Comunidades Autónomas - Canarias - 6 de febrero de 2026

Muy buenos días, señorías, muy buenos días, consejeras. Bienvenida también a la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias, que nos acompaña. Quiero dar la bienvenida al alumnado de Derecho que está realizando sus prácticas y que nos acompañará hasta el mes de abril. Comenzamos ya con el orden del día de la comisión. En primer lugar, procederemos a las sustituciones. Nueva Canarias. Buenos días, presidenta. Ione Caraballo sustituye a Carmen Hernández. Gracias. Partido Popular. Buenos días, presidenta. Rebeca Paniagua sustituye a María Isabel Saavedra Hierro y Raquel Díaz a Juanma Casaña. Gracias. Coalición Canaria. Sí, gracias. Jana González sustituye a Ana Oramas, y Socorro Beato, que no ha llegado, sustituirá a Cristina Calero si se presenta. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí, Rosa Bella sustituye a Marcos Hernández. Muchísimas gracias. Ahora sí, comenzamos con el orden del día de la comisión, con la pregunta oral del señor diputado don Ignacio Jesús Galván Sacia, del Grupo Parlamentario...

Sobre la adaptación de los currículos y catálogos de titulaciones de grado y máster de las universidades públicas a las demandas del mercado laboral actual. Por tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor diputado. Buenos días. Consejera, la pregunta la traigo a colación porque, en estos meses atrás, las titulaciones que presentan las universidades públicas, sobre todo en referencia a las nuevas tecnologías, y algo que está encima de la mesa como es la inteligencia artificial, me parecen preocupantes. Le animo a que en cualquier buscador de Internet ponga "grado de inteligencia artificial en Canarias". Se sorprenderá al ver que solo una universidad en Canarias ofrece este grado, y es una universidad privada. Las universidades públicas, en cambio, se limitan a incluir asignaturas dentro del currículum de otras carreras de ciencias. Esto, para mí, es una señal de alerta, ya que luego vienen las quejas de que los alumnos están abandonando las universidades públicas en favor de las privadas. Es lógico, si tenemos jóvenes que desean estudiar inteligencia artificial, ¿a dónde van a ir? ¿Van a matricularse en una carrera de ciencias para estudiar una asignatura de inteligencia artificial, o van a optar por un grado específico en esa área? Este es solo un ejemplo, pero me gustaría que usted comentara sobre la conexión que tiene la universidad con la realidad, con el mercado laboral, con empresas, con autónomos, y realmente con las necesidades de los estudiantes. Es fundamental que haya una comunicación bidireccional entre las universidades y los estudiantes, especialmente cuando los alumnos de segundo de bachillerato están a punto de elegir una carrera. Si la universidad pública no responde adecuadamente a esas necesidades, ¿qué van a hacer? Buscarán otras alternativas, muchas veces fuera de Canarias o, por qué no, en la universidad privada. Como usted sabe, nosotros apoyamos toda la educación y creemos que la competencia entre universidades públicas y privadas es beneficiosa. Debemos aprender de las universidades privadas sobre cómo se están adaptando a la realidad. Este grado de inteligencia artificial es un ejemplo de universidades que se adaptan a las necesidades actuales y de otras que, quizás, están cojeando. Por ello, me gustaría que usted me dijera cómo se establece esa relación entre la universidad y la sociedad civil. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, lo expliqué en el último pleno, pero creo que este tema siempre es importante, ya que nos planteamos cómo se incorporan nuevas titulaciones a las universidades, en este caso a las universidades públicas, que son las que financiamos desde el Gobierno y que defendemos. Las universidades proponen, y la garantía la proporciona el Gobierno a través de la normativa. Es esencial que exista una conexión entre la universidad y el mercado laboral, ya que son quienes nos indican cuáles son las nuevas titulaciones que se deben aprobar. El propio sistema cuenta con organismos que detectan las titulaciones que el mercado laboral está demandando, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes. Esto se elige respetando siempre la autonomía universitaria, que es un principio fundamental que establece la ley. En mis conversaciones con los rectores de las universidades públicas, que son bastante fluidas, abordamos estas cuestiones. Desde el inicio de mi mandato en la consejería, hemos discutido la necesidad de adaptar las titulaciones a las nuevas realidades económicas y sociales de la sociedad, y me consta que se está trabajando en esa línea. ¿Qué aporta el Gobierno desde este punto de vista? Como he mencionado, las universidades proponen y el Gobierno garantiza que se cumpla el marco jurídico. En este caso, hemos establecido que el tiempo medio para la aprobación de una nueva titulación en Canarias es de dos años, un proceso que implica pasar por distintas acreditaciones, tanto de nuestra propia agencia universitaria de calidad como de la estatal. Esto es necesario para garantizar la excelencia académica. Estamos trabajando a través del decreto 168 para agilizar todos los procesos administrativos relacionados con la aprobación de nuevas titulaciones. No hay diferencias en los procedimientos entre universidades públicas y privadas, aunque a veces se percibe que las privadas avanzan más rápido. No obstante, es el mismo procedimiento para todos.

