Señoras y señores, queridos colegas. Muy buenos días. Vamos a empezar la reunión de la Comisión CONT. Es un día polaco hoy en nuestra comisión, porque voy a intervenir en polaco; pónganse los cascos. Bienvenidos a la reunión de la Comisión.
Damos la bienvenida, en primer lugar, a la señora Ilze Juhansone. Usted, en distintas ocasiones, ya ha estado en las audiencias sobre la aprobación de la gestión en la Comisión CONT, así es que no le voy a explicar el procedimiento: se lo conoce al dedillo. Vamos a ver cómo vamos a trabajar hoy; como le digo, lo sabe usted tan bien como nosotros. Muchísimas gracias por las respuestas por escrito que nos han enviado a las preguntas que le habíamos formulado.
Para esta audiencia no vamos a tener una introducción por parte del Tribunal de Cuentas Europeo, en primer lugar porque ya hemos tenido una presentación general del informe anual, que era importante como introducción a esta audiencia, y también porque solo disponemos de una hora para la sesión de hoy; no tiene sentido demorarnos con más presentaciones. Pasaremos, por tanto, a las preguntas y respuestas de ambas partes, con el fin de sostener el debate que deseamos y cerrar esta parte de la reunión a las diez. Si la señora Secretaria General está preparada, sin más dilación le cedo la palabra. Tiene cinco minutos.
Hola, muy buenos días. Señor Presidente, Señorías de la Comisión CONT, querido ponente, muchas gracias por haberme invitado a este procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 2024. En primer lugar, quiero dar las gracias a la comisión parlamentaria por el diálogo tan constructivo que mantenemos no solo en esta ocasión, sino siempre. Esto nos permite entender mejor los retos y cómo podemos darles respuesta.
El año 2024 fue un año de cambio. Nuestras instituciones gestionaron la transición a la nueva legislatura parlamentaria y a un nuevo Colegio de Comisarios. De manera conjunta, adoptamos medidas decisivas para responder a las distintas crisis a las que nos enfrentamos dentro y fuera de la Unión. El presupuesto de la Unión Europea siempre ha estado listo para la acción. NextGenerationEU fue fundamental para desplegar los fondos de recuperación tras la pandemia, impulsando la resiliencia y protegiendo los valores europeos. Aceleró la transformación hacia una Europa más digital, más limpia y más competitiva.
En el informe anual de resultados detallamos lo que hemos alcanzado con el presupuesto de la Unión en 2024 y hoy quiero ofrecerles algunas pinceladas. Las inversiones del RRF y de REPowerEU financiaron más de 950.000 estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Además, muchos hogares pasaron a disponer de acceso a internet de alta velocidad y se proporcionó educación y formación a muchísimas personas. El Instrumento para Ucrania, creado para la recuperación y modernización del país, aporta 50.000 millones de euros de apoyo financiero estable en el periodo 2024‑2027. A finales de 2024, la Unión Europea y los Estados miembros habían destinado 1.300 millones de euros al pueblo palestino; desde entonces, esa cifra se ha incrementado hasta 1.580 millones.
Muchas gracias.
Señor Presidente, Señorías,
La Unión Europea ha movilizado más o menos 300.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas a finales de 2024. El Consejo Europeo de Innovación ha apoyado a más de 700 startups y pymes. Ese mismo año se alcanzó un acuerdo sobre la revisión a medio plazo del MFP vigente. Quiero agradecer de verdad al Parlamento Europeo su apoyo en todo ello. Gracias a esta revisión hemos reforzado prioridades importantísimas como el apoyo a Ucrania, la gestión de la inmigración, las relaciones internacionales y la defensa. Además, hemos puesto en marcha la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) para impulsar inversiones en tecnologías digitales, limpias e innovación. Diez mil millones de euros se desembolsaron solo en el primer año.
Esta revisión ha permitido que STEP refuerce el esfuerzo de la Unión, y, al mismo tiempo, nos ha mostrado que debemos repensar nuestro presupuesto de cara al futuro. Dos años después del inicio del MFP actual, su flexibilidad está prácticamente agotada, lo que dificulta adaptar el presupuesto a nuevas necesidades y prioridades.
