Comunidades Autónomas - Andalucía - 10 de febrero de 2026

Cada vez que hacen un anuncio propagandístico, que es la marca de la casa del Gobierno del señor Moreno Bonilla, es evidente que todas estas propuestas, si luego no se aplican, no sirven absolutamente de nada. Por cierto, la tasa de reposición, maldita hoy para usted, que la suprimió para que no hubiese tasa de reposición ninguna, fue cero. El Gobierno del señor Rajoy, del que usted era miembro como secretario de Estado, y hoy, con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, es del 110%. Señor consejero, a partir de ahí, ¿cómo van a aplicarlo? ¿Cómo van a llamarlos? Mientras muchos cuerpos están esperando el llamamiento o que se publique, mejor dicho, las listas adicionales del 20%, ustedes están en cuerpo haciendo llamamientos para cubrir esos puestos vacantes hoy por lista de interinos. Aquí está el director general de personal de recursos humanos, y eso es lo que, además, le dicen a sindicatos como Comisiones Obreras, que se ha tratado de un error, fue la primera respuesta. Las personas que están en la lista del C-1000 están esperando a ser llamadas. Es que ustedes engañan a todo el mundo con el que hablan. Mienten aquí en la comisión, en sede parlamentaria, engañan a los sindicatos porque no son capaces de reconocer que no pueden dar una salida y resolver esta situación de la disposición 28. Les está pasando lo mismo que con los procesos de estabilización del personal interino, que lo van a tener que arreglar a rastras, porque los empleados públicos se les echaron encima, señor consejero. Esa es la única realidad, y no tienen ustedes ni siquiera la humildad de decirlo y explicarlo. Han pasado mes y medio. Le confieso que yo pensaba que venía usted a decir aquí algo diferente, porque, ahora después, tenemos una proposición no de ley del mismo tema, que solo pedimos que se aplique de manera inmediata. ¿Qué va a votar el Grupo Popular? ¿Qué va a votar su grupo? No me diga que el Grupo Popular es autónomo de las instrucciones que le hayan dado desde la consejería para hacer lo que consideren. No tendría sentido que el Grupo Popular no apoyase la proposición no de ley que traemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, habiendo dicho usted tantas veces que fue una propuesta a través de una enmienda del propio Grupo Popular. Ustedes están aquí encasillados, arrinconados por una ineficiente gestión, por una generación de falsas expectativas y frustraciones. Como mínimo, señor consejero, si usted fuese humilde, le pediría perdón ahora a las prácticamente trescientas personas que están afectadas en estas condiciones. El tiempo que ha perdido en estos ocho meses, especialmente en los dos últimos meses y medio desde que se puso este problema encima de la mesa en esta comisión, es inaceptable. No han movido ni un solo dedo, como ustedes están mostrando en su intervención en la comisión. Deberían tomar carta en el asunto de forma inmediata, señor consejero, para aplicarlo. Por lo tanto, señor consejero, ¿está usted de acuerdo con la proposición no de ley que hemos traído desde el Grupo Parlamentario Socialista esta tarde? Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Torres. Señor consejero, para finalizar, es para pensárselo, pero es lo propio de un grupo parlamentario sin ideas, sin proyecto, sin capacidad para entender cómo funciona la gestión. Ustedes ya ni se acuerdan de cómo se gestionaba. Si esto es tan bueno, ¿por qué no lo hace su Gobierno? Si esto es tan fácil, ¿por qué no lo hacen sus compañeros de Cataluña, que lo regularon antes que Andalucía? Fíjese qué capacidad para poner uno frente al otro. Mis compañeros en Cataluña lo aprobaron en el año 2020 y es un ejemplo de cómo funciona.

