Buenas tardes; voy a hablar en rumano, al menos para las palabras inaugurales. Estimados amigos, señoras y señores, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta audiencia pública sobre un tema muy importante, que además mantendrá ocupada a la Comisión REGI durante muchos meses. Me refiero al futuro de la política de cohesión en el marco del MFP. La política de cohesión es actualmente la política de inversión más importante de la Unión Europea: supone aproximadamente un tercio del presupuesto de la Unión. Es un instrumento insustituible para promover el desarrollo económico y social mediante inversiones adaptadas a las condiciones locales y a los retos estructurales de cada entidad regional o local. Sin embargo, con la nueva propuesta del MFP publicada por la Comisión en julio, la política de cohesión parece estar amenazada. La nueva arquitectura propuesta, a través del Plan de Asociación Nacional y Regional, parece favorecer programas más centralizados y de ámbito nacional, con el riesgo de absorber la política de cohesión en las prioridades nacionales, en lugar de mantenerla como un instrumento adaptado a las necesidades locales y regionales.
Es importante tener en cuenta que esto va a generar una gran competencia entre los entes locales y regionales y los gobiernos. Convertirlo todo en un único fondo nos parece inaceptable. El objetivo de la audiencia de hoy es justamente aprovechar las experiencias y los puntos de vista de nuestros oradores, invitados muy prestigiosos, para enriquecer nuestras reflexiones y nuestro trabajo en el marco del nuevo MFP.
Para orientar y profundizar en todos estos temas, contamos con cuatro oradores, cada uno con una perspectiva propia desde orígenes y regiones diversas. La audiencia se estructura en dos sesiones. En el primer panel escucharemos a un consejero de España que ofrecerá una visión general desde una perspectiva regional. Después escucharemos a un miembro del Grupo de Alto Nivel sobre cohesión de la Comisión, que también fue diputado en el Parlamento Europeo durante 25 años. En el segundo panel intervendrán dos representantes de las autoridades locales de Alemania y Eslovaquia, que presentarán una visión más detallada de lo que está en juego para los agentes regionales y locales en relación con el futuro de la política de cohesión, con ejemplos concretos de sus propios territorios.
En primer lugar, quiero dar una calurosa bienvenida a un grupo de visitantes de Irlanda. Están acompañados por el señor Mullooly, eurodiputado irlandés. Tienen a nuestros visitantes en la parte posterior de la sala.
Vamos a empezar la audiencia con Elena Manzano Silva, consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura (España), que se conecta en remoto. Señora Manzano Silva, bienvenida. Muchísimas gracias por asistir a nuestra reunión. Usted es la consejera y, por tanto, le damos la palabra para que nos exponga su perspectiva acerca del futuro de la política de cohesión. Tiene diez minutos. Adelante.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Permítanme que comience esta breve intervención manifestando que para mí es un verdadero honor ensalzar la importancia que ha tenido en Extremadura, en nuestra comunidad autónoma, la política europea de cohesión. Una comunidad que, si aún no tienen el placer de conocer, se sitúa en el oeste de la península ibérica, cuenta con un millón de habitantes y una extensión territorial muy amplia, nada menos que 41.634 kilómetros cuadrados. Está compuesta por 388 municipios, entidades locales menores y pedanías, y por habitantes que residen en ellos, que tienen derecho a vivir allí y a recibir servicios públicos de calidad.
Es una comunidad autónoma que está creciendo, con tasas de crecimiento al alza en su PIB y en la generación de empleo, en definitiva, en la creación de riqueza. Sin embargo, durante muchos años su PIB se ha situado por debajo del 75% de la media europea, lo que ha hecho que Extremadura sea perceptora de fondos muy importantes, pilar fundamental para la prestación de servicios públicos y para el desarrollo de nuestra región.
Se cofinancian fondos que ustedes conocen muy bien, como el FEDER o el Fondo Social Europeo, hasta un 85%, y eso ha proporcionado recursos muy relevantes a nuestra comunidad. En dos décadas ciframos esos recursos en torno a 4.200 millones de euros, cuyo pilar principal ha sido el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que, como decía, inciden directamente en la prestación de servicios públicos y en favorecer la vida de los ciudadanos de nuestra región.
