Buenos días, amigos y amigas. Después de todos los percances, de que no teníamos la sala y que hemos tenido que venir sin el streaming, ya estamos por fin aquí. Bienvenidos a esta jornada de "Vivir Sin Nucleares", que se realiza desde el grupo Podemos junto a Alianza Verde. Hoy vamos a hablar del lobby nuclear, pero también de cómo avanzar hacia un futuro libre de nucleares. Soy Martina Velarde, diputada de Podemos, y estoy aquí junto a mi querido compañero Juancho López de Uralde. Queremos introducir esta jornada y agradecer a todos los expertos, expertas y activistas que nos acompañan esta mañana en esta sala.
Estamos asistiendo a un cierto revival sobre la energía nuclear, donde se vuelven a escuchar los mismos mantras de siempre del lobby nuclear, con datos erróneos y declaraciones que se hacen continuamente por parte del lobby y de la derecha. Estos argumentos parecen estar hechos a medida de quienes quieren dar pasos atrás en la transición energética y ecológica. Se repite, por ejemplo, que la energía nuclear es la más barata y eficaz. La industria nuclear, junto con la derecha, sostiene que las centrales nucleares de nuestro país serían plenamente rentables si se fijara un precio de 60 euros por megavatio. Sin embargo, como todos sabemos, el precio actual es muy superior. Este es el talón de Aquiles de la energía nuclear, y su alto coste económico es la trampa, ya que a las eléctricas no les interesa el mantenimiento de la energía nuclear por su coste, salvo que se acordara ese precio de 60 euros por megavatio. Pagar eso por la energía nuclear es, bajo nuestro punto de vista, hipotecarse, precisamente cuando las energías renovables son más baratas y económicas.
Cabe recordar que fueron las propias empresas eléctricas las que promovieron el acuerdo del cierre de las nucleares en el año 2019, porque no les resulta rentable. Además, se nos ha dicho que la energía nuclear es clave para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, esto no es cierto; no es cierto que la energía nuclear sea una energía neutra en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. En todas las etapas del ciclo nuclear se consumen grandes cantidades de combustibles fósiles. La seguridad de las plantas nucleares también consume mucha electricidad, y se requieren grandes cantidades de agua. La construcción de nuevas centrales es un proceso a muy largo plazo y, desde luego, el problema lo tenemos ya, es acuciante.
También es importante mencionar que los residuos nucleares desprenden radiactividad durante cientos de miles de años, y durante todo ese tiempo deben ser gestionados adecuadamente. No desaparecen jamás, por mucho almacenamiento que hagamos. Esto lo podemos observar en el Estado español, en Huelva, en Palomares, o en el cementerio nuclear del Cabril, que se encuentra en una joya natural como Hornachuelos, en Córdoba. Este gobierno ha estado diciendo durante años que lo va a cerrar, pero lo único que hace, año tras año, es ampliarlo. Somos el basurero y el vertedero nuclear del país, y siempre nos toca a Andalucía.
Por último, podemos hablar de Fukushima, que ya ha vertido 31.200 toneladas de agua radiactiva al océano Pacífico, y estos vertidos continuarán en los próximos 30 años. En España, los residuos radiactivos se almacenan en los ATI en las propias centrales.
La energía nuclear, pero un almacenamiento no es una solución. Es decir, es solo eso. La almacenamos porque no hay solución a esta energía, y el coste de ese almacenamiento, por supuesto, es otro lastre que queda para todas las generaciones futuras.
Hay otro argumento que es muy socorrido para las derechas y para el lobby nuclear, que es que la energía nuclear genera muchísimos puestos de trabajo. Sin embargo, considero que esto es otro engañabobos, porque, según la Organización Internacional del Trabajo, las energías renovables son las que más empleo generan por kilovatio producido, y además se ha incrementado en un 70% desde el año 2018, en el que derogamos ese impuesto al sol del señor Mariano Rajoy.
