derecho.
Celebro poder hablar con ustedes sobre estos temas para avanzar en la democracia. Vamos a iniciar nuestra primera sesión, que es un intercambio de opiniones sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea, desde ahora hasta las 11:00, y luego se abrirá una segunda sesión. Me complace abrir esta primera sesión dedicada a este intercambio de puntos de vista y dar la bienvenida a las ponentes: Irena Mozova, vicedirectora general de la DG Justicia y Consumidores; Sabine Matejka, presidenta de la Asociación de Jueces en remoto; Balazs Dencs, director ejecutivo de la Alianza de Libertades Civiles en Europa; George Nikolaev Krastev, miembro de la Asamblea de Bulgaria; y Zdenek Nytra, miembro del Senado de la República Checa.
Antes de dar la palabra a la señora Mozova, me gustaría informarles sobre cómo organizaremos nuestras labores. La fórmula es la siguiente: daremos la palabra a dos miembros de parlamentos nacionales y a uno del Parlamento Europeo hasta que se agote la lista de oradores. A los miembros de los parlamentos nacionales que deseen intervenir, les pido que, por favor, rellenen un papelito y se lo entreguen a los ujieres, quienes nos harán llegar estas solicitudes de toma de palabra. Estableceremos la lista de oradores en base a la llegada de estas solicitudes, siguiendo el orden en que nos llegan. Les pedimos que levanten la mano para que les agreguemos a la lista de oradores.
El tiempo de intervención será de dos minutos por intervención y de un minuto y medio para los miembros del Parlamento Europeo. Les pido cooperación y que se ajusten al tiempo asignado. Dependiendo del número de oradores, puede que tengamos que reducir el tiempo de palabra para que todos tengan la posibilidad de intervenir. Por favor, cuando tomen la palabra, indíquenos en qué idioma van a hablar para facilitar el trabajo de los intérpretes.
Sin más tardanza, damos inicio y doy la palabra a la señora Irena Mozova, quien tiene siete minutos. Tiene usted la palabra.
La palabra, señora Mosorová.
Muchas gracias por su apoyo al Estado de Derecho en Europa y a la labor. Estimados colegas, fomentar los valores europeos en virtud del artículo 2 del Tratado es una de las prioridades de la Comisión. Para ello, en los últimos años hemos desarrollado y reforzado nuestra caja de herramientas en la materia. El informe es la herramienta principal para controlar la situación del Estado de Derecho en todos y cada uno de los Estados miembros, así como en los países de la ampliación. El comisario Macron nos dirá algo más al respecto.
Garantizar que el Estado de Derecho se cumpla es responsabilidad de todo el colegio, de todas las instituciones europeas, incluyendo también al Parlamento Europeo, como acaba de señalar el señor presidente. Esta misión también recae en los Estados miembros. Los parlamentos nacionales son artífices importantes, ya que son los que controlan la labor de las instituciones, especialmente en lo que respecta a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que están plasmados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
Los parlamentos nacionales tienen un papel fundamental que desempeñar; son legisladores y controladores del Ejecutivo. Son los custodios nacionales de los valores europeos por varios motivos. Primero, los parlamentarios son responsables de garantizar que las leyes sean claras, accesibles y que se apliquen con justicia a todos, incluidos los funcionarios gubernamentales. En segundo lugar, los parlamentos nacionales son los que controlan al gobierno y le exigen rendir cuentas. Desempeñan un papel crucial en la supervisión de la actividad del gobierno, especialmente cuando se toman medidas de emergencia, asegurándose de que sean compatibles con el Estado de Derecho. También son un pilar de la democracia, desempeñando un papel vital en la defensa y promoción de los derechos fundamentales y los valores democráticos.
Y de eso trata el informe de la Comisión. Los parlamentos nacionales participan cada vez más en el diálogo con la Unión Europea sobre este asunto. El informe examina la claridad de las legislaciones, su transparencia y se hacen recomendaciones a los Estados miembros para mejorar en estos aspectos. Algunos ejemplos incluyen recomendaciones sobre cambios legislativos intempestivos, consultas públicas, estudios de impacto y la reducción de medidas legislativas de emergencia. En Dinamarca, por ejemplo, las reglas han otorgado al Parlamento más tiempo para estudiar las nuevas legislaciones. En Grecia, hay una nueva tendencia a no acelerar excesivamente la labor legislativa.