En 2024 seguimos ayudando a que la Comisión diera respuesta a las prioridades de la presidenta von der Leyen. Lo hicimos mediante la coordinación política, gestionando el proceso de toma de decisiones, garantizando una gobernanza robusta en todos los ámbitos y fomentando las relaciones interinstitucionales. Establecimos una serie de puntos clave, como la brújula de competitividad y la Estrategia de Defensa Europea, entre otros. Coordinamos, asimismo, los esfuerzos de la Comisión para reducir las cargas administrativas de las empresas europeas a través de iniciativas de simplificación, y dimos un paso más en la ejecución de la legislación comunitaria, elemento esencial para que la normativa produzca resultados tangibles sobre el terreno.
El secretario general también se refirió a las medidas de transparencia introducidas por la presidenta von der Leyen. Incluyen normas más estrictas sobre registros obligatorios: el registro de transparencia para todos los representantes e interesados que se reúnen con los gestores de la Comisión a todos los niveles, empezando por los jefes de unidad. Asimismo, hemos introducido la obligación de publicar las actas de todas estas reuniones y, desde entonces, más de 11.700 reuniones han sido publicadas desde comienzos de 2025. Además, hemos puesto en marcha un nuevo sistema informático, EASE, y adoptado normas internas para garantizar que la Comisión responda puntualmente a las solicitudes de acceso a documentos. En este y en otros ámbitos, buscamos de forma continuada mejorar, ser más eficaces, adaptarnos a las nuevas tecnologías y perfeccionar nuestra manera de trabajar.
En cuanto al presupuesto de la Unión Europea, somos plenamente conscientes de que gastar el dinero de los contribuyentes es una responsabilidad enorme. La Comisión está comprometida al 100% a utilizar los fondos europeos de manera eficaz y a garantizar los más altos estándares de buena gestión financiera. El Tribunal de Cuentas, en su informe, señaló una reducción del nivel de error, especialmente en cohesión. Es una muy buena noticia. Al mismo tiempo, tomamos nota de sus observaciones sobre la regularidad y legalidad de los pagos, que confirman que vamos en la buena dirección, pero que aún queda camino por recorrer y aspectos que mejorar. La Comisión trabajará internamente y con los Estados miembros para reforzar la gestión y los sistemas de control y adoptar las acciones necesarias para corregir los errores cuando se identifiquen.
Está claro que los mecanismos de control presupuestario y las responsabilidades que compartimos la Comisión y los Estados miembros son fundamentales para ofrecer una respuesta adecuada. Seguiremos trabajando en los próximos meses con ustedes, el Parlamento Europeo, y con el Tribunal de Cuentas, para presentar una nueva propuesta del MFP. El objetivo es el mismo: garantizar que el dinero de los contribuyentes europeos se gasta bien y se utiliza de la mejor manera posible.
Gracias por esta oportunidad. Ahora, quedo a la espera de sus preguntas. Gracias. Dziękuję bardzo.
Muchísimas gracias, señora Secretaria. En este momento cedo la palabra, en primer lugar, al señor Daniel Freund, ponente.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias a la Secretaria General por estar hoy con nosotros para responder a estas preguntas. La primera cuestión que deseo plantear es: ¿qué está haciendo la Comisión con respecto a los mensajes de texto? Hasta el momento, a mi juicio, el fallo EasyJet no ha provocado ninguna reacción por parte de la Comisión.
Permítanme contextualizar: algunos grupos políticos en esta Cámara han hablado de un “PfizerGate”. No es eso lo que tenemos delante, y no creo que haya habido problemas con las licitaciones relativas a las vacunas. Sin embargo, persiste la cuestión de los mensajes de texto que conocimos en aquel entonces. No quiero que la Comisión ni la Unión Europea sufran descrédito por este asunto; queremos un buen registro, pleno respeto del acceso a los documentos y de las normas que nos hemos dado.
En una de sus respuestas por escrito, la Comisión subraya que se utiliza Signal para comunicaciones de índole pública y no para información confidencial o sensible. ¿Podría explicarnos mejor cuáles son los mecanismos de control para garantizar que esas directrices se cumplen y están en consonancia con nuestras normas? Cuando los mensajes de texto contienen información importante, ¿se trasladan a un correo electrónico o se incorporan como nota al expediente correspondiente? ¿Qué hace la Comisión para que esos mensajes se clasifiquen adecuadamente y que la información sustantiva se archive?
Ustedes también utilizan el término “staff” en sus respuestas. Quisiera saber qué entienden exactamente por “staff”. ¿Se aplican las mismas directrices a la Presidenta de la Comisión y a los comisarios que al personal funcionario? Me gustaría una respuesta clara.
