Muy buenos días. Donem inici a la celebració d'aquesta ponència. Ara els comentava als ponents que farem tot seguit les tres compareixences: la del senyor Fresno, la de la senyora Gala i la del senyor Fargas. De entrada, donem la benvinguda a José Manuel. Un plaer que ens acompanyis en aquesta ponència. Crec que t'han informat que disposaràs de set minuts per intervenir.
Muy bien, pues, buen día y muchas gracias por invitarme a participar y a presentar mi opinión en esta ponencia. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa de presentar la proposición de ley de modificación del Real Decreto 8/2015. Creo que es una necesidad, es algo de justicia y, evidentemente, si sale adelante, supondrá un avance muy importante en la realización efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
Quiero hacer esta intervención como estudioso de estos temas y, si me lo permiten, desde la experiencia personal de familiar de una persona con discapacidad. Lo que tenemos por delante son retos de ir mejorando la igualdad de las personas, también de las personas con discapacidad, como nos dice la Constitución. Debemos poner en práctica lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la dignidad de las personas y, por supuesto, lo que nos indica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la participación plena y efectiva en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la autonomía personal.
En definitiva, debemos mejorar nuestro sistema de bienestar social desde los principios de la justicia, la igualdad y la solidaridad. Desde este punto de vista, estoy plenamente de acuerdo con las propuestas que se hacen en la modificación del Real Decreto 8/2015. Comparto la idea de que los derechos de acceso a las prestaciones no contributivas se fundamenten en la persona y no en la unidad familiar, lo cual es una reivindicación históricamente significativa. Asimismo, es fundamental que en el cómputo de los ingresos se tengan en cuenta los ingresos individuales y no los de la unidad de convivencia, así como la necesidad de la compatibilidad de las prestaciones.
En concreto, quiero proponer cuatro mejoras que considero que contribuirían a dar más relevancia a esta iniciativa. Estas mejoras son sustanciales, ya que esta ayuda resuelve parcialmente las necesidades de las personas con discapacidad. No se trata solamente de paliar situaciones de insuficiencia económica, sino de tener en cuenta el sobrecoste que implica para las personas con discapacidad el desempeño de la vida cotidiana. Por lo tanto, equiparar la prestación contributiva al 80% del Salario Mínimo Interprofesional es de obligada necesidad, aunque no atiende suficientemente a estas necesidades de sobrecoste que son fundamentales para favorecer la plena autonomía e inclusión social de las personas.
Las cuatro propuestas de mejora son las siguientes: la primera de ellas es que la pensión por discapacidad no puede ser excluyente ni incompatible con cualquier otro tipo de ayudas, subsidios o prestaciones económicas que reciben las personas, venga del ámbito administrativo del que venga. Las ayudas administrativas existen, como sabemos, en buena medida en todas las comunidades autónomas; son pequeñas, muy dispersas y están concebidas para el desarrollo de las personas y para hacer frente al sobrecoste de la discapacidad. En ninguna manera pueden incluirse en el cómputo de los ingresos, y este criterio debe aplicarse también a cualquier tipo de apoyo a la inclusión, sea este de tipo económico.
O de otro tipo. Esos apoyos tampoco pueden computar en los ingresos en el cálculo de la pensión. Lo contrario, yo creo que sería no reconocer las necesidades de apoyo que tienen estas personas y no favorecería suficientemente la plena autonomía de las mismas.
La segunda propuesta de mejora que quiero hacer se refiere al límite que establece el texto en el artículo 364.2. Considero que este límite debería ser elevado, ya que las cuantías que son compatibles con las rentas o los ingresos anuales no deben exceder el 60 % del importe en el cómputo anual de la pensión no contributiva. Como se menciona en la proposición, los costes añadidos de la discapacidad representan cantidades muy significativas, que en promedio superan los 27.000 euros, y en los casos de mayor grado de discapacidad, hasta 50.000 euros. No tiene sentido restringir el ingreso de la pensión, que de por sí son bajos, aproximadamente 13.675 euros, y limitar esta a que no haya ingresos adicionales de otros 10.256 euros. En el mejor de los casos, los ingresos de la persona serían 23.931 euros, lo cual no compensaría suficientemente los costes o gastos adicionales que enfrentan las personas con discapacidad.