Este informe también analiza las medidas de emergencia, como aquellas adoptadas en el contexto de la pandemia. Se busca un equilibrio entre los distintos poderes para garantizar que cualquier restricción de nuestras libertades se limite únicamente a lo estrictamente necesario y que sea proporcional. Asimismo, se debe limitar el plazo y permitir un control continuo por parte del Parlamento y los tribunales.
El informe también examina la integridad, las reglas éticas y la declaración de activos de los parlamentarios. En este ámbito se ha progresado considerablemente. La Comisión ha recomendado en años anteriores la aprobación de un código de conducta para los parlamentarios nacionales. Este es el caso de la República Checa, donde se ha recomendado completar las reglas sobre lobbying. La Comisión ha propuesto que se tomen medidas para reforzar el marco de integridad para los miembros del Parlamento, especialmente completando las reglas relacionadas con las puertas giratorias.
Para concluir, hay una serie de recomendaciones para la aprobación de legislación nacional. Estas recomendaciones pueden abarcar todos los pilares del informe: el sistema judicial, políticas anticorrupción, libertad de prensa, pluralismo y otros tipos de controles a través de organizaciones de la sociedad civil o de derechos humanos independientes. Los parlamentos nacionales son primordiales para garantizar la aplicación de estas recomendaciones.
Gracias. En el informe 2025 sobre el Estado de Derecho se mencionó que la legislación podría mejorar la transparencia de la financiación política. Este informe se presentó en Italia y está actualmente sometido a debate en los parlamentos de Dinamarca y Rumanía. En Finlandia, el Parlamento aprobó una propuesta en junio de 2025. Los parlamentos nacionales y sus organismos se consultan en la mayoría de los Estados. Durante las visitas precedentes a la redacción de los capítulos, el comisario podrá explicar esto más tarde.
También hay grupos de interés, como la judicatura y las organizaciones de la sociedad civil, que son esenciales para dar voz en los países. Asimismo, los parlamentos son fundamentales en el seguimiento del informe anual. El Parlamento de los Países Bajos y el alemán son ejemplos de cámaras eficientes en el escrutinio y la notificación, así como en la redacción de recomendaciones. Estas cámaras aplican las resoluciones y las comparten con la Comisión.
En España, el Plan de Acción por la Democracia incluye una propuesta para mantener un debate anual parlamentario, valorando así la conformidad del Gobierno con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. A la Comisión se le invita a presentar un informe a las comisiones interparlamentarias. El comisario MacGrath, por ejemplo, presentó un informe ante el Parlamento búlgaro en su última visita, y se presentará también otro en el Parlamento belga. Alentamos a todos los parlamentos nacionales a que sigan estos ejemplos.
Los intercambios entre la Comisión y los parlamentos nacionales también tienen lugar en reuniones como esta. Estos intercambios se pueden realizar dentro de otras comisiones y grupos de trabajo. En cuanto a las propuestas para reforzar el diálogo con parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo fomenta estos intercambios, y la Conferencia de Oradores de los Parlamentos podría priorizar estos intercambios sobre el Estado de Derecho, por ejemplo, a través de eventos anuales. Este podría ser un tema dentro de los parlamentos nacionales, abordando cuestiones comunitarias. Desde la Comisión, estamos listos para estimular este diálogo.
Los intercambios bilaterales, por ejemplo, sobre buenas prácticas para una mejor reglamentación, en base a pruebas y a la transparencia de los procedimientos, o grupos interparlamentarios sobre el Estado de Derecho, son todas iniciativas eficientes. Dicho esto, quisiera agradecerles una vez más por permitirme tomar la palabra en esta audiencia y reiterar el compromiso de la Comisión en el apoyo al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales para mantener el Estado de Derecho de acuerdo con el Tratado.
Muchas gracias, señora Mozová. Me complace ahora invitar a la señora Sabina Mateka, presidenta de la Asociación Europea de Judicatura. Dispone de un máximo de siete minutos. Espero que nos pueda ver y escuchar correctamente. Podemos verla y escucharla correctamente, y sin más dilación, adelante.
