Bienvenidos, bienvenidas. Si están listos, podemos empezar.
Señorías, me complace darles la bienvenida a este seminario anual de la Comisión de Peticiones sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un tema de la máxima importancia. A petición de la Comisión PETI, el Departamento Temático de Ciudadanía, Igualdad y Cultura organiza cada año, para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un seminario de alto nivel dedicado a las personas con discapacidad. Este año nos centramos en las conclusiones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto de la Unión Europea, desde la perspectiva de las peticiones recibidas.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por la Unión Europea y entró en vigor en nuestra Unión en enero de 2011. En 2015 se sometió por primera vez a un proceso de examen y en 2025 dicho proceso se repitió. En 2025, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acogió con satisfacción los avances legislativos y políticos adoptados por la Unión Europea para ampliar los derechos de las personas con discapacidad y para la aplicación de la Convención desde las conclusiones y recomendaciones de 2015. Se subrayaron, entre otras, las siguientes acciones favorables: la Directiva relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; la modificación de la Directiva relativa a la lucha contra la trata de seres humanos; las dos directivas sobre los órganos de igualdad; la Ley Europea de Accesibilidad; y la Directiva de accesibilidad de las páginas web.
A pesar de todos estos avances, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó ciertas reservas y formuló una serie de recomendaciones en cuanto a la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy nuestros invitados e invitadas van a repasar estas recomendaciones del Comité de la ONU y a proponer soluciones concretas de cara al futuro. La base de todos estos trabajos serán las peticiones que hemos ido recibiendo.
Durante este seminario contamos con interpretación en lengua de signos y también con una transcripción automática. Para saber cómo utilizar esta aplicación de transcripción automática en sus tabletas o teléfonos móviles, pueden escanear el código QR que encontrarán en los pósteres a la entrada.
Antes de empezar, vamos a ver un vídeo de dos minutos con un mensaje de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Adelante.
Señoras y señores,
La Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad que celebra este Parlamento es un momento que aprovechamos para reflexionar acerca del progreso que hemos hecho y de los retos que vienen en el futuro, y renovamos nuestro compromiso para que Europa funcione para todos. Más de cien millones de personas de nuestra Unión viven con una discapacidad, ya sea visible o invisible. Cada una de estas personas es hija, compañera, vecina, amiga de alguien.
Estas personas tienen que luchar en su día a día contra barreras que ya no deberían existir: barreras en el acceso a la educación, el empleo, la movilidad y el espacio público. Como representantes electos, se nos ha confiado la mejora de sus vidas y tenemos el deber, como legisladores, de derribar esas barreras para que todos los europeos puedan alcanzar su máximo potencial a nivel humano, social y económico. Yo, como presidenta, estoy orgullosa de que el Parlamento esté a la altura de ese reto. Nuestro Intergrupo sobre Discapacidad está a la vanguardia para que la Unión sea más accesible, y agradezco a mis colegas que hayan organizado, una vez más, una semana tan fantástica. Debemos mantener el impulso, y no solo cuando nos estén prestando atención, sino semana a semana, día a día. Esta casa, además, está a la espera de las novedades de la Comisión en el marco de la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hemos mejorado nuestras instalaciones —por ejemplo, las salas de conferencias— y también contamos con un servicio de interpretación más inclusivo. Queda mucho por hacer y nunca debemos dejar de mejorar. Hoy les pido que sigan trabajando del mismo modo, porque Europa solo cambiará si la cambiamos nosotros, y solo podremos avanzar hacia un futuro mejor y más igual trabajando juntos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a la presidenta Metsola por su mensaje. A continuación, toma la palabra Lucy Dahan, jefa de la Unidad de Investigación e Innovación para la Discapacidad en la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, Justicia y Consumidores. Tiene siete minutos. Adelante.
Señorías, queridos participantes, muchas gracias por haber organizado esta conferencia y por invitar a la Comisión. Me parece muy importante conmemorar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de unos meses, esta Convención cumplirá veinte años. En toda Europa hemos hecho avances en su aplicación. La Convención nos sirve de brújula para mejorar las vidas de las personas con discapacidad y defender sus derechos. A nivel europeo, el instrumento clave para su aplicación es la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en marzo de 2021 y que abarca el período 2021‑2030. Es una lista de prioridades y acciones ambiciosas.
