Estimados colegas, iniciamos esta cuarta ronda de intervenciones de este simposio sobre el Estado de Derecho. Bienvenidos a este segundo segmento de nuestro programa, dedicado al retroceso que hemos observado del Estado de Derecho en Europa. Plantearemos una serie de cuestiones a nuestros invitados. Abordaremos el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que consagra los valores e identidad de la Unión; el diálogo con el Consejo en materia de Estado de Derecho; y otras cuestiones relacionadas.
Ahora bien, si analizamos la situación del Estado de Derecho y su retroceso, debemos reconocer que existe un problema. Evidentemente, algo no funciona: en principio, el sistema debería impedir cualquier retroceso y, sin embargo, no lo está logrando. Por tanto, primera cuestión: ¿el sistema de la Unión Europea, tal como funciona hoy, evita o no el retroceso del Estado de Derecho? Y, en segundo lugar, ¿hemos identificado claramente ese retroceso? Lo hemos visto en Polonia y en Hungría.
Se han adoptado ya las medidas institucionales al respecto de estos dos países. ¿Qué piensan ustedes sobre ello? ¿Hemos hecho lo suficiente para prevenir? ¿Hemos hecho lo suficiente a la hora de sancionarlo? Y la última cuestión, que aporto personalmente, es la siguiente: si se rompe el sistema, es muy difícil arreglarlo. Las consecuencias de este retroceso en el Estado de Derecho durarán mucho tiempo. Vemos el caso de Polonia, que es un ejemplo muy claro de las consecuencias que tienen las vulneraciones del Estado de Derecho. Una vez valorado y determinado que ha habido una vulneración del Estado de Derecho, ¿cómo se puede subsanar? Le cedo la palabra al copresidente. Adelante.
Gracias, Sandro. En primer lugar, esta mañana hemos oído varias definiciones del Estado de Derecho, pero a mí me parece muy clara la de la Comisión de Venecia, que consiste en la fiscalización y la limitación del ejercicio de los diferentes poderes. El Tribunal de Justicia ha dejado claro qué es el Estado de Derecho. Hay diez principios, diez valores que lo sustentan, y no se pueden considerar separados de ese triángulo formado por la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Pero hay que constatar que efectivamente hay un retroceso en el Estado de Derecho en Europa y se está socavando. Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente en Eslovaquia, se ha convertido a la comunidad LGTBI en una categoría distinta de ciudadanía, lo que supone una discriminación efectiva. En Hungría hay una autocracia, Polonia la sigue, e incluso en mi país, en los últimos dos años, un gobierno de extrema derecha ha intentado desmontar el Estado de Derecho argumentando que había una emergencia por causa del asilo. No la había. Ahora bien, se logró crear esa percepción en la ciudadanía y esa fue la palanca con la que intentar desmontar el Estado de Derecho. Hay mecanismos como el artículo 7, sí, pero parece que no son adecuados y estamos paralizados. La Comisión Europea tiene demasiado miedo para actuar y los Estados miembros tampoco hacen nada. Y, por otro lado, no es una cuestión exclusiva de los Estados miembros, sino que también se da en las instituciones. De alguna manera, esto indica que se está mezclando la política europea y la política nacional. Ahora bien, a los partidos de extrema derecha que están intentando hacerlo no se les debería permitir. Tampoco podemos ceder la palabra a pseudoexpertos jurídicos, porque no podemos dar pábulo a lo que ellos quieren que sea la Unión Europea. Dicho esto, espero que podamos establecer un diálogo sobre esta cuestión con nuestros expertos. El primer orador será Tomasz Tadeusz Koncewicz —espero haber pronunciado su nombre correctamente—, profesor de Derecho y director del Departamento de Derecho Comparado de la Universidad de Gdańsk. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias. No voy a entrar en cuestiones técnicas, porque sostengo que el retroceso en el Estado de Derecho no depende de tecnicismos. Y a los abogados les gusta mucho meternos en vericuetos técnicos. Empezaré con unas hipótesis básicas. El retroceso democrático afecta no solo a las leyes con las que trabajamos los abogados, sino también al trayecto, al proceso. Y a mí me llama la atención que no haya salido a colación que no se...
