Parlamento Europeo - HOUS – Vivienda y Crisis Habitacional - 17 de noviembre de 2025

Ok, good afternoon, colleagues. Please take a seat. Vamos a empezar. Tomen asiento, por favor. Antes de empezar, quiero hacerles unas comunicaciones. Esta reunión se retransmite por internet en la página del Parlamento. Hay interpretación en 16 idiomas, entre ellos el español. Los intérpretes les saludan desde la cabina número 8. Si desean conocer el resto de los idiomas disponibles, pueden consultarlo a su alrededor. ¿Objeciones al orden del día? Si no las hay, lo damos por aprobado. Debemos asimismo aprobar las actas de la reunión del 20 de octubre. Si no hay objeciones, quedan aprobadas. Pasamos al siguiente punto del orden del día: la reunión con la comisaria, la señora Rivera. Querida comisaria, queridos colegas, diputadas y diputados, es un placer dar la bienvenida a la vicepresidenta ejecutiva de la transición competitiva, justa y limpia, a nuestra comisión especial sobre vivienda. La vivienda es un elemento fundamental de esa transición limpia y justa; no puede tratarse únicamente como un asunto de mercado, sino como un ámbito político con implicaciones para la asequibilidad, la eficiencia energética y el apoyo público a la transición. Con iniciativas como el Pacto Industrial Limpio, el Plan de Viviendas Asequibles y las políticas de transición justa, tenemos la oportunidad de aterrizar estos objetivos en medidas concretas. Una mejor coordinación entre las normas sobre ayudas de Estado y otros instrumentos, así como con fondos como el Fondo Social para el Clima, los fondos de cohesión y el InvestEU, puede hacer que nuestras acciones sean más eficaces. La vivienda está en el centro de la vida cotidiana de todos, y es clave para alcanzar los objetivos de energía y clima, así como para garantizar buenos niveles de vida. Sin embargo, muchas regiones siguen afrontando desafíos: precios de la energía al alza, vulnerabilidades climáticas, pobreza energética y, en definitiva, dificultades para acceder a una vivienda. Es imprescindible alinear la política climática, los principios de una transición justa, la financiación y la innovación, de modo que este reto se traduzca en vivienda asequible y sostenible. Queremos escuchar a la señora Rivera sobre estas políticas, sobre vivienda, transición verde y sobre las normas de ayudas de Estado: cómo pueden trabajar de la mano para que la transición verde no deje a nadie atrás, fomentando a la vez la sostenibilidad ambiental y la cohesión social. El jueves pasado celebramos el diálogo de aplicación sobre el apoyo público a la vivienda asequible, donde recibimos numerosas aportaciones sobre cómo la política de competencia y las normas de ayudas de Estado pueden apoyar aún más los objetivos de vivienda en todo nuestro continente. Por ello, somos todo oídos, señora comisaria, para conocer las conclusiones de ese encuentro. En la Comisión HOUS esperamos trabajar de la mano con usted y con la Comisión para dar respuesta a estos desafíos. Querida comisaria, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias a todas y todos los diputados de esta comisión especial. Muchas gracias por haberme invitado y por dedicarme unos minutos para hablar de la crisis de la vivienda, que forma parte de nuestras responsabilidades y que, además, los ciudadanos de la Unión Europea perciben como una de las prioridades y preocupaciones más importantes en este momento. Esta oportunidad nos brinda un espacio para reflexionar. Llevamos tiempo trabajando y estoy convencida de que hay ideas que pueden ser relevantes para los próximos años y de que podemos identificar distintas soluciones y acciones concretas que podemos promover para dar respuesta a uno de los retos más importantes que afrontan hoy los ciudadanos europeos. Sí, hemos celebrado una consulta pública y, en la propuesta que vamos a llevar al Colegio de Comisarios para su aprobación, hemos dialogado con alcaldes, asociaciones de propietarios, asociaciones… y otros interlocutores del sector.