Otra de las cuestiones que se utilizan para convencernos es que la energía nuclear es segura para la población. Debemos desmentir esto, ya que las décadas de funcionamiento de las centrales nucleares han permitido establecer informes y estudios, tanto epidemiológicos como radiobiológicos, que demuestran la relación entre la exposición a elementos radiactivos de diferentes intensidades, como el estroncio-90, el cesio-130 y el plutonio-129, y el incremento en el número de cánceres y enfermedades en los trabajadores y en las poblaciones circundantes. Esto es un punto que se habla poco, y que afecta a la salud.
Por ello, compañeros y compañeras, desde Podemos entendemos que hay que seguir haciendo jornadas como esta que permitan combatir esos viejos y nuevos bulos del lobby nuclear, esos mantras de la derecha y de la ultraderecha. Es fundamental hablar claramente de que hay que cerrar con urgencia y cumplir el calendario de cierre, así como hacer pedagogía entre la población.
Quiero dar las gracias a todos y a todas por estar aquí, y desear un debate productivo y fructífero, para que podamos seguir empujando hacia un futuro sin nucleares en nuestro país. Muchas gracias.
Le doy el paso a mi compañero Juancho. Muchas gracias, Martina, y gracias al Grupo Parlamentario de Podemos por organizar esta jornada junto con Alianza Verde. Para nosotros y nosotras es muy importante que en el Congreso de los Diputados se hable del futuro nuclear.
Estamos en un contexto en el que llevamos demasiado tiempo escuchando solo la voz de aquellos que defienden la energía nuclear. Nos están haciendo creer que es imprescindible, que hay que alargar la vida de las nucleares, que las nucleares son el futuro. Esto es solo una parte de la historia, y hay otra parte que no se le está dando voz.
Por eso, esta jornada es especialmente relevante, ya que se están produciendo informes sólidos que cuestionan la necesidad de alargar la vida de las nucleares y que abordan las consecuencias negativas que ese alargamiento tendrá económica y socialmente para nuestro país.
Por lo tanto, a lo largo de la jornada, compartiré algunas ideas. La primera es que consideramos que la prórroga que se pretende dar a la central nuclear de Almaraz es lo que yo calificaría una prórroga trampa. ¿Por qué es una prórroga trampa? Porque el Gobierno nos está diciendo...
Aceptaremos alargar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030, siempre que se cumplan determinadas condiciones que, básicamente, buscan no aumentar para el Estado los costes de la energía nuclear. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que las eléctricas están jugando a llegar al año 2030. ¿Y qué es lo que sucede en 2030? El calendario de cierre, como ha mencionado Martina, fue pactado entre el Gobierno y las empresas eléctricas en 2018, y establece que en ese año deben cerrar la central nuclear de Cofrentes y la central nuclear de Ascó 1. Si se alarga el periodo de vida de Almaraz hasta 2030, nos encontraremos con la necesidad de cerrar, de acuerdo con el calendario, tres centrales nucleares. En ese momento, las eléctricas afirmarán que tienen la situación bajo control y que no pueden cerrar tres centrales nucleares, obligando a la sociedad a "pasar por taquilla".
Este contexto es crucial para entender lo que nos dicen sobre que son solo dos años; hay que mirarlo en su totalidad. Las empresas eléctricas han dejado claro que buscan establecer un precio fijo para el kilovatio nuclear que les resulte rentable, además de eliminar la tasa destinada a los residuos nucleares. Esta es la enorme trampa y el chantaje que intentan imponer, recordándonos que los beneficios de la energía nuclear van al oligopolio eléctrico, mientras que los perjuicios deben ser gestionados por la sociedad. Seremos nosotros quienes, durante años, tendremos que gestionar esos residuos radiactivos que las empresas eléctricas no quieren pagar.
