Este es. Silencio, por favor. Gracias. Equiparación. Se ha encargado.
Parece ser que Manuel Galisteo indica que tardaremos nueve minutos más en comenzar. Por lo tanto, si lo desean, procederé a realizar una presentación. Esto no constituye la inauguración formal, la cual llevaré a cabo más adelante. Sin embargo, quiero resaltar la presencia de diputados que han venido desde sus provincias para acompañaros, a pesar de que hoy no teníamos actividad parlamentaria, salvo aquellos que están en la Comisión de la DANA. Es importante que, si hay algún funcionario de esas provincias, pueda conocer a su diputado y ponerse a su disposición. Comenzaré mencionando a Silvia, que es de León, y a Carmelo, que es del País Vasco, donde las competencias han sido recientemente transferidas. También está Bermúdez.
De Salamanca, Macarena, nuestra secretaria general del grupo; de Alicante, Hernando, que es de Almería; Irene, que es de la provincia de Pontevedra; Alhama, Dani de Cuenca, el presidente del PP en Cuenca; Pilar de Toledo; Beatriz de Cuenca, nuestro flamante presidente autonómico del PP en Castilla-La Mancha. De Madrid, como tenéis tantas prisiones, tenemos dos diputados de Madrid, Cobo y María Eugenia. También contamos con Alberto Fabra, de Castellón, y a María Jesús Moro, también de Salamanca. Si alguno queréis, por favor, presentáos a ellos, que están aquí en estos nueve minutos que nos tiene Manuel esperando.
Bueno, vamos a proceder a la inauguración. En primer lugar, quería disculpar la presencia de nuestra portavoz, Esther Muñoz, que le ha sido imposible poder estar aquí en la inauguración. Como sabéis, estamos con la comisión de la DANA, en la que ella estaba interviniendo, pero después vendrá a la clausura el secretario general del partido, Miguel Tellado, que es una persona a la que vosotros le queréis mucho, y lo sé.
Nosotros empezamos a trabajar con "Tu Abandono Me Puede Matar" en Galicia. Yo no los conocía, eran los de las camisetas negras, no sabía quiénes eran. De ahí empezó esa relación. A mí me llamó un día Tellado, esto ya hace muchos años, y me dijo: "Oye Ana, quiero que vengas aquí, que vengas a recibir conmigo a unos funcionarios de prisiones". Y claro, me encontré con unos compañeros que se llamaban así, y ahí comenzamos una gran amistad que después proyectamos por el resto de España.
Muchísimas gracias a los compañeros diputados que, como te dije, Manuel, esta semana aquí prácticamente no hay actividad parlamentaria, y los que están hoy aquí vinieron ex profeso para escucharos, para atender vuestras reclamaciones y dar la cara por vosotros. También quiero agradecer al presidente del partido en Castilla-La Mancha; hemos visitado alguna prisión con él, y tiene unos diputados aquí magníficos, que son buenas personas y muy trabajadores.
Vamos al grano. Para nosotros, vosotros sois de casa. Hemos participado en todas vuestras actividades desde que erais así de pequeñitos y ahora sois así de grandes. Sois el sindicato mayoritario en la mayoría de las prisiones y centros penitenciarios que hay en España. Nosotros os hemos abierto el Congreso de los Diputados porque el Congreso de los Diputados os tiene que escuchar. Y os tiene que escuchar porque, de una manera singular, encarnáis la forma tan clara del servicio público, que es un servicio silencioso en las prisiones y en favor de la seguridad de todos los españoles y de la convivencia.
Yo siempre digo que los funcionarios de prisiones son el último eslabón de la cadena de la seguridad, pero que sois parte fundamental de la misma. Sin vosotros, ese eslabón estaría roto y no se podría defender a los españoles. Hacéis un papel fundamental. Por eso, vuestras reivindicaciones las traemos aquí al Congreso de los Diputados porque merecen ser atendidas, y hoy van a ser atendidas.
