Comunidades Autónomas - Comunidad de Madrid - 4 de febrero de 2026

Ni que decir tiene que la misma advertencia vale para la presidencia del Tribunal de Cuentas, la señora Chicano, y para todos y cada uno de los consejeros de uno y otro órgano de control. Señora Cuartero, lleva ya tres minutos fuera de la cuestión. Le ruego que volvamos a la cuestión. Gracias, presidente. Yendo concretamente a la cuestión que nos ocupa hoy, en el año 2023, recién iniciada la presente legislatura, se celebró, como les digo, tras vicisitudes varias, una comparecencia del entonces presidente en funciones de la Cámara de Cuentas en relación al informe de fiscalización sobre los contratos celebrados para la construcción del Hospital Isabel Zendal, a la que siguieron las correspondientes resoluciones y su debate en esta comisión. También tuvo lugar una comparecencia en la Comisión de Sanidad a instancias del Partido Socialista sobre la puesta en marcha de las recomendaciones realizadas por la Cámara de Cuentas, que les recuerdo fueron ya calificadas por nuestro grupo parlamentario, por Vox, como excesivamente suaves, pues en su redacción se limitó la importancia real de hechos ya contrastados, la incorrecta utilización de la fórmula de la contratación de emergencia en muchos de los expedientes tramitados y la falta de control material de las inversiones realmente ejecutadas correspondientes a dicho proyecto de inversión. Este grupo parlamentario ya se pronunció con respecto a aquel informe de fiscalización en sus tres propuestas de resolución, solicitando en relación con el control de los materiales y equipos adquiridos, servicios contratados y obras ejecutadas por procedimiento de emergencia relacionados con el Hospital Isabel Zendal. Los órganos de contratación que hubieran adquirido este material o equipo, contratado servicios o ejecutado obras por procedimiento de emergencia deberían registrar todos los contratos en el registro correspondiente e incluir en el expediente accesible a través del portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid todas las actas de comprobación material de las inversiones realizadas y los certificados de conformidad de los suministros recibidos y servicios prestados. La segunda resolución, en relación con la justificación de la utilización del procedimiento de emergencia, solicitaba que la Intervención General de la Comunidad de Madrid ejerciera la función fiscalizadora del total de los contratos de emergencia relacionados con la ejecución de la obra de este Hospital Isabel Zendal, informando sobre la suficiencia en la justificación de la utilización del procedimiento de emergencia, indicando, en su caso, la procedencia de la anulación de aquellos contratos para los que dicha justificación no fuera suficiente. Exigíamos que esta circunstancia se hiciera constar en el artículo 68, especialidades en el ejercicio de la función interventora de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2024, cosa que, como ustedes bien sabrán, ha sido imposible, y tampoco hemos podido llevarla a la Ley de Hacienda recientemente aprobada. La última resolución, en relación con la nulidad de los contratos, solicitaba que la Intervención General ejerciera la función fiscalizadora del total de los contratos de emergencia relacionados con el Hospital Isabel Zendal, informando, en su caso, sobre la nulidad de los contratos celebrados con empresas que no poseían en ese momento capacidad de contratar el objeto del contrato por no estar incluido en el objeto social de la empresa. También solicitábamos que dicha circunstancia se hiciera constar en el artículo 68, especialidades en el ejercicio de la función interventora en la Ley de Presupuestos Generales o, en su defecto, en la Ley de Hacienda. Ninguna de nuestras consideraciones fue atendida por esta comisión por los diputados del Partido Popular, que, como les refiero, votaron en contra de todas nuestras resoluciones. Posteriormente, como ya les he indicado, compareció el director de Gestión Económico-Financiera del SERMAS, que nos indicó que la realidad es que el Hospital Isabel Zendal siguió utilizando los contratos de emergencia como forma habitual de contratación en el año 2022. Es cierto que a partir de diciembre del año 2022 se transfirió la capacidad de celebrar los contratos, así como la gestión económica-financiera del Hospital Isabel Zendal al Hospital de La Paz, con una virtud y una razón evidente, según decía, pues eran centros operativos y logísticos, y se le adjudica, por tanto, la gestión al Hospital de La Paz.