Por último, en lo que respecta a la Presidenta de la Comisión: además de la propia Presidenta, ¿quién participa en los mecanismos que garantizan que la información relevante se conserva, se registra y se archiva? Sabemos que el señor Seibert, jefe de gabinete, revisó los mensajes de texto relativos a Pfizer y los clasificó como inexistentes. ¿Cómo funciona exactamente esto en el caso de los mensajes de texto? ¿Quién los revisa, cómo se hace y cómo se garantiza el cumplimiento? Se nos ha dicho que el teléfono tiene muy poca memoria y que podría borrar mensajes de forma automática; agradecería más detalles al respecto. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a proceder en formato ping‑pong: pregunta‑respuesta, pregunta‑respuesta. Señora Secretaria General, tiene la palabra.
Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, este es uno de los temas más importantes, tanto para el interés del Parlamento como para el del público en general; somos plenamente conscientes. Contamos con un sistema que aplica las mismas normas a la Presidenta, a los comisarios y al personal funcionario, porque se trata de ciberseguridad y de la gestión de documentos; no existen reglas distintas para comisarios respecto del resto de trabajadores. De entrada, también le señalo que tenemos un principio general para los intercambios sobre cuestiones de política importantes y, por razones de seguridad, se actúa conforme a las normas vigentes de conservación y tratamiento de la información.
Ese intercambio de carácter político importante, la substantial policy, se tiene que canalizar y registrar. Lo que usted ha dicho sobre el correo electrónico: o se transfiere mediante una nota al expediente correspondiente y queda registrado en nuestro sistema interno. Al mismo tiempo, por razones de ciberseguridad, los mensajes de Signal pueden borrarse con rapidez, porque a menudo hay eventos sensibles y, sobre todo cuando el personal viaja al exterior, conviene eliminarlos para evitar riesgos. Pero en los asuntos de gran calado político deben tramitarse como les he indicado y, si se producen, deben registrarse.
Hemos establecido un sistema por el que este tipo de casos tienen que ser comprobados por la Presidenta, los comisarios o el jefe de gabinete, para determinar si la información entra en la categoría de substantial policy, de gran calado o importancia. La señora von der Leyen cuenta con el señor Seibert como jefe de gabinete, que puede verificarlo y evaluarlo. Desde el fallo reciente del Tribunal, hay una concienciación cada vez mayor entre los propios comisarios y entre el personal sobre las normas aplicables, para que estén ojo avizor al aplicarlas y al registrar este tipo de comunicaciones. No tenemos estadísticas sobre cuántos de estos mensajes se han registrado, pero sí sabemos que, cuando el comisario Šefčovič mantenía intercambios sensibles con la parte estadounidense, se transfirieron al archivo y se procedió a su registro, porque en aquel momento era el único medio de transmisión de información a la contraparte estadounidense. Seguimos sensibilizando de forma continua sobre este extremo si hubiera necesidad en el intercambio de mensajes de texto.
Segundo bloque de preguntas: acceso a los documentos. Siguen existiendo retrasos significativos en la respuesta a algunas solicitudes de confirmación; el Defensor del Pueblo Europeo también lo ha criticado. Usted indicaba que la duración media para que la Comisión decida sobre las solicitudes de confirmación en 2024 era de 93 días laborables, lo mismo que desde 2021, sin avances. Señalaba asimismo que se concedió acceso parcial o completo al 66% de los documentos. ¿No es un enfoque demasiado restrictivo en la fase inicial de la solicitud si hay tantas concesiones en confirmación? ¿Cree usted que debe revisarse algo? Explicó también que hay 19 trabajadores en el equipo de acceso a documentos y que se ha reforzado en los últimos años. ¿Podría indicar cuántos puestos equivalentes a tiempo completo se han incorporado a ese equipo?
Respuesta: Tenemos que dar un paso atrás. En 2024 hubo en torno a 7.000 solicitudes, o algo menos. A nivel de confirmación, alrededor de 650. ¿Decía usted que somos muy restrictivos? Yo no lo creo. Las solicitudes que llegan a fase de confirmación suelen ser bastante complejas y, a menudo, requieren consultar a servicios terceros. Si la solicitud procede de una empresa o de un Estado miembro, debemos ponernos en contacto con ellos para obtener su conformidad para la divulgación.
