Comunidades Autónomas - País Vasco - 3 de febrero de 2026

Ha habido un amplio ámbito de prueba y error para determinar qué ha funcionado en otros lugares y qué entendíamos que podía ser efectivo en nuestra Asamblea Ciudadana. Un tercer paso que ya hemos realizado ha sido el diseño de la Asamblea Ciudadana. Para este diseño, contamos con el apoyo de una asistencia técnica especializada, ya que entendíamos que era la mejor forma de garantizar que el proceso fuera técnicamente adecuado. Las recomendaciones están adaptadas a un marco legal existente, con el objetivo de implantar o impactar en la toma de decisiones públicas. Para que la Asamblea tenga un impacto significativo en la ciudadanía de Euskadi, es crucial diseñar una estrategia de comunicación. Necesitamos que la población conozca la existencia de la Asamblea, su importancia y que desee colaborar con nosotros. Asimismo, es fundamental integrar la Asamblea Ciudadana en el entramado institucional, dado que experiencias previas han demostrado que, si no está enclavada dentro de este marco, no funcionará como deseamos. En cuanto a la tramitación del decreto, como bien ha comentado usted, se ha sometido a consulta previa la orden de inicio y estamos en la elaboración del proceso correspondiente. En lo que respecta al diseño e implementación del proceso participativo asociado al Pacto Social, que consideramos una herramienta esencial, queríamos informar sobre los pasos dados para constituir dicho Pacto. Este es un acuerdo estratégico que ayudará a orientar nuestras acciones. Se han realizado una serie de talleres presenciales en Donosti, Gasteiz y Bilbao, además de un taller online. Estos talleres fueron publicitados en la web de públicas para que la ciudadanía pudiera aportar. Como resultado de estos talleres, se han llevado a cabo 18 mesas de reflexión, con la participación de alrededor de 100 personas. Hemos proporcionado a los ayuntamientos ayuda y soporte técnico para facilitar procesos de participación en los municipios, con el fin de sumar la participación ciudadana a la de las instituciones, empresas y el tejido social. Hasta el momento, 24 municipios y una mancomunidad pertenecen al territorio histórico de Vizcaya, y cinco municipios son de Gipuzkoa. De todos ellos, 26 municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Les hemos solicitado que, a lo largo de este mes de febrero, se desarrollen las asambleas, aunque algunos han solicitado una ampliación de plazo para poder dar más capacidad a sus procesos. El proceso participativo del Pacto Social se ha desarrollado con la participación de diferentes agentes, tanto a nivel local como nacional, y se espera que culmine en el segundo trimestre de 2026, una vez que los municipios realicen su parte del proceso y el equipo técnico pueda desarrollarlo. De esta manera, intentamos identificar los dilemas que deberán abordarse a nivel de Euskadi y que se podrán trabajar en la Asamblea Ciudadana de Transición Energética y Cambio Climático. Es decir, esperamos trabajar primero los pactos con la ciudadanía para luego abordar esos dilemas en la Asamblea. La secuencia planteada es la que les he comentado. En cuanto a los procesos de contratación, no estoy completamente informado, pero creo que el plazo ha terminado. Finalmente, en relación al proceso de constitución de la Asamblea Ciudadana y el cambio climático, para diseñar la Asamblea nos hemos inspirado en estándares internacionales.

¿Por qué los estándares internacionales de la OCDE? Porque, como bien saben, en la OCDE hay 35 países implicados y uno de sus objetivos es mejorar las políticas públicas. Además, muchas de las asambleas climáticas europeas e internacionales se han diseñado siguiendo estos estándares de la OCDE, y entendemos que es un gran ejemplo a tener en cuenta en el diseño de nuestra asamblea. Somos transparentes, inclusivos y con capacidad de incidencia política. En cuanto al sorteo, este será estratificado, lo que garantiza que toda la ciudadanía de Euskadi tenga las mismas oportunidades de participar en la Asamblea Ciudadana de Transición Energética y Cambio Climático, que contará con al menos 32 personas. El proceso implica que la asamblea delibera y produce recomendaciones en relación con el dilema trabajado, y se espera que tenga un trabajo de aproximadamente 50 horas. Aunque la asamblea no tiene carácter vinculante, como Gobierno asumimos un compromiso político en dar respuesta a las recomendaciones de las personas participantes una vez finalizado el proceso y en público. Los resultados de la asamblea serán publicados y estarán accesibles tanto para la ciudadanía como para los grupos parlamentarios. El diseño de esta asamblea incluye aprendizaje y mejora de experiencias previas, incorporando aprendizajes obtenidos en las asambleas de Nafarroa y Gipuzkoa, así como en la estatal. En cuanto al valor diferencial del modelo vasco, es fundamental ofrecer apoyo técnico necesario de forma permanente, una coordinación institucional sólida y anclada al sistema de gobernanza, y una evaluación independiente, tanto interna como externa. Apostamos por que el impacto de la asamblea sea real y tangible, integrando las recomendaciones que emanen de este foro ciudadano en las políticas y presupuestos públicos, con mecanismos de seguimiento y rendimiento. La contratación de la Secretaría Técnica ya ha sido lanzada, y se prevé cerrar para finales del primer trimestre de 2026. También se ha publicado el pliego de comunicación, que es uno de los pilares fundamentales para el éxito de