Hacia el comienzo de mi intervención, hoy tenemos una propuesta sobre la que debatir y eso, en sí mismo, es un buen primer paso. La buena política, la política virtuosa, no consiste en decir no, sino en plantear alternativas. El problema es que ustedes no las tienen. Lo único que han logrado consensuar con sus presidentes autonómicos ha sido un documento de poco más de cuatro páginas al que han puesto el grandilocuente nombre de "Declaración de Zaragoza", en el que no plantean absolutamente nada, ni una sola propuesta sobre las variables del cálculo de la población ajustada, sobre mecanismos concretos de nivelación o sobre el cálculo de los costes fijos de la financiación de los servicios públicos. Nada, la más absoluta nada.
Miren, para Convocatoria por Asturias, disponer al fin de una propuesta de financiación autonómica concreta es un magnífico primer paso. Esta propuesta nos parece que tiene elementos positivos y otros que son mejorables. En primer lugar, el modelo que se propone incrementa de manera muy sustancial la financiación de todas las comunidades autónomas, que son las instituciones que sostienen el estado del bienestar. Ese aumento de cinco puntos en la aportación del IRPF y de 6,5 del IVA son muy importantes para financiar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios públicos.
Por otro lado, el modelo que se propone reduce sustancialmente las desigualdades entre comunidades autónomas. Si en el modelo actual la diferencia entre la comunidad autónoma que más recibe y la que menos recibe es de 26,2 puntos, en esta propuesta se sitúa en 17,6 puntos. La propuesta, además, da respuesta a una reivindicación histórica y justa de las comunidades autónomas más infrafinanciadas, particularmente Murcia y Comunidad Valenciana, que son las comunidades que más incrementan su financiación.
Tengo que decir además que en este modelo que se propone no existe ni cupo ni ordinalidad. Y repito, no existe ni cupo ni ordinalidad. Lo digo para los heraldos del apocalipsis, como el señor Keipo, que nos anunciaban hace seis meses una ruptura del modelo de régimen común. En ese sentido, hay que decirlo claro: en este modelo, Cataluña no es la comunidad autónoma que más incrementa su financiación ni la que está a la cabeza de la financiación por habitante ajustado. Eso es una realidad; lo demás son relatos interesados para hacer mala política, para hacer propaganda.
Permítanme que les diga algo sobre Cataluña. No ha habido en este país, lo decía el señor consejero, modelo de financiación autonómica que no haya comenzado de uno u otro modo por Cataluña. ¿Recuerdan ustedes el pacto del Majestic entre José María Aznar y Jordi Pujol? Luego volveré sobre ello. Pero permítanme antes decirles algo más sobre Cataluña. Cuando Rajoy dejó la presidencia del Gobierno, el 48,7% de los catalanes eran partidarios de la secesión y superaban en más de cinco puntos a los catalanes que deseaban seguir formando parte del Estado español. Hoy, afortunadamente, los datos se han invertido: un 54% de los catalanes son partidarios de permanecer en España y un 38% son partidarios de la independencia.
Y es que, señorías de la derecha, son ustedes el mejor aliado posible del secesionismo. Cuando ustedes gobiernan, se convierten en una fábrica de independentistas gracias a sus discursos inflamados e irresponsables, que piensan más en sus expectativas electorales que en la convivencia y la cohesión de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Señorías de la derecha, ¿prefieren ustedes al señor Junqueras en Waterloo o reuniéndose en la Moncloa con el presidente del Gobierno? Nosotros lo tenemos muy claro.
Y ese es su problema, señorías de la derecha, que ustedes no tienen un proyecto de país. Y mire, al menos a Vox yo le reconozco la coherencia, porque sí que tienen un proyecto de país claro, que consiste en cargarse las comunidades autónomas y en recuperar aquello de una grande y libre. Pero ustedes, señorías del PP, no tienen ni un proyecto de país ni un proyecto de convivencia. Para ustedes, España no es más que una pulsera made in China.
Y señor Barbón, señora Ayamedo, señor Peláez, se lo tengo que decir: tampoco García-Page tiene un proyecto de país ni tiene un proyecto de convivencia. Les ruego que no le compren el marco político a la derecha en materia de financiación autonómica, ni a la derecha del país ni a la derecha del Partido Socialista. El Gobierno asturiano puede y debe sentarse a negociar para lograr una financiación para Asturias que nos proporcione recursos suficientes para financiar nuestros servicios públicos, en línea con el consenso que hemos venido defendiendo las fuerzas democráticas y pluralistas de esta Cámara y en sintonía con lo que se conoce como la Declaración de Santiago.
Pero creemos que le haríamos un flaco favor a Asturias y a sus ciudadanos y ciudadanas si esa negociación se incardina en una mirada provinciana, que se mira en el espejo de otras comunidades autónomas con sus particularidades sociales, políticas o culturales.
No en el coste real de nuestros servicios públicos. Exigimos una financiación justa para Asturias, igual que para el resto de comunidades autónomas. Una financiación que nos permita disponer de un estado del bienestar a la altura. No queremos ni un euro más ni un euro menos de lo que nos corresponde por justicia, sea cual sea nuestra posición relativa en el ranking de comunidades autónomas del régimen común.
Para lograr este objetivo, es necesario hablar de aquellos aspectos de esta propuesta de financiación autonómica que consideramos imprescindibles de revisar. Por ejemplo, las variables del concepto de población ajustada. Creemos que es necesario un cálculo más realista de los costes fijos antes de población, un cálculo que no penalice a las comunidades autónomas con menos habitantes.
Asimismo, consideramos que es fundamental un reparto más equitativo del fondo para combatir el cambio climático. Si bien entendemos que el impacto de la emergencia climática en las comunidades del Mediterráneo es significativo, no estamos exentos en el Cantábrico de sufrir las consecuencias de un fenómeno que algunos se empeñan en negar. Los incendios que hemos vivido este verano, particularmente en el suroccidente asturiano, son un claro ejemplo de ello.
