Creo que Carmen. Carmen. Vamos empezando, porque tenemos una mañana atareada. Buenos días. Quiero comenzar esta sesión de la Comisión felicitando a nuestro letrado, no solo por su reincorporación, sino por su feliz doble paternidad. Así que ya tiene familia numerosa y está muy concienciado con los trabajos de esta comisión, porque sabe al mundo al que se van a enfrentar sus tres hijos.
Y dicho esto, se abre la sesión y pasamos al orden del día, que incluye el debate y votación de las proposiciones no de ley. Se recuerda a sus señorías que los tiempos de intervención serán de cinco minutos para la presentación de las iniciativas, tres minutos para la defensa de las enmiendas en orden de presentación de estas, y tres minutos para la fijación de posición en orden de menor a mayor.
Pasamos a la primera proposición no de ley sobre las bebidas energéticas, autor el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la iniciativa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Ribés.
Gracias, señor presidente. Permítanme que comience mi intervención con un ejemplo que hace escasamente unos días tuve la ocasión de presenciar. En una cadena de supermercados que ahora dispone de un espacio para poder degustar platos precocinados y bebidas, cada vez es más frecuente ver grupos de preadolescentes, alumnos de primero o segundo de la ESO, haciendo uso de estos espacios. En concreto, el pasado viernes había un grupo de diez jóvenes merendando; tenían pizzas y otra serie de snacks. De ese grupo de diez chavales y chavalas, pude contar cinco bebidas energéticas de varios sabores diferentes y con envases a cual más llamativo. Otro tomaba bebida isotónica, tres refrescos de cola y tan solo un botellín de agua.
Eran las ocho de la tarde y cinco de aquellos jóvenes estaban consumiendo bebidas con una aportación de cafeína similar a la de dos cafés expresos. Lamentablemente, este hecho no es algo puntual. Seguro que ustedes acuden a este tipo de supermercados y les pido que, cuando vean grupos de jóvenes cenando, se fijen y piensen si ustedes pondrían a sus hijos de 12 años dos cafés tres o cuatro horas antes de intentar mandarlos a la cama.
La preocupación por los efectos adversos de las bebidas conocidas como energéticas viene de lejos. Ya en el año 2014 se introdujo un módulo sobre bebidas energéticas en la encuesta ESTUDES, datos que han permitido comenzar a analizar los hábitos de consumo de estas bebidas, haciendo especial hincapié en su consumo mezclado con alcohol. En estos años hemos sido testigos de un aumento alarmante en el consumo de estos productos, principalmente entre jóvenes y adolescentes. En la serie histórica de 2014, un 40,4% de nuestros jóvenes entre 14 y 18 años reconocían haber consumido estas bebidas en los últimos 30 días; los datos han estado siempre por encima del 40%, llegando a un máximo del 47,7% en 2023. Por primera vez, en 2025, los datos...
Presentan una leve mejoría, un 38,4%, que sigue siendo muy elevado si lo comparamos con el consumo de estas bebidas en otras franjas de edad. El comportamiento ha sido similar si analizamos el consumo de las bebidas energéticas mezcladas con alcohol. Comenzamos con un 14,3% en 2014, alcanzando el máximo del 19,5% en 2023 y nuevamente una leve mejoría en 2025 con un 15,2%. Estos datos muestran, además, una mayor incidencia entre los chicos que entre las chicas en forma general.
En paralelo, cada vez son más los estudios e informes científicos que concluyen sobre los posibles efectos adversos que el consumo mantenido de estos productos puede tener en la salud de nuestros jóvenes y adolescentes. Muchos de los ingredientes de la amplia y diversa oferta de bebidas energéticas pueden contribuir a la aparición de problemas cardiovasculares, hematológicos, neurológicos, psicocomportamentales, hipertensión, pérdida de masa ósea, alteración del sistema nervioso central, obesidad y efectos secundarios como palpitaciones, insomnio o náuseas. Lamentablemente, tampoco es difícil encontrar noticias sobre jóvenes que acaban en el hospital tras el consumo de estas bebidas, casi siempre mezcladas con otras sustancias, con las que se potencian mutuamente sus efectos. Aunque también es cierto que en algunos casos disfrazan la percepción de los efectos; por ejemplo, la ingesta de cafeína disminuye la percepción de una borrachera por ingesta de alcohol, con el riesgo que esto conlleva.
En febrero de 2025, en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una iniciativa que fue aprobada con las aportaciones del Partido Popular, al objeto de regular las bebidas energéticas, en línea con lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno, promoviendo así la homogeneización entre las legislaciones autonómicas que ya han sido aprobadas en algunas comunidades como Galicia o Asturias. No obstante, y en la línea de lo que hasta ahora se ha desarrollado tanto desde el Ministerio de Consumo como desde el Ministerio de Sanidad, consideramos interesante reforzar las actuaciones llevadas a cabo a través de campañas educativas, divulgativas y de sensibilización sobre el consumo responsable de estas bebidas, con el objetivo de aumentar el conocimiento tanto entre padres como entre nuestros jóvenes de los posibles efectos adversos, sobre todo combinadas con alcohol u otros productos.