Durante el reciente apagón, sufrimos constantes bulos sobre la importancia de la energía nuclear, cuando la realidad es que no tuvo ningún papel ni en el apagón ni en el posterior arranque, resultando absolutamente irrelevante su existencia. Todos esos bulos, utilizados de manera muy inteligente por parte de la industria nuclear, nos llevan a esta situación.
Contamos con un Plan Nacional de Energía y Clima que establece objetivos energéticos para nuestro país, incluyendo la introducción de energías renovables. La gran trampa del discurso nuclear es que afirma que "aquí cabemos todos", pero la realidad es que ya no caben todos. Esto lo deja claro el informe de la economista Natalia Fabra, que explica que mantener las nucleares crea un efecto desincentivador sobre el crecimiento de las energías renovables, lo que podría llevar a un estancamiento y a no cumplir con el Plan Nacional de Energía y Clima. De hecho, ya estamos sufriendo un aumento de las emisiones de dióxido de carbono debido a la mayor entrada de ciclos combinados.
Somos conscientes de que, en una época de negacionismo climático, este discurso se vuelve cada vez más difícil de sostener, no porque falten argumentos técnicos, que los hay, sino porque la corriente política va en dirección contraria. Por ello, era fundamental tener esta jornada para dotarnos de argumentos y conocimientos sobre las cuestiones que no se cuentan y las razones por las que no debemos prorrogar la vida de las nucleares.
Creo que es muy importante que estos argumentos se escuchen. La estructura que hemos querido dar a la jornada es la siguiente: en primer lugar, después de esta introducción, hablará Paco Castejón, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y físico nuclear, quien nos explicará cuál es el proceso de manera aséptica. Quiero dejar claro que es falso que nosotros estemos intentando presionar, como se ha publicado en algunos medios. Hemos invitado a Paco Castejón a esta jornada para que explique cuál es el proceso que se va a seguir técnicamente con el tema de Almaraz y cómo se tomará esa decisión. Es lo que Paco nos va a explicar y, a partir de ahí, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones.
Posteriormente, tendremos a tres personas: Eloy Sainz y Paula Jarque, coautores de dos informes muy relevantes sobre la cuestión, y a Paco Blanco, activista antinuclear que conoce bien el entramado de Almaraz, ya que nos hablará desde Extremadura. Después de la intervención de Paco, tendremos un debate. Lo que hemos querido es dar voz a aquellos que tienen cosas que decir sobre la energía nuclear que no se están contando en las redes ni en los medios de comunicación, y que, sin embargo, son verdades incómodas.
Muchas gracias. Paco, si quieres subir. Antes de introducir a Paco, debo corregir que por la Fundación Renovables viene Raquel Paule y no Paula Jarque; me he equivocado de Paulas, perdona. Sin más, Paco Castejón, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, nos va a explicar el proceso que está siguiendo la prórroga de Almaraz. Gracias, Paco.
Primero, gracias por la invitación. Reconozco que no ha sido sencillo tomar la decisión de venir aquí, ya que mi persona está bajo cercano escrutinio. Sin embargo, si un grupo parlamentario, el que sea, te pide que participes con el fin que ha expresado bien mi amigo Juancho López Uralde, que es básicamente explicar de manera aséptica cuál es el proceso que se está siguiendo, creo que es inobjetable. Este lo tomaréis como lo que es, una especie de disclaimer. Lo digo por delante porque sé que mi presencia genera mucho ruido en muchos sentidos.
Dicho esto, voy a explicarme y contaros lo más claramente posible qué es lo que cabe esperar y qué es lo que va a pasar. Si tenéis dudas, no hay ningún problema en preguntar. Quiero aclarar que, como consejero, no hablo en nombre del Consejo. Intentaré hacerlo, pero lo que diga aquí no es oficial; es competencia del portavoz del Consejo, quien explica lo que el Consejo piensa y va a hacer, que es exclusivamente el presidente. Los consejeros podemos intervenir, y de hecho lo hacemos, aunque hay algunos que lo hacen con menos independencia de la que yo lo haré.