En 2020 no han tenido la capacidad de sacarlo adelante. Esa es la forma en la que ustedes son. ¿Vienen aquí a dar lecciones de qué? Si no han tenido nada que ver en esto, ni se lo olieron. La disposición vigésimo octava la aportó el Grupo Popular, la aprobó el Parlamento y la hemos tenido que impulsar desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Si tuviéramos algún problema en aplicarla, ¿por qué la íbamos a llevar a los procesos selectivos? La hemos llevado a los procesos selectivos y estamos en una gestión de un cambio complejo, que los que se han presentado a esas oposiciones lo saben. Mire, se lo vuelvo a decir: ningún derecho podría defenderse, ninguna plataforma podría existir si no hubiéramos aprobado previamente la disposición vigésima octava y si no hubiéramos incorporado en los procesos selectivos ese 20% extra adicional al que ahora se pueden amparar. Hay dos años, se tienen que dar unas condiciones para poder ampararse y tenemos que desarrollar una legislación, porque la seguridad jurídica es fundamental para las personas que se incorporan a la Administración Pública. Entre otras cosas, porque si alguien recurriera a esa plaza, algo que es bastante común en este tipo de procesos, si no aquilatamos adecuadamente y de manera eficiente, desde el punto de vista jurídico, esa decisión, pondríamos en riesgo muchas cosas, además del puesto de trabajo de esas personas, lo que podría afectar a quienes han obtenido incluso mejores notas y que ya han podido asumir su plaza. Mire, todas estas personas que están dentro de ese 20% adicional van a ver cómo, si se dan las circunstancias que establece la ley, van a obtener ese derecho y se van a incorporar de forma definitiva a la Administración Pública andaluza. Y yo estaré encantado de que eso ocurra, y mi equipo exactamente igual. A usted igual le fastidia, porque tendrá una herramienta menos de esas que se encuentran en el camino y que ustedes improvisan. Ese tipo de propuestas y esa oposición tan vacía, tan estéril, tienen muy poco recorrido, porque antes de que ustedes puedan intentar sacarle el más mínimo partido, esas personas van a ver que hay un gobierno serio que mira por sus derechos y por los derechos de los ciudadanos, así como por la mejora del servicio público en general en Andalucía. Esa es la realidad que tenemos ahora en Andalucía y la que espero que siga durante mucho tiempo. Muchas gracias. Finalizado el bloque de comparecencias, pasamos al siguiente bloque de preguntas con ruego de respuesta oral y comenzamos con la primera, realizada por parte del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, relativa a la caída del sistema Adriano y la paralización del servicio público de justicia. Tiene la palabra su portavoz, señora Cervantes. Gracias, presidente. Señor consejero, buenas tardes. Ya hemos tratado este problema anteriormente en esta comisión, y este problema no es ni puntual, ni anecdótico, ni nuevo. Traemos la realidad a la que se enfrentan a diario los funcionarios de la Administración de Justicia en Andalucía. Al final, quienes lo sufren son los andaluces, que esperan una respuesta ágil de la Administración y se encuentran todo lo contrario. Antes hablábamos del sistema Adriano, que funcionaba mal, y ahora hablamos del sistema arroba Adriano, que funciona, yo creo, un poco peor. Un sistema que debería ser la base digital de la Administración de Justicia de Andalucía y que, sin embargo, se ha convertido en un cuello de botella, porque se cae constantemente, prácticamente a diario, se bloquea, no deja acceder a los expedientes y eso conlleva, evidentemente, un retraso en trámites esenciales de la Administración. Y esto no lo decimos nosotros; le trasladamos la denuncia que hace el sindicato CSIF de Andalucía, que recoge las quejas reiteradas de todos los trabajadores de justicia de los juzgados. Nos trasladan también que el CAU, el Centro de Atención al Usuario, no funciona, porque cuando el sistema ha caído no se pueden registrar incidencias, ya que el sistema no existe. Se atiende por teléfono, se tardan horas en atender ese teléfono y, cuando consigues que te atiendan, se recibe o se registra con un número de serie que, a veces, tarda semanas en ser contestado. Por eso le queríamos hacer la pregunta, señor consejero, si están al tanto de estas caídas del sistema y qué piensan hacer desde la Consejería para poder arreglar este problema. Muchas gracias.