Hay partidos políticos que intentan silenciaros, ese mismo silencio que hace años ETA conseguía hacer con los funcionarios de prisiones. En estos momentos, la sociedad española tiene una deuda permanente con vosotros. Vosotros fuisteis un colectivo que estuvisteis durante muchos años en el objetivo, en el epicentro de ETA. Por culpa de eso, nunca pudisteis manifestaros, nunca pudisteis hacer públicas vuestras reclamaciones. Veíais cómo se les iba subiendo el salario a muchos funcionarios, pero vosotros quedabais atrás. Algunos funcionarios, un profesor, un médico, son agentes de la autoridad, y vosotros todavía no lo sois hoy. Es una vergüenza.
Nosotros tenemos aquí dos proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados.
Soy. Pidió prorrogar el trámite y hoy es la número 41. No tienen vergüenza. No es normal que con las agresiones que estáis sufriendo en las prisiones, incluso con fallecidos como Nuria, a la que quiero recordar hoy, porque este acto también va por Nuria, como le dije a su sobrino Pablo. Vosotros vivís con los que la sociedad aparta y convivís con ellos. Por eso me parece doloroso que, mientras en Cataluña el Partido Socialista aprueba que sean considerados agentes de la autoridad los funcionarios de prisiones, aquí nos esté tomando el pelo y no se permita que tramitemos esa ley. Me parece una tomadura de pelo y espero que vuestra presencia hoy aquí sirva para algo. Ojalá la próxima semana el PSOE desbloquee esta ley. No cuesta dinero, solo cuesta voluntad política, voluntad política que no está dispuesto a ceder el PSOE por culpa de sus socios. Pero si lo hicieron en Cataluña, lo queremos para toda España, porque las agresiones se sufren en todas las prisiones y cada vez van en aumento. No nos vale solo con funcionarios de prisiones; queremos a todo el personal penitenciario, laboral, todos, porque lo hemos visto con Nuria. Nuria era personal laboral, era una cocinera y fue asesinada. Esto ya no entiende de formatos, si eres funcionario o no funcionario; la violencia no entiende de eso dentro de una prisión.
He visto en prisiones como en Picassent, donde una mujer sola estaba en uno de los módulos más violentos que tiene la prisión. Recuerdo que el director me quería ocultar la presencia, y gracias a vosotros, porque os tengo que reconocer que cuando vamos a las prisiones, a los políticos solo nos quieren enseñar lo más bonito. Y gracias a vosotros nos decís: en tal prisión, pedid ver esto; en la otra, pedid saber esto. Gracias a eso conocimos lo que se vive y lo que padecéis en los centros penitenciarios. Así que hoy nosotros vamos a escuchar, a prestaros muchísima atención a todo lo que decís, porque nosotros aprendemos de vosotros. Yo tengo que reconocer que el máster que hice en política penitenciaria, el máster de vida, lo hice siempre con vosotros. Era, como digo, un colectivo incluso para todos los políticos, el colectivo más olvidado. Gracias a vosotros entrasteis en las instituciones, se os escucha en las instituciones. Y hoy, por primera vez en la historia, un sindicato de prisiones va a poner voz en el Congreso de los Diputados a los más de 22.000 funcionarios y trabajadores penitenciarios que tiene España. Compañeros, diputados, vamos a escucharles a ellos; ellos hoy son los protagonistas.
Estamos siempre y en cada rincón de España, como nos pidió el presidente Feijóo que os lo dijéramos, y sabéis que estuvisteis con él, y el gran sentimiento que él tiene hacia los funcionarios de prisiones. En cada rincón de España donde haya un diputado del Partido Popular, allí lo tenéis a vuestra disposición las 24 horas del día. Nada más y bienvenidos. Esta es vuestra casa, la casa de la soberanía nacional, que sois vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues me presento. Soy Manuel Galisteo Torres, presidente del sindicato "Tu Autónomo Me Puede Matar". Soy funcionario de prisiones desde hace 25 años y trabajo en el departamento de aislamiento de la prisión Málaga II. Bien, dicho esto, quería agradecer sobre todo a sus señorías que, como bien nos ha explicado Ana, han hecho un esfuerzo específico para estar aquí hoy con nosotros y escuchar nuestra voz. Y, por supuesto, a los 140 compañeros y compañeras que se han desplazado desde puntos de toda España para venir hoy a apoyar al colectivo. Dar las gracias al Partido Popular que nos ha permitido estar en una sala tan emblemática como es la sala Constitucional. Es un orgullo y un privilegio que nos dejen poner la voz hoy de todo un colectivo en esta sala.
