Buenos días. Bienvenida, ministra. Se abre la sesión, procediéndose a tramitar el orden del día consistente en la celebración de las siguientes comparecencias de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Si no tienen ustedes inconveniente, se van a tramitar de manera acumulada. A petición propia, para dar cuenta de la acción de su departamento y de las actuaciones de la entidad estatal Casa 47, autor: Gobierno. Para dar cuenta de las acciones que están tomando desde su ministerio para contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España, así como explicar las últimas medidas implementadas que están limitando gravemente la emancipación de los jóvenes en nuestro país. Autor: Muñoz de la Iglesia, Esther y quince diputados más. Les comunico que habrá traducción simultánea en catalán durante esta sesión.
Teniendo en cuenta que las solicitudes de comparecencia se tramitan de forma acumulada, el debate se va a desarrollar de la siguiente manera: primero intervendrá la compareciente, la señora ministra, y a continuación, por un tiempo de diez minutos, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor. A continuación, contestará la ministra y, si fuera necesario, tendrá lugar un segundo turno de intervenciones de los portavoces por tiempo de cinco minutos, que serán contestados en una última intervención por la ministra.
Damos la bienvenida a la señora ministra, doña Isabel Rodríguez García, y a quien agradecemos su presencia en esta Comisión. Tiene la palabra, señora ministra.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco ante ustedes y ante esta comisión a petición propia, como mencionaba la presidenta, y también a petición del Grupo Parlamentario Popular, para dar cuenta de la acción del Gobierno en materia de vivienda. Espero poder transmitirles en esta mi primera intervención las cuestiones que considero de especial relevancia y, por supuesto, atenderé gustosa aquellas preocupaciones e inquietudes que ustedes quieran plantearme en su turno de intervención.
Estoy segura, como ha ocurrido en otras ocasiones en esta comisión, que la dimensión del problema nos ha llevado a abordar esta cuestión en múltiples ocasiones en el Pleno, casi más que en esta comisión. Por tanto, espero que seamos capaces de enriquecer el debate y de estar a la altura de la demanda de la ciudadanía y de la atención a su principal preocupación.
Creo que partimos de una línea de ventaja para conseguir ese debate parlamentario, y es que existe un amplio consenso en reconocer la dimensión del problema, así como en la necesidad de resolverlo. Esto implica que tenemos que estar a la altura del debate en estas circunstancias. Sin duda, la vivienda está en el centro de la atención ciudadana, de la atención social, pero también de la atención política, y es una prioridad de este Gobierno.
Estamos impulsando un cambio de paradigma en las políticas públicas de vivienda con el objetivo de alcanzar y garantizar el derecho de acceso a una vivienda. Digo siempre que, si algo hemos aprendido en estos 47 años de democracia, es que los derechos solo se garantizan desde lo público, y ese es el objetivo de este ministerio: articular políticas públicas a partir del diálogo y la colaboración con el resto de administraciones competentes, así como con todos los agentes, sector y sociedad civil que acompañan al desarrollo, desempeño o demanda de este derecho.
Las políticas públicas deben estar diseñadas sobre un principio irrenunciable: la vivienda es un derecho básico, y los poderes públicos debemos cumplir con el mandato constitucional para evitar que la especulación lo socave. Debemos garantizar la función social del valor de las casas frente a su atractivo financiero, asegurando que los recursos públicos se destinen a vivienda asequible, y que no se midan en términos de rentabilidad o retorno económico, sino en el impacto en la vida de la gente. La inversión pública debe priorizarse en el acceso a la vivienda digna y asequible.
Asequible y la mejora de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Lograr este objetivo implica una visión a medio y largo plazo que trascienda los ciclos electorales, a pesar de la conciencia de la crisis que atravesamos. Nos centramos fundamentalmente en ampliar el parque público de vivienda, que es sin duda la gran debilidad de nuestro país, blindándolo para siempre ante los vaivenes de un mercado que antepone el beneficio económico a la función social.
Nuestra misión es clara: garantizar el derecho consagrado en la Constitución, hacerlo efectivo, real, tangible y consolidarlo como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Este es un cambio estructural, al que va dirigida buena parte de nuestro esfuerzo. Sin embargo, somos conscientes de la situación de crisis y, por tanto, de la necesidad de articular medidas a corto plazo, con efectos inmediatos que den respuesta a las personas que ya no pueden esperar. Es aquí donde se enmarcan algunas de las actuaciones, como la regulación de precios, el debate en torno a la regulación de alquiler y la limitación de los pisos turísticos.
Señorías, saben que gasto poco tiempo en mirar al pasado, pero lo cierto es que durante décadas esta política de vivienda ha sido insuficiente, fragmentada y demasiado dependiente del mercado. El resultado es conocido: parque público reducido, precios tensionados y una inseguridad residencial creciente. La aprobación de la Ley de Vivienda y la creación del Ministerio han dado respuesta a esta anomalía. Era anómalo no haber desarrollado durante más de 45 años el mandato constitucional, y su aprobación nos proporciona un paraguas jurídico que nos permite actuar con mayor determinación y seguridad, recuperando la Administración General del Estado un rol activo y protagonista para dar respuesta a este problema y situarlo en el centro de las políticas públicas.