Y creo que todos los conocen, no me voy a referir nuevamente a las dificultades que hemos encontrado en el desarrollo del sistema @driano. Este encargo se diseñó en el año 2016, la licitación se realizó en 2018 y, tras multitud de problemas, finalmente se ejecutó a finales de 2024. En 2025, que era el año de la estabilización y de garantizar que el sistema alcanzara su máximo rendimiento, hemos tenido que implantar la ley 1/25, a la que antes he hecho referencia, lo que nos ha obligado a realizar un cambio radical, ya que ha transformado la oficina judicial y, evidentemente, afecta al sistema procesal sobre el que trabajamos de manera digital. Además, estamos impulsando proyectos de gran relevancia, como la virtualización y la sede judicial electrónica, así como la necesidad de activar un sistema que permita el conocimiento de los asuntos a abogados, procuradores y al propio usuario. Sin embargo, aún no hemos podido alcanzar ese momento de estabilización del sistema. Ojalá el año 2025 hubiera sido el idóneo para lograrlo. Este año hemos incrementado de manera significativa los recursos destinados al desarrollo, mejora, estabilización y mantenimiento de @driano. También se implementará un nuevo sistema de gestión del CAU, el centro de atención a usuarios, que actualmente presenta problemas debido a su antigüedad, lo que nos obliga a modificarlo y reformarlo. Estamos trabajando para que esta situación sea fruto de una negociación en la que podamos otorgar un papel más destacado a los propios funcionarios de justicia. Me alegra que le preocupe la situación de estabilización del sistema @driano. Le invito a conocer el sistema, a observar lo que se ha trabajado en los últimos años y lo que se incorporará en el futuro inmediato, que será de gran importancia. A esta altura, puedo afirmar que así lo reconoce también el propio Ministerio, que Andalucía, en poco tiempo, una vez que tengamos la entrega de los últimos proyectos licitados, contará probablemente con uno de los mejores sistemas de gestión procesal de España. Sin embargo, el arranque y los problemas derivados de una transformación tan significativa como la que ha supuesto la ley 1/25 han generado dificultades en toda España. No hay ninguna comunidad autónoma que no lo haya experimentado. He revisado intervenciones de compañeros suyos de Vox en todas las comunidades autónomas hablando de lo mismo, lo que demuestra que es una realidad que nos afecta a todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejero. Señora Cervantes, me queda tiempo, ¿verdad, presidente? Señor consejero, hemos tenido tiempo desde el año 2019. Sé que es una pregunta que hemos reiterado en esta comisión varias veces, pero es un tema importante: la justicia necesita sistemas fiables, que son la base para el correcto funcionamiento del sistema. Si el sistema no funciona, se agravan las situaciones, ya que cada fallo informático impacta en los ciudadanos, quienes son los que sufren el deterioro del sistema. Espero que se pongan todos los esfuerzos necesarios para resolverlo cuanto antes. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, también por el Grupo Vox en Andalucía, que se refiere a las deficiencias del programa Hermes y al perjuicio al personal de la Administración de Justicia en Andalucía. Tiene de nuevo la palabra la señora Cervantes. Gracias, presidente. Es un poco más de lo mismo: reiterar que falla el sistema Adriano y también el sistema Hermes. Usted sabe perfectamente que el sistema Hermes gestiona los permisos, las licencias y las vacaciones del personal de justicia, algo tan básico que debería funcionar correctamente y que, sin embargo, genera un verdadero desorden. Hay errores en el número de días de asuntos propios, no se pueden solicitar permisos, no se pueden ajustar las vacaciones ni tramitar esas solicitudes. Esto no ocurre solo en un juzgado; usted sabe que es un problema que afecta a toda Andalucía. Reiteramos lo que mencionamos en nuestra pregunta anterior y lo reiteramos ahora. No lo decimos nosotros, no lo dice Vox, lo dice el sindicato CSIF, y volvemos a reiterarlo.

