Comunidades Autónomas - Principado de Asturias - 10 de febrero de 2026

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Ruego a los portavoces que comuniquen si hay sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias, no la hay. Grupo Parlamentario VOX, no hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular, no hay sustituciones. Y Grupo Parlamentario Socialista, tampoco hay sustituciones. Muchas gracias. Damos entonces la bienvenida al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, don Ovidio Zapico González. El primer punto del orden del día es la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Adrián Pumares Suárez. Como saben sus señorías, se seguirá el siguiente formato para la sustentación de la iniciativa: cuatro minutos para el autor de la pregunta, la formulación de la pregunta no cuenta, y cuatro minutos para el consejero, sumando el primer turno de respuesta y el segundo. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra su autor. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Zapico, señor consejero. ¿Qué acciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para luchar contra todos los tipos de obsolescencia de los productos? Muchas gracias, señor Pumares. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta, y muy buenos días, señoría. En relación a su pregunta, como sabe, hace poco más de un mes aprobábamos en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. En varios artículos de ese texto, que imagino que ustedes iniciarán, si no lo han hecho ya, su tramitación en esta Junta General, vienen recogidos preceptos relativos a la obsolescencia prematura de cualquier utensilio o bien de consumo. Esto indica la intención de este Gobierno y de esta Consejería de regular algo que hoy no tiene esa regulación y que necesita, para proteger al usuario, una normativa específica al respecto. Muchas gracias. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Pumares. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias también por su respuesta, señor Zapico. Entiendo y comparto que esta pregunta se debe enmarcar en el debate de ese proyecto de ley de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias que debatiremos próximamente en esta Cámara. Le explico por qué le hago esta pregunta dentro de ese marco. A principios del año 2020, antes de la pandemia, defendí en el Pleno de la Junta General una proposición no de ley relativa a la obsolescencia programada, que no es otra cosa que programar el fin de la vida útil de un producto tras un periodo de tiempo predeterminado por los fabricantes, volviéndose inservible. En este término de obsolescencia incluimos todas aquellas técnicas que introducen defectos, fallas, errores programados, impedimentos para la reparación, y cualquier tipo de limitación técnica que se haga de forma deliberada por parte del fabricante, limitando la duración del producto para incrementar la tasa de reemplazo y, por ende, los beneficios. Aquella proposición no de ley tenía dos puntos: uno hacía referencia a las competencias autonómicas y otro a las competencias estatales. Un punto fue aprobado por esta Cámara y otro no. El punto que fue aprobado reclamaba al Gobierno de España que, en el marco de sus competencias para establecer legislación básica, impulsase las medidas legislativas pertinentes para prohibir o, al menos, informar sobre esas prácticas de obsolescencia programada. Sin embargo, el punto que no fue aprobado interpelaba al Gobierno del Principado de Asturias, reclamándole que impulsase la legislación necesaria de ámbito autonómico para prohibir esas prácticas o, al menos, informar sobre ellas.

Más otro tipo de medidas adicionales, como por ejemplo, facilitar la reparación de los productos por parte de las empresas fabricantes, mejorar la calidad y la sostenibilidad de los mismos, así como establecer sistemas de control que permitan garantizar una duración de vida mínima de los productos. También se plantean medidas para fomentar un consumo responsable por parte de los consumidores, teniendo en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, la huella ecológica y la calidad de los productos. Asimismo, se busca favorecer la realización de proyectos masivos basados en el diseño ecológico, la economía circular, el residuo mínimo y la economía de la funcionalidad, lo cual se relaciona con otras competencias en materia de residuos. Se proponía, además, el fomento de una etiqueta voluntaria que incluya la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la capacidad de modulación conforme al progreso técnico y la posibilidad de recuperación. Sin embargo, aquella iniciativa no contó con el respaldo de la Cámara en lo que respecta al ejercicio de esas competencias autonómicas. Algunos partidos adujeron cuestiones ideológicas y otros, problemas competenciales para desarrollar legislación autonómica en la materia, a pesar de que Extremadura ya incluye la prohibición de la obsolescencia programada desde febrero de 2019, con su Ley 6/2019 del Estatuto de las Personas Consumidoras. Usted, en aquel momento, que era diputado, votó a favor de aquel punto e incluso me reprochó que aceptase descafeinar la iniciativa al aceptar enmiendas que limitaban el ámbito al nacional. Por ello, lo que quiero es que, dentro del marco de la ley que se va a debatir en esta Cámara, se ejerzan las competencias y se exija que, si los productos tienen una fecha predeterminada para dejar de funcionar, se indique esa fecha a las personas usuarias para que se refleje en el precio. Las expectativas empresariales son legítimas, pero los derechos de los consumidores son irrenunciables. Gracias, consejero. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, presidenta. Agradezco la intervención de su señoría, que ha hecho un buen repaso a aquella Proposición No de Ley y ha refrescado la memoria de todos los presentes. No recuerdo literalmente lo que dije en aquel debate, pero los hechos demuestran que sigo pensando y actuando de manera similar a lo que manifesté en ese momento. El compromiso se plasma en diferentes artículos del proyecto de ley de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias que ya tenemos en esta Junta General. Aprovecho para tender la mano a usted y al resto de los grupos democráticos de esta Cámara, al igual que estamos haciendo con el resto de leyes en tramitación por parte de esta consejería, para debatir en torno a ellas durante el trámite parlamentario y las enmiendas en ponencia, buscando una ley que conjugue el legítimo comercio y los derechos de las personas usuarias y consumidoras. Espero que esta ley tenga una tramitación ágil y que podamos abordarla en este periodo de sesiones. Además, desde la Dirección General de Consumo, estamos impulsando un contrato mayor para llevar a cabo en próximos ejercicios distintas campañas específicas en materia de derechos, y una de esas campañas abordará la obsolescencia programada y prematura. Muchas gracias, señoría. Pasamos al segundo punto del orden del día con la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Adrián Pumares Suárez. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra su autor. Gracias, presidenta. Señor Cofiño, ¿considera el Consejo de Gobierno que las actuales directrices sectoriales de comercio paralizan inversiones y frenan la creación de empleo? Muchas gracias, señor Pumares. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, presidenta. Abre ahora un debate que considero muy interesante, en el que es necesario reflexionar sobre la evolución en términos de crecimiento, primero poblacional y luego comercial, en Asturias durante los años en que las directrices han estado en vigor.

Los últimos 16 o 17 años, tenemos una población muy aproximada a la que teníamos en aquel momento, incluso había descendido, y afortunadamente el repunte de estos últimos años nos ha logrado equilibrarla. Por otro lado, aquellas directrices surgen en una coyuntura en la que había un crecimiento desmedido y desordenado del comercio, y eran necesarias. Piense usted en lo que ha pasado durante los últimos años con espacios comerciales como Parque Astur, Caudalia o el centro comercial del Valle del Nalón. Creo que todo esto demuestra la importancia de unas directrices que, como he mencionado en ocasiones anteriores, necesitan posiblemente una revisión. Esta revisión debe estar enmarcada en un debate que ha de ser sereno y sosegado, y que, sobre todo, garantice el consenso y, algo muy importante, la protección del pequeño comercio y del comercio de cercanía. Muchas gracias. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Pumares. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, está bien tener debates serenos y sosegados, lo que no está bien es tener debates eternos. El problema es que ustedes utilizan el eufemismo de "sereno" y "sosegado" para eternizar un debate, y eso es lo que no puede ser. Mire, usted lo dijo también, conviene recordar que las directrices de equipamiento comercial datan del año 2010, es decir, llevamos más de quince años sin revisar estas directrices. Considero que es imprescindible esa revisión, ya que están paralizando inversiones y frenando la creación de empleo. La cuestión es que no soy el único que lo piensa; hay compañeros en el Consejo de Gobierno que piensan lo mismo. La propia exconsejera Nieves Roqueñí, con la que usted compartió Consejo de Gobierno, consideró necesaria la reforma de esas directrices, porque la normativa es ineficiente, compleja y difícil de interpretar. Es inoperativa y es necesario adecuar las directrices a la ley de la oferta y la demanda. Si no paralizan inversiones y no frenan la creación de empleo, ¿por qué el Gobierno acordó en el año 2022 revisarlas? Además, hay un grupo de trabajo para la revisión de las directrices sectoriales de equipamiento comercial del que usted y el señor Latiarra forman parte. Si es que todavía sigue existiendo ese grupo, porque no sé si sigue teniendo reuniones. Pero si no paralizan inversiones y no frenan la creación de empleo, ¿qué modificaciones son, a su juicio, necesarias para adecuarlas a los nuevos tiempos? ¿Cuándo van a tener un documento que presentar, no solo a esta Cámara, sino a la sociedad asturiana? ¿Cuánto tiempo necesitan exactamente para modificar esas directrices de equipamiento comercial? ¿Cuánto tiempo se puede dilatar un debate sereno y sosegado? Mire, yo lo he sido ya, pero voy a serle tremendamente claro. Creo que las actuales directrices sectoriales de equipamiento comercial paralizan inversiones, frenan la creación de empleo y suponen un obstáculo injustificado para el desarrollo económico del Principado de Asturias. Además, generan inseguridad jurídica y desincentivan iniciativas empresariales que no solo son viables, sino que son necesarias. Creo que usted, en concreto, pero no en solitario, evidentemente con el consentimiento del presidente Adrián Barbón, está convirtiendo