La tercera propuesta tiene que ver con la necesidad de, si no eliminar, al menos elevar el tope de la incompatibilidad entre la pensión por incapacidad y los ingresos por empleo. Esta es una cuestión muy importante, porque si se establece un límite al cómputo anual que topa la pensión por discapacidad, y los ingresos por empleo o por otras actividades lucrativas representan aproximadamente unos 22.000 euros, esto también limita la activación de las personas con discapacidad. En este sentido, se podría elevar esta incompatibilidad a aproximadamente unos 30.000 euros, que es lo que representa el salario medio actual en España, que se sitúa en 28.627 euros. Esto permitiría actuar con la filosofía de que las personas con discapacidad tengan un incentivo para entrar en el mercado laboral y acceder al empleo.
Por lo tanto, considero que es fundamental tener en cuenta que la tasa de paro de las personas con discapacidad duplica la media de la población y que la tasa de inactividad es menos de la mitad de la media de la población. Debemos eliminar todo tipo de barreras que coloquen a las personas en la trampa de la dependencia y que no contribuyan a que se activen hacia el empleo, especialmente en un momento en el que enfrentamos un reto importante para mejorar las tasas de población activa y de productividad.
Finalmente, la cuarta propuesta es que se considere la excepcionalidad de otorgar la pensión por incapacidad a las personas con discapacidad inferior al 65 %, en particular en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Las valoraciones deben tener en cuenta todas las limitaciones físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, cognitivas, ambientales y sociales. Todos somos conscientes de que las personas con discapacidad requieren apoyos intensos y complejos para su autonomía y vida diaria, y, en consecuencia, enfrentan más limitaciones.
Trabajar y obtener otras fuentes de ingresos. Quiero acabar agradeciendo esta propuesta y deseando que la realización efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, que es un largo camino a recorrer, se vayan dando pasos, que son pasos de justicia. Es una aplicación de mejoras que supondría, sin duda, un paso muy importante en un camino que todavía es largo. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Fresno. Abans no ho he dit en la presentació, però el senyor Fresno ja ho figura a l'ordre del dia; és expert en polítiques socials i director de Fresno Servicios, i un expert en aquesta matèria. Un plaer, senyor Fresno. Ara serà el torn de la senyora Carolina Gala Durán, que és catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Senyora Gala, endavant.
Bon dia, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar presente hoy. Mi opinión sobre esta propuesta es claramente favorable. Creo que es necesario hablar de los temas relacionados con las personas con discapacidad y, en primer lugar, destacar que es muy urgente actualizar la normativa de seguridad social, en concreto, la Ley General de la Seguridad Social, en varios campos relacionados con las personas con discapacidad.
Este es, evidentemente, uno de los más importantes, porque, como saben, muchas personas con discapacidad en el Estado español, 167.000 y en el caso de Cataluña, 25.066, están percibiendo prestaciones no contributivas de invalidez y podrían ser, con estas reformas que aquí se proponen, bastante más. Por lo tanto, creo que es necesario y urgente llevar a cabo una modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Hay que actualizarla y cumplir con las exigencias que vienen derivadas de, entre otros, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, así como de la propia Constitución y de normas europeas e internacionales.
Ha llegado el momento de hacer este tipo de propuestas de reforma, porque siempre dejamos un poco de lado el caso de las personas con discapacidad. En la realidad práctica y social, así como en la normativa laboral en general, lo ha señalado el ponente anterior, el grado de inserción laboral de las personas con discapacidad, en general, y de las personas con discapacidad intelectual, en concreto, es bajísimo tanto a nivel catalán como estatal. Es momento de seguir haciendo cosas y de poner de relieve necesarias reformas, como en mi opinión es esta, tanto en el campo laboral como en el de la seguridad social.
Otro campo que podría modificarse en materia de seguridad social es el tema de la jubilación. Actualmente, se trata de una forma inadecuada, como si se tratara de condiciones de igualdad y no existiera discriminación entre las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad. Por tanto, me parece una buena, necesaria y urgente iniciativa llevarla a la práctica.
En segundo lugar, creo que esta iniciativa está dentro de una lógica que ha pasado desapercibida, que es la que aparece en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Es necesario poner en el centro el derecho a vivir de forma independiente de las personas con discapacidad. No siempre pensando que el marco familiar o el ámbito de fundaciones y entidades sociales van a cuidar de ellas, sino que tienen derecho a vivir de forma independiente y para eso necesitan, como cualquier otra persona, recursos económicos propios, sin estar siempre vinculados a la situación concreta de su unidad familiar.