Cuando el sistema falla, uno espera tener un soporte técnico adecuado. Es tan malo que el sistema falle como que el CAU no funcione bien. Fíjese, se puede intentar tramitar un procedimiento y que el sistema dé fallo, sin tener dónde quejarse porque no se atienden los teléfonos o las quejas. Eso, señor consejero, es fundamental. La justicia necesita modernización y no debe complicarse más el trabajo. Consejero, modernice de verdad. Mantenga un cauce adecuado que proporcione soporte, realice pruebas y, sobre todo, respete a quienes utilizan esos sistemas, que son los que agilizan el trabajo. Desde su consejería, esperamos que ponga todo el empeño para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, señora Cervantes. En relación a la pregunta que usted formula, se refiere al sistema Hermes, que es muy parecido a lo que discutíamos anteriormente. Es un sistema que se implantó sobre la base del antiguo Adriano hace más de 15 años y está absolutamente superado. Hemos trabajado en varias soluciones que, además, afectan a los derechos de los funcionarios, ya que se trata de la gestión de su jornada, permisos, etcétera. Hemos querido que haya una dosis importante de negociación con los sindicatos. Actualmente, lo gestiona la Agencia Digital de Andalucía, y estamos muy preocupados por que se resuelva de forma adecuada. He mencionado anteriormente el desarrollo que estaba vinculado a Adriano, que debe ser un sistema integral que integre muchas funciones, incluyendo el control de jornada y otros derechos sociolaborales de los funcionarios. Estamos trabajando con la Agencia Digital de Andalucía para desarrollar un sistema específico que sustituya a Hermes y se incorpore en Adriano, o bien para incorporar el sistema genérico Cronos, también para el personal de justicia. Uno de los retos que tenemos para el año 2026 es modificar la gestión y la esencia del CAU de justicia, que queremos transformar radicalmente, dándole más protagonismo a los funcionarios de justicia y dotándolo de más recursos y canales. Es fundamental que no se cuelgue la posibilidad de presentar quejas, donde lo presencial tenga un valor importante en cada uno de los partidos judiciales. Los problemas que puedan surgir con el sistema de gestión procesal deben garantizarse en las mejores condiciones de uso para los ciudadanos. Nos gustaría resolver todo en poco tiempo, pero a veces no es posible. Requiere que primero se haga una cosa y luego otra. Sin tener plenamente implantado el sistema Adriano, no podíamos realizar ninguno de los desarrollos. Lo acabamos de implantar en diciembre del año 2024. El 2 de enero de 2025 nos encontramos con la ley de eficiencia, que nos ha obligado a dedicar todos los esfuerzos y recursos a la transformación durante este año. Ahora, en el año 2026, volveremos a abordar problemas que vienen de hace mucho tiempo, pero que debemos resolver cuanto antes en Andalucía. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a avances en infraestructuras judiciales en la provincia de Almería. Tiene la palabra la señora Escarcena. Gracias, presidente. Permítame, antes de dirigir la pregunta al señor consejero, que traslade nuestro cariño y apoyo a los más de tres mil andaluces que todavía siguen desalojados de sus casas debido a las recientes borrascas que han afectado nuestra tierra. También quiero agradecer la gran labor realizada por todos los profesionales de la Agencia de Emergencia de Andalucía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se ha demostrado una vez más la fortaleza de nuestro sistema y nuestro servicio público de emergencia. Porque, señorías, este es un Gobierno con un presidente a la cabeza, Juanma Moreno.