¿Qué es el Consejo de Seguridad Nuclear? Es un gran desconocido, y para mí mismo lo era hasta que llegué a esta posición. Por cierto, debo señalar que el hecho de que una persona como yo esté donde estoy es un hecho histórico, que tiene que ver con una alineación de astros.
De una situación política determinada, que hubiera alguien que tuviera el doble papel que yo tenía, técnico y activista, etcétera. Esto también lo quiero decir. Pero, bueno, dicho todo esto, ¿qué es el Consejo? El Consejo es lo que llamamos un organismo regulador. Esto proviene de la cultura anglosajona, donde, al margen de los tres poderes de las democracias, existen árbitros externos que se supone deben ser independientes. Eso es el Consejo, o eso debería ser el Consejo, y para eso estamos trabajando intensamente, para que juegue ese papel. Eso garantizaría la calidad o el aumento de la calidad democrática.
El CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, es el organismo único que tiene competencias en seguridad nuclear y protección radiológica. Es decir, lo que diga el CSN "va a misa", entre comillas, y eso hay que tenerlo en cuenta. El CSN no dicta la política energética ni puede tener opinión sobre ella. Si un Gobierno decide cerrar las centrales nucleares, es decisión suya. Si un Gobierno decide ampliar la vida de las centrales nucleares, también es decisión suya. Pero en ambos casos, el Consejo debería actuar. ¿Por qué? Porque el Consejo tiene la responsabilidad de asegurar que todo eso se haga bajo condiciones de seguridad. Aquí podemos discutir mucho sobre qué son las condiciones de seguridad. El riesgo cero no existe, pero se debe buscar la seguridad más estricta que se pueda conseguir con los medios disponibles. Ese es el papel del Consejo y en eso me empeño cotidianamente.
Los informes que emite el CSN son vinculantes solo si son negativos. Es decir, si el Gobierno le pregunta al Consejo, "Oye, ¿qué pasa? ¿Puedo prolongar el funcionamiento de la central nuclear hasta junio de 2030?", el CSN se pone a estudiar qué condiciones tiene esa central y qué se le puede pedir. Si el Consejo determina técnicamente que esa central no debe funcionar, la respuesta sería no, y entonces se procede al cierre. Si el Consejo ve que esa central puede funcionar sin hacer nada, la respuesta es sí, y es potestad del Gobierno. Si el Consejo considera que esa central puede funcionar con ciertas condiciones, como ejecutar obras o mejoras, y el Gobierno decide avanzar, esas condiciones también son vinculantes y de obligado cumplimiento, con rango de ley. Si no se cumplen, hay un proceso coercitivo que marca la ley de energía nuclear, por lo cual el titular de esa instalación podría ser sancionado. Debería ser sancionado, de hecho. El Consejo tiene incluso la potestad de parar una instalación.
¿Qué instrumentos tiene el Consejo? En la pirámide normativa están primero las leyes, después los reglamentos, y luego hay ciertos instrumentos del Consejo que tienen rango de ley por debajo de los reglamentos, que son las instrucciones de seguridad. Estas instrucciones son normas estables que se emiten y que todas las instalaciones deben cumplir. Cuando se habla de renovación o prolongación de la vida, se revisa el cumplimiento estricto de todas esas instrucciones de seguridad.
El Consejo también cuenta con otro instrumento muy útil, que se llama instrucciones técnicas complementarias, abreviadas como ITC. A lo largo de esta disertación, me oiréis hablar varias veces de ITC. Esta es una potestad que tiene el Consejo para indicarle a un titular: "Usted haga esto con tal fecha". Si no lo hace, pueden ocurrir varias cosas: puede ser multado, y si se considera que es bastante grave, se le puede parar la instalación o suspender la licencia. Además, el Consejo tiene más instrumentos, como las instrucciones técnicas, que, aunque suenan más globales, tienen menor rango.