Es clave, es un pilar esencial; pero creo que no solo lo es en nuestra comunidad autónoma, perceptora de esos fondos, sino también en la propia construcción de Europa, en el desarrollo de la Unión Europea como unión de Estados que buscan un desarrollo común. Como ustedes bien conocen, en sus primeros años la política de cohesión se centró en la cohesión económica y social; a partir del Tratado de Lisboa se añade la cohesión territorial. Y no me resisto a darles un dato de la importancia que tiene esta política: se menciona en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nada menos que 154 veces y se desarrolla en los artículos 174 a 178, como pilar fundamental para garantizar principios esenciales que todos compartimos en los ordenamientos jurídicos de nuestros países. Para mí, hablar de cohesión es hablar de valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, plasmados en la Constitución Española y en nuestro marco legal: como jurista, hablar de cohesión es hablar de justicia e igualdad. Ese es el postulado principal que quiero subrayar.
Ahora bien, esa cohesión, que se refleja en distintos textos normativos y que todos los países interiorizamos a través del cumplimiento efectivo de esos principios esenciales, puede verse amenazada por determinadas actuaciones y políticas concretas. Limitándonos a este marco financiero, me gustaría destacar tres cuestiones que considero fundamentales y que pueden erigirse en la principal amenaza para las políticas de cohesión.
La primera, ya mencionada al inicio de esta comisión, es la referencia a ese “megafondo”, un fondo de asociación nacional y regional que deberá atender políticas muy dispares —empleo, vivienda, seguridad, defensa, política agraria o la protección de actividades como la pesca—. En mi opinión, ello provocará que la política de cohesión quede diluida y pierda relevancia en determinados ámbitos. Para nosotros, para nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, para nuestro país, es esencial contar con una PAC potente, con fondos específicos, así como con el protagonismo del FEADER y del FEAGA en la consecución de esos objetivos. Todo ello quedará diluido y se alcanzará con mayor dificultad si lo integramos en un fondo común que, sin duda, nos hará menos eficaces de lo que hemos sido hasta ahora.
La segunda cuestión que me preocupa es la adopción de un modelo centralizado en el que quien va a negociar y sentarse en la mesa para acordar la distribución de los fondos sea el Estado. Quizás aquí estoy condicionada por lo que sucede en nuestro país y por la posición del Estado a la hora de financiar determinados territorios. Si examinamos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, observamos que, del total de fondos, 11.400 millones se destinan a Cataluña y solo 2.200 a Extremadura. La inversión territorializada de los Presupuestos Generales del Estado, si ustedes analizan a qué territorios se dirige, vuelve a mostrar que nuestra región no supera el 3,5%, mientras que en otros territorios se eleva hasta el 17%. Pero lo último que estamos presenciando es que se repartan recursos en atención a criterios que, estoy segura, en Europa no serían admisibles. La decisión de repartir la recaudación de una figura impositiva como el impuesto a la banca en función del Producto Interior Bruto del territorio —de modo que quienes más renta tienen reciben más— ha sido además aprobada mediante una norma con rango de ley.
No va a beneficiar a territorios como el nuestro, que tiene un nivel de renta y de riqueza inferior a la media. Les pongo solo algunos ejemplos: podemos hablar de cupo separatista, podemos hablar de condonación, de financiación singular para un territorio en concreto. Creo que aquí debemos tener voz todos y cada uno de los territorios, porque en muchas ocasiones se toman decisiones desde el poder central que no benefician a la mayoría de las comunidades autónomas y lo hacen obedeciendo principalmente, o exclusivamente, al mantenimiento político del poder en el ámbito estatal.