En cuanto a la divulgación de documentos, respecto a si los servicios de la Comisión son demasiado restrictivos en la fase inicial, yo diría que no. De las 7.650 solicitudes, considero que es una cifra equilibrada y proporcionada. Estamos trabajando intensamente para ser lo más abiertos posible en el acceso a los documentos. Al mismo tiempo, revisamos de forma constante qué podemos publicar de manera proactiva.
Le pongo un ejemplo: la publicación de las actas de las reuniones. Antes, los interesados tenían que solicitar el acceso; ahora ya aparecen en un lugar accesible para todo el mundo. Estamos estudiando, además, distintas categorías documentales para facilitar la publicación proactiva con antelación, de modo que la ciudadanía no tenga que solicitar activamente el acceso, sino que la información esté disponible en nuestro sitio web.
En cuanto a personal, el equipo ha crecido: hay cuatro personas más a tiempo completo y, cuando hay picos de trabajo, intentamos una redistribución de personal por razones estratégicas. Hay momentos de pico que pueden ocurrir.
Ahora bien, 90 días para las decisiones en fase confirmatoria es, efectivamente, demasiado; estoy de acuerdo. A menudo se debe a las consultas con terceros para obtener su visto bueno. En casos en los que consideramos que la tercera parte no aporta motivos suficientes para oponerse, podemos decidir la divulgación, teniendo en cuenta la protección de datos y los intereses comerciales, si están en juego.
Usted señalaba que alrededor del 10% de las solicitudes en confirmatoria se conceden. No sé si, en esos casos, el solicitante acaba obteniendo el documento —aunque ya se considerara que tenía derecho— o si, por el contrario, puede llegarse a una denegación por falta de recursos o de pericia para seguir indagando; realmente no lo sabemos.
Una última cuestión sobre los denunciantes, la pregunta número 28: preguntaba cuántos ha habido en 2025. Creo que no me ha dado la respuesta; se dijo que un miembro del personal pidió protección y que no se elevó ningún caso a la OLAF. ¿Cuántas personas dentro de la Comisión utilizan estos canales de denuncia? Además de la remisión a la OLAF, puede haber un seguimiento interno. Quizá dispone de más información que pueda compartir con nosotros. Gracias.
Sinceramente, no tengo más detalles. En 2023 hubo un caso y otro en 2024. Tendría que revisarlo para poder ofrecer información más pormenorizada y se la remitiré entonces.
Muchas gracias. Esa respuesta la dará la señora Secretaria General, espero, al ponente. Quisiera, además, dar la bienvenida a una serie de becarios que van a participar hoy en nuestra reunión; al fondo de la sala, están realizando prácticas en Luxemburgo. Bienvenidos.
Pasamos ahora a los ponentes de los distintos grupos políticos. El primero de ellos debía ser Tomáš Zdechovský, pero, en su nombre, voy a plantear las preguntas. Señora Secretaria General, en julio de este año la Comisión inició un proceso de reflexión cuyo objetivo era examinar la arquitectura de la Unión Europea.
Gracias, señor presidente. Mi intervención se centrará en la digitalización y en las nuevas tecnologías. ¿Qué opciones de reforma concretas prevén para OLAF, para la Fiscalía Europea (EPPO) y para las distintas agencias ejecutivas? ¿Cuál es el cronograma de trabajo? ¿Y qué va a hacer la Secretaría General para garantizar que el Parlamento Europeo participe en todo ello antes de que se finalice?
Una pregunta sobre los lobbies: se habla de verificación independiente y de puntos de contacto, pero no se menciona ninguna auditoría interna ni externa. ¿Quién verificará que las reuniones con lobbies se publican, aparte de sus propios servicios? ¿Se llevará a cabo algún tipo de control o auditoría a nivel sistemático? Me gustaría saber también qué órganos internos de supervisión existen.
Y, por último, una cuestión relativa al control financiero en el ámbito de Ucrania. A la luz de los riesgos identificados, ¿qué mecanismos de supervisión ha establecido la Comisión para detectar posibles riesgos, como la corrupción o licitaciones públicas que no se realicen de la mejor manera, o el uso indebido de fondos de la Unión Europea en Ucrania? ¿Qué va a hacer la Comisión? ¿Qué mecanismos aplicará para la supervisión y su actualización a fin de garantizar su eficacia? Estas eran mis preguntas. Todo suyo, señor secretario general.
