Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del 6 de febrero de la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Señorías, damos comienzo a esta comisión y, como siempre,
Como cuestión preliminar, conforme al artículo 64.2, le ruego a los grupos que, por favor, comuniquen las sustituciones. Grupo VOX, no. Partido Socialista, tampoco. Más Madrid, tampoco. Y Partido Popular, tampoco. Muy bien. Como cuestión previa, con el fin de agrupar las intervenciones de los representantes del Gobierno, les propongo el intercambio de los puntos tercero y cuarto que figuran en el orden del día, de manera que el punto tercero sea la pregunta 5402/25 y el cuarto la 3598/25. Mantenemos el orden fijado para el resto. Es un simple intercambio para coordinar la intervención de la persona que representa al Gobierno, que podrá hacerlas a la vez. ¿Hay algún problema? No. Muy bien, señorías, pues empezamos con el punto primero, para el cual vamos a invitar, en representación del Gobierno, al director gerente del consorcio regional, don Pablo Rodríguez Sardinero, quien va a responder a la pregunta 4571/24, iniciativa de la señora doña María Zin, diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, que dice textualmente: "¿Qué valoración hace el Gobierno al servicio de transporte público con el que cuenta el municipio de Alcorcón?" Le damos la bienvenida a don Pablo Rodríguez Sardinero, en representación del Gobierno. Como ya saben ustedes, tienen cinco minutos en tres intervenciones. Le doy la palabra a la señora Zin cuando usted quiera.
Gracias, presidente. Buenos días. Le pregunto por su valoración del servicio de transporte público, pero en realidad quería que habláramos de la competitividad del transporte público en Alcorcón. Mire, hoy vengo a hablarle sobre peticiones y reclamaciones que le han sido trasladadas en diferentes ocasiones desde el Ayuntamiento, así que no son grandes novedades. Son cinco peticiones muy concretas. Las tres primeras son sobre las líneas de los autobuses que dan cobertura en Alcorcón. La primera línea, la 1, que es la del Puerta del Sur, estamos hablando de un servicio que en hora punta llega cada 20 minutos y cada 30 minutos en hora valle. ¿Qué se solicita? Que la frecuencia baje a la mitad, que los autobuses pasen cada 10 o 15 minutos. Esta es una línea estructural; en su entorno de alrededor de 300 metros hay un total de 31 centros educativos, lo que representa más de 17.000 alumnos. Además, se solicita la extensión al polígono industrial, que es un importante polo productivo para el municipio. La respuesta del Consorcio Regional de Transportes es que la oferta se ajusta a la demanda.
La línea 2 de Alcorcón, que es circular, une barrios densamente poblados y conecta con modos fundamentales, como la estación de metro y las estaciones de cercanías. Este servicio se encuentra colapsado, ya que históricamente es una de las más demandadas del municipio y las obras de la A5 han supuesto cambios en la movilidad de la población que han incrementado su uso. No es suficiente que pasen cada 15 o 20 minutos.
Por último, la línea 3, que va de Alcorcón Central hacia el Parque de los Güeros, tiene una petición doble y sencilla: la extensión hasta el barrio del Compodón y la extensión hasta el Retamar de la Huerta. El primero es un barrio consolidado que, como en otros municipios, está conectado con el resto del municipio a través de un interurbano. El segundo es un barrio en construcción, donde están previstas 3.500 viviendas, lo que podría significar aproximadamente 14.000 personas. Esto debería ser parte de la planificación, que es parte de la labor del Consorcio Regional de Transportes.
La respuesta del Consorcio Regional de Transportes es que la oferta está ajustada a la demanda. Sin embargo, esta justificación es realmente una trampa. Si la oferta es raquítica y tienes que esperar 20 minutos para que llegue tu autobús, no puedes esperar una gran demanda. Si cortamos esa pescadilla que se muerde la cola y mejoramos la oferta, habrá mejores resultados.
Demandas. Otras dos peticiones que le he trasladado para que me diga qué pasa con ellas son la ampliación de la línea 10 de Metro en Móstoles, por el PAU 4, y en Alcorcón, por el Sánchez Sur. Estos dos barrios, con una población altísima, están condenados a utilizar el coche. ¿Cuánto tiempo cree usted que podríamos esperar para tener informes reales, un compromiso real y un presupuesto para que la línea 10 se amplíe desde Puerta del Sur?
La última petición es sobre Cuatro Vientos. A raíz de las obras de la línea 5, están dejando a los viajeros en Cuatro Vientos, en mitad de un descampado, a la intemperie. Entiendo que ustedes consideran que está bien conectar con ese otro modo de transporte, pero lo cierto es que están dejando a la gente tirada, a personas que, al igual que los demás, pagan su abono, que no son especialmente baratos, para tener un servicio regulero en estos meses. Métanles en Príncipe Pío, por la M-40, por la radial, por donde sea, pero metan ya a los viajeros en Príncipe Pío. Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra la señora Zin para responder. Le queda un minuto.