Y el tercer problema que me preocupa es que, a través de este tipo de normativa, se está infringiendo de manera determinante y clara un principio básico en la Unión Europea, consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea: el principio de subsidiariedad. Ya saben que la atribución de competencias en el marco de la Unión Europea se hace respetando esos dos principios, subsidiariedad y proporcionalidad. Si la decisión resulta más beneficiosa cuando se adopta por niveles de gobierno inferiores, más cercanos a los ciudadanos, acometámosla por esa vía.
Creo que durante todos estos años los resultados han sido sin duda muy beneficiosos, muy positivos, tanto con esa certificación de los fondos como con esa transformación territorial. Por favor, aquí, en este ámbito, resulta esencial tomar conciencia de que los territorios cuentan; de que en nuestro país, junto al Estado, hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomía; y de que en España contamos con 8.132 municipios que tienen que tener voz, que tienen que tener capacidad de decisión, y que las personas que se encuentran en estos niveles de gobierno conocen sin duda mucho mejor que el nivel central, que el nivel estatal, cuáles son las necesidades de su territorio.
Permítanme cerrar con la apelación que utilicé al inicio de mi intervención. Esto no es solamente hablar de cohesión; no es únicamente hablar de esa política de cohesión que ha sido desarrollada de manera magnífica por parte de la Unión Europea durante todos estos años. Esto es, permítanme decirlo abiertamente, hablar de igualdad; es hablar de justicia; es hablar de que las personas que nacen en unos territorios puedan permanecer en ellos porque la Unión Europea vela también por su desarrollo. Por mi parte, nada más: muy atentos desde Extremadura a ese posible atentado a las políticas de cohesión y a defender esa igualdad y esa justicia que nos empujan a todos. Gracias.
Muchas gracias, señora Manzano. Ha hecho una aportación muy importante. Vamos a escuchar ahora a Pervenche Berès, miembro del Grupo de Alto Nivel sobre el Futuro de la Cohesión y ex eurodiputada. Señora Berès, bienvenida a su casa y muchísimas gracias por venir.
Señor vicepresidente, señora vicepresidenta, señoras y señores, muchas gracias por permitirme intervenir acerca de este tema. Voy a hablar como exparlamentaria. Pasé 25 años aquí, en el Parlamento. No trabajé en la Comisión REGI, pero participé en cuatro negociaciones de marcos financieros plurianuales y también en la Agenda 2000, que fue muy importante. Fui presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y negocié muy duramente con su comisión. También aprendí algunas lecciones que me han servido más adelante. Además, hemos tenido la suerte de contribuir al informe titulado Creando un futuro sostenible y una Europa inclusiva. Si ustedes necesitan argumentos para convencer a la Comisión Europea de que hay que fomentar la política de cohesión, les invito a leer mi informe.
En primer lugar, muchas felicidades, señor presidente, por el momento tan acertado en el que han organizado esta audiencia. Tienen pleno control del calendario. Van a hablar de un tema que lleva sobre la mesa desde el 16 de julio y todo el mundo nos prometía que todo iba a estar para mañana, pero no podía ser. Y todo ese impulso se fue perdiendo en parte.
Ayer incluso. Y ahora estamos analizando el último movimiento de la Comisión, que pretendía escapar de esa posible censura. Antes de abordar el futuro de la política de cohesión, naturalmente en el marco del Marco Financiero Plurianual (MFP), conviene redefinir el contexto y el objetivo.
¿Cuál es el contexto? Ha sido muy bien analizado en dos informes que equiparo: los de Letta y Draghi. ¿Qué nos dicen? Que vivimos en un mundo en el que la dimensión geoestratégica se ha infiltrado en todos los ámbitos y niveles, también en nuestros territorios, y que Europa debe ganar la batalla de la competitividad en nombre de su modelo social. Es cierto que no todo el mundo interpreta del mismo modo ese modelo social, pero es un elemento clave de ambos informes. Y constato que la política de cohesión de la que hablamos hoy es, en esencia, la base del Mercado Único.