Hemos hablado con personas que esperan una vivienda social y también con quienes consideran que debemos hacer más en materia de vivienda asequible. Espero que este diálogo con sus señorías, como decía, vaya al fondo de la cuestión y mire al futuro. Hemos seguido muy de cerca los informes de esta Cámara, con gran interés. Los temas en los que han trabajado nos brindan valiosas aportaciones y nos permiten ver cómo las instituciones pueden trabajar de la mano. Sabemos que afrontamos una crisis muy grave. Los jóvenes no pueden pagar un piso y las familias destinan la mitad de su salario al alquiler. Las personas vulnerables están siendo expulsadas de sus barrios y comunidades, elementos fundamentales para la dignidad, el sentimiento de pertenencia y la posibilidad de una vida mejor. Su trabajo aquí, las audiencias de expertos y los estudios que han llevado a cabo sus señorías nos permiten comprobar hasta qué punto estos objetivos trascienden a los Estados miembros de manera individual. La magnitud del problema exige una respuesta inmediata. Es un reto estructural que no se limita a las grandes ciudades: alcanza urbes medianas, pueblos e incluso zonas rurales. Esta crisis desgarra el tejido social europeo, menoscaba la cohesión y las oportunidades de la ciudadanía. Y, permítanme añadir, también afecta a nuestra competitividad y a la capacidad de trabajadores y estudiantes de desplazarse por Europa. Muchos trabajadores no pueden vivir cerca de sus centros de trabajo; muchos jóvenes posponen sus proyectos de vida porque no pueden costear una vivienda. Llamando al pan, pan y al vino, vino: no se trata solo de dramas individuales. Está en juego nuestra prosperidad colectiva e, incluso, la confianza en un futuro mejor. Es cierto que la política de vivienda es competencia de los Estados miembros y, en muchos casos, de las regiones o los municipios, pero sus implicaciones trascienden fronteras y repercuten en toda la Unión. Por ello, la presidenta, la señora von der Leyen, propuso una acción coordinada a escala europea e incorporó este tema como una prioridad de su mandato. Queremos orientar la inversión hacia proyectos con resultados de valor social: viviendas asequibles y energéticamente eficientes, y dotar al sector de estabilidad a largo plazo. Nuestra propuesta pretende crear incentivos que aporten certidumbre y equilibren la flexibilidad nacional con una orientación común para toda Europa. Desde la Comisión presentaremos el paquete de vivienda asequible antes de Navidad, el próximo mes. Es una respuesta europea para respaldar los esfuerzos locales y nacionales, movilizando inversión allí donde más se necesita. No pretende en absoluto sustituir a la vivienda social. La vivienda social y la vivienda asequible son ambas fundamentales y cumplen fines complementarios. La vivienda social sigue siendo el instrumento principal de apoyo a la población más vulnerable; la vivienda asequible, por su parte, amplía la oferta para los hogares de ingresos medios. Necesitamos ambas. El paquete de vivienda asequible contiene varios elementos clave: en primer lugar, un plan europeo de vivienda asequible que defina objetivos e instrumentos; en segundo lugar, una estrategia europea para la construcción de vivienda, que aborde las barreras en permisos, planificación y financiación; en tercer lugar, la ampliación del alcance de la política de vivienda en Europa hacia diseños sostenibles e inclusivos; y, en cuarto lugar, la revisión de las normas estatales.