Que sí invierte en recursos y también en medios, y que gracias a esa anticipación, a esa prevención, a esa planificación, a esa coordinación y, por supuesto, a esa cooperación entre todas las Administraciones, se ha evitado la pérdida de vidas humanas, que ha sido en todo momento la prioridad de este Gobierno. Sin olvidarnos, por supuesto, de la triste pérdida de Carolina, vecina que residía en el municipio malagueño de Sayalonga, pero que era de Torremolinos. Un abrazo para toda la familia. Y, por supuesto, gracias a los voluntarios. Una vez más, nos llena de orgullo la solidaridad del pueblo andaluz. Señor consejero, hoy le queremos preguntar sobre los avances llevados a cabo en las infraestructuras judiciales de la provincia de Almería, que son muchos y que, sin duda, ponen de manifiesto una vez más dos formas diferentes de gobernar, dos formas diferentes de gestionar, de planificar y de dar respuesta a las necesidades de los andaluces, y concretamente, respecto a lo que aquí nos atañe: la justicia. Vemos, por un lado, que durante los gobiernos socialistas y desde que en 1997 se transfirieron las competencias de justicia a Andalucía, hubo cero inversiones en infraestructuras judiciales, años de promesas incumplidas, y eso lo saben muy bien los vecinos de la provincia de Almería. Por otro lado, con la llegada de Juanma Moreno al Gobierno de Andalucía, gracias a una buena gestión y planificación, por fin Andalucía cuenta con ese plan estratégico de la justicia, en el que se incorpora el plan de infraestructuras judiciales que va a movilizar más de 1.500 millones de euros hasta 2030, actuando en todos los partidos judiciales de nuestra tierra, en los 85. Y no son solo palabras, señorías, son hechos, son realidades, como la nueva sede judicial de Roquetas de Mar, la de Huercalovera, la de Belén Rubio o la de Vera, sobre las que le solicito que nos informe, señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señora Escarcena, por su pregunta, por su interés y por permitirme hablar de un compromiso con la provincia de Almería, que tenía problemas muy evidentes en cuanto a instalaciones de justicia y que, a lo largo de esta legislatura, creo que han quedado solventados o en vías de solventarse en prácticamente todos los casos. El más evidente de los que teníamos que abordar, por su tamaño y por su impacto, era el de Roquetas de Mar, una sede que carecía de las instalaciones adecuadas y que presentaba problemas serios de espacio y de calidad. Hemos podido resolver esto gracias al compromiso que públicamente quiero agradecer de nuevo a su alcalde, Gabriel Amat, en esa colaboración pública que hemos puesto en marcha. Esto permitirá que Roquetas pase de una sede de 3.400 metros cuadrados en los bajos de un edificio residencial, que normalmente debería ser un supermercado y que actualmente es un juzgado, a una sede moderna de más de 6.000 metros cuadrados, con una inversión que supera los 12 millones de euros. Este proyecto ya está en ejecución, se ha puesto la primera piedra y será una realidad dentro de muy poco tiempo. Asimismo, había otra sede que nos hacía un daño especial, la de Huercalovera, una localidad con dos sedes dispersas en muy malas condiciones y que desde hace mucho tiempo ha presentado reivindicaciones justas del personal de justicia, de los jueces y de todos los operadores jurídicos. Por fin hemos podido sacar a licitación la nueva sede judicial, lo hicimos en enero de este mismo año, por un importe de 8,3 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 17 meses. Es un compromiso más del que esta Consejería y el Gobierno de Juanma Moreno tiene por esa comarca y por la provincia de Almería. Esta actuación triplicará el actual espacio judicial, además de mejorarlo significativamente, asegurando que las necesidades actuales y futuras estén plenamente incorporadas a este proyecto que ya se ha puesto en marcha. No nos quedamos ahí. Los partidos judiciales pequeños, los del interior, los de un solo juez, como el caso de Vélez Rubio, también merecen la atención de este Gobierno. Hemos alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Vélez Rubio, que nos ha cedido un edificio y el proyecto, y que vamos a poner en marcha este mismo año. Se adjudicará la obra para que Vélez Rubio tenga una nueva sede, porque es materialmente imposible que en la sede actual se pueda implementar la ley de eficiencia organizativa del sistema público de justicia que ha puesto en marcha el Gobierno.

