Parlamento Europeo - PETI – Peticiones - 2 de diciembre de 2025

Gracias. Vamos a retomar nuestra sesión. Nos toca hablar del punto 12, un examen de un proyecto de opinión acerca del seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en los años 2023, 2024 y 2025. En la reunión del 28 de enero de 2025, los coordinadores de PETI asignaron este dictamen al Grupo S&D y Sandra Gómez López fue designada ponente. Hoy vamos a repasar el proyecto de opinión sobre el seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en los años 2023, 2024 y 2025. La ponente y los ponentes alternativos han rellenado y enviado las declaraciones de conflictos de interés y han completado la formación obligatoria sobre prevención de conflictos y acoso y la correcta gestión del despacho. Por tanto, pueden ser designados ponentes o ponentes alternativos. A continuación, vamos a escuchar a la ponente; o, mejor dicho, a su sustituta, la señora Jalloul. Adelante. Gracias, señor presidente. Se trata del informe de JURI sobre la aplicación del Derecho de la Unión 2023‑2024, que se centra en tres ejes principales: seguimiento, aplicación y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Parte del informe anual 2023 de la Comisión —que no se publicó en 2024— y analiza asimismo los informes de situación de 2025 publicados por cada comisario sobre simplificación, aplicación y cumplimiento. El informe detecta una serie de problemas estructurales o deficiencias en la ejecución del Derecho, como la falta de análisis sistemático de lagunas, la ausencia de referencia al procedimiento EU Pilot o la reticencia de la Comisión a iniciar procedimientos de infracción. El ponente de JURI subraya un mensaje político claro sobre la necesidad de la correcta transposición y la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea, y que la simplificación no se confunda con la desregulación. En síntesis, el informe combina crítica institucional con recomendaciones operativas para hacer más eficaz el sistema de ejecución. Sobre esa base, la opinión de PETI se apoya en una idea central: las peticiones son una fuente directa, temprana y muy valiosa para detectar problemas reales en la aplicación del Derecho. Por eso nos hemos centrado en reconocer institucionalmente el papel de PETI, reivindicar el seguimiento efectivo de las peticiones por parte de la Comisión y el uso de las peticiones como evidencia para la acción ejecutiva. Nuestras propuestas buscan poner de relieve que el mecanismo de la petición aporta información directa y única, reforzar la transparencia y la trazabilidad de los casos abiertos en PETI y subrayar que PETI es un instrumento democrático que conecta a los ciudadanos con las instituciones. Muchas gracias. Gracias. Ahora van a tomar la palabra los ponentes alternativos. En nombre del PPE, el señor Cunha, que no está; por el Grupo Patriotas, el señor Szekeres. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a la ponente por la labor realizada. Nosotros, los Patriotas, consideramos que deberíamos tener en cuenta un mayor número de peticiones, porque así podemos arrojar luz sobre las partes problemáticas del Derecho de la Unión Europea que afectan a los derechos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, hay que centrarse en la correcta aplicación de la normativa; cuando se constatan violaciones del Derecho, hay que actuar, pero con proporcionalidad. Como ha señalado la ponente, es necesario proceder a un análisis más detallado y profundo para poder defender adecuadamente a la ciudadanía en la aplicación del Derecho de la Unión.