Muchas gracias por invitarme. La Asociación de Judicatura representa 44 asociaciones nacionales de judicatura en los Estados miembros y países candidatos. Actualmente estamos preparando nuestro informe para contribuir al informe de la Comisión. Se observa en muchos países que las asociaciones de judicatura se están erigiendo como defensores de la independencia y del Estado de Derecho. En nuestras reuniones del 2025, nuestra asociación aprobó varias resoluciones y declaraciones, abordando problemas en varios países, a saber, Italia, sobre una reforma constitucional en curso, así como sobre el Consejo de la Judicatura y procedimientos disciplinarios. También estamos abordando problemas en Hungría, donde hay más ataques contra el cuerpo judicial tras las protestas de febrero en Budapest. Publicamos una declaración sobre Grecia, debido al preocupante número de procesos disciplinarios contra la judicatura.
Checa por el sistema de remuneración de la judicatura y actualmente también en España, debido a campañas contra los jueces que están involucrados en casos de corrupción, afiliados también con el gobierno. También se han propuesto enmiendas para introducir nuevos reglamentos que permiten la inclusión en el cuerpo de la judicatura independientemente de los méritos, así como en cuanto a designaciones temporales de los puestos.
Además, tenemos una resolución en Rumanía por ataques contra la prensa y la judicatura, y en países como Albania, donde el clima de violencia contra los jueces está siendo exacerbado por el gobierno, lo que ha llevado a ataques y, hace unas semanas, al asesinato de un juez en Tirana. Estamos también haciendo seguimiento en Eslovenia por normas que se están reformando sobre los tribunales y la judicatura.
Vemos que hay una tendencia comunitaria que requiere la atención de las instituciones europeas. Estas tendencias negativas suelen empezar con el menoscabo de las actividades de la judicatura a través de diversas reformas. Hemos observado lo que ha ocurrido en Hungría y Polonia, donde se han llevado a cabo campañas contra los jueces, con falsas acusaciones. De esto podríamos ya haber extraído conclusiones; parece que esto era tan solo el principio y se ha replicado en muchos países por toda Europa.
Si el control gobierna la prensa, la situación se vuelve aún peor. Estas críticas desmesuradas y comentarios intimidantes causan problemas. Miembros del poder ejecutivo y del parlamento incluso participan en ello. La judicatura se ve criticada y el público ya no confía en ella. Además, todo esto se ve alentado por campañas agresivas, donde la ciudadanía se suma a estas campañas, sobre todo junto a la prensa, lo que a veces lleva a ataques físicos. Esto no solo afecta a la judicatura en sí, sino también a sus familias.
Los diputados y políticos tienen la responsabilidad de luchar contra esto y deben ser conscientes de los efectos que pueden tener sus actos. En algunos casos, vemos que hay intereses políticos subyacentes, pero a veces también es una falta de conciencia. Los políticos se suman a estos debates en los medios de comunicación sin tener en cuenta a dónde pueden llevar estas contribuciones. La judicatura es el poder más débil en cuanto a la protección, por lo que deben ser protegidos, no atacados.
Otro fenómeno que observamos es la influencia en la designación y promoción de los jueces. Estamos colaborando con el Ponente Especial de Naciones Unidas sobre la representación de la judicatura, quien está preparando un informe sobre la designación de jueces. También vemos un uso indebido de los procedimientos disciplinarios en muchos países, ya sea por nuevas normativas en la materia o por nuevos órganos disciplinarios controlados por el gobierno.
Las pensiones y los salarios son también temas polémicos. Los empleados de los tribunales se enfrentan a discriminación frente a otros funcionarios, lo que menoscaba la independencia de todos estos trabajadores y abre la puerta a la corrupción, afectando asimismo al atractivo de la profesión judicial.
Otra cuestión importante es que el Estado de Derecho no puede usarse como moneda de cambio. Entendemos que hay muchos intereses políticos subyacentes, sobre todo en cuanto al asilo, la migración o la ampliación de la Unión Europea, pero no debemos dar la espalda a estos temas en aras de lograr un acuerdo. Nuestros jueces o el Tribunal Europeo de Justicia han afirmado que el Estado de Derecho está sobre la mesa muchas veces, y los jueces son el plato principal. Debemos recordar que no se pueden ignorar las primeras alertas en cuanto a estos ataques al Estado de Derecho, ya que la judicatura defiende los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a Balázs Dénes, director ejecutivo del proyecto Civil Liberties for Europe. Podrá tomar la palabra durante siete minutos. Estimados miembros del Parlamento Europeo y Parlamentos Nacionales, gracias por esta invitación. Me complace estar aquí en representación de la red Civil Liberties for Europe, que cuenta con veintitrés supervisores a nivel comunitario. Estoy aquí porque redactamos cada año el mayor informe sobre el Estado de Derecho a nivel comunitario. Es una tarea difícil resumir estos informes en siete minutos. No es tan complicado como redactar el informe sobre los 27 Estados miembros cada año, pero aun así es un reto. Quiero hablarles sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea.