Mencioné que la trayectoria, el camino, era el de la construcción de un proyecto europeo que se acercase cada vez más a las personas. Me gustaría que encontrásemos puntos de referencia que nos permitan entender cómo ese retroceso democrático socava ese trayecto. ¿Por qué estamos convirtiéndonos en enemigos en vez de vecinos y amigos? Quisiera abordar de qué forma ese retroceso democrático está poniendo en peligro ese proceso de aprender los unos de los otros, de percibirnos como vecinos y no como extraños.
Mi presentación tendrá cuatro partes. En primer lugar, me gustaría dar el contexto de lo que ha sido mi propio trayecto, y tiene que ver con los principios, porque ahí es donde incide el retroceso democrático: en los principios básicos de lo que somos como europeos. En segundo lugar, entraremos en el contexto del retroceso democrático; tal como se usa, es un concepto emocional que no explica gran cosa. Me gustaría que pasemos de esa componente emocional a identificar una doctrina: la política del resentimiento, que socava las ideas básicas del orden que ha creado el proyecto europeo. El resentimiento, como doctrina constitucional, sienta las bases del retroceso democrático. En tercer lugar, hablaremos de los riesgos de la fase en la que se encuentra Europa. Y, por último, cerraré con aquellas cuestiones que, a mi juicio, debemos plantear.
Bien, contextualicemos el retroceso democrático. En primer lugar, deberíamos aprender de la experiencia pasada. El proyecto europeo se concibió como un no al poder individual: ninguna minoría puede condicionar las formas de gobierno en detrimento de la mayoría. La democracia se construye y se reconstruye constantemente a través del Derecho, sobre valores comunes. Y siempre se ha articulado en una dialéctica de confianza y desconfianza: la confianza como efecto de combatir la desconfianza. Por otro lado, el poder político se encauzó desde fuera, mediante tratados que garantizan el Estado de Derecho y, finalmente, mediante un constitucionalismo que impide la concentración del poder.
Para mí, todo tiene una dimensión muy histórica. La Constitución debe permitir que no se repita lo del pasado. El Estado de Derecho tiene que poner límites al ejercicio del poder político, proteger los derechos fundamentales y asegurar la separación de poderes.
Frente a ello se alza la narrativa contraria: la política del resentimiento. Va en contra de lo que denomino los valores del espacio político de la Unión Europea. En ese marco, no se comprende la Constitución; se asume que la ley es la voluntad de la mayoría. Se propugna la primacía de la política sobre la ley: un poder político que domina lo jurídico. La ley, por tanto, deja de tener significado independiente y pasa a significar lo que la mayoría quiere que signifique. De ahí deriva también un cuestionamiento del papel que debe desempeñar el Tribunal Constitucional. Y, finalmente, la ley se convierte en un mero adorno.
Tercera parte: si, por un lado, están los principios, por otro se les enfrenta la política del resentimiento. ¿Qué se juega Europa en esto? Quiero ser claro: no estamos ante una crisis de gobernanza. Estamos ante una crisis de los fundamentos del proyecto europeo en sí.
De esta política del resentimiento, el perfil constitucional de los Estados miembros cambia. Polonia no es el mismo Estado miembro que se unió en 2004; ha cambiado su perfil constitucional. El profesor Lenaerts hablaba del “momento constitucional” de la adhesión: entonces uno se compromete a no alterar el perfil constitucional del Estado miembro en sentido regresivo. Me gustaría plantear una serie de preguntas que deberían sacarnos de nuestra zona de confort.
En primer lugar, ¿cómo hay que entender los primeros principios en noviembre de 2025? Esos principios básicos, como consecuencia del retroceso democrático asociado a la política del resentimiento —el Estado de Derecho—, son lo que nos define. El retroceso supone cuestionar la identidad de los ciudadanos europeos en tanto europeos y poner en entredicho su identificación con el sistema político actual. ¿Qué va a pasar más allá de noviembre de 2025? Europa que protege, sí; pero también debe protegerme frente a los poderes de nuestro Estado miembro. Esto afecta a la esencia de mis derechos como ciudadano.
