Parlamento Europeo - JURI – Asuntos Jurídicos - 4 de diciembre de 2025

Gracias. El artículo 228, apartado 1, del Tratado dispone que, en un caso como este, deberá dirigirse inmediatamente al organismo, agencia o institución afectada, que dispone de tres meses para responder. Eso es precisamente lo que está haciendo la Comisión: está preparando su respuesta. En ella necesitamos un plan que defina si la Comisión ha aplicado o pretende aplicar la recomendación de la Defensora del Pueblo y, en su caso, cómo va a hacerlo. La respuesta se está preparando y quedará sometida a la decisión de la Comisión. A un nivel más general, puedo decir que vemos posibilidades de mejora, dando seguimiento a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo: establecer criterios para definir con mayor claridad el concepto de urgencia; aclarar los procedimientos formales, incluido el procedimiento de urgencia; y, en su caso, las exenciones correspondientes. Estamos plenamente dispuestos a trabajar en ello de manera constructiva. Las propias recomendaciones de la Defensora del Pueblo subrayan que la elaboración de un nuevo marco será una oportunidad para incorporar esta dimensión. En cuanto a las evaluaciones de impacto, han de cubrir todos los aspectos o dimensiones de una propuesta legislativa y el impacto que pueda tener, desde el punto de vista social, económico, etcétera. Lo que sí es nuevo es que estamos subrayando más la aplicación de todo lo relativo a la competencia, así como las verificaciones de la competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario, dice el presidente. Le agradezco el aporte que ha hecho a nuestras deliberaciones, que sin duda ha sido útil y valioso para todos los diputados. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor presidente, responde el comisario. Pasamos ahora a una audiencia muy importante sobre la capacidad jurídica y la toma de decisiones apoyada, en particular los mecanismos para respaldar la toma de decisiones por parte de las personas adultas, uno de los elementos a tratar en esta Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Parlamento. Empiezo presentándoles la alocución de la presidenta Metsola, dirigida a los más de cien millones de personas en la Unión Europea que viven con una discapacidad, visible o no: “Muchísimas gracias. Esta Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre en qué medida hemos podido progresar, evaluar los retos que tenemos por delante y, desde luego, renovar nuestro compromiso de que Europa sirva para todos. Las estadísticas ya las conocemos: son más de cien millones de personas en la Unión Europea que viven con una discapacidad visible o invisible, y cada uno es hijo, amigo, vecino de alguien. Es alguien que tiene que luchar cada día contra obstáculos que ya no deberían existir: obstáculos a la educación, al empleo, a la movilidad y al acceso a los espacios públicos. En tanto que representantes electos a quienes se nos ha confiado la tarea de mejorar la vida de todos, es nuestro deber.”

Proceder a la eliminación de esos obstáculos y ayudar a todos los europeos a que logren su pleno potencial humano, social y económico. En tanto que presidenta del Parlamento, me enorgullece enormemente que el Parlamento haga frente a este reto. El Intergrupo sobre Discapacidad ha presentado una serie de iniciativas para que la Unión sea más accesible. Agradezco a todos los colegas que han organizado una semana tan estupenda. Hemos actualizado y mejorado la infraestructura en todos los edificios del Parlamento, desde las salas de reuniones hasta la interpretación, que ahora es más inclusiva. Se ha avanzado, pero queda mucho por hacer; por ello, les pido que sigamos trabajando así. Europa solo cambiará si la cambiamos nosotros, y solo así progresaremos hacia un futuro mejor y más equitativo para todos. Muchísimas gracias. Este es el mensaje de la presidenta Metsola. Este tema lo abordaremos también en el marco del examen de la propuesta de reglamento sobre los casos transfronterizos de protección de adultos en la Unión Europea. El Parlamento, en un proceso liderado por la ponente, la señora Tom, aprobó en julio su posición en primera lectura para fortalecer los derechos de las personas adultas. Estamos a la espera de que el Consejo acuerde cuanto antes su orientación general. Quiero dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados: en primer lugar, la señora Pia Lincoln, jefa de unidad adjunta de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea; el señor Pat Clarke, vicepresidente del Foro Europeo de la Discapacidad; la señora Nena Georgantzi, directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, que intervendrá a distancia, así como su colega el señor Seidel, presente en la sala; el señor Sufiani Elamrani, experto en accesibilidad de Inclusion Europe; y el señor José María Gómez Riesgo, quien preside el Grupo de Trabajo sobre Derecho de Familia del Consejo de los Notariados de la Unión