Para que pueda haber un apoyo público a la vivienda social más eficaz y más predecible, quiero referirme a las normas sobre ayudas estatales, en particular a las relativas a los servicios de interés económico general. Las normas actuales hacen que los Estados miembros no puedan apoyar la vivienda asequible, o solo puedan hacerlo hasta cierto punto. A menudo son farragosas y complejas, y su ámbito de aplicación es muy limitado. Las aportaciones recibidas de los Estados miembros y de los distintos actores implicados son claras: el sistema tiene que ser más sencillo, más rápido y más eficaz. Por esa razón estamos revisando nuestras normas para autorizar ayudas a la vivienda asequible tras notificación a la Comisión. Estas normas permitirán a los Estados miembros contar con la flexibilidad necesaria para apoyar la vivienda asequible de manera eficaz, con rendición de cuentas y plena transparencia. Introduciremos cambios horizontales para simplificar las normas, de modo que esta financiación resulte más sencilla, más transparente y esté mejor alineada con el Pacto Verde y con los objetivos de justicia social. Durante este proceso hemos recibido numerosas aportaciones de los actores implicados, y nuestro objetivo es estar en condiciones de finalizar estas normas revisadas antes de que concluya el año. Quisiera agradecer a las diputadas y los diputados de esta comisión parlamentaria que hayan alentado a la ciudadanía a participar, enriqueciendo el proyecto y enraizando todo el proceso en la realidad. Hoy estoy aquí para escucharles y mantener un debate abierto sobre cómo articular una respuesta europea que ofrezca resultados reales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Abrimos el debate y lo hacemos cediendo la palabra a Nicolina Bruncha, del Grupo del PPE. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, vicepresidenta Rivera, por acompañarnos. Intervendré en croata. La crisis de la vivienda afecta a muchos Estados miembros de la Unión Europea, incluido el mío, Croacia. En las segundas ciudades la oferta es insuficiente; lo constatamos día a día. El problema no afecta solo a la vivienda social, sino también a la vivienda asequible. Como usted ha señalado, cada vez es más difícil encontrar un piso. ¿Es posible que los Estados miembros puedan actuar al respecto incorporando proyectos a escala nacional que afronten esta crisis, no solo a nivel de la Unión Europea? No se trata únicamente de familias en situación de vulnerabilidad, sino también de otros trabajadores clave —como enfermeras—, de la juventud y del estudiantado, que deben poder ejercer su derecho de acceso a la vivienda; y que los Estados miembros puedan intervenir donde lo consideren necesario, en interés también de las familias jóvenes, que necesitan estas ayudas. Asimismo, ¿puede la Comisión garantizar la revisión de los distintos sistemas para simplificarlos, por ejemplo reduciendo la carga administrativa y señalando criterios orientadores que los Estados miembros puedan seguir? Quisiera señalar además que, en muchos Estados miembros, se está desarrollando el acceso a la vivienda asequible, pero persisten resistencias para organizar colectivos que trabajan por la vivienda. Superarlas sería clave para impulsar la construcción de vivienda asequible, porque lo que queremos es aumentar la bolsa de pisos disponibles. ¿Cómo podrá la Comisión, mediante este nuevo reglamento, eliminar barreras y crear incentivos que aumenten la capacidad de construcción de viviendas? La vivienda es uno de los elementos clave del pilar europeo de derechos sociales y debe ser fundamental para que los Estados miembros garanticen el acceso a la vivienda de quienes la necesitan. Esperamos disponer de esta legislación lo antes posible para poder actuar en consecuencia. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Marco Besligay, del Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. También intervendré en croata. Muchas gracias, vicepresidenta Rivera, por acompañarnos en este debate sobre la política de vivienda.