Por otro lado, ¿qué tipo de Unión Europea queremos? Una Unión que se base en renovar continuamente nuestra fidelidad al núcleo no negociable. ¿Y qué tipo de consenso? Hemos cometido un error: el consenso europeo nunca debería haberse entendido como infalible; ahora bien, debe ser la esencia del funcionamiento del sistema judicial y demás, siempre con la conciencia de que el consenso es imperfecto.
Y para terminar: si en noviembre de 2025 se produjera un retroceso democrático, ¿a dónde va la Unión Europea? Tenemos una comunidad de valores compuesta por ciudadanos, instituciones y Estados. ¿Europa es susceptible de ser tomada como rehén? Si se toma a Europa como rehén, no será con tanques en las calles, sino cambiando el perfil del Estado bajo apariencia de legalidad y socavando las instituciones. Por ello, les planteo una pregunta esencial que va más allá de los aspectos técnicos: si uno no sabe cómo actuar —como abogado, como ciudadano, como político—, hay que mantenerse firme en la defensa de los valores esenciales de la Unión Europea, cada uno en su medida y como individuo. Y la pregunta es: ¿lo estamos haciendo?
Muchas gracias. Pasamos a nuestra segunda invitada, la señora Ana Palacio, que fue ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español. Fue también miembro del Parlamento Europeo y presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ana me ayudó a presentar mi primer libro sobre gobernanza europea y, la verdad, fue una suerte; un libro que se tradujo en diferentes lenguas. Así que, Ana, es un placer verla de nuevo y escuchar su intervención sobre esta cuestión de importancia.
Yo no traje suerte; aposté por el caballo ganador. Para mí es un honor poder hablar desde esta posición y, entre todo lo que he hecho en mi vida, he estado en la Mesa de la Convención.
También he formado parte de esta institución fantástica. Gracias a Sven Simon y a LIBE por haberme invitado. No voy a responder directamente a las preguntas, pero intentaré hacerlo de forma indirecta, con una parábola. En su simplicidad se encapsula el drama que vivimos en este momento de cambio.
Dos perros conversan en Berlín. Uno ha cruzado del Este al Oeste y el otro le pregunta: ¿tenías casa? Sí, no estaba mal. ¿Tenías comida? Sí. Entonces, ¿por qué cruzas? Porque no me dejaban ladrar. Durante décadas, esta ha sido la división: libertad frente a opresión; ciudadanía frente a servidumbre; Estado de Derecho frente a mandato autoritario. Y esto explica por qué, pese a sus imperfecciones, la democracia liberal ha sido preferida a los regímenes autoritarios.
Esa parábola hoy incomoda, especialmente a muchos jóvenes que dan por sentada la libertad de ladrar, pero se sienten ignorados en sus necesidades materiales. Libertad, Estado de Derecho y prosperidad: estos son los cimientos de la construcción europea, y están en crisis. Desde la Segunda Guerra Mundial estos pilares se han reiterado, por ejemplo en la Declaración Schuman y en otros textos. Las libertades individuales se ven cuestionadas y se crea precariedad. La clase media siente que paga más por un sistema que le ofrece menos. La libertad sin prosperidad no basta. De ahí el enfado político de los ciudadanos hacia sus representantes y, con él, el auge del populismo.
Vemos cómo se desmorona el Estado de Derecho: infracción de las normas y falta de efectividad en funciones fundamentales, con excepciones, por supuesto. La gobernanza se rige por algoritmos; las decisiones se toman con urgencia; y el Estado de Derecho, núcleo de la civilización europea, retrocede. Así, la ley deja de ser un instrumento eficaz y la libertad se resiente.