En aquel momento, lo que se pretendía hacer era trasladar parte de los servicios del Hospital de La Paz al solar ya construido del Hospital Isabel Zendal y poder comenzar así aquella obra de remodelación que también quedó parada. Este hospital, que hoy se conoce como el proyecto de la Ciudad de la Salud, no deja de ser, como la Ciudad de la Justicia, un proyecto tantas veces prometido y con tantos nombres como incumplido. Desde ese momento, todos los procedimientos realizados han sido a través de procedimientos ordinarios y abiertos. La fiscalización que hoy solicita el Partido Socialista y que Vox también va a impulsar se refiere precisamente a ese ámbito temporal que nos queda entre la fiscalización ya realizada y la regularización desde el Hospital de La Paz de las fórmulas de contratación de todo lo relacionado con el Hospital Isabel Zendal. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que es un trabajo de fiscalización imprescindible para poner luz sobre una de las grandes preguntas que siempre sobrevuela estos debates: ¿cuál fue el coste real del Hospital Isabel Zendal y qué beneficios ha supuesto esa inversión a la sociedad madrileña? Concluyo esta intervención animando al Grupo Popular a votar a favor o, al menos, a abstenerse y permitir esta fiscalización. En caso contrario, me dirijo a la Cámara de Cuentas para que incluya esta extensión de la fiscalización ya realizada en su programa de fiscalizaciones para este año 2026, un programa que hemos recibido recientemente, pero que estoy segura sería ampliable para conseguir fiscalizar todo el proceso de construcción del Hospital Isabel Zendal. Insisto en que sería beneficioso que finalizaran ese trabajo de fiscalización, incluyendo además una valoración del grado de seguimiento de las recomendaciones que ya realizó la Cámara de Cuentas al evacuar aquel primer informe. Señorías, solo a través del seguimiento y valoración técnica y política de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas seremos capaces de reforzar, a pesar de los ataques constantes del Partido Popular a su independencia, la labor de control externo de un ente tan necesario en su función como incorrecto en su organización y diseño actual. Muchas gracias. A continuación, interviene el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Al hilo de lo que decía la portavoz de Vox en esta comisión, yo, que también asistí al acto del pasado jueves, sentí vergüenza ajena, porque en algún momento se convirtió en un mitin y se perdió la institucionalidad. En un evento de esas características, donde además hay una celebración para entregar reconocimientos a funcionarios, creo que no era un día para confrontaciones partidistas ni para hablar de las cosas que nos separan. Dicho esto, volvemos a presentar una propuesta de fiscalización del Hospital Zendal, como ya hicimos en su momento, en este caso del ejercicio 2022. Para nosotros, el Zendal es un símbolo de cómo no se deben hacer las cosas y de cómo se concibe la inversión pública. Además, entendemos que se percibe que algunos procedimientos de contratación, presuntamente en muchos casos, no se ajustaron a la ley. Por ello, la Cámara de Cuentas, al realizar su informe de fiscalización, nos dejó altamente preocupados. En primer lugar, porque el informe de fiscalización del año 2020 llegó con tres años de retraso, lo cual es cierto que se debe a la falta de medios, y muchas de las conclusiones llegan a posteriori, siendo difícilmente corregibles si hubiera alguna voluntad política de hacerlo. En segundo lugar, por una información y fiscalización parcial, ya que solo se fiscaliza en la segunda mitad del ejercicio. Se analizaron 144 expedientes de 884 que se habían aportado, y solo con fiscalizar esos 144 expedientes, la Cámara de Cuentas habla de posibles fraccionamientos, de atajos, y de que en muchos casos los contratos de emergencia no se producían conforme a la ley, ya que no se cumplía la inmediatez que requería la emergencia. Esto es fundamental y lo veremos cuando hablemos del 2022. También se mencionó que se podían haber alterado las normas de competencia, que no se podían admitir prórrogas en los contratos de emergencia, y en cuanto a los contratos de servicios, se indicaba que estos eran previsibles. Si se va a construir un hospital, es razonable tener en cuenta que se necesitarán camas, sillas, gases medicinales y mantenimiento.