la ordenación del territorio en una política de veto permanente. Esto es un candado que frena proyectos, bloquea inversiones y, por tanto, impide la creación de empleo. También creo que están jugando con una excusa tramposa, porque usted mencionó que modificar las directrices podría perjudicar al pequeño comercio o comercio minorista. No es verdad. Es perfectamente posible, y por supuesto imprescindible, que la modificación de las directrices sectoriales de comercio que permitan nuevos proyectos, que crean empleo y generan riqueza, sea compatible con la protección del comercio de proximidad, la movilidad y la sostenibilidad. Mezclar los debates no está bien, por mucho que se pretenda revestir de un debate sosegado. Ustedes deben decidir si quieren unas directrices sectoriales de comercio que sirvan para ordenar y clarificar, o simplemente pretenden convertirlas en un mecanismo que sirva únicamente para prohibir y vetar. Ustedes tienen que decidir si las directrices de comercio son una herramienta útil al servicio de la ciudadanía.

Convertirlo en una suerte de manual de instrucciones para evitar, o para lograr, mejor dicho, que inversiones se vayan a otras comunidades autónomas. Porque usted sabe igual que yo que, mientras hay territorios que flexibilizan y buscan mecanismos para atraer inversiones, aquí lo que se está haciendo es enredar y poner trabas. Entonces, ¿qué modificación cree usted que requieren las directrices sectoriales de equipamiento comercial? ¿Cuándo van a presentar un documento a la sociedad asturiana y cuánto tiempo cree usted necesario para tener un debate sosegado y tranquilo para revisarlas? Gracias, consejero. Gracias, presidenta. Señoría, varias cuestiones de manera muy rápida. Le insisto en lo que le decía en mi primera intervención. ¿Qué cambios sustanciales se han producido en Asturias en estos últimos dieciséis años en materia demográfica, de comercio o en hábitos de consumo? En materia demográfica estamos exactamente igual. En materia de consumo, piense usted en lo que ha pasado con Parcastur, lo que ha pasado con Caudalia, lo que ha pasado con el centro comercial del Valle del Nalón. En hábitos de consumo, si somos un millón de personas y cada persona come un yogur al día, consumimos un millón de yogures. Me da igual comprarlos en la tienda de al lado que en una gran superficie del centro de Asturias; no va a aumentar esa cantidad de yogures consumidos. Pero fíjese, porque tal parece que todos los males de lo que acontece en este gobierno, cuando a la derecha no le gusta, es culpa mía y de mi consejería. Y muchas veces es así, lo reconozco. Muchas de las cuestiones que a la derecha no le gustan las empujamos y las propiciamos nosotros, es nuestra obligación. Pero en esto, siento decirle que no es así. La competencia en estos momentos no me corresponde a mí. La redacción del documento de avance, que ya hace tiempo que está elaborado, corresponde a la Consejería de Ciencia. Desde la última modificación de estructura de esa consejería, cuando asume las competencias en materia de industria y comercio, no estamos en ninguna mesa ni en ningún grupo de trabajo; no tengo a ningún director general ahí. Por lo tanto, no me puede apremiar para algo que no es competencia mía. Podrá pedirme mi opinión política, y creo que se la he dado ahora. Termino con algo: ¿cuánto tiempo hay que tener un debate sereno y sosegado? El que sea preciso para sacar una normativa por consenso que tenga en cuenta siempre al pequeño comercio y garantice la movilidad y la sostenibilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos al tercer punto del orden del día, con la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Adrián Pumares Suárez, y para la formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. Sí, gracias, presidenta. Señor Zapico, mañana le pregunto al consejero competente: ¿cuál es la postura del Consejo de Gobierno ante el anuncio de Pedro Sánchez de bonificar fiscalmente a los arrendadores que congelen las rentas a los inquilinos? Muchas gracias, señor Pumares. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Pumares, en este sentido, el Gobierno de Asturias no es un gobierno insumiso a la ley de vivienda estatal, igual que hacen muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha. En el marco de la ley estatal se contemplan una serie de bonificaciones al respecto, que le cito brevemente: una bonificación del 90% cuando ese alquiler se produce en una zona tensionada y se reduce la renta en un 5%; un 70% si es un primer alquiler a jóvenes también en zona tensionada o se pone la vivienda a disposición de programas como el Alquílamos. Por lo tanto, el Alquílamos tiene una bonificación para los propietarios en IRPF del 70%, un 60% para la vivienda rehabilitada que se pone a disposición del régimen del alquiler y un 50% para el resto de casos. En ese marco es donde trabaja el Gobierno de Asturias. Muchas gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Pumares. Gracias, señora presidenta. Señor Zapico, creo que la pregunta era bastante clara. Además, creo que usted, no es habitual por su parte, pero me ha hecho cierta trampa para no responderme. Yo no le preguntaba cuál era su criterio en relación con la ley de vivienda, sino con una propuesta muy concreta realizada recientemente por el presidente del Gobierno de España, que, como ya estamos acostumbrados, hacen anuncios antes de saber si tienen los apoyos para llevarlos a cabo.