Por tanto, esa lógica de la convención, que sigue pasando desapercibida, debe estar presente en la normativa laboral y, en concreto, en la normativa de seguridad social. Tal y como reconocen, entre otros, el artículo 3 y 19 de la convención, es necesario que tengan todos los servicios y apoyos necesarios desde esa perspectiva que les permita desarrollar una vida independiente. Lo que necesitamos es que todas las personas tengan ingresos propios.
Hay que tener presente que las personas con discapacidad necesitan más recursos, más apoyo, y también lo necesitan las personas que conviven con ellas.
Sus familiares, sus familias. Existen estudios, y creo que cualquiera de nosotros, al margen de esos estudios muy bien fundamentados, podemos entenderlo. Estos estudios ponen de relieve que las familias que conviven con personas con discapacidad también afrontan un sobrecoste, un sobresfuerzo económico, aparte del anímico y del apoyo familiar. Este sobrecoste económico, como señalaba el ponente anterior, puede llegar hasta los 50.000 euros anuales. Además, hay otros costes indirectos relacionados con la dificultad de acceso al mercado laboral de alguno de los progenitores de esa persona con discapacidad, independientemente de la edad que tengan.
Principalmente, aquí hay un elemento de género. Las madres, las mujeres, se ven dificultadas. ¿Por qué? Porque tienen que dedicar tiempo al cuidado, y aunque lo quieren hacer, eso les impide también ingresar más dinero para su familia. Por tanto, está claro que es necesario dar una visión personal y que la persona con discapacidad tenga ingresos propios, lo que lleva a apoyar, en mi opinión, esta propuesta.
Entrando en un nivel más concreto en relación con los artículos, estoy totalmente de acuerdo en que el importe de las prestaciones no contributivas de incapacidad no se está adaptando a la realidad. Otras prestaciones mínimas han incrementado su importe de forma importante en los últimos años, y es de justicia, pero se ha dejado de lado el caso de las personas que perciben prestaciones no contributivas, especialmente las personas con discapacidad. Estoy de acuerdo en que debería ser, como mínimo, el 80% del salario mínimo interprofesional. He hecho cálculos: esto significaría pasar de 628 euros a 947 euros mensuales, e incluso podría ser el 100% del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué no? Pero al menos esta cantidad.
Además, es necesario modificar el cálculo para poder acceder a esta prestación no contributiva. No podemos tener en cuenta el elemento familiar, dado que los sobrecostes y el derecho a tener ingresos propios son factores relevantes. En muchos casos, el hecho de que convivan en un ámbito familiar y que la prestación no contributiva se vincule a los ingresos familiares hace que la persona con discapacidad no cobre la correspondiente prestación. En mi familia, por ejemplo, el padre tiene ingresos y trabaja, lo que impide que el hijo pueda tener ingresos de los que decidir qué hacer, a pesar de tener la capacidad de tomar decisiones.
Este trato no puede ser igual en el ámbito de la prestación no contributiva para las personas con discapacidad y para aquellas familias que no tienen a alguien con discapacidad a cargo. Es fundamental, sobre todo, desde la perspectiva de la autonomía de la persona con discapacidad. En relación con la modificación que aquí se propone, es necesario separar las situaciones; no es lo mismo un caso que otro. Por tanto, el cálculo de los ingresos debe basarse exclusivamente en los ingresos propios de la persona con discapacidad, diferenciando situaciones que son desiguales de fondo.
En cuanto al artículo 363, considero que toda la Ley General de la Seguridad Social debería adaptarse al uso del término "incapacidad" y no al de "invalidez". Esto es otro ejemplo de que nos olvidamos de las normas relacionadas con las personas con discapacidad. Estoy totalmente de acuerdo con el cambio en la cuantía de la prestación, que debe elevarse en el caso de las personas con discapacidad, así como en la modificación del sistema de cómputo, para no tener en cuenta los ingresos de la unidad familiar a la hora de reconocer esta prestación.
También estoy de acuerdo con la compatibilidad de ingresos derivados del trabajo que no superen el 60% en cómputo anual de la prestación no contributiva. Me parece que sería interesante incluso incrementar ese límite, tal como se ha propuesto anteriormente. En este sentido, implica un incremento y una mejora respecto de la situación actual, ya que ese límite es actualmente más bajo, pero podría mejorarse. En cuanto al artículo 366, claramente se está facilitando algo que es de justicia: la compatibilidad entre el trabajo y la prestación no contributiva.