Trabajamos con ambos sistemas porque ya existían desde que yo llegué a esta consejería, tanto el sistema público de universidades como el sistema privado. El proceso es igual para unos que para otros, ya que lo que busca el Gobierno siempre es la excelencia académica. En cuanto a las nuevas titulaciones, le indico que la universidad propone y nosotros somos la garantía. Obviamente, hemos mantenido conversaciones al respecto. También están los consejos sociales, que establecen contacto directo con las universidades para las nuevas implantaciones. Hemos aprobado muchos títulos; de hecho, la orden que se ha dado desde la consejería es que el título debe pasar por el consejo universitario. Si hay uno o dos títulos, y no es un número suficiente para convocar, lo haremos, porque queremos que se realice con la mayor agilidad posible y se implanten nuevas titulaciones. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el señor diputado, le quedan dos minutos y treinta y cinco segundos. Sí, evidentemente espero que ese decreto dé respuesta, porque dos años para aprobar una titulación es inaceptable. Son dos años de alumnos perdidos. Para que se nos entienda, un joven que desee estudiar inteligencia artificial en una universidad pública tiene que esperar dos años para que se monte ese grado. No sé si usted puede informarnos si ya hay una solicitud formal hecha por las universidades públicas para implantar ese grado. Sería interesante que me lo pudiera aclarar, porque si no, tendríamos que esperar dos años para que la universidad pública ofrezca ese grado. Para nosotros, ese es un tiempo precioso, un tiempo perdido. Además, observamos cómo la universidad privada se adelantó, lleva dos años de ventaja y ya ha conseguido el sello que se concedió a finales del año pasado. ¿Qué ocurre para que una universidad privada lo haya hecho hace dos años y la pública no? Quizás, menos política en las universidades y más enfoque en lo que deben hacer. Esa es solo mi opinión. Con un desempleo juvenil tan elevado como el que tenemos aquí, consideramos que hay que escuchar a los jóvenes. Cuando he asistido a charlas, he notado que la universidad no recibe el feedback necesario sobre las carreras que se ofrecen, lo que genera una falta de flexibilidad en los estudios. Hay jóvenes que desean estudiar biología marina, pero también otros tipos de biología, y esa escasa flexibilidad es un problema. No está mal copiar lo que se hace bien en otros lugares. Creo que imitar lo excelente puede ofrecer soluciones a muchos de nuestros problemas. Para finalizar, creo que se escucha poco a los jóvenes y hay una desconexión entre la realidad del mercado laboral y la universidad. Por supuesto, usted debe respetar la independencia universitaria, pero quizás en alguna reunión se podría instar a que no se repita lo que sucede con un grado en inteligencia artificial, que hoy en día es la carrera del presente, no del futuro. La universidad pública lleva dos años de retraso en este aspecto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señora consejera, estamos hablando de universidades públicas. La Universidad de La Laguna cuenta con grados, másteres y doctorados, con 22,000 alumnos. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene 17,000 alumnos. En total, estamos hablando de 48,000 personas en esta tierra que optan por la universidad pública frente a las privadas, que tienen menos de 3,000 estudiantes. No me gusta entrar en ese debate, ya que cada uno tiene la opción de estudiar donde considere, y no solo es una cuestión económica. Muchas veces, hay problemas para conseguir plaza en lo que se desea estudiar, y algunos padres se plantean que su hijo estudie en la península, prefiriendo tenerlo más cerca. La casuística es muy variada. En cuanto a la duración de las titulaciones, le he mencionado que el decreto está en servicios jurídicos del Gobierno y se busca agilizar