Me gustaría empezar el acto, si me permitís, con un minuto de silencio por el trágico accidente en Adamuz, donde murieron dos funcionarios de prisiones de Huelva, seis opositores a funcionarios de prisiones y 38 víctimas. Si me permitís, nos ponemos de pie, por favor.
Muchas gracias. Me dispongo a abrir lo que es la primera jornada sobre funcionarios de prisiones en el Congreso. Le informo que esta jornada dispone de tres mesas y damos lugar, ya empezamos con la primera mesa, que va a ser expuesta por Miguel Jiménez y Manuel Morales. Tienen la palabra.
Muy buenas tardes. Como bien ha dicho Manuel, mi nombre es Miguel Jiménez, soy funcionario de prisiones desde hace dieciséis años y siempre he trabajado en vigilancia interior. Actualmente, trabajo en vigilancia interior en el CIDE de Málaga. Me va a ayudar Manuel Morales, que es compañero funcionario de prisiones desde hace diecisiete años y que, además de en interior, también ha trabajado en oficina, actualmente en Alhaurín de la Torre, Málaga. Juntos vamos a tratar de exponer los cambios necesarios para adaptar nuestras necesidades a la actual realidad penitenciaria.
Pensamos que sería un buen punto de partida recordar que el catálogo de infracciones del régimen disciplinario de los internos se recoge en el Reglamento Penitenciario de 1981. Todos los presentes pueden imaginarse cómo se catalogaba en 1981 la introducción de teléfonos móviles mediante el uso de drones. En 1981, un dron era ciencia ficción. Hoy, es logística, y sabemos muy bien qué es logística criminal. Que no se preocupen, el hecho de vulnerar gravemente la seguridad de los centros penitenciarios no queda impune. Se está tipificando como introducción de objetos prohibidos, más o menos como si se introdujera una baraja de cartas, y se está sancionando con privación de paseo.
Como podrán imaginarse, si me dan a elegir entre salir en Daroca con noventa y nueve internos al patio a cero grados o quedarme en mi celda, tranquilito, en mi cama, tapadito, con mi televisión, pues no tiene color. Los funcionarios, muchas veces, no tenemos muy claro si el interno está cumpliendo una sanción por introducir un móvil o si está disfrutando de una recompensa. Esa es nuestra realidad.
A partir de este ejemplo, que es un poco esperpéntico pero tremendamente gráfico, podemos empezar a hablar de la necesaria adaptación de los medios personales, materiales y legales a la actual realidad penitenciaria. Desde hace tiempo venimos observando cómo los medios con los que nos dota la Administración se van alejando de la realidad de nuestro trabajo. En el último año, esta desconexión se ha vuelto totalmente incompatible y nos está llevando a una situación límite.
Hoy, los funcionarios de prisiones venimos a decir algo muy simple: no podemos pretender tener el sistema penitenciario más abierto, más garantista y más moderno de Europa con los medios propios de un país tercermundista. Eso no funciona. Además, hay un patrón que se repite siempre: en prisiones siempre vamos los últimos, siempre estamos abandonados y siempre vamos tarde.
A continuación, procederemos a realizar un análisis que, aunque no pretendemos que sea muy exhaustivo, sí pretendemos que sea muy gráfico de la acuciante necesidad de adecuación de los medios de los que disponemos al trabajo que realizamos. En lo relativo a medios personales, tenemos tres ejemplos muy clarificadores. Los medios coercitivos se recogen en el reglamento de 1996 y son: aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, aerosoles de acción adecuada y esposas o grilletes. Cuando trasladamos esto a la realidad, el reglamento de 1996 hace que los medios coercitivos necesiten una modernización real.
Los aerosoles jamás los hemos visto en las prisiones. Muchos centros no cuentan con servicios médicos; de hecho, es un lujo tener médicos en las prisiones, y es obligatorio para aplicar el aislamiento provisional. Para aplicar las sujeciones mecánicas necesitamos destreza, fuerza y formación. El panorama se define solo.