Una norma, una ley, que ha recibido el apoyo del Tribunal Constitucional en tres ocasiones, la última la semana pasada. Por tanto, se presenta una oportunidad para cumplir con ese mandato y hacer ese cambio de paradigma al que antes me he referido. Estamos actuando con un enfoque integral que prioriza la asequibilidad de una mayoría social. También tengo intención de compartir con ustedes mi preocupación por los problemas de atención a las personas más vulnerables, pero lo que sobresale de esta crisis es que atañe a una mayoría social de nuestro país: jóvenes, familias, clase media y trabajadora. Debemos aprovechar todas las palancas para dar respuesta a esta situación, desde normativas innovadoras hasta una mayor innovación en los modos de construcción, así como el esfuerzo que estamos realizando en la recuperación de vivienda a través de la rehabilitación.
Trabajamos en torno a tres ejes que he compartido con ustedes en otra ocasión, que dan una coherente reacción a la manera en que queremos abordar esta crisis de forma estructural para que no se repita en el futuro. Más vivienda pública y asequible para siempre es nuestro principal objetivo. A través de Casa 47, del PERTE de la industrialización y del nuevo Plan Estatal de Vivienda, estamos construyendo una verdadera infraestructura pública que garantiza el derecho, blindándolo de la especulación y pensando no solo en esta generación, sino en las que tendrán que venir.
El primer eje tiene que ver con una mayor oferta para cumplir con la debilidad de nuestro parque público, porque solo con esa infraestructura pública podremos intervenir de verdad en el mercado. El segundo eje es una mejor regulación, porque mientras tanto hay que actuar en la emergencia. Por eso, estamos desplegando todos los efectos de la ley. Estamos avanzando en la declaración de zona de mercado tensionado, que permite bajar los precios y pone en marcha incentivos tanto de las administraciones públicas como incentivos fiscales para movilizar más parque de vivienda.
Con el índice de referencia de precios que está permitiendo contenerlos, ayer mismo recibimos una magnífica noticia de la aplicación de esta normativa en la comunidad foral de Navarra. La reforma que hicimos de la ley de propiedad horizontal y el registro único de alojamientos han permitido intervenir en los alojamientos de corta duración y destapar el fraude en los pisos turísticos ilegales, en torno a 80.000 pisos que hemos retirado de plataformas. Además, avanzamos en los alquileres de temporada o de habitación, con la expectativa puesta en el anuncio del comisario europeo de una nueva directiva.
Voy a detenerme en este último punto por su actualidad y porque están los trabajos de esta Cámara, ya que considero muy importante ir acotando las vías de escape donde se refugia la trampa.
Para evitar que esto esté afectando a los precios y, por tanto, a la imposibilidad de acceder a vivienda en alquiler asequible, me refiero a los alquileres de temporada. Creo que hemos acotado mucho el alquiler turístico en la mayor parte de España, con algunas excepciones bien notables. Sin embargo, hemos conseguido no solamente la implementación de la norma de la ley de propiedad horizontal o de ese registro, sino también la conciencia de alcaldes y alcaldesas, así como de los territorios, para abordar esta realidad.
No obstante, nos va surgiendo otra vía de escape, que son los pisos y alojamientos de temporada, que es necesario abordar y atacar. Como saben ustedes, fue objeto de un grupo de trabajo en el Ministerio que quedó pendiente en la regulación de la ley de vivienda y que pusimos en marcha nada más conformarse el mismo. Los alojamientos de temporada son necesarios para estudiantes y trabajadores, y estaban previstos en la ley porque dan respuesta a una necesidad. Sin embargo, no pueden ser la coartada para especular y desproteger a la ciudadanía que necesita un alquiler residencial tranquilo de por vida. En definitiva, vivir de alquiler no implica vivir de paso, sino que ha de constituirse hogares también en vivienda en alquiler.
Hemos desarrollado, como les decía, el reglamento europeo de alojamientos de corta duración. Hemos sido el primer país en Europa en hacerlo, y su entrada en vigor será este primer semestre de este año. España ya lo tiene plenamente en marcha, y otros países miembros están recabando información sobre cómo lo hemos implementado, lo que servirá de base para esa directiva europea.
En este Parlamento, ustedes han realizado un trabajo importante. Espero poder contar con el apoyo de todos los grupos para sacar adelante la regulación de este tipo de alquiler y combatir el fraude que se está produciendo. Creo que no hay quien discuta que esto es uno de los grandes problemas que se ha abierto al mercado residencial y que origina un incremento de precios. Por tanto, debemos trabajar para sortear a aquellos que quieren evitar las garantías del alquiler residencial. Quiero poner en valor el trabajo que han hecho sus señorías en esta Cámara, con un acuerdo mayoritario en los trabajos de ponencia, y deseo que seamos capaces de continuar avanzando para propiciar la entrada en vigor de esta normativa lo antes posible.
Además, comparto con ustedes, más allá de este cambio de normativa concreto, la convicción de que debemos activar todas las palancas a nuestra disposición y salir de dogmas ideológicos y partidistas para avanzar en todas las medidas necesarias. Esto incluye la adopción de nuevas normativas y medidas fiscales, como se han planteado en esta Cámara por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos, así como nuevas garantías públicas, como acordé con el Grupo Parlamentario Junts al comienzo del año pasado. Estos avales han culminado con una disposición presupuestaria de hasta 300 millones de euros, con el objetivo claro de agotar todos los recursos para proteger el derecho de acceso a la vivienda, especialmente en lo que se refiere a la regulación del alquiler.