el proceso, ya que dos años es un tiempo excesivo para la implantación de un título. Esto no significa que dejemos de priorizar la excelencia académica, que es lo que siempre busca este Gobierno con cualquier nueva implantación. Me consta que las universidades públicas están actualizándose, no solo en inteligencia artificial, sino también en humanidades y en ciencia, que no debemos olvidar. Nuestra parte de la consejería siempre está a disposición, y el objetivo es mejorar el sistema que encontramos. Esa es la línea en la que estamos trabajando, señor diputado. Gracias. Gracias, señora consejera. La siguiente pregunta es de la señora diputada doña Alicia Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la valoración de la suficiencia del presupuesto destinado a ciencia e innovación para asegurar un sistema científico sólido y competitivo en el archipiélago. Tiempo máximo de cinco minutos. Espere un momento.

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera, y bienvenida a usted y a su equipo. Consejera, Canarias no puede permitirse hablar de ciencia e innovación como si fuera un lujo o un complemento opcional. Hablemos claro: con un territorio fragmentado, alejado del continente y con enormes retos sociales, económicos y climáticos, la ciencia no es un adorno, es una herramienta estratégica de supervivencia y de futuro. La ciencia es lo que permite diversificar nuestro modelo productivo, generar empleo cualificado, retener talento y tomar decisiones públicas basadas en el conocimiento. Pero la ciencia no se improvisa ni se sostiene con declaraciones genéricas; requiere planificación, estabilidad y una financiación suficiente que permita consolidar estructuras, equipos humanos y proyectos a corto y largo plazo. Un sistema científico sólido necesita algo más que resistir; necesita crecer, atraer talento, retener a quienes se forman aquí y transferir conocimiento al conjunto de la sociedad. Y eso solo es posible si existe una apuesta presupuestaria clara y coherente. La realidad es que los presupuestos no reflejan una apuesta decidida por fortalecer la I+D+i como una política estructural, ni por impulsar un cambio real del modelo económico. Seguimos viendo programas infrafinanciados, convocatorias que llegan tarde o no llegan, precariedad en la carrera investigadora y cierta desconexión entre la universidad, los centros de investigación y el tejido productivo. Todo ello tiene consecuencias, porque sin ciencia no hay diversificación económica y sin innovación no hay empleo cualificado, lo que nos lleva a que el futuro de nuestra gente sea muy complicado. En este contexto, consejera, le pregunto: ¿cuál es la valoración que hace el Gobierno de Canarias sobre la suficiencia presupuestaria destinada a ciencia e innovación para asegurar un sistema científico sólido y competitivo en el archipiélago? Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra. Empezamos primero por el origen, la creación de esta consejería, Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. Al principio, cuando asumí la consejería, pensé que no había un eje conductor, pero con el tiempo entendí que todo es un eje vertebrador, porque todo es cultura científica, cultura universitaria y cultura de investigación. Conectar la universidad con la ciencia e innovación es fundamental, ya que toda la investigación nace en la universidad. No olvidemos que las universidades son los generadores de conocimiento y son donde se realizan la mayoría de las investigaciones. También hay centros privados, pero nosotros trabajamos directamente con la universidad. Fíjese la apuesta que hacemos, señora diputada: desde la agencia nunca hemos tenido fondos propios en la historia como los que tenemos hoy en día, 65 millones de euros de fondos propios, no de fondos europeos, que también trabajamos a través de la agencia, alineados con la estrategia de especialización inteligente