Vemos un menoscabo de los derechos humanos; el universalismo se está desvaneciendo y los valores universales también. En algunos países, esto se observa incluso para las personas de izquierdas, como aquellos que protegen los derechos de Palestina. En otros casos, se ve a quienes defienden los derechos de la comunidad LGTBQ+. No debemos olvidar que los derechos humanos están interconectados con el Estado de Derecho. Por otro lado, hay una relativización del Estado de Derecho. Como he mencionado, es complicado elaborar un informe sobre el Estado de Derecho en veintisiete países; a veces parece imposible. También es difícil evaluar elecciones híbridas o autocráticas, como se ha visto en Hungría, y cada vez surgen más problemas. Comparar la situación de Suiza con la de Bulgaria o la de Hungría con la de Finlandia es complicado, pero es posible, ya que contamos con indicadores objetivos y todos formamos parte de la misma unión.
Es fundamental supervisar el Estado de Derecho y el uso de los datos para cuantificar los cambios. Tanto el Parlamento Europeo como los parlamentos nacionales son esenciales en este proceso. Observamos un espacio que se reduce y un entorno antieuropeo. No se trata solo de los derechos de los manifestantes. Les pedimos que hablen un poco más despacio para facilitar la labor de los intérpretes.
Constatamos una reducción de oportunidades y fondos, así como un aumento de campañas de difamación a manos de Rusia. La abogacía y el entorno de las organizaciones de la sociedad civil y las ONG se están viendo comprometidos, lo que muestra que hay problemas. En cuanto a las redes sociales y nuestra incapacidad de reaccionar ante la desinformación y la inteligencia artificial, las plataformas son demasiado importantes como para ignorarlas, pero regularlas es complicado. A veces, la buena fe no es suficiente a la hora de regular. Hemos visto lo que ha ocurrido con los anuncios políticos en Meta y Google; estas plataformas representan un problema mayor del que podemos imaginar, y lo que está sucediendo ahora con el ómnibus digital está tratando de socavar todos los esfuerzos realizados.
¿Cómo podemos reaccionar y mejorar el seguimiento? Se requiere más tiempo y reflexión. Es cierto que algunos procesos podrían ser más sencillos. Contamos con el informe de recomendaciones de la Comisión sobre el Estado de Derecho. Sin embargo, el 90% de las recomendaciones del informe del 25 son repeticiones literales sin consecuencias, a pesar de la gravedad de la situación. Solo el 6% de las recomendaciones de este año se aplicaron efectivamente, y el 66% de las nueve recomendaciones que se aplicaron están relacionadas únicamente con dos países. Necesitamos más acciones y recomendaciones más realistas y efectivas. Además, es crucial una mayor integración de la caja de herramientas del Estado de Derecho. Actualmente, el informe anual apenas está conectado con los procedimientos de Estado de Derecho, y las instituciones comunitarias redactan diferentes informes que, al final, se quedan en un cajón.
Es muy importante trabajar en todo esto con un enfoque en el Estado de Derecho, pero el informe de la Comisión apenas está conectado con las herramientas. Me parece que la evaluación y la articulación de la trayectoria de las herramientas son esenciales. Las tendencias son claras en la práctica, pero la gravedad se pierde y se diluye a través de la notificación. La notificación es una herramienta esencial; necesitamos un sistema de alarma, porque con frecuencia los acontecimientos negativos se quedan fuera de ese periodo de notificación.
Sería más fácil abordar la creación de un espacio, un capítulo de la sociedad civil en el próximo informe. Esto requiere reconocer que las organizaciones de la sociedad civil, junto con los órganos de prensa independientes, son un gran indicador del Estado de Derecho en cualquier país. La participación pública está ya contemplada en la legislación, y muchas veces los gobiernos destinan fondos a las ONG más afines. Este tipo de actividades, entre otras, nos proporcionan un gran indicador de cómo se gestiona la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en los países. También es importante considerar el espacio civil, que tiene un gran componente comunitario.