Es fundamental intervenir en un mercado que no funciona, no por ideología, sino porque no se están sembrando la regulación pública necesaria para proteger a la ciudadanía. Junto a la oferta y a la regulación, hay una tercera línea de trabajo del Ministerio, que es el refuerzo de las ayudas. Hay que ayudar a la gente que lo necesita. Ahí está el Plan Estatal de Vivienda, los fondos de recuperación, especialmente en la rehabilitación, y los avales del ICO para la compra de vivienda, así como los nuevos avales de impago para la juventud. También está el mantenimiento del escudo social, al que me quiero referir.
Lamento que esta misma semana este Parlamento haya rechazado una medida que protegía a las personas vulnerables. Lamento que quienes han votado en contra de esta regulación lo hagan con argumentos que no se corresponden con la verdad, aludiendo a que se trata de abrir las puertas a la ocupación y al delito. Señorías, podemos dedicar un tiempo en esta comisión a leer el texto de esa regulación, que excluye expresamente lo que ustedes argumentan. Pero, sobre todo, creo que hay que tener sensibilidad con quienes sufren y padecen esta situación. Son personas con pocos recursos, que pueden estar en problemas de pobreza estructural, y a quienes hay que ayudar siempre con un manto de protección.
Que incluso va más allá del techo, con una activación y un reforzamiento de los servicios sociales. Pero el día de mañana, señorías, podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, yo misma. Fallecimiento de un familiar, la pérdida de un puesto de trabajo, el nacimiento de un hijo con una alta discapacidad que nos impida trabajar, y vernos abocados a esa situación. Por tanto, yo lo que les pido es que voten lo que quieran, pero no argumenten con falacias, con demagogias y metiendo el miedo a la gente. Este escudo es para proteger, y aquí en la protección tenemos que estar todas las administraciones públicas, porque esa protección no afecta solo en la redacción del Real Decreto Ley a mi gobierno, afecta a las administraciones competentes en materia de protección social y también a las administraciones competentes en la disposición de viviendas de emergencia y de vivienda social, que tenemos que ser capaces de producir con mayor ritmo para dar respuesta a estas personas que se encuentran en esta situación.
Así que, señorías, espero que seamos capaces de recuperar ese consenso que ha protegido a la ciudadanía en los últimos años y que lo hagamos de forma serena y sin acudir a argumentos falaces. En todos estos ejes de trabajo, estos tres ejes que acabo de mencionarles: el propiciar un parque público de vivienda asequible, el regular entre tanto y el dar ayudas. Sin duda, la juventud española es para nosotros una prioridad. Se menciona mucho y, desde luego, creo que, junto con la dificultad del parque de vivienda que tenemos en España, es la otra gran debilidad en términos de comparación con otros Estados miembros de la Unión: la edad de emancipación de la juventud española. No es nueva; llevamos anclados en esos horizontes de 30 años en edad de emancipación. Por tanto, es un problema estructural del país al que debemos dar respuesta.
Como decía, mi ambición es mucho más que superar esta crisis; es dotarnos de un sistema estructural que garantice el derecho. Sin duda, hemos de abordar específicamente la problemática de la juventud española. Forma parte de todos los trabajos de mi departamento y de la colaboración que ambiciono con el resto de administraciones públicas. Especialmente, lo hemos enfocado en el Plan Estatal de Vivienda, del que di cuenta en el Pleno, con ayudas específicas para jóvenes, con el reforzamiento de ese aval, con ayudas directas a la compra, pensando sobre todo en el medio rural, donde la opción de compra no solo garantiza la vivienda, sino que también nos ayuda a otro compromiso del Gobierno: la cohesión territorial y luchar contra el reto demográfico. También hemos implementado ayudas a los avales en la concesión de hipotecas, así como en la construcción sobre suelos dotacionales, que es una nueva herramienta que hemos puesto en marcha con las administraciones.
Espero contar con todas las administraciones para ponerlo en marcha. Debo compartir con ustedes que los trabajos desde que comparecí en el Pleno hasta ahora con las comunidades autónomas en la redacción del plan para llevarlo al Consejo de Ministros en las próximas semanas, tras su paso por el Consejo de Estado, han sido muy positivos y me hacen pensar que contaremos con un amplio apoyo para llevarlo a la práctica en todos los territorios.
Estas políticas las estamos haciendo con más recursos que nunca. La política de vivienda es una política cara, y tenemos que, si la reclamamos, si la priorizamos, si la mencionamos en nuestros programas electorales y desde nuestras administraciones, todas las que gobernamos y las que no, eso implica que todos debemos hacer un esfuerzo mayor en el ámbito presupuestario. Este Gobierno lo ha hecho desde 2018 hasta ahora, destinando 23.000 millones de euros para las políticas públicas de vivienda, que en su mayor parte están yendo en forma de transferencias a las comunidades autónomas, que tienen una competencia constitucional muy importante.
Nuestro país ha sido el que más fondos de recuperación ha destinado a la promoción de vivienda en Europa, con un objetivo inicial que hemos superado de 20.000 viviendas en alquiler asequible, que hemos desempeñado con mucho éxito, utilizando nuevas técnicas como la industrialización y con altos estándares de calidad. 7.000 millones de euros que suponen triplicar lo ejecutado hasta ahora en los planes estatales, con el compromiso de que al menos el 40% de ello se destine a ampliar la oferta del parque público. Proyectos innovadores que han tenido también el reconocimiento en la elaboración del nuevo plan europeo, el primer plan europeo de vivienda asequible, que incluye nuevas técnicas de construcción para construir de manera más rápida y ágil, garantizando también la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, que ya está dotado con 1.300 millones de euros.
