Parlamento Europeo - JURI – Asuntos Jurídicos - 4 de noviembre de 2025

Gracias a usted. Me gustaría agradecer a todas nuestras invitadas por sus contribuciones tan significativas e interesantes. También un agradecimiento a todos los miembros de esta comisión que han participado en esta audiencia, en esta comparecencia. Pasamos al siguiente punto, que es la rendición de cuentas ante la comisión sobre la reunión plenaria del Observatorio sobre las Infracciones de los Derechos de Propiedad Intelectual de la EUIPO, celebrada del 30 de septiembre al 1 de octubre. Tenemos entre nosotros a Lara Wolters, que representa a Leire Pajín; a Raffaele Stancanelli, y pronto llegará Marcin Sypniewski, si no está ya en la sala. Empezamos con Lara Wolters. Sí, en nombre de Leire Pajín, que presenta sus disculpas porque está de misión fuera de Bélgica. El 30 de septiembre tuvo la oportunidad de participar en la sesión inaugural de la reunión del Observatorio sobre las Infracciones de los Derechos de Propiedad Intelectual en la EUIPO, en Alicante, y aprovechó para conocer las actividades de refuerzo de competencias en PI, así como el fortalecimiento de la aplicación y de las investigaciones en materia de PI contra las mercancías falsificadas. En su intervención ante la sesión plenaria, Leire presentó el trabajo realizado por la Comisión JURI en temas de propiedad intelectual, concretamente la delegación que visitó el puerto de Amberes y el programa con la Comisión para luchar contra la falsificación, que supone un atentado contra el empleo y también contra nuestra seguridad. Asimismo, se mencionaron los derechos de autor y la inteligencia artificial. El centro de conocimientos cuya inauguración está prevista en noviembre en Alicante será una oportunidad para conocer nuevas tecnologías y herramientas para defender la legislación de derechos de autor de la UE. Para concluir, Leire insiste en el compromiso a favor de un sistema de propiedad intelectual más inclusivo y sostenible. La comparecencia de hoy es un buen ejemplo de cómo la diversidad mejora esta labor. Seguiremos cooperando y trabajando con la EUIPO y con su Observatorio. Esta es la intervención que leo en nombre de Leire, que participó en esta misión. Muchísimas gracias por este informe. Tiene la palabra el señor Stancanelli. Adelante. Gracias, señor presidente. Me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones sobre el trabajo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, y los debates del pleno celebrados en Alicante entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre: un par de días de intensa discusión técnica sobre el funcionamiento de las instituciones, su papel institucional y su futuro, en los que participamos como representantes del Parlamento Europeo. La EUIPO es el principal órgano de la Unión a cargo del registro de marcas y diseños a nivel europeo y alberga el Observatorio sobre las Infracciones de los Derechos de Propiedad Intelectual. Este Observatorio es un punto de encuentro entre instituciones, empresas y autoridades de control para prevenir fenómenos como la falsificación y la piratería digital, que representan una amenaza para la competitividad de la economía europea. La propiedad intelectual es uno de los principales motores de nuestra economía. Las empresas que cuentan con patentes o marcas registradas obtienen, de media, un 25% más de ingresos que aquellas que no disponen de estos activos. La falsificación genera un coste enorme: se calcula que la Unión Europea pierde miles de millones de euros y cientos de miles de puestos de trabajo debido a las mercancías falsificadas. En Italia, esto afecta a sectores estratégicos como la moda, el agroalimentario, el diseño y la mecánica de precisión, y supone además un atentado contra la calidad. En esta reunión plenaria del Observatorio se subrayó la necesidad de reforzar la capacidad interinstitucional y la cooperación internacional en estos temas. La lucha contra las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual no se puede afrontar desde una perspectiva exclusivamente nacional; exige un enfoque coordinado a escala europea e internacional, con intercambio de información, capacitación y recursos adecuados, así como un fortalecimiento de los instrumentos de aplicación.