Necesitamos un plan de formación adecuado para la aplicación de los medios coercitivos en extinción de incendios, evacuación de edificios y, por supuesto, en cómo tratar los motines, como han sufrido nuestros compañeros de Huelva este fin de semana. Esa práctica de ofrecer un curso de veinticinco horas para que firmemos que tenemos los conocimientos debe cesar, ya que roza lo delictivo en materia de prevención de riesgos laborales. Es imperativo modernizar e incluir nuevos medios coercitivos, como dispositivos TASER debidamente custodiados en las jefaturas de servicios, así como trajes de protección individualizados y medios adaptados a una realidad penitenciaria donde hay internos con formación militar y conocimientos de artes marciales, y una población reclusa cada vez más inadaptada.
Afortunadamente, se han articulado medidas para evitar que personas con una vida más o menos normalizada entren en prisión, como la suspensión de condena a menores de dos años, la implementación de penas y medidas de seguridad más severas, la presentación en los centros de inserción social para condenas menores a cinco años y un impulso a la clasificación en tercer grado. Sin embargo, las plantillas están envejecidas y la edad de jubilación llega hasta los 67 años. Muchos compañeros de esa edad no pueden estar en primera línea de batalla, y trabajar en prisiones no es un trabajo normal.
Pasando al tema de la videovigilancia, se gasta mucho para ver poco. Contamos con una instrucción de videovigilancia del año 2010. Durante este tiempo, los contribuyentes han realizado un esfuerzo económico para instalar un sistema de videovigilancia en todos los centros, con cámaras por todas partes, supuestamente en aras de la seguridad. Sin embargo, en 2025, quince años después y tras múltiples reclamaciones, por fin nos han proporcionado un nuevo uniforme. Pero al verlo, a los trabajadores se nos cae el alma a los pies, ya que no se establece ningún distintivo que permita identificar a un funcionario entre un grupo de internos en las pantallas de nuestros costosos sistemas de videovigilancia. Solo vemos un grupo de personas vestidas de oscuro. Esto es un claro ejemplo del desconocimiento de nuestro medio de trabajo por parte de quienes crean mesas de trabajo sobre prisiones sin tener experiencia en ellas. No se trata de un detalle estético, sino de seguridad operativa.
En cuanto a los drones, representan una nueva amenaza real. Los que trabajamos en las prisiones españolas somos conscientes del problema que suponen, ya que introducen objetos y sustancias prohibidas. Nuestro sindicato, "Tu Abandono Puede Matar", solicitó explicaciones a la Secretaría General y medidas correctoras para este problema. La respuesta que recibimos fue que el avance en la tecnología existente y el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados suponen una nueva amenaza para la seguridad exterior de las instalaciones penitenciarias, cuya competencia recae en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta respuesta es una clara muestra de desconexión con la realidad.
Desde nuestro sindicato entendemos que entre mirar hacia otro lado y la instalación de sofisticados sistemas de inhibidores, que son bastante costosos, existen soluciones intermedias y reales para abordar este problema. Confiamos en que a ningún interno se le ocurra introducir armas de fuego, pero al final, esto podría suceder. ¿Y qué le diremos a nuestros compañeros?
Finalmente, en cuanto a los medios personales, parece que recordar una y otra vez que en prisiones faltan 3.000 trabajadores no es suficiente. Usaremos como ejemplo el registro de celdas, uno de los actos más habituales y complejos de nuestro día a día. La orden establece que el registro se realizará en presencia del interno y causando el mínimo desorden. Esta es una orden razonable, pero...
Pretende que el cacheo se realice de una forma extremadamente garantista y respetuosa con el interno. Los trabajadores podemos estar más o menos de acuerdo, pero no es nuestro trabajo discutir esto, y por tanto, no lo cuestionamos. Sin embargo, sí es nuestro deber recordar que esta orden solo se puede cumplir con seguridad y de forma eficaz si contamos, como mínimo, con cuatro funcionarios y con un mínimo de media hora de tiempo. Dos funcionarios son necesarios para controlar a los dos internos que ocupan la celda en un momento dado, lo cual, como todos sabemos, es complicado. Necesitamos media hora para poder cachear una celda sin desordenarla, y para ello requerimos otros dos funcionarios.