Muchas gracias. Voy a empezar por la arquitectura de lucha contra el fraude. Como decía, la Comisión presentó el Libro Blanco, aprobado en julio, tras un debate muy general sobre toda la arquitectura. Agradezco a esta comisión parlamentaria su contribución; hemos examinado el informe que ustedes elaboraron previamente. Es un trabajo que dirige el comisario Serafín. ¿Cuál es el objetivo? Abarcar todo el ciclo anticorrupción: la prevención, la detección, la denuncia, la investigación, la divulgación de información, el uso de herramientas informáticas e inteligencia artificial, la recuperación y la gobernanza de la arquitectura antifraude.
Hemos realizado una cartografía de todos los actores y constatamos que son muchos: empezando por los servicios y delegaciones que gestionan directamente los fondos que se invierten; luego OLAF; la Fiscalía Europea; Europol; Eurojust; la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales; las autoridades aduaneras; también el Tribunal de Cuentas; y, por supuesto, esta comisión parlamentaria.
Ahora mismo hemos creado un grupo de trabajo interservicios en la Comisión Europea para estudiar todos los elementos. Estamos trabajando también con todas nuestras agencias, con la EPPO y con Eurojust, para determinar exactamente qué hay que retocar. Al mismo tiempo, estamos realizando una evaluación de todos los reglamentos pertinentes, incluido el reglamento sobre la Fiscalía Europea.
Lo que queremos es acompañar esa comunicación antifraude, prevista para el cuarto trimestre del año que viene, con propuestas legislativas inmediatas. ¿Cuáles son las dificultades? Hay cuestiones que no funcionan al cien por cien; tenemos que delimitar con precisión las competencias.
Para que el intercambio de información sea más eficaz y podamos trabajar con los actores correctos en el momento oportuno, confío plenamente en el comisario Serafín. Estaremos en contacto con la Comisión de Control Presupuestario (CONT) para debatir la estrategia que se vaya elaborando y para considerar sus distintos aspectos. Creo que contamos ya con un marco bastante sólido; sin embargo, como ocurre en cualquier otro ámbito, las cosas evolucionan con gran rapidez. El fenómeno de la corrupción y la criminalidad se mueve a menudo más deprisa que nuestro marco normativo. Necesitamos, por tanto, un marco ágil, con capacidades —sobre todo analíticas— adecuadas.
Constatamos que el fraude se va sofisticando cada vez más, recurriendo a la interferencia de países terceros, a las criptomonedas y a la dark web. No obstante, estamos haciendo un gran trabajo y confío en el comisario Serafín. Habrá un debate también en esta comisión y esperamos ese cuarto trimestre de 2026. Esto en cuanto a la arquitectura de la lucha contra el fraude.
Ahora bien, en materia de lobbies y transparencia, como saben, desde el inicio de este mandato hemos adoptado una nueva serie de normas en la Comisión. Antes solo las reuniones a nivel de comisarios o de directores generales debían publicarse o comunicarse. Ahora, en cambio, contamos con un sistema según el cual todos los gestores, desde la Presidenta de la Comisión hasta los directores generales, deben publicar las reuniones con los lobistas, y además es necesario publicar las actas de dichas reuniones. Y, por cierto, el número de reuniones es muy elevado: desde el 1 de enero de este año se han publicado 12 000 reuniones, con sus actas. Evidentemente, nuestros directores generales solo pueden reunirse con personas inscritas en el Registro de Transparencia; si no están inscritas, la reunión no puede celebrarse. Ofrecemos orientaciones a nuestros comisarios, hemos organizado varias reuniones informativas y contamos también con una oficina de asistencia. No existe una supervisión independiente específica por tipo de reunión, aunque estamos bajo el escrutinio de todos. Quien se reúne con un lobista lo incluye en el registro, porque vivimos en un entorno realmente muy transparente y cualquier persona puede tener acceso a los documentos si los solicita. Por ahora no hemos considerado introducir más controles, pero, si llegamos a la conclusión de que existen determinados patrones, hablaremos con nuestro auditor interno y con nuestro sistema interno de verificación.
Había otra pregunta, de índole algo distinta, sobre la supervisión financiera de la financiación para Ucrania. Aquí hay toda una serie de capas que deben analizarse. En primer lugar, la lucha contra la corrupción ha sido una de las iniciativas principales desde hace años en relación con Ucrania y con todos los países en proceso de ampliación. La lucha contra la corrupción y la buena gestión financiera forman parte del proceso de adhesión, y prestamos muchísima atención a estos aspectos. Muchos órganos anticorrupción en Ucrania, en realidad, se crearon en los últimos años.