Si extraemos la esencia de esos informes, nos dicen que, para ganar la batalla de la competitividad, la Unión Europea debe ser coherente con el objetivo de un Mercado Único concebido para sus ciudadanos y no para las grandes multinacionales de otros imperios. En el informe Letta, por ejemplo, me quedo con el “derecho a quedarse”, the right to stay. Un día, alguien de BlackRock —no sé si fue de Goldman Sachs o de BlackRock, uno de los dos— me dijo algo que me impresionó: el migrante o es muy rico o es muy pobre; el derecho a quedarse es fruto de la política de cohesión y de los objetivos del Tratado, que —como ha recordado la ministra, la consejera— deberían cumplirse.
En ese contexto, lo que todos esperamos como agua de mayo para aplicar el contenido del informe Draghi-Letta es cómo aprovechar el MFP, porque en ese marco hay elementos indispensables: las regiones y las entidades locales. Lo que hemos demostrado en el informe es que las colectividades y los territorios locales son la base de esa obsesión de Mario Draghi. Él, evidentemente, no extrae las mismas conclusiones que yo; no coincidimos. Pero la pregunta es dónde se produce la innovación. Pues bien, a nivel local. ¿Cuáles son las estructuras ágiles? ¿Cuáles permiten mantener un diálogo social entre los actores intermedios en un contexto innovador, creativo, propicio a la innovación, sin limitarse a absorber fondos de Bruselas para cosechar frutos ya maduros y distribuir dinero?
En ese contexto, considero que la Comisión Europea se equivoca porque, durante demasiado tiempo, ha estado obsesionada con el nuevo escenario al que tuvo que hacer frente en el mandato anterior —la crisis de la COVID-19 y la invasión de Ucrania— con herramientas que no eran suficientemente flexibles. El debate sobre la flexibilidad es tan antiguo como el debate sobre el MFP. Sin embargo, el debate que celebramos hoy lo arrasa todo y, en nombre de la flexibilidad, se ahogan —o se pretende ahogar— herramientas clave del contrato social europeo. Es una respuesta aparentemente buena, pero no lo es.
Hay, en realidad, dos respuestas equivocadas. La primera es pensar que vamos a gestionar el MFP únicamente en nombre de la flexibilidad. La flexibilidad no lo es todo: también necesitamos anclar la acción de la Unión Europea en una perspectiva de largo plazo. Y el largo plazo no se gestiona solo con instrumentos flexibles; se construye con una visión, con territorios, en diálogo, en el marco de un partenariado.
Por supuesto, otra cuestión de la propuesta es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ha fascinado, incluso obnubilado, a la Comisión Europea. Estamos ante cuatro dificultades. La primera tiene que ver con las herramientas ideadas para Next Generation EU: no se emplean los instrumentos adecuados, porque el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya ha mostrado sus límites. El único objetivo para los Estados miembros parecía ser hacerse con los fondos. Pero una estrategia...
…de inversión coherente para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y de competitividad, incluyendo a los territorios, pues resulta mucho más complicado. Y hay herramientas que se han inventado en el marco de Next Generation EU que son fantásticas. Son inversiones por las que yo llevaba luchando años y años. Se llama el instrumento SURE, lo conocen todos. Es un estabilizador automático, y la Comisión ahora pretende hacer balance en torno a Next Generation EU sin tener en cuenta en absoluto esa herramienta.
En segundo lugar, lo dicen ustedes —tienen razón en mencionarlo— y se recoge en la nota de los cuatro presidentes de la mayoría von der Leyen: este proceso es un proceso de renacionalización, cuando en realidad no estamos en un momento propicio para la renacionalización. ¿Qué nos dicen los informes Draghi y Letta? ¿Qué necesitamos para ganar la batalla de la competitividad? Tenemos que movilizar a la Unión Europea y que cada cual arrime el hombro para lograr los objetivos a largo plazo. Y, para ganar esa batalla, el elemento central es la inversión; no tanto inversión frente a posibles reformas, sino inversión para realizar reformas, reformas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la competitividad de la Unión Europea.