Me voy a centrar hoy principalmente en un aspecto que se aborda a menudo cuando se habla de las tendencias existentes en la Unión Europea, centrándonos en los núcleos urbanos más grandes. Obviamente es clave porque es donde se concentra la mayor parte de la población, pero no podemos dejar al margen las regiones rurales, donde vive una parte importante de la ciudadanía europea. En algunos Estados miembros más, en otros menos; en el caso de mi país, Croacia, un tercio de la población vive en el medio rural. Allí la disponibilidad de vivienda puede ser mayor, pero muchas no son habitables: presentan una calificación energética muy baja y requieren una modernización profunda. Estas problemáticas de la vivienda no se concentran únicamente en las ciudades, sino también en las zonas rurales más alejadas. En 2021, alrededor de 210 millones de habitantes en la Unión Europea tenían problemas de vivienda, y el 85% del parque residencial existente en la Unión Europea tiene más de 50 años. Son viviendas con una calificación energética deficiente, que consumen demasiada energía y son responsables de una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Si tenemos en cuenta todas estas cuestiones, el problema de la vivienda es mucho mayor de lo que tenemos sobre la mesa. Por ello solicito a la Comisión que tenga en cuenta las necesidades para llevar a cabo una transición competitiva en materia energética, considerando la pobreza energética. Me gustaría saber cuáles son los objetivos claros y los mecanismos de que dispone la Comisión para actuar, así como qué apoyo financiero y técnico prioritario y necesario puede ofrecerse para llegar a los propietarios de viviendas en las zonas más alejadas del medio rural, de modo que puedan ser energéticamente más independientes y viables, y no centrándonos únicamente en los centros urbanos más poblados. Además, para terminar, me gustaría señalar que contamos con un borrador por parte de esta comisión y querría conocer su valoración sobre la orientación que está tomando este Parlamento y el trabajo realizado hasta la fecha. Si no existe un compromiso respecto al documento final, no podremos avanzar. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y ahora doy la palabra a la Comisaria para que nos ofrezca su respuesta. Muchas gracias. En primer lugar, haré un comentario de carácter general antes de entrar en materia. Los problemas, vistos desde la raíz, son muy diversos y no se reducen a enfoques geográficos; debemos tener en cuenta factores como la oferta, los salarios, las expectativas y las diferencias entre zonas urbanas y rurales. Está claro que no existe una receta mágica para resolver este inmenso desafío. Como han indicado, el impacto es mayor en las zonas urbanas, pero las zonas rurales también se ven afectadas. Afecta a los jóvenes, a los estudiantes, a las familias y a los profesionales que encuentran dificultades para acceder a una vivienda digna, idealmente cerca de sus puestos de trabajo, por ejemplo trabajadores que vivan cerca de sus fábricas. Tenemos que identificar la combinación de elementos que pueda resultar más eficaz, y somos conscientes de que no podemos actuar en solitario. Debemos alinear todas las herramientas institucionales a nivel local, nacional y de la Unión Europea para actuar de manera coherente. En estos momentos tratamos de proporcionar claridad a los Estados miembros sobre cómo utilizar las distintas herramientas disponibles para apoyar la vivienda.

No se trata solo de las viviendas sociales, sino también de viviendas asequibles para los distintos grupos vulnerables en sus circunscripciones, proporcionándoles claridad, flexibilidad y transparencia, así como normas que se puedan utilizar y ejecutar a lo largo y ancho de Europa. Somos conscientes de que hay que dar prioridad a la vivienda social para que quienes la necesitan puedan acceder al mercado de la vivienda. Pero existe también un fallo de mercado; de lo contrario, no estaríamos hablando de este tipo de subsidios y ayudas como medio para permitir que los distintos Estados miembros y regiones ejerzan la financiación pública y cubran las carencias de vivienda social. Es también una realidad evidente que la cantidad de familias que carecen de una vivienda asequible es muy grande, a la vista de los datos proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones. Los