No solo a nivel nacional, sino aprovechando las sinergias europeas —las aduanas, las fuerzas policiales y todas las agencias de la UE—. Todo esto se ha debatido en esas dos jornadas. Solo mediante esta cooperación podremos preparar instrumentos comunes, digitales y jurídicos para rastrear y atajar la falsificación, su comercio y las plataformas que facilitan su compra en línea. Conviene destacar que, para esta comisión, se trata de un tema de máxima importancia y espero que en el futuro podamos seguir trabajando en él junto con las empresas y los consumidores. Un último punto: hemos hecho hincapié en una novedad que entrará en funcionamiento el próximo mes, el nuevo sistema europeo de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales, que entra en vigor a finales de este año. Este régimen amplía la protección de las denominaciones geográficas, hasta ahora reservada a los productos agroalimentarios, también al sector de la artesanía industrial y las artes tradicionales. El refuerzo de la PI supone proteger la economía real, la creatividad y el empleo en Europa. Europa debe seguir invirtiendo en la cooperación institucional en la lucha contra la falsificación y en el apoyo a las pymes, para que la innovación y el tejido productivo europeo sigan siendo competitivos en el mundo. Mi presencia en Alicante me ha demostrado, una vez más, que la colaboración entre la Comisión JURI del Parlamento Europeo y la EUIPO es fundamental para la economía y la competitividad europeas. Muchísimas gracias, señor Presidente. —Gracias a usted. Y, por último, señor Sypniewski. El resumen del señor Stancanelli ha sido excelente. No sé si podré añadir gran cosa, pero lo intentaré. La EUIPO nos sirve como una red fundamental para reunir a expertos y partes interesadas de ambos sectores, público y privado. Durante estas dos jornadas del Observatorio se nos presentó una panorámica de sus actividades con una perspectiva orientada al futuro, así como su programa de trabajo para el próximo año. La Oficina destacó la lucha actual contra el abuso de los derechos de propiedad intelectual como un desafío auténtico, especialmente en el entorno digital. El foco, durante el plenario, se centró en la propiedad intelectual en el mundo digital. Se abordaron temas como la DSA, la Ley de Servicios Digitales, y la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Los expertos presentaron las últimas novedades, cubriendo diversos aspectos de la legislación digital y la jurisprudencia más reciente del Tribunal. Asimismo, las campañas de sensibilización y educación siguen siendo pilares fundamentales del trabajo de la EUIPO. Además, se nos informó de los planes para lanzar, a finales de este año, el Centro de Conocimiento de Derechos de Autor de la EUIPO, un nuevo polo europeo de referencia para todo lo relativo a los derechos de autor y su protección. También, como ha señalado el señor Stancanelli, la EUIPO abordó la protección de las denominaciones geográficas para los productos artesanales e industriales, una nueva actividad para la Oficina. En la última sesión de Estrasburgo hubo, de hecho, una exposición que evidenció que estas artesanías estarán protegidas mediante dicha denominación. Muy interesante. Después de esta sesión plenaria y de todos los debates con el director ejecutivo y el director adjunto de la EUIPO, podemos decir que realmente ha sido una experiencia muy provechosa para nuestra comisión.

Muy interesante. Está muy bien gobernada y orientada en todas estas actividades. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al punto 15, relativo al informe sobre la adecuación, subsidiariedad y proporcionalidad, “Legislar mejor”, informe 2023‑2024. Tiene la palabra el ponente, Jörgen Warborn. Gracias, presidente. En el corazón del proyecto europeo hay un principio muy sencillo: la Unión debe actuar única y exclusivamente donde sea estrictamente necesario. Esta es la esencia del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. No son conceptos jurídicos abstractos; se trata de confianza: la confianza de que la UE respetará las competencias nacionales; la confianza de que solo se legislará donde se aporte un valor añadido; y la confianza de que, cuando la Unión actúe, lo hará de forma eficaz, proporcionada y con un objetivo común. Sin embargo, con demasiada frecuencia esa confianza se pone a prueba. Las empresas y la ciudadanía europeas están sepultadas bajo papeleo y normas excesivas. Hablamos de “legislar mejor”, pero para muchas pequeñas y medianas empresas —las pymes— la realidad es legislar más. Uno de los problemas que afrontamos es que el crecimiento de Europa se queda rezagado respecto a otras regiones que atraen innovación e inversiones y avanzan con mayor rapidez. En este momento nuestro PIB se reduce mientras que el de otras regiones aumenta. Los informes Draghi y Letta nos trasladan el mismo mensaje: Europa debe ponerse las pilas en materia de competitividad. No se puede crear prosperidad si cada nueva norma supone una carga. No podemos esperar que las empresas florezcan si dedican su tiempo a rellenar formularios en lugar de crear el futuro. Por ello, el Parlamento debe lanzar una señal clara: legislar mejor no es optativo, es esencial. Permítanme mencionar algunos puntos principales de mi informe. En primer lugar, la subsidiariedad debe respetarse en la práctica, no solo en la teoría. Los