De una aplicación incorrecta nacen a veces riesgos que debemos definir y conocer. Es algo que tiene que estudiar esta comisión y tenemos que evitar que se apliquen dos pesos y dos medidas. Estamos hablando de una crisis energética, de problemas en el transporte y la movilidad, y de muchos otros más. Por ello, tenemos que hacer una reflexión profunda. Esto también vale para la política de migración y otros aspectos en la aplicación del Derecho de la Unión. Gracias. ¿Hay alguien más que desee intervenir? ¿Alguno de los presentes aquí en la sala? Parece que no. Damos la palabra a la Comisión. ¿Quién representa a la Comisión? Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la Comisión aprecia las peticiones como una herramienta para defender el Derecho de la Unión. Las peticiones permiten que individuos, organizaciones y empresas puedan hacer valer sus derechos ante las instituciones. Y todo esto lo tenemos en cuenta también en la ejecución, en la aplicación del Derecho, en nuestros planes para que haya mejoras palpables y rápidas para el entorno empresarial, por ejemplo. En los últimos años hemos incoado más de 3.000 procedimientos por infracción, algunos derivados de peticiones. El 95% de las preocupaciones se han resuelto sin tener que recurrir a los tribunales. Dicho esto, la Comisión ha tomado más decisiones para llevar a los Estados ante el Tribunal de Justicia que nunca, y también se han impuesto más sanciones y con mayor frecuencia. Todo ello en sintonía con el Derecho de la Unión. Queremos mantener este impulso. Hay 1.500 procedimientos por infracción en curso y estamos trabajando denodadamente para que los Estados cumplan y para que se preste atención a los casos que llevan ya mucho tiempo sin resolverse. Queremos que nuestra información sea útil para tener intercambios con sentido con ustedes. Nuestra página web ofrece ahora datos útiles, inteligibles y en tiempo real, accesibles a la ciudadanía. Además, la presencia de los comisarios en las comisiones parlamentarias permite más debate y así se pueden definir las áreas en las que deben mejorar las cosas. Tenemos en cuenta su exigencia de mayor información y nos comprometemos con la transparencia en nuestra labor de ejecución de la ley. Esto siempre será una prioridad para la Comisión. Gracias. El plazo de presentación de enmiendas para esta opinión vence el día 8 de diciembre a las 12 del mediodía. La votación se celebrará en el mes de enero. Clausuramos este punto del orden del día. Muchas gracias a todos. Pasamos al punto 13: Peticiones. Tres peticiones: la 1024/2017, presentada por un ciudadano español, sobre la falta de objetividad de la televisión española; la 0283/2018, presentada por un ciudadano español, sobre la falta de objetividad en los medios audiovisuales públicos de Cataluña; y la 0277, presentada por un ciudadano español, sobre la falta de objetividad de la televisión pública catalana. El peticionario de la primera petición está conectado en remoto, si no me equivoco. Me refiero al peticionario de la 1024/2017. Les pedimos que nos muestren su conexión, por favor.

Tiene usted cinco minutos, señor Nieto. Buenos días, señorías. No soy exactamente el peticionario, sino que fue un órgano de RTVE, el Consejo de Informativos, el que hizo esta petición. Hoy comparecemos para defender una petición presentada en 2017 sobre la falta de objetividad en la televisión pública española. Ocho años después, nos sorprende que este tema siga abierto, pero la realidad es que continúa siendo un asunto plenamente vigente. El Consejo de Informativos de TVE nace del esfuerzo histórico de los profesionales por garantizar la independencia, la neutralidad y el pluralismo de RTVE. Desde 1982 hemos luchado para dejar atrás un modelo gubernamental y avanzar hacia una radiotelevisión verdaderamente pública, al servicio de toda la ciudadanía, gobierne quien gobierne. RTVE ha vivido malas épocas bajo distintos gobiernos del PSOE y del PP. También conocemos casos similares en las televisiones autonómicas, a cuyos profesionales queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad. En 2006, con la Ley 17/2006, se dio un paso crucial hacia la independencia de RTVE, y fruto de aquel avance nacieron en 2008 los Consejos de Informativos. Sin embargo, en 2017, año de la petición que nos trae aquí, RTVE estaba presidida por José Antonio Sánchez, quien llegó a declararse votante del Partido Popular, que en ese momento estaba en el Gobierno, en sede parlamentaria. Sánchez repetía en el cargo porque ya había sido director general en 2003, año en que RTVE fue condenada en una sentencia histórica por manipulación informativa y vulneración de derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, siendo obligada a emitir una rectificación en los telediarios. La situación de RTVE la pueden leer en un informe que realizó el Consejo de Informativos en 2017 y que les hemos remitido para su traslado; son 248 páginas. Más adelante, en 2018, ya con Gobierno del PSOE, se inició un concurso público para profesionalizar la