A raíz de nuestras recomendaciones, de nuestro apoyo y de la formación facilitada, hay un segundo nivel: en todos los instrumentos financieros, ya sea el instrumento para Ucrania o la asistencia macrofinanciera, siempre se incluye una cláusula de condicionalidad. Esto es especialmente importante en el instrumento para Ucrania. Hemos pedido un sistema de controles y auditorías muy estricto. Es cierto que hemos visto lo ocurrido recientemente sobre el terreno, y vamos a seguir trabajando con las autoridades anticorrupción ucranianas para saber exactamente qué ha ocurrido y cuáles son los puntos débiles que hay que reforzar en el sistema. Estamos en las fases iniciales de las investigaciones; sí ha habido algunas conversaciones, pero queda mucho camino por andar. También tenemos una oficina en la capital, en Kiev, y seguiremos muy de cerca todo lo relativo a este asunto. Muchas gracias.
Tiene la palabra el representante del S&D, Eero Heinäluoma.
Muchas gracias por la presentación y también por las respuestas a nuestras preguntas por escrito. Quisiera plantear preguntas sobre dos asuntos. Empezaré con la preparación por parte de la Comisión de la propuesta. Esto está contenido en la pregunta 32. En su respuesta escrita, la Comisión señala que ha aplazado la aplicación de la agenda de Mejor Regulación por la urgencia de esta propuesta; por ejemplo, no ha preparado una evaluación de impacto ni un análisis de coherencia climática. Supongo que todos estamos de acuerdo en que la Unión Europea necesita tener la capacidad de responder a circunstancias nuevas y urgentes. Al mismo tiempo, debemos cumplir determinados estándares de procedimiento para que el público pueda entender cómo se aplican las normas. He notado que el Defensor del Pueblo también ha intervenido en este punto y ha declarado que, tras la amplia interpretación de la Comisión, cualquier situación podría considerarse urgente si así lo decide el liderazgo político de la Comisión. ¿Puede la Comisión comprometerse a acotar la invocación de la urgencia en este expediente, como recomienda el Defensor del Pueblo?
En segundo lugar, en relación con la falta de consulta pública, ha mencionado que la Comisión ha llevado a cabo contactos intensos con partes interesadas. Parece que la Comisión solo se refiere a la industria cuando habla de partes interesadas. ¿Puede decirnos cómo ha seleccionado esas partes interesadas? ¿Por qué no hay una representación más amplia, por ejemplo, de organizaciones de consumidores, laborales y medioambientales, para tener en cuenta los impactos sobre los derechos laborales y el medio ambiente?
El segundo asunto: la legislación inclusiva. Aquí tengo dos preguntas también. ¿Piensa la Comisión que la representación de los intereses de la sociedad civil y de las empresas está en igualdad de condiciones, incluida la cuestión de la financiación? ¿Cómo afectaría la financiación de los lobbies a ese equilibrio? Y segunda pregunta: según la Comisión, ¿pueden los lobbies afectar a la representación de los intereses que están anclados en los Tratados? El Comisario tiene el deber de actuar para defender los derechos fundamentales de la Unión, pero parece que no lo está haciendo.
Adelante. Muchas gracias por este conjunto de preguntas.
Empezando con Ómnibus I. Como ya se ha mencionado, hemos mantenido un intercambio muy intenso con la Defensora del Pueblo; recientemente recibimos sus recomendaciones y estamos estudiándolas para ver cómo incorporarlas y ser más exactos en nuestros procedimientos.
En cuanto a la urgencia de Ómnibus I, tiene que ver con los plazos legales que se acercaban para diferentes tipos de empresas: el 1 de enero de 2026 es la fecha en la que las empresas necesitaban claridad sobre las normas que debían aplicar. Esa es la urgencia.
Sí hicimos una evaluación de impacto exhaustiva para la CSDDD y la CSRD. Es cierto que no logramos explicar adecuadamente las comprobaciones medioambientales en nuestro documento de trabajo; las explicaciones no eran lo suficientemente claras y precisas. Ahora, a la luz de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, estamos viendo cómo definir con precisión qué debe hacerse exactamente en ese tipo de situaciones, a fin de contar con directrices claras y normas que sigamos en estos casos. Espero, además, que tengamos menos casos urgentes en el futuro, porque todos debemos procurar una legislación sencilla desde el principio, de modo que no tengamos que recurrir posteriormente a la simplificación.