Gracias, señor presidente. Se podría proceder a una revisión del alquiler y se podrían incrementar los precios. Lo que proponía era bonificar fiscalmente a los propietarios con la condición de que no incrementasen el precio de los alquileres, sino que los congelasen. Esa era la pregunta que yo le realizaba, y que además me interesa conocer la opinión del Consejo de Gobierno, y entiendo que me la tiene que trasladar usted, porque es usted el consejero con las competencias en la materia. Evidentemente, aquí se va a plantear un problema, y es que usted seguramente me diga una cosa, y si le pregunto a otro consejero, como puede ser la consejera de Hacienda, me diga otra cosa. El Gobierno a veces da la impresión de que es un barco con dos timones que giran en direcciones opuestas. Pero lo que es evidente es que la propuesta que ha realizado el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, en relación con la bonificación fiscal para aquellos inquilinos que no incrementen el precio de los alquileres, demuestra varias cosas. Demuestra, en primer lugar, que estamos ante una política de vivienda a nivel estatal que, al final, se traslada a las comunidades autónomas, que no es clara y que da bandazos. Todos sabemos que esa propuesta podría compaginarse perfectamente con la contraria en un plazo de tiempo no muy largo. Esa propuesta también constata que la ley de vivienda, de la que tanto se presume, es inútil a la hora de afrontar problemas concretos, como el posible incremento del precio de los alquileres cuando se revisen esos contratos. La limitación de precios puede ser un parche temporal, pero no se puede mantener en el tiempo, y lo estamos viendo con la ley de vivienda. Sé que usted piensa que hablar de incentivos fiscales es un regalo a los caseros, porque lo han dicho compañeros suyos. Ustedes también se manifestaron en contra cuando escucharon la propuesta. Pero la realidad es que lo que ustedes proponen, que al final es intervencionismo puro y duro, ha demostrado su fracaso y solo ha servido para controlar la oferta y disparar los precios. Es verdad que la propuesta del presidente del Gobierno no es más que un parche, y lo que hace falta es tomar medidas que realmente incrementen la oferta y puedan ajustar esa oferta a la demanda. Lo que me preocupa también, detrás de este desencuentro entre las dos partes del Gobierno, es que no es lo único. Antes hablábamos de las decisiones de equipamiento comercial, donde usted ya no tiene las competencias, pero quien lo bloqueó fue su consejería, a pesar de haber alcanzado acuerdos en la pasada legislatura con el pequeño comercio del Gobierno de Barbón. Ustedes dan carta de naturaleza a discrepancias que muchas veces no son normales, y no podemos dar por normal que lleguemos a situaciones donde una parte del Gobierno denuncia decisiones que toma la otra parte. En este sentido, en relación con la política de vivienda, creo que pasa algo parecido. Usted nos da unas propuestas que, sin embargo, sus socios en ocasiones no comparten, o viceversa. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, presidenta. Señoría, tendré la ocasión posteriormente de responder a un grupo parlamentario sobre si pienso que el conjunto del Gobierno respalda las políticas de vivienda. Por lo tanto, me ceñiré a ese turno. Lo que sí le puedo decir ahora es que el Gobierno de Asturias está comprometido con el desarrollo de esas bonificaciones que la ley de vivienda estatal contempla, especialmente con el 70% de las viviendas que se ponen a disposición del alquiler. Hay también alguna otra bonificación fiscal dentro de nuestro propio sistema fiscal, el modelo fiscal asturiano. Pero le voy a decir algo: ese anuncio del presidente Pedro Sánchez a principios de año, ¿ha oído usted hablar más de él? ¿Ha visto usted ese anuncio concretado? Yo creo que no, y creo que ni va a haber más ni lo va a concretar. Recibía una llamada del Ministerio.