Es necesario establecer un mecanismo de cierre del modelo destinado a una mayor nivelación, que bonifique a aquellas comunidades que, al final del reparto, se hayan quedado por debajo de la media de financiación por habitante ajustado, que ronda los 3.800 euros. Este fondo representaría apenas un 1% del total de las transferencias a las comunidades autónomas proyectadas para el año 2027. Nuestro grupo plurinacional de SUMAR está trabajando para llevar al Congreso de los Diputados esta propuesta.
También es imprescindible abordar la financiación de los municipios, un aspecto que habitualmente se olvida. Por último, no es posible hablar de un modelo de financiación justo si no se contemplan mecanismos de armonización fiscal. Los mismos que hoy afirman que la financiación de este modelo para Asturias es insuficiente son los que nos reclaman, día tras día, un recorte impositivo que reduciría los recursos disponibles.
No es justo que aquellas comunidades autónomas que han decidido recortar o suprimir impuestos, especialmente aquellos que afectan a las clases altas, como el de sucesiones o el de patrimonio, salgan beneficiadas en comparación con quienes mantenemos esas figuras fiscales. La equidad, la convivencia y la solidaridad interterritorial deben ser valores irrenunciables en un Estado plural como el nuestro. Utilizar la fiscalidad como una forma de competir con el resto de comunidades autónomas es profundamente desleal y, diría, antiespañol. Pobre patriotismo el de aquellos presidentes que desean convertir a sus comunidades autónomas en paraísos fiscales internos.
Señorías, debemos entender esta propuesta de sistema de financiación autonómica como un primer paso en el camino y no como el fin del mismo. Ahora es el momento de que el Gobierno del Principado se siente con la ministra de Hacienda para corregir aquellos elementos de la propuesta que más puedan penalizar a Asturias. Sería una enorme irresponsabilidad no hacerlo.
Y es precisamente eso lo que nos pide el Partido Popular: que no nos sentemos a negociar, que este gobierno progresista sea irresponsable y que no pelee por lo que le corresponde a los asturianos y las asturianas. En la última mesa de financiación nos lo dijeron con toda claridad: esta propuesta es, dijeron, un plato precocinado y no hay nada que negociar. Esa frase, pensada para un buen titular de prensa, no dice absolutamente nada. En realidad, revela la incoherencia de un Partido Popular que, cuando está en la oposición, dice exactamente lo contrario de lo que hace cuando está en el Gobierno.
Para ilustrar esto, permítanme hacer un poco de historia. Hace tres décadas, en 1996, el Partido Popular ganó por primera vez las elecciones generales en España. La noche electoral, el 3 de marzo de 1996, los militantes del Partido Popular celebraban en la calle Génova la victoria al grito de "Pujol, enano, habla castellano". Sin embargo, el destino quiso que Aznar se quedara a veinte diputados de la mayoría absoluta y necesitara a Convergència i Unió de Jordi Pujol para asegurar su investidura. Para ello, se firmó lo que se conoció como el Pacto del Majestic, que incluía un nuevo modelo de financiación autonómica. Justo unas horas antes de su investidura, como ha mencionado la diputada Tomé, Aznar pronunció aquella famosa frase que pasará a los anales del humor político: "Hablo catalán en la intimidad". Tres años más tarde, en 1999, señor Pumares, el Partido Popular...
Le devolvió el favor a Pujol apoyando su investidura, toda vez que Convergència había perdido la mayoría absoluta en la Generalitat de Cataluña. De aquel pacto nació un modelo de financiación que duró hasta 2001. ¿Era aquel modelo un plato precocinado también? Vamos más allá. En el año 2001, Aznar ya tenía una amplia mayoría absoluta y, por tanto, no necesitaba de acuerdos como el del Pacto del Majestic. Sin embargo, se decide reformar el sistema de financiación autonómico, y ¿con quién se hace? Nuevamente con Convergència i Unió, en este caso con Artur Mas, y fue lo que se conoció como Pacto del Majestic II. ¿Fue también un plato precocinado aquello?
En 2009, con Zapatero en la Moncloa, se diseña el modelo actual de financiación autonómica. ¿Cuál fue el argumento del Partido Popular para criticarlo? Se dijo que era un traje a medida, justo una expresión que utilizó hoy el señor Ruiz. Un traje a medida para el gobierno tripartito de Cataluña, dijeron. Un traje a medida, un plato precocinado. Desde luego, en treinta años no han innovado ustedes en excusas ni en incoherencia. Fíjense que en 2009 uno de los argumentos que se utilizaban para cuestionar aquel modelo se repite hoy, en pleno 2026. Se dice que el aumento de financiación de las comunidades autónomas va a suponer un aumento de los impuestos.
Y hace unos meses, cuando los países de la Unión Europea debatían sobre la necesidad de aumentar el gasto militar a un 3%, un 4% o incluso un 5% del Producto Interior Bruto, el Partido Popular abrazó abiertamente la doctrina Trump sobre la necesidad de que los países europeos entraran en una suerte de economía de guerra. No se plantearon entonces el impacto que ese aumento del gasto podría tener sobre la fiscalidad. Lo hacen cuando se trata de financiar nuestro estado del bienestar, que es el que sostienen las comunidades autónomas. Entre cañones o mantequilla, ustedes han escogido de forma entusiasta los cañones que matan.
Ustedes, señorías del Partido Popular, no tienen un problema con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica de Montero, tienen un problema con su propia coherencia, que no resiste un mínimo contraste con la realidad. Y tienen un problema también con sus propios presidentes de comunidades autónomas, porque son conscientes de que muchos de ellos, llegado el momento, no van a renunciar a acogerse a un modelo de financiación que inyecta más recursos para sus servicios públicos, como ocurrió también en el año 2009.