Para responder a la pregunta, señor Rodríguez Sardinero, cuando quiera. Sí, muy buenos días, su señoría. Muchísimas gracias, presidente. Respondiendo en concreto a la pregunta a la que usted me hace, creo que Alcorcón es uno de los municipios del suroeste metropolitano mejor comunicados. Dispone de una sólida conexión ferroviaria: la línea 10 de Metro, la línea 12 de Metro Sur, la línea C5 de Cercanías de Renfe y la línea 3 de Metro Ligero, que garantizan, sin lugar a dudas, la conectividad tanto con Madrid como con otros municipios del entorno. A ello se suma la extensa red de transportes por carretera, con numerosas líneas interurbanas que lo conectan con la capital y otros municipios de la Comunidad de Madrid, así como tres líneas urbanas que vertebran el municipio, lo que en un día laborable suma más de 1.600 expediciones. Por tanto, nuestra valoración es muy positiva.
No obstante, como ya he mencionado en esta sala en otras ocasiones, el servicio se mejorará significativamente en los próximos años con la puesta en marcha del nuevo mapa concesional. Muchas gracias, señor Rodríguez Sardinero.
Señora Zin, cuando quiera. Bueno, aquí tenemos que formular preguntas genéricas para que pasen a la mesa, pero creo que ya tenemos la flexibilidad para ir contestando lo que sabemos. Me resulta curioso que ahora el mapa concesional vaya a ser en los próximos años. Cada día se está extendiendo más su temporalidad para la puesta en marcha, que es necesaria. ¿Usted considera que la movilidad en Alcorcón es muy positiva? Desde el municipio de Alcorcón le están diciendo que no. No es que sea positiva o negativa, es que no es suficiente para mover a la cantidad de gente que hay que mover en el suroeste.
Usted me habla de la línea 10 como si todo el municipio de Alcorcón y, en este caso, también el PAU 4 de Móstoles estuvieran cubiertos. No lo están. La estación de la Puerta del Sur no da cobertura, ni a Alcorcón en el Sánchez Sur, que son más de 25.000 personas, ni al PAU 4 de Móstoles. Yo le he preguntado claramente: ¿van a adquirir un compromiso serio para la ampliación de la línea 10? ¿Adquieren ustedes un compromiso para que los viajeros de este eje no se queden en Cuatro Vientos, sino que lleguen hasta Príncipe Pío? ¿Cómo van a hacer para mejorar las tres líneas que dan servicio a Alcorcón? Muchas gracias, señora Zin.
Señor Rodríguez Sardinero, tiene cuatro minutos.
Muchísimas gracias de nuevo. Con respecto al tema del mapa concesional, cuando hablo de años es porque sabe usted que la concesión es de diez años. A lo largo del contrato concesional se irán implementando esas mejoras que, en el caso de Alcorcón, recuerdo que se vieron afectadas en un 66% por las alegaciones que presentó su ayuntamiento. Es evidente, y tiene toda la razón, que las obras de soterramiento de la línea 5, de gran envergadura, tienen una afección importante en la movilidad, no solo en Alcorcón, sino también en todo el suroeste de la región.
Sin embargo, hay que diferenciar: una cosa son las afecciones temporales derivadas de unas obras concretas y otra muy distinta es la valoración del sistema de transporte público con el que cuenta el municipio de Alcorcón, que ya he dicho que es excelente. Somos conscientes del impacto de estas obras en el día a día de los usuarios del transporte público y, desde el inicio, hemos trabajado para minimizarlo. Además, hemos colaborado no solo desde el consorcio, sino también con el promotor de la obra, que es el Ayuntamiento de Madrid, y con todos los medios de transporte público, como la EMT.
Con los operadores, como es con la Dirección General de Carreteras del Estado y la Dirección General de Tráfico, hemos trabajado también con Renfe Cercanías. Se presentó un plan de movilidad que, en principio, no gustaba a nadie y sigue sin gustar, pero afortunadamente está funcionando. En el seguimiento que hacemos de manera continua y constante, se siguen adaptando los servicios en función de las fases que se están produciendo.
Respecto a las preguntas concretas sobre la posibilidad de que la línea urbana llegue al Príncipe Pío, en la última reunión mantenida esta semana con el Ayuntamiento de Madrid, se confirma la persistencia de las limitaciones técnicas y de seguridad que impiden el paso de los autobuses interurbanos por el entorno de la obra. De hecho, tampoco pasan autobuses urbanos, lo que significa que se mantiene esta situación. Lo que hacemos es no comprometer la fluidez y, sobre todo, la seguridad vial y la seguridad de los usuarios. En el caso del transporte interurbano, la situación no es comparable, ya que permitir el paso supondría introducir nuevos tráficos, con un flujo de hasta dos autobuses por minuto, lo que generaría una congestión permanente e incompatible con la movilidad segura y eficaz.