Les garantizo que el Parlamento y la Comisión están haciendo lo correcto al ahondar en la supervisión del Estado de Derecho, porque esto demuestra que la Unión Europea es más que una unión comunitaria; es una comunidad de naciones que comparten su confianza en derechos y libertades. Además, esto refuerza la confianza en la Unión Europea y sus instituciones. Pese a lo que algunos digan, el Parlamento confía en la Unión Europea y también en el Estado de Derecho, y esto no está mermando, sino aumentando, como muestra el Eurobarómetro. Esto es una gran responsabilidad, pero también nos brinda una gran oportunidad.
Muchas gracias. Gracias, señor Denis. Me complace dar la palabra a Krastev, miembro de la Asamblea Nacional Búlgara. Va a tomar la palabra en línea y dispone de tres minutos. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Estimados miembros de la Comisión, estimados compañeros. Soy miembro de la Asamblea Nacional y represento la mayoría en la Asamblea Búlgara. Quisiera compartir los resultados que hemos logrado en el último año. Tras la inestabilidad política, el gobierno actual ha emprendido medidas tangibles para fortalecer el Estado de Derecho.
Voy a hablar de nuestras cuatro prioridades. La primera es la independencia jurídica y la rendición de cuentas. La Constitución nos ayuda con la rendición de cuentas a través de la Fiscalía General, y esto se basa en recomendaciones de larga data. Hay procedimientos de revisión e investigaciones que fortalecen la supervisión institucional. Se han adoptado enmiendas al Código Penal que aumentan el número de entidades que pueden llevar a cabo la supervisión en los casos de corrupción y crean garantías para la aplicación de un derecho procesal.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, la Comisión de Lucha contra la Corrupción ahora es plenamente operativa, con competencias de investigación y un presupuesto independiente. Se han aprobado enmiendas a la Ley de Protección de Denunciantes que amplían la gama de las personas con derecho a protección. Se han introducido códigos éticos obligatorios en los consejos municipales y se ha establecido un sistema para la gestión del riesgo de corrupción en las empresas públicas. Bulgaria también está tomando medidas decisivas para salir de la lista gris del GAFI. En 2025 adoptamos tres paquetes legislativos que mejoran nuestro marco de lucha contra el blanqueo de capitales e introducen nuevos delitos y amplían las sanciones administrativas.
Ahora me gustaría hablar de la protección de la libertad de los medios de comunicación. Estamos transponiendo la directiva antislapp para proteger a los periodistas de demandas abusivas. En julio de 2025, redujimos las multas por insulto y difamación en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Plataforma del Consejo de Europa para la Protección de los Periodistas ha reconocido los avances de Bulgaria.
Aproximadamente el veinte por ciento de las alertas publicadas ya se han resuelto. La digitalización y el acceso a la justicia son fundamentales. El cuadro de indicadores de la justicia de la Unión Europea de 2025 sitúa a Bulgaria entre los nueve Estados miembros que ofrecen la presentación y tramitación de asuntos totalmente digitales. Los ciudadanos ahora pueden solicitar actos administrativos durante las 24 horas del día. Hemos introducido la mediación obligatoria en los litigios civiles y mercantiles, aliviando la carga de los tribunales y acelerando el acceso a la justicia. Estas reformas reflejan el firme compromiso de Bulgaria con las normas europeas de transparencia, eficiencia e integridad institucional. La cooperación con la Comisión Europea y con esta comisión es esencial para garantizar la sostenibilidad de estos avances. Muchas gracias por su atención.
A continuación, me complace dar la palabra al señor Zdeněk Nitra, miembro del Senado de la República Checa, durante un máximo de tres minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, señoras y señores, es para mí un verdadero honor poder representar aquí al Senado checo. Me gustaría presentar nuestra percepción sobre la situación actualizada en relación con el informe sobre el Estado de Derecho 2025. En el informe se analiza la situación en la República Checa, y nuestro gobierno acoge muy favorablemente este documento como un instrumento, entre otros, para compartir buenas prácticas. El Senado ha debatido este informe en septiembre de 2025.
El informe confirma que durante el anterior gobierno, la República Checa introdujo reformas significativas, incluyendo la reforma de la fiscalía y los procedimientos disciplinarios para los jueces. Además, se introdujo la digitalización en los tribunales, aunque desafortunadamente hubo que posponer la digitalización de los informes. También se aborda la situación de los lobbies y las campañas electorales. Un punto negativo es la duración de los procedimientos judiciales, y el informe critica la situación de las puertas giratorias en la República Checa.
