Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a empezar el pleno extraordinario.
Antes de comenzar el Pleno, debo pedirles que guardemos un minuto de silencio en memoria de las 45 víctimas de la terrible tragedia ferroviaria ocurrida el pasado 18 de enero en Adamuz. También recordaremos al joven maquinista fallecido en el accidente en Gélida, Barcelona. Asimismo, les solicito que mantengamos este minuto de silencio por Victoria, mujer asesinada por violencia machista el pasado 24 de enero en Málaga. Muchas gracias.
Vamos ahora a comenzar con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. Empezamos, por favor, un poco de silencio con el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuando quiera.
Buenos días, señorías. Inicio mis palabras reiterando las condolencias a los familiares y a los seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, también de Gélida, que acabamos de homenajear con este minuto de silencio en el Congreso. Subo a esta tribuna a solicitar el voto de esta Cámara para convalidar el Real Decreto-ley 16/2025, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.
El Gobierno ha demostrado en los últimos años que su acción se apoya en una doble convicción: aprovechar y fomentar el crecimiento económico y hacerlo sin dejar a nadie atrás, con políticas y medidas de índole social. Creo que los datos avalan el éxito de la política económica y social del Gobierno. Los principales organismos, tanto nacionales como internacionales, sitúan a España como la gran economía avanzada del mundo por segundo año consecutivo. La Seguridad Social tiene el mayor número de afiliados de la historia de nuestro país; pronto estaremos en 22 millones de afiliados y tenemos el paro juvenil más bajo de la serie histórica desde que se tienen datos.
Para llegar a estos resultados, que, obviamente, no son fruto de la casualidad, tiene que ver con las medidas, las políticas y los reales decretos-leyes que aprueba el Gobierno. Hemos aprobado reales decretos-leyes con medidas económicas y sociales, y este es uno de ellos, donde hay medidas tanto desde el punto de vista tributario y económico como también lo que venimos en denominar el escudo social a las personas con mayores dificultades. La convalidación de este real decreto-ley que hoy se aprueba en esta Cámara será clave para que todos actuemos con altura de miras y podamos mantener la protección a colectivos vulnerables que existen en nuestro país, pese a la buena situación económica. Las medidas que contiene este real decreto-ley se clasifican.
Se ubican en cuatro grandes áreas de actuación. La primera son medidas en materia de trabajo y seguridad social; la segunda, apoyo a la población más vulnerable; la tercera, medidas tributarias; y la cuarta, medidas de ayuda a comunidades autónomas y a entidades locales.
Respecto al primero de los puntos, en materia de trabajo y pensiones, este Real Decreto incluye un año más la revalorización de más de trece millones de pensiones y de prestaciones a la Seguridad Social. Trece millones de pensionistas que mantienen su capacidad adquisitiva o que ganan poder adquisitivo gracias a este Real Decreto-ley. Las pensiones contributivas se incrementan en un 2,7%, es decir, lo que subió la vida el año pasado. Esto se traduce, por hacerlo fácil, en que alrededor de 570 euros más al año cobrarán los pensionistas de media en nuestro país. Las pensiones mínimas se incrementan mucho más que el 2,7% que supuso la inflación, ya que se incrementan en un 7%. Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, es decir, las personas con mayor dificultad, crecen en un 11,40%. Las pensiones de esta naturaleza, las no contributivas de incapacidad y de jubilación, ya alcanzan una cuantía anual de 8.803 euros.
En segundo lugar, el Real Decreto-ley prorroga el Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2026. Saben ustedes que precisamente el Gobierno está en estos días hablando con los agentes sociales para pactar, si es posible, la cuantía del año 2026. Prorrogamos también medidas de acompañamiento necesarias para asegurar la protección social, evitando despidos y la destrucción de puestos de trabajo. Por ello, el Real Decreto-ley también establece que las empresas beneficiarias de ayudas directas no pueden justificar despidos objetivos basados en el aumento de costes energéticos. Asimismo, eximimos de la obligación de presentar la declaración de IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo. Actualizamos los topes mínimos y máximos de las bases de cotización y establecemos un tipo de cotización a aplicar a los bomberos forestales y a los agentes forestales y medioambientales, un tipo del 10,60%. De tal manera que estos empleados podrán anticipar su jubilación, ya que son trabajadores que se juegan la vida para proteger nuestros bosques y nuestras casas en los incendios forestales que cada vez con mayor frecuencia sufrimos.