esta asamblea. Definiremos el dilema que trabajará la asamblea, lo que permitirá enviar las cartas de invitación a la ciudadanía seleccionada por sorteo. Las sesiones deliberativas se centrarán en el debate entre octubre y noviembre, evitando interferencias electorales, ya que consideramos que es lo más adecuado para la pulcritud del sistema. Finalmente, esperamos publicar las recomendaciones en el segundo trimestre de 2027. Eskerrik asko. Ha habido muchos puntos a tratar y no sé si tendré tiempo para comentarlos todos, pero quiero resaltar algunos. Quiero enfatizar nuestras motivaciones para llevar este debate a esta cámara. En el contexto de la emergencia climática, es fundamental establecer condiciones imprescindibles para que la gobernanza y la democracia deliberativa puedan contribuir a mejorar las políticas públicas. Es necesario contar con un acuerdo político, una planificación eficaz y recursos suficientes. También se ha mencionado la importancia de realizar pedagogía en estos procesos. Lo que realmente queremos impulsar es que todos estos elementos estén presentes en el diseño e implementación de nuevos mecanismos de gobernanza, especialmente en la asamblea ciudadana. Creemos que las asambleas ciudadanas pueden ser instrumentos muy interesantes para promover la democracia deliberativa y para responder al reto climático, pero para ello se debe creer en ellas y se debe planificar adecuadamente. Nos surgen muchas dudas sobre si realmente están haciendo una apuesta por una asamblea ciudadana eficiente para el clima o si lo único que desean es...

Desde la Asamblea Ciudadana, las elecciones las tendremos en 2027. Vamos a tener que esperar un año más, tres años después de que esto sea una obligatoriedad legal. Creemos que es fundamental tener en cuenta los tiempos del reto al que nos enfrentamos. Usted ha mencionado que han primado la calidad y la profundidad frente a proyectos que no se están atendiendo a través de la participación ciudadana y la activación de toda la inteligencia colectiva de este país. Esto nos preocupa, porque deberíamos tener mecanismos ya en marcha que, hoy por hoy, no tenemos. Mientras tanto, los conflictos están en el territorio y se alimenta una falta de credibilidad hacia las instituciones, lo cual puede ser muy negativo para la puesta en marcha de estos nuevos mecanismos de gobernanza. Es imperativo atender a los retos de la transición socioecológica y energética, y solo podremos hacerlo activando estos nuevos mecanismos de gobernanza de manera efectiva. Sin embargo, los pasos que ustedes han dado hasta ahora no han sido suficientes. No están atendiendo a las demandas ciudadanas en tiempo y forma, lo que nos preocupa. Creemos que es necesario implementar las asambleas ciudadanas, que han estudiado otras experiencias, y hoy se nos ha proporcionado información al respecto. Me sorprende que, tras buscar en la página web de IOBE, que cuenta con numerosas publicaciones sobre temas ambientales y de cambio climático, no haya encontrado estas reflexiones plasmadas en un informe que, en caso de existir, no está a disposición para ser compartido con la ciudadanía. Usted ha mencionado que la asamblea ciudadana contará con un mínimo de 32 personas. En comparación, la asamblea ciudadana estatal funciona con 100 miembros y la de Navarra con 29. No sé exactamente cuántos deben ser, pero considero que si se han tomado en cuenta ciertos criterios para definir el tamaño de la asamblea, estos deben ser compartidos y debe haber transparencia al respecto. Este ejercicio de transparencia no se ha realizado hasta ahora, por lo que les invitamos a corregirlo de manera participativa. Además, es crucial contar con los sectores involucrados, ya que esto otorgará legitimidad a la asamblea ciudadana y generará ilusión en la ciudadanía. No podemos permitir que la ciudadanía y los sectores lo perciban como un elemento impuesto, pues si es así, estamos abocados al fracaso, y no podemos permitirnos tener mecanismos de gobernanza destinados al fracaso en este momento. Aún estamos a tiempo de rediseñar estos procesos, de considerar todas estas cuestiones y de hacer un diseño rápido y efectivo, ya que existen espacios hacia los que mirar. El reciente trabajo de proceso de escucha en Urdaibai es un ejercicio interesante que podría replicarse en esta cuestión climática, así como en los deliberativos comarcales en relación con los nuevos mecanismos de gobernanza. Hoy pretendíamos hablar de asambleas ciudadanas, y es cierto que es difícil abordar uno de los elementos de gobernanza sin hablar de los otros, ya que deben ser elementos que se retroalimentan. En este sentido, usted también ha mencionado el pacto, y me veo obligada a hacer una pequeña valoración sobre las dos líneas de trabajo. Para atender al reto que estamos enfrentando, se ha llevado a cabo un proceso profundo de cuatro sesiones, que se han avisado con menos de dos semanas de antelación a los sectores. Creo que la profundidad se entiende de manera diferente a la hora de abordar estos retos. Hemos tenido tres sesiones más una sesión online. Ha mencionado que ha habido participación en estos talleres, pero me pregunto qué sectores han sido invitados. Usted ha indicado que se ha invitado a los ayuntamientos, lo cual es cierto, pero sabemos que algunos de ellos han mostrado su disconformidad por cómo se ha abordado esta primera fase de diseño del Pacto Social por el Clima. Sin embargo, no sabemos qué sectores han sido invitados a estos talleres. Es cierto que ha habido una convocatoria pública.