Estamos dando ya pasos con la alianza de la industrialización de la vivienda en nuestro país, lo que permitirá la cualificación de los profesionales y también avanzar al sector. Un nuevo instrumento que acabamos de anunciar y que estamos desplegando será ir más allá de los fondos de recuperación con el nuevo Fondo Soberano "España Crece", que fundamentalmente se dirigirá a prestar atención a la economía española para disponer de las viviendas que necesitamos.
Todo esto, señorías, tengo que decirles que, a pesar de lo que pudiera parecer al abrir los periódicos o escuchar los debates políticos, lo estamos haciendo con un amplio consenso. Un consenso que incluye a las comunidades autónomas, donde hemos alcanzado grandes acuerdos por unanimidad, así como con los actores sociales y económicos que participan en el desarrollo de la construcción y que atienden a las personas que padecen el problema de la vivienda. Esa colaboración, esa escucha permanente y ese acuerdo lo hemos institucionalizado, cumpliendo el mandato de la Ley de Vivienda, con la conformación del Consejo Asesor de Vivienda, que ya se ha constituido y ha tenido su primera reunión. En este consejo están representadas distintas entidades, desde personas afectadas por el problema de la vivienda, como la PAC o el sindicato de inquilinas, hasta los agentes sociales clásicos, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones de consumidores del ámbito de la vivienda, notarios, registradores, arquitectos y expertos del ámbito académico y de la experiencia en políticas públicas.
Creo que esta representación es muy equilibrada y debe contribuir a la solución de este problema. En ese primer encuentro, así como en ocasiones anteriores, se ha evidenciado un gran consenso en los diagnósticos y en las soluciones, que pasan por las líneas de trabajo del Ministerio y son muy coincidentes con el Plan Europeo de Vivienda Asequible.
Quisiera compartir con ustedes algunos de los últimos avances, y para mí uno de los más importantes en estos dos años de vida del Ministerio. Decía que el derecho se garantiza desde lo público, y lo público necesita de infraestructura pública para garantizarlo. Lo que hemos hecho es transformar la entidad SEPES, que había servido al interés de desarrollo de suelo industrial en nuestro país y que se anclaba en el Ministerio de Vivienda, en una agencia estatal de vivienda y suelo que da respuesta a este problema y que busca hacerlo de forma transversal para potenciar y incentivar el objetivo de un parque de vivienda pública y asequible en nuestro país.
Esta infraestructura garantizará todo el proceso, desde la adquisición de los suelos hasta el planeamiento, la entrega final y la gestión de estas viviendas. Es una infraestructura comparable a lo que son los hospitales y centros de salud en el sistema público de salud, o las escuelas y universidades en el sistema público de educación. Esta herramienta también se relacionará con otras entidades autonómicas o locales que están impulsando parques municipales o autonómicos de vivienda.
Los contratos de estas viviendas, que ya han comenzado a dar sus pasos a través de Casa 47, serán de una duración de hasta 75 años, proporcionando estabilidad desde lo público a las personas que necesiten acudir a este recurso, con prórrogas continuadas cada siete años, siempre y cuando se mantengan las garantías y las condiciones de acceso. El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por cada una de las comunidades autónomas, porque, por primera vez en políticas públicas en nuestro país, el precio que se pagará por el alquiler se fijará sobre la base de lo que puede pagar la ciudadanía, no sobre lo que nos cuesta construirlo. Por tanto, el alquiler no podrá sobrepasar nunca el 30% de la renta mediana del municipio en el que esté esa vivienda.
Ya hemos realizado una primera oferta piloto con 170 viviendas, principalmente para evaluar el mecanismo de adjudicación y su implementación. El proceso de adjudicación ha culminado y se está trabajando en el diseño del portal que permitirá ofertar nuevos lotes de vivienda cada trimestre. Es una entidad que no nace de la nada, sino que se origina del patrimonio de la Administración General del Estado.
De terrenos de defensa, de terrenos de interior, de terrenos de hacienda y, sobre todo, que nace de la reversión de la gran injusticia que supuso el banco malo, la Sareb, recuperando 40.000 viviendas y hasta 2.400 suelos con capacidad para construir 55.000 nuevas viviendas. Ya la próxima semana, el Consejo Rector aprobará las bases de una nueva iniciativa que se incorpora en sus funciones, que es contribuir también con compra pública. Hay otras administraciones que quiero poner en valor, que están haciendo uso de ese derecho de tanteo y retracto que tienen en el marco de sus competencias para asumir esas viviendas al parque público. Nosotros lo vamos a hacer con esta opción de compra, a la que hemos consignado los primeros 100 millones de euros para convertir ese patrimonio privado en patrimonio público y asequible con el que construimos nuestro parque público de vivienda.