Incluye todos los servicios de la Comisión y se ha preparado en cooperación con todas las partes interesadas. A principios de este año hicimos una evaluación de los avances realizados y participamos en el diálogo constructivo con el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al final aprobamos observaciones, conclusiones y una lista de recomendaciones.
En cuanto al proceso político, se subraya la importancia de consultar y asegurar la participación de las personas con discapacidad o de las organizaciones que las representan. La Comisión PETI es un claro ejemplo de la participación activa de los ciudadanos en el proceso político. Además, en las observaciones finales se aborda el papel de las instituciones europeas como administración pública y como empleadores. También hay recomendaciones acerca de los distintos artículos de la Convención. La recomendación más urgente es la relativa a la accesibilidad: es preciso ampliar la legislación en esta materia. Asimismo, se destacan la igualdad ante la ley, la autonomía personal y la cooperación internacional. Las recomendaciones en relación con la financiación son también de gran importancia y urgencia para la Comisión.
Estamos en un período de transición, entre dos marcos financieros plurianuales y entre dos fases de la estrategia. Entramos en el medio plazo. Muy pronto vamos a publicar un informe acerca de los avances realizados en la aplicación de la estrategia. Además, la Comisión va a mejorar y actualizar su estrategia para las personas con discapacidad, que se aplicará a partir de 2026. En estos momentos estamos en un periodo de consulta: estamos a la escucha. Hemos lanzado un proceso de consulta pública que va a durar hasta el 6 de febrero. También vamos a organizar otras consultas más específicas con interlocutores sociales y con organizaciones de personas con discapacidad. Vamos a conmemorar, a finales de la semana, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una oportunidad perfecta para escuchar a las distintas partes interesadas y a las propias personas con discapacidad.
Para terminar, les doy una vez más las gracias por haber organizado este seminario. Tenemos muchas ganas de escuchar el debate que se va a celebrar y de ver cómo podemos tener en cuenta las observaciones finales en nuestras herramientas políticas, en la legislación y en los instrumentos de financiación. La Comisión mantiene un compromiso pleno con la aplicación completa de la Convención y desea desarrollar una nueva estrategia dentro de ese marco. Gracias.
A continuación, saludamos a la Defensora del Pueblo Europeo, la señora Teresa Aguiño. Tiene usted la palabra.
Señor presidente, señorías, buenas tardes. Muchas gracias al Parlamento Europeo y, concretamente, a la Comisión de Peticiones por haber organizado este seminario anual que sitúa en el centro de nuestra reflexión y de nuestros debates los derechos de las personas con discapacidad. Como Defensora del Pueblo Europeo, gestiono las denuncias y realizo investigaciones independientes en materia de discriminación en la administración europea. En lo que se refiere a las personas con discapacidad, mi equipo aplica las normas derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también realiza una interpretación autorizada del CRPD. Aplicamos las conclusiones y las observaciones generales. La ratificación de esta Convención marcó un antes y un después, porque por primera vez la Unión Europea se convirtió en parte de un tratado de las Naciones Unidas. Además, supuso un gran cambio en la comprensión de la discapacidad: se pasó de un enfoque médico o caritativo a un modelo integral que destaca la autonomía, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad. Dentro de este modelo.
Lo que causa la discapacidad es la barrera social, y no las características concretas de las personas. Estos principios orientan el trabajo diario de mi equipo. Todos los Estados miembros y la Unión Europea son parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Defensora del Pueblo Europeo, junto con los defensores del pueblo nacionales y regionales, tiene el deber de defender los derechos de las personas con discapacidad. Muchos defensores forman parte de los mecanismos nacionales de seguimiento de esta Convención o asumen responsabilidades en ese sentido. Mi equipo forma parte del marco de seguimiento de la Convención en la Unión Europea y, por tanto, realizamos actividades de seguimiento e información; por ejemplo, participamos en la revisión periódica de la Unión Europea.