datos que hemos obtenido en sus visitas y en sus informes sorprenden, y es algo que no se va a solucionar de manera rápida. Lo que queremos hacer es identificar la flexibilidad en todos estos paquetes y las condiciones que podrían proporcionar soluciones de alta calidad en aras de una vivienda asequible. Han hablado de las zonas rurales. Sí, es cierto: puede que las zonas urbanas centren el objeto de nuestros debates y que recibamos propuestas de distintos alcaldes con ideas para atajar esta cuestión. Pero también nos enfrentamos a este problema en las zonas rurales, donde es muy difícil actuar en un contexto en el que no hay un mercado y donde los propietarios cargan sobre sus hombros las posibles soluciones. Y es cierto que los Estados miembros podrían desarrollar programas en esta dirección. Y sí, es necesario recurrir a las distintas formas de financiación procedentes de la Unión Europea para apoyar algunos de los programas que se presenten en los Estados miembros. Se trata también de renovación para mejorar la eficiencia energética y de atender cualquier otra condicionalidad existente; por ejemplo, las personas con necesidades especiales deben tener viviendas accesibles. Además, tenemos que tener en consideración las medidas que ya están sobre el papel y cómo organizar de mejor manera el presupuesto disponible. El Fondo Social para el Clima se diseñó para proporcionar soluciones en materia de eficiencia energética y reducir las emisiones procedentes de las viviendas. Está relacionado con el ETS 2 y tenemos que ver cómo se va a ejecutar en los distintos Estados miembros. Hay otras fuentes de financiación que podrían servir de ayuda en el marco del presupuesto de la Unión Europea. Pero, como ya he dicho, lo que podemos avanzar en estos momentos es que las normas nacionales se centrarán por igual, a nivel urbano y rural, en la construcción y en la renovación. Intentaremos proporcionar un abanico de medidas que permitan a los Estados miembros hacer uso pleno de los distintos instrumentos para priorizar a nivel nacional aquello que consideren necesario. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Nora Junco García. Gracias, presidente. Y gracias a la señora Rivera por su presencia hoy aquí. Nos alegra que la Comisión reconozca por fin que la vivienda se ha convertido en una urgencia social en toda Europa, y valoramos el esfuerzo por revisar unas normas de competencia que en ocasiones han sido demasiado rígidas para que los Estados y los municipios puedan actuar. Ahora bien, permítame una reflexión franca: cambiar las reglas para abrir el grifo del gasto público no es una política de vivienda en sí misma, sino una herramienta. Y, como todas las herramientas, se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, o convertirse en una coartada para inflar presupuestos sin resolver los problemas estructurales. En muchos países, incluido el mío, el drama de la vivienda no viene solo de la falta de inversión, sino también de la lentitud administrativa y de las trabas regulatorias.

…de planes urbanísticos imposibles, de una burocracia que expulsa a los jóvenes del mercado. Y Europa no puede limitarse a decir que gastemos más; también debe exigir que se reforme mejor. Me preocupa, además, que esta flexibilización acabe premiando modelos poco eficientes o excesivamente ideologizados, en lugar de incentivar la colaboración público-privada, la agilidad y la responsabilidad fiscal. Le tomo la palabra en lo referente a la coordinación con la Consejería de Vivienda, pero espero que esa coordinación incluya algo fundamental: el respeto a la subsidiariedad y al realismo económico. Porque necesitamos una Europa que ayude, no una Europa que intervenga sin límites. Señora Rivera, usted propone dar más flexibilidad y más recursos públicos para la vivienda, pero ¿qué mecanismos de control prevén para garantizar que esos fondos se usan bien y no se pierden entre administraciones, gobiernos o regiones que aplican criterios muy distintos? ¿Cómo evitar que la falta de supervisión convierta una buena intención en resultados desiguales o incluso ineficientes? Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Jana Toom, de Renew. Muchas gracias, señora presidenta. Señora comisaria, gracias por su presencia. Ya se han formulado varias de las preguntas que quería plantearle, pero añadiré algo más. Marco, del S&D, también habló sobre las zonas rurales, y usted respondió solo de manera parcial a sus cuestiones. Echo en falta parte de esa respuesta. Pensaba asimismo en las regiones despobladas: en Estonia hay muchas, pero también en otros países de la Unión. Tenemos bloques residenciales construidos durante el periodo soviético, donde hay 37 pisos y solo están habitados 7. La eficiencia energética es muy pobre y, en estos casos, no tiene sentido hablar de rehabilitación; lo más adecuado sería reubicar a estas personas, ya que no es posible acudir al banco y pedir un préstamo. Si en un edificio de 9 plantas viven únicamente 6 o 7 familias, ¿qué podemos hacer? ¿Ve usted posibilidad de intervención en estos casos? Mi segunda pregunta: si hablamos de las normas de ayudas o subvenciones nacionales, usted menciona la simplificación, pero la simplificación no se ve aquí modificada. Son cosas distintas. ¿Cómo cree que deberíamos cambiar las reglas para que funcionen mejor? Ser más rápidos, más simples y más eficaces suena bien, pero ¿qué quiere decir exactamente? ¿Podría elaborar un poco más su respuesta? ¿Qué tipo de cambios considera necesarios en las subvenciones nacionales? Gracias. Para esta primera ronda de intervenciones solo me queda una señoría a la que voy a dar la palabra: el señor Mansa, de los Verdes. Después, intervendrá la señora vicepresidenta. Señora vicepresidenta Rivera, gracias por estar en esta comisión y por el esfuerzo de actualizar las reglas de ayudas de Estado. Creemos que era necesario y que tendrá un gran impacto para atajar la crisis habitacional que sufre Europa, especialmente al incorporar criterios energéticos y de calidad, y al facilitar la adquisición de suelo y la rehabilitación, como recogen en su propuesta. Permítame, no obstante, señalar varias preocupaciones que requieren mayor concreción. Primero, el criterio de asequibilidad para determinar si una vivienda puede acceder a estos fondos nos resulta demasiado general. Considerar suficiente que el precio esté por debajo del mercado no basta; deberíamos ser más ambiciosos y establecer cuánto por debajo, aunque sea mediante una horquilla. Un ejemplo claro: en la Comunidad de Madrid o en la Generalitat Valenciana se proponen viviendas de precio limitado para las que se exige a los trabajadores ingresos superiores a 2.000 o 2.500 euros al mes. Usted sabe que, en nuestro Estado, esos sueldos no son precisamente bajos y, por tanto, no garantizan la asequibilidad. Segunda cuestión: la duración de la condición de asequible. Aunque ampliar a 20 años supone un avance, no es suficiente. En los últimos años, solo en el Estado español, 2,8 millones de viviendas que fueron sufragadas parcialmente con dinero público han dejado de estar acogidas a protección oficial.

2,8 millones. Por lo tanto, consideramos que sería mucho mejor adoptar el criterio vigente en otros Estados miembros, según el cual la asequibilidad es permanente; es decir, que la categoría sea indefinida y no solo por 20 años. Y, por último —y termino, porque sé que son cuestiones muy concretas—, pensamos que, si no limitamos o promovemos que el acceso a estos fondos públicos sea principalmente para entidades sin ánimo de lucro o empresas de lucro limitado, podemos acabar permitiendo que accedan a esta financiación las mismas empresas que ahora acaparan viviendas, con el riesgo de que acaparen también fondos públicos y sigan financiarizando el acceso a la vivienda. Por lo tanto, creemos que debe promoverse que sean aquellas con lucro limitado o con una función social sin ánimo de lucro las que realmente accedan a estos fondos y desarrollen su función social con garantías. Gracias. Señora Rivera, tiene usted la palabra. Hay mucho que abordar aquí. Efectivamente, esto deja patente cuánto nos importa esta cuestión: es clave para la ciudadanía y plantea numerosos desafíos y actuaciones a distintos niveles. En algunos casos habrá de actuarse mediante regulación; en otros, habrá que prestar atención a cómo combinar recursos públicos y privados, quizá con apoyo de los presupuestos públicos acompañado de otras medidas. En algunos casos —y es algo que no estamos haciendo hasta la fecha— podríamos hablar de imposición fiscal. No es parte de este debate, pero sí objeto de debate en muchos Estados miembros. La intención y