Miremos más allá de nuestras fronteras. Vivimos en un mundo en el que todo se instrumentaliza, incluida la política. Renunciar al Estado de Derecho sería un suicidio histórico. Debemos transformar la experiencia en acción: en seguridad y defensa, en energía, en interconexiones, y mediante una diplomacia que aúne a los actores en el mundo. Es, en esencia, lo que señala el informe Draghi; no digo nada nuevo. En el mundo se percibe que la democracia liberal sigue siendo una alternativa.
China propone prosperidad a expensas de la libertad, eficacia sin debate. Este es el modelo que describió Dan Wang. Y este argumento pone en tela de juicio a nuestras sociedades. El autor señala que en Pekín el ingeniero ha sustituido al jurista, y que Estados Unidos ya no sigue el Estado de derecho, sino el Estado de los juristas. Si esta es la percepción, tenemos un problema. Queremos soluciones, resultados tangibles. En este contexto, la iniciativa presentada por Xi Jinping es un paso adelante en la estrategia china, con una retórica atractiva que sitúa a la gente en el centro de su enfoque. Pero aquí la prosperidad es la fuente de la legitimidad al servicio de las autoridades. Frente a esto, necesitamos un modelo eficaz. Porque la cuestión no es Oriente contra Occidente; es la elección entre el autoritarismo y otras opciones. Hay que defender nuestro Estado de Derecho, pero también dar respuesta a los nuevos retos. El Estado de Derecho no es un artificio jurídico, sino la expresión de nuestra misión. Termino, presidente: debemos recuperar el equilibrio entre estos pilares, y ello requiere una renovación; una economía que ofrezca oportunidades, una política que restablezca límites y una cultura que asuma la responsabilidad. No se trata de nostalgia, sino de recuperar ese equilibrio para que Europa sea un proyecto que trascienda nuestro espacio geográfico.
Gracias, Ana. Tercer orador, el profesor Jan Wouters, de la Universidad Católica de Leuven. Adelante.
Muchas gracias. Señorías, señoras y señores, la Unión Europea se construyó sobre la premisa de que el derecho, y no el poder, debe gobernar nuestras relaciones entre ciudadanos, Estados miembros e instituciones. Sin embargo, el Estado de Derecho, base de la Unión, está bajo presión desde dentro. En ciertos Estados miembros observamos una erosión deliberada de la independencia judicial, una politización de los medios de comunicación, un deterioro de los pesos y contrapesos y un asalto al pluralismo que sustenta la democracia. Esto es lo que nuestro proyecto Reconnect, que ahora explicaré, ha identificado como retroceso del Estado de Derecho: no un hecho aislado, sino un proceso gradual y sistémico por el cual las instituciones se van desmoronando desde dentro. La crisis no se limita al ámbito interno, sino que afecta al propio significado de pertenecer a la Unión Europea. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea nos recuerda que el respeto de la dignidad humana y otros valores no son atributos de la Unión, sino requisitos previos.
Permítanme presentarles las recomendaciones de nuestro proyecto Reconnect, que siguen siendo plenamente pertinentes. Fue un proyecto Horizonte 2020 llevado a cabo por 18 socios académicos de 14 países, liderado por el Centro para la Gobernanza Global de Leuven. Su objetivo fue investigar y aportar soluciones a los retos de la UE, centrándose en reconciliar la Unión con sus ciudadanos a través de la democracia y el Estado de Derecho. Debemos recordar los límites de las herramientas existentes. El análisis de Reconnect pone de manifiesto las carencias del artículo 7, la opción nuclear.
…proteger a la Unión de este tipo de erosión interna, pero que en la práctica ha demostrado servir de poco. Los procedimientos contra Polonia y Hungría se han paralizado políticamente y la exigencia de unanimidad entre los Estados miembros ha hecho que el mecanismo no se pueda utilizar, sobre todo cuando ciertos gobiernos se protegen mutuamente. El marco del Estado de Derecho y los informes anuales sobre el Estado de Derecho son muy valiosos, pero siguen siendo herramientas de diagnóstico: documentan el declive, pero no lo evitan ni lo revierten. La aplicación a través de procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia ha sido más eficaz —por ejemplo, algunas de las sentencias sobre la independencia judicial en Polonia—, pero la vía judicial no puede sustituir a la voluntad política.