Guías de seguridad, circulares, pero vamos a centrarnos, sobre todo, en lo que acabo de nombrar: las instrucciones técnicas complementarias. Esto le permite al Consejo una capacidad de maniobra extraordinaria, y ahora veremos por qué.
He hablado al principio de mi papel y me gustaría incidir en la importancia de mi neutralidad. ¿Por qué? Porque todos los juicios que yo emita en estos casi seis años que me quedan de mandato, lógicamente, van a ser sólidos si demuestro la neutralidad que estoy intentando demostrar hoy aquí. No es lo mismo que alguien que dice ser defensor a ultranza de la energía nuclear exprese una opinión, que alguien que es neutral lo haga.
Esto establece un marco importante. Ahora vamos a ver qué ha sucedido aquí. El Gobierno de Teresa Ribera encargó a Enresa que negociara con el sector nuclear un calendario de cierre de centrales nucleares que permita fijar adecuadamente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Estamos hablando de 7.000 megavatios de potencia que funcionan en base, y lógicamente, al planificar, debemos tener en cuenta qué va a ocurrir con esos 7.000 megavatios. Se produce así la famosa negociación que da lugar a ese calendario de cierre de 2018. No voy a opinar sobre la calidad del calendario, solo diré que existe. Este calendario permite, por un lado, emitir el séptimo plan general de residuos radiactivos, ya sabiendo con bastante exactitud cuántos residuos se van a gestionar y cuánto va a costar gestionar esos residuos durante cientos de miles de años. Haciendo cuentas, se establece una tasa que se debe pagar para hacerse cargo de los residuos.
En cuanto al apagón, me gustaría señalar un par de hechos para ser claros. Me tocó estar en la sala de emergencias hasta el final, hasta las cuatro de la mañana, hasta que aquello arrancó. En el momento del apagón, había funcionando tres centrales nucleares y media, es decir, 3.500 megavatios de potencia conectados, y a pesar de ello se produjo el apagón. En el encendido, las centrales nucleares fueron las primeras en demandar potencia exterior para encenderse. Cuando no hay potencia exterior, una central nuclear está en un estado de prealerta; todos los sistemas de emergencia funcionan para mantener el reactor refrigerado. En teoría, la central puede estar en esa situación 48 horas sin problemas y hasta siete días, pero no es algo que a nadie le guste. Por tanto, son las primeras en engancharse a la red, lo que significa que no solo no contribuyen al rearranque, sino que son las primeras en demandar. Esto son hechos que se pueden comprobar fácilmente en la página web de Red Eléctrica Española.
Como se ha debatido tanto y esto se ha utilizado como argumento, creo que una función de un regulador es hacer que la verdad prevalezca.
Después de que se produce este calendario, entre 2019 y 2020, llegan las solicitudes de renovación de los permisos de las centrales nucleares, ya que todos los permisos emitidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde el año 90 son por diez años. Antes, eran anuales. Esto se decidió para que las autorizaciones estuvieran acompasadas con un ejercicio de seguridad que recomienda el OIEA, conocido como revisión periódica de seguridad, que cubre diez años de funcionamiento y determina si la central está en condiciones de funcionar o qué debe hacerse para que funcione diez años más. Esta revisión periódica de seguridad no es obligatoria en realidad.
Se ha aceptado en la regulación española o en las actitudes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde el año 90. Esto es relevante al hablar de la situación de la central nuclear de Almaraz. Las solicitudes van llegando, y una de las cuestiones que este consejero, entre otros, observa es que los plazos de solicitud de autorización que piden los titulares son los que marcan el calendario. Así, la central nuclear de Almaraz ha conseguido autorización para funcionar: Almaraz I hasta el 1 de noviembre de 2027 y Almaraz II hasta el 1 de octubre de 2028. Hasta ese momento, todo iba bien, hasta que se produce el apagón, lo que genera un debate y da inicio a negociaciones entre el sector nuclear y el Gobierno. Sin embargo, estas negociaciones no tienen impacto regulador; el Consejo sigue con su tarea de supervisión, asegurándose de que se cumplan todas las condiciones impuestas en la renovación.