parlamentos nacionales son los custodios naturales de este principio. Su fiscalización, a través de los mecanismos de alerta y del diálogo político con la Comisión, refuerza la rendición de cuentas, la responsabilidad democrática y mantiene el Derecho anclado en la realidad. En segundo lugar, la proporcionalidad debe ser el principio rector de toda propuesta. Cada norma debe ponerse a prueba y preguntarse: ¿es realmente necesaria y a qué precio? Esto implica que todas las iniciativas importantes vayan acompañadas de un análisis de coste‑beneficio y, especialmente en lo relativo a la competitividad, de una evaluación de impacto antes de la adopción, así como de una evaluación adecuada tras su aplicación práctica. Además, cuando el Comité de Control Reglamentario emita un dictamen, se debe informar oportunamente al Parlamento para que podamos decidir si se debe avanzar con la propuesta o rechazarla. En tercer lugar, acogemos el compromiso de la Comisión de reducir en un 25 % las obligaciones de presentación de informes. Sin embargo, seamos sinceros: no basta. Esas obligaciones representan solo una parte de la carga para las empresas. La carga administrativa, los costes de ejecución y los costes de cumplimiento pesan también, y mucho. Por esta razón debemos apuntar más alto: necesitamos una reducción del 30 % en todos los costes normativos y del 35 % especialmente para las pymes y para las empresas “scale‑up”. Debemos reconocer, además, que las obligaciones de información imponen a menudo costes significativos, en particular a las pymes. Si dichas obligaciones sirven al interés público, deben tratarse como un servicio al interés general.

Instamos a la Comisión a que explore formas de compensar financieramente a las empresas por los informes que deben presentar obligatoriamente y a que presente un informe sobre qué tipos de obligaciones podrían quedar cubiertas por este apoyo. Por último, debemos avanzar del enfoque “uno dentro, uno fuera” al “uno dentro, dos fuera”. Es decir, cualquier nuevo coste que se imponga a las empresas debe compensarse con un ahorro doble en otra parte. Solo así podremos lograr una reducción adecuada de la carga normativa y no mantener la situación tal cual. La competitividad de Europa está en juego y es fruto de las decisiones que tomamos. Estoy seguro de que podemos tomar decisiones mejores y confío en que mis colegas me ayuden a mejorar este informe para legislar mejor en aras de la competitividad y la prosperidad de toda Europa. Muchas gracias. Pasamos inmediatamente a los ponentes en la sombra. Tiene la palabra la señora Lara Wolters, S&D. Gracias. Hablo en nombre de Tiemo Wölken, que es el ponente en la sombra. Le interesa mucho este expediente y, efectivamente, depende de cómo se mire: aquí, me parece, S&D y EPP lo ven de forma muy diferente. Sea como sea, Tiemo no ha podido estar hoy aquí. En primer lugar, como S&D queremos dejar claro que “legislar mejor” no puede significar no legislar. Tampoco significa desregular. Estamos aquí para velar por que nuestras políticas sean coherentes y que los costes de aplicación se compensen con objetivos públicos legítimos. El informe es oportuno y permite hacer balance del equilibrio alcanzado. Desgraciadamente, la propuesta de informe se centra de forma muy estrecha en la subsidiariedad y no logra el equilibrio adecuado. Sostiene que el enfoque “uno dentro, uno fuera” es insuficiente sin explicar por qué y alega falsamente que la legislación no se revisa ni se evalúa antes de su ejecución. La realidad es otra. La Comisión está bloqueando la ejecución de algunas legislaciones y retirando propuestas cuando las negociaciones no se completan. No se trata de una falta de evaluación posterior, sino de que la propia ejecución se ve cuestionada y, en ocasiones, la reapertura llega incluso tras la revisión y la ejecución. Esto se aleja de las normas fijadas en las Directrices de “Legislar mejor”, según las cuales las políticas basadas en pruebas no deben ser la excepción, sino la norma, especialmente frente a iniciativas ómnibus que corren el riesgo de soslayar las consultas públicas y el escrutinio parlamentario. Es más, a la Comisión le cuesta cada vez más cumplir sus propias obligaciones en el marco de las Directrices y del Acuerdo Interinstitucional sobre “Legislar mejor”, que exigen que todas las iniciativas legislativas con impacto vayan acompañadas de una evaluación de impacto. Según datos del Parlamento, desde el comienzo del actual mandato de la Comisión se han presentado 80 propuestas legislativas, de las cuales solo 18 fueron acompañadas de una evaluación de impacto; 62 carecían de ella. En 25 casos se publicaron documentos de trabajo semanas después de la presentación de la propuesta y, además, hay otras propuestas, diez de ellas relacionadas con el MFP, que tampoco cuentan con evaluación. Esto no es “legislar mejor”, es lo contrario: pone en entredicho la transparencia, la rendición de cuentas y la legislación basada en pruebas a lo largo de todo el proceso. El informe supone una oportunidad perdida para que esta Cámara reafirme su responsabilidad en materia de “legislar mejor” y lo convierte en algo opcional en lugar de obligatorio. Tiemo intentará que el informe gane en ambición, en colaboración con el ponente y los demás ponentes en la sombra. Eso es todo. Gracias. Tiene la palabra el señor Diepeveen.