Y ahora quiero resumir cuatro cuestiones principales que son recomendaciones en el proyecto RECONNECT. Primero, aunque no siempre sea evidente, proponemos una serie de reformas e innovaciones políticas. Proponemos la introducción de una base jurídica explícita en los Tratados para el seguimiento regular del cumplimiento del Estado de Derecho. Esto transformaría lo que ahora es un proceso ad hoc de la Comisión en un mandato previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Segundo, como ya se ha dicho, necesitamos una reforma exhaustiva del artículo 7, con cuatro elementos breves: aclarar qué significa “riesgo claro” y “violaciones graves y persistentes” para evitar interpretaciones políticas; garantizar el derecho del Parlamento Europeo a participar en las audiencias del artículo 7; sustituir la unanimidad por alguna forma de supermayoría, por ejemplo cuatro quintas partes de los Estados miembros, para superar vetos; y ampliar el catálogo de sanciones, incluyendo como último recurso la suspensión temporal o incluso la expulsión de un Estado miembro que viole de forma irreparable los valores fundamentales de la UE.
Segundo punto, remedios judiciales y refuerzo institucional. Recomendamos fortalecer los mecanismos de protección judicial. Sugerimos una nota oficial que aclare el alcance del artículo 19, piedra angular del derecho a la tutela judicial efectiva, y basarnos en la jurisprudencia del Tribunal para definir normas mínimas de independencia judicial en la Unión. También proponemos, primero, un recurso por violación de los derechos fundamentales que permita a los individuos acudir al Tribunal de Justicia; y, segundo, un remedio específico para los jueces nacionales cuya independencia se vea afectada por interferencias políticas. Además, proponemos la creación de una conferencia de jefes de tribunales, incluido el de Justicia, para impulsar el diálogo y la coherencia y crear una cultura constitucional en la Unión. Ahora vemos todo tipo de pluralismo constitucional y tensiones entre tribunales en los Estados miembros; articular ese diálogo de manera periódica ayudaría a desarrollar una auténtica cultura constitucional común.
Tercero, hay que reforzar la Carta de los Derechos Fundamentales. Como saben, el artículo 51 limita su aplicación a situaciones en las que los Estados miembros aplican Derecho de la Unión. Consideramos que esta restricción debería abolirse. Al transformar la Carta en una norma de la Unión aplicable en todos los Estados miembros con independencia del vínculo con el Derecho de la Unión, la Unión ampliaría el alcance de su arquitectura de derechos fundamentales y enviaría un mensaje claro: los derechos de los ciudadanos europeos no se detienen en las fronteras nacionales.
Cuarto, un marco democrático para la UE. Parte del proyecto se centró en los retos democráticos. Proponemos un marco para promover la transparencia, el debate político abierto y la justicia electoral, incluida la creación de un organismo que denominamos la Comisión de Atenas para abordar el discurso político.
Porque cada vez vemos más que el discurso político está en declive. A los oponentes políticos se les presenta como enemigos o delincuentes, y pensamos que debe existir algo, un poco en la línea de lo que hace la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa: una Comisión de Atenas que supervise la calidad del discurso político en la Unión Europea.
Voy a concluir destacando la FICIA como proyecto. La Unión debe pasar de una gestión reactiva de las crisis a una resiliencia constitucional proactiva. En este sentido, las reformas que proponemos —como poderes de seguimiento, refuerzo de las sanciones, una carta más amplia y nuevas soluciones judiciales— no son solo soluciones tecnocráticas: son la afirmación de que los valores tienen consecuencias institucionales. La Unión ya no puede tolerar una situación en la que la solidaridad financiera se vea castigada y los derechos fundamentales queden a discreción política. Lo mismo debe ocurrir con la disciplina democrática.