Es importante señalar que, aunque no hay riesgo cero, la instalación puede continuar operando hasta esas fechas. Cuando una instalación nuclear va a cesar su operación, debe comunicar al Gobierno, un año antes, lo que se conoce como cese de explotación. Para ello, debe presentar una serie de documentos que acompañan esta solicitud, los cuales deben incluir un plan de desmantelamiento sensato, ejecutable y seguro, así como un plan de gestión de residuos radiactivos. Aunque hay más requisitos, estos son los fundamentales.
Dado que los documentos son técnicamente complejos y requieren un estudio exhaustivo, el Consejo decidió solicitar la información no un año antes, que sería el 1 de noviembre de 2026, sino dos años antes. El Consejo tiene la potestad para ello y, por lo tanto, emitió una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) indicando que, aunque la solicitud de cese de explotación debe presentarse legalmente el 1 de noviembre de 2026, se solicitaba que la documentación se enviara con antelación para poder estudiarla adecuadamente.
Es crucial situarnos bien en el contexto, ya que antes del 1 de noviembre de 2025, el propietario de Almaraz, CENAD, debe presentar dicha documentación. Por lo tanto, entra en la ventanilla del CSN una carta remitida por el Gobierno, ya que los titulares no solicitan directamente al CSN, sino que lo hacen a través del Gobierno, que a su vez envía la petición al CSN. Por cortesía, se nos envía una copia, pero si el Gobierno decide desechar la petición, el Consejo no tiene obligación de intervenir. Sin embargo, el Gobierno se asegura de que la documentación del cese de explotación llegue al CSN antes del 1 de noviembre.
El Consejo, por su parte, debe estudiar la carta y la documentación que se presenta. Es un proceso que genera un gran debate, y lo que llega al público es...
Lógicamente, o no sé si lógicamente o no, pero es limitado en torno a varias cuestiones que se mencionan en la carta. Primero, la carta solicita el decaimiento de la ITC de cese de explotación. Otra cosa que indica la RPS es que es por diez años, por tanto, esto se traduce en una pequeña autorización administrativa. Eso es lo que establece la carta, que no es del Gobierno, sino de CENAR.
Nosotros nos liamos a debatir internamente qué hacer y optamos por el camino del medio. Vamos a ver, podemos emitir una ITC que contenga la información necesaria para determinar si se puede continuar o no hasta 2030. Eso es lo que hacemos.
Y aquí nuevamente llegamos a las fechas. ¿Para cuándo se tiene que pronunciar el Consejo sobre este asunto? Según el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, debe ser dos meses antes de la fecha tope, es decir, el 1 de septiembre de 2026. El informe del Consejo tiene que estar listo y enviado al Ministerio. Este es el horizonte.
Llegamos entonces al asunto clave: ¿qué información le vamos a pedir a la central nuclear de Almaraz? No sé si la tenéis ya en las pantallas, esto es el anexo de la instrucción técnica complementaria. La instrucción técnica complementaria nos explica que hemos recibido esto del Gobierno, con las fechas que acabo de mencionar. Para poder proceder a emitir nuestro informe, necesitamos esta información, que se detalla en el anexo.
Permítanme que lo lea: CENAR deberá presentar como documentación justificativa asociada a la solicitud de ampliación de plazo de autorización de explotación vigente la siguiente información: primero, justificación del funcionamiento de la instalación hasta la nueva fecha de cese solicitada, que queda amparada por el plan de acciones de mejora derivada de la tercera RPS.
¿Qué significa esto? No voy a debatir, porque esto era uno de los asuntos. No voy a discutir si la RPS es válida o no, simplemente se debe proceder. Esa es la primera cuestión.