Muchas gracias. Empezaré dando las gracias al señor Warborn, que ha hecho un excelente trabajo, y expresando también mi acuerdo con buena parte de lo que ha dicho la señora Wolters. No pasa siempre, pero esta tarde sí. Es cierto que hacen falta innovación, inversiones, crear empleo y crear industria, y tenemos que insistir en todo ello; para lograrlo, hay que reducir la burocracia, el papeleo, las normas. Eso está claro. En el punto 14 del informe, citado también por otro orador, se habla de los servicios de interés general. Me parece fundamental, señora Wolters, efectivamente. La situación quizá no es exactamente la que usted plantea, y lo que quería preguntar al ponente es cómo ve él la cuestión de los servicios de interés general. Se habla de introducir situaciones específicas para las compensaciones o las obligaciones de información. ¿A qué se refiere? Denos más detalles. ¿Está hablando de los informes de clima y sostenibilidad u otros? Creo que queda muchísimo trabajo pendiente. La base es buena como punto de partida, pero quedan muchos debates por delante y mucho trabajo también. Gracias. Gracias, señor Diepeveen. El señor Mario Mantovani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al ponente por lo que acabamos de oír. Además, estamos de acuerdo con la mayor parte del contenido. Me gustaría añadir algo a lo ya expuesto. Según los últimos datos de que disponemos, en 2022 la Comisión, entre reglamentos y directivas, aprobó 2.000 actos de ejecución, más allá de las veinte y pico directivas y reglamentos. Esta es la situación con la que legislamos: por cada acto legislativo que se aprueba en el Parlamento, la Comisión elabora 30 actos vinculantes. Muchos parlamentos nacionales lamentan verse excluidos del control preventivo de estos actos, sobre todo en relación con la proporcionalidad, un principio que es fácil de vulnerar en un acto ejecutivo, especialmente en cuestiones técnicas. Por ello, le digo al ponente que estamos ante un tema que se debe incluir en el informe, también porque el cálculo de la compensación del mecanismo “uno dentro, uno fuera” se concentra en los actos legislativos de base y no en los costes de ejecución, que no son objeto de una evaluación autónoma “uno dentro, uno fuera”. En todo caso, muchísimas gracias. Señor Žalimas. Gracias, señor presidente. Lo primero que quiero es agradecer al ponente todo su trabajo. Este proyecto de informe es muy importante, y lo apoyo porque buena parte de nuestras prioridades de grupo ya están reflejadas en el texto. Quiero, no obstante, subrayar algunas cuestiones que considero esenciales. Primero, velar por que se utilicen buenas técnicas legislativas, un lenguaje jurídico claro y accesible y coherencia en el conjunto de la legislación europea, para evitar contradicciones, un aumento de la complejidad o dificultar la aplicación efectiva. Segundo, los objetivos de reducción de la carga burocrática de la Comisión en su Programa de Trabajo 2025 y el paquete ómnibus representan un paso importante hacia legislar mejor, legislar de manera más inteligente —smarter regulation—. Pero debe aplicárseles el criterio de ser solo un primer paso, contrastarlos con la realidad y que nunca socaven los objetivos de política. Una evaluación sistemática de la legislación tiene que partir de datos reales, como legislar mejor y...