Al margen de las estructuras formales de la ONU, tanto mi despacho como muchos defensores del pueblo nacionales y regionales seguimos gestionando quejas y llevando a cabo investigaciones independientes sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este trabajo es parte nuclear de nuestro mandato, orientado a abordar la mala administración. Este mandato compartido subraya la importancia de los esfuerzos colaborativos emprendidos por la Red Europea de Defensores del Pueblo. Reunimos a instituciones comprometidas con el Derecho de la Unión y los principios de buena administración, y realizamos investigaciones paralelas, conjuntas y otros procedimientos para abordar problemas que afectan tanto a la Administración europea como a las administraciones nacionales y regionales. Con todo ello, pretendemos reforzar la aplicación de la Convención en toda Europa.
Permítanme un ejemplo. En 2022 mi despacho adoptó una decisión derivada de una investigación de iniciativa propia sobre el seguimiento de los fondos europeos destinados a apoyar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad. Durante nuestra investigación recibimos aportaciones de gran valor de distintos defensores nacionales y, basándonos en nuestros hallazgos, formulamos recomendaciones para mejorar el proceso de seguimiento por parte de la Comisión Europea. También la alentamos a una aplicación más firme, especialmente cuando las actividades financiadas con fondos de la Unión entran en conflicto con objetivos como la vida independiente.
Contamos asimismo con el trabajo de la Agencia de Derechos Fundamentales. En su último informe se destaca la necesidad de poner fin a la institucionalización de las personas con discapacidad y de promover su inclusión en la vida comunitaria. En marzo de este año se completó la segunda revisión periódica de la Unión Europea en virtud de la Convención y se emitieron las observaciones finales. Participamos en ese proceso basándonos en las quejas y denuncias recibidas. Se destacaron diversos problemas: el uso excesivo de la institucionalización de las personas con discapacidad, cuestiones relativas a la Administración europea y la cobertura sanitaria del personal de las instituciones europeas. Corresponde a la Comisión encabezar las acciones necesarias para abordar estos retos. Me anima comprobar que, respecto de uno de estos problemas —el relativo a la financiación y el diseño de la cobertura sanitaria de las personas con discapacidad—, la Comisión ha aprovechado los hallazgos de mi despacho y las recomendaciones del Comité de la CDPD para buscar un enfoque conforme a la Convención.
Las recomendaciones de la Defensora del Pueblo deben ser atendidas. Si bien no son jurídicamente vinculantes, en general las instituciones responden de forma favorable y, cuando no lo hacen, siempre podemos remitir un informe especial al Parlamento Europeo, lo cual no ha sido necesario hasta ahora en materia de derechos de las personas con discapacidad.
Quisiera mencionar también algunos avances ya logrados, como las Conclusiones del Consejo sobre la vida independiente y la autonomía personal de las personas con discapacidad, un paso importante en un ámbito en el que el Comité de la CDPD venía reclamando progresos. Hay otros temas igualmente relevantes, y se están desarrollando iniciativas emblemáticas como la Tarjeta Europea de Discapacidad, que demuestra nuevas ambiciones y ha venido acompañada de una nueva serie de acciones.
Una cuestión muy importante es la consulta pública de la que se hablaba antes sobre cómo mejorar la estrategia. Las consultas públicas, las peticiones enviadas a PETI y las quejas ante mi despacho son esenciales para mejorar la situación de los derechos de las personas con discapacidad y abordar las brechas persistentes. Debemos ayudar a las personas con discapacidad a defender y mejorar sus derechos, pero queda mucho trabajo por hacer para garantizar su participación y su igualdad. Así lo evidencian las quejas que recibimos en mi oficina y las peticiones que llegan a PETI. Y, en estos tiempos de incertidumbre —ya concluyo—, es importante que todos los actores europeos se mantengan centrados, respeten las conclusiones finales de la Comisión y sigan desempeñando su papel para ampliar los derechos de las personas con discapacidad. Debe subrayarse la importancia del esfuerzo colaborativo, no solo a nivel de las defensorías del pueblo, sino también en lo que atañe a otros actores clave, como la Agencia de Derechos Fundamentales. Hay que aprovechar sus conclusiones y observaciones. Los derechos de las personas con discapacidad no son derechos especiales, sino derechos en pie de igualdad; debemos defenderlos porque es una cuestión de humanidad e integridad, y son esenciales para todas las personas. Tenemos que dar ejemplo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Defensora del Pueblo. Su presentación ha sido una excelente introducción que me permite dar ahora la palabra a la directora de la Agencia de Derechos Fundamentales, Sirpa Rautio. Tiene usted la palabra. Dispone de siete minutos.