En cuanto al resto de peticiones del Ayuntamiento, han sido todas contestadas por mi parte en numerosas reuniones, tanto por escrito como de manera presencial, y hemos facilitado los informes técnicos correspondientes, cosa que no ha hecho el Ayuntamiento con nuestro requerimiento.
Sobre la propuesta de ampliar la línea 10 de metro desde Puerta Sur hasta Manuela Malasaña, la planificación de las infraestructuras de transporte público de la Comunidad de Madrid no contempla esta actuación como prioritaria a corto y medio plazo. Existe un estudio técnico para la implantación de un sistema de transporte público de plataforma reservada, conocido como BRT, que coincide con esa ampliación de metro que proponen. Este sistema ya ha sido constatado y ofrece mayor agilidad, frecuencia, eficacia y eficiencia, con costes de implementación y mantenimiento inferiores a los de una ampliación de metro.
Reitero que Alcorcón es un municipio perfectamente comunicado y con una oferta de transporte público muy significativa. Quiero compartir una reflexión sin entrar en una discusión, ya que las relaciones con Renfe Cercanías son buenas, pero quizás, si las cercanías de Madrid, en este caso la C5, funcionaran como deberían, usted no me pediría la ampliación de la línea 10 de metro. El problema es que la C5 está pendiente de una gran obra que se va a realizar, pero hoy en día falla más que una escopeta de feria.
Señor Rodríguez, vaya terminando. Pues nada, muchísimas gracias. Pasamos al segundo punto. Para responder en representación del Gobierno, invitamos a la mesa a la directora general de Ayudas y Acceso a la Vivienda, doña Elena Rodríguez Manzaneque García-Cañiz, a quien damos la bienvenida, puesto que es su primera intervención aquí con nosotros en esta comisión. Le deseamos que pueda venir las veces que sea necesario para responder a las preguntas que le correspondan.
Vamos a la pregunta en concreto, que es la 3595/25, iniciativa del señor don Javier Guardiola, diputado del Grupo Socialista, que dice textualmente: ¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre el bono joven de alquiler? Bien, a la señora Rodríguez Manzaneque le comento que son tres turnos, donde normalmente suele cerrar usted, y el máximo entre los tres turnos son cinco minutos. Por lo tanto, si desean establecer un debate y resolver la cuestión, se deben guardar los tiempos. Yo, en caso de que se esté acabando el tiempo, les avisaré con treinta segundos si es necesario. Señor Guardiola, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, directora general, por venir aquí a responder a las preguntas. Le deseamos que tenga una buena etapa y una gestión exitosa al frente de una dirección general recientemente nombrada, que creemos que puede solventar muchos problemas.
La pregunta que le hacemos es: ¿qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre el bono joven de alquiler? Queríamos saber por qué no consideran crear una partida propia para ampliar el bono joven de alquiler, incluso para establecer ayudas para aquellas personas que se quedan fuera de este programa. También quisiéramos preguntarle si, en el caso de que el Gobierno de España no mantenga estas ayudas en algún momento, la Comunidad de Madrid impulsaría un bono joven de alquiler propio o, por el contrario, lo eliminaría.
Además, nos gustaría saber si tienen intención de sumarse al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya que esto podría ampliar las ayudas al bono joven de alquiler y mejorar el acceso a más jóvenes. También quisiera que me explicara el procedimiento exacto, ya que he intentado entenderlo, pero me resulta complicado. ¿Por qué es tan largo el proceso de dos años para conceder las ayudas al bono joven de alquiler? ¿Por qué tenemos que lidiar con una tramitación tan tardía, como es el caso de las ayudas de 2025? Y, dado que hay una nueva Dirección General de Ayudas, ¿tienen como objetivo reducir esos plazos para que se asignen antes las ayudas?
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Guardiola. Ha consumido un minuto cincuenta y cinco segundos. Señora directora general, cuando usted quiera.
Bueno, pues, buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quería decir es que es un honor para mí estar hoy aquí por primera vez en esta comisión. La misión de esta nueva dirección general es acercar la administración autonómica a las personas, agilizar los trámites, gestionar responsablemente las ayudas, asesorar y ofrecer un acompañamiento más directo y eficaz, sobre todo más cercano a los madrileños.
Voy a intentar, tanto hoy como en futuras comparecencias, cumplir con el deber de información y dar respuesta lo más clara y detallada posible a todas las preguntas que se formulen en materia de vivienda en el ámbito de mi competencia.