de Canarias. Nuestra línea sigue siendo apostar por los distintos programas que se están llevando a cabo, programas que son herramientas para impulsar tanto a las universidades como a las startups y a los centros privados, trabajando de la mano con ellos. Empezamos marcándonos el primer objetivo, que era crear la ley de la ciencia, que está aquí en el Parlamento. Esperamos que se trate con la mayor seriedad posible, porque necesitamos un marco jurídico que se adapte a la radiografía del ecosistema de innovación y tecnológico de Canarias, que ahora mismo no lo tenemos. Si me preguntan por cantidades, hemos aumentado un 30% el presupuesto que teníamos, aunque hay convocatorias que, probablemente, sean las que usted ha indicado en su pregunta, que al final se quedan fuera, ya que muchas personas las solicitan. No es infinito el dinero; hemos tratado de regular y mejorar el presupuesto, y lo que se trata es de impulsar el ecosistema de innovación y tecnológico de Canarias. Esa es la línea en la que estamos trabajando. El lunes estuvimos en Madrid, trabajando con la Fundación COTEP, una de las mejores fundaciones de innovación a nivel estatal, creando alianzas con las grandes agencias. También trabajamos con SEDETI, que pertenece al Estado, y estamos intentando generar alianzas para seguir impulsando, a pesar de las dificultades que enfrentamos desde Canarias. Si me pregunta dónde somos punteros, en astrofísica, usted lo sabe, somos muy destacados en este campo, por lo que significa todo lo que tenemos alrededor de los telescopios. Esa es la línea que estamos intentando llevar, así como en la línea de los océanos, ya que el 80% de Canarias está rodeado de océanos, y es fundamental trabajar en ello. Estamos incorporando a la ley cuestiones como la compra pública innovadora y los sandbox, que son propuestas que nos han hecho. Canarias, al final, con los sandbox, nos permite crear un laboratorio excepcional con nuestras condiciones climatológicas. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora diputada, le quedan tres minutos y diecinueve segundos.

Desde luego que queda claro que para el Gobierno es suficiente este presupuesto, pero en términos reales no refuerza el sistema científico canario ni corrige sus debilidades históricas. Se ha hablado de compromiso, de nuevas líneas estratégicas y de continuidad, pero la ciencia no se mide en intenciones, se mide en capacidad real de acción. La ciencia avanza invirtiendo, planificando y priorizando, y en las cuentas de este Gobierno, la ciencia y la innovación no ocupan el lugar central que deberían. La pregunta es clave: ¿qué permite hacer este presupuesto? ¿Permite consolidar la carrera investigadora? ¿Permite planificar proyectos a largo plazo? ¿Permite retener talento y evitar la fuga constante del personal altamente cualificado? ¿Permite que la ciencia contribuya de forma efectiva a la diversificación económica? La respuesta, consejera, es no, y ustedes lo saben. Un presupuesto que crece en más de 800 millones, pero que aún así recorta 12 millones en I+D, no puede ser transformador ni es una apuesta sólida por la ciencia. Es un presupuesto de mera administración de la escasez. Cuando la ciencia se gestiona desde la escasez, lo que se genera es precariedad, dependencia del exterior y pérdida de oportunidades, investigadores sin opciones y fuga de talento, justo lo contrario a lo que necesita Canarias. Hay algo más que nos preocupa: la ausencia de visión del sistema. No estamos hablando solo de cifras, sino de estabilidad institucional, de capacidad de planificación y de confianza. La ciencia necesita certidumbre, necesita saber que las convocatorias llegarán, que los programas se mantendrán y que los equipos humanos no dependerán cada año de una coyuntura. Con este presupuesto, lo que se transmite es que el ecosistema es incertidumbre, y la incertidumbre para la ciencia es