El 15 de enero, habían leído declaraciones mías en el sentido de que no me parecía un proceder adecuado. Lo que me trasladan es que, efectivamente, haya sido fruto de la confusión y de la mala comunicación, y que esta medida, señoría, siento decepcionarle, pero mucho me temo que no se lleve adelante y que quedemos con esas bonificaciones fiscales, tal y como recoge la Ley de Vivienda Estatal, que es, insisto en ello, donde está la posición política del Gobierno de Asturias. Gracias, presidenta. Pasamos al cuarto punto del orden del día con la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, doña Covadonga Tomé Menéndez. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra su autora. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días, consejero. ¿Cuándo tienen previsto que salga la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria democrática? Muchas gracias, señora Tomé. Tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, presidente, y muy buenos días, señora Tomé. Respecto a la pregunta que usted me hace, permítame primero marcar la necesidad de dotar de ese músculo administrativo del que habíamos hablado alguna vez a la administración asturiana en materia de memoria democrática, que, como bien sabe usted, partíamos de cero al inicio de la legislatura, más allá del cargo meramente político del director general. Fuimos poco a poco dotando de contenido a través de ese Instituto de la Memoria, que ya pusimos en marcha en julio de 2024, que tiene un director, una persona responsable y un documentalista. Además, hemos recibido ya con este año empezado, hace unas semanas, el tercer refuerzo, que es algo muy importante, que es una gestora, exactamente dentro de la RPT. Asimismo, tenemos 40.000 euros para desarrollar este tipo de actividades destinadas a las entidades memorialistas. Desgraciadamente, y hay que reconocerlo, tanto en el 2024 como en el 2025 no pudimos lanzar la convocatoria por falta de medios humanos para poder abordar todo el trabajo que tenemos en el seno de la Dirección General. En ese sentido, estamos convencidos de que a lo largo del mes de junio de este año sí podremos tener esta convocatoria adelante, gracias precisamente a ese refuerzo administrativo del que nos hemos dotado en los últimos días. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Tomé Menéndez. Sí, gracias, presidenta. En agosto de 2025, consejero, hubo 16 asociaciones memorialistas que firmaron un escrito en el que ponían de manifiesto algunas desavenencias en cuanto a los retrasos por parte del Gobierno autonómico en el desarrollo de algunas de las políticas de memoria democrática. Es verdad que usted, en conversaciones previas, en esta comisión, en el Pleno, en la cafetería, siempre habló, y lo reconocemos, de que el volumen de trabajo era tal que no había capacidad suficiente para tramitarlo y que había que priorizar actuaciones. Cuestiones con las que estamos de acuerdo y que tienen que ver con lo que me acaba de hablar usted de dotar de músculo a esta dirección general, algo que desde nuestro punto de vista es completamente necesario. Sin embargo, es cierto que, como le digo, en agosto del 2025 estas asociaciones memorialistas le reclamaban, entre otras cosas, la convocatoria de estas ayudas, y que medio año después no teníamos más noticias que la que nos acaba de dar usted, que es que probablemente en junio de este año se convoquen. La convocatoria de estas ayudas, que no tienen otra intención que fomentar la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria democrática, y que, además, cuando no se dan, dificultan verdaderamente el trabajo de estas asociaciones que, como usted sabe, se desarrollan de forma voluntaria y con recursos muy limitados. Un trabajo de difusión y conocimiento de nuestra memoria democrática que, a la vista de lo que está ocurriendo, entendemos que es más necesario que nunca. De hecho, como ven, el señor Jové, cada vez que pregunto por memoria democrática, se marcha porque no quiere escuchar nada sobre este tema, y al Partido Popular seguramente tampoco le encanta. Pero, en cualquier caso, como decía, es una labor más necesaria cada día y que entendemos que necesita de estas ayudas. Unas ayudas que en el periodo 2022-2023, si no recuerdo mal, contaron con 80.000 euros, y que después, ni en el 2024 ni en el 2025, se convocaron. En el plan estratégico de su consejería, de la Consejería de Ordenación para 2024-2026, ese plan estratégico que es el instrumento por el que...