Europea. Cada intervención contará con cinco minutos; posteriormente celebraremos una sesión de preguntas y respuestas. Dado el tiempo limitado, seré muy estricto con el uso de la palabra. Doy ahora la palabra al señor Žalimas, quien interviene en representación de la ponente, señora Tom. Muchas gracias, presidente. Es para mí un placer intervenir en nombre de la señora Tom. Señorías, distinguidos invitados: he de admitir que este asunto era poco conocido y yo mismo sabía poco al respecto, señala la señora Tom. Sin embargo, tras investigar el tema en el marco de mi labor como ponente, he tomado plena conciencia de su importancia. Por ello, esta audiencia es una oportunidad fundamental para centrarnos en la cuestión y dar a conocer los retos relacionados con la capacidad jurídica. Quisiera subrayar el cambio de paradigma que se está produciendo en la manera de garantizar que todas las personas puedan tomar decisiones, incluso cuando se encuentren en situaciones temporales o permanentes que dificulten la protección de sus derechos. Tras la aprobación, en el seno de las Naciones Unidas, de los instrumentos pertinentes, debemos determinar qué podemos hacer para que las personas tomen sus propias decisiones, en lugar de que otros las tomen por ellas. Hoy está claro que privar a muchas personas de la posibilidad de decidir sobre su propia vida contraviene derechos consagrados.

…en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada hace 19 años. Nos encontramos en un periodo de transición en cuanto a la infraestructura y los sistemas con los que contamos para que los ciudadanos puedan hacer uso pleno de su capacidad jurídica. No obstante, hemos visto que en muchos países se han iniciado ya una serie de actividades: son 13 los Estados en los que se han tomado las medidas necesarias, y 14 en los que no se ha iniciado o apenas se ha iniciado el proceso de modificación del sistema para que todos puedan tomar sus propias decisiones. En ese sentido, nos interesa conocer las experiencias exitosas habidas hasta ahora. Nos gustaría que los expertos invitados nos expongan su parecer y sus experiencias en el ámbito de la asistencia prestada para la toma de decisiones. Los distintos grupos políticos y todos los diputados deberán aprovechar esta información para dar un impulso a la transición hacia la plena toma de decisiones. Entendemos que hay una voluntad importante y, por ello, hemos dejado claro que queremos alejarnos de las decisiones sustitutivas por parte de terceros y fomentar que cada ciudadano pueda tomar las suyas propias. Nos interesaría adoptar la decisión correspondiente a comienzos del año que viene, y esperamos que la Comisión esté dispuesta a trabajar codo con codo con nosotros. El Parlamento está dispuesto a seguir trabajando y a encontrar mecanismos para fortalecer los derechos de todos los adultos. Mientras tanto, tengo plena confianza en que esta audiencia y la información que vamos a escuchar hoy resultarán especialmente útiles para los colegisladores. Sin más, invito a nuestros oradores a que presenten sus intervenciones. Pueden empezar los expertos, dice el presidente. Comenzamos, en primer lugar, con la señora Litton. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a esta audiencia tan importante. Nuestra unidad de la Comisión es responsable de la aplicación de las disposiciones de esta iniciativa. Tómese nota de que la capacidad jurídica y la toma de decisiones asistida son competencias nacionales exclusivas de los Estados miembros; por tanto, la iniciativa puede referirse únicamente a los aspectos de derecho internacional privado. Recuerden que el conjunto de medidas, la propuesta legislativa, incluye dos elementos: por un lado, una propuesta de reglamento por el que se establece una normativa uniforme relativa a la protección de adultos en casos transfronterizos entre Estados miembros de la Unión; y, por otro, una propuesta de decisión del Consejo por la que se establecen normas uniformes para la relación entre la Unión y países terceros. Los adultos en situación de vulnerabilidad o con discapacidad siguen enfrentándose a obstáculos de orden práctico. Si bien en la Unión Europea ya se han hecho muchas cosas para facilitar la libertad de circulación y el acceso a la justicia, aún no se ha establecido un marco común para asistir a los adultos que necesitan apoyo jurídico. La resolución del Parlamento de 2017 ya pedía una propuesta en este ámbito y la Comisión obró en consecuencia. Siguen existiendo problemas, por ejemplo, en la gestión de la propiedad o del patrimonio de estos adultos, así como en la adopción de decisiones de orden sanitario en situaciones transfronterizas, cuando se trasladan a otro país o cuando tienen bienes en otro Estado miembro. Esta propuesta legislativa tiene por cometido dar solución a los problemas a los que se enfrentan estas personas, brindando mayor seguridad jurídica para proteger su autonomía y sus derechos fundamentales.