Respecto al bono del alquiler joven, me he puesto a trabajar para proporcionar toda la información que creo que responderá a la mayoría de las preguntas que ha formulado. El Real Decreto 42/2022, por el que se regula el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, incluye el bono al alquiler joven como una ayuda adicional para el impulso del acceso a la vivienda y, en su caso, a la emancipación de los jóvenes. Como usted conoce, consiste en el abono de 250 euros como máximo para sufragar el importe mensual del alquiler o la cesión de uso de una vivienda o habitación.
Entre el 21 de septiembre de 2022 y el 14 de noviembre de 2023, fecha en la que se cerró el primer plazo de presentación de solicitudes por agotamiento de crédito, la Comunidad de Madrid recibió más de 50.000 solicitudes. En este tiempo, en el marco de esta primera convocatoria, se han concedido 63,59 millones de euros, prácticamente el 100% del crédito ofertado, a un total de 11.477 beneficiarios, y se han abonado 46,1 millones de euros, lo que supone un 73% de la concesión.
La diferencia, que sé que muchas veces ustedes preguntan, entre el importe concedido y el importe abonado, se debe, en muchos casos, lamentablemente, a la falta de correcta justificación documental por parte de los beneficiarios, según los requisitos establecidos en cada convocatoria. Como usted sabe, el artículo 5 de dicho Real Decreto establece que el bono joven es una ayuda completamente financiada por el Estado.
En este sentido, agotada la financiación disponible de la primera convocatoria 2022-2023, la Comunidad de Madrid, entre otras administraciones regionales, ante la falta de nuevas disposiciones por parte del Estado, tuvo que proceder a su cierre y a publicar el listado definitivo de solicitantes excluidos. Tras el cierre de esta convocatoria, en diciembre de 2024 se transfirieron nuevos fondos a las comunidades autónomas para seguir la tramitación del bono joven. De modo que la Comunidad de Madrid, en este sentido, el 3 de febrero de 2025, abrió un nuevo plazo de presentación de solicitudes, que es el que estamos actualmente. Esta nueva convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria para la concesión de subvenciones en el ejercicio 2024 de 31,8 millones de euros y la misma cantidad para el ejercicio 2025. Hasta la fecha hemos recibido 18.270 solicitudes y se han declarado beneficiarios a 2.781 jóvenes, comprometiendo ayudas.
Por 15,93 millones. En cuanto a los pagos efectuados, se han abonado ayudas a 1.833 jóvenes por 4,35 millones, correspondientes a las justificaciones de las mensualidades del alquiler del año 2024. Aunque el artículo 10 del Real Decreto no permite compatibilizar el bono joven con ninguna otra ayuda que para el pago del alquiler o cesión que puedan conceder las comunidades autónomas, ni las entidades locales o cualquier otra administración o entidad pública, hay que tener en cuenta que esta ayuda sí es compatible con el programa de ayudas a personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico. De manera que la suma de las dos ayudas no puede exceder nunca del 75% del importe de la renta arrendaticia o del precio de cesión de la vivienda.
Al ser una ayuda de gestión directa, con plazos de solicitudes aún abiertos y en completa tramitación, se irán publicando nuevas órdenes de concesión. Desde esta Dirección General quiero informarle que, dada la disposición presupuestaria y con el objetivo de fomentar la solicitud de esta ayuda, estamos enviando información a todos los menores de 35 años solicitantes de otras ayudas del Plan Estatal para recordarles que tienen posibilidad todavía de acceder a esta subvención.
Muchas gracias, señora directora general. Le quedan dos intervenciones, pero solo le queda un minuto. Lo digo para que se administre usted el tiempo. Señor Guardiola, 3:05.
Gracias, presidente. Yo, si quiere ser generoso con la directora general, puedo cederle mi tiempo para que me responda a las preguntas que le he planteado. Quería que hiciera una valoración más técnica de la política del bono joven alquiler. No sé si podría la Comunidad de Madrid políticamente hacer una ampliación de ese bono, no con la gente que ya lo recibe, que ya sé, como usted bien ha dicho, que no es compatible con ninguna otra ayuda, excepto la que ha mencionado del reto demográfico. Pero claro, si en las de 2023-2024 se quedaron 30.000 personas que sí cumplieron los requisitos, se quedaron fuera, ¿por qué la Comunidad de Madrid no gestiona unas ayudas propias para que exista un bono de alquiler joven en la Comunidad de Madrid? Esa era la pregunta. También si pensaban sumarse al Plan Estatal de Vivienda, porque uno de los argumentos que se esgrimen para no llegar a más gente es que falta crédito. Se ha demostrado que hay más gente que lo necesita. Entonces, esa ampliación del crédito podría venir por un Plan Estatal de Vivienda. Por eso le preguntaba si ustedes van a sumarse a ese Plan Estatal de Vivienda.