La página web de IOB ha sido observada, pero es necesario adoptar una actitud proactiva para llegar a los sectores y asegurar que realmente dispongan de esta información. Quisiera saber qué sectores han sido invitados. ¿Se ha convocado al conjunto de los sectores que tienen algo que aportar en materia climática? Me refiero al sector primario, al sector industrial, al sector de la educación ambiental, entre otros. ¿Qué feedback se ha recibido? ¿Han expresado su no conformidad con esta parte del proceso? Usted ha mencionado que se ha trabajado con los ayuntamientos y que se les ha proporcionado ayuda y soporte técnico, y que hay 39 municipios apuntados. Me gustaría que, más allá de este dato, hiciera una valoración sobre si considera suficiente la participación de 39 municipios y dos mancomunidades, o si, por el contrario, sería necesario reforzar el personal técnico medioambiental que podría ser requerido para trabajar en esto una vez cada 15 días. ¿Cree que cuentan con los recursos suficientes? ¿Estamos brindando oportunidades a todos los ayuntamientos para que realmente se inscriban en este proceso? ¿Cómo se debe integrar todo este proceso del Pacto Social por el Clima en el territorio? ¿Se deja a la arbitrariedad de si los ayuntamientos desean participar o no? ¿Dónde está el liderazgo del Gobierno en este asunto? Porque, como usted ha señalado, es el Gobierno el encargado de definir de manera efectiva el Pacto Social por el Clima, y no lo está haciendo. Se ha proporcionado un kit de herramientas a los ayuntamientos para que aquellos que puedan y deseen lo hagan. Creemos que esta no es la manera de fomentar un pacto social en el que se busca activar toda la inteligencia colectiva de este país. Me gustaría que profundizara en cómo se articulará esta retroalimentación entre la Asamblea Ciudadana y el resto de los instrumentos. Hay una entidad que no ha sido mencionada, y es la Oficina para la Transición Energética y el Cambio Climático, que tiene un papel importante en la definición y funcionamiento de la Asamblea. Al inicio de su intervención, usted mencionó que se ha dedicado trabajo y esfuerzo y que se ha escuchado. Pero, ¿a quién se ha escuchado? ¿Cuáles son esas voces y sectores que se han tenido en cuenta a la hora de definir la Asamblea Ciudadana? Consideramos que falta un ejercicio de transparencia en este sentido. Por otro lado, he estado revisando la Ley de Transición Energética, la 1/2024, y en el capítulo 2, que trata sobre la gobernanza, los artículos del 4 al 14 no cumplen con lo establecido. El artículo 3, que se refiere a las definiciones, es fundamental; si no lo cumplimos, tenemos un problema. Este es el problema de la ley: no se diseñó para cumplirse, parece que se hizo para sacarse una foto. Cuando ustedes afirman que el sorteo es estratificado en relación con variables sociodemográficas clave como el sexo, la renta o la cualificación profesional, me gustaría saber cómo lo logran, ya que considero que es algo extremadamente complicado y difícil, especialmente para tomar decisiones que el Gobierno Vasco no ha sabido ni tomar ni afrontar. ¿Dónde está el PTS de Energías Renovables, por ejemplo? El enfoque que parece que están dando a la Asamblea Ciudadana es el de trasladar una responsabilidad suya a los ciudadanos, cuando ustedes han demostrado que no saben gestionarla. Esto me preocupa, porque los responsables son ustedes, no los ciudadanos. Intentar buscar o hacer un sorteo estratificado para encontrar a alguien que les indique lo que deben hacer es, en definitiva, su función. Si no están sabiendo hacerlo, deberían dejar espacio a quienes sí puedan hacerlo. Respecto a los tiempos y plazos, este es otro problema de la ley. El Pacto Social Vasco sobre Transición Energética y Cambio Climático, en su artículo 11.2, establece que dicho proceso se diseñará en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley. Han pasado ya dos años. Además, el plan normativo del 2015 del departamento incluía que el decreto iba a publicarse en 2015, y no se ha cumplido.