Por lo que se refiere al método, creo que esta propuesta de la Comisión podría satisfacer a dos actores. A la propia Comisión, por un lado, porque para la Comisión es estupendo: el Pacto de Estabilidad costó mucho aplicarlo; las sanciones, complicado movilizarlas, sobre todo teniendo en cuenta la legitimidad de unos y otros Estados soberanos. Todos conocemos el proceso: el Parlamento, de hecho, se había movilizado con éxito cuando se idearon esas sanciones en nombre de la macrocondicionalidad contra España y Portugal. Ahora bien, el papel de la Comisión no es mantener un debate particular con los Estados miembros; más bien es tener presente, día sí y día también, el interés general de la Unión Europea.
He examinado los ajustes publicados ayer, pero son ajustes: tampoco cambian de cabo a rabo una lógica que, a través de los planes de asociación nacionales y regionales, contribuye a definir un marco de negociación particular entre la Comisión y los Estados miembros; y ya no con el Pacto de Estabilidad como palo, sino con la zanahoria que sería la distribución de fondos. Ahora bien, para los Estados miembros es fantástico, ¿no? Recuperan margen para hacer lo que les venga en gana. Durante mucho tiempo se ha señalado con el dedo a la señora Thatcher y su “I want my money back”, ¿no? Pero justo en un momento en el que Europa más necesita una visión estratégica global o geoestratégica para responder a la batalla de los imperios, nos topamos con esto. Así que, francamente, creo que estamos en una situación peligrosa.
Y, muy brevemente, macrocondicionalidad —que es una serpiente de mar, porque lo debatimos mucho al preparar ese informe—: pues sí, la macrocondicionalidad sobre las cuestiones de Estado de Derecho, por supuesto que sí. Y los colectivos locales y las regiones son actores fundamentales para una democracia viva a nivel local. Pero, por lo demás, ¿por qué demonios tenemos que permitir que regiones que no tienen representación mayoritaria en el Gobierno, que no tienen responsabilidad en el endeudamiento de la autoridad central, asuman las consecuencias de los errores de la estrategia nacional? Yo creo que eso es errar el tiro de cabo a rabo y espero que puedan combatir ese planteamiento.
A modo de conclusión, les deseo todo lo mejor. Espero que puedan cambiar las tornas para que este MFP no se limite a ser simplemente un marco disuasorio para adaptarse a futuras crisis o disponer de flexibilidad para distribuir fondos, sino que sea una herramienta para articular una estrategia de libertad individual, solidaridad colectiva y Estado de Derecho, en torno a esa piedra angular, a ese cemento europeo que son las regiones unidas en pro de la política de cohesión europea, una política coherente.
Muchísimas gracias, señora Presidenta. Y ahora pasamos a la ronda de intervenciones, dando la palabra a los coordinadores. Vamos a empezar con la señora Nevado del Campo, del PP.
Intervendré en español. Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar…
Quería agradecer a la señora Manzano y también a la señora Berès su presencia hoy en la Comisión REGI para hablar del futuro de la política de cohesión. Intuyo, por las palabras de la señora Manzano —que me agrada mucho que además sea de mi tierra, Extremadura—, la afirmación de que hay una clara oposición al plan nacional y a la concentración temática. Pero me gustaría preguntarle, ahora que se prevé un cambio tras la movilización del Parlamento, del Comité de las Regiones y de esta propia comisión, respecto al refuerzo del 10% que acaba de proponer la Comisión Europea en el futuro plan nacional para los objetivos rurales, ¿cuál es su opinión? ¿Es suficiente?
En segundo lugar, me gustaría que valorara la contribución que ha supuesto la política de cohesión para una región prioritaria como es Extremadura en estos últimos años. ¿Cómo cree que podría reforzarse y optimizarse el apoyo a las áreas rurales? Y, si fuera posible, que nos pusiera algún ejemplo de éxito en nuestra región, en Extremadura, con la ejecución de los fondos de cohesión, porque es lo más importante para ver su impacto.