Y luego, no me ha quedado claro lo del procedimiento. Es decir, por ejemplo, ahora estamos con la subida de 2025 y aún no se han terminado. No sé si me ha querido decir que es por falta de crédito o porque no hay el número suficiente de solicitudes, y por eso lo han ampliado a más gente. ¿Por qué vía se han informado a todos los menores de 35 años? Como menor de 35 años no la voy a solicitar, pero no me ha llegado ni a mí ni a mi entorno, entonces no sé cómo ha sido la información. Gracias.
Respecto a las aportaciones de la Comunidad de Madrid, como le he aclarado, realmente el decreto que regula el bono joven establece que toda la financiación debe provenir de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, la primera convocatoria quedó cerrada por falta de crédito, pero la segunda convocatoria es abierta y de la cual disponemos todavía de suficiente financiación para seguir tramitando estas ayudas. En cuanto a la comunicación que hemos efectuado a los jóvenes, lo hemos hecho a todas aquellas personas menores de 35 años que han solicitado cualquier ayuda de alquiler a la Comunidad de Madrid.
He tratado de explicarle con el mayor grado de detalle la situación actual del bono joven, de modo que no dispongo de mucho más tiempo, pero permítame que le dé algunos datos respecto a las ayudas al alquiler que gestiona la Comunidad de Madrid. En el periodo 2022-2025 estamos gestionando un crédito de más de 173 millones, de los cuales 78 corresponden al Plan Estatal y 95 al bono joven. Hemos recibido en total más de 125.000 solicitudes, con 55.000 del Plan Estatal y 70.000 del bono joven. En el caso del Plan Estatal, las solicitudes están tramitadas al 99%, y en el caso del bono joven, ligeramente inferior al 72%, debido principalmente a la cuestión de la compatibilidad de las ayudas en el procedimiento.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid es muy consciente de las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, que se deben principalmente a la relación entre el nivel de sus ingresos y los precios de adquisición, así como al nivel de sobresfuerzo que deben realizar para acceder al alquiler. Por ello, gestiona de forma responsable y rigurosa, y así continuará haciendo, los fondos destinados a las ayudas para jóvenes.
Muchas gracias, señora directora general. Ya se le ha acabado el tiempo, así que cierra el señor Guardiola. Gracias, presidente.
Desde el Grupo Socialista nos alegra que esta dirección general para las ayudas se haya creado, ya que era necesaria debido a la cantidad de ayudas que está recibiendo el Gobierno de España. Gestionar todas estas ayudas requiere una dirección general nueva, dado que esta consejería siempre se quejaba de no dar abasto con el dinero que recibía del Gobierno de España y de los fondos europeos, lo cual es algo que deberíamos celebrar y agradecer al Gobierno de España.
Sin embargo, lo que no entiendo es cómo puede ser que de la convocatoria anterior haya 50.000 solicitudes y 30.000 jóvenes que cumplían los requisitos se quedaron fuera del bono joven. Ahora me dicen que no consiguen llegar al total de jóvenes que podrían beneficiarse de esta ayuda. ¿Qué ha pasado para que tanta gente se quede fuera y ahora no se termine la subvención? Para mí, esta es una duda que queda sin resolver en este debate. Me alegra que informen a la gente joven, pero tal vez podrían darle más publicidad en redes sociales, ya que hay muchas personas que lo dieron por perdido la vez anterior y podrían no solicitarlo de nuevo.
Respecto a la ayuda de la Comunidad de Madrid, no propongo que se ayude a quienes ya han recibido apoyo, sino que se cree una ayuda propia para un bono joven de alquiler destinado a aquellos que no han recibido la ayuda aún.
A continuación, la siguiente pregunta es del señor don Jorge Moruno Ganci, diputado de Más Madrid, y se refiere a las actuaciones que está desarrollando el Gobierno de la Comunidad de Madrid para apoyar a las personas en situación de desahucio en la región.
La temática de los desahucios ha cobrado relevancia en los últimos días en la conversación pública. Hay dos cuestiones fundamentales: cómo evitar los desahucios y, cuando suceden, qué herramientas pone a disposición de la población la Comunidad de Madrid. Sabemos que el parque público de la Agencia de la Vivienda Social es bastante reducido, especialmente si lo comparamos con el incremento de la población. Este parque de vivienda pública es incluso menor que en el año 2005, si la justicia no hubiera obligado a la Comunidad de Madrid a recuperar las 1.721 viviendas que vendió de manera fraudulenta.
En el año 2015, solo se ejecutó un desahucio, mientras que en 2024 la Agencia de la Vivienda Social ejecutó 121 desahucios. El esfuerzo que deben hacer las familias madrileñas en el pago de los alquileres es considerable. Según la encuesta de condiciones de vida, en 2019, el pago de alquileres representaba el 33% de sus ingresos, y en 2025, el 37%, según datos de CaixaBank Research. Además, 15 de cada 100 familias tienen retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda.