Puedo anunciarles que, más allá de esas viviendas que ya tenemos de la Sareb y que estamos incorporando y poniendo a disposición de la ciudadanía, este mismo trimestre, Casa 47 va a licitar la construcción de 2.800 nuevas viviendas en colaboración público-privada. La licitación incluirá los suelos con carácter urbano finalista, las ayudas públicas, la financiación y los arrendamientos que tendrán. Vamos a fijar ya en esta licitación las condiciones de estos arrendamientos para que se enmarquen dentro de las condiciones de asequibilidad que nos hemos marcado. Estas 2.800 nuevas viviendas que licitamos este trimestre se suman a las 1.600 que hemos licitado a lo largo del 2025, al mismo tiempo que estábamos terminando la puesta en marcha de la nueva entidad. Por tanto, desde el anuncio de la empresa hasta este primer trimestre estaremos poniendo en licitación un total de 4.400 viviendas.
Esta es una empresa que nace con solvencia económica, dispuesta ya con más de 13.000 millones de euros para los próximos años y que tiene proyectos muy ambiciosos, transformadores, como es el nuevo barrio de Campamento, que será el barrio de impulso público más importante que se ha construido en nuestro país por una sola administración. Somos titulares del 98% de la superficie y vamos a construir más de 10.700 viviendas asequibles, con las que nunca se va a poder especular; el 100% lo son asequibles, superando el planeamiento urbanístico que, como recordarán, situaba el 60% de la vivienda protegida. Además, nos vamos a implicar en la habilitación de los servicios públicos y de los espacios comunitarios para que la vivienda no quede al margen del barrio ni de la ciudad.
Este es un acuerdo que hemos conseguido desbloquear después de 40 años, cuatro décadas en las que hemos tenido idas y venidas de este proyecto, pero que se han consumado en esta legislatura. Vamos a construir este nuevo barrio y lo haremos con la implicación de sus vecinos y vecinas, que han mantenido la llama a través de su activismo y demanda, así como con los vecinos de los barrios colindantes que están trabajando con nosotros en torno a los dotacionales que serán necesarios y que debemos coordinar con el resto de administraciones públicas.
Las obras de demolición ya están en marcha; las iniciamos hace unas semanas y se concluyó el trabajo de contratación a finales de año. La financiación está preparada y estamos listos para iniciar las obras de urbanización, que además iremos acompasando con las obras de edificación para que cuanto antes dispongamos de estos hogares. Estos pasos decididos y determinados que estamos dando son fundamentales, y sin duda hay que dar más, y debemos hacerlo todas las administraciones juntas. Este Parlamento, unido en esta dirección, se está materializando en datos positivos. No se trata de hacer un ejercicio de triunfalismo, sino de realismo que sirva para analizar si estamos en la dirección correcta para seguir avanzando o si es necesario reformular.
Traigo para compartir con ustedes y con la opinión pública algunos de esos datos que marcan que estamos en la dirección correcta. Podríamos ir más rápido, sin ninguna duda; hay administraciones públicas que están trabajando con mucha determinación en la buena dirección, y otras que, bajo mi punto de vista, podrían hacerlo con más determinación, pero confío en que vayamos dando la respuesta que necesitan nuestros conciudadanos. Como digo, hay datos incontestables, como es esa transferencia de inversión pública del Estado, esos 23.000 millones a los que ya me he referido, que hemos transferido mayoritariamente a las comunidades autónomas, que han recibido 8.000 millones más que en la etapa del gobierno del presidente Mariano Rajoy.
La licitación pública ha superado los 4.100 millones de euros en estos siete años, es decir, 3,2 veces más que en el anterior mandato del señor Rajoy, donde la licitación pública total fue de 1.277 millones. En lo que se refiere a la construcción, hemos duplicado el ritmo de inicio y finalización de obras de vivienda protegida con respecto al año 2018. Entre los años 2024 y 2025, el 20% de las viviendas que se están iniciando son viviendas protegidas. Hemos calificado como protegidas en estos años 102.511 viviendas frente a las 53.754 de las tres legislaturas de Mariano Rajoy. Solo desde que existe el Ministerio de Vivienda se han calificado más viviendas protegidas, es decir, en estos dos años se han calificado más que durante todo el primer periodo del señor Rajoy, de 2012 a 2015.
El impulso al sector de la construcción se refleja en los datos: se están terminando tantas viviendas libres como se construían en el año 2011 y se están iniciando tantas como en el año 2009. La diferencia es que, en aquel entonces, se construían sin demanda, y hoy estamos todavía lejos de satisfacerla. El impulso inversor del Gobierno ha elevado las licitaciones de vivienda en 2025 a su mejor dato desde el año 2009. Solo hasta el mes de noviembre de este año se habían licitado vivienda pública por valor de 900 millones de euros, un 44% más que el ejercicio anterior. Además, uno de cada diez empleos creados en el último año pertenece al sector de la construcción. En total, hemos recuperado 250.000 trabajadores y trabajadoras del sector, porque la ambición de construir un parque de vivienda asequible no será posible sin la redimensión y modernización del sector.
En cuanto a los datos de alquiler, es cierto que es donde se concentra mayoritariamente la crisis en este momento. Se ha producido un cambio en los modos de vida en nuestro país, incrementándose en un 45% las viviendas alquiladas desde 2018. Hay muchas más personas viviendo de alquiler que en ese año. La declaración de zonas de mercado tensionado está funcionando; por ejemplo, en la comunidad foral de Navarra, el último dato indica un 8,6% en los municipios declarados como tales, manteniendo la formalización de los contratos. En Cataluña, los precios han bajado un 5% de media y hasta un 9% en algunos barrios. En La Coruña, donde también se ha declarado zona tensionada, estamos analizando la contención de precios.