Amplía la duración de la compatibilidad de cuatro a diez años, lo cual me parece una ampliación muy acertada. Asimismo, se incrementa, como ya se señalaba, el límite económico de la compatibilidad con el trabajo. Este elemento es fundamental, ya que existe una sensación en las personas con discapacidad de que, si trabajan, pierden la ayuda que están percibiendo. Este miedo debe desaparecer. Es necesario que puedan desarrollarse también en el ámbito laboral y encontrar más trabajos de los que actualmente tienen a su disposición. Por tanto, debe haber la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan compatibilizar el cobro de la prestación no contributiva y, a su vez, desarrollarse laboralmente, ya que tienen el mismo derecho que todos los demás.
Estoy de acuerdo con el anterior ponente. El nuevo límite que se ha calculado representa una diferencia importante respecto del límite actual, pero considero que incluso se puede elevar ese límite de compatibilidad. Se ha señalado el salario medio actual en España, que podría ser tanto o un poco más de lo que actualmente está previsto en la propuesta. Totalmente de acuerdo con el artículo 367, que presenta una redacción más actualizada, inclusiva y justa con las personas con discapacidad. La Ley General de la Seguridad Social sigue tratando a este colectivo de forma discriminatoria y desigual, lo cual no puede ser así. Es necesario hacer referencia a factores de carácter físico, sensorial, mental, intelectual, conductual y cognitivo, tratándolos de forma equitativa.
También estoy de acuerdo con la reforma del artículo 368, que establece que solo pueden tenerse en cuenta los ingresos propios de la persona con discapacidad, valorados conforme a lo que prevé la ley, excluyendo el ámbito familiar. Además, apoyo la exención fiscal en el caso de las prestaciones no contributivas de incapacidad, en los mismos términos que actualmente existen para las prestaciones por hijo a cargo. Este es un elemento de justicia.
Asimismo, considero relevante tener en cuenta de forma particular el caso de las personas con discapacidad intelectual, permitiendo que puedan acceder a la prestación no contributiva incluso por debajo del grado de discapacidad del 65%. En el ámbito laboral, sabemos que en determinados centros especiales de empleo es más fácil acceder con una discapacidad de carácter físico que con ciertos grados de discapacidad intelectual. Por tanto, es necesario reconocer y abordar esta diversidad dentro del colectivo de personas con discapacidad.
Por último, en relación con la regulación de la cuantía, creo que el artículo en concreto podría redactarse de una forma más clara, aunque esto es simplemente una cuestión de redacción. Agradezco la oportunidad de participar en esta ponencia y espero que mis comentarios sean de utilidad.
No pot sobreviure sola com malament jo sobrevisc, i ha d'anar a viure amb un familiar, augmentant així les seves possibilitats de perdre la pensió, perquè aleshores hi haurà algú que li computarà les rendes. Siguem conscients que això augmentarà molt el número de beneficiaris. Per dos motius: primer, perquè traurem el còmput de la família, i en segon lloc, recomanarà les compatibilitats. Aquestes pensions es van configurar d'aquesta manera per reduir el nombre de beneficiaris. Jo ho vaig viure, com que probablement sóc dels més vells en aquesta sala, i vaig viure la creació de les pensions no contributives l'any 90. Es va configurar així per reduir el nombre de beneficiaris, perquè les prestacions legítimes, després de la sentència del Suprem que va abolir el còmput familiar, van tenir un augment en progressió geomètrica. Si voleu, després us ensenyo les xifres.
Els tècnics de la Seguretat Social es van posar les mans al cap i es va configurar així per reduir. Això permetia, amb menys diners i menys beneficiaris, fer un avenç i carregar els costos de gestió a les comunitats autònomes que després gestionaven la complexitat del càlcul. Comportarà una simplificació administrativa, això és evident, i eliminarà alguns efectes secundaris que es donaven a la família.