Eso es lo que decía la Cámara de Cuentas y, como mencionaba también la señora Cuartero, nos gustaría saber el coste real, ya que hemos estimado el sobrecoste en unos trescientos millones de euros. Para nosotros, lo más grave de todo esto es que esas prácticas entendemos que pueden haberse corregido. En 2021, que por eso pedimos la fiscalización, hemos visto que se sigue acudiendo a los contratos de emergencia, y la Cámara de Cuentas lo advierte una y otra vez, lo que no parece razonable. La Cámara de Cuentas señala que, para 2020, los servicios contratados eran previsibles a la fecha de inicio de las obras. Si eran previsibles, un contrato de emergencia no cabía, según la ley de contratos. También se indica que se conocían las necesidades, por lo que el Gobierno debería haber actuado de otra manera. Sin embargo, en 2021, lejos de corregir, se siguen realizando contratos de emergencia, teniendo en cuenta que el Hospital Zendal ya funciona. Se mantienen contratos de emergencia que son decisiones políticamente conscientes. La pandemia está bajo control, hay servicios que hay que poner en marcha, y se acude a prórrogas en lugar de iniciar licitaciones desde cero, como establece la ley de contratos para situaciones previsibles. Hay contratos, por ejemplo, con seis prórrogas. Al llegar a 2022, vemos que, con la pandemia plenamente controlada, se sigue recurriendo a la figura de los contratos de emergencia para justificar decisiones que, de otro modo, no se podrían sostener. La emergencia debe ser una herramienta para abordar situaciones imprevisibles, cercanas en el tiempo e inmediatas. Con los contratos de emergencia, se hurtan los procedimientos de contratación, comprometiendo la calidad de los servicios y el coste. De hecho, la Cámara de Cuentas menciona que, aunque se realicen posteriormente, se deben elaborar pliegos y registrar las cosas, recomendación que, hasta donde sabemos, no se ha llevado a cabo. Este modelo consolida una estructura con servicios que han sido excluidos de la competencia, lo que nos preocupa en 2022. Aparte de que se siguen realizando contratos de emergencia, podrían existir irregularidades. Por ello, no somos jueces, planteamos la fiscalización y ojalá no hubiera nada irregular en los contratos. Sin embargo, observamos que Ferrovial Servicios, Euretes Colectividades, Ilunio Lavanderías, Ariete Seguridad y otros han sido adjudicatarios con una sola oferta, lo que plantea dudas sobre cómo se ha llevado a cabo este proceso. Este patrón no es casual y supone varias cuestiones. En primer lugar, se lesionan los principios básicos de la contratación, ya que la forma sistemática de realizar estos contratos no debería llevarse a cabo, pues hurta la posibilidad de publicidad, transparencia e igualdad entre empresas. En segundo lugar, creemos que este patrón de funcionamiento está creando, entre comillas, unos proveedores estructurales. Hay empresas que, a través de los contratos de emergencia, entran en la administración, tienen prórrogas indebidas de contratos que no deberían existir y, cuando se abre el procedimiento, acaban siendo los adjudicatarios. Es decir, parten de una situación de ventaja que convierte a cinco, seis o siete empresas en estructuralmente beneficiadas por este tipo de decisiones. Por último, es importante señalar que todo este entramado de formas de contratación con contratos de emergencia ha excluido a las pequeñas y medianas empresas. Solo las grandes empresas pueden acudir a estas licitaciones, lo que pone en peligro la competencia entre ellas. ¿Por qué decimos que hay que fiscalizar 2022? Porque hemos visto multitud de expedientes que merecen reflexión. Por ejemplo, el mantenimiento de los equipos electromédicos, un contrato de emergencia con una duración de seis meses, lo cual va en contra de la norma, ya que se trata de un servicio estructural previsible. Además, hay coincidencias entre el presupuesto de la licitación y la adjudicación a la única empresa que lo realiza. En cuanto al mantenimiento de edificios, se han destinado 1.125.000 euros a Ferrovial, un servicio ordinario que presenta una emergencia injustificada y sin concurrencia. En vigilancia y seguridad, Ariete Seguridad, una empresa mencionada en esta Asamblea por una excompañera del Partido Popular, tiene seis prórrogas en contratos de emergencia. También se ha adjudicado un contrato de lavandería por 446.000 euros, con una duración de doce meses, lo que tampoco se ajusta a la ley de contratos. Este es un contrato que nos gustaría que, al fiscalizar, la Cámara de Cuentas le preste especial atención, ya que se trata de un contrato de limpieza y desinfección por un importe de cuatro millones y medio de euros, que aparentemente está fuera de mercado. Aunque no soy experto en estas cuestiones, sí he trabajado en hospitales.