el propósito de muchos propietarios de vivienda pueden ser diferentes y depender de su situación. Los Estados miembros deben atender al principio de subsidiariedad para poder apoyar, actuar y, en la medida de lo posible, proporcionar. Al hilo de algunas preguntas planteadas: no hay ningún artículo o disposición de los Tratados que trate directamente la vivienda. Lo correcto sería identificar las distintas herramientas legislativas de que dispone la Comisión Europea para apoyar las actuaciones de los Estados, las regiones y los municipios a este respecto. También es cierto que, en el presupuesto, podemos dar prioridad a un tema u otro; esto puede decidirse en el ámbito de las autoridades locales o regionales, que son quienes establecen prioridades. Asimismo, puede hacerse a nivel de ayuntamientos para suplir la falta de financiación a otros niveles. Depende: lo que puede ser importante para un municipio puede no serlo para otro, y eso escapa a nuestro control. En cualquier caso, está claro que existe un apoyo generalizado a la idea de que se trata de una prioridad. En cuanto a los subsidios a particulares, siempre y cuando estén regulados, podemos pronunciarnos en materia de ayudas de Estado, pues se trata de políticas concretas, políticas sociales. Y, respecto a programas más generales y a la cooperación con socios privados, sabemos que debemos evitar la especulación y el exceso de compensación e indemnización. De alguna manera, también debemos establecer un mínimo de calidad al definir a quién queremos apoyar y de qué manera. De ahí que hayamos planteado distintos niveles de condicionalidad que consideramos necesarios, sin excedernos en obligaciones.

Porque las circunstancias nacionales o locales pueden hacer que las situaciones cambien, debemos mantener un cierto nivel de flexibilidad. Hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta si queremos apoyar políticas de vivienda asequible en los distintos países. Queremos que las familias puedan acogerse a estas ayudas. Necesitamos también umbrales máximos o mínimos en cuanto a los precios, así como normas mínimas de calidad para estas viviendas durante el período en que permanezcan asequibles. Todo ello debe definirse a nivel local, porque las cifras varían de un lugar a otro: no es lo mismo la situación en el sur de España que en un país del norte de Europa. Es fundamental que exista transparencia pública sobre las condiciones que se aplicarán a estos programas a nivel nacional. Asimismo, al pensar en zonas despobladas o rurales, debemos considerar su atractivo y ofrecer condiciones que animen a las familias a optar por una vivienda asequible en estos lugares. No queremos centrarnos únicamente en las zonas urbanas, porque también en las zonas rurales existe un claro interés público; la idea es corregir las tendencias alcistas. Aunque pueda haber otros motivos, uno de ellos puede ser la falta de vivienda asequible en buenas condiciones. Por eso debemos contemplar esta posibilidad en nuestras propuestas. Además, al establecer la duración de los proyectos de vivienda asequible, debemos prever una duración mínima. Habrá cambios respecto de lo que tenemos ahora, porque actualmente contamos con algunas normas y guías relativas a la vivienda de protección oficial, la vivienda social y la vivienda asequible. Es un tema que abordaremos por primera vez de manera decidida, y consideramos importante introducir condicionalidad que proteja a los ciudadanos y garantice que no haya especulación encubierta ni un exceso de indemnizaciones a personas que no lo necesitan. A veces se actúa con buenas intenciones, pero se pierde eficacia. Hemos visto buenos ejemplos de los que podemos aprender, y por eso insistimos en la importancia de la transparencia. El precio de mercado, como referencia para evitar la especulación, debe guiar estas políticas; pero no es el mismo en las zonas despobladas de Portugal que en un área urbana próxima a Frankfurt. Es evidente que los precios de mercado varían, y esta valoración corresponde a los Estados miembros. Cuando hablamos de precio de mercado, nos referimos a los precios o medias de compra o de alquiler publicados por las autoridades en los distintos niveles. Lo que buscamos son precios cercanos al mercado y ver cómo compatibilizar la vivienda social con las condiciones de competencia en el mercado.