En cuanto a la ley de los medios de comunicación, incluyendo la ley de televisión y la de radiodifusión, tras la intervención del Tribunal Constitucional, debemos modificar la ley de conflictos de intereses, y no ha habido avances en la ley sobre transparencia de propiedad en los medios de comunicación. En lo que respecta a los controles y contrapesos, se considera que la República Checa es una sociedad abierta. Hay una nueva institución nacional responsable de los derechos humanos, y recientemente hemos creado la Oficina del Defensor de los Menores. Actualmente, estamos introduciendo prácticas de redacción en el procedimiento legislativo.
Consideramos importante introducir la dimensión del mercado único en este informe anual sobre el Estado de Derecho. Las recomendaciones relativas a la República Checa se centran en la reducción de los procedimientos jurídicos y en una mayor transparencia en la propiedad de los medios de comunicación. Actualmente, se está formando una nueva coalición gubernamental, y si se consideran los programas electorales de los partidos de la nueva coalición, debo señalar que la percepción sobre la propiedad de los medios de comunicación y los controles y contrapesos en la República Checa es bastante negativa, pero el tiempo dirá lo que sucederá.
Muchas gracias, señor Nitra. Ahora abriré el debate. Me gustaría recordarles que el tiempo para intervención es esencial; por favor, no se excedan para poder dar la palabra a la mayor cantidad de personas en el tiempo disponible. Vamos a comenzar con los miembros del Parlamento Europeo. Señora Rasa Juknevičienė, tiene un minuto y medio. Muchísimas gracias. La Unión Europea en su totalidad se enfrenta a un problema que es...
Enfrentamos una situación totalmente nueva cuando los proyectos más democráticos en la historia de la Unión Europea están siendo atacados, no por dictadores como el ruso, sino por parte de nuestro aliado más estrecho, los Estados Unidos. Surgen fuerzas destructivas desde el interior y hay verdaderos llamamientos alarmantes. Hay noticias que vienen de Lituania, mi país, que son muy preocupantes. El actual gobierno está en coalición con la extrema derecha y ha tomado el control del mayor radiodifusor lituano. A pesar de las manifestaciones de centenares de miles de personas el jueves, se están adoptando leyes sin ningún debate parlamentario ni conocimiento del público, con el fin de facilitar que el director general de la radiotelevisión lituana sea destituido. Esta ley está siendo debatida en el Tribunal Constitucional y también en el Consejo de Europa. Por ello, pido a la Comisión LIBE del Parlamento Europeo y a los representantes de las instituciones aquí presentes que actúen. Quiero transmitir mi más profunda preocupación ante esta situación.
El premio Sájarov de este año ha reconocido la situación de un periodista encarcelado. Gracias, señora Juknevičienė. Ahora, la señora Moravska tiene la palabra y dispone de dos minutos.
Señorías, señores y señoras, el Estado de derecho es la base sobre la que se construye la comunidad europea, es la expresión de nuestra identidad y de nuestra herencia constitucional, y hablo de todos los Estados miembros. Es una garantía de que quienes estén en el poder actúen dentro del Estado de derecho. Este no depende de tendencias políticas pasajeras, ni es un concepto abstracto, sino que es un reconocimiento de la dignidad de cada ciudadano europeo.
Hay tensiones crecientes y la situación socioeconómica es incierta. La guerra en Ucrania, la manipulación de los mercados energéticos y los ataques híbridos hacen que el Estado de derecho sea aún más fundamental. Para responder a estos desafíos con eficacia, debemos actuar conjuntamente, y para ello necesitamos confianza. Los Estados miembros tienen que actuar conforme a las mismas normas y respetar las decisiones de los tribunales de justicia. Solo así conseguiremos una predecibilidad.
El populismo es un gran problema actualmente, con su tendencia a buscar soluciones fáciles para problemas complejos y a elaborar leyes simplemente para complacer a los electores. La historia reciente en el continente nos muestra la situación a la que podríamos enfrentarnos. El uso de instrumentos jurídicos va más allá de las disputas políticas; se trata de mantener la libertad de los medios de comunicación, el Estado de derecho y la independencia ante las presiones externas de todos los gobiernos europeos.