Cualquier actuación necesaria debe ser evaluada y, posiblemente, la ligera mejora de los datos en 2025 sea en parte consecuencia de las medidas puestas en marcha, las recomendaciones de consumo de bebidas energéticas publicadas por el Ministerio de Consumo, las notas monográficas publicadas por el Ministerio de Sanidad y, por supuesto, el seguimiento y el análisis de los datos vitales. Estos datos son fundamentales y deben consolidarse y ampliarse su estudio por franjas de edad y sectores poblacionales con distintos determinantes sociales. En una sociedad cada vez más mediatizada, tanto con la publicidad tradicional como a través de redes sociales, hay que actuar de manera coherente para desvincular el uso de estas bebidas del alcohol y otras sustancias.
En esos términos y con la misma voluntad de acuerdo alcanzada en la Comisión de Consumo, traemos a esta Comisión esta proposición no de ley. Gracias, señor presidente.
A continuación, en defensa de la enmienda presentada, por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra la señora San Martín. Perdón, presidente, gracias. ¿Me puede recordar el tiempo? Es la defensa de la enmienda y después tengo el turno de... No, es el único turno, ¿verdad? Sí, era solamente comprobarlo, gracias.
Bien. Como bien sabemos, una bebida energética no es como muchos piensan un simple refresco de factura moderna. Es una mezcla de altas dosis de cafeína y azúcar, también contiene taurina, vitaminas y otros estimulantes, diseñada para proporcionar energía instantánea y aumentar la resistencia física y mental. Pero detrás de esa promesa atractiva se esconden riesgos serios para la salud, especialmente cuando quien las consume es un menor. La cafeína y la taurina, principales componentes de estas bebidas, actúan sobre el sistema nervioso central, afectando fundamentalmente al sueño, la concentración y el aprendizaje. Numerosos estudios y expertos advierten que su consumo frecuente puede derivar en problemas de irritabilidad, ansiedad y trastornos del comportamiento.
Existen otros riesgos físicos, ya que la cafeína eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca; incluso se han dado casos de patologías cardiovasculares tras el consumo de estas bebidas. La taurina también afecta al flujo sanguíneo renal, provocando problemas renales y digestivos, además de contribuir a la obesidad. La cafeína es, en sí misma, una sustancia adictiva. Estos productos alteran el circuito de recompensa natural, siendo más propensos a generar adicción, y los niños y adolescentes son más susceptibles debido a la inmadurez de algunas de sus estructuras cerebrales. Si nos llama la atención ver a un niño de diez años consumiendo una taza de café solo, resulta bastante habitual e incluso permisible verle con una lata de estas bebidas.
Su retirada repentina genera síntomas de abstinencia, como fatiga, irritabilidad y cambios de humor, por lo que el componente adictivo no debe desdeñarse. Su consumo, como bien se ha dicho, sigue aumentando y muchas veces está asociado al de alcohol. En otras palabras, hablamos de un producto que altera el desarrollo, la salud y el bienestar emocional de nuestros jóvenes, y lo más alarmante es que su consumo no deja de aumentar. A nuestro juicio, no es una opción proteger la salud de los menores que están expuestos a estos riesgos, sino una obligación moral y política.
Los gobiernos autonómicos están trabajando y dando pasos desde las diversas consejerías para educar en hábitos saludables. Algunas comunidades autónomas han dado el paso hacia la prohibición del consumo y la venta de estas bebidas energéticas, como es el caso de Galicia y Asturias, y otras como La Rioja tienen previsto abordarlo próximamente. Si bien es cierto que esta regulación es competencia de las autonomías, no es menos cierto que seguimos a la espera de que se apruebe por el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en personas menores de edad, que ha sufrido ya 21 prórrogas en su tramitación. Esperamos que se pueda debatir cuanto antes.
Entretanto, acogemos con interés esta proposición no de ley, aunque consideramos que se queda algo escasa en su intención. Con el propósito de mejorarla con una acción más decidida, hemos presentado una enmienda en la que añadimos dos puntos: promover dentro de los planes educativos la información suficiente y adecuada sobre los riesgos del consumo excesivo de bebidas energéticas, de acuerdo con los diferentes niveles académicos, y realizar un análisis de la legislación actual, ya que estas bebidas están enmarcadas dentro de las bebidas refrescantes. Entendemos que debe haber una propuesta de introducción de una categoría diferenciada para estas bebidas energéticas, que están causando tantos problemas de salud, sobre todo entre los menores.
Además, entendemos que la proposición no de ley incide en los programas de educación, pero proponemos ir un paso más allá y analizar claramente el estado actual de la promoción comercial y la publicidad, así como incluir nuevas líneas de análisis de los datos de consumo, no solo revisarlos, sino incluirlos con el objeto de conocer tanto la cantidad como la frecuencia del consumo de este tipo de bebidas. De esta forma, esperamos que esta proposición no de ley dé algún paso más decidido en la prevención que todos compartimos.