En segundo lugar, se requiere un plan de continuidad de la operación desde un punto de vista de la seguridad, para la ampliación de plazo solicitada, que tenga en cuenta los aspectos que se indican a continuación. Es necesaria la actualización del informe integral sobre el estado de envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes. Almaraz ha funcionado más de 40 años, cuando 40 años era el límite ingenieril de los sistemas en general, y al superar este límite se entra en un régimen especial denominado operación de largo plazo.
Esto implica que el número de exigencias aumenta, y forma parte de la evaluación del envejecimiento de las estructuras. De hecho, ya en la autorización anterior, la de 2020, se exigieron una serie de cambios importantes. La vigencia de los análisis de envejecimiento se mantiene, y se requiere la identificación y justificación del análisis de envejecimiento en función del tiempo. Es decir, los casi tres años que se están solicitando adicionales, ¿qué efecto tendrán en el envejecimiento?
También se debe realizar una valoración de los resultados obtenidos del programa de control de microbiología. Esto es general, refiriéndome al envejecimiento de todos los sistemas, pero ahora debemos centrarnos en los sistemas específicos de Almaraz que requieren vigilancia especial. Había un problema de corrosión, y toda esta información es pública, está publicada en la web del Consejo, así como el informe de renovación de 2020. Todo esto se puede encontrar fácilmente.
Como digo, es fundamental vigilar qué ocurre con la corrosión de algunas tuberías. A continuación, se debe evaluar el proceso de implantación del programa de protección contra incendios. Esto es uno de los aspectos por los que estuvimos aquí.
Palabra, peleando para que fuese lo más exigente y rigurosa posible. Bueno, pues usted siga cumpliendo esto. La valoración de la capacidad de gestión del combustible gastado está prácticamente hecha, porque en la anterior fecha de cierre ya tuvieron que hacerlo, ya tuvieron que decir qué vamos a hacer con el combustible gastado, qué capacidad va a tener, etcétera.
La valoración del impacto de la estrategia de operación flexible es novedosa y relevante, porque, como estamos en un marco con muchas renovables desplegadas, las nucleares han solicitado poder bajar potencia. Claro, a una central nuclear le cuesta mucho bajar potencia, le cuesta típicamente un día. Pero ellos, con anterioridad, piden permiso previendo que en tales fechas habrá un aumento de renovables. Esto es nuevo, y por primera vez les hemos pedido que se estudie el impacto que tiene sobre los sistemas al bajar potencia, etcétera.
Asimismo, es relevante la valoración del impacto en el plan de gestión de recursos humanos, ya que toda la plantilla que Almaraz tenía estaba calculada para el 1 de noviembre de 2027. Si eso cambia, significa que hay que formar a operadores, supervisores y personal de protección radiológica, lo cual no es fácil de obtener; hay que hacer un examen y un curso riguroso.
Cualquier otro aspecto que el titular juzgue que pueda condicionar las fechas de parada de la central es importante. Como he dicho antes, todo es mejorable, pero debemos evitar enredarnos en debates que dificulten este tipo de acciones. Esto es lo que quería compartir, y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener.
Agradezco a Paco. Me quedo con dos cosas. La primera y más importante es que, como tú has dicho, el informe no es vinculante. Es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear puede expresar lo que considere, pero cualquier decisión sobre la prórroga es política y depende del gobierno, seguir adelante o no. Esto es muy relevante en el debate que estamos teniendo.
La segunda cuestión que quería matizar es que no eres consejero del CSN porque se alinearon los astros, sino porque hubo votos a Podemos que propusieron y tuvieron la fuerza en el Congreso para elegir un consejero. La importancia de los votos es crucial, y creo que es importante señalarlo, ya que la gente no siempre es consciente del impacto que tiene el sentido de su voto.