Pero, ¿cuál es la realidad? En este momento, al salir por la puerta y dirigirnos a cualquiera de los módulos de nuestro centro de trabajo, solo hay dos funcionarios. Uno de ellos se encuentra en el búnker o zona de seguridad, y el otro dentro. Este último tiene apenas cuatro o cinco minutos para decidir qué hacer. ¿Te metes con dos internos en una celda tú solo y te juegas tu integridad física? ¿O aplicas algún tipo de artimaña para tratar de justificar que no se podía cumplir la orden? Trabajar así es prácticamente imposible.
Un segundo ejemplo son las visitas, las ONG y los letrados. Los protocolos son perfectos, pero carecemos de personal. Nuestro sistema penitenciario es altamente garantista con los derechos de los penados, permitiendo el contacto con familiares y amigos, así como la vinculación con la sociedad. Esto es propio de un sistema moderno y abierto, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, la experiencia nos indica que esto es un punto de seguridad delicado, y por ello contamos con un sinfín de órdenes e instrucciones que establecen protocolos detallados para el cacheo y el registro de las pertenencias y paquetes que introducen los visitantes.
Sobre el papel, tenemos un sistema muy seguro. La realidad es que el pasado fin de semana, en cualquier centro de nuestra geografía, como por ejemplo Algeciras, se produjeron en torno a mil visitas y doscientos paquetes, todo ello gestionado por dos funcionarios y un encargado para toda esta carga de trabajo. Por supuesto, sin escáneres corporales y sin suficientes unidades caninas. Los internos tienen derecho al magnífico trabajo de reinserción y asistencia que realizan las ONG, letrados y guías religiosos. Sin embargo, diariamente tenemos autorizados en las prisiones alrededor de 8.200 personas, todas ellas con su protocolo de identificación, cacheo y uso de medios electrónicos. Una vez más, el papel lo aguanta todo. La realidad es que en las puertas de las prisiones solo hay uno o, como máximo, dos funcionarios. Todos sabemos que es imposible realizar cientos de cacheos al día.
Estos derechos y deberes están muy bien, pero si no dotamos de personal, pierden totalmente su razón de ser. Está muy bien que los internos tengan visitas y que no pierdan su vinculación con el exterior, pero algunos desalmados aprovechan esto para introducir estupefacientes y objetos prohibidos, como hemos conocido recientemente por casos muy mediáticos. Cuando los medios personales no coinciden con la realidad, lo que ocurre es lo que ya conocemos: la entrada de todo tipo de sustancias y objetos prohibidos, aprovechando los puntos débiles de nuestro sistema.
Otro ejemplo palpable es la falta de médicos, que está llevando a un deterioro sanitario y a un colapso de seguridad. Actualmente, en las prisiones faltan aproximadamente la mitad de los médicos previstos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Esto se traduce en que hay muchos centros penitenciarios que, durante largos períodos de tiempo, no cuentan con ningún médico presente. Esta situación tiene una consecuencia obvia: el deterioro de la atención sanitaria a los internos, lo cual es muy preocupante, especialmente considerando que una gran parte de la población reclusa presenta graves problemas de salud mental y toxicomanías.
Algunas de estas derivadas se están intentando paliar, bien con telemedicina o, como más le gusta a nuestra Secretaría General, sobrecargando de tareas a los enfermeros, lo que les lleva a abandonar sus responsabilidades y a cometer graves errores. Si se les carga de trabajo, al final, en algo se equivocan. Otra forma de intentar paliar esta situación es mediante un incremento del gasto público, que incluye la contratación de ambulancias, así como de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y vehículos para los traslados.
Y, por supuesto, pagando los servicios a las comunidades autónomas. Pero cuidado, esto tiene otra consecuencia devastadora que no se está paliando, y parece ser que tampoco hay mucha pinta de que se vaya a paliar. Y es el menoscabo de la seguridad de los centros penitenciarios, pues muchas de las actuaciones regimentales tendentes a aislar a un interno cuando está violento requieren de la presencia de un médico, como es el aislamiento provisional, el aislamiento en celda, aplicación del artículo 72.1. Si no tienen médico, ahí tenemos una vez más al trabajador penitenciario, abandonado a su suerte. Si aísla al interno, incumple la norma; si no lo aísla, expone a los demás internos y a los funcionarios. Te la juegas igual. No hay una respuesta buena.