Muchas gracias. No veo a la señora Edo del Grupo Parlamentario Vasco, por lo tanto, le daré la palabra al señor Cofiño, por parte del Grupo Plurinacional Sumar e Izquierda Confederal.
Buenos días, señorías. Esa iniciativa se enmarca en una línea de trabajo que consigue trasladar al plano institucional una preocupación que ya existe en la sociedad y donde hay un consenso científico. El Reglamento 1169 de la Unión Europea sobre etiquetado e información alimentaria estipulaba que estos productos debían alertar de su alto contenido en cafeína, no recomendándolos para niños ni para mujeres embarazadas.
Inicialmente, este esfuerzo regulatorio se centraba en poblaciones vulnerables, como la infancia y las mujeres embarazadas, pero actualmente hemos transitado hacia una protección mayor, considerando que no solo hay personas vulnerables a estas bebidas, sino que estas son, por naturaleza, potencialmente peligrosas. Es a las autoridades a las que les corresponde gestionar con prudencia esta situación.
El propio nombre de "bebidas energéticas" es complejo; realmente no son bebidas energéticas, son bebidas estimulantes que no aportan energía ni revitalizan al organismo. Esto es importante para ser precisos en cuanto a la definición de lo que estamos trabajando. Ya hay intentos significativos de instituciones y administraciones en el ámbito europeo en cuanto a la regulación. Hay países como Noruega, Reino Unido, Polonia, Lituania, Finlandia o Suecia que ya tienen elementos de protección y de restricción en poblaciones menores de edad.
Se han mencionado diferentes comunidades autónomas que ya están con un proceso regulatorio. En mi comunidad autónoma, Asturias, el Gobierno aprobó en octubre de 2025 una ley que actualmente está en tramitación en la Junta General del Principado de Asturias, con algunas medidas como la limitación de venta, suministro y consumo en menores de 16 años. Es importante abundar en lo que se presenta en la proposición de ley hoy. Se han mencionado diferentes estudios sobre la importancia de elaborar estrategias de educación y sensibilización, diferenciando los aspectos de protección y prevención.
Con un elemento clave que también se mencionaba en algunas intervenciones, que era el riesgo del consumo de estas bebidas.
...con alcohol, lo que puede suponer una puerta de entrada al consumo de alcohol de forma temprana. Se ha insistido también en la importancia de una ley en tramitación que es prioritaria, relacionada con la prevención del acceso de alcohol a menores. Aprobaremos la proposición no de ley en los términos que se han presentado. Muchas gracias, señor Cofiño.
Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz. Muchísimas gracias, presidente. De nuevo, el Partido Socialista, un partido que está en un gobierno que banaliza el consumo y pide la legalización de la marihuana. El partido que permite hormonarse a los menores sin informar sobre sus efectos secundarios. El partido que apoya utilizar el aborto como método anticonceptivo sin informar de sus consecuencias, pretende hacernos creer que quieren proteger a los menores de la bebida energética. Señoría, sus gestiones en adicciones son una auténtica farsa, una burla, porque tienen 17 regulaciones en el consumo de bebidas y ahora se dan cuenta de que no tienen una regulación centralizada, como en toda su política. Por supuesto que es necesario legislar, pero no pueden venir aquí a hacer perder el tiempo y el dinero de todos los españoles con una iniciativa que ya presentaron en octubre de 2024, una PNL del Partido Socialista similar. Esto indica, tal como he denunciado en numerosas ocasiones, que las PNL que se aprueban en este Congreso caen en saco roto, son papel mojado. Ustedes no hacen nada que no sea a través de un real decreto o por un chantaje de sus socios, los separatistas, los proetarras, etcétera. Por lo tanto, si es tan importante proteger a los jóvenes, realicen cambios legislativos para informar sobre el consumo de bebidas energéticas, háganlo, pero no vengan aquí a hacernos perder el tiempo y el dinero de los españoles. Gracias.
Muchas gracias, señor Alcaraz. Finalmente, y a efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora Ribes. Gracias, señor presidente. Estamos trabajando en una transaccional. Muchas gracias, señora Ribes.
Pasamos al segundo punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a la reinserción social de personas que han superado una adicción a las drogas. El autor es el Grupo Parlamentario VOX. Para la defensa de la iniciativa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Fernández Ríos. Gracias. El consumo de sustancias psicoactivas ha constituido y sigue constituyendo hoy en día una de las problemáticas de salud pública más importantes en nuestro país. A pesar de las fluctuaciones que dicho consumo ha experimentado en los últimos 30 años, marcadas predominantemente por cambios en las sustancias utilizadas y en la percepción social del riesgo, la realidad es que, según la propia Encuesta Edades del año 2024, se sigue poniendo de relevancia que la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas ha experimentado un crecimiento notorio. Sus consecuencias, no solo sanitarias, sino también sociales y económicas, siguen siendo a día de hoy profundas y persistentes.