Dzień dobry. Es un placer para mí estar hoy aquí. Es mi primera vez en este seminario, que sé que se celebra anualmente desde hace muchos años. Y como la FRA no interactúa con la Comisión PETI tanto como lo hace la Defensora del Pueblo, permítanme, en primer lugar, presentar brevemente la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La FRA es un organismo independiente de la Unión Europea —como los hay a nivel nacional—. De conformidad con nuestro Reglamento, proporcionamos asesoramiento basado en datos y evidencias sobre derechos fundamentales a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros, para apoyar la aplicación de la legislación de la UE.
Como tal, la Agencia forma parte del marco de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con la Defensora del Pueblo, el Foro Europeo de la Discapacidad y esta Cámara. La Convención es un instrumento jurídicamente vinculante para la Unión Europea y para los Estados miembros signatarios, y los legisladores deben respetar los derechos de las personas con discapacidad como parte del acervo de la Unión. Esta es una posición firme. Sin embargo, al revisar la legislación de la UE, hemos observado que, en algunos ámbitos de política y en determinadas prácticas, no se ha efectuado una revisión sistemática de conformidad con lo que exige la Convención. Por ello, la Unión debe emprender una revisión amplia del marco legislativo y de las políticas existentes para garantizar su plena conformidad con la Convención.
En cuanto a nuestros instrumentos, la Agencia puede emitir dictámenes cuando así lo solicitan las instituciones europeas —la Comisión, el Parlamento o el Consejo—. Lo hemos hecho en el pasado, si bien no ha sido lo más habitual en los últimos años. Internamente, organizamos un proceso para examinar las distintas propuestas que llegan a nuestra mesa y evaluar si se beneficiarían de un dictamen de la FRA. Cuando no se nos solicita formalmente, no podemos emitir dictámenes; no obstante, sí podemos realizar análisis legislativos por iniciativa propia en determinados casos. En ese contexto, hemos publicado documentos de posición sobre diversos instrumentos legislativos, centrados en evaluar su solidez y en identificar riesgos, lagunas y oportunidades de mejora.
En relación con los derechos humanos, informamos sobre cómo podrían introducirse mejoras, en cierto modo de manera abstracta, pero teniendo siempre presentes los elementos que forman parte de la legislación. Es algo que podemos y esperamos hacer, para que, en el marco de nuestro trabajo, podamos realizar un seguimiento que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También realizamos evaluaciones de impacto sobre la legislación que se aplica en la práctica. Hemos llevado a cabo investigaciones tanto a nivel nacional como de la Unión Europea para examinar cómo se han efectuado estas evaluaciones de impacto en derechos humanos, y los resultados son mixtos; dependen del Estado miembro. En algunos casos, como en Finlandia, existe desde hace muchos años una evaluación respecto de la Carta de los Derechos Fundamentales en relación con la legislación aprobada por el país.