letal. Mientras otras comunidades refuerzan sus sistemas científicos como palanca de desarrollo, Canarias sigue a la cola de la inversión en I+D, y este presupuesto no corrige esta situación. No se trata solo de dinero, pero sin dinero no hay sistema científico. Ustedes hablan de futuro, de nuevas alianzas, pero gobiernan con presupuestos del presente más conservador. Hablan de innovación, pero no se atreven a situar la innovación en el centro del modelo económico. O se entiende de una vez por todas que la ciencia necesita una política estructural, transversal y estratégica, o seguiremos hablando de cambios de modelo de desarrollo durante 20 años más en la famosa diversificación económica. Este Gobierno seguirá siendo responsable de un modelo económico frágil, poco diversificado y profundamente injusto con las nuevas generaciones. Desde el Grupo Socialista, seguiremos defendiendo que la ciencia es un bien público, una inversión estratégica y una herramienta esencial para el desarrollo social y económico de Canarias, y seguiremos exigiendo que esta convicción se refleje de manera clara y coherente en los presupuestos. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera. Estoy de acuerdo con usted en que el avance forma parte de la decisión, de la planificación y del compromiso, que es lo que tenemos nosotros. Y mire si es compromiso que tenemos los presupuestos más altos de la historia en ciencia, 65 millones de euros. Pero es más, nuestro compromiso va mucho más allá; en los contratos de programa hemos pasado de 60 a 94 investigadores, y lo ha hecho este Gobierno. No solo trabajamos directamente en los contratos de programa con las universidades, sino que tenemos un contrato de programa propio de la consejería que creamos el año pasado, dotado este año con un millón de euros. ¿Por qué? Porque necesitamos dotar a más investigadores. Cuando hablamos de fomentar el talento, ese es nuestro objetivo: retener el talento, pero también conectar el talento. Usted me podrá decir que en esta tierra todos los estudiantes tienen que tener una oportunidad y no se tienen que ir, pero también hay gente que elige estudiar fuera porque la especialización no está aquí. Ese talento lo tenemos que conectar, porque si conectamos ese talento, atraemos proyectos para Canarias, que es lo que nos interesa realmente. Siempre digo que desde Canarias se hacen cosas maravillosas, muchas veces desconocidas, del trabajo que se realiza por parte de las universidades o investigadores en otros niveles. Es una cuestión de responsabilidad comunicar lo que se hace aquí. La ciencia para nosotros es fundamental, es uno de los ejes estratégicos junto con la innovación del Gobierno, en el cual hemos invertido y estamos haciendo una apuesta clara desde distintos sectores. No solo hablamos de astrofísica, hablamos de los océanos y de distintos programas que se están impulsando, así como de programas disruptivos que se apoyan por parte de la Agencia de Ciencia e Innovación. La apuesta es clara: invertir en ciencia es invertir en la sociedad, en la identidad y en un futuro para Canarias. No podemos olvidar que al final la ciencia es lo que resuelve nuestro día a día, y muchas veces no somos conscientes de lo que se ha investigado. Esa es la línea que hemos marcado, señora diputada. Si usted cree que no es suficiente, puede ser una cuestión particular. Ahora, cuando hablamos de compararnos con un territorio, hay que hacerlo con un territorio que tenga similitudes como Canarias, porque si usted me habla de otros territorios en las comunidades autónomas, como por ejemplo una gran ciudad, no se puede comparar con nosotros. Podemos decir que Madrid no se puede comparar, porque la realidad de índole social y económica no es la misma. Si me compara con un territorio como las Islas Baleares, podemos coincidir, porque a veces los estudios no hacen esa diferenciación que es muy importante.