Esta realidad exige una respuesta por parte de las administraciones públicas que debe ir más allá de la atención puntual a esta adicción y articularse como una política integral de prevención, tratamiento y reinserción. En este contexto, resulta imprescindible subrayar la importancia de las políticas públicas orientadas no solo al tratamiento de las personas con drogodependencia, sino también a garantizar su plena reinserción social y laboral. Superar una adicción es sin duda un logro muy importante, pero no puede entenderse como el punto final del proceso de recuperación. Por el contrario, debe considerarse el inicio de una nueva etapa, en la que la persona necesita apoyo, acompañamiento y oportunidades reales para reconstruir su proyecto de vida y reincorporarse plenamente a la sociedad.
La experiencia demuestra que la falta de políticas de integración adecuadas limita considerablemente las posibilidades de éxito a largo plazo. Muchas personas que han logrado abandonar el consumo se enfrentan posteriormente a graves dificultades para redefinir su identidad social y recuperar su autoestima. No debemos olvidar que el estigma asociado a la drogodependencia, unido a los errores cometidos durante la etapa adictiva, como la ruptura de vínculos familiares, la pérdida del empleo o, en algunos casos, los antecedentes penales, genera barreras que dificultan la normalización de una vida cotidiana. Estas circunstancias pueden derivar en sentimientos de exclusión, frustración y desvalorización personal, que terminan incrementando el riesgo de una posible recaída. Por ello...
El acompañamiento psicológico y emocional resulta un elemento esencial dentro de cualquier estrategia de reinserción. No basta con atender los aspectos clínicos de la dependencia; es necesario ofrecer espacios terapéuticos que permitan trabajar la gestión emocional, la reconstrucción de la autoestima y el desarrollo de habilidades personales y sociales. La ausencia, insisto, de un entorno de apoyo sólido, tanto institucional como comunitario, puede conducir a situaciones de vulnerabilidad que favorecen la reincidencia en el consumo, frustrando los esfuerzos realizados durante el proceso de tratamiento.
La resocialización efectiva de las personas con drogodependencia requiere, por tanto, un enfoque completo e integral. Este enfoque debe contemplar no solo el abandono de la sustancia, sino también una transformación profunda de la actitud y del posicionamiento de la persona frente a su propia vida, sus responsabilidades y su relación con el entorno. La recuperación implica un proceso de cambio personal que necesita ser acompañado con recursos adecuados, estables y coordinados. En este sentido, desde nuestro grupo, desde VOX, presentamos esta proposición porque consideramos que es responsabilidad de los poderes públicos poner a disposición de estas personas los medios necesarios para su autorrealización y su integración plena en la sociedad.
Entre las medidas prioritarias que solicitamos, destaca el refuerzo del personal sanitario especializado, sobre todo en el ámbito de salud mental. También resulta fundamental ampliar y fortalecer los programas de capacitación laboral y educativa dirigidos a personas en proceso de reinserción, en este caso, la formación profesional, la actualización de competencias y el acompañamiento en la búsqueda de empleo, que seguramente reforzarán esa autoestima de la que estamos hablando. Por último, la atención sanitaria especializada no debe interrumpirse una vez que la persona se ha incorporado a la vida social y laboral, ya que el seguimiento continuado, incluso después de la fase más intensiva del tratamiento, es clave para consolidar los logros alcanzados y detectar de forma temprana posibles situaciones de riesgo.
Por todos estos motivos, solicitamos el voto a favor de esta comisión, ya que el consumo de sustancias psicoactivas sigue representando un desafío de primer orden para la salud pública en nuestro país, y afrontarlo de manera eficaz exige este tipo de políticas públicas integrales que aborden tanto el tratamiento como la reinserción social de las personas con drogodependencia. Solo a través de este enfoque completo, basado en el acompañamiento, la integración y la provisión de oportunidades reales, será posible avanzar hacia una sociedad más justa y saludable.
Muchas gracias, señor Fernández Ríos. En defensa de la enmienda presentada y por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Torres. Gracias, presidente. Señorías, una tarea esencial que toda sociedad madura y responsable debe asumir consiste en garantizar la reinserción social y laboral de quienes han superado una adicción. No basta con tratar la drogodependencia. ¿Y por qué? Porque una persona que deja atrás una adicción no ha terminado simplemente con un problema de salud; ha emprendido un camino de reconstrucción vital, familiar y laboral. Si no acompañamos ese proceso hasta que esa persona disfrute de una vida plena, con dignidad y oportunidades reales, estaremos condenándola a la marginalidad, a la exclusión y, en demasiados casos, a la recaída.
Desde el Partido Popular creemos firmemente que la política pública debe ser integral, humana y práctica. Tratamiento clínico, sí, pero también programas de formación, incentivos a la contratación, apoyo psicológico continuado y medidas que permitan a esas personas integrarse en el mercado laboral y en la comunidad como ciudadanos útiles y valorados. Porque solo una política que combina atención, formación, empleo y apoyo social puede romper el círculo de la dependencia y de la exclusión. Y lo tenemos claro: integrar a estas personas no es un gasto, es una inversión social. Cuando una persona se incorpora al empleo, se reduce la dependencia de servicios sociales, se fortalece la cohesión familiar, se pagan impuestos y se potencia el crecimiento económico local.