En el informe que publicaremos la semana que viene constatamos que las evaluaciones de impacto en derechos humanos en la legislación europea no se realizan en todos los expedientes importantes; se hacen a veces, pero no de manera sistemática. Y, cuando se realizan, a veces resultan superficiales, como simples listas de comprobación, cuando en realidad requieren la participación de expertos, algo que no siempre está disponible en todas las direcciones generales de la Comisión; lo hemos consultado con la Comisión, y no se sorprenderán del resultado. Recomendamos a la Comisión que se asegure de que las evaluaciones de impacto en derechos humanos tengan en cuenta, de manera sistemática y en profundidad, la Carta de los Derechos Fundamentales y la Convención de la ONU en cada propuesta legislativa, a fin de evitar impactos que supongan violaciones de los derechos humanos o de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, recomendamos fortalecer en sus servicios la presencia de peritos, especialmente en los órganos de supervisión y asesoramiento que intervienen cuando se evalúan las propuestas; y, cuando no sea así, que exista una justificación. Todo ello figura en nuestra recomendación, que podrán leer en el informe que publicaremos la semana que viene.
Obviamente, no nos centramos en la evaluación a nivel de los Estados miembros; intentamos, por así decirlo, leer entre líneas, sin contar con un mandato específico, para comprobar el cumplimiento de los aspectos que nos interesan. Otro asunto que quisiera presentar, aunque no dispongo de mucho tiempo: hemos sido especialmente críticos, como también han señalado otros, con la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP). Los derechos fundamentales forman parte de los valores más amplios de la Unión Europea, junto con la democracia y el Estado de Derecho, y deben preservarse en el reglamento. Sin embargo, la Convención de la ONU no figura como una condicionalidad horizontal vinculante. Observamos en la propuesta presupuestaria una cierta reducción de la importancia otorgada a los derechos de las personas con discapacidad en el marco de dicha Convención. Queremos seguir examinando el tipo de condicionalidades horizontales, que podrían percibirse como un debilitamiento del compromiso de la Unión con la Convención, para que ese compromiso se respete en la mayor medida posible.
Además, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus observaciones finales, ha señalado y criticado repetidamente el lento progreso en la desinstitucionalización por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, no solo en lo que atañe a las instituciones en sí, sino también en el avance de los procesos de desinstitucionalización, especialmente cuando existen lagunas o abusos en su aplicación. De ser así, a nivel nacional deberían activarse los distintos mecanismos previstos por la Convención.
Para concluir, permítanme señalar que desde 2016 venimos trabajando en este ámbito; sabemos cómo funcionan las cosas, y pueden tener la certeza de que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea priorizará cada vez más la cuestión de las personas con discapacidad en su labor cotidiana.
Es necesario decir que no se nos han dado los recursos suficientes para que las instituciones correspondientes puedan realizar el proceso de seguimiento y monitoreo, teniendo así la certeza de que quienes deben hacerlo puedan cumplir debidamente. Muchas gracias. Estamos en la misma cara de la moneda; el problema es el que hay. Le pido simplemente que piense que estamos de su lado. Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra Siwon Klyndywan, profesora de la Facultad de Derecho del College of Business, Public Policy and Law de la Universidad de Galway. Está conectada, según entiendo. Muchas gracias, tiene la palabra.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señorías, invitados. Es un placer poder estar aquí con ustedes, en mi caso, desgraciadamente, a distancia. Mi trabajo era revisar el Convenio de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD según sus siglas en inglés, desde la perspectiva de las peticiones recibidas en la Unión Europea. De aquí en adelante hablaré del Convenio, simplemente para facilitar la exposición.
Tal y como se ha dicho previamente, este es el primer convenio de las Naciones Unidas que ha sido ratificado por la Unión Europea, y esto tiene consecuencias de carácter jurídico para la Unión. El artículo 216.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea indica que este convenio es vinculante para todas las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento, en el ámbito de sus competencias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que la legislación secundaria de la Unión —directivas y reglamentos— debe, en la medida de lo posible, interpretarse en consonancia con este Convenio. Así que, si hay dos posibles interpretaciones de una directiva, debe preferirse aquella que sea más consistente con los parámetros del Convenio. Esto tiene una incidencia clara, especialmente en la interpretación de la Directiva 2000/78 sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
Además, el Convenio tiene un mecanismo de informes. No entraré en detalles, pero, por ejemplo, en marzo de 2025, el Comité de la CRPD presentó sus conclusiones ante la Unión Europea. Estas conclusiones indicaban la necesidad de formular recomendaciones en aquellos ámbitos en los que se detectaron situaciones preocupantes. Dichas recomendaciones se complementan con las Observaciones generales, que son declaraciones autoritativas de los órganos del tratado para comprender las implicaciones jurídicas del Convenio y de sus posibles vulneraciones; en suma, orientan sobre cómo interpretar el tratado de manera general.