En conclusión, el futuro de la Unión Europea depende no solo de su capacidad para generar prosperidad, sino también de su capacidad para seguir siendo una comunidad de derechos. No podemos permitir que la independencia judicial se vea afectada ni que esta situación se normalice. Tampoco podemos aceptar una Unión a dos velocidades, donde algunos Estados miembros respeten la democracia constitucional y otros deriven hacia el autoritarismo bajo la bandera europea. Proponemos defender el Estado de Derecho, que no es una intrusión en la soberanía nacional, sino su esencia. Proteger el Estado de Derecho es proteger la promesa de una Europa, una unión de ciudadanos que se rige por el derecho, la razón y la confianza. Gracias.
Muchas gracias. Es muy enriquecedor escuchar nuevas ideas y propuestas concretas sobre lo que podemos hacer para seguir siendo una comunidad de derechos. Abro el turno de intervenciones para preguntas y comentarios. No iremos por grupos, como hacemos a veces; queremos dar a todo el mundo la oportunidad de plantear preguntas. ¿Quién desea intervenir en primer lugar? Señor Sven Simon.
Sven Simon: Un comentario a la luz de la última intervención. No sé por dónde empezar, porque ha habido una serie de propuestas con las que coincido y que también se han recogido en el informe sobre el artículo 48 para reformar los Tratados. Otras, sin embargo, a mi juicio podrían acabar con la Unión Europea.
Sobre la primera propuesta —las bases jurídicas y el seguimiento del Estado de Derecho—, estoy de acuerdo en que depende de quién lo haga: no deberían ser políticos, sino expertos, no activistas. Hoy hemos oído que el trasfondo histórico es importante y que otros ámbitos de experiencia pueden ayudar, pero insisto en que debe existir una metodología jurídica y técnica; de lo contrario, fracasará.
También coincido en que deberíamos utilizar más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para hacer cumplir las normas. Cuantos más casos haya, más jurisprudencia y mayor claridad normativa obtendremos.
En cuanto al mecanismo de protección adicional del artículo 19, apartado 2, y otras soluciones específicas, podríamos inspirarnos en el Tribunal Constitucional Federal alemán en lo relativo a las quejas individuales. Nunca he entendido por qué sigue habiendo falta de acceso al tribunal, incluso para quejas por interferencia política.
Y, sobre el artículo 48, aquí en el Parlamento también se habla de los derechos de los diputados para llevar casos ante los tribunales o impugnar la legislación.
…decidida por la mayoría. Y en cuanto al resto, no estoy de acuerdo. El Artículo 7, el procedimiento del Artículo 7, es un invento que induce a error. ¿Por qué politizamos un problema que solo se puede resolver ante los tribunales? Nosotros mismos provocamos y alimentamos el debate, y cada resolución empeora la situación. Esa es mi impresión.
Y ahora, cuando se plantea ampliar las sanciones o sustituir la unanimidad, no podemos olvidar que con el Artículo 50 ya se introdujo la posibilidad de salir de la Unión, y ya tenemos un ejemplo. Pero ese no puede ser el primer paso con los Estados miembros con los que hay problemas. También hay problemas en Eslovenia, en Malta, en Rumanía, corrupción, etcétera. Pero siempre nos centramos en Polonia y en Hungría, lo cual no es muy inteligente.
Ah, y en lo que sí estoy de acuerdo es en el diálogo judicial. Hace unos años publiqué un artículo sobre esto. Las cuestiones prejudiciales no son una solución. No sé si hablo del comité del Artículo 155 y luego de la “calidad del debate político”. ¿Qué es eso? ¿Una censura? ¿Quién decide lo que es la calidad? ¿La Comisión de Atenas? ¿Prohibición de partidos?
Interviene el presidente: Adelante, señor Walter.