Veamos ejemplos concretos. En Andalucía, bajo el gobierno del Partido Popular, se ha consolidado una red pública de atención a las adicciones muy amplia, con atención sanitaria y social integrada. Además, existen programas específicos, como el programa Arquímedes, que facilita subvenciones para la contratación laboral de personas en proceso de incorporación social tras una adicción, fomentando su acceso al empleo y su estabilidad a través de contratos temporales o indefinidos que dan dignidad y proyección a sus vidas. Este tipo de enfoques van más allá de la simple asistencia sanitaria; buscan la normalización social y la participación activa en la vida económica.
Por el contrario, a nivel nacional, aunque el Plan Nacional de Drogas contempla principios de reinserción y apoyo a la empleabilidad como parte de sus ejes de actuación, la realidad es...
La ejecución de esos programas, su financiación y su coordinación efectiva con las autonomías es a menudo más lenta y menos ambiciosa de lo que exige la situación actual. El Gobierno central debe intensificar los recursos, mejorar la coordinación con las comunidades autónomas y poner en marcha medidas que incentiven de verdad la contratación y la integración real de estas personas en la sociedad. Ver a uno de tus mejores amigos en su peor versión, devorado por las drogas, con su familia destrozada buscándolo de madrugada, temiendo lo peor, y comprobar cómo el esfuerzo de todos consigue devolverte a tu amigo recuperado, como era él, con su pareja, con su trabajo, feliz, ha de ser el objetivo que buscamos todos los miembros de esta comisión: política real, de la de verdad.
Por eso hemos añadido una enmienda a esta proposición no de ley que esperamos que se acepte para exigir al Gobierno apoyo económico, presupuesto, dinero que haga posible que los sueños de quienes han visto su vida truncada por las drogas puedan hacerse realidad. Como en Andalucía, bajo la gestión del PP, hemos visto cómo programas específicos se traducen en contratos reales. El Gobierno de España es el responsable del marco nacional que necesita mayor impulso, recursos y coordinación para que esas políticas lleguen de forma efectiva allí donde se necesita. Porque la verdadera recuperación no termina en la clínica, termina cuando una persona puede volver a ser la protagonista de su vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Torres. En turno de fijación de posiciones, interviene la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, la señora Aedo. A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Sumar e Izquierda Confederal, señora Delgado.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Con esta moción, Vox, y antes que nada quiero decir una cosa, porque en la moción anterior se ha dicho una falacia respecto a que el Gobierno permite hormonar menores; eso es absolutamente falso, sencillamente porque, si no, se le mataría. Aunque a lo mejor sí que prefieren que pase como ECAI, que se terminó suicidando porque no le dieron ese tratamiento. A lo mejor es que nos prefieren ustedes muertas, ¿verdad? Pues no lo van a conseguir.
Nos traen esta cuestión de reinserción social de personas que han superado una adicción. Esto es un asunto serio y por eso exige rigor: políticas públicas basadas en evidencia y, sobre todo, en conocimiento del trabajo que ya se está desarrollando en este país, señorías de Vox. El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones registró más de 72.000 admisiones a tratamiento en 2022 y más de 424.000 entre 2017 y 2022. Es decir, existe demanda asistencial relevante, sí, pero también hay una red pública activa de tratamiento. Porque ustedes, señorías de Vox, confunden reconocer un problema con ignorar lo que ya se está haciendo para abordarlo, y ahí es donde fallan estrepitosamente.
En materia de empleo, el Gobierno incluye expresamente a las personas drogodependientes en proceso de rehabilitación y reinserción social como colectivo prioritario. A esto se le suma la Ley 3/2023 de Empleo, que identifica a las personas afectadas por drogodependencias como colectivo vulnerable de atención prioritaria, con programas específicos, personalizados y coordinados entre servicios de empleo y servicios sociales. Imagino que ustedes sabrán que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas, que reciben financiación estatal para adaptar programas a la realidad de cada territorio.
Desde el Ministerio de Sanidad, la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 contempla que el tratamiento terapéutico por sí solo es insuficiente y que la integración exige intervenciones en múltiples ámbitos: laboral, personal, relacional, educativo, sanitario, formativo, residencial o familiar. Por eso, señorías de Vox, presentar esta cuestión como si no existieran políticas públicas, recursos, programas o marcos estratégicos, solo indica dos cosas: que ustedes no conocen lo que se está haciendo desde el Gobierno de España o no se quieren enterar, y que no han estudiado bien el ámbito competencial de este asunto antes de traerlo al Congreso. Nuestro voto será no. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Delgado. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Flores.
Gracias, presidente. Señorías, la proposición no de ley que presenta el grupo Vox es sencillamente un ejercicio de hipocresía política, un texto lleno de buenas palabras pero vacío de contenido.