Aquí nos centramos en tres ámbitos: la accesibilidad, la educación y el empleo. A la luz de las distintas conclusiones y de las peticiones presentadas, estas son las principales consideraciones. Las peticiones nos permiten observar una imagen fiel de la vida de las personas con discapacidad en la Unión Europea: aportan información sobre sus experiencias y destacan patrones de exclusión en múltiples contextos, con barreras relativas a la vivienda, la educación, el empleo, el transporte y los servicios sanitarios. Las personas con discapacidad auditiva tienen problemas de comunicación por la falta de intérpretes en sus consultas con médicos y personal sanitario. Algunas sufren acoso escolar y, en un caso, una mujer tuvo que llevar a su hijo de clase en clase porque la escuela no podía ayudarla. Las personas trabajadoras con discapacidad no tienen las mismas oportunidades laborales y carecen de apoyo en situaciones de desempleo.
Observando los artículos pertinentes en relación con estas barreras y cómo respondió la Comisión, el primer aspecto en el que me centraré es la cuestión de la accesibilidad. La Comisión destacó… Pero, antes, debo señalar que, si bien hay muchos avances positivos, también persisten importantes retos que es necesario abordar.
El ámbito limitado y los retrasos en la transposición de esta legislación, especialmente en lo tocante a la Directiva sobre Accesibilidad y a sus aspectos en el marco de la digitalización, se traducen en barreras cotidianas en vivienda, transporte, cuidados médicos y deporte. El mensaje clave aquí es que la Unión Europea dispone de competencias para crear un entorno digital mucho más favorable. Y tengo un ejemplo específico que permite una visión muy clara: el reglamento sobre los edificios. La clave de esta normativa es la eficiencia, pero se centra sobre todo en la accesibilidad, ya que hace imposible crear edificios que no sean accesibles, lo cual es muy positivo; si tuviésemos que señalar un buen elemento legislativo, este sería un ejemplo palmario.
En lo tocante a la educación, las observaciones finales señalan que la Unión Europea debe cumplir con sus obligaciones para proporcionar una educación de calidad e inclusiva a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. Advierten sobre el riesgo de discriminación derivado del uso de la inteligencia artificial y la necesidad de garantizar la participación de las personas con discapacidad mediante un aumento presupuestario en el programa Erasmus+, eliminando así las barreras existentes. El informe también aborda barreras físicas para acceder a los centros educativos y rechaza la creación de escuelas separadas, así como los problemas de acoso al alumnado con autismo y las dificultades de acceso a la educación terciaria para las personas con discapacidad.
Las competencias de la Unión Europea deben ser de apoyo y de armonización. Aun así, se puede avanzar mediante una mejor financiación y directrices claras sobre su funcionamiento, así como una implementación reforzada, para asegurar que los gastos derivados de las necesidades de las personas con discapacidad formen parte, entre otros, del programa Erasmus+. Debemos ir más allá para asegurar que toda la investigación —por ejemplo, en el caso de Horizon, las acciones Marie Skłodowska-Curie y otros proyectos— pueda utilizarse de tal manera que permita la participación de las personas con discapacidad. El Parlamento también podría apoyar iniciativas como la Declaración de Nicosia, que facilite el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior, pues existen múltiples opciones “suaves” para promover su inclusión en los distintos niveles educativos.
Para acabar, en materia de empleo, las preocupaciones de la Comisión se centraban en la segregación, la baja participación en el mercado laboral abierto y los fallos en el suministro de vivienda adecuada, especialmente para las personas con discapacidad, aspectos que se reflejaban en las peticiones presentadas. Estas incluían todas las preocupaciones ya identificadas por la Comisión: discriminación, falta de estándares adecuados, segregación en los puestos de trabajo, ausencia de empleos para personas con discapacidad y carencia de vivienda adecuada para quienes buscaban o tenían empleo. Resulta especialmente claro que las ayudas estatales para quienes buscan empleo no están en adecuada armonía con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la legislación europea vigente permite todavía situaciones de segregación en el puesto de trabajo. Debemos atender la situación de las personas que trabajan en entornos segregados, garantizando condiciones adecuadas, incluida la misma remuneración por el trabajo realizado.