Las nuevas promociones de vivienda destinadas al alquiler son de altísima calidad, con altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad, lo que dignifica la acción pública de nuestro país. En comparación con la Unión Europea, hemos conseguido acortar la tasa de esfuerzo financiero de los hogares; si en 2021 un 40% de los hogares destinaban más del 40% de sus ingresos a la vivienda, en 2024 esta cifra ha bajado al 28,1%, aunque aún estamos lejos del 19% de la media europea.
Estos datos no son motivo de autocomplacencia, sino que reflejan la realidad que estamos enfrentando. Una de las cuestiones que me reclamó este Consejo Asesor es la necesidad de contar con más datos públicos, y sin duda vamos a trabajar en esa dirección para poder analizarlos aquí con ustedes. Nuestro modelo pasa por lo público, y espero que podamos seguir contando con su colaboración en la elaboración de la normativa necesaria para abordar estos problemas. Seguiremos destinando todos los medios a nuestro alcance e intentando trabajar con todas las administraciones públicas que deseen colaborar con nosotros, manteniendo también las alianzas sociales necesarias para dar respuesta a esta problemática lo antes posible.
Quedo a disposición de sus intervenciones y de sus inquietudes para poder responderlas después. Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, ministra. ¿Qué tal las fiestas de Navidad? Vaya regalazo se han llevado los caseros con esos regalos fiscales que ustedes les están preparando, mientras le traen carbón a paladas a los inquilinos y a las inquilinas de este país. Se están ustedes equivocando rotundamente, ministra. En este camino solo se puede elegir: hay que elegir entre los inquilinos y las inquilinas y los fondos buitre; hay que elegir entre quien paga una hipoteca y los grandes bancos y los grandes propietarios de este país. Se lo digo de verdad, yo creo que ya es suficiente, ya basta, porque no solo le están haciendo daño a este país, sino que además le están haciendo daño a su propio Gobierno. Yo lo he dicho en numerosas ocasiones, lo vuelvo a repetir hoy aquí: la vivienda va a ser la tumba de este Gobierno, porque están contribuyendo a generar un malestar tan grave, tan importante, que es lo que alimenta a la derecha y a la extrema derecha. Precisamente, es ese malestar lo que hace que la derecha y la extrema derecha estén más cerca de gobernar en este país, precisamente porque su Gobierno no hace nada.
La emergencia habitacional en este país, ministra, ha pasado de emergencia a categoría de catástrofe, y la verdad es que su gran medida estrella, que es la que anuncia el presidente a la vuelta de Navidad, sea que paguemos entre todas aún más regalos fiscales para los caseros, para los rentistas, que insisto, es gente que vive de no hacer nada, que viven de no dar un palo al agua. Viven del trabajo de los inquilinos y las inquilinas, que sí se matan a trabajar, van todos los días al curro a las ocho de la mañana y después se gastan la mayor parte de su sueldo en pagar el alquiler. Insisto, esto no solo es malo para los inquilinos y las inquilinas, para la gente trabajadora de este país, sino que además es malísimo para la economía española. Tenemos una economía que está lastrada por el rentismo. Toda esa inversión es dinero que no va a la economía productiva, que no va a la inversión, va a que unos pocos se estén enriqueciendo de manera absurda.
Y claro, yo ya sé lo que me va a decir usted, porque me lo dice en todas las intervenciones que hago en materia de vivienda, que son muchas, en las preguntas que le hago en Pleno cuando tiene usted una comparecencia aquí: que el PSOE y Podemos gobernamos juntos y aprobamos juntas la ley de vivienda. Yo hoy quería aprovechar que tengo más tiempo y normalmente no lo tengo, por desgracia, aquí en el Grupo Mixto, pero creo que es muy importante que no hagamos revisionismo histórico, ministra. La ley de vivienda y la negociación de la ley de vivienda fue una negociación a cuchillo entre el PSOE y Podemos, y si usted no se acuerda, se lo puede preguntar a su secretario de Estado, el señor Lucas. Fue prácticamente imposible obligarles a aprobar la ley de vivienda, y en ese debate, que se produjo durante horas y horas, tuvimos que condicionar dos veces la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Como saben, antes había presupuestos generales del Estado una vez al año, no sé si se acuerdan, era cuando Podemos estaba en el Gobierno. En esa negociación, tuvimos que condicionar dos veces el acuerdo a que se avanzara en la aprobación de la ley de vivienda.
Nosotras peleábamos para que se incluyera el control de precios; ahora sacan pecho, yo me río mucho, porque tuve al señor Lucas enfrente decenas de horas en las que me decía que eso jamás se iba a incluir en la ley, y lo que ustedes trataban de meter en la ley era lo mismo que proponen ahora: regalos fiscales a los caseros. Nosotras usamos nuestra fuerza, como esta semana la hemos usado para la regularización masiva de medio millón de personas, para incluir el control de precios en la ley. Pero ustedes dejaron un agujero, y ya lo sabían, ministra; no creo que ahora se pueda hacer usted la sorprendida con el alquiler de temporada. Ese agujero ya estaba ahí, lo señaló Esquerra Republicana de Cataluña. Ya sabíamos que se iban a colar por ahí los aumentos de precio, ustedes lo sabían también y no quisieron taparlo. Me alegro de que ahora por fin hayan decidido hacerlo.