Y parece un importe, efectivamente, bastante elevado, y habría que analizar este contrato. Gestión de residuos, otro contrato de doce meses por emergencias. Alimentación y vending, también curioso, 3.100.000 euros, aproximadamente. Un contrato que se le hace a una empresa que se llama Eures Colectividades, que, por cierto, aparece en otro informe de fiscalización en cuanto al Hospital Fundación de Alcorcón, con fraccionamiento de contratos, con hasta tres y cuatro contratos por el mismo concepto en el mismo día. Me llama mucho la atención el protocolo de relaciones institucionales en plena pandemia. En plena pandemia, se registraron tres contratos de atenciones protocolarias en un solo día en el Hospital de Alcorcón, y ahora esta misma empresa aparece en el Hospital Isabel Zendal. Parece llamativo, y, por cierto, con unos pliegos que establecen la manutención de los pacientes y demás por 16,76 euros al día, cuando la media en el 12 de octubre estaba en 7 euros. También sería razonable que se pudiera revisar este expediente. Otro expediente que llama la atención son los gases medicinales, donde se podría hablar de posible fraccionamiento de contratos, ya que se separan los gases medicinales estructurales de los portátiles. Creemos, señorías, que estamos asistiendo a los últimos coletazos de una forma de contratación que, esperemos, se analice en serio, sobre todo para que no se repitan estos patrones en situaciones de emergencia. No se debe recurrir a fórmulas contractuales que no son las que regula la ley de contratos del sector público, ya que estas pueden perjudicar gravemente la prestación del servicio, a la administración y a la ciudadanía. Entendemos que hay que poner coto a este tipo de prácticas, pero también es fundamental establecer mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Si observamos los ejercicios que van año tras año, la Cámara de Cuentas, con la cuenta general, por ejemplo, ahora del 24, hace recomendaciones que ya realizó en el 23, en el 22, en el 21, y así sucesivamente. Por lo tanto, es necesario poner coto a una forma de gobernar y entender la administración pública que permita que, cuando la Cámara de Cuentas establezca recomendaciones, haya mecanismos para que se cumplan. De lo contrario, los informes de fiscalización que analizamos aquí son de cierta enjundia desde el punto de vista técnico y político, pero carecen de resultados prácticos para la ciudadanía. Si no se corrige lo que se está haciendo presuntamente mal, nunca se alcanzará una Comunidad de Madrid donde la gente pueda tener condiciones razonables de prestación de servicios. Desde el punto de vista del Partido Socialista, entendemos que ha habido un uso abusivo de la contratación de emergencias, que se ha convertido en un sistema habitual de contratación en momentos muy determinados. Es más, podemos remitirnos a un contrato de emergencia del año pasado para la compra de dos autoescalas para bomberos. Este fue un contrato de emergencia porque no se elaboraron los pliegos cuando se debían hacer, lo que dejó a los bomberos de la Comunidad de Madrid sin la prestación de servicio. Estamos acudiendo a contratos indebidos. La ley de contratos también permite realizar contratos por urgencia, y existen distintas modalidades de contratación, como los abiertos simplificados, que se pueden llevar a cabo en un plazo razonable sin recurrir a fórmulas inadecuadas. Por lo tanto, entendemos que lo que iba a maravillar al mundo, según ustedes, que era el Zendal, se ha convertido en un símbolo de despilfarro, de mala gestión y de posibles utilizaciones indebidas de fórmulas de contratación. Lo que planteamos es que analicemos lo que ha habido, lo que se ha hecho mal, busquemos cómo mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía y hagamos que las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, en materia de gestión contractual, se conviertan en ley para todos nosotros. Muchas gracias. Seguidamente, interviene la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Yo, que también estuve en el vigésimo quinto aniversario de la Cámara de Cuentas, además de las críticas ya realizadas por los anteriores intervinientes, me gustaría centrarme en otro aspecto que me llamó la atención durante el acto, en el que quedó clara la función clave que desempeñan los organismos de control externo y los retos y oportunidades a los que se enfrentan hoy en día. Sin duda, creo que más que palmaditas en la espalda y discursos grandilocuentes, como el que hizo el presidente de esta Asamblea, la Cámara de Cuentas necesita medios materiales y humanos suficientes para poder desempeñar su trabajo y evitar que se produzcan irregularidades.