La consejería ordena las ayudas públicas, define los objetivos, los resultados esperados, los plazos de financiación y garantiza el uso transparente y eficiente de los recursos públicos. Nos llama la atención que todas las direcciones generales cuentan con líneas de ayuda, a excepción de la de ordenación del territorio, lo que podría entenderse por las competencias que asume esta dirección en concreto, y la otra es la de memoria democrática. Precisamente, les preguntamos por escrito sobre qué iba a ocurrir con estas convocatorias. En 2025, la respuesta es obvia: no han salido, y en 2026, tendremos que esperar a ver si en junio efectivamente ocurre lo que usted me acaba de anunciar, que es que se convocarán. Cuando les preguntamos por escrito, de hecho, les preguntábamos si habría algún cambio en las bases reguladoras de estas ayudas. Lo hicimos, creo recordar, a tenor de alguna respuesta que usted nos dio en esta comisión sobre las ayudas de las que estamos hablando. Nosotros buscamos en el BOPA la publicación de ese posible cambio de las bases reguladoras para facilitar o mejorar la tramitación, pero tengo que reconocer que no encontramos absolutamente nada. En el último debate de orientación política correspondiente al año legislativo 25-26, presentamos una propuesta de resolución en la que solicitábamos precisamente la convocatoria en 2026 de estas ayudas. Esta propuesta de resolución fue respaldada por el Partido Socialista y por el bloque progresista de esta Cámara, y fue rechazada, como no, por la derecha, que, insisto, tiene mayor interés en que no se hable de memoria democrática que en que se hable de ella. Por lo tanto, agradecerle el anuncio de la fecha de junio y, por nuestra parte, seguiremos pendientes y volveremos a preguntar para ver si realmente se convocan nuestras ayudas. Gracias, consejero. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señoría. Le explicaba en mi primera intervención cuál era la situación de la convocatoria. Voy a estar atento y empujando para que ese plazo que hoy le he dado se cumpla. Coincido con usted en la importancia del trabajo de las entidades memorialistas, cómo no voy a coincidir en algo tan esencial como la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación en nuestro país durante muchos años, en los que las administraciones públicas no atendían o no atendían lo suficiente esta faceta tan necesaria para el desarrollo democrático de España. En el marco de esas carencias, asumo cualquier acto público y lo hago propio, aunque realmente en el tiempo que llevamos no se podía exigir tanta responsabilidad de tantos años atrás. Sin embargo, es cierto que afortunadamente, en los últimos años, las administraciones y las leyes de memoria, tanto en nuestro país como en Asturias, han cambiado. Hay un impulso y las cosas se hacen de otra manera, algo que tenemos que preservar en el tiempo. En ese sentido, era vital para Asturias dotarse de una estructura administrativa, porque sin ella, evidentemente, más allá de buenas voluntades y de buenas palabras, poco se puede desarrollar. Afortunadamente, cuando termine la legislatura, podremos hacer un balance de lo que se ha hecho en materia de memoria en Asturias en estos años. Reconozco que hay muchas cuestiones pendientes que deben abordarse, pero también se han hecho avances, y espero que en la priorización de actuaciones haya cada vez menos necesidad de priorizar y podamos hacer más. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Pasamos al quinto punto del orden del día con la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, doña Covadonga Tomé Nestal. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra su autora. Sí, gracias, presidenta. Si me permite, presidenta, consejero, después de preguntar el 17 de septiembre y el 19 de noviembre del 24, así como el 21 de abril del 25 por esta cuestión y registrar la pregunta de hoy, ayer recibimos de parte de las asociaciones memorialistas una resolución en la que hablan precisamente de reabrir el expediente para terminar con el monumento facha del Colegio de la Inmaculada de Gijón. Así que, verdaderamente, nos damos por respondidas. Ya le dije el otro día en el Pleno que, de vez en cuando, me da usted alegrías, consejero, y espero que lo siguiente sea ver cómo se retira este monumento. Vamos a retirar la pregunta porque ya se contestó. Gracias. Pasamos al sexto punto del orden del día con la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, doña Susana Fernández Arias. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra su autora.