Un mismo real, puesto que atacan diariamente los pilares que permiten abordarlo. Hablan ustedes de reinserción, de acompañamiento y de dignidad, pero niegan sistemáticamente los derechos sociales que hacen posible todo eso y votan en contra del escudo social. No se puede hablar de recuperación cuando se recorta en sanidad pública, cuando se desprecia la salud mental, cuando se criminaliza la pobreza y cuando se convierte la exclusión social en un fallo individual. Su propuesta no es solo innecesaria, es profundamente cínica. Todo lo que enumeran ya forma parte de las políticas públicas de drogas desarrolladas durante décadas, gracias al impulso de los gobiernos progresistas, profesionales del ámbito sociosanitario y entidades sociales. Todo ello está recogido en la Estrategia Nacional sobre Adicciones ENA 2017-2024, que actúa sobre ámbitos laborales, familiares, educativos, sanitarios y comunitarios con perspectiva de género, siendo un colectivo prioritario para el empleo, garantizando itinerarios personalizados y apoyo social, definiendo un modelo común de actuación.
Son las comunidades autónomas las responsables directas del desarrollo de los programas, donde ya existen empresas de inserción que facilitan la integración laboral con acompañamiento. Ustedes llegan ahora a poner su sello ideológico sobre un trabajo que jamás han defendido y que ya se está realizando. Pero lo más grave es el marco moralizante que atraviesa toda la iniciativa. Presentan la adicción como un error personal que debe superarse para volver a merecer un lugar en la sociedad. Ese discurso no es inocente; estigmatiza, culpabiliza y expulsa. Es exactamente el tipo de narrativa que empuja a la recaída y que convierte la recuperación en un camino solitario y humillante. Hablan de empleo, de integración y de comunidad, pero desprecian el tejido asociativo y el trabajo social cuando no encaja en su agenda ideológica. No hay reinserción sin derechos, y los derechos no caben en su modelo político. Ni una palabra sobre la coordinación con las comunidades autónomas. Su proposición no de ley no es solución, es propaganda.
Las personas con adicciones no necesitan tutela moral ni discursos vacíos. Necesitan un Estado que no les abandone, necesitan servicios públicos fuertes, políticas basadas en evidencias científicas y un enfoque que entienda la adicción como lo que es: una cuestión de salud pública atravesada por desigualdad, exclusión y sufrimiento social. Por todo ello, porque esta iniciativa no suma, no transforma y no protege, sino que maquilla con retórica un modelo que genera más exclusión, mi grupo parlamentario votará rotundamente en contra, y lo haremos sin ambigüedades, porque la dignidad no se proclama, se garantiza con derechos. Muchas gracias.
Finalmente, y a efectos de la enmienda presentada por la proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Ríos. Gracias, presidente. Se votará en sus términos. Muchas gracias, señor Fernández Ríos. Pasamos al tercer punto del orden del día, la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de prevención y tratamiento de la ludopatía. El autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Para la defensa de la iniciativa y de la enmienda presentada, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular la señora Castillo.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy no venimos a describir un problema desconocido. Hoy traemos la voz de miles de familias de este país que viven cada día atrapadas en una adicción que destroza hogares, rompe proyectos de vida y deja a demasiadas personas solas frente a un problema que avanza más rápido que la respuesta de las instituciones. Hablamos de la ludopatía online, una adicción silenciosa, invisible en muchos casos, que ya no es un fenómeno emergente ni una preocupación futura, pero que no deja marcas físicas inmediatas, arrasa emocional, económica y socialmente a quien la padece y a quienes le rodean.
Padres que descubren que su hijo ha acumulado deudas imposibles, parejas que ven desaparecer los ahorros familiares, jóvenes que abandonan sus estudios, el trabajo y las relaciones porque el juego lo ocupa todo. El juego online es hoy la segunda causa de ludopatía en España y la que más rápido crece. Y no lo hace por casualidad; crece porque está permanentemente disponible, porque se cuela en el móvil, porque convierte el ocio en dependencia.
Señorías, cuando hablamos de adicciones no hablamos de falta de voluntad, hablamos de una enfermedad. Y cuando hablamos de jóvenes y menores, hablamos de responsabilidad colectiva. No podemos mirar hacia otro lado cuando más del 10% de los adolescentes ha jugado de manera online en el último año. Uno de cada cuatro de esos menores presenta indicadores de juego problemático. Sin embargo, frente a esta realidad, el mensaje que reciben muchas familias es contradictorio y doloroso. Se les pide que eduquen, que vigilen, que acompañen a esos menores, a todas esas personas que sufren la adicción, pero al mismo tiempo es el propio Estado quien destina decenas de miles o millones de euros a promocionar el juego.
Solamente en el último año, se contemplaban en el presupuesto 109,6 millones de euros, de los cuales 61,2 millones de euros provenían del Ministerio de Hacienda para promocionar el juego. Y, señorías, no caigan en la tentación de hablarnos del juego presencial, porque hoy hablamos de la ludopatía online. Por lo tanto, les pido que se circunscriban a lo que estamos tratando. No intentamos demonizar ninguna actividad económica; lo que intentamos es prevenir y no promover.