Cuellos de botella, como el que ha llevado al retraso con el informe de fiscalización de la contratación del Hospital Isabel Zendal en 2020, que no llegó a esta Cámara hasta 2023. Es necesario destinar más medios y prestar más atención a este organismo, y reducir los discursos y palabras vacías que, en cuanto tienen oportunidad, como ha sucedido con la ley de Hacienda, pueden convertirse en atropellos a la función fiscalizadora que ejerce la Cámara de Cuentas. Ahora nos centramos en este viejo conocido de esta casa y de esta comisión, que es el Hospital Isabel Zendal. Me atrevería a asegurar que cuando se apresuraron a su apertura, haciendo un abuso sistemático de la contratación de emergencia, no pensaron que cinco años después seguiría generando quebraderos de cabeza. Lo que nació como una supuesta solución sanitaria se ha revelado como el buque insignia de la opacidad en la contratación pública, o uno más, dado que hay varios casos de opacidad y troceamiento de contratos, como se puede observar en la trama de la Formación Profesional que actualmente ocupa titulares. Señorías, para contextualizar, en 2020 existía una necesidad real de camas y atención a enfermos debido a la pandemia del COVID-19, lo cual no se puede negar. Sin embargo, el Zendal llevaba desde el principio el sello de una operación de marketing del Partido Popular de Madrid. Mientras se desmantelaba la atención primaria y se maltrataba a los profesionales, se levantaba una infraestructura que no aportaba nada sustancialmente distinto a lo que ya cumplía el hospital de Ifema. El Zendal ha sido, en realidad, un pozo sin fondo de gasto público que ha servido más para fines electoralistas que para una gestión sanitaria eficiente. Hablemos de contratación y del dinero de todos los madrileños. Lo que se nos presentó como un proyecto de 51 millones de euros ha terminado costando, según los contratos públicos conocidos, 170 millones y medio de euros, es decir, el triple de lo anunciado. Estamos ante unos sobrecostes que ascienden al 149% del total. Por ejemplo, solo levantar el edificio en Valdebebas supuso 140 millones de euros, donde siete empresas adjudicatarias a dedo registraron sobrecostes del 170% respecto al contrato inicial. A esto debemos sumar otros 30 millones en mobiliario, informática y seguridad, adjudicados también por la vía de urgencia y sin concurso público. En total, se estima que el gasto acumulado supera ya los 300 millones de euros, destinados fundamentalmente a constructoras y empresas de seguridad. No tiene mucha apariencia de hospital si el gasto mayoritario es para constructoras y empresas de seguridad, convendrán conmigo. Entrando en la materia de fiscalización, es absolutamente inaceptable que el informe previo de la Cámara de Cuentas analizara solo 144 contratos de los 884 existentes. Se dejaron en la sombra el 83% restante, que suma la friolera de 69 millones de euros. Esta omisión es una dejación de funciones que no se puede tolerar. El patrón de comportamiento, sin embargo, con esos 144 contratos quedó claro: hay un uso y abuso de la contratación de emergencia para eludir los procedimientos habituales. Los datos son demoledores. Solo el 6% de los contratos del Zendal han sido anunciados a licitación, el 28% son contratos menores y casi dos de cada tres contratos se han tramitado por vía de urgencia. La Cámara de Cuentas ya advirtió que había 103 contratos que se tramitaron como emergencia sin justificación, incluyendo suministros adjudicados meses después de iniciadas las obras. Incluso se detectaron 77 contratos que ni siquiera se formalizaron por escrito, y casos como el sistema de identificación biométrica por tres millones de euros que carecían de pliegos técnicos. Es imposible no detenerse en los nombres propios de este entramado, porque ¿qué tienen en común el Zendal, la Vicepresidencia y el Metro de Madrid? Contratos millonarios con Ariete Seguridad.