Otro ejemplo más de la falta de personal lo encontramos en las penas y medidas alternativas, que presentan cifras de éxito, aunque con una estructura que no sirve. Desde el año 2008, se decidió realizar uno de los mayores cambios en la ejecución de penas en nuestro país, dando un gran impulso a la sustitución de penas privativas de libertad. En 2008, había un total de 60.000 de estas penas; sin embargo, en 2024 se realizarán en nuestro país 134.000. Hasta aquí parece que volvemos a tener otro éxito penitenciario, pero solo tenemos que hacer una consulta a la Secretaría General para darnos un baño de realidad. En este año hay 61 trabajadores penitenciarios adscritos al servicio, 11 menos que en 2020, y cada trabajador se encarga de la ejecución y supervisión de 2.200 penas. Cuando se trabaja en estas condiciones, sabemos que el control no existe.
A la luz de lo expuesto, está claro que tenemos unas necesidades de personal indiscutibles, eso ya nadie lo discute. Pero si entramos en cómo organiza y trata la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los trabajadores penitenciarios, aquí ya entramos en el plano de la ciencia ficción. Sin entrar en pormenores de instrucciones y órdenes de dirección que atacan directamente a la dignidad profesional, y que todos sufrimos, porque para eso hacía falta muchísimo más tiempo del que disponemos, nos gustaría exponer algunos ejemplos palpables de cómo nuestra Secretaría General se empeña en mantenernos en el ciclo pasado.
Basta ver, por ejemplo, cómo llevamos unos años donde se nos anuncian muchas medidas de conciliación entre la vida personal y familiar, y muchas medidas en la lucha contra el cambio climático, la famosa Agenda 2030. En esta línea, la mayor parte de la Administración General del Estado y, en general, todos los organismos públicos, el teletrabajo ya es una realidad y se desarrolla con normalidad, con medios técnicos, con control y con objetivos. Sin embargo, en nuestras oficinas no. Sorpresa para todos. Estamos hablando de oficinas donde el trabajo es perfectamente compatible con el teletrabajo: gestión administrativa, nóminas, expedientes, documentación y tramitación. La pregunta es: si tenemos los medios tecnológicos, ¿por qué seguimos instalados en el siglo pasado?
En esta institución, desgraciadamente, estamos acostumbrados a ser los últimos, pero los últimos de los últimos, y a ser tratados como el enemigo. Nos surgen otras dudas. ¿Por qué el sistema de doblaje de oficinas, que es válido para centros penitenciarios como Castellón II o Estremera, no se aplica al resto de centros penitenciarios, que también están muy alejados de las poblaciones? Si se han demostrado eficaces, reducen los desplazamientos y ayudan a conciliar la vida personal y familiar. ¿Es que los vehículos de los demás funcionarios no contaminan? ¿O es que no tienen derecho a conciliar su vida familiar y personal?
Por ejemplo, ¿por qué a los compañeros de vigilancia interior no se nos permite realizar las cadencias que incluyen mañana, tarde y noche, que también funcionaron durante la pandemia y que han funcionado en algunos centros de Valencia durante la DANA? ¿Qué sentido tiene no aplicar algo que se ha demostrado que funciona y que reduce los desplazamientos, ayudando a mejorar la vida profesional y familiar? ¿A quién perjudican todas estas medidas para que no se apliquen? Y no se aplican incluso en contra del ideario del propio partido que nos gobierna. Es increíble. Esto es eficiencia, conciliación, modernización y dignidad laboral. Y una vez más, el mensaje es el de siempre: los últimos, los abandonados; lo que vale para los demás no vale para prisiones. Y llegamos al tercer bloque, los medios legales. Todos los que trabajamos en instituciones penitenciarias...
Somos conscientes de que tenemos que ajustar la legislación existente a la realidad de nuestro trabajo. Todas estas instrucciones, protocolos y órdenes de servicio, que son totalmente incompatibles con la realidad de nuestra labor, deben ser nuevamente regulados. Hoy estamos en la casa del Poder Legislativo, y necesitamos acometer actuaciones de forma urgente. Y las tenemos que hacer ya. Por ello, ruego a sus señorías que presten atención, porque necesitamos ser nombrados agentes de la autoridad. Al igual que en Cataluña, debemos ser considerados profesión de riesgo.