Finalmente, y como respuesta a la notable acogida que ha tenido esta iniciativa, el Real Decreto-ley amplía durante un año más la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud que estén jubilados puedan compatibilizar esa pensión con el trabajo. Entre el año 2023 y 2025, más de 1.200 profesionales se han acogido a esta medida.
El segundo bloque de políticas públicas que aprueba este Real Decreto-ley, que hoy se somete a convalidación del Congreso, tiene que ver con las ayudas y la protección a la población más vulnerable. Se contempla de nuevo la prórroga de la garantía de suministro de agua y energía y del bono social eléctrico un año más, hasta el 31 de diciembre del año 2026. Este bono social eléctrico supone un descuento del 42% para consumidores vulnerables y un descuento del 57% para los vulnerables severos. Contemplamos también la prórroga de la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Somos conscientes, desde el Gobierno, de que quien alquila una vivienda en ocasiones puede tener dudas o temores, muchas veces alimentadas por determinadas empresas o terminales mediáticas por intereses particulares que no tienen nada que ver con el interés general. Esta situación no es buena para nadie. Queremos que todas las viviendas que puedan estar disponibles en forma de alquiler.
Salgan al mercado y que lo hagan a precios asequibles. Por eso, junto con la compensación que antes he mencionado, el pasado mes de diciembre aprobamos una novedosa línea de avales para arrendadores que hoy mismo hemos dotado con 300 millones de euros en Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores. Nuestro compromiso con los ciudadanos que alquilan su vivienda no termina aquí. Les informo que estamos estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores. No hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia.
Permítanme, además, que haga un llamamiento al resto de administraciones públicas para que se impliquen, asegurando que los servicios sociales actúan con rapidez para atender a personas vulnerables. Así lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo desde la Administración General del Estado. En concreto, desde Justicia estamos agilizando ya procedimientos gracias a los tribunales de instancia que están empezando a funcionar en nuestro país, y seguiremos trabajando para agilizar todavía más esos procedimientos judiciales.
Extendemos también al 31 de diciembre de este año el plazo previsto en la ley por el derecho a la vivienda para someter a conciliación o intermediación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es un gran tenedor. Adoptamos, también en este bloque de protección a personas vulnerables, medidas financieras y fiscales en relación con los afectados de la DANA, de tal manera que aprobamos exenciones de IRPF y del impuesto de sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a estos afectados. Por último, en este bloque, el Real Decreto-Ley declara exentas del IRPF las ayudas que se concedan por daños personales a todos los afectados por los incendios forestales de este verano.
En el tercer bloque del Real Decreto-Ley, se introducen medidas en materia tributaria. Modificamos el método de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA. También prorrogamos los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, las infraestructuras de recarga y las inversiones que utilicen energías renovables en los impuestos sobre la renta de personas físicas y de sociedades.
En el último bloque de este Real Decreto-Ley, se incluyen medidas de ayuda para comunidades autónomas y entidades locales. Actualizamos las entregas a cuenta a estas administraciones territoriales, dado que ante la situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta son el instrumento para dotar a comunidades autónomas y entidades locales de los recursos que necesitan y actualizarlos en este Real Decreto-Ley. De no hacerlo, lo que estamos generando son unos resultados financieros que impiden trasladar las cuentas del año 25 al año 26. Mantenemos también en este Real Decreto-Ley, de forma excepcional, que el Estado autorice a la Comunidad Valenciana a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento para cubrir necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios generados por la DANA.
Señorías, este Real Decreto-Ley que hoy sometemos a convalidación representa mantener un compromiso con una sociedad más justa, más cohesionada, que aprovecha el crecimiento económico para proteger a las personas que tienen más dificultades. Los que creemos en el servicio público, y estoy seguro de que somos mayoría en esta Cámara, apostamos por soluciones reales a problemas que sabemos que están en la calle. Este Real Decreto-Ley continúa en esa senda de proteger a personas con dificultades gracias al crecimiento económico que tenemos, y hacerlo con soluciones que son efectivas y que ya han estado funcionando en nuestro país.