Y a la señora Berès, a la que también agradezco mucho su intervención, me gustaría preguntarle si usted considera que, con esta propuesta, se expulsa a los ciudadanos europeos del derecho a quedarse en su territorio y si, en su opinión, esta renuncia a la cohesión, a la PAC, a la pesca, al final nos va a hacer más competitivos o vamos a perder las dos batallas. Muchas gracias a ambas y felicidades por sus brillantes intervenciones.
Señora Nora Mebarek, vicepresidenta.— Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias por la gestión del tiempo. Es un tema que debatimos y que nos viene como anillo al dedo. Gracias a ambas y un saludo afectuoso a la señora Pervenche Berès. Dos cosas.
La semana pasada estuvimos aquí; se invitó a la Comisión REGI. Participamos junto con 142 regiones que estuvieron presentes para recordarnos el papel que desempeña la política de cohesión, en particular en cuestiones como la solidaridad y la inversión pública, tal como han subrayado las dos intervinientes. Se habla de inversión estratégica para la competitividad y la estabilidad de la Unión Europea. Entretanto, tenemos una propuesta de la Comisión y, de forma colectiva —es decir, los cuatro grupos que acompañan la mayoría de Ursula von der Leyen—, hemos firmado, como digo, una carta en la que afirmábamos que no renunciaríamos nunca a la batalla de no dañar la cohesión, un principio que ha sido hasta la fecha un hilo conductor importante para respetar la política de Jacques Delors.
Y nos damos cuenta de que, entre la medianoche del domingo y las ocho de la mañana del lunes, la Comisión ha hecho ciertos ajustes. Sí, ajustes; yo diría más bien un efecto cosmético, un lavado de cara, para volver a reunirnos. ¿Pero para qué? ¿Para defender qué objetivo estratégico?
Lo que le pido a la Comisión son dos cosas. En primer lugar, no estoy convencida de que debamos, al final, aprobar esta propuesta; debemos mantenernos firmes en nuestra posición de rechazo, aunque esos pequeños ajustes puedan llevar a algunos a cambiar de opinión y pensar que la Comisión nos ha tenido en cuenta. Renacionalizar la cohesión o renacionalizar la política agrícola común es cargarse la Unión Europea y ahogar también el poder del Parlamento, una parte importante de la democracia europea, porque a la Comisión se la designa; nosotros somos elegidos. Esa es la cuestión fundamental que planteo. Si cedemos, si hoy no nos levantamos en armas para luchar contra este método, para combatir este método y, sobre todo, esta visión de la Unión Europea y del proyecto europeo —un proyecto de solidaridad y ambición en torno a nuestros valores democráticos—, ¿no significaría eso firmar la sentencia de muerte de la Unión Europea?
Me gustaría que me dieran su opinión las dos intervinientes y, sobre todo, que me respondiera la Comisión, que creo está representada en la sala.
Brillante intervención. Estoy con usted y, como la mayoría de los aquí presentes, considero que la Comisión se está equivocando. Hoy me gustaría llamar su atención sobre un asunto muy concreto y crucial para el futuro de nuestros territorios de ultramar, integrados en las regiones ultraperiféricas: la perennidad del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Tras este acrónimo, quizá árido, hay un mecanismo esencial para mantener la agricultura en las regiones ultraperiféricas francesas. La fusión de la Política de Cohesión, de la PAC y de la Política Pesquera Común en un único instrumento financiero pondría en entredicho más de cuarenta años de política diferenciada basada en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Se nos habla de unificación y simplificación, pero tras esa jerga se esconde un enorme riesgo: diluir el POSEI en dispositivos muy poco adecuados a las realidades de ultramar y abrir la puerta a una renacionalización que penalizaría a la Política de Cohesión, restándole fondos. Somos contribuyentes netos y pensamos que esta sería una maniobra mediante la cual nuestro país quedaría despojado de parte de sus aportaciones, al tiempo que se le exige contribuir cada vez más al presupuesto de Bruselas.