No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta sobre lo que ha dicho Paco. Si no, pasamos al debate. En cuanto a las infraestructuras, los sistemas y los componentes de seguridad, se van a cumplir cuarenta años de la catástrofe de Chernóbil. Debemos considerar la situación de las centrales nucleares, que han funcionado a nivel privatizado. No sabemos qué auditorías se han realizado, y es fundamental que se realicen, al igual que en otros sectores.
Una central nuclear es mucho más compleja que una red ferroviaria, y el riesgo es mayor. En caso de accidente, la supervisión y las inspecciones deben ser muy exigentes. Mi trabajo como consejero es asegurar que esto sea así. Hay recursos permanentes, incluyendo inspectores residentes que están en la central, observando cómo se trabaja y lo que se hace. Cada año, se decide qué inspecciones se van a realizar, algunas de manera regular y otras de forma puntual.
Si yo veo que te están fallando los diésel, voy a ver qué te pasa a tus diésel. En teoría, todo eso está, mi trabajo es que eso sea eficaz y funcione. Hay una pregunta más, Paca, luego esa señora y luego ese señor, y ya pasamos al debate. Por favor, sean breves.
Quiero saber si consta en el informe que la central de Almaraz tiene 47 años, no 40. Se han cambiado los generadores de vapor, se ha tenido que tirar puentes, ampliar carreteras y montar la infraestructura necesaria para traer los nuevos generadores de vapor. Esto ha sido un problema constante en la zona. Aunque los ecologistas no estábamos de acuerdo con el calendario, hemos tenido que aceptarlo, y no se puede romper un calendario así, salvo por razones de fuerza mayor. Todo esto quería que se supiera y que constara.
También quiero señalar, Juancho, que la trampa no solo es la que mencionaste, está muy bien explicada, sino que también se contempla el oligopolio eléctrico, considerando que dentro de tres años podría estar el PP en el gobierno. Por lo tanto, debemos tener en cuenta todos estos factores.
Respecto al informe, los generadores de vapor están inspeccionados. En cada parada se contabilizan cuántos tubos se tapan y cuántas fisuras hay. Se cambiaron precisamente porque los anteriores generadores de vapor no eran capaces de operar debido a que habían superado el límite de tubos taponados. Esto plantea dos problemas: la producción de electricidad y la seguridad. Ambos aspectos se tienen en cuenta y se vigilan. En cuanto a las infraestructuras, el Consejo no tiene competencia en ese ámbito. Si cambia el gobierno, el Consejo solo puede seguir haciendo su trabajo. Este informe es meramente técnico, de protección radiológica y seguridad; la decisión política no es del Consejo.
¿Había por allí otra pregunta? Sobre la fecha que mencionaste del 1 de septiembre de este año como límite para que el Consejo emita el informe para el Ministerio, cuando se dijo que después del verano, a finales de verano, no se estaba proporcionando mucha información. Esa es la fecha límite, pero ¿es posible que se resuelva antes?
Las fechas son, como he indicado, que Almaraz debe enviarnos toda la información que le pedimos antes del 18 de febrero. Quedan 20 días. A partir de ahí, se activan los procedimientos del Consejo, lo cual es muy exigente. Revisar todos estos informes supone que la parte de seguridad nuclear estará prácticamente al 100% dedicada a esto. El límite, como he mencionado, es el 1 de septiembre. Si se termina antes, será cuando los técnicos digan "hemos terminado". Estos informes se someterán al Pleno, nos posicionaremos y se enviarán al Ministerio. ¿Esto puede ocurrir antes del 1 de septiembre? Sí, sí puede ocurrir.
Una última pregunta. Quería aclarar un poco más el papel del gobierno en la toma de decisiones para la continuidad de estas centrales. El gobierno es quien tiene la potestad de realizar la política energética. Esto ya se debatió cuando la central nuclear de Garoña, que estaba a punto de finalizar su permiso de funcionamiento.