Pero creo que es importante decirle a la gente la verdad y no hacer como que todos estábamos de acuerdo en esa ley de vivienda, porque no es así. Quería traer hoy aquí, aparte de eso, corregir un poco la lectura y la narrativa de la historia, algunos datos que creo que son importantes para entender el problema que tenemos en materia de vivienda. El medio El Español, muy poco sospechoso de ser de Podemos, publicaba hace unos días que en este momento el alquiler es ya el negocio más rentable que hay en este país, un 7% de rentabilidad por encima de la bolsa, las letras del tesoro o los fondos de inversión, a corto plazo mucho más rentable que el oro.
Es que ya vale, es que no puede ser. Hay que cortar esto ya. La vivienda no puede ser un bien con el que invertir y un negocio que dé rentabilidad. Y, por desgracia, todos los regalos fiscales a los caseros van en la línea de garantizar la rentabilidad de los propietarios, y la vivienda no puede ser una inversión rentable. Así pasa que los alquileres están por las nubes y la mayor parte de las viviendas que se están comprando son a tocateja por parte de grandes propietarios.
Pero yo tengo la sensación, cuando le escucho, de que ustedes están ciertamente fuera de la realidad. Por eso hoy, más allá de los datos, quería traer un ejemplo concreto. Vamos a poner el salario medio en España en este momento, ministra, me imagino que lo sabe, ronda los 1.800 euros al mes. Y estoy siendo generosa, porque en este momento el salario más habitual en España es ya el SMI, que no llega a los 1.200 euros.
Vamos con un ejemplo: Susana, que cobra 1.800 euros al mes, tiene dos hijas. Paga el alquiler medio en Zaragoza, que son 1.200 euros, le quedan 600. Paga 400 en alimentación, sin que se le caiga ni un solo día de la semana ni carne ni pescado en la cesta de la compra, le quedan 200 euros. Paga 170 euros de suministros: agua, luz, gas, encendiendo la calefacción solo los días en los que hace muchísimo frío. Le quedan 30 euros, ministra, para dentistas, extraescolares, material escolar, ropa, zapatos para las niñas, gastos imprevistos, salir a tomarse algo y todo lo demás.
¿Lo entiende, ministra? Es imposible. Estos precios del alquiler están ahogando a la gente, asfixiando a la gente, son incompatibles con la vida. Susana es pobre, aunque gana más que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. Susana no es una excepción, es la norma, y la causa de esta pobreza está clara: Blackstone, BlackRock, grandes propietarios, caseros y, por supuesto, ministra, su gobierno y usted, que no hace nada para bajar el precio de la vivienda.
Díganos, ¿a qué esperan para bajar los alquileres por ley? Si ya sabemos que es legal, si está avalado por el Tribunal Supremo. ¿A qué esperan para prohibir la compra de vivienda que no sea para residir? Porque si no lo hacen, insisto, la vivienda va a ser la tumba de este gobierno. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno para proteger a las 60.000 familias que se van a la calle por culpa del Partido Popular, de Vox y de Junts, que el otro día votaron en contra del Real Decreto de Suspensión de los Desahucios?
Porque, aunque sea responsabilidad de la derecha por haber votado en contra de la protección contra los desahucios, es su responsabilidad, ministra. Estas personas están bajo su responsabilidad, que son el Gobierno de España. Porque si ustedes, en vez de haber buscado el titular, en vez de haber buscado otro corte de televisión, hubieran hecho lo que les pidió Podemos, que era hacer esta protección estructural, que era pactar como pactamos la suspensión de los desahucios hipotecarios, el señor Bolaños y yo, por cuatro años, hoy no nos estaríamos encontrando en esta situación.
Yo le traigo una propuesta hoy: páguenles el alquiler a estas familias, 576 millones de euros. Se sacaron ustedes 10.500 millones de euros solo en abril del año 2025 para pagar el rearme. Si hay algo caro no es la política de vivienda, la política de vivienda garantiza derechos. Lo que es caro es la política de rearme que está haciendo este gobierno, que en tres años ha duplicado el gasto militar.
¿Qué van a hacer para proteger a estas familias? ¿Qué van a hacer también para proteger a las 62 familias de una urbanización en Málaga, Manilva? No sé si la conoce, ministra, que con su dinero, con su tiempo, con su esfuerzo, pusieron en marcha una urbanización que estaba abandonada y que ahora, que tiene valor, viene la empresa buitre Reoco y las quiere echar a la calle. ¿Cuándo van a dejar ustedes mismos de desahuciar?
Porque usted viene aquí a oponerse a los desahucios de familias vulnerables, me parece muy bien. Pero es que ustedes están desahuciando a gente de las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social, que era el Casa 47 del señor Zapatero. Ustedes están desahuciando a gente que vive en casas de Sareb. Dicen: "vamos a poner un montón de pisos de Sareb en Casa 47". Ya, pero es que en esas casas ya vivía gente, ministra. Ya vivía gente, la están desahuciando para decir que meten gente nueva. Esa trampa a mí me parece bochornosa.
Yo le pediría que, por una vez, responda a lo que le pregunto y digan por qué están desahuciando ustedes también a gente. Y, por último, voy a hacer entrega, en este último tiempo que tengo, a petición de una familia que me lo ha solicitado, de una carta. La historia de una pareja con tres hijas menores de edad que lleva diez años sin poder acceder a una vivienda digna aquí en Madrid, que se ha visto obligada a ocupar un piso. Como haríamos todas, por cierto, y se lo digo muy claro a sus señorías del PP y Vox: si ustedes se vieran debajo de un puente, claro que le pegarían una patada a un piso de un banco y harían muy bien en hacerlo, porque nadie tiene que estar viviendo debajo de un puente con sus hijos en una democracia.