El POSEI no es un mero instrumento presupuestario: es el reconocimiento concreto por parte de la Unión Europea de la situación única de la agricultura de las regiones francesas de América, del Caribe y del Océano Índico, que sufren dificultades económicas y geográficas particulares. Sin ese apoyo, la agricultura de ultramar no podría sobrevivir. Los agricultores de esos territorios no piden la luna ni subvenciones por confort, sino justicia. El coste del transporte, la escasez de tierras, las condiciones meteorológicas y la competencia desleal de las importaciones hacen que sus condiciones de trabajo sean mucho más difíciles que las de sus homólogos. Desde hace años vengo pidiendo que se adapten las normas.
Si se fundiera el POSEI en un magma indiferenciado, ello supondría el desmantelamiento de las producciones locales, una mayor dependencia de las importaciones y la desaparición de sectores históricos como el plátano, la caña de azúcar o la piña. A través de estos territorios ultramarinos, Francia está presente en cuatro continentes y tres océanos. Son regiones clave, estratégicas, que pueden convertirse en polos económicos de proyección mundial para nuestro país. Y Europa también podría aprovecharlo, pues le permitiría garantizar su presencia en todas las partes del mundo. Si la solidaridad europea existe, no puede quedarse en mera retórica.
Por eso pido que la futura Política de Cohesión refuerce el POSEI en lugar de desmantelarlo. Defender el POSEI es defender la agricultura francesa, la soberanía alimentaria y el saber hacer y los conocimientos locales. Defender el POSEI es dedicar la atención que merecen estos territorios y esta población francesa que, en un mundo cada vez más desestabilizado, garantiza nuestra presencia a nivel internacional. Muchísimas gracias, señora Presidenta.
Por mi parte, me gustaría también agradecer a la señora Vergés su intervención. Los ciudadanos europeos esperan de nosotros un presupuesto europeo sólido para responder a sus expectativas y necesidades. En estos momentos no tenemos ninguna certeza, solo caos. La Comisión Europea propone incluirlo todo en un plan nacional por Estado miembro. Fusionar los fondos de la agricultura y de la cohesión en un único fondo, sin criterios de asignación claros, puede poner a los agricultores en competencia directa con las comunidades locales y quebrar el vínculo entre la Unión Europea y sus regiones.
¿Esta es la Europa que queremos post-2027? El Parlamento Europeo y el Consejo tienen que asumir su responsabilidad de detener este plan y evitar nuevos conflictos institucionales y el caos. Es más, ¿qué vamos a hacer con países como Rumanía, que tienen una tasa de absorción muy baja de fondos europeos? Es un problema que depende, evidentemente, de los gobiernos nacionales, y Europa tendría que ayudar a estos países en dificultades para que puedan acceder mejor y más rápido a los fondos, con menos burocracia y sin concentrar tanto poder en manos de la Comisión. Solo así podremos acercar la Unión Europea a sus ciudadanos.
Gracias. Señora Karvašová, gracias; y gracias a nuestros invitados, la señora Manzano Silva y Pervenche Berès, por estar hoy aquí con nosotros. Como han dicho, el momento no podía ser más adecuado. No es casualidad que celebremos este debate en la Comisión REGI. Hemos planificado con mucho cuidado este debate porque sabíamos perfectamente que estaríamos inmersos en las discusiones sobre el futuro de la política de cohesión.
Queríamos un resultado mejor cuando la Comisión presentó su propuesta en julio. Pensaba que el debate iba a ser más positivo, más constructivo, pero por desgracia no ha sido así. Ayer hubo una reacción de la Comisión Europea ante las preocupaciones del Parlamento Europeo, sobre todo en relación con estos planes nacionales y regionales de asociación que afectan a la política de cohesión y a otras políticas en Europa. Al leer la reacción de la Comisión, pensé que no era más que un cambio meramente cosmético. Sigo creyendo que algo no encaja entre la posición del Parlamento y la de la Comisión.