Como sucedió hace un año, se somete este Real Decreto-Ley de escudo social. Hace un año, con medidas sustancialmente idénticas a las que hoy se llevan en este Real Decreto-Ley, mereció la mayoría de esta Cámara. Por tanto, si algún grupo el año pasado votó a favor de este Real Decreto-Ley y hoy vota en contra, tendrá que explicar los motivos por los que lo hace. Señorías, votar sí a este Real Decreto-Ley es votar sí a subir las pensiones, es votar sí a garantizar el suministro de agua y energía a personas con bajos recursos, es votar sí a evitar desahucios a gente que no tiene dónde ir, y es votar sí a establecer exenciones fiscales a desempleados, a víctimas de la DANA y a afectados por los incendios forestales del último verano.
Por el contrario, votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, a personas que no pueden pagar tampoco una vivienda. Es hacer daño a desempleados, a víctimas de la DANA y a afectados por los incendios forestales. Así de sencillo y así de claro: es hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron para que fueran ustedes representantes en este Congreso. Por tanto, señorías, en su mano está beneficiar a millones de personas que les hicieron diputados y diputadas o hacer daño a millones de ciudadanos intentando votar que no a este real decreto ley. Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Mikó. Gracias, presidenta. Lo que queremos aprobar hoy es imprescindible, porque si no lo aprobamos, ahogaremos al que ya está ahogado. Los sueldos no llegan, los alquileres asfixian y vivir es un deporte de riesgo donde compiten el último contra el penúltimo. Si aprobamos estas medidas, no es porque este gobierno sea valiente, es porque llegados a este punto no tenemos ninguna otra alternativa. Un gobierno que se llama el más progresista de la historia no debería gobernar a golpe de decretos de emergencia, sino que debería hacer políticas que cambiaran las reglas del juego de forma estructural.
Porque un gobierno que se llama el más progresista de la historia no permitiría que en este mismo decreto se proteja a las personas vulnerables, ya que se protege a las personas vulnerables, pero también se blinda a aquellas personas que se enriquecen a costa de ellas. En el cuento, la Caperucita y el lobo no están al mismo nivel, y parece que el Partido Socialista a veces se pone la capa del Partido Popular con unas medidas muy parecidas. El otro día ustedes anunciaban su medida estrella, que los especuladores puedan degravarse el 100% del IRPF, y hoy llevan un decreto que dice que si no se puede desahuciar, pagaremos su renta, su IBI, la comunidad e incluso los seguros, todo ello con dinero público, sin excluir a los grandes tenedores ni a los fondos de inversión.
Señorías del Partido Socialista, su política de vivienda es un rescate inmobiliario encubierto, socializando las pérdidas de quienes están expulsando a la mayoría social de sus clases. El mensaje queda clarísimo: cuando hay problemas, los poderosos cobran y la gente humilde paga. Compromís va a votar a favor, porque no vamos a dejar caer a nadie, a diferencia del Partido Popular, que siempre tiene la excusa perfecta para votar en contra.
Pero, señorías del Partido Socialista, que les quede claro: gobernar protegiendo a especuladores no es progresista, engordar sus bolsillos no es de izquierdas y confundir el derecho de la vivienda con el derecho a hacer negocio es cambiar de bando. Y nosotros no cambiamos de bando. Gracias.
Muchas gracias, señora Mikó. Tiene ahora la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. En primer lugar, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, quiero manifestar nuestro cariño y solidaridad con las 46 víctimas de las tragedias de Adamuz y Rodalíes. Estamos ante un nuevo chantaje del Gobierno, otro real decreto con contenidos incompatibles entre sí, una nueva utilización perversa del artículo 86 de la Constitución. Señor ministro, traigan las medidas por separado.