Es imperativo que se realice la equiparación salarial, ya que la dignidad empieza por el sueldo. También es necesario un estatuto propio para los trabajadores, que actúe como piedra angular sobre la que se organice todo. Comenzaremos con el tema de ser agentes de la autoridad, lo que implica la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Los trabajadores penitenciarios necesitamos ser agentes de la autoridad, porque no es lógico que, desarrollando el trabajo que realizamos, no lo seamos.
No es razonable que no contemos con el principio de veracidad en nuestras actuaciones, y que cada vez que redactamos un parte de hechos, ya sea por la incautación de drogas, por las amenazas de un interno a otro, o por las amenazas hacia nosotros o nuestras familias, lo hagamos pensando que no servirá de nada, porque no nos van a creer. No es lógico que un funcionario de prisiones, justo antes de entrar a una pelea en un patio, a sofocar un incendio o a intervenir en una celda con un interno atrincherado, tenga que pensar que, si acaba herido o con daños corporales, esto afectará económicamente a su familia, dado que es muy probable que el interno que ha intentado agredirlo sea insolvente.
No es lógico que cuando un trabajador penitenciario exige a un interno que cumpla con el ordenamiento jurídico, si este le agrede, no haya una consecuencia legal especial. Señores, somos los representantes del Estado dentro de las prisiones. Todo esto no es lógico, y así nos lo reconocen todos los representantes políticos con los que nos reunimos. Sin embargo, a estas alturas, las palabras ya nos sirven de muy poco. Tenemos más de 500 agresiones al año y ya hemos sufrido el primer trágico asesinato de Nuria. Por ello, entenderán que las palabras no sirven de nada, no porque lo digamos nosotros, sino porque todos los que estamos aquí, con el uniforme puesto hoy, sabemos que mañana puede tocarnos a uno de nosotros.
En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Grupo Popular la iniciativa que han llevado al Parlamento Europeo, donde se solicita la inclusión de nuestra profesión dentro de las profesiones de riesgo a nivel europeo. Muchas gracias. ¿Por qué necesitamos ser considerados profesión de riesgo? Por muchos factores. Necesitamos un análisis real y profundo de los riesgos laborales, tanto físicos como psicosociales, de nuestro trabajo. Más de 500 agresiones consumadas al año y más de 100 incidentes sexuales con nuestras compañeras son una realidad que no podemos ignorar. Necesitamos herramientas que detengan esta sangría. El asesinato de Nuria no se puede repetir.
Asimismo, necesitamos una edad de jubilación acorde a la exigencia del puesto. No podemos tener a funcionarios de más de 60 años en un patio con más de 100 internos; eso no tiene lógica. Ahora, pasemos a hablar de la equiparación salarial. Los trabajadores penitenciarios observamos que cada vez que alguna entidad autonómica asume la competencia en materia de prisiones, una de las primeras medidas que se adopta es reconocer la valía profesional, el riesgo y la dificultad del trabajo que desarrollamos, y rápidamente se produce la adecuación de su sueldo a la realidad del trabajo que hacemos.
No podemos evitar hacernos algunas preguntas, como por ejemplo: ¿por qué las comunidades autónomas que reciben la dotación económica del Gobierno central gestionan mejor el dinero y pueden pagar mejor a sus trabajadores? ¿Por qué, siendo nosotros quienes realizamos exactamente el mismo trabajo, no se nos reconoce? Siendo un cuerpo nacional y con vocación de servicio a nuestro país, nos negamos a pensar que la única forma de que se nos trate con dignidad sea que nuestras comunidades autónomas asuman las competencias en prisiones. Es muy triste que la única forma de que esto funcione sea troceando nuestro país. No queremos cobrar ni más ni menos que nadie; queremos recibir lo mismo por el mismo trabajo. Esto entendemos que es muy justo.
Por último, el estatuto propio debe ser la piedra angular que modernice la normativa básica del personal de instituciones penitenciarias.