¿De qué lado está el Estado cuando una familia pide ayuda, especialmente ustedes, señorías del Partido Socialista, que están en el Gobierno? No se puede combatir una adicción mientras se impulsa el consumo del producto que la genera. No se puede pedir sacrificios a las familias mientras las instituciones envían mensajes opuestos. Eso no es neutralidad, es irresponsabilidad. Por eso, esta moción es, ante todo, una llamada a la coherencia política y moral. Proponemos algo tan razonable como justo: que se invierta como mínimo la misma cantidad en prevenir y tratar la ludopatía de la que se destina a promover el juego.
Si hay dinero para publicitar, debe haber dinero para proteger. También proponemos avanzar en el conocimiento científico de esta adicción, mejorar los tratamientos, formar a los profesionales y lanzar campañas claras, valientes y directas dirigidas a los jóvenes, a las familias y a los educadores. Campañas que digan la verdad, que no edulcoren el riesgo y que expliquen que llevar un casino en el bolsillo no es un juego.
Señorías, esta comisión existe para algo más que aprobar PNLs y mociones. Existe para que el Gobierno tome el mandato y lo ejecute. Existe para dar respuesta a las personas reales, a las familias reales y a situaciones reales. Hoy esas familias nos están mirando, nos están pidiendo que estemos a la altura, que dejemos a un lado la comodidad política y que actuemos con valentía. Esta moción no va de ideologías, va de personas, de proteger a quienes no siempre tienen voz. Va de enviar un mensaje claro a la sociedad. La salud, la dignidad y el futuro de nuestros jóvenes están por encima de cualquier interés político. Les pido, por tanto, que apoyen esta iniciativa, que piensen en esas familias que hoy conviven con la adicción al juego, que piensen en quienes todavía estamos a tiempo de proteger y que hagamos de esta comisión un espacio útil, coherente y comprometido con quienes más lo necesitan.
Muchas gracias.
En defensa de la enmienda presentada, por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Rodríguez Villarino, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Buenos días. La verdad es que estamos un poco sorprendidos por esta iniciativa, sobre todo por el tono populista y desinformado que presenta. Es algo que realmente nos sorprende en un tema tan relevante. Nosotros, la verdad, vamos a ser generosos y nos vamos a abstener, pero no por el tema, sino por el modo de plantearlo, porque realmente es una moción que carece por completo de información. De hecho, en la iniciativa hay una cantidad de estudios publicados, tanto de la encuesta ESSTUDES como de la encuesta EDADES, que proporcionan información eficaz y pertinente sobre lo que supone este comportamiento problemático, en algunos casos adictivo, y ustedes no distinguen lo que son las encuestas en estudiantes.
En adultos no se tienen en cuenta las admisiones a tratamiento, ni se considera la protección de la salud física y psicológica, que se ve alterada en el caso del juego online. Ustedes presentan un discurso que vincula la inversión en el gasto a lo que se destina a la promoción de las loterías, algo que pertenece a una entidad privada vinculada a patrimonio y hacienda, que no tiene relación con este ámbito. Juegan con un discurso manipulador, afirmando que el Estado está promocionando el juego online, lo cual es realmente asombroso.
El Estado desarrolla numerosos programas, y voy a proporcionar algunos ejemplos para que no digan que no lo sabían, porque parece que vienen aquí a descubrir el Mediterráneo. Existen múltiples intervenciones y publicaciones de universidades, todas desarrolladas por el propio gobierno. Por ejemplo, el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge tiene una línea prioritaria destinada específicamente al juego online, titulada "Sustratos psiconeuroendocrinos en el trastorno para el juego y su asociación con el resultado del tratamiento". Inicialmente, buscaban un sustrato neurológico para el juego online, y me sorprende que después hayan hecho una autoenmienda que contempla también factores psicológicos y sociales, como debería ser.
La Universidad de Deusto ha realizado un estudio sobre factores de vulnerabilidad psicológicos, familiares y sociales. La Universidad Jaume I ha investigado innovaciones tecnológicas para el abordaje del juego patológico. Asimismo, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre ha llevado a cabo una investigación sobre la vulnerabilidad a los trastornos por juego en jóvenes. Ustedes parecen desconocer todo esto. Mi pregunta es: ¿cómo plantean una iniciativa desde la ignorancia absoluta de los datos, acusando falsamente al gobierno de instigar una adicción?
Han sido parte del gobierno, y no sé cuándo lo volverán a ser, pero dudo que su nivel de conocimiento se asocie a algo favorable para prevenir y tratar la adicción al juego online. Nos encontramos ante una adicción que necesita estudio y abordaje, y que se ha estado desarrollando con mucha intensidad. La Estrategia Nacional de Adicciones, que forma parte del Plan Nacional sobre Drogas, lleva años trabajando en este ámbito, y ustedes simplemente lo ocultan o lo ignoran, que es aún peor.