Por lo tanto, ¿qué herramientas pone a disposición de la población la Comunidad de Madrid tanto si se ven desahuciadas como en el caso de la moratoria de desahucios, el llamado escudo social? Muchas gracias.
En relación con su pregunta, creo oportuno empezar con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial referidos a la Comunidad de Madrid. Del total de lanzamientos practicados en 2025 hasta el tercer trimestre, un 85% son consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 11% de la ejecución hipotecaria y un 4% por otras causas.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, consciente de esta situación, está desarrollando una política orientada principalmente al incremento de la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler, lo que está plenamente alineado con el reciente Plan Europeo de Vivienda Asequible, concretamente con los pilares 1 y 2: aumento de la oferta de vivienda asequible y movilización de la inversión. Como conoce, el plan de choque prevé un total de 14.000 viviendas asequibles en régimen de colaboración, como es el Plan Vive, y otras 2.100.
Incrementarán el parque público de vivienda social que gestiona la UBS. Además del enorme esfuerzo que se está llevando a cabo para aumentar el stock de vivienda pública en régimen de alquiler, con más de 5.000 viviendas ya finalizadas, detallo algunas de las medidas de apoyo a las personas más afectadas para facilitar el acceso a la vivienda y, por tanto, prevenir los desahucios. En primer lugar, en el marco del Plan Estatal de Vivienda, gestionamos varios programas en alquiler, como el Programa de Ayuda al Alquiler y el Programa de Ayuda a las Personas Jóvenes, que contribuyen al reto demográfico, así como el Programa de Ayuda a las Personas Arrendatarias en Situación de Vulnerabilidad Sobrevenida, que se tramita mediante un procedimiento de concesión directa y anticipada de ayudas, que se abona al arrendador y puede alcanzar hasta el 100% de la renta.
Junto con las ayudas recogidas en el Plan Estatal, la Comunidad de Madrid gestiona también el Bono al Alquiler Joven, al que me he referido en mi pregunta anterior. En cuanto al procedimiento de compensaciones a propietarios y arrendadores por la suspensión de desahucios que regula el Real Decreto 401/2021, desde 2022 y hasta el 31 de enero de 2026 se han recibido un total de 1.161 solicitudes y se han estimado 478, con un total de 3,8 millones de euros abonados.
Además, en el marco de los fondos europeos, los programas de ayudas a la rehabilitación y a la mejora de la eficiencia energética suponen una importante ayuda indirecta a las familias, ya que les ayuda a afrontar el pago de su vivienda. Gracias a su transformación, no solo mejoran sus condiciones de habitabilidad y seguridad, sino que también reducen sus gastos en consumo energético. La media de ahorro de energía prevista en las viviendas beneficiarias del Programa 3 de Rehabilitación de Edificios es de 9,22 megavatios hora al año, lo que supone un ahorro para las familias entre 1.200 y 2.000 euros.
En los casos en que las ayudas no son suficientes, existen distintos procedimientos de acceso a la vivienda, tanto el de especial necesidad como el de emergencia social. En varios casos, cuando existe una fecha de lanzamiento inminente, siempre que haya un título legal de ocupación de la vivienda objeto del desahucio, por residencia en infraviviendas o por hechos extraordinarios, se pueden activar estos procedimientos. En el marco institucional, desde 2019 colaboramos con el Poder Judicial y con la Federación de Municipios en la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad social en procedimientos de lanzamiento de la vivienda familiar.
No quiero olvidarme del equipo de trabajadoras de esta Dirección General, que desempeña una encomiable labor de coordinación e información con los servicios sociales, locales, autonómicos y otras entidades para atender y acompañar a las familias vulnerables, con el objetivo de evitar el riesgo de su exclusión, especialmente en aquellos casos en que la adjudicación de una vivienda les permite su recuperación e inserción social.
Muchas gracias. Le quedan dos minutos. Señor Moruno, cuando usted quiera, ya sabe, 3:30. Muchas gracias, señora directora general. Usted ha dado los datos de 2025, de que el 81% de los desahucios se deben al impago del alquiler. El año pasado, en 2024, según el Poder Judicial, representaban el 75%. Ha explicado una serie de medidas y recursos, pero me da la impresión de que es más un cascarón, porque la realidad es que está ahí. Esto choca con el discurso del Partido Popular de criminalizar a los inquilinos y el término que utilizan de "inquiokupas". El otro día, el señor Feijóo decía en televisión que son las administraciones quienes deben ofrecer una alternativa habitacional a esos inquilinos que no pueden pagar. Concretamente, deben ser las administraciones autonómicas, que son las que tienen las competencias en vivienda.