Para terminar, el mensaje clave para los miembros de esta Cámara es claro: las personas con discapacidad son ciudadanos de la Unión Europea que quieren estudiar, trabajar, viajar y participar en la vida de sus comunidades en pie de igualdad. La Unión Europea ha desarrollado una legislación importante en estos ámbitos, pero existen lagunas y es necesario aplicar plenamente la normativa vigente. Hemos identificado dichas lagunas para colmarlas y debemos tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en todos los nuevos elementos legislativos, de modo que las medidas impacten en el mercado laboral y se asegure que la financiación de la Unión Europea se centre en la inclusión y el acceso al mercado abierto.
…que tenemos que intentar ser mejores y llevar a cabo estos cambios y espero que el Parlamento Europeo sea capaz de hacerlo. Gracias.
Bardzo dziękujemy. Muchas gracias. Ha sido una presentación muy interesante. Continuamos. Va a tomar la palabra la señora Joseph Smith. Es analista política independiente y miembro de la Red Europea de Expertos en Discapacidad. A petición de la Comisión PETI, fue autora del estudio “Aplicación por parte de la Unión Europea de las Observaciones Finales del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” en 2015. Tiene siete minutos. Adelante.
Muchas gracias. ¿Pueden proyectar, por favor, la primera transparencia?
En un mundo lleno de turbulencias políticas, guerras y un clima en el que se cuestiona la cooperación internacional en la protección de los derechos humanos, tengo que elogiar a la Unión Europea por ser una organización regional basada en la idea de la cooperación internacional para dar paz y bienestar a todo el mundo y proteger los derechos humanos. Y la Unión Europea no deja esta cuestión en términos generales: tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe explícitamente, en sus artículos 21 y 26, la discriminación por razón de discapacidad y prevé la participación equitativa de las personas con discapacidad en la sociedad.
Pero, dicho esto, podemos criticar a la Unión por no hacer suficiente. Así lo ha establecido el Comité de las Naciones Unidas en Ginebra, que ha revisado la aplicación por parte de la Unión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No hay políticas para reducir la institucionalización. No hay acción para abordar el derecho de voto de las personas con discapacidad intelectual. Persiste la segregación en la educación de los niños con discapacidad; hay alrededor de tres millones de personas con discapacidad que viven en instituciones; y se constata discriminación en el acceso a la atención sanitaria, entre otros ámbitos. El Comité de Naciones Unidas elogió a la Unión por ciertas acciones, como las relativas a la accesibilidad.
El motivo por el cual la Unión trabaja intensamente en una serie de cuestiones y permanece inactiva en otros ámbitos es que puede actuar mejor en aquellos en los que tiene competencias compartidas, como el mercado interior; de ahí que pueda imponer legislación en el Acta Europea de Accesibilidad. Pero en otros ámbitos no tiene competencias o solo son limitadas.
El artículo 5 de la Convención pide a los Estados Parte que garanticen una protección jurídica y eficaz contra la discriminación por todos los motivos, incluida la discapacidad. La Directiva sobre igualdad de trato proporcionaría esta protección jurídica y se planteó en 2008, pero los Estados la bloquean desde hace quince años.
Parece que hay algún problema con las transparencias… ¿Se interrumpe a la oradora? Bien. Decía: la Estrategia sobre Discapacidad, la antigua y la nueva, establece acciones y medidas basadas en las competencias dentro de la Unión y en los límites políticos que establecen los Estados miembros. El Parlamento Europeo adopta una posición muy amplia en su resolución sobre la aplicación y pide al Consejo y a la Comisión que tomen medidas sobre todas las cuestiones posibles. Sin embargo, ambos parecen ignorar preocupaciones urgentes: este año se repite lo mismo que se dijo hace diez años. Se elogia menos el Acta Europea de Accesibilidad; persisten lagunas jurídicas; no se ha ratificado el Protocolo Facultativo; y aún no hay una directiva sobre igualdad de trato. El Comité ha pedido una aplicación inmediata de la estrategia sobre discapacidad.