presidencia y el Consejo de Administración de RTVE. Pero lo que debía ser un avance se convirtió, poco después, en un proceso torpedeado por errores de diseño y, sobre todo, por decisiones partidistas, hasta quedar reducido de nuevo a un reparto entre partidos y, finalmente, borrado por completo. En 2019, cuando comparecieron en esta comisión nuestras antecesoras en este Consejo de Informativos, tras fracasar el primer intento de concurso público, RTVE quedó en manos de una administración única temporal que duró casi tres años. En 2021 llegaron una presidencia y un Consejo de Administración por consenso, designados sin respetar el concurso público; la presidencia dimitió año y medio después. Desde 2022 hemos tenido dos presidencias provisionales, con mandato limitado, hasta que a finales de 2024 un cambio legislativo redujo el consenso parlamentario necesario para elegir la presidencia y el Consejo de Administración, dando por terminado el concurso público y anulando, además, la mayoría de competencias del Consejo de Administración, que ahora recaen únicamente en la presidencia. Ese cambio de ley motivó protestas de los trabajadores y de este Consejo de Informativos, y nos llevó a presentar un escrito, el pasado 16 de diciembre de 2024, ante la Oficina del Parlamento Europeo en España, que también les hemos enviado, por considerar que esta reforma supone un ataque a la independencia, la neutralidad y el pluralismo que debe garantizar cualquier radiotelevisión pública, según exigen la legislación europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 2010/13/UE. Además, en el último año hemos observado una programación cada vez más cargada de contenidos de actualidad informativa y política, producidos en su mayoría por empresas externas. Programas como Mañaneros 360, Malas Lenguas o Directo al Grano no solo profundizan en la externalización, sino que externalizan también la información, e introducen un sesgo político evidente, alejándose de los principios deontológicos y normativos que deberían regir RTVE. La defensa de la independencia ha tenido y sigue teniendo un coste. Este Consejo de Informativos recibe ataques públicamente.

Por directivos de RTVE, por partidos políticos —algunos incluso amenazando con nuestra disolución o con entrar con lanzallamas y motosierras en RTVE—, y también por determinados medios que nos han acusado simultáneamente de ser rojos y fachas. Ese simple hecho demuestra que nuestro compromiso es con la profesionalidad, no con ninguna ideología. También nos encontramos con muchas dificultades para llevar a cabo nuestras funciones: solo para recabar la opinión de los profesionales de la información a través de una encuesta llevamos meses topando con numerosos impedimentos por parte de la dirección de RTVE. Por todo ello, hoy queremos trasladarles nuestra preocupación: RTVE sigue arrastrando graves problemas de independencia, neutralidad y pluralidad, y creemos firmemente que esto debería preocupar también a este Parlamento Europeo, que representa a la ciudadanía española y europea. Señorías, ¿queremos una RTVE verdaderamente independiente? Una RTVE con audiencia, pero siempre de servicio público y calidad para la ciudadanía; una RTVE que no dependa del gobierno de turno, sino del compromiso democrático de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo peticionario está en la sala. Es el peticionario de la petición 0283/2018. ¿Está listo para presentar su petición? Tiene cinco minutos. Señor Presidente, intervendré en español para expresarme mejor. Para comenzar, y en defensa de mi integridad física, me voy a colocar esta mascarilla para protegerme del virus de la burocracia que hay en estas instituciones comunitarias. Miren, aquí me tienen, casi siete años después, para confirmar que las instituciones europeas son un auténtico fracaso en la defensa de la libertad, el pluralismo y el control de los fondos europeos nutridos con nuestros impuestos. Me sacaré la mascarilla para poder hacer, en cualquier caso, la intervención en condiciones. Desde mi comparecencia en esta comisión, allá por el 22 de enero de 2019, Europa no ha hecho nada al respecto, permitiendo que el odio, el sectarismo y el desprecio a una gran mayoría de los ciudadanos españoles se siga perpetuando. Por eso, sin ningún tipo de complejo, vengo a invocar en esta comisión la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para pedir a los Estados miembros que, de seguir por esta vía, es mejor que se retiren voluntariamente de la Unión y que, en consecuencia, dejen de aplicarse directivas y reglamentos que no hacen otra cosa que oprimir a la ciudadanía europea, recuperando nuestra libertad perdida. Ustedes son los garantes de la democracia, del Estado de Derecho, del pluralismo político y de la libertad de información, y no garantizan nada. Ustedes son los responsables del correcto destino de los fondos europeos, de la administración de los impuestos de la gente, de la evitación de la corrupción política, económica y moral, y han decidido mirar para otro