Su problema, señorías, es que están inmersos en una estrategia de tierra quemada en la que todo vale para sacar rédito partidista, incluso poniendo en riesgo la convivencia, la cohesión territorial y la solidaridad de este país. Con el tipo de discursos destructivos y apocalípticos que ustedes manejan, no le hacen daño al Gobierno central, ni siquiera al asturiano; le hacen daño a la ciudadanía española y asturiana, que merecen tener un centro de derecha responsable que piense antes en la calidad de los servicios públicos que en sacar rédito político de un titular de prensa cargado de hipérboles apocalípticas. Un titular que, ese sí, tiene fecha de caducidad como los platos precocinados.
Muchas gracias. Corresponde ahora el uso de la palabra en el debate de este asunto al Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra su portavoz por tiempo máximo de veinte minutos. Empiezan las ausencias. Bueno, yo con tal de que esté usted aquí, señor Peláez, me sirve. Pero mire, Guillermo, ha venido usted aquí a pedir ayuda y, claro, no hay capote que pueda con este toro, esto es tremendo.
Señorías, la última propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sobre financiación autonómica ha vuelto a abrir un debate tan ruidoso como tramposo. Se nos obliga a elegir bando, entre quienes invocan la solidaridad y quienes ahora defienden la ordinalidad, una noción importada al debate por la Generalidad de Cataluña, según la cual una comunidad rica no debería quedar en peor posición relativa tras contribuir al sostenimiento del conjunto de las comunidades que forman el sistema de financiación común. No es más que una maniobra de distracción.
Sí, ahora no se ha aprobado el cupo, pero van a por ello, tacita a tacita, como decía la famosa. Y sí, también es verdad que todos los avances han sido propiciados por ellos, la población ajustada, etcétera, pero nunca se dan por satisfechos. Siempre un granito, una tacita más, en este continuo y lento carrera hacia el objetivo final. Porque, en realidad, en esta pelea por los principios hay que recordar que la Constitución solo consagra dos: solidaridad y coordinación entre administraciones, lo que en la todavía vigente Ley 22/2009 se traduce por lealtad institucional, eso que empieza a sonar raro, véase la disposición adicional sexta, entre otros términos.
Escenaría política y trampantojo. Por lo tanto, hay que concluir que la ordinalidad no es un principio constitucional, es una coartada política. Sirve para convertir una discusión que debería discurrir sobre la eficiencia del gasto en una pelea moral sobre quién paga demasiado y quién recibe poco. Es un debate que evita la pregunta fundamental, la más incómoda y, para nosotros, la prioritaria: ¿en qué nos gastamos el dinero? Porque el sistema de financiación autonómica español no falla tanto por cuánto redistribuye, sino por cuánto incentiva, o más exactamente, por cuánto desincentiva. No premia la buena gestión, tampoco castiga la mala. No fomenta la contención del gasto ni la eficiencia en los servicios. Al contrario, consolida comportamientos, cronifica resultados y convierte el reparto de los fondos públicos no en una herramienta, sino en un fin en sí mismo. Y ese es el problema. Es una pelea de gallos, una guerra entre reinos de taifas. En una de esas guerras se busca la construcción nacional, Cataluña. En otras, el folclore y el clientelismo político, nosotros. Transferir más impuestos a las comunidades sin cambiar los incentivos es como echar cada vez más agua a un cubo lleno de agujeros. El debate es aún más cínico si se observa quién participa y quién no. Un poco de didáctica, para variar.
País Vasco y Navarra están fuera del sistema común porque tal sistema ya nace cojo con la insolidaria disposición adicional primera de la Constitución del 78, que entroniza y da paso a actualizar privilegios medievales. Estos señores ni siquiera acuden a su Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Para qué? Si tienen un régimen tributario y financiero único en el mundo, no hay uno igual en todo el orbe. Les reto a que me lo encuentren. Veamos: 23 diputados que representan a los territorios forales votan en el Congreso de la Nación, en Madrid, los impuestos que se aplican a todo el conjunto de la nación, pero el resto de los diputados, 327, no pueden alterar ni una coma de los impuestos forales, el importe del cupo vasco y la aportación navarra por los cada vez más escasos servicios que el Estado presta en esos territorios. Los ajustes a esas aportaciones, sobre todo el relativo al IVA que ha mencionado don Andrés, ni por supuesto las leyes que los aprobaron, concretamente, la 12/2002 y la 28/90, respectivamente, para el Convenio Vasco y el Concierto Navarro.
Aquí tenemos un Senado autonómico que podrá ratificar mis palabras, porque todos estos aspectos están paccionados, se pactan entre los gobiernos forales y el Estado antes de que cualquier iniciativa llegue a las Cortes, y dicho pacto se vota en lectura única, sin posibilidad de enmiendas parciales. De tal manera que, sin la negociación de un nuevo cupo cada cinco años, hay un gobierno fuerte y con mayoría parlamentaria en Madrid, las autoridades forales paralizan la negociación y automáticamente entra en vigor el anterior. Para obtener un nuevo cupo más beneficioso, el gobierno foral no tiene más que esperar sentado a que llegue un gobierno débil a Madrid. Y, como usted bien decía, esto lleva sucediendo décadas. ¿Y nos parece bonito?