Sabeu perfectament que les parelles de fet estan més ben tractades en aquesta prestació, i que una persona que percebi una pensió no contributiva, que tingui una parella de fet, si cau en la temptació de casar-se amb la seva parella de fet, probablement perdrà la pensió. Això contradiu moltes coses de protecció a la família que volem i desapareixerà. Si s'acullen els pares o els sogres, una parella s'ha de plantejar si és convenient acollir el pare o el sogre, i quina repercussió tindrà, això no és racional.
Siguem conscients, per últim, que d'acord amb la jurisprudència actual del Tribunal Suprem no desapareixerà la imputació de rendes familiars. Disminuirà, però els jutges, que sabem que poden ser molt creatius, han trobat un sistema d'imputar les rendes de persones que no són membres de la unitat familiar al beneficiari. Per tant, una part de la família en la configuració actual de la jurisprudència del Suprem seguirà imputant els beneficiaris de pensions no contributives. És cert que totes les sentències són referides a situacions matrimonials de guanys, no hi ha cap sentència que jo conegui de separació de béns, però crec que no canviarà la jurisprudència del Suprem en aquesta imputació parcial de rendes d'altres membres de la família que no són la unitat econòmica familiar.
Estic totalment d'acord amb establir un criteri objectiu de suficiència, i millor que aquest criteri de referència sigui el salari mínim que l'IPREM. L'experiència ens diu que portem dos anys sense actualitzar l'IPREM i, en canvi, actualitzem l'SMI; només per això ja valdria la pena que agaféssim com a punt de referència el salari mínim.
Siguem conscients que petites diferències en el percentatge suposen un gran increment, no és directament proporcional. Petites diferències en la referència, quan es diu el 40%, el 50% o el 60% del salari mínim, fan una progressió geomètrica amb el nombre de beneficiaris que s'incorporen al sistema.
Finalment, vull destacar la importància d'elevar la compatibilitat de la pensió amb altres rendes. Un dels defectes inicials d'aquestes pensions era una incompatibilitat estricta que anava en contra del que diu la Carta Social Europea, la Carta de Drets Fonamentals sobre el dret a la inclusió. Per tant, estic totalment d'acord amb això.
Tres detalls que potser caldria revisar: primer, en els paràmetres de referència, millor que siguin coherents. Es diu compatibilitat, el 366, amb una vegada i mitja les pensions no contributives sense pagues extres, però les rendes que ho computen són amb pagues extres.
Amb pagues extres. Si és una qüestió de números, posem l'1,2 o l'1,3 del salari mínim, però no és comprensible per la gent que un punt de referència sigui amb pagues extres i l'altre sense pagues extres.
Segona referència: la compatibilitat amb el 60% de les pensions. Compareu-ho amb la pensió mínima de jubilació contributiva. La pensió contributiva de jubilació correspon a les persones que han cotitzat com a mínim quinze anys i que, com que no arriben a un mínim decent, amb diners públics se'ls complementa la pensió per arribar a un nivell de subsistència. La pensió no contributiva, amb algú que té uns ingressos del 60%, com es proposa, s'eleva al 80% del salari mínim. Això serà superior a la pensió mínima de jubilació contributiva.
Grinyola una mica que amb diners públics es complementi més a qui no ha cotitzat que a qui ha cotitzat. Certament, els que van proposar això no podien saber quin seria el salari mínim enguany ni quina seria la política de l'Estat en quant a la pensió mínima de jubilació, però actualment, a dia d'avui, grinyola aquesta diferència.
Tercera observació: la proposta es limita a les pensions per incapacitat, que és l'objecte fonamental. Cal mirar els articles de la jubilació; és cert que pràcticament tots els articles es refereixen a les pensions per incapacitat, però hi ha un article en la pensió de jubilació no contributiva que parla de computar ingressos a la unitat econòmica familiar, que és el 369.2. Caldria introduir en algun lloc que això també s'ha de canviar perquè no tinguem un disgust amb interpretacions.
Per últim, suposo que no m'heu convidat perquè us expliqui com funcionen les pensions, que ja ho sabeu, ni la proposta que porteu moltes hores estudiant, sinó perquè sacsegi una mica el debat amb alguna cosa diferent de les que us diuen normalment. Tinc diverses coses que us podria proposar, però n'he seleccionat una. Una cosa que no és la proposta, i que s'hi podria haver inclòs, és recuperar la proposta que va fer el Partit Socialista fa uns anys al Congrés dels Diputats.