En su consejo de administración con una exconcejala del Partido Popular que ha acumulado más de cuatro millones de euros en contratos de emergencia solo en el Zendal, y que la suma asciende ya a 76 millones de euros en toda la comunidad. Mientras tanto, se ha ganado fama de empresa pirata por pagar a sus trabajadores por debajo del convenio, y no podemos ignorar que casi dos tercios del coste total del centro del Zendal han ido a parar a constructoras como Ferrovial. Lo más grave, señorías, es que este modus operandi persiste hoy. En los años 2023-2024, cinco años después de la pandemia, se siguen tramitando contratos de emergencia sin justificación real. El 70% de los contratos incumple los plazos de publicación y la mayoría carece de pliegos técnicos y formalización adecuada. Se han detectado prórrogas injustificadas en servicios de limpieza y vigilancia, algo que prohíbe taxativamente la ley de contratos del sector público para los contratos de emergencia, ya que este es un instrumento excepcional y no puede servir de vía paralela para adjudicar a dedo un contrato de forma recurrente. Y mientras se derrocha el dinero público con el ladrillo. ¿Pero qué ha pasado con la asistencia sanitaria? ¿Ha supuesto el Zendal una mejora para la vida de los madrileños? El Zendal ha sido un hospital sin centro gestor propio, con gastos de personal camuflados y trabajadores trasladados de forma forzosa bajo coacciones y amenazas de sanción. La relación entre coste y actividad hasta ahora ha sido sencillamente bochornosa, con años en los que apenas había una veintena de ingresados o en los que hubo incluso profesionales sin pacientes asignados. El Hospital Zendal se ha convertido en un centro que ha funcionado hasta ahora como cajón de sastre con contratos opacos. Es cierto que ahora tiene una función distinta, pero la trayectoria del Hospital Zendal es indiscutible. Hoy el Zendal ha sido un despropósito de planificación, con un coste de oportunidad elevadísimo y, dada su construcción y el momento en el que se construyó, convertir el Zendal en un hospital al uso conllevaría un coste adicional para las arcas madrileñas. Por todo ello, desde Más Madrid exigimos la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de todos los contratos del Zendal. Creemos que esto se trata de una cuestión muy sencilla. La ciudadanía madrileña merece saber si se ha utilizado una tragedia sanitaria para beneficiar a allegados. No podemos permitir que el Gobierno de la señora Ayuso evada su responsabilidad sobre una trama que empieza a recordar a la de la Ciudad de la Justicia. Debemos recuperar los principios de transparencia, igualdad y concurrencia competitiva, y no puede seguir siendo el Zendal el monumento a la impunidad y a la falta de control en la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz Sierra. Este turno de grupos lo cierra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Bienvenidos a la Comisión de Presupuestos en este nuevo periodo de sesiones. Comparecemos hoy una vez más; el lunes fue el Día de la Marmota, pero creo que lo vamos a instaurar como el Día de Presupuestos, porque se vuelve a traer una petición sobre el Hospital Isabel Zendal que ya ha sido debatida, analizada y fiscalizada en esta comisión. Permítanme comenzar con una reflexión. Cuando un mismo asunto se trae dos, tres o más veces a debate, no es porque existan hechos nuevos, sino porque algunos grupos no saben qué traer ni qué más debatir y ofrecer a los madrileños. El problema no es el hospital, el problema es la falta de ideas y de proyecto político de la oposición. Señorías, este asunto ya ha sido tratado con rigor institucional. Han comparecido miembros de la Cámara de Cuentas, se han dado explicaciones exhaustivas por parte del director general del SERMAS y se han aportado todos los detalles técnicos por parte de la Dirección General de Contratación. Todo está explicado, todo está documentado y todo está fiscalizado. Y aún así vuelven ustedes a traerlo, no para aportar nada nuevo, sino para intentar mantener vivo un relato político que los informes oficiales y los hechos ya han desmontado. Hablemos claro del fondo del asunto, y lo repito una vez más: el Hospital Zendal es una infraestructura sanitaria pública que nace en el peor momento de la pandemia, cuando Madrid necesitaba respuestas inmediatas, decisiones valientes y soluciones reales, no pancartas ni consignas. Nació para reforzar el sistema sanitario público.