Antidiscriminación. La Comisión está trabajando para actualizar esta directiva para garantizar que todas las personas con discapacidad tengan igualdad de derechos y acceso a la participación. Ya existe un conjunto de acciones ambiciosas centradas en la vida independiente, la accesibilidad y la prevención de cualquier tipo de discriminación, pero estamos a la espera de las iniciativas de la Comisión, que deberían llegar el año que viene, aunque no está claro qué efecto y qué alcance tendrán. Por ejemplo, en lo relativo a la vida independiente, que se menciona en varios artículos, no solo en el 19, sino también en el 7. Porque hay muchos niños viviendo en instituciones; artículo 8, mujeres; hay mucho abuso y violencia en las instituciones; artículo 12, participación en la sociedad; artículo 16, el derecho a no estar sometido a explotación y abuso.
Pero la cuestión de la vida independiente está en entredicho. Desde hace diez años, la Unión apoya a los Estados miembros en transformar instituciones en servicios orientados a la vida independiente. Las ONG han presentado pruebas de que hasta 3 millones de personas con discapacidad —incluidas las que residen en centros para personas mayores— viven en instituciones, y que esta cifra ha ido aumentando. Se acusa a la Unión Europea de contribuir directa o indirectamente a este aumento, financiando nuevas instituciones en Austria, Hungría, Francia y Grecia. Se ha pedido a la Comisión que recupere pagos por estas nuevas instituciones construidas porque no cumplen las condiciones establecidas, pero la Comisión se niega a hacerlo. Los motivos, en parte, son jurídicos: la Comisión se basa en los Estados miembros para evaluar si los proyectos cumplen las condiciones para la financiación europea, y —cito— “los Estados miembros tienen que garantizar que se cumplan las condiciones y que se respeten”. El otro motivo por el cual la Comisión no va a retirar fondos europeos, aunque se gastan claramente en estas instituciones, es que no está prohibido, según la propia Comisión.
En su respuesta al Comité de las Naciones Unidas, la Comisión señala: “Las autoridades nacionales pueden autorizar la financiación, en algunos casos, para centros de atención residencial, porque las inversiones en instituciones no están prohibidas por el marco jurídico aplicado. Los Estados miembros pueden considerar necesarios o justificados estos centros de atención residencial en función de cómo estén avanzando hacia la desinstitucionalización”. En otra cita, la Comisión indica que hay margen para varias interpretaciones de lo que implica el artículo 19: “Muchos planes nacionales de recuperación y resiliencia apoyan las estrategias nacionales de desinstitucionalización, promoviendo modelos orientados a la asistencia comunitaria y a soluciones de asistencia a domicilio”. El MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) también apoya inversiones en infraestructuras de cuidado residenciales que cumplan determinadas condiciones, incluido el principio de vida independiente. Es una cita compleja, pero la traigo para subrayar que la Comisión considera que la vida independiente se puede organizar dentro de instituciones.
Estas respuestas no convencieron al Comité, que afirma que los fondos siguen utilizándose en los Estados miembros para mantener instituciones residenciales en lugar de desarrollar servicios de apoyo a las personas con discapacidad. La recomendación es clara: reforzar el seguimiento del uso de los fondos europeos para garantizar que se utilicen estrictamente para desarrollar servicios de apoyo a las personas con discapacidad y no para aumentar centros e instituciones.
Por último, la Directiva de Igualdad de Trato. En 2008, antes de que se ratificara la Convención, se propuso una directiva sobre igualdad de trato. Pero, como ya sabemos, los Estados miembros han bloqueado esta directiva y es difícil entender por qué parece que hay tanta resistencia en cuanto a la Directiva de Igualdad de Trato.