Añadiendo al problema el sistema perverso de la ley electoral a una vuelta, circunscripciones caprichosas y la ley d'Hondt, todo deriva a lo que, en términos marineros, se llama una tormenta perfecta. Es un problema de origen que lo único que origina es una desigualdad manifiesta en términos económicos y de calidad de vida entre las diferentes regiones y territorios de la nación. Comparen la renta per cápita de Asturias con la de Euskadi hace veinte años con la de ahora: es el doble. La solidaridad entre las distintas regiones de España, que los que van mejor, que los que tienen mayor peso en el PIB, ayuden a los que van peor, eso es la solidaridad. Y esto mismo, y no otra cosa, es lo que quieren evitar los políticos golpistas de Cataluña. Que nadie se engañe, el conglomerado de intereses que gobierna Cataluña nunca ha querido la independencia, algo económicamente inviable que supondría su expulsión de la Unión Europea. Su objetivo fundamental, disfrazado en pequeñas y sucesivas reivindicaciones, no es más que el cupo catalán al modo foral, es una cuestión de envidia, quieren ser vascos.
Yo mismo residí y trabajé en Barcelona, como usted sabe, tres años en 1990, y ya se hablaba de esto, perdón, en la década de los 90, y ya se hablaba de esto de parcelar incluso la Generalidad, llevan toda la vida. La Arcadia independiente es solo una ensoñación para atrapar a los tontos útiles de siempre y al racista convencido. Cretinización de las masas, en palabras de un contemporáneo literario. Cataluña, señores, es una de las regiones con mayor PIB de España, dominada por fuerzas que no creen en la solidaridad y que no tienen ningún interés en mejorar el sistema. La ordinalidad es para ellos una palanca política. ¿Pero qué es la ordinalidad?, se preguntaba el señor Pumares. Ya estoy aquí para explicárselo. Hay un principio de ordinalidad débil, consistente en que el pago de impuestos y prestaciones no altere el orden de la renta de los contribuyentes antes de pagar los mismos.
Esto es lo que haría inviable un estado social o del bienestar, porque una persona puede tener más necesidades, siempre objetivas, sin caprichos. Por ejemplo, si Jimena es madre soltera con tres hijos a cargo, uno de los cuales necesita atención médica especial, mientras que Adrián es soltero, con excelente salud, buen trabajo y sin cargas familiares, tal vez un perrito pequeño. La aplicación del principio de ordinalidad sería del todo irracional.
Pero esto no es lo que persigue el acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña. Está escrito. Lo que persiguen es la ordinalidad fuerte, que usted sí que sabe lo que es. Textual: las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Es decir, si Adrián contribuye más que Jimena al sistema fiscal, Adrián debe recibir también más gasto público.
Si trasladamos este razonamiento al sistema de financiación autonómica, las consecuencias serían desastrosas. Madrid y Cataluña juntas representan el 30% de la población española. Si estas dos comunidades deben recibir más dinero por habitante que las demás porque son más ricas en términos de PIB, no quedarían recursos suficientes para que las demás pudieran financiar sus servicios públicos, salvo recortes drásticos o subidas impresionantes de impuestos. Es decir, si Jimena perdiera su empleo, solo podría recibir prestaciones sociales que procedieran de su propia comunidad o de otra con un PIB menor. O sea, solidaridad por un tubo.
Pero lo peor, señores, señorías, es que el sistema ya es plenamente ordinal. Cuando se aprobó la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en el año 80, Extremadura y Andalucía ocupaban los últimos puestos del ranking en PIB per cápita. Cuarenta años después, siguen ahí. El caso de Asturias es peor. De estar entre los primeros, gracias a nuestra soberanía industrial, hemos pasado a figurar en el vagón de cola. Esto es lo que tienen cuarenta años de socialismo en Asturias y de seguidismo vergonzante a los gobiernos de Madrid.
Desde 1978 a 2023 ha habido una comunidad autónoma que ha crecido mucho: Madrid. Dos comunidades que, a pesar del tamaño de sus economías, han seguido a la media del resto de España: Cataluña y Andalucía, y una comunidad que, siendo en su día importante, cada vez lo es menos: Vascongadas. Otra manera de ver este resultado es en términos de Producto Interior Bruto. Desde el 78, el conjunto de España ha multiplicado su PIB por 2,86, corrigiendo el efecto inflacionario. El PIB de Madrid se ha multiplicado por 3,42, el de Cataluña por 2,86, justo la media, el de Andalucía por 2,95, un poco más, y el de Euskadi ha bajado al 2,32. Pero Asturias es la peor, es la que menos ha crecido, ha multiplicado por 1,75, la última en términos de PIB.
Conclusión: prepárense ustedes, señores vecinos de Asturias, si un reparto de la financiación autonómica se hace en función del Producto Interior Bruto. Y si querían otra prueba de lo que se nos viene encima, ahí está el gravamen bancario, con el que usted protestó, y no me extraña, yo hubiera hecho lo mismo, que se aprobó a finales del 24. Por primera vez, la recaudación de un impuesto estatal se cedió íntegramente a las comunidades autónomas al margen del sistema, sin atender a las necesidades reales de cada comunidad autónoma. Se repartió en función del Producto Interior Bruto de cada comunidad. El mayor trozo de pastel se lo llevó Madrid, y a nosotros nos han fastidiado, quedándonos con las migajas.
En fin, como vemos, el sistema ha repartido, pero no ha transformado. Otra comparación con Alemania: después de España, el país más descentralizado de la Unión Europea. Tras la Segunda Guerra Mundial, Baviera era la región más pobre, agraria, atrasada, periférica. Hoy es la locomotora de Alemania. Y no lo logró porque otros landers la subvencionaran, sino porque el sistema federal combinó solidaridad con incentivos claros al desarrollo, a la inversión y a la disciplina fiscal. Baviera no copió malas prácticas, compitió por hacerlo mejor.
En fin, ese es el debate que España evita, mientras el Partido Socialista y el PP se disputan quién es más solidario. Nadie quiere discutir quién es más eficiente. Y de ahí nuestra idea central, la óptica política de Vox que deja al descubierto enjuagues y componendas, pactos de Santiago y demás milongas incluidas. El teatrillo de siempre. Todas las constituciones son mutables, adaptables a los tiempos para los que se aplican. Nada es eterno. En Vox pensamos que el eje central de la Constitución Española de 1978 es impecable, sigue en vigor con su fuerza originaria porque está basado en principios inmutables.