¿Cuál es la situación actual? Seré breve. El Parlamento ya ha elaborado un informe, pero a nivel del Consejo el trabajo sigue en curso. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la ponente, la señora Tom, así como a la comisión parlamentaria responsable, la Comisión de Asuntos Jurídicos, por un informe muy constructivo. En el Consejo, donde, como les decía, se está avanzando, puedo señalar que el texto se inspira en gran medida en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluido, por ejemplo, el reconocimiento de las preferencias del adulto de que se trate, a fin de subrayar y destacar su autonomía. Desde luego, estamos plenamente dispuestos a seguir asistiendo a los colegisladores en esta labor. Solo me queda agradecerles su atención y a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo por prever este debate, de tanta importancia. Muchas gracias por su presencia. Tiene la palabra ahora la señora Lena Georgiadzi, que intervendrá a distancia. Señorías, les agradezco esta oportunidad de intervenir en nombre de AGE Platform Europe. La propuesta de reglamento sobre la protección de los adultos suscita inquietudes en cuanto a los derechos de las personas de mayor edad. Valoramos el objetivo de armonizar la normativa transfronteriza, pero hay varios elementos del texto, tal como está redactado, que no se ajustan a las normas internacionales vigentes en materia de derechos de las personas con discapacidad y derechos humanos. Nos parece positivo que se tengan en cuenta las aportaciones de expertos en la materia, pero muchos han subrayado que, en su forma actual, el reglamento corre el riesgo de socavar los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad. En ese sentido, la posición del Parlamento Europeo nos parece adecuada, y agradecemos a la diputada Tom. La posición del Parlamento supone una mejora importante, pues busca que la propuesta de reglamento esté en consonancia con lo ya establecido a nivel internacional. No obstante, la redacción del propio reglamento nos inquieta: si bien se reconoce el envejecimiento demográfico, se tiende a equiparar edad y discapacidad, y debe quedar claro que envejecer no es necesariamente sinónimo de declive. Hay distintos tipos de envejecimiento y son muchas las personas mayores que viven vidas plenamente activas. Si se asocia automáticamente la edad con vulnerabilidad, las decisiones por defecto pueden volverse arbitrarias, se puede carecer de acceso a la información y de la asistencia necesaria para tomar decisiones informadas; como consecuencia, las personas afectadas se encontrarán en situaciones muy difíciles. Además, aspectos como el momento y el contexto en que tiene lugar la valoración de la situación de una persona pueden ser fundamentales. La capacidad y la autonomía jurídica no son algo binario; existen matices. Por ello, deben emplearse referencias neutras y evitar generalizaciones que den a entender que una persona de edad es equiparable, por definición, a una persona con discapacidad. Las Conclusiones del Consejo sobre el envejecimiento y la labor de la Agencia de Derechos Fundamentales instan a adoptar un enfoque de autonomía y una metodología basada en derechos.