Para aliviar la presión hospitalaria y dotar a Madrid de una infraestructura preparada ante emergencias sanitarias, conviene hacer una distinción muy clara, señorías. Una cosa es el contexto de su creación y otra muy distinta es su funcionamiento posterior. En 2022, que es el ejercicio al que ustedes hacen referencia, el Hospital Enfermera Isabel Zendal ya no se encontraba en una situación de emergencia pandémica, sino plenamente integrado en la red sanitaria ordinaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con una actividad asistencial normalizada y adaptada a las necesidades del sistema sanitario público. Precisamente por esa integración, su actividad económica, presupuestaria y contractual en 2022 se fiscaliza dentro del SERMAS, conforme al marco ordinario y bajo el control permanente de la Cámara de Cuentas. Esto no lo dice el Gobierno regional, lo dice el propio informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid del ejercicio 2022. En ese informe, la Cámara de Cuentas deja claro que toda actividad sanitaria pública se fiscaliza a través del SERMAS, que es el organismo responsable del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid. Por tanto, todos los hospitales públicos, incluido el Hospital Zendal, están plenamente integrados y sometidos al control ordinario correspondiente. Conviene subrayar que en el informe de fiscalización de 2022 del SERMAS no existe ni una sola observación que cuestione la legalidad de la contratación sanitaria ni, por supuesto, la del Hospital Zendal. Las salvedades que recoge el informe son de carácter contable y patrimonial, no de contratación. No se mencionan contratos a dedo, irregularidades en adjudicaciones ni ilegalidades. Por eso, señorías, cuando se lanzan acusaciones sin fundamento, no estamos ante una opinión política, estamos ante una afirmación falsa. Si alguien sostiene que en 2022 hubo contratos irregulares en el Zendal, que citen una sola página del informe de la Cámara de Cuentas donde lo diga. Nuestra presidenta tomó una decisión valiente cuando otros miraban hacia otro lado. Actuó con rapidez en la emergencia y, superada esa etapa, integró el hospital en la gestión ordinaria del sistema sanitario, con transparencia y bajo el control de la Cámara de Cuentas. Esa es la diferencia entre gobernar con responsabilidad y hacer oposición destructiva desde la comodidad del escaño. Quiero detenerme aquí, señorías, en la defensa de la Cámara de Cuentas, porque atacar o desacreditar su trabajo cuando no gusta el resultado es una falta de respeto institucional muy grave. La Cámara de Cuentas no es un órgano al servicio del Gobierno regional, ni tampoco un instrumento al servicio de la oposición. Es un órgano independiente, riguroso y profesional, y sus conclusiones deben aceptarse en su integridad, no solo los párrafos que algunos intentan sacar de contexto. Además, es especialmente injusto en este debate el desprecio implícito al trabajo de los profesionales sanitarios del Zendal: médicos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo que han trabajado y trabajan allí con profesionalidad y vocación. Cuando ustedes atacan el Zendal, no atacan solo un edificio ni al Gobierno regional, atacan también a quienes han dado y siguen dando lo mejor de sí para cuidar a los ciudadanos, y eso, señorías, no es política responsable. En el ámbito nacional, asistimos a una situación profundamente preocupante, porque quien se pasaba el día gritando desde un escaño en esta Asamblea hoy dirige el Ministerio de Sanidad. La realidad es clara: gestionar no es gritar; gestionar exige planificación, liderazgo y diálogo. Hoy el Ministerio de Sanidad es el reflejo de la improvisación y la falta de gestión. Un estatuto marco impuesto sin consenso ha provocado huelgas sanitarias en toda España, ha dejado el sistema MIR sin rumbo y ha evidenciado una grave ausencia de liderazgo en salud pública, hasta el punto de permitir la reaparición de enfermedades que creíamos erradicadas, como el sarampión. Por eso hay movilizaciones y huelgas durante meses en todo el país. Y esto no lo digo yo, sino un profesional: "Con este estatuto no se mejora nada, solo es propaganda, falta de empatía y una gestión que nos empuja a los sanitarios a la quinta huelga nacional". Resulta llamativo escuchar al Partido Socialista exigir fiscalización y rigor aquí, mientras guarda silencio ante la gestión del Gobierno de España. Exigen transparencia aquí, pero miran hacia otro lado cuando se pacta con el independentismo a costa del interés general. También callan ante un Gobierno incapaz de prever y planificar adecuadamente servicios públicos esenciales como el transporte ferroviario, porque cuando el mantenimiento falla se viven sucesos como el que hemos vivido recientemente. Hoy escuchamos al ministro Óscar Puente decir que todo esto es culpa del PP, de Aznar o del cambio climático. Mientras tanto, el presidente del Gobierno se limita a proteger a sus ministros para protegerse a sí mismo, convirtiéndoles en un parapeto político para evitar responsabilidades. Porque, señorías, gobernar es trabajar, anticiparse y, sobre todo, asumir responsabilidades. Frente a todo ello, la Comunidad de Madrid sigue demostrando que sabe gestionar su sanidad pública, con planificación, control, fiscalización y con unas infraestructuras útiles que evolucionan con las necesidades reales, como el Hospital Zendal.