lado, desentenderse, no velar por su recta aplicación. Y esto no es demagogia; es la verdad, que se explica porque, después de siete años —recuerden, siete años—, la situación que yo denuncié en su día no solo no ha sido revertida, ha empeorado. Les dimos toda la confianza y nos han defraudado. España, y Cataluña como una de sus regiones más importantes, está sumida en la degradación más absoluta. Los medios de comunicación públicos estatales y regionales —Radiotelevisión Española y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, con TV3 a la cabeza— siguen haciendo de las suyas con especial intensidad últimamente. Muchos pensamos, ingenuamente, que tras el golpe de Estado de 2017 dado por los separatistas catalanes y ante la ineficacia del Gobierno español, ustedes vendrían en nuestro auxilio como tabla de salvación para un pueblo sometido, castigado y perseguido.

por políticos corruptos, indecentes e indignos. Yo creí, ingenuamente, que tras esa dramática crisis constitucional pondrían pie en pared, desmontando en primer lugar el aparato financiero de una televisión pública catalana —hoy también la española— al servicio del poder y del pillaje del dinero de todos, también del resto de europeos. No han hecho nada, amparándose en la grandilocuencia de palabras huecas. Miren su respuesta a mi petición, allá por abril de 2018: “La Comisión continuará realizando un seguimiento de la evolución de la situación en España en relación con el servicio público de radiodifusión.” Y yo les pregunto: ¿qué seguimiento han hecho en siete años? El 6 de noviembre de 2018, el Consejo adoptó la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. La nueva Directiva refuerza la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación de los servicios de comunicación audiovisual e incluye el requisito de que los Estados miembros garanticen que los reguladores audiovisuales sean jurídicamente distintos del Gobierno y funcionalmente independientes de sus respectivos gobiernos y de cualquier otro organismo público o privado. De obligada aplicación desde septiembre de 2020, hoy en día no hay ni rastro de que en España, en Cataluña, se le haya dado debido cumplimiento. Y eso que el Grupo Socialista en esta Comisión, que hipócritamente —y lo digo alto y claro— apoyó la investigación de la Corporación Catalana en 2019 a resultas de mi petición, una vez tomado el poder se ha dedicado a ahondar todavía más en esa degradación. Son los últimos y verdaderos responsables: el socialismo en España, con Pedro Sánchez a la cabeza, está provocando una situación insoportable para muchos ciudadanos que queremos ser respetados y vivir en libertad. Por tanto, quiero evocar aquí al escritor francés Albert Camus y recordar su obra —que seguro conocen muchos europarlamentarios— La peste: corrupción sistémica, falta de ética, persecución ideológica, una auténtica calamidad. Señor peticionario, vaya terminando, por favor. Y lo que han logrado es que impere un sentimiento generalizado de descontento. Son responsables de la desesperanza y del resentimiento que se ha propagado por toda Europa entre su gente. Son ustedes, los dos grupos mayoritarios del Parlamento Europeo —el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas— la antipolítica institucional. Así que mírense en el espejo antes de acusar a otros grupos de practicarla. En España, en Cataluña, el sanchismo lo ha corrompido todo. Y en lugar de reiniciar o cerrar la Corporación Catalana, han ahondado sibilinamente en su radicalización y, por tanto, en su descomposición. No han promovido la designación de gestores independientes, tal y como marca la Sindicatura de Cuentas. Siguen permitiendo que las productoras de los popes separatistas, que viven del insulto, del desprecio y del odio a todo lo que huela a España en Cataluña, lo practiquen de forma compulsiva, forrándose además con ello. Silencian y denigran, con su clásico lenguaje supremacista, a otras opciones políticas y a sus seguidores que cometen la osadía de defender la libertad, la igualdad y la Constitución española. No han corregido ni de lejos la deriva de la que trae causa mi petición. Y, finalmente —acabo, presidente—, y a mayor desgracia del españolito de a pie, tenemos que aguantar que un Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoye la amnistía. Muchas gracias, señor peticionario. Es una frase… Please. Creo que ese funcionario de Bruselas no se pierde todos los jueves el programa Polonia de TV3 y, al hacer su dictamen confundido, ha profundizado en el conocimiento de la sociedad polaca. Pero ese es otro Estado miembro, abogado. Deseo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo corrija. Concluyo. Ojalá el informe expuesto por esta Comisión de Peticiones funcione. En cualquier caso, hagan de una vez por todas algo para evitarlo o, en otro caso, disuélvanse. Gracias, presidente. Dobrze, dobrze, to już. Pasamos a darle la palabra a los grupos políticos. Ah, no, disculpen —corrige el presidente—: en primer lugar, la Comisión. Dirección General DG CONNECT.