Si quiere, se lo repito cinco o veinte veces: se comprometía el ahora presidente del Gobierno. Pura hipocresía. Mientras tanto, el señor Cerdán ya estaba negociando con Otegi a través de su socio de Servinaval, Alonso, de repudiarlos a considerarlos socios prioritarios, entregarles el Ayuntamiento de Pamplona y negociar con ellos leyes y reales decretos como este, en el que además les permitieron que fuesen ellos los que anunciasen el acuerdo. A cambio, la sumisión más absoluta, una nueva traición a las víctimas de ETA y a la democracia.
Desde Unión del Pueblo Navarro apoyamos la subida de las pensiones, apoyamos las ayudas a los damnificados por la DANA, los incendios y, cómo no, también al transporte. También apoyamos las exenciones fiscales a la eficiencia energética. Pero no podemos apoyar en ningún caso que una vez más el Gobierno regisle y que la factura la paguen otros, en este caso, los pequeños propietarios que alquilan sus viviendas para que luego el Gobierno permita su ocupación. Así no, señorías, así no se legisla en este país.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Valido García.
Buenos días, señorías. Nos han puesto en una situación endiablada y se ha puesto en riesgo un decreto importantísimo, con pensiones y con otras muchas medidas dirigidas a personas vulnerables. También con medidas que por fin recogen el marco jurídico de agentes forestales y medioambientales, excepciones fiscales, el bono social. Hemos valorado, Coalición Canaria ha valorado el impacto de estas medidas en millones de personas, y no dejamos de exigir una solución a los pequeños propietarios, a los que aquí se trata como si fueran grandes tenedores, llegando al insulto directo a todos ellos.
Hemos decidido hacer de nuestro voto un voto útil y condicionado. Hemos tratado con el Ministerio de Vivienda la necesidad y la urgencia de ser convocados todos los portavoces de esta Cámara, de trabajar juntos para establecer las medidas, el decreto necesario para exceptuar y sacar a esos pequeños propietarios que están manteniendo lo que tiene que mantener el Estado, aquellos a los que hemos señalado como si fueran especuladores, sanguijuelas o grandes tenedores. Y esto debe ser urgente.
Es innegable que tras esta situación se esconde la salida del mercado de alquiler de muchísimas propiedades y también la imposibilidad de muchas familias de conseguir un hogar por su riesgo de vulnerabilidad. Nadie les alquila. Y si no resolvemos esto con prontitud, tendremos un enorme problema.
Señorías, tenemos la disposición de la ministra para trabajar, para convocarnos y hacer un trabajo urgente. Insisto, nuestro voto hoy no va a cambiar el resultado, pero en el futuro podría serlo. Queremos que se responda hoy a los millones de personas que necesitan la aprobación de este decreto, pero también a todas aquellas a las que se ha cargado injustamente con una responsabilidad que es de la Administración Pública. Y queremos que se deje de tratar igual a lo que no es igual, a lo que es diferente.
Gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Raigoza Candamil.
Muy buen día. Gracias, señora presidenta. El BNG rechaza la demagogia del Partido Popular y las medias tintas del Partido Socialista. Somos claros, somos críticos con este Real Decreto Ley, básicamente por dos razones: porque incorpora medidas necesarias pero no suficientes, y porque continúan siendo medidas temporales para atajar, o por lo menos baldear, problemas que en realidad son estructurales. Nos parece necesario prohibir los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, y siempre, pero es imprescindible actuar para garantizar vivienda digna para todos.
Con políticas valientes y realmente eficaces que este Gobierno parece que se resiste a adoptar, es de justicia que las personas con menores ingresos puedan tener garantizados servicios como electricidad, gas, agua, calefacción y comida, en 2026 y siempre. Pero también es necesario garantizar empleo y salarios dignos, comenzando por un SMI que se sitúe en el 60% del salario medio, como recoge la Carta Social Europea y los datos de Eurostat. Hay que revalorizar las pensiones, pero hay que hacerlo con base en el IPC real interanual para evitar que pierdan poder adquisitivo, y sobre todo hay que subir más las pensiones mínimas y no contributivas hasta situarlas en el 60% del salario medio. Con el SMI, se puede ir reduciendo las brechas de género y territorial. Galicia tiene las segundas pensiones más bajas del Estado.