En esta comisión para el estudio de las adicciones, lo que hay que hacer es trabajar a partir de datos conocidos y desde el ámbito científico. Ustedes afirman que esto no es una cuestión política, pero lo que presentan aquí es una posición partidista, con un desconocimiento absoluto de la materia. Es realmente lamentable. Por el título de la moción y el tema que aborda, nosotros nos vamos a abstener. Sin embargo, en otras circunstancias, sería vergonzoso que alguien pensara que se puede presentar una iniciativa que desconoce la materia, manipula los datos y acusa falsamente a un gobierno que ha estado trabajando en esta cuestión más que nunca. De verdad, háganselo mirar. Cuando propongan algo así, piensen que están en una comisión de estudio y que no vienen a hacer populismo ni a defender a ninguna familia, sino que realmente están aquí para presentar un discurso manipulador que no podemos aceptar.
Gracias, señor Rodríguez Villarino. Por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor Delgado. Muchas gracias, señora presidenta, señora diputada del Partido Popular. Escucharles a ustedes afirmar que esto no va de ideologías es, garantizadamente, una cuestión de ideología. Tal vez sea por aquello de que "excusato non petita, accusato manifesta". Compartimos la preocupación por las adicciones comportamentales, en particular por el trastorno del juego. Sin embargo, esta moción que presenta el Partido Popular no pierde la oportunidad de señalar al gobierno progresista. Escuchándolos, cualquiera podría pensar que lo que pretenden es trasladar la idea de que el gobierno está impulsando la promoción del juego, sin actuar en prevención o tratamiento. Los datos y actuaciones existentes muestran una realidad bastante distinta, señoría. España cuenta con una estrategia nacional sobre adicciones que incluye...
Es precisamente el juego presencial y online, así como las vinculadas con las nuevas tecnologías. Esta estrategia se ha concretado en planes de acción que contemplan investigación, prevención, formación de profesionales y desarrollo de criterios diagnósticos, protocolos y guías clínicas específicas. Desde hace años, se realizan encuestas estatales para conocer el alcance del juego con dinero, el uso de Internet y el posible trastorno por el uso de los videojuegos. También se ha incorporado al sistema estatal de información un indicador específico sobre admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales, lo que permite disponer de datos comparables en todo el territorio, con la colaboración de las comunidades autónomas.
En materia de prevención y sensibilización, hay actuaciones en marcha, incluyendo campañas institucionales específicas sobre juegos de apuestas y adicciones comportamentales. A ello se suma una campaña reciente para prevenir el juego patológico y la adicción a las apuestas online, impulsada con financiación pública. Como ustedes sugieren que hay una ausencia de acción pública, creo que lo que hacen es olvidarse, señorías, intencionadamente, de lo que no les sirve para su titular absolutamente inventado, que sostiene que el gobierno invierte más en juegos que en prevención. Lo ha dicho el compañero de la bancada del Partido Socialista. Mire, solo este año se destinan más de 6 millones de euros para sostener programas autonómicos de prevención, además de recursos adicionales procedentes del Fondo de Bienes Decomisados. También es importante recordar que las comunidades autónomas son responsables del desarrollo directo de este programa, lo que parece que se olvidan. Tampoco hablan ustedes de la convocatoria anual de ayudas públicas para investigación y proyectos sociales sobre adicciones y trastornos de juego, lo que ya está permitiendo avanzar en el conocimiento de sus bases biológicas, psicológicas y sociales, así como en nuevas herramientas de intervención.
Por lo tanto, en definitiva, señorías del Partido Popular, la prevención de la ludopatía y del trastorno del juego exige rigor, evidencia científica y políticas sostenidas. Ustedes vienen con esto para seguir con su deriva contra el gobierno de Pedro Sánchez, mientras que Vox, día a día, les sigue comiendo la tostada. Lo vieron con horror este domingo, ¿verdad? Fueron a por lana y salieron trasquilados. Bueno, señoría, después de lo dicho, nuestro posicionamiento va a ser abstención. Muchas gracias.
Gracias, señora Delgado. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Fernández Ríos. La verdad es que, volviendo al asunto, aunque el diagnóstico que hace el Partido Popular sobre la gravedad creciente de la ludopatía online es acertado y coincide con la evidencia clínica y epidemiológica disponible, la propuesta que hoy nos plantean, a nuestro entender, adolece de relevantes carencias técnicas y operativas que comprometen su eficacia real. El reconocimiento del problema, si no va acompañado de medidas estructurales concretas y viables, corre el riesgo de quedarse en una mera declaración de intenciones sin un impacto significativo sobre la salud pública.
En primer lugar, su proposición no especifica de qué manera se integrarían las medidas propuestas dentro de la red asistencial existente. La atención a la ludopatía, y especialmente su vertiente online, requiere una coordinación clara entre los servicios de atención primaria, salud mental, recursos especializados en adicciones y dispositivos comunitarios. La ausencia, por lo tanto, de un plan detallado que establezca circuitos asistenciales, criterios de derivación, refuerzo de recursos humanos y formación específica de los profesionales sanitarios, dificultará la implementación efectiva de cualquier estrategia preventiva o terapéutica que se intente. Asimismo, su propuesta no hace ningún tipo de mención a una memoria económica que permita evaluar su viabilidad, y sin una estimación presupuestaria concreta, resulta imposible determinar si las medidas anunciadas cuentan con la financiación suficiente para poder ser ejecutadas.