Se maneja como se maneja. Gracias, señora consejera. Quedan finalizadas las preguntas orales. A continuación, vamos a proceder con la comparecencia de la Asociación de Bibliotecarias y Bibliotecarios Documentalistas de Canarias sobre la situación de la red de bibliotecas públicas de Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Damos la bienvenida a la señora Ángeles Domínguez Guerra, presidenta de la asociación, y a la señora Natalia Navarro Sosa, vocal de la misma. Intervendrán cada una por un tiempo de diez minutos. A continuación, intervendrán las portavoces de cada uno de los grupos por un tiempo de tres minutos, y habrá un tiempo de cierre de diez minutos, cinco minutos para cada una, o una si lo estiman oportuno. ¿De acuerdo? Empezamos, entonces, con la comparecencia. La señora Natalia Navarro Sosa, vocal de la asociación, tiene la palabra. Buenos días. No sé si se me oye bien, no estoy acostumbrada a estos protocolos. Primero, gracias por estar aquí para escucharnos, por haber permanecido. Voy a intentar radiografiar nuestra realidad. Las bibliotecas públicas son equipamientos culturales de proximidad, fundamentales en nuestras ciudades, pero imprescindibles en nuestros pueblos. No sé si saben que en los municipios constituyen el único vínculo estable con la cultura. Las bibliotecas públicas, como servicios, estamos muy bien valorados por la ciudadanía, con un 8,1 sobre 10, y no lo decimos nosotras; lo dice el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, publicado a principios de este año 2016, aunque son datos del año anterior. De este documento se puede extraer, perdón, voy a explicarles quién hace posible este documento.

Para que vean que tenemos datos sólidos en los que apoyarnos. Este documento, elaborado por Conecta, está impulsado por la Federación Española de Gremios de Editores y cuenta con el patrocinio de Cedro, así como con el apoyo del Ministerio de Cultura. Este estudio tiene su origen a principios de siglo, en el año 2000, y se asentó hasta el 2012, cuando se dejó de elaborar y se retomó en el año 2017. Según el estudio que cité, desde el 2017 la lectura como ocio en España no ha dejado de crecer. Además, el año pasado, las bibliotecas como servicio alcanzaron porcentajes de uso muy similares a los previos a la pandemia, lo cual, desgraciadamente, también nos ha afectado. Sin embargo, la realidad en Canarias es completamente diferente. La información que presento proviene de un informe titulado "Bibliotecas Públicas en Cifras", que se nutre de las estadísticas de todas las bibliotecas españolas repartidas por el territorio insular, apoyadas por nuestras respectivas comunidades y en cooperación con la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, dependiente del Ministerio de Cultura. En este informe se establecen once indicadores. Lamentablemente, estamos a la cola, por debajo de nosotros solo se encuentran Ceuta y Melilla. Aunque tenemos un indicador que nos ubica en el tercer puesto en cuanto al crecimiento de la colección, la comparativa con los documentos por habitante no es alentadora. Esto se debe a que, aunque se está haciendo un esfuerzo en la adquisición de fondos, carecemos de una colección de base. En el resto de indicadores, estamos por debajo, solo por encima de Ceuta y Melilla. Estos indicadores hablan de recursos, y cuando me refiero a recursos, me refiero a espacios. No cumplimos con la superficie mínima que necesitan nuestras bibliotecas, y el personal que atiende los servicios tampoco cumple con los estándares. La media nacional es de un profesional por cada 5.170 habitantes, mientras que en Canarias tenemos una persona por cada 6.857. Además, no cumplimos en préstamos, estamos por debajo en gastos corrientes y en gastos de inversión, y nuestras bibliotecas no se visitan con la frecuencia deseada. Esta situación es, sin duda, lamentable y es consecuencia de la falta de compromiso por parte de nuestra administración pública, que ni destina la financiación que le corresponde ni se preocupa por llevar a cabo una verdadera planificación estratégica. Canarias se enfrenta a impulsos económicos puntuales, subvenciones inestables y proyectos coyunturales. Aunque hemos recibido una inyección de dinero importante a través del programa Next Generation, esta ayuda es coyuntural. Lo que necesitamos son políticas públicas estructurales, evaluables y a largo plazo. No toda la responsabilidad recae sobre el gobierno autonómico; existe una corresponsabilidad con las administraciones locales, los cabildos y los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos no realizan los esfuerzos necesarios.