Que ya arrancan del profundo sentido de la justicia cristiana que brilló aquí con la Escuela de Salamanca. Pocas pegas se pueden poner al título primero, núcleo y base de nuestra convivencia, pero entendemos que la estructura territorial que establece el título octavo está superada por la fuerza de los hechos. Respondió a una situación límite, estrés ante problemas decimonónicos nunca resueltos, resultando en una componenda entre fuerzas centrífugas. Tenía carácter transitorio; no hay más que estudiar un poco el juego de los artículos 148 y 149 y las cláusulas de cierre, que dejaban en manos futuras la conclusión hacia un Estado federal regido por la solidaridad.
Pero, gracias a la avaricia, al populismo e incluso al racismo de las élites nacionalistas, aquella ensoñación cabalga con más brío, no hacia la independencia plena, sino hacia una configuración entre territorios cada vez más ricos y territorios cada vez más pobres. Ahí estamos nosotros. En fin, por todos los medios legales, por supuesto, entre ellos los que permite la Constitución, y con la fuerza de las ideas, la convicción y la palabra, desde Vox nos opondremos siempre a este fracasado sistema de financiación.
Pero bajemos de las grandes ideas para hablar un poco de lo nuestro. Vamos a hablar ahora del papelón, o mejor dicho, del papelito que han vuelto a jugar los representantes políticos de la tierriña ante la última exhibición del trilerismo en el seno de nuestro famoso consejo, acaecido el pasado 19 de enero, protagonizado por la dicharachera candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, poseedora del don de la ubicuidad. En un delirante discurso, a las horas de concluir la última reunión de este teatrillo, solo un personaje como esta señora, haciendo honor a los mejores momentos de Tip y Coll, Faemino y Cansado o Martes y Trece, puede afirmar una cosa y su contraria en la misma frase.
Es posible que don Guillermo Peláez ya se haya acostumbrado a eso y, por ello mismo, haya preferido irse a más de quinientos kilómetros de allí. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero imagino que el papelón de la señora Llamedo, que habrá ido a la reunión pensando que la economía era de gente seria, habrá dicho: "madre mía, ¿dónde me he metido?". Un círculo es cuadrado, la izquierda es la derecha, el sol sale por el oeste. Este consejo está presidido por la multilateralidad en las negociaciones, pero aquí se viene a tragar un acuerdo firmado y negociado de forma bilateral y fuera del mismo.
El acuerdo que ustedes deben ratificar no recoge singularidad alguna ni supone la imposición del principio de ordinalidad, aunque luego ustedes vean en el texto esas palabras por todos los sitios. Esto supone un nuevo sistema de financiación, aunque no se cambia ni un solo criterio de cálculo respecto al anterior y solo supone la entrega de un cheque a Cataluña por 4.700 millones. Y al que no le guste, que se quede en el sistema anterior, pero no hay dos sistemas. Y de propina, me invento un fondo climático. ¿Alguien me lo mejora? En fin, ni Valle-Inclán en las mejores horas del esperpento. Cómico si no fuera trágico.
Vamos a ver. Página quinta del acuerdo firmado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, firmado fuera de toda luz en el verano del 23, mientras la televisión espantosa nos tenía entretenidos a todas las masas con el beso de la Jenny y un señor que descuartizaba a otro en Tailandia, tal vez para ocultar que este acuerdo lo habían firmado los condenados por delito de sedición y un señor que ahora anda entrando y saliendo de la prisión de Soto del Real. Textual: Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe; esto está escrito y firmado, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios.
En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden en la escala de lo que reciban. Ordinalidad fuerte. Pero todavía continúa el mismo párrafo diciendo que se trata de un cambio estructural. Es lo que estamos buscando del sistema de financiación, que en caso de no adaptarse durante el 2025 requerirá medidas compensatorias. Claro, como Sánchez no ha podido o no ha tenido narices para llevarlo a cabo en el 25, la compensación será de 4.700 millones. No es más; todo lo demás es pamplina.
Y ahora ustedes, reuniéndose con viejas glorias, a ver cómo va en una negociación bilateral, pero esto no era multilateral, en la que hasta el más tonto sabe que no tiene ninguna capacidad de presión o negociación alguna. Miren, como decía el rey del rock and roll: "si a los 20 minutos de estar en una partida de póker no sabes quién es el primo de la mesa, eso eres tú". En fin, señor Peláez y demás socialistas, los de Asturias soy yo. Le voy a dar un par de datos ratificados por la Contraloría Nacional, volviendo a la seriedad. AIREF, Banco de España y Agencia Tributaria. En 2024, el gasto público total en España fue de 725.000 millones de euros, cabalgando hacia el billón, lo que equivale al 45,5% del Producto Interior Bruto. Casi la mitad de todos los bienes y servicios de España se producen por el sector público. Cabalgamos hacia Grecia. Un récord que supera por primera vez los 700.000 millones.
Y supone un incremento del 6,58% respecto al año anterior. En comparación, todos los ingresos fiscales sumaron en el año 2024 un total de 674.012 millones. La diferencia entre ambas magnitudes, por si nadie lo sabe, es el déficit. El déficit de todas las administraciones públicas asciende a 50.989 millones, lo que representa un 3,2% del PIB. Este déficit estructural, que se ha mantenido desde la transición, se ha traducido en una deuda pública acumulada del 101,8% del PIB, por encima de lo que producimos.