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. La pregunta que se me formula se refiere al tiempo medio de espera para la reparación de averías en calderas, sistemas de calefacción y suministro de agua caliente en los edificios gestionados por BIPASA en Mieres. Voy a proporcionar unos datos objetivos con una explicación de cómo funciona el servicio. El año pasado, 2025, se tramitaron en Mieres 62 incidencias relacionadas con este tipo de averías. De acuerdo con los datos que constan en el sistema de gestión de la empresa pública BIPASA, el tiempo medio de tramitación completa, desde que se adjudican los trabajos hasta la recepción del documento justificativo del gasto por parte de la empresa mantenedora, fue de 20 días. No obstante, para clarificarlo un poco más, el sistema informático registra como fecha de cierre la que corresponde a la justificación económica de ese gasto, es decir, cuando se paga a la empresa de mantenimiento, no cuando el servicio queda restablecido. En términos operativos, los servicios técnicos constatan que el plazo efectivo de resolución, es decir, cuando el servicio queda restablecido, es sensiblemente inferior y está en torno a los diez días. Esto significa que son diez días para reponer el servicio en la avería y otros diez días más para pagar a la empresa. Este plazo comprende de manera ordinaria todas las fases del proceso técnico, desde la comunicación de la incidencia, la planificación de la actuación, la visita de diagnóstico, hasta la identificación de la avería. Por lo tanto, esos son los plazos y la situación en Mieres. Muchas gracias. Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Fernández Arias. Gracias, presidenta. Señor consejero, una vez más debemos volver al tema de BIPASA, que es un ejemplo de cómo la izquierda convierte la gestión pública en un auténtico desastre, y usted lo sabe. Lo que debería ser una empresa al servicio de los asturianos más vulnerables se ha convertido en un laberinto burocrático, lento, ineficiente y profundamente insensible con las personas que más necesitan amparo. No estamos hablando de un caso aislado ni de una simple avería puntual. Hablamos de familias, de personas mayores y de vecinos del edificio La Unión número 5 en Mieres, que han pasado todas las Navidades entre 0 y 4 grados debido a una caldera averiada que nadie se ha molestado en reparar a tiempo. Este edificio presenta problemas de ocupación, esa ocupación que su gobierno dice que no existe, y ante la que el gobierno autonómico se pone de perfil, con un portal destrozado por vandalismo y graves problemas de convivencia y tráfico de drogas. Debemos tener en cuenta que no es un hecho puntual, sino que hay muchas comunidades más en las que la calefacción se estropea y nadie la repara. Este invierno está siendo especialmente crudo y esas personas, muchas de ellas mayores, se han enfrentado a noches y mañanas entre 0 y 4 grados. Muchos de sus vecinos han intentado contactar con BIPASA, tanto por vía telefónica como a través del correo electrónico. Llamadas sin respuesta, correos ignorados, un servicio técnico que no aparece, y cuando finalmente alguien responde, lo hace con soberbia y con ganas de quitarse el problema de encima. Esa es la realidad cotidiana de los inquilinos de BIPASA. La respuesta de BIPASA siempre es la misma: tratar de eludir el problema. Ellos nunca son responsables de nada. Responden que la instalación térmica es centralizada, cosa que la usuaria ya sabía, y que debe dar aviso al administrador, quien a su vez tiene que ponerse en contacto con el mantenedor de la instalación. La administradora ya estaba avisada, pero tampoco consiguió contactar con el servicio técnico, y advirtió que, si no se solucionaba el problema, convocaría a la prensa. ¿En serio? Esta es la opción que les queda a los usuarios de BIPASA. Es tan difícil gestionar responsablemente y dar respuestas a los problemas. La calefacción lleva dos meses en pleno invierno sin funcionar. Los radiadores no calientan lo suficiente, hacen ruido, pierden agua, los inquilinos intentan purgarlos, pero vuelven a estropearse constantemente. Detrás de cada radiador que no calienta hay una persona. Detrás de cada correo sin respuesta hay una persona vulnerable que sufre el desprecio de la administración que debería protegerla. La indiferencia mata, señor Zapico. Han pasado más de dos años desde que usted prometió un giro de 180 grados en BIPASA y la realidad es que ese volantazo nunca llegó. Ni gerentes, ni coordinación, ni mantenimiento básico; personal sobresaturado, averías eternas y una nefasta cultura de eludir responsabilidades, donde siempre hay otro al que echar la culpa. Mientras tanto, el gobierno progresista, reformista y de izquierdas, tan rápido para hablar de derechos y de justicia social, mira hacia otro lado. Se llenan la boca con palabras grandilocuentes, con proyectos de vivienda sostenible y planes estratégicos, pero la verdad es que las viviendas del Principado se caen a pedazos. Portales destrozados, ocupaciones toleradas, conflictos vecinales, consumo y tráfico de drogas, instalaciones que no se reparan salvo que los vecinos amenacen con acudir a la prensa. ¿Es esta la política social de la izquierda? Hacer declaraciones emotivas mientras los mayores duermen en condiciones infrahumanas.