La ponent va ser una catalana, a més a més la portaveu del Partit Socialista Espanyol en aquell moment al front del Pacte de Toledo. Els detalls els podem trobar en el Congrés dels Diputats, però en lloc d'aquest butlletí us poso un retall de premsa que és molt més gràfic i il·lustratiu. Aquesta va ser la proposta del PSOE al Congrés dels Diputats. Bàsicament, es tracta de dir que no és igual una persona que ha cotitzat catorze anys i mig que una persona que no ha cotitzat cap any.
Es pot introduir una diferència, esquemàticament, en la qual pot haver-hi una part fixa i una part variable segons el temps que s'hagi cotitzat. Això tindria diverses repercussions. Segur que tots vostès coneixen alguns dels milers, desenes, centenars de milers de persones que han treballat en l'economia submergida durant molts anys, per exemple, en el servei domèstic o en cures de les persones.
Sabem que entre l'enquesta de població activa i els afiliats al servei domèstic hi ha dues-centes mil persones de diferència. Algunes d'aquestes persones treballen en negre i, per tant, no veuen la necessitat de cotitzar. A aquestes persones, alguns dels immigrants que es regularitzaran aviat, podrien tenir un incentiu a cotitzar.
No puc accedir al benefici de jubilació si cada any que cotitzo li suposa una millora. Tècnicament, no representa cap dificultat jurídica per fer això. Això ho vaig proposar en el Congrés de la Carolina de Seguretat Social, que cada any es fa a la seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Per tant, sé que no hi ha cap complexitat jurídica per poder fer-ho. Això admetria variants, però em permeto posar-ho sobre la taula per sacsejar una mica el debat. Gràcies per escoltar-me.
Gràcies, senyor Fargas, i amb això tanquem el torn dels tres compareixents. Ara serà el torn dels grups parlamentaris i, si els hi sembla, fem el mateix ordre que vam fer servir a la darrera sessió. Començarem amb el senyor Pedrós, del grup parlamentari de Junts. Senyor Pedrós.
Gràcies. Li puc demanar de ser l'últim, sisplau, perquè necessito uns minuts per respirar tranquil·lament?
Sisplau, del grup parlamentari dels comuns?
Avui estic despistada, ja em veuen, estic de dilluns encara. Moltes gràcies, president, i gràcies també a les compareixents per compartir aquestes reflexions. Jo, en qualsevol cas, més a tall de pregunta que per poder ampliar alguna de les qüestions que vostès plantejaven, recollint el guant que ens llançaven, perquè és veritat que la nostra obligació és garantir que les normes evolucionen alhora que ho fa la societat i, per tant, garantir la seva utilitat. Aquesta qüestió podria ser un bon exemple.
Ens plantegem aquesta revisió respecte a la prestació no contributiva de discapacitat, partint de les majors necessitats econòmiques i de despesa d'aquestes persones, també dels seus entorns cuidadors i cuidadores, el que mereix l'acció protectora dels poders públics. Respecte a algunes de les qüestions, vostès ja han començat a parlar, com és el tema de la suficiència.
Nosaltres ens qüestionàvem si, tant si és contributiva com no contributiva, alguna pensió ha d'estar per sota del salari mínim interprofessional, tenint en compte aquesta consideració d'ingrés mínim que es considera vinculada al fet d'haver desenvolupat activitat. També ens preguntem si és més adequada la determinació individual del nivell d'ingressos, només pel que fa a la no contributiva de discapacitat o en general a totes les no contributives.
Per què els hi faig aquesta pregunta? Perquè el nostre ordenament jurídic és veritat que beu d'aquest concepte, si m'ho permeten, de família cristiana que es dona a la normativa del sud d'Europa, i no tant a la del centre i nord d'Europa, que té en canvi d'altres consideracions més referides a la capacitat econòmica de la persona titular de la prestació.
Ens recordaven vostès també diversos articles de la Convenció de Nova York que reconeixen el dret de les persones a accedir a un nivell de vida adequat a les seves necessitats. I entrant al terreny dels dubtes, ens plantejàvem si ens podríem qüestionar també una modificació més ambiciosa que afecti a d'altres prestacions no contributives, com alguns de vostès apuntaven, donat que més enllà que les limitacions en el desenvolupament de la vida quotidiana d'aquestes persones tinguin a veure amb la possible situació de discapacitat, poden travessar per d'altres situacions que requereixin també la tramitació d'aquestes altres pensions.