Pero es que al Estado central, después de hacer frente a los pagos ineludibles, con esa recaudación de 674 millones, que suponen los intereses de la deuda y las prestaciones de seguridad social, incluidas las pensiones de Cataluña, Navarra y País Vasco, que pagamos los demás, solo le quedan 50.000 millones de euros para políticas propias, como son defensa, política, aduanas, justicia e infraestructuras ferroviarias. Es decir, el Estado central se está financiando con el déficit. Así que, ¿de dónde van a sacar para pagarles a todos cheques similares a 4.700 millones que se llevan ahora los golpistas, o para condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas, ya sea pública con el FLA o con la banca privada? ¿De dónde? Y esos 21.000 millones que anuncia el acuerdo, ¿de dónde los van a sacar?
Mire, solo hay tres vías, caballero: incrementar el infierno fiscal, hundiendo cada vez más a la economía privada, y concretamente a pymes y autónomos que no disponen de los mecanismos de elusión que usted y yo conocemos de las grandes corporaciones, que representan precisamente el 90% de la estructura de la economía privada. O reducir las pensiones, ¿se atreven? O incrementar aún más la deuda pública, condenando a las generaciones futuras. Elijan, aunque yo me temo que apostarían por la primera. Pero, ay amigo, hay una cuarta solución que ni siquiera se les pasa por la cabeza: reducir el gasto público superfluo, la administración institucional deficitaria, las transferencias a proyectos innecesarios, suprimir el clientelismo y la contratación de personas no cualificadas en puestos innecesarios, y sobre todo, introducir el mérito, la eficiencia y los criterios de productividad en la administración de una vez por todas. Adelgacen este monstruo ineficiente y fomenten el crecimiento del sector público. Vuelvan a recuperar nuestro sector ganadero, nuestra pujanza industrial y, sobre todo, hagan atractivo y viable que nuestros jóvenes se queden, y hagan el favor de no sustituirlos por gente de fuera peor capacitada. Y si no saben hacerlo, váyanse de una puñetera vez. Muchas gracias.
Ahora tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo de veinte minutos. Gracias, presidente. Señor Centeno, quien decide quién gobierna son los ciudadanos, no lo decide usted. En 2014 caducó el modelo de financiación autonómico aprobado cinco años antes. Ya en ese momento, cuando las consecuencias económicas y sociales de la Gran Recesión eran más que evidentes, el modelo mostraba sus limitaciones en la financiación de los servicios públicos esenciales que prestamos las comunidades autónomas. Fueron años de equivocadas políticas de recortes y de férreas limitaciones presupuestarias que asfixiaban a las comunidades autónomas, en los que el Gobierno central se reservó siempre el mayor margen de maniobra que dejaban las estrictas reglas fiscales impuestas.
De aquellos años son también las reuniones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera reclamando al ministro Montoro mayor financiación para Asturias. De esos años son también reclamaciones como la que exigía la parte del IVA que el Gobierno central, nunca a favor de las comunidades autónomas, nos había quitado, unos recursos nuestros que acabaríamos recuperando bastantes años más tarde y ya con un presidente socialista. No se abordó en aquellos años la reforma del modelo de financiación, un proceso de complejidad de la que todos éramos conscientes, entonces como lo somos ahora. El famoso melón, se decía, que nadie quería abrir, aún con mayoría parlamentaria para abordarlo. En fin, son años recientes que no conviene olvidar de dura crisis económica y financiera que las comunidades autónomas tuvimos que afrontar con un modelo sin actualizar y unas restricciones presupuestarias y financieras excesivas y arbitrarias. Yo sé que no les gusta recordarlo, pero de vez en cuando hay que hacerlo.
El nuevo ciclo político iniciado en 2018 con un gobierno socialista supone un giro en las relaciones del Gobierno central y las comunidades autónomas, con más participación en la gobernanza y mayor financiación para las políticas que constituyen el corazón del Estado del Bienestar. La respuesta social y diferente de la Unión Europea a la crisis global del COVID-19, en cuyo logro fue esencial el papel jugado por el Gobierno de España, se...
Se tradujo en fondos de reactivación y recursos que nos permitieron a todas las comunidades autónomas transitar por años de incertidumbre con más apoyo. Durante los gobiernos de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas recibieron un 47% más de recursos que con el Partido Popular. Uno de los primeros ofrecimientos del Gobierno al inicio de esta legislatura al Partido Popular, del señor Feijóo, fue afrontar la reforma del modelo de financiación autonómica con voluntad de acuerdo. La respuesta, como siempre, fue un no, señor Caipo. Nada que ganar y mucho que perder. Entre otras cosas, la supuesta unidad de partido se ha visto socavada por los diferentes y legítimos objetivos territoriales.
Vamos al momento actual, enero de 2026. El Gobierno central ha puesto sobre la mesa la reforma del modelo con una propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se ha abierto un proceso de diálogo y negociación. Hay, por tanto, una propuesta, y la única propuesta, porque de la reunión del Partido Popular en Zaragoza no salió otra distinta. No hay modelo del Partido Popular, no hay consenso entre sus comunidades y, por eso, han vuelto a hacer lo mismo que el año pasado, lo que hacen siempre: un uso partidista de la financiación autonómica.
Antes de hablar de la única propuesta y del proceso que se abre, quiero detenerme, aunque sea brevemente, en la posición de Asturias durante todos estos años. Desde Asturias hemos reclamado la necesidad de la reforma del modelo de financiación y hemos puesto sobre la mesa, en diferentes foros, el modelo que queremos. A lo largo de estos años, hemos coincidido con comunidades en nuestras reivindicaciones, independientemente del signo político de sus gobiernos. Antes de la declaración de Santiago, hubo otros acuerdos en la misma línea. Algunas de esas comunidades han cambiado de color político en sus gobiernos, y también ha cambiado el Gobierno central.