Hoy el Zendal está plenamente integrado en el SERMAS y desempeña funciones asistenciales de alto valor añadido, como la atención especializada y continuada a pacientes con ELA. Por ello, se ha consolidado como un referente puntero con equipos multidisciplinares, recursos específicos y un modelo centrado en la dignidad, la continuidad asistencial y el acompañamiento a pacientes y a sus familias. Esto es sanidad pública moderna y bien gestionada. Permítanme preguntarles, señorías, a quienes durante la pandemia utilizaron el Zendal como arma política, si pretenden hacer lo mismo ahora que es un recurso esencial para los pacientes con ELA. Porque el Zendal no es un error, no es un despilfarro ni es un escándalo. Es una infraestructura estratégica que salvó vidas, que hoy cuida a quienes más lo necesitan y que seguirá siendo útil para los madrileños. Y por mucho ruido que hagan, no van a cambiar esa realidad. Madrid demostró en los momentos más difíciles que se puede gobernar con valentía, con rigor y con humanidad. Y demostró que, cuando hay liderazgo y responsabilidad, nuestra comunidad está preparada para proteger a sus ciudadanos. Ese es el modelo de nuestra presidenta, ese es el modelo de la Comunidad de Madrid y ese es el camino que vamos a seguir recorriendo, siempre al lado de los profesionales sanitarios y, sobre todo, siempre al servicio de los madrileños. Muchas gracias. Seguidamente, se pasa a la votación a mano alzada de la iniciativa de la Asamblea de Madrid para el ejercicio de la función fiscalizadora por parte de la Cámara de Cuentas de los contratos tramitados por el Gobierno regional correspondientes al Hospital Enfermera Isabel Zendal en 2022. Votos a favor: siete. Votos en contra: diez. Queda, por tanto, rechazada esta iniciativa. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Iniciativa con número de registro 27.001/25 de la señora diputada doña Marta Lofano Sabroso del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el visto bueno de la señora portavoz del Grupo Parlamentario, al amparo de lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas y en aplicación de lo previsto en los artículos 237 y 238 del Reglamento de la Asamblea, solicitando el impulso del ejercicio de la función fiscalizadora por el Tribunal de Cuentas de la actividad económica, financiera y contractual de la Comunidad de Madrid desarrollada con la entidad Madrid Network desde el ejercicio 2019. Señorías, les recuerdo cuál va a ser el procedimiento por el que se tramita esta iniciativa. De acuerdo con lo establecido en el artículo 238.4 del Reglamento de la Asamblea, en el debate de las mismas en comisión, intervendrá por un tiempo máximo de quince minutos un representante de cada grupo parlamentario para fijar su posición, sometiéndose seguidamente a votación. El artículo 238.5 del propio Reglamento señala que, aprobada en su caso la iniciativa de la Asamblea de Madrid para el ejercicio de la función fiscalizadora por el Tribunal de Cuentas, se notificará la misma por conducto de la Presidencia de la Asamblea al propio Tribunal. Por tanto, abrimos el turno de los grupos parlamentarios para fijar sus posiciones de menor a mayor, tal y como hemos hecho anteriormente. Inicia el turno la portavoz del grupo parlamentario Vox en Madrid. Muchas gracias. Quiero pedir disculpas a la diputada; no era mi intención interrumpirla, pero simplemente puntualizar que tiene razón: la Cámara de Cuentas no depende de la oposición, depende de toda la Asamblea. De hecho, es la Asamblea en su conjunto, a través de este órgano, de esta Comisión de Presupuestos, la que aprueba o no aprueba, en su caso, el impulso de la función fiscalizadora, pero no el Gobierno. Aunque ustedes formen parte del partido que sostiene al Gobierno, el Legislativo y el Ejecutivo deben conservar no solo una aparente, sino una real separación, como ordena la Constitución. Como les digo, volvemos, señorías, a otro asunto que hemos tratado y debatido en el Pleno: el oscuro y desconocido destino de los 80 millones que están todavía bajo la alfombra de opacidad de Madrid Network. El pasado 11 de diciembre debatimos en el Pleno la negativa del Partido Popular a la creación de una comisión de investigación, tras no haberse dado por parte de la consejera explicaciones suficientes acerca del destino de estos 80 millones de euros.