Un abrigo dentro de sus propias casas. Presumir de progreso mientras condenan a cientos de familias a la precariedad residencial no es un problema de recursos, es un problema de gestión, de mala gestión, de dejadez y de falta de empatía. Ha llegado el momento en que el Gobierno del Principado asuma su responsabilidad, y no se puede seguir maquillando el fracaso de una política de vivienda pública que bajo su mando ha abandonado a quienes más lo necesitan. Señor Zapico, la calefacción no parece ser lo único que se está apagando en las viviendas públicas, también lo está su gestión. Y si no es capaz de encenderla, quizás sea hora de dejar a otro que lo intente, aunque dudo que, tal y como están las cosas, esté ya a tiempo. O empiezan de una vez por todas a tomar decisiones y a gestionar con seriedad, o tendrá que dar un paso al lado y dejar que lo haga alguien que esté dispuesto a hacerlo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, presidenta. Mire, cuando empezó la legislatura, en agosto del 23, dos años después de cuando tengo los datos, sin terminar el año 25, habíamos logrado reducir en cinco días la respuesta media a este tipo de incidencias. ¿Me parece suficiente? No, señoría, no me parece suficiente. Creo que podemos mejorar aún más. Tenemos todavía todo el año 2026 para reducir esos días de espera ante una incidencia urgente, porque me preocupa muchísimo las personas que viven en esas viviendas. Nosotros consideramos, y así figura en el proyecto de la ley de vivienda, que la vivienda es un determinante de la salud, y esto es algo muy importante. Las personas tienen que vivir en las mejores condiciones posibles, porque, desgraciadamente, los códigos postales en Asturias, como en el resto del país y seguramente en Europa y el mundo, determinan también la esperanza de vida de un ser humano. Eso es algo que a nosotros, evidentemente, no nos gusta, y queremos las mismas posibilidades y oportunidades en la vida para todas las personas. Por lo tanto, hemos mejorado y logrado reducir en cinco días esa respuesta, y tenemos que al menos reducir otros cinco días en lo que resta de legislatura. Para ello, estamos trabajando en el Departamento de Mantenimiento y Reparaciones de Vipasa en un proceso de revisión y mejora orientado a perfeccionar estos sistemas de seguimiento, a reflejar con mayor precisión los tiempos reales de intervención y a reforzar la planificación preventiva. Es algo que se está haciendo desde la dirección general, asumiendo liderazgo el propio director general, con un objetivo claro: garantizar ese suministro básico, actuar con rapidez ante averías y mejorar de forma continua la gestión del mantenimiento en la vivienda pública para que la gente que viva en ella lo pueda hacer con orgullo, dignidad y, por supuesto, en un marco de respeto y convivencia. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Pasamos al séptimo punto del orden del día, con la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don José Agustín Cuervas-Mons. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra su autor. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿puede dar una fecha cierta de cuándo tendrán redactado el plan especial del Cristo-Buenavista en Oviedo? Muchas gracias, señor Cuervas-Mons. Tiene la palabra el señor consejero. Buenos días, señoría. No sé por qué me parece que hoy vamos a coincidir bastante usted y yo en estos planteamientos. A ver cómo lo vamos viendo durante estos próximos minutos. Le digo que la licitación se va a llevar a cabo en el segundo trimestre del presente año, del año 2026, y se va a adjudicar en el tercer trimestre del año 2026. El documento de aprobación inicial estará para el segundo trimestre del año 2027. Luego está el trámite de aprobación que compete al ayuntamiento. Puedo darle también, don Agustín, si quiere, previsiones posteriores en condiciones normales: el documento de aprobación definitiva se llevará a cabo en el segundo trimestre del año 2028, y luego ya el trámite municipal de aprobación definitiva será, de nuevo, competencia del ayuntamiento. Creo que es una previsión coherente con las previsiones presupuestarias. Sabe que tenemos 150.000 euros en el presupuesto de este año, se prevé una inversión igual en el ejercicio del 2027 y de 100.000 en el año 2028. Esas son las plurianualidades que tenemos reflejadas. Decirle también que para nosotros el Cristo es un espacio de muchísima relevancia estratégica, no solo para la ciudad de Oviedo, sino también para el centro de Asturias.