Están apoyados por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, pero nadie hace nada. Honestamente, ministra, yo creo que ustedes están jugando a la ruleta rusa con este tema, con las vidas de la gente, que esto va a estallar.
Que se permite al señor Quero irse al hotel Palafox de cinco estrellas en Zaragoza a presentar sus medidas de vivienda, como si defendieran a alguien que no fueran los fondos buitre y no fueran unos auténticos lacayos de Donald Trump, no se puede permitir. Hagan algo para frenar la crisis de vivienda. Muchas gracias.
Lo conozco, gracias. Gracias, señora Belarra. A continuación, tiene la palabra la señora Vaquero.
Bueno, partimos, ministra, de una realidad en la cual no podemos mirar para otro lado ni engañarnos. Falta vivienda pública y social para atender a la demanda, usted misma lo reconoce, por diferentes motivos: el cambio de modelo familiar, un aumento de la inmigración y la falta histórica de una política de vivienda continuada en el tiempo. Para que haya una adaptación de la demanda a la oferta, será necesario destinar, de forma constante, fondos públicos suficientes para construir y rehabilitar, así como ayudar en este sentido.
Por lo tanto, la vivienda que existe en el mercado, en un gran porcentaje, es de pequeños propietarios. De estos, el 50% tiene rentas menores a los 30.000 euros. Así, quien aporta la inmensa mayoría de vivienda al mercado de alquiler no son los grandes fondos buitres ni grandes tenedores, sino pequeños propietarios, familias normales que han destinado sus ahorros a la compra de otra vivienda. Esto nos lleva a la disyuntiva de si se penaliza o se ayuda con medidas y políticas públicas para aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler.
El Gobierno y algunos grupos de la Cámara han optado por el palo, culpabilizando a una parte de forma indiscriminada con calificativos de usureros y sanguijuelas. No seré yo quien niegue ciertas realidades, como la existencia de fondos buitres, pero no todo es gris o blanco. Defendemos que son más funcionales las políticas de más zanahoria y menos palo, potenciando desde las administraciones competentes la colaboración público-privada para que, en lo posible, sean viviendas destinadas a un alquiler social, en el que la administración se subroga en la función del arrendatario, como ocurre con Alocavide y el programa Bicigune en Euskadi.
Ante la falta de vivienda para hacer frente a la demanda existente, y considerando la insuficiente política de vivienda que ha planteado el Gobierno del Estado y que ha aprobado esta Cámara, que también es responsable, por ahora han sido parches que poco o nada ayudan a la situación detrás de la crisis habitacional. En lugar de abordarla de forma integral, intervenimos en vivienda desde una visión parcial, buscando culpables en lugar de soluciones, con parches legislativos y medidas mediáticas más que realistas y con falta de planificación.
La ley de vivienda de 2023 dejó grietas que han supuesto un problema añadido a la crisis, como la vivienda de temporada y la turística, que han sido usadas en numerosas ocasiones en fraude de ley para no aplicar la ley. O simplemente, esas viviendas han desaparecido del mercado de alquiler, pasando algunas al temporal, al turístico o a la venta, o simplemente se han quedado vacías. Ahora tenemos que solucionar ese socavón, y espero que no lo tengamos que hacer con otro parche.
¿Qué se ha pensado y planteado para evitar esta fuga de viviendas, sobre todo si tenemos en cuenta que no hay suficiente oferta para la demanda existente, no al menos allí donde la gente quiere vivir? Además, hay falta de consenso suficiente para ir acordando las numerosas proposiciones de ley que hay hoy en tramitación en esta Cámara. Abogamos para que se huya de medias parches aquí y allá, sin falta de una visión integral, porque no hay una planificación que acompañe un diagnóstico de cuáles son las modificaciones legislativas que hay que hacer. Hoy se plantean unas y mañana otras, sin tener en cuenta la realidad territorial y obviando, en ocasiones, el ámbito competencial.
Hoy usted ya ha dicho que faltan datos y que los diferentes colectivos le piden datos para poder hacer ese diagnóstico real. Así, a falta de soluciones, usted ha propuesto la prórroga de una medida COVID que impide desahuciar a aquellos inquilinos que caen en vulnerabilidad y no pueden hacer frente al pago del alquiler. Pero esto, a nuestro entender, no es justicia social, ya que el Gobierno traslada al ciudadano una responsabilidad que le corresponde a las administraciones públicas. Las moratorias pueden dar un alivio temporal, pero no aumentan la oferta ni hacen que el precio de la vivienda baje, no solucionan la crisis habitacional y, además, obligan al vulnerable a vivir en una angustia constante, rezando para que esa prórroga continúe. El problema estructural sigue ahí.
Quiero desmentir una máxima que se está repitiendo por muchos esta semana y de la que se hacen eco algunos medios de comunicación. Esta medida antidesahucio, denominada escudo social de vivienda, incluida en el famoso decreto ley ómnibus que no fue convalidado el martes, afecta a los grandes propietarios, sí, pero también a los pequeños. Es decir, también afecta a esa familia jubilada que tiene alquilada una vivienda y que no solo no percibe.