En cuanto a la comunicación y la consulta, como saben, para la Comisión la interacción con las partes interesadas es muy importante. Intentamos cubrir el mayor número posible de participantes. En el marco de Ómnibus I, uno de los objetivos fundamentales fue comprender las dificultades prácticas a las que se enfrentan las empresas para prepararse para la aplicación. En lo relativo a la comunicación y a las consultas públicas con las partes interesadas —también en los diálogos de implementación— siempre recordamos a los comisarios que debemos tener en cuenta a los distintos interesados, así como los diversos intereses y aspectos del expediente. Este es un proceso continuo: ya ha tenido lugar la primera ronda de diálogo de implementación; los comisarios han presentado los informes de dichos diálogos y vamos a continuar con ellos, con un amplio conjunto de interesados, para incorporar diferentes perspectivas.
En cuanto al apoyo a la sociedad civil y al respaldo a los procesos democráticos y al pluralismo, no comparto la idea de que la Comisión esté limitando su apoyo o el pluralismo de opiniones. Sí hemos detectado casos en los que algunas ONG recibían financiación de la Comisión para presionar a determinados eurodiputados; se trataba de iniciativas muy concretas. Algunos ejemplos incluían la preparación de preguntas para las audiencias de los candidatos a comisario. No creo que esa sea la mejor manera de gastar el dinero.
No se trata de limitar las actividades de lobby, sino de velar por que las agencias de ejecución y las ONG trabajen realmente en los proyectos, incorporando diferentes opiniones en las reuniones, en la mesa.
Muchas gracias, señora Secretaria. En nombre de Patriotas por Europa tenía que intervenir la señora Joron, pero no sé si hay alguien que intervenga en su nombre. Sí, pues usted, adelante. Tenemos diez minutos; por favor, sean breves si pueden.
Muchas gracias, señor presidente, señora Secretaria General. Tras leer sus respuestas, observo varias contradicciones. Ustedes afirman que la Comisión no ha identificado ningún caso de comunicación incompleta respecto a las reuniones con los lobbies; sin embargo, reconocen errores atribuidos a retrasos o problemas técnicos. ¿Cómo pueden sostener que no hay fallos cuando describen ustedes mismos esos fallos, aunque se califiquen de no intencionados?
En cuanto a la ausencia de retrasos sistemáticos, admiten que las solicitudes previas tardan en resolverse 93 días. ¿Cómo pueden calificar esto como ausencia de problema?
Respecto a los mensajes, dicen que son de naturaleza efímera y que no deben conservarse, pero el Tribunal de la UE ya se ha pronunciado sobre el rechazo a publicar los mensajes con Pfizer. Esa interpretación, invalidada por la justicia, convierte lo efímero en una coartada para ocultar datos. ¿Consideran viable que una única persona pueda decidir, vía SMS, el cierre de contratos por miles de millones? ¿Sigue siendo esto la Comisión Europea, o hablamos de decisiones unipersonales propias de una monarquía o de una dictadura?
En materia de alertas internas, las cifras son aún más preocupantes: un único caso por año y ninguna protección efectiva. ¿Cómo se explica que, en una institución con 30.000 personas, prácticamente no se reconozcan casos? Es un sistema disuasorio que no protege a nadie.
En cuanto a la transparencia, hablan de unas 12.000 reuniones en 2025, pero no existe un mecanismo independiente de verificación ni sanciones. ¿Cómo puede el Parlamento tomarse en serio estas garantías cuando dependen del autocontrol del gabinete? Pretenden hacernos creer que todo funciona correctamente, aunque sus propios datos indiquen lo contrario. Pedimos un control independiente, normas modernas de conservación y una protección real del sistema de alertas.
Y finalmente, sobre la protección de los intereses financieros, parece más bien una protección de determinados clientes: hablan de Hungría sin ninguna prueba de malversación y, sin embargo, entregan miles de millones a Ucrania cuando hay pruebas claras de corrupción. Así, el dinero se distribuye con ligereza. ¿No le parece frívolo? Gracias.
Adelante.
Muchas gracias por sus preguntas. Quisiera aclarar algunos puntos. En cuanto al acceso a documentos, no he dicho que todo esté bien. Trabajamos continuamente para asegurar que los documentos sean accesibles para el público general y también para reducir el plazo de las solicitudes de confirmación. Al mismo tiempo, como he explicado, hay un número de casos.