Nuestra posición sigue siendo la misma, la reflejada en la Declaración de Santiago, el acuerdo de la Junta General en la pasada legislatura y los varios documentos de esta, sin ir más lejos, la resolución aprobada por esta Junta en el Pleno del 21 de julio de 2025. Recordarán ese pleno. España otra vez se rompía, el cupo catalán era un hecho incuestionable y ustedes cumplían con la enésima orden de desgaste. Aun sabiendo todos que su interés en la financiación va y viene, lo dijimos entonces y ahora: siempre es bueno hablar de financiación, no rehuimos ese debate. Una vez más, el acuerdo alcanzado en julio, en línea con los postulados ya conocidos, tenía unos objetivos claros: abordar cuanto antes la reforma del modelo, un modelo que garantice la prestación de unos servicios públicos de calidad a partir de los principios de igualdad, equidad y solidaridad entre todos los españoles. También la suficiencia financiera, la lealtad institucional y la corresponsabilidad fiscal, así como la ausencia de privilegios.
Es fundamental una negociación multilateral entre las comunidades autónomas que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación. Un modelo que tenga en cuenta las circunstancias socioeconómicas y singulares de Asturias, como el envejecimiento, la dispersión, los costes fijos o la orografía, con clara incidencia en el coste de los servicios. Nos reafirmamos en julio en el compromiso y consenso alcanzado en 2020 e instamos al Gobierno de Asturias a hacer valer ese acuerdo en las negociaciones para la reforma del modelo de financiación autonómica. Solicitamos el impulso a la mesa de financiación como espacio de información, análisis y seguimiento del proceso de negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
En definitiva, un modelo que debe responder a un país descentralizado, donde las comunidades autónomas tienen diferentes niveles de autogobierno, pero que debe salvaguardar el papel central del Estado para garantizar la redistribución, la equidad en la prestación de los servicios públicos y la cohesión territorial que permita corregir las diferencias de renta y riqueza y los desequilibrios territoriales.
Vuelvo ahora a los últimos acontecimientos. Empecemos por la propuesta, porque, por fin, tal como reclamábamos, se ha abordado la reforma del modelo. El consejero, como la vicepresidenta, como el presidente o la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, han dicho que esta propuesta no nos vale. No es el modelo que defiende Asturias, no refleja los intereses de Asturias. Es cierto que todavía nos falta información de detalle sobre la variable de población ajustada, sobre el cálculo de la capacidad normativa, así como sobre la articulación de la administración tributaria en red. Lo que sí sabemos, y en lo que coinciden los expertos, es que la propuesta no es un concierto para Cataluña, no hay una ruptura del régimen común de financiación.
Señor Pumares, nuestra posición respecto al principio de ordinalidad es clara. Está recogida en los acuerdos: no a la ordinalidad que genere privilegios de financiación a unas comunidades en detrimento de otras simplemente por tener mayor capacidad fiscal. La capacidad fiscal, la riqueza de los territorios no debe sustentar el diseño de un sistema de financiación, sino que tiene que ser el coste de los servicios.
Públicos y su prestación en términos de equidad en todo el país son la base para su configuración. La propuesta incorporará un nuevo cálculo para la capacidad normativa, para que el modelo no dé cobertura a la menor recaudación de las comunidades autónomas derivada de las bajadas impositivas. El indicador de población ajustada, con una nueva composición sobre la que nos falta información de detalle para saber cómo nos afectaría finalmente, debe medir el coste de los servicios públicos y recoge cambios defendidos por Asturias: la inclusión de los costes fijos y el desglose de la población de mayores de 65 en dos tramos. Sin embargo, pierde peso el envejecimiento, que pasa del 8,5% al 7%, y también la dispersión, del 0,6 al 0,5%. Desaparecen fondos del modelo anterior y se introducen otros nuevos que no son de aplicación a esta comunidad autónoma o lo son mínimamente, y que responden a una distribución inicial que no está debidamente explicada. También cambia la nivelación, concepto relacionado con la equidad en la prestación de los servicios públicos.
No voy a extenderme más sobre aspectos de esta propuesta. Tal y como está planteada, no responde al modelo que defiende Asturias. Por esta razón, entendemos que es preciso negociar para cambiarla y que recoja los planteamientos que defendemos. Así se comunicó y analizó la semana pasada en la mesa de financiación, espacio acordado por todos para la información y debate sobre financiación autonómica, donde los grupos tienen toda la información en este punto del proceso. Desde luego, en la mesa de financiación de la semana pasada hubo una posición mayoritaria a favor de la negociación. Solo el Partido Popular, fiel a la exigencia central, opta por la ruptura, porque esa es la consigna. La financiación, como la fiscalidad, es ariete populista en su estrategia, esto es sobradamente conocido. De ahí algunas de las cosas escuchadas hoy.
Señorías, ha llegado el momento de poner en valor lo acordado. Sería poco útil si solo nos sirve para oponernos y dividirnos, y no para negociar, para hacer valer nuestros acuerdos, como se pedía en la última resolución, para explicar y defender la posición de Asturias en materia de financiación. Ese modelo que defendemos desde hace años y que tenemos consensuado no puede quedar en un mero papel, en una simple declaración. Es un acuerdo para la acción, para defender nuestros intereses allí donde haya una oportunidad para hacerlo. Esto no va de tácticas políticas, es un asunto trascendental para Asturias. Los recursos del sistema representan alrededor del 70% de nuestros ingresos. El modelo de financiación tiene que aportar unos recursos suficientes para financiar las competencias que tenemos transferidas y hacerlo en condiciones de equidad y de igualdad en todo el territorio. Tiene que hacerlo hoy y tiene que hacerlo en el futuro. El modelo es la garantía fundamental para la prestación de los servicios públicos. Es nuestra responsabilidad no renunciar a negociar, hacer propuestas y plantear cambios defendiendo nuestros criterios, haciendo valer nuestra posición conjunta. Negarse a ello no puede ser una opción.