Una última qüestió, i amb això acabo, president, que té a veure amb un debat que s'està produint a l'Estat, donat l'impuls des del Ministeri d'Afers Socials de la reforma de la llei de dependència i de la llei de discapacitat, que també dedica atenció a les prestacions que són beneficiàries aquestes persones. Quines consideren que haurien de ser les qüestions que de manera imprescindible haurien de formar part d'aquesta modificació? Gràcies.
El senyor Pedrós està en condicions d'intervenir? Doncs endavant, senyora Pedrós. Moltes gràcies. Bon dia, gràcies per les seves intervencions. Celebrem sincerament que tots coincideixin en el sobrecost que suposa tenir una discapacitat. He trobat a faltar l'incís que estableix que tenir-la a Catalunya és encara molt més car per nosaltres i per les nostres famílies. Demano i agraeixo, i ho estic intentant fer tan bé com puc, que consti en acta que les presentacions digitals les puguem disposar abans per tenir accés amb igualtat de condicions i d'oportunitats. De fet, els drets i els deures, insisteixo, no només s'han d'escriure molt bé, s'han d'exercir.
Escoltant el senyor Fresno, m'han vingut algunes preguntes, concretament tres. La primera és si considera que una reforma de les pensions no contributives pot garantir suficiència material real si es calcula amb criteris estatals homogenis, sense incorporar el sobrecost de vida a Catalunya, especialment en habitatge. La segona pregunta és quin model tècnic proposaria per introduir un índex territorial de cost de vida que ajusti prestacions i llindars perquè el dret tingui el mateix valor real arreu. I en tercer lloc, com creu que s'hauria de dissenyar la compatibilitat d'aquestes pensions no contributives amb el treball perquè sigui un incentiu net i no un risc de pèrdua de dret en trajectòries laborals fràgils.
A la senyora Gala, més enllà d'agrair-li la seva intervenció, m'ha inspirat un parell de preguntes. La primera seria des del punt de vista jurídic. És viable incorporar a la llei general de la Seguretat Social mecanismes correctors territorials vinculats al cost de vida, especialment tenint en compte el factor habitatge, sense vulnerar el principi d'igualtat? Quins canvis normatius són imprescindibles per garantir una compatibilitat també pel que fa a la pensió no contributiva al treball, aquest treball més estable, especialment amb seguretat jurídica i sense penalitzar increments modestos d'ingressos, ni per garantir una pobresa crònica, que és el que ens amoïna més en territoris amb costos especialment elevats com pot ser Catalunya?
Al senyor Fargas, també li dono les gràcies i un parell de preguntes molt concretes. Té sentit plantejar un model, és a dir, una reforma que vinculi la pensió no contributiva a un salari mínim de referència? Pensant que nosaltres apostem per un salari mínim de referència català, evidentment ajustat al context català, com es podria aplicar tècnicament? Quins mecanismes serien més eficients per integrar el cost de la vida, de l'habitatge, en la suficiència real de la prestació, ja siguin complements, coeficients o blindatges diferencials? I en segon lloc, en termes de dret social, com justificaria que la igualtat real exigeixi tractes diferenciats davant de les desigualtats territorials persistents? És a dir, no és el mateix viure i cobrar una PNC en territoris més del sud de la península que no pas a Catalunya.
Moltes gràcies i gràcies per la paciència. Senyor Pedrós, demanarà la informació que traslladarem als diputats des dels serveis de la cambra, i la senyora Mercè se n'ocuparà.
Senyors Ríos, en nom del Grup Parlamentari Socialista, Junts per Avançar. Moltes gràcies per un rato, bon dia. Estic molt agraïda dels tres ponents, a més de les seves aportacions. El senyor Fresno ha estat molt clar, ens ho ha portat molt ben explicat i, fins i tot, en aquest sentit va més enllà de la proposta. Vostè, senyor Fresno, suggeria que potser era insuficient dins del que es proposa amb aquesta modificació i parlava d'uns punts concrets que, segons el seu criteri, s'havien d'augmentar. Hem pres nota de les seves aportacions i, evidentment, les tindrem en compte a l'hora de treballar la ponència. Per tant, moltíssimes gràcies per la feina, com ja dic, perquè ens ho ha portat molt ben explicat. Després, la senyora Galán ha coincidit amb molts en què cal portar a terme aquestes modificacions, més que res per un tema de justícia.