Esfuerzos que debieran ser no solo económicos, sino también en relación al impacto social que provocan los servicios bibliotecarios, acorde a las competencias que han sido asumidas. Sin embargo, todas las situaciones se pueden revertir. Estamos aquí porque queremos ser optimistas y deseamos que las cifras mejoren. Les recuerdo, porque seguro que lo saben, que el 9 de abril de 2019 se aprobó por unanimidad en este Parlamento una ley que lleva por nombre la lectura y las bibliotecas de Canarias. Recomiendo la lectura de todo el documento, pero me permito resaltar una serie de artículos que podrían mejorar notablemente nuestras cifras de cara al 2026 o incluso al 2027. Me refiero a los artículos 11, 12, 13, 39, 42 y 43, que establecen las funciones que competen a cada una de las bibliotecas públicas del Estado, bibliotecas insulares y bibliotecas municipales, así como la responsabilidad del Gobierno autónomo cuando esas instituciones locales no cubren el porcentaje de financiación que se debe destinar, tal como lo recoge la ley. No es que vayamos a hablar de algo que hemos visto en otros lugares. Soy una persona optimista y espero que las cosas puedan mejorar. La biblioteca es una institución que trabaja para las personas, y por eso esperamos que puedan poner de su parte, porque para eso están ustedes aquí, son las personas adecuadas. Le paso la palabra a mi compañera, que igual va a incidir en algunas de las cuestiones que ya he mencionado. Insisto, hemos hecho un esfuerzo humano y económico importante para estar hoy aquí, y esperamos que el viaje no haya sido en balde. Gracias por escucharme, y espero estar a la altura de lo que me puedan preguntar al final de la exposición. A continuación, interviene la señora Ángeles Domínguez Guerra, presidenta de la asociación. Buenos días a todos. Voy a incidir en muchas ideas que Natalia ya ha expuesto, pero las circunstancias y esta oportunidad de estar aquí así lo requieren. Como reconoce el manifiesto IFLA-UNESCO sobre la biblioteca pública de 2022, los bibliotecarios son intermediarios activos entre los usuarios y los recursos, tanto digitales como tradicionales. Para que las bibliotecas garanticen servicios adecuados, es indispensable que cuenten con recursos humanos y materiales suficientes, así como con bibliotecarios que tengan una formación profesional y permanente que les permita enfrentar los desafíos actuales y futuros. Aprovecho mi intervención para trasladarles la imperiosa necesidad de que se cumpla la Ley 5/2019, del 9 de abril, de la lectura y las bibliotecas de Canarias, con el objetivo de garantizar unos servicios bibliotecarios dignos y que se respeten los derechos culturales de la ciudadanía. Aprobada por unanimidad del Parlamento autonómico, llenó de ilusión y orgullo al sector, ya que materializaba por fin una aspiración histórica. La ley canaria es una de las más avanzadas del Estado en su ámbito y supuso un auténtico hito al incluir, por ejemplo, la obligatoriedad de que en cada municipio del archipiélago deba existir al menos una biblioteca pública (artículo 13). Además, se establecen otros puntos clave, como la dotación presupuestaria para su aplicación (artículo 43, disposiciones adicionales sexta y séptima) o la exigencia de estar dotadas con personal cualificado (artículo 42). Durante la pasada legislatura se pusieron los cimientos del sistema bibliotecario de Canarias. Sin embargo, con el nuevo gobierno surgido de las urnas en 2023, tenemos la sensación de que hemos vuelto a la casilla de salida. Poco o nada se ha avanzado, y las perspectivas no son alentadoras.