Vamos a concluir con las necesidades de la provincia de Almería con un acuerdo que también va a ser muy importante en Vera, donde se va a poner en marcha, en colaboración con el ayuntamiento y con el protocolo ya firmado, una nueva sede judicial que nos permita afrontar los crecimientos de esa sede, que ya hoy necesitaría un juez más. El argumento que nos da el ministerio para no incrementar el número de jueces es la falta de espacio en la actual sede judicial. Concluiremos, ya termino, señor presidente, con una reforma integral importante en la sede de Berja y con la puesta en marcha de la Oficina de Justicia en el municipio de Adra, que nos permitirá descargar la carga de trabajo que tiene ese juzgado y que, en este momento, debemos intentar liberar de la sobrepresión que, según manifiestan los sindicatos, se tiene en ese partido judicial. Gracias, consejero. La siguiente pregunta, también formulada por el Grupo Popular, es relativa a la necesidad del reparto eficiente de plazas de funcionarios habilitados nacionales en Andalucía. Tiene la palabra el señor García. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, usted ha sido alcalde de la ciudad de Córdoba y, como tal, seguramente valorará el papel y la función que desempeñan los interventores y los secretarios en los diferentes ayuntamientos, lo que se conocen como funcionarios habilitados nacionales. Sin embargo, no tengo claro si los que gobiernan en Madrid valoran y aprecian el papel que desempeñan estos secretarios e interventores en los diferentes municipios, ya que son fundamentales en el trámite de licencias, gestiones de subvenciones, fiscalidad del gasto público, asesoramiento jurídico y en proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía. Señorías, vamos a analizar la situación de los secretarios e interventores a lo largo y ancho de Andalucía. Actualmente, aquí en Andalucía hay 1.524 plazas, de las cuales 744 están vacantes, lo que significa que el 48% de la totalidad está sin un funcionario que pueda ocupar esa plaza. En el mundo rural, en municipios de menos de 5.000 habitantes, encontramos 636 plazas, de las cuales 250 están vacantes, lo que supone el 39%. Para resolver esta cuestión, el Gobierno de España sacó un proceso de estabilización en el año 2021, reglado por la Ley 20/2021 y el Real Decreto 408/2022. Sin embargo, con cuatro años de retraso y tras una serie de correcciones establecidas por el Tribunal Supremo, concretamente con la sentencia 162/2024, se crearon 683 plazas para el conjunto de España. Aquí viene el quid de la cuestión: de esas 683 plazas, ¿saben cuántas le han correspondido a Andalucía? Solo 11 plazas, es decir, el 1,6%. A pesar de que 36 personas pasaron el procedimiento y obtuvieron la plaza, en el resto de comunidades la situación es muy diferente: Castilla y León, 240; Aragón, 166; Castilla-La Mancha, 110; y Cataluña, 87. Esto ha obligado a muchos secretarios e interventores que tenían una plaza ocupada en algunos municipios de Andalucía a desplazarse a otro municipio andaluz de los 11 que han sido asignados o, en algunos casos, a irse fuera de Andalucía, lo que ha ocasionado perjuicios tanto laborales como personales. Pero el daño no se limita a los secretarios e interventores, sino que también afecta a los ayuntamientos, que quedan sin secretario, lo que genera inoperatividad técnica y la paralización de todos los procedimientos en marcha, lo que se traduce en una merma de los servicios públicos hacia la ciudadanía y un colapso en las diputaciones, que son las que deben prestar asistencia técnica a esos ayuntamientos que han quedado vacantes. En resumidas cuentas, esto representa otro desaguisado del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Voy terminando, señor presidente, y por ello le quiero preguntar esta tarde, señor consejero, cuál es su valoración sobre este desaguisado y el procedimiento establecido por el Gobierno de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Señor consejero. Gracias, presidente.