Debemos promover la autonomía y no considerarla una excepción. Nunca se puede justificar la limitación de la toma de decisiones. Por ello, instamos a incluir disposiciones más sólidas en este Reglamento. Más aún ahora, cuando en Naciones Unidas se está elaborando una convención sobre los derechos de las personas mayores. Es una oportunidad de importancia crítica para la Unión Europea velar por la coherencia entre su legislación interna y los textos internacionales. Por último, las personas de edad deben participar de manera significativa en la elaboración de la legislación que afecta a sus vidas. A menudo no se las reconoce como personas con discapacidad y se las excluye de las reformas incluso cuando son objeto de discriminación. La experiencia de adquirir una discapacidad en una etapa ulterior de la vida debe tomarse en cuenta. Por favor, tengan en cuenta la visión de las personas de mayor edad en esta audiencia. Estamos dispuestos a trabajar con ustedes para fomentar la autonomía y la igualdad. No voy a poder quedarme, pero mi colega, el señor Seidel, está presente en la sala. Los intérpretes señalan que no han recibido el texto de esta oradora; han hecho cuanto han podido, pero es muy difícil trabajar en estas circunstancias. Todo el mundo tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Decidimos todos los días cómo gastar el dinero y dónde vivir. ¿Cómo se imagina no poder tomar esas decisiones? Yo soy Soufiane El Amrani y soy autodefensor; llevo quince años trabajando en Inclusion Europe. En cuanto al derecho a decidir, siempre oigo el mismo problema: en muchos países las personas con discapacidad intelectual no pueden tomar decisiones sobre su propia vida; en muchos casos no pueden tener una cuenta bancaria ni decidir dónde vivir; no se pueden casar y, en muchos países, tampoco se les permite votar. Hay quienes creen que es peligroso que tomemos nuestras propias decisiones. Nos vamos a equivocar, sí, como todo el mundo. ¿Y no aprendemos todos de nuestros errores? Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a decidir y a recibir apoyo para tomar decisiones, y la ley debe garantizarlo en todas las situaciones. Ha habido avances y normativas positivas. Hace poco, en Irlanda, España y Alemania se han adoptado medidas para apoyar la asistencia a la toma de decisiones, y demuestran que es posible cambiar la ley. Por supuesto, aún queda mucho por mejorar y habrá que ver la aplicación práctica. Esto debe traducirse en un efecto dominó, sin que estemos siempre bajo tutela. Todos debemos colaborar en esta dirección: los responsables políticos, los jueces, los notarios, los bancos, las familias, las personas con discapacidad intelectual y todas las personas implicadas en el proceso de decisión. Hay distintas formas de conseguirlo y lo sabemos. En España, Plena Inclusión trabaja con un banco para ayudar a tomar decisiones financieras. En Austria, una organización trabaja con los jueces para que sean conscientes de en qué ámbitos se necesita apoyo en lugar de tutela. También se necesita apoyo político y jurídico. En los próximos años habrá que colaborar para cambiar las leyes, dejar atrás las tutelas y garantizar que las decisiones con apoyo estén a disposición de quien las necesite. Muchísimas gracias. Gracias, señor El Amrani, por este discurso.

…este curso tan inspirador. Por último, me gustaría invitar al señor Gómez Riesco. Adelante. Sí, yo soy notario y soy presidente del grupo de trabajo del Consejo de Notarios de la Unión Europea en materia de Derecho de Familia. Gracias por invitarme a esta Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me gustaría decir que se debe garantizar el acceso a la justicia para todos y todas; sobre todo, hay que asegurar la protección de los colectivos más vulnerables, también de las personas con algún límite cognitivo o físico. Así garantizaremos la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el notario debe considerarse una figura esencial en todo tipo de procesos jurídicos; además, es un asistente y colaborador, un coautor que ayuda a la persona vulnerable a tomar decisiones: por ejemplo, poderes, instrumentos de tutela, instrucciones médicas anticipadas, entre otras. En todos los casos, el notario tiene que llegar a un entendimiento mutuo con la persona en cuestión para garantizar que haya una voluntad real y clara. Igualmente, debe comprobar que no existe conflicto de intereses ni influencia indebida, presión o coacción de ningún tipo, y que esa voluntad es plenamente libre, sin injerencias de terceras partes. El notario debe esforzarse por evaluar un cierto grado de raciocinio que haga posible el acto jurídico privado. Ello pasa por dedicar tiempo a la persona, con tacto y sensibilidad. En primer lugar, ¿qué problemas hay? Tenemos el problema de la movilidad: con frecuencia tenemos que desplazarnos a la vivienda de estas personas para evitar dificultades de desplazamiento. A veces nos encontramos en situaciones en las que no hay nadie más entre el notario y la persona, para garantizar una comunicación libre de interferencias de la voluntad. Y, a veces, esta comunicación es difícil, por lo que el notario debe contar con recursos: material audiovisual, la presencia de una tercera persona que pueda ayudar a expresar la voluntad —por ejemplo, intérpretes de lengua de signos—, y las acomodaciones o ajustes necesarios. La clave es que el notario quede convencido de que existe una voluntad, y que el otorgante del poder entienda que el texto que elabora el notario está bien redactado y autenticado, y que contiene su plena voluntad. En este sentido, los notarios de Europa consideramos una muy buena noticia la propuesta que está sobre la mesa, ya que reconoce el papel y la autoridad del notario, y crea, en concreto, un certificado de representación. Es un gran paso adelante en el informe del Parlamento Europeo.