Adelante, tiene la palabra. Máximo ocho minutos. Muchas gracias, señor presidente. El compromiso de la Unión Europea con el Estado de Derecho es esencial para garantizar la confianza en las instituciones públicas y facultar a la ciudadanía para ejercer sus derechos. El Informe sobre el Estado de Derecho es esencial para promover una cultura del Estado de Derecho. El pilar III de ese informe se centra en la libertad de los medios de comunicación. La Unión Europea necesita información fiable, porque los medios de comunicación tienen que obtener la rendición de cuentas de los gobiernos y crear canales de participación pública. Unos medios de comunicación libres e independientes ensanchan el espacio público. Como destacó la señora von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, nuestros medios son el núcleo de nuestro Estado de Derecho. El capítulo consagrado a España del Informe sobre el Estado de Derecho aborda algunos de los aspectos señalados por el peticionario, como, por ejemplo, la ampliación de los poderes del director del consejo de administración, dado que las designaciones de los consejos están muy expuestas a la injerencia política. Asimismo, se han formulado críticas al decreto relativo a RTVE, solicitando que los nombramientos se basen en el mérito. El capítulo sobre España también informa de que el monitor sobre la independencia de los medios de servicio público ha bajado de alto riesgo en 2024 a riesgo medio en 2025, aunque algunos siguen preocupados por la falta de independencia de los medios de comunicación. La Comisión recuerda que la legislación sobre los medios de comunicación tiene en cuenta estas preocupaciones. Entró en vigor en mayo de 2024 y sus normas se aplicarán a partir de agosto de 2025, y contiene salvaguardas sin precedentes para los medios de comunicación, en particular los servicios públicos. Vela por la independencia de los editores y promueve la puesta a disposición de contenidos imparciales, de acuerdo con el Protocolo nº 29 sobre los servicios de radiodifusión pública en los Estados miembros, anexo a los Tratados. De acuerdo con la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, los procedimientos para la designación y la destitución de los consejos de administración deben incorporar garantías de independencia de estos proveedores. La Comisión está en contacto con los Estados miembros para que los marcos nacionales se alineen con la legislación sobre libertad de los medios de comunicación. Además, la Comisión ha supervisado la transición del Grupo de Reguladores Europeos para los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA) al Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que se estableció formalmente en febrero del año en curso. Los Estados miembros tienen que asumir la responsabilidad principal de garantizar la aplicación de la Ley sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Por nuestra parte, como guardiana de los Tratados, vigilaremos la independencia de los medios de comunicación y, si fuese necesario, adoptaremos medidas, incluido recurrir ante el Tribunal de Justicia. Supervisamos la situación en todos los Estados miembros, incluida España, y la plasmamos en el informe anual sobre el Estado de Derecho. Gracias. Pasamos a darle la palabra a los grupos políticos. Señora Nevado del Campo. Muchas gracias, presidente, y gracias a ambos peticionarios.