Entonces, yo le pregunto: ¿por qué su administración está en contra del escudo social? Es decir, ¿qué otra opción ponen encima de la mesa, toda vez que la Comunidad de Madrid es incapaz de ofrecer una alternativa habitacional a todos estos casos? Hay que decidir entre compensación o gente en la calle. ¿Por qué están ustedes en contra de implementar lo que se llama el derecho subjetivo a la vivienda, que es la obligación por ley exigible ante los tribunales de que la administración competente, la comunidad autónoma, tenga que ofrecer una alternativa habitacional y, si no, de manera subsidiaria, una prestación económica para ayudar a pagar el alquiler? Es decir, actuar ex ante y no ex post, evitando que se tenga que suspender el desahucio o producir el propio desahucio.
Aquí hay un problema: ¿está la comunidad autónoma respondiendo al reto que tiene delante de gente que se ve en suspensión de pagos por razones sobrevenidas económicas? ¿Por qué criminaliza a esos inquilinos cuando son los servicios sociales los que verifican la situación de vulnerabilidad? Entonces, ¿por qué la comunidad autónoma, en este caso la de Madrid, no se hace cargo de lo que es su responsabilidad en estos casos y prefiere crear un relato que choque con el Gobierno de España?
Le queda 1:15 en una tercera intervención.
Señora Directora General, dos minutos. Gracias. La Comunidad de Madrid protege a quienes de verdad lo necesitan, garantizando siempre el equilibrio entre propietarios e inquilinos. La suspensión de los desahucios no puede ni debe ser la única solución. Al contrario, genera un marco de inseguridad jurídica, un futuro incierto e inestable para ambas partes, y un enorme perjuicio a los propietarios que han puesto su vivienda en alquiler. Nuestro modelo para dinamizar el mercado de alquiler, bajar los precios y, por lo tanto, prevenir los desahucios se basa en incrementar la oferta de vivienda pública, asequible y social, apostar por la colaboración público-privada y garantizar la seguridad jurídica.
Señor Moruno, los modelos son buenos o malos en función de sus resultados. Por ello, le voy a dar datos que avalan la acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según la fuente del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados desde 2023, año en que se aprobó la ley de vivienda, hasta el tercer trimestre de 2025, ha sido de 6.985 en la Comunidad de Madrid, mientras que en Cataluña ha sido de 19.801, lo que supone un 183% más. Además, si comparamos los datos hasta el tercer trimestre de 2025 con los del mismo periodo de 2024, la Comunidad de Madrid ha experimentado una reducción del 11,59%, mientras que en Cataluña ha sido del 0,57%.
Se ha dejado un minuto para el final. Señor Moruno, usted dice que están incrementando el parque de vivienda social, pero eso no es cierto. Por vivienda pública entendemos la vivienda promovida por la Agencia de la Vivienda Social, ya que ustedes confunden los términos. Dicen que la vivienda protegida promovida por promotores privados es vivienda pública, y eso no es correcto en términos estrictos. Otra cosa es la vivienda con algún tipo de protección, que son conceptos diferentes. En lo que respecta al parque de vivienda pública, ustedes han inaugurado 321 viviendas, según la propia página web de la Comunidad de Madrid, y durante el mismo periodo han enajenado más de 724, es decir, no se ha incrementado, y por supuesto, no se ha incrementado en términos relativos.
Los precios no han dejado de subir. Somos la segunda comunidad de toda España con mayor sobrevaloración en la vivienda, es decir, con mayor disparidad entre el precio de la vivienda y la renta de las familias. Esto no lo digo yo, lo dice CaixaBank, solo por detrás de Baleares. Desde que gobierna la señora Ayuso, se ha disparado el precio de compra y el esfuerzo que deben hacer los inquilinos para asumir el alquiler. Si medimos los resultados en función del acceso a la vivienda y la seguridad vinculada a la misma, la Comunidad de Madrid no está cumpliendo con su tarea si entendemos que esta consiste en ofrecer una vivienda garantizada, segura y asequible.
Muchas gracias, señor Moruno. Cierra la señora Directora General, un minuto. Señor Moruno, cuando me refería a los modelos, si son buenos o malos, y en el caso que nos trae aquí a los desahucios, le he proporcionado datos que avalan que la acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un número de desahucios muy inferior al de otras comunidades autónomas, en este caso Cataluña, y además, en el último año se ha producido un descenso importante, casi del 12%.
Quiero recordarle que, como usted sabe, la Unión Europea desea poner en marcha la Alianza de la Vivienda con todos los niveles de gobernanza: europeo, nacional, regional y local, junto con las partes interesadas, para fomentar la cooperación, el aprendizaje mutuo y el intercambio de mejores prácticas. Por ello, aunque desde todas las administraciones estamos haciendo esfuerzos para adoptar medidas y acciones clave que permitan solucionar la situación actual de la vivienda, debemos reconocer aquellas que están funcionando. No me negará que el modelo de acción de la Comunidad de Madrid está funcionando y, por lo tanto, debemos adoptarlo como ejemplo de buenas prácticas.