Nuestra proposición es clara: esta propuesta, tal y como está planteada, no nos vale y hay que negociar para cambiarla. No hay otra forma de empezar una negociación en un asunto tan trascendental como este que explicando nuestra posición al respecto con claridad y con lealtad institucional. Señorías, les animo a seguir defendiendo juntos la posición de Asturias y respaldar al Gobierno en el proceso de negociación que ahora se abre para defender los intereses de Asturias. Muchas gracias, señora diputada.
Bien. Finalmente, y para concluir el debate de este asunto, y si así lo quiere, que entiendo que sí, tiene la palabra el señor consejero por tiempo ilimitado. Gracias, presidente. Señor Centeno, se ha referido a Asturias como "tierriña". Yo creo que eso sí que es motivo para declararle persona non grata, de referirse así a nuestra querida Asturias. Está fácil, señor diputado del Partido Popular. Guarde silencio, por favor, porque voy a hacer una reflexión. Ha protestado bastante el señor Ruiz, le ruego que...
Sea coherente con sus propias palabras y sus exigencias. Deje al orador intervenir tranquilamente. Continúe, señor consejero.
Y, señor diputado del Partido Popular, es que es mucho más fácil criticar a Rajoy que criticar a Sánchez, con lo cual me comprenderá, evidentemente. Mucho más sencillo, mucho más sencillo. Ustedes lo comprenderán.
Mire, yo creo que usted lo ha dicho perfectamente. Las comunidades autónomas del noroeste no aparecemos suficientemente representadas en el modelo, en la propuesta que ha hecho el Ministerio, y de ahí la posición manifestada por el Gobierno del Principado de Asturias. Pero ojo, sí recoge demandas históricas de las comunidades autónomas del Mediterráneo, como reconocen, sotto voce, los gobiernos autonómicos del Partido Popular del Mediterráneo y también hacendistas muy reputados que tienen estudios sobre la financiación autonómica en el arco mediterráneo.
En cuanto al IVA PYMES, usted decía que Asturias pierde con la propuesta que hace el Gobierno en cuanto al IVA PYMES. No, Asturias no pierde, porque el IVA PYMES, el fondo de IVA PYMES, nosotros vamos a seguir recibiendo ese 2,4% en función de población ajustada, porque el IVA se calcula en el nuevo modelo, igual que en el anterior, en base a consumo, y el fondo de IVA PYMES actúa de carácter voluntario con fondos extraordinarios, es decir, es un extra. Asturias, en cualquier caso, no pierde con el IVA PYMES, porque prevalece, como digo, el criterio de consumo del modelo actual.
En cuanto al fondo de medio ambiente, yo creo que la vicepresidenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo puso de manifiesto. Los incendios, es decir, el impacto que tiene el cambio climático en toda España es evidente, que se producen en términos de igualdad en todo el territorio.
Y en cuanto a la ordinalidad a la que hacía referencia el señor Pumares, y también hizo referencia el diputado de Vox, no hay en la propuesta que nos ha manifestado el Ministerio una mención explícita y clara a que, en todo caso, se garantiza la ordinalidad para Cataluña. Es decir, no hay un mecanismo en la propuesta que nos ha hecho el Ministerio, no hay ningún mecanismo que diga, pase lo que pase, la ordinalidad de Cataluña está garantizada. La ordinalidad de Cataluña, en este caso, es la tercera en recibir y la tercera en darse, produce como consecuencia del reparto de los fondos.
Totalmente de acuerdo también con que en este nuevo modelo de financiación, Asturias queda por debajo de la media en financiación por habitante ajustado. Y, evidentemente, esta es una cuestión absolutamente nuclear. Si nosotros aceptamos que el habitante ajustado es la medida idónea para calcular el coste efectivo de los servicios públicos y, por tanto, la unidad de necesidad, como se define en el modelo, no podemos aceptar de ninguna manera estar por debajo de la media de habitante ajustado, porque supondría decir que no tenemos los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades, es decir, para financiar nuestros servicios públicos. Y por eso el Gobierno del Principado de Asturias ha manifestado una posición clara con respecto a la propuesta que ha hecho el Gobierno de España.
Decía también la diputada Covadonga Tomé la necesidad de que haya una suficiencia dinámica en el modelo. Es decir, Asturias ha evolucionado en el actual modelo de una forma negativa; el peso que nosotros representábamos en el pastel global era uno en el año 2009 y ahora es más reducido, y, sin embargo, nosotros percibimos que nuestros costes se han incrementado. Por tanto, es necesario también que el modelo tenga en cuenta, y lo hemos reivindicado, mecanismos de suficiencia dinámica que garanticen que esas eventualidades no supongan una merma de recursos para comunidades autónomas como el Principado de Asturias o las comunidades autónomas del noroeste.
Por tanto, yo creo que la posición del Gobierno del Principado de Asturias se ha expresado con nitidez. Lo ha expresado también Covadonga Tomé, lo ha expuesto también el diputado de Izquierda Unida y la diputada del Partido Socialista. Nosotros no compartimos de base la propuesta que ha planteado el Ministerio de Hacienda, y lo hemos dicho con total claridad. Entonces, yo no sé por qué ustedes hacen referencia al silencio del Gobierno del Principado de Asturias. Que el Gobierno del Principado de Asturias ha estado callado, a que el presidente ha estado callado, cuando ha hablado con total nitidez y con total claridad. Y además hay una incongruencia manifiesta en el Partido Popular. Sí, es manifiesta, porque, hombre, yo he escuchado a Azcón poner de ejemplo a Barbón. Yo he escuchado al señor Rueda poner de ejemplo al Gobierno del Principado de Asturias. Es más, en la declaración de Zaragoza, con la firma del señor Álvaro Queipo Somoano, se dice que ninguna...