Dos ejemplos. Hemos pedido que la PAC no quede excluida de esos planes nacionales y regionales, a menos que se sitúe en pie de igualdad con la política de cohesión. También hemos pedido el acceso directo de las regiones y los municipios a los fondos europeos, y lo que se nos ofrece ahora es acceso directo a la Comisión. Ni siquiera es una broma: como si las autoridades regionales y locales no tuvieran ya acceso a la Comisión. Afortunadamente lo tienen, pero eso no es lo que habíamos pedido. Además, solicitamos que el capítulo regional sea una parte obligatoria de esos planes nacionales y regionales, porque no siempre nos fiamos de los gobiernos nacionales; debe ser la Comisión Europea quien proteja a las regiones. Tampoco hemos conseguido este punto.
En resumidas cuentas, quiero decir y prometer que vamos a luchar por estos principios hasta el final. Mi pregunta es: ¿están ustedes de acuerdo en seguir luchando por el acceso directo, por el capítulo regional y por la igualdad de trato entre la política de cohesión y la PAC? Y, si hay algo más que consideren importante como garantía para que las regiones sean tomadas en serio, díganlo. Este es nuestro objetivo: que los actores locales y regionales, que orientan e impulsan la competitividad de Europa, sean tomados en serio. Que esto no quede en papel mojado.
Cristina Guarda tiene la palabra. Intervengo en italiano, a título personal. Gracias también a la señora...
Ahora sí, me paso al italiano. Volviendo al tema que nos ocupa: es evidente que la propuesta de la Comisión no es una reforma técnica, sino un cambio de paradigma. Fusionar la PAC, la política de cohesión y el Fondo Social en un único fondo significa quitar la voz a quienes encarnan la cohesión: las autoridades regionales y locales, que son quienes deben asumir y ejercer esta responsabilidad.
Estamos debatiendo las propuestas presentadas por la Comisión, que son más bien cosméticas; no son enmiendas de fondo y no modifican la propuesta inicial, porque no definen cuántos recursos deberán asignar los gobiernos a las zonas en transición o menos desarrolladas. Tampoco cambia el enfoque de base, el de la nacionalización. Esto se convertiría en una negociación entre Bruselas y las capitales, con mucha flexibilidad y pocas reglas comunes.
Lo digo con la experiencia de haber sido consejera regional: hablamos de un pacto entre Europa y sus territorios. Esa banderita azul con estrellas que vemos en hospitales y en determinadas obras es la prueba fehaciente de que Europa hace algo por sus ciudadanos. Esta propuesta es, por tanto, antieuropea: un error político y estratégico. Corremos el riesgo de consolidar aún más las desigualdades al concentrar los fondos; las zonas rurales y periféricas dejarían de ser una prioridad.
Esto no significa defender el statu quo. Si hay regiones con dificultades para ejecutar los fondos, hay que ayudarlas, no retirárselos. Para ello necesitamos más transparencia. No reduzcamos el gasto, por favor.
Formulo cuatro preguntas. Primera, de carácter técnico: ¿cómo alcanzar el justo equilibrio entre el modelo de gasto actual y otro basado en los resultados? Segunda, de cariz político, para Pervenche Berès: usted ha dicho que las decisiones sobre el futuro de la política de cohesión definirán el tipo de solidaridad que quiere la Unión Europea. ¿Qué piensa, por tanto, de esta propuesta? Tercera, sobre las regiones: me preocupa que se ignore a las regiones en transición y menos desarrolladas. No nos satisface la modificación propuesta por la Comisión; parece ignorar que estas regiones necesitan más cohesión para ponerse a la par de aquellas con un PIB más elevado. ¿Cómo debemos actuar? ¿Dar un puñetazo en la mesa? ¿Luchar de verdad para que se restituyan estos fondos? Por último, las pymes: soy una pequeña agricultora y competir con las grandes explotaciones es difícil; lo vivo en primera persona. Dialogando con el mundo local y con los artesanos de las zonas rurales, considero inaceptable que se elimine el único instrumento a disposición de las pymes para acceder a financiación directa de la Unión Europea. Totalmente inaceptable.
¿Qué nos aconsejan? Son cuestiones cruciales. ¿Qué podemos hacer para defender todo esto? Señora Funchion, del Grupo The Left.