Gracias, señor García. Bueno, usted ha hecho una descripción que me ahorra a mí entrar en materia; la suscribo de la A a la Z en cuanto a los hechos en los que en este momento nos podemos apoyar respecto a las necesidades y carencias en cuanto a habilitados nacionales que tienen los municipios andaluces. Cuando uno analiza una realidad en la que el 48 por ciento, casi la mitad de las plazas disponibles, están vacantes, es que alguien debería haber dimitido hace mucho tiempo. Es que alguien debería haber asumido la necesidad de una reforma en profundidad hace mucho tiempo. No se puede estar exigiendo transparencia, cumplimiento de la norma, y una absoluta ausencia de cualquier tipo de duda o desviación en un ayuntamiento, cuando esos ayuntamientos carecen de la herramienta fundamental para poder hacerlo, que son los habilitados nacionales que deben dirigir los procedimientos. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Andalucía. Cuando nosotros nos dirigimos al Ministerio, más allá de encogerse de hombros, no hay ninguna respuesta. Lo que planteamos es que, si el sistema actual no funciona, se tendrá que abordar una reforma para hacerlo funcionar. Mire, hay alcaldes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Podemos, de Vox, de todos los partidos políticos que, en este momento, piensan igual que usted y que yo, que es que no se puede trabajar en ausencia de garantías o de herramientas fundamentales como son estos habilitados nacionales. Pero nadie les da respuesta y no conseguimos que se aborde. La Junta de Andalucía no tiene competencia, porque no puede ni hacer la convocatoria ni tiene la normativa básica que regule esta materia. Estamos dándole vueltas a ver dónde podemos encontrar una grieta en la que poder instalarnos para ayudar a los ayuntamientos, algunos en situación crítica, porque llevan más de 27 años sin tener ni un secretario, ni interventor, ni tesorero con habilitación nacional. Eso es imposible que funcione bien, y estamos arriesgando el día a día de un alcalde que tiene que firmar contratos y procedimientos, y que no tiene la asistencia jurídica necesaria. Confío en que algún día alguien piense en la administración local en el Gobierno de España y afronte este tema y lo reforme. No digo que sea fácil, digo que es imprescindible que se aborde y que se busque una solución, porque estamos poniendo en riesgo el funcionamiento de los ayuntamientos, la seguridad jurídica de los alcaldes y la calidad de los servicios de los ciudadanos. Creo que eso exige que, de una vez por todas, se afronte este tema con seriedad y rigor. Muchas gracias. La siguiente pregunta la formula el Grupo Socialista. Es relativa a la convocatoria de ayudas MEINFRA en el ejercicio 2025, aunque haya una errata en la pregunta. Señor consejero, vamos a ver si es posible que aquí, en Andalucía, haya alguien que piense en la administración local y en las entidades locales. No hace falta que usted mire al Estado; puede verse usted en el propio espejo como el consejero competente en materia de administración local. Yo le iba a cuestionar la cooperación económica tan pírrica que tiene la Consejería con las entidades locales de Andalucía, de forma ordinaria y rutinaria. Le puedo dar datos de la convocatoria de FECLIMA, donde tan solo se han podido beneficiar 53 entidades locales de los 785 municipios que tiene Andalucía. Tan solo han destinado tres millones y medio de euros. O en MEINFRA, donde han destinado cuatro millones de euros, que no llega ni a la cuarta parte del total de solicitudes presentadas en Andalucía. Le puedo dar el ejemplo de mi provincia, Jaén, donde podían concurrir 97 entidades locales, 91 ayuntamientos y 6 ELA, y donde se han recibido 88 solicitudes. Más del 90 por ciento de los posibles beneficiarios querían una ayuda de su consejería, pero tan solo han podido beneficiar a 19 entidades locales, es decir, al 21,5 por ciento del total de las solicitudes. Esto es la situación que están pasando ahora mismo los alcaldes y las alcaldesas de toda Andalucía, después de los últimos temporales, donde los pueblos están prácticamente destrozados y donde no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente a los daños causados. Yo lo que quiero preguntarle, señor consejero, es si usted, que aprobó y puso en valor incluso en sede parlamentaria el decreto 277/2023, de 5 de diciembre...