La representante de los jueces en Europa, señora Matejka, me ha conmovido con su discurso, ya que lo que nos ha dicho es que hay una verdadera amenaza para los países de la Unión Europea, algo que también hemos observado en Polonia en los últimos años, antes de las elecciones de 2023.
La señora Sandra Pereira tiene ahora la palabra y, por favor, limítense al tiempo que se les asigna, dos minutos. Buen día. Me gustaría referirme a las recomendaciones sobre Portugal en relación con los instrumentos de evaluación.
Asociación, consulta pública, entre otras. Me gustaría señalar que, en el proceso de consulta pública, desde marzo de 2025, hay un recurso a una plataforma a través de la cual los ciudadanos pueden participar en todas las fases del procedimiento legislativo. Quería también aclarar, en lo que respecta a la evaluación de impacto, que es un sistema que existe en el Parlamento Nacional desde hace mucho tiempo. Somos conscientes de que debe ser más objetivo; es necesario recurrir a criterios objetivos y homogéneos, de manera que esa evaluación sea lo más concisa y correcta posible. En cualquier caso, es un procedimiento que ya existe desde hace mucho tiempo en el Parlamento portugués, y, por supuesto, queremos mejorarlo. Me gustaría preguntar también qué es lo que hace el Parlamento Europeo en cuanto a la evaluación de impacto de género, para que podamos profundizar también en Portugal en este procedimiento y en este sistema, que es una de las recomendaciones que surge en este informe y a la que queremos evidentemente responder.
Gracias, señora Pereira. El señor Juan Fernando López Aguilar tiene la palabra. Un minuto y medio. Gracias, señor presidente. Este ejercicio, a raíz del informe anual sobre el Estado de Derecho, me parece muy útil. Ese informe analiza los controles y mecanismos para garantizar, entre otras cosas, el pluralismo de los medios de comunicación, la independencia, la lucha contra la corrupción, pero en algunos casos se está ampliando el papel de este informe, incluyendo a las ONGs, el espacio social y la lucha contra la discriminación. Es necesario abordar el caso del organizador del desfile del Orgullo en Hungría, que se enfrenta a acusaciones judiciales. En Hungría se están batiendo récords en cuanto a la discriminación de minorías. Debemos tomarnos en serio el Estado de Derecho y distinguir entre aquellos países en los que hay señales de claros riesgos de ruptura sistémica del Estado de Derecho, de la democracia y los derechos fundamentales, y la manera de actuar en la Unión Europea. Por otro lado, no debemos trivializar el Estado de Derecho ni aprovechar la oportunidad para atacar o utilizar el informe sobre el Estado de Derecho de manera hostil contra gobiernos que no están vulnerando dicho principio, ya que esto es muy negativo para la credibilidad de este informe.
Gracias, señor López Aguilar. El señor Alejandro Ucci tiene la palabra durante dos minutos. Gracias, señor presidente. Quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión LIBE del Parlamento Europeo por haber promovido este encuentro, que considero de la mayor importancia y que realza el papel de los parlamentos nacionales en las garantías para el Estado de Derecho. Los procedimientos mediante los cuales la Unión Europea hace un seguimiento de la situación del Estado de Derecho en el ordenamiento jurídico nacional, y concretamente el informe anual elaborado por la Comisión Europea, a veces perfilan opciones políticas que son competencia estrecha de los parlamentos e instituciones nacionales. Se argumenta sobre cómo las organizaciones internas en Italia garantizan la constitución basada en los valores fundamentales de la Unión Europea.
El informe de 2025 reconoce, en numerosos pasajes, los progresos realizados en Italia sobre cuestiones verdaderamente estratégicas. Es significativo, por ejemplo, la valoración positiva en cuanto a las licitaciones públicas y el sistema judicial, que se ha reforzado, señora Matejka, por una reforma que se va a presentar a referéndum popular y que refuerza la independencia de los magistrados en un equilibrio perfecto entre la acusación y la defensa, así como los niveles de digitalización en el ámbito penal de las fiscalías, en materia de conflictos de intereses y también en materia de transparencia en relación con los representantes de diferentes intereses. Sobre esto hay un procedimiento legislativo en curso. Hay algunos párrafos concretos, señor presidente, que indican cómo Italia, el gobierno y el parlamento, siguen constantemente los elementos del Estado de Derecho.