Me alegra su intervención. Qué lástima que le interrumpieran, porque parece que está de acuerdo con la mayor parte de mis apuntes. No estoy del todo convencido de que yo quiera acabar con la Unión Europea. No sé con qué puntos, pero estos no son puntos elaborados por activistas, sino por un grupo de socios académicos de alto nivel, incluyendo a mi colega aquí de Gdansk. Y esto lo discutimos en varias reuniones con representantes de las instituciones comunitarias como solución pragmática para afrontar la situación. ¿Y por qué? Preguntarán ustedes: si los académicos no podemos improvisar un poco nuestras reflexiones sobre la base de investigaciones, ¿quién lo va a hacer? Es una manera libre de pensar, tal vez de provocar debates.
Les invito a que sigamos con el diálogo una vez que acabe esta conferencia, porque hay un documento más amplio que contiene todas las referencias a lo que apuntamos. Una vez que hayan leído el documento de tomo y lomo, creo que coincidirán aún más con lo que proponemos.
Es muy importante tener en cuenta que dentro del consorcio tuvimos desencuentros considerables, pero yo quise superar ese desacuerdo. Lo que ofrecí —y los demás no lo aceptaron— fue redactar de nuevo el preámbulo del Tratado de la Unión como nuevo contrato social para los europeos. Porque, claro, todo queda un poco diluido en tantos artículos. ¿Por qué no un nuevo contrato social con un nuevo preámbulo del Tratado de la Unión, algo que nunca se ha tocado? Esto fue lo que sugerí, porque no hay que ejercer demasiada presión sobre el Tribunal. Es muy importante el Tribunal —cómo no— y ha realizado un trabajo considerable en los últimos años, pero hay límites para lo que pueden hacer los jueces.
Los jueces precisan de la voluntad de los políticos. Judicializar el proyecto europeo es un esfuerzo común. Hay un espacio para el proceso político que les corresponde a ustedes y también un espacio jurídico, con todo lo que acarrea el trabajo en las salas del Tribunal de Justicia. Pero, al final, tiene que ser un proyecto común. Los políticos tienen que tomar decisiones, decisiones que tendrán consecuencias.
Mi última observación: insisto en lo que quiere decir tener un consenso en torno al imperio de la ley. El consenso europeo en torno al imperio de la ley admite un desacuerdo razonable sobre los elementos constituyentes, pero exige la exclusión de intervenciones irracionales. Si ustedes envían un fax para desacreditar a un juez, eso no sería aceptable. Pongámonos de acuerdo en torno al contenido central.
Vamos a ver. Yo tengo un problema. Estamos en el Parlamento Europeo; ustedes son políticos. A no ser que la Unión Europea sea más eficaz —y aquí coincido con el profesor Stone de esta mañana—. Yo formé parte de la Mesa de la Convención. Podemos redactar los textos y los preámbulos que queramos; pero, si no trabajamos mejor, la percepción será que estamos perdiendo relevancia, y eso es lo que motiva el retroceso. No por culpa del populismo. No quiero defender a los populistas; nosotros, como miembros del Partido Popular Europeo, somos los primeros atacados y los primeros interesados por este populismo. Pero asistimos a un crecimiento del Ejecutivo que rompe la división de poderes. Y no se ha mencionado España, pero en España sí tenemos un problema: un Ejecutivo que se extralimita y rebasa la división de poderes.
Mi mensaje es que hay que fijarse en lo que pasa en el mundo, porque nuestra burbuja es fantástica. Ustedes recordarán las comparaciones de Borrell. Estamos en el mundo y debemos ser conscientes de que competimos. Queremos un multilateralismo que se base en normas, en el imperio de la ley. Y, si no trabajamos con mayor eficacia aquí —y sabemos perfectamente de qué se trata—, registraremos estos retrocesos. Es una conclusión dura, pero es la que es.
Vamos a recoger preguntas, porque no nos queda mucho tiempo y son muchas las personas que han pedido la palabra. Adelante, usted en primer lugar.
Estoy de acuerdo con la propuesta de reforzar la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 51, como la decimotercera enmienda de Estados Unidos, que se hace extensiva a los estados federados. Pero lo que no veo aquí es una referencia a la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y esto facultaría al ciudadano a presentar una demanda individual ante el Tribunal de Derechos Humanos frente a una...