Pasamos al punto cuarto, que es la pregunta 3598/25, a iniciativa del señor Guardiola, del Grupo Parlamentario Socialista, que textualmente dice: ¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre el proceso de inscripción del Plan Vive? Para ello, vamos a invitar en representación del Gobierno a la Directora General de Vivienda y Rehabilitación, doña María José Piccio Marchetti. Cuando usted quiera, bienvenida. Continuamos con la sesión.
La iniciativa, como hemos dicho, corresponde al señor Guardiola. A la señora Pichomarqueti, que es una habitual de estas comisiones, no le voy a explicar nada de los tiempos, porque se lo sabe muy bien. Así que le doy la palabra al señor Guardiola, cuando quiera. Gracias, presidente.
Bienvenida, directora general. Quería preguntarle sobre la valoración que hace del proceso de inscripción en las viviendas del Plan Vive. Nos surgen varias dudas con los proyectos que tienen en marcha y los que ya han salido del Plan Vive, así como algunas decisiones que ustedes han tomado. Le voy a hacer algunas preguntas a ver si puede responderme. No sé si tienen números sobre cuánta gente ha abandonado una vivienda del Plan Vive o cuántas casas hay actualmente vacías del Plan Vive. Hemos estado visitando las promociones en los últimos meses y, según lo que nos han informado los vecinos, hay varias casas vacías que no están saliendo a que opten otras personas.
Entonces, una vez que se deja la primera promoción, ¿cuál es el siguiente proceso de inscripción? ¿Cómo las dan a conocer? ¿Otra vez en Idealista? ¿Me lo puede explicar? ¿Qué hacen con esas viviendas vacías? También quería preguntarle, dentro del reglamento de vivienda protegida actual, ¿qué calificación tienen estas viviendas?
Muchas gracias.
Muy bien, 3:40 le resta, señor Guardiola. Señora Pichomarqueti, cuando quiera.
Bien, en relación a su pregunta, como sabe, el Plan Vive tiene como finalidad ampliar la oferta de vivienda en la región y consiste en el otorgamiento de concesiones de maniales sobre parcelas de redes públicas, titularidad de la Comunidad de Madrid, para la construcción en ellas de viviendas en alquiler a un precio asequible durante todo el periodo que dura la concesión. Su precio está referenciado al de la vivienda con protección pública. Una vez finalizado, los edificios se incorporan al patrimonio público de la Comunidad de Madrid.
El procedimiento de asignación y uso de estas viviendas, que se han construido y se siguen construyendo al amparo de concesiones de maniales, se aprobó mediante el decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, un procedimiento regulado al que se han ajustado todas las adjudicaciones desarrolladas hasta la fecha y que, además, se ha desarrollado de una manera adecuada.
Por concretarle, de todas las viviendas entregadas hasta la fecha, que son 5.175, los edificios están ocupados en un 96%. Puedo señalarle que, por ejemplo, en el caso de Colmenar Viejo, las 282 viviendas alquiladas están ocupadas al 100%. En el caso de Getafe, las 864 viviendas alquiladas también están ocupadas al 100%. Lo mismo ocurre en Torrejón de Ardoz y en Alcorcón, donde tanto las 137 viviendas como las 822 están alquiladas al 100%. Respecto al 4% pendiente, está en periodo de formalización de los contratos de arrendamiento, que llevan su tiempo. La lista tiene una vigencia de tres años y, a medida que van quedando viviendas vacías, las personas que están inscritas en la lista acceden a la posibilidad de un nuevo contrato de arrendamiento.
Muy bien, muchas gracias. Le queda 3:15. Señor Guardiola, 3:40.
Gracias, presidente. Gracias, directora general. Debe ser que he ido justo a las que están vacías en esas promociones, pero muchas gracias por la aclaración sobre el procedimiento cuando una vivienda se queda vacía. No me ha respondido a una de las tres preguntas que le he hecho, que es, dentro del reglamento de vivienda protegida, ¿qué calificación tienen estas viviendas?
También queríamos preguntarle, hay otra pregunta que tampoco me ha respondido, sobre cuánta gente ha abandonado el Plan Vive, cuánta gente ha estado viviendo allí y ha decidido irse. Sería interesante conocer la transición que está habiendo y si tienen algún estudio sobre el periodo medio que se queda la gente que está allí. Quizás es algo temprano, pero, si nos puede responder.
Además, ¿por qué no reclaman a las concesionarias que cumplan un mínimo de estándares de calidad? Creo que con algunas lo están haciendo, pero es que, cuando tienen un problema esas viviendas, no hay nadie a quien reclamar o son ausentes las concesionarias para reclamarles sobre los problemas que existen, y tienen que cumplir una serie de condiciones que ustedes establecieron en los pliegos. Entonces, ustedes como parte...