Ya sabemos que para el PP prohibir los desahucios es proteger a los inquioocupas, que subir el SMI arruina a los empresarios y hace colapsar la economía, y que preferirían subir las pensiones un 0,25%, es decir, un euro al mes. Pero eso no debe ser nunca excusa para que el Gobierno no haga más y mejor, con medidas valientes y además permanentes. Tienen que elegir entre cumplir con las mayorías sociales y con los pueblos o continuar a medias tintas, lo que solo facilita el camino a la ultraderecha. Nosotros cumplimos y tenemos claro que votamos a favor de este real decreto.
Gracias, presidenta. Señorías, ministro, en España hay miles de desahucios. Desahucios silenciosos de inquilinos e inquilinas que se ven obligados a abandonar su hogar porque el casero dice que lo necesita para su hijo, sabiendo que es mentira. Desahucios violentos por deudas ridículas, como el de Mariano en Vallecas. Desahucios del gobierno progresista del PSOE y de Sumar, que quieren echar a gente que vive en pisos de la Sareb y también de la Tesorería General de la Seguridad Social, como el caso 47 del señor Zapatero. Desahucios ilegales, como los de Desokupa, que no tienen ningún amparo legal. Desahucios de fondos buitre, como el que intentó con la señora Mari Carmen o el que Vencar Capital está intentando en la calle Valverde 42 de Madrid.
Pero los únicos desahucios que nos valen, ministro, son los que están parados, como los que han detenido con una huelga de alquileres en los bloques de La Caixa, los compañeros y compañeras en Cataluña. Desahucios como los que este real decreto ley, que Podemos consiguió con tanto esfuerzo en el año 2020, busca evitar. Hoy nos dicen que este real decreto ley puede caer porque Junts puede unir sus votos al Partido Popular y Vox para dejar en la calle a casi 60.000 familias en este país que están en situación de precariedad.
Señorías de Junts, les pediría un poco de humanidad. Piensen en las personas que están en esas casas, que tienen miedo, que piensan que en los próximos meses se ejecutará su desahucio. Porque si no, la gente acabará pensando que ustedes son lo mismo que el señor García Albiol en Badalona y que prefieren dejar a la gente en la calle, como a los que viven en el B9, en plenas navidades, en pleno invierno, debajo de un puente. Este decreto puede caer, a pesar de que la cantidad para sostener a estas personas sería ridícula para la Generalitat de Cataluña, apenas 90 millones de euros de un presupuesto de 48.000 millones de euros.
El problema también lo tiene este Gobierno, se lo digo de verdad, señor Bolaños. Han priorizado la política de titulares, la política de ganar un poco de atención mediática sobre la política de protección social. Si usted y yo hubiésemos pactado una suspensión de los desahucios de alquiler de cuatro años, como pactamos la de los desahucios hipotecarios, hoy no estaríamos así. Así que abandonen esta política de titulares y empiecen a hacer algo para garantizar el derecho a la vivienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Belarra. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Buenos días. El daño se ha dicho, votar no es hacer daño, en su mano está. Y yo me pregunto, ¿y dónde está su responsabilidad? Porque son ustedes quienes deben llegar a acuerdos, y no lo han hecho, al menos no con todos los grupos que hicimos posible la investidura. ¿Recuerdan aquella frase de mi grupo: "todos, todo el tiempo y todos juntos"? ¿Qué parte es la que no han entendido? Porque cuando no se cumple, cualquier ley acaba haciendo aguas.
Este decreto contiene una mezcla de medidas urgentes y necesarias con otras controvertidas, diseñadas también por ustedes para forzar un falso dilema: o se acepta todo o se es el malo de la película. Y eso no es buscar consenso, eso es jugar a la ruleta rusa con su aprobación. Somos críticos con la forma en que se ha gestado el decreto y también con la prórroga de una medida muy controvertida, la suspensión de los desahucios, tal y como está diseñada, porque no atiende a datos, sino a postulados ideológicos. Además, es una medida que tiene que renovarse año tras año, generando inseguridad, que es solo un salvavidas temporal para algunas personas. Tampoco sabemos cuántas, porque, por mucho que preguntemos, no nos dan el dato, y, por mucho que se insista, no resuelve el problema estructural del acceso a la vivienda, la falta de oferta.
Esta medida nace en 2020, en plena pandemia. Estamos en 2026, seis años después, y se nos pide que sigamos prorrogando medidas excepcionales, cuando el propio Gobierno, usted también lo ha dicho hoy, presume de buenos datos económicos, crecimiento por encima de la media europea, creación de empleo y récord de afiliación. Pues, señorías, pónganse de acuerdo: o estamos en emergencia permanente o el contexto ha cambiado, porque las dos cosas no se pueden sostener.
El problema no es proteger a los vulnerables, que es necesario, es necesario hacerlo. El problema es cómo se hace y sobre quién se carga ese coste. En España, más del 92% del mercado de alquiler está en manos de pequeños propietarios. Cerca del 80% posee solo una vivienda en alquiler. No son fondos buitre, no son grandes tenedores, son familias normales. Y algo que creo que se nos olvida con demasiada facilidad es que también existe vulnerabilidad entre los propietarios: personas mayores que dependen de ese alquiler para complementar su pensión, o familias que necesitan esos ingresos para pagar su hipoteca o cuidar de un familiar, o sencillamente porque no llegan a fin de mes. Creo que todas y todos conocemos casos así, marineros, pelotaris, emigrantes retornados o personas que un día abrieron un negocio y que, gracias a su esfuerzo, han podido comprar una segunda vivienda, no para especular, sino como red de seguridad.
Señorías, ¿de verdad todas estas familias son sanguijuelas? ¿Todas son especuladoras? Miren, yo creo que un Gobierno no puede declararse protector de los vulnerables cuando deja que sean los propietarios quienes ejerzan de facto de escudo social. Porque a estas personas se les dice: asuma usted el problema durante años, sin una compensación suficiente y sin una fecha clara de salida. Y eso no es justicia social. Esto es dar al ciudadano una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas.
Las medidas actuales en materia de vivienda son como poner un parche en una grieta en una pared. Puede que contengan la filtración durante un tiempo, pero la grieta sigue ahí. Las moratorias pueden dar un alivio momentáneo, pero no aumentan la oferta, no construyen vivienda nueva ni solucionan la crisis. El problema estructural sigue ahí, intacto. ¿Y qué ocurre mientras tanto? Que crece el miedo, aparece el miedo. Miedo entre los propietarios a quedarse atrapados durante años en una situación sin salida. Y ese miedo tiene consecuencias directas sobre el mercado de alquiler.
Señorías, con esta moratoria se protege a quien ya está dentro, sí, pero a los que están fuera se les endurece el acceso a la vivienda. Familias con hijos, con contratos indefinidos, con ingresos estables, que no son vulnerables hoy, pero sobre las que pesa el temor a que puedan serlo mañana si pierden su empleo o sufren una situación sobrevenida. Y ese miedo es el que está cerrando puertas y expulsando a familias del mercado de alquiler. Esta es la gran paradoja: políticas que dicen proteger a los vulnerables también están expulsando del mercado de alquiler a muchas familias, especialmente a clases medias y trabajadoras.
Por eso nosotros propusimos una medida paliativa y justa: eximir a propietarios de una sola vivienda de la moratoria, combinando un doble escudo social. Protección, sí, para quien no puede pagar, y protección para quien pone su vivienda en el mercado y cumple con la ley, pero no han querido. Y permítanme decirlo también con franqueza: creo que ya vale de populismo, porque no es lo mismo hacer política social con presupuestos públicos que hacerlo a costa de muchos trabajadores, ciudadanos, familias y pensionistas que dejan de obtener un beneficio sobre sus ahorros y, además, asumen los costes derivados del escudo social que decide el Estado.
Creo que conviene bajar el tono del eslogan y el nivel del análisis, porque los datos desmienten el relato simplista de que todos los propietarios son especuladores. Ya nos vale de vender prórrogas como logros.
Año tras año, mientras se esquiva el problema de fondo, la escasez de oferta. Y hay que decirlo claramente: algunos partidos insisten en esta medida, y yo creo que saben por qué. Porque ofrece una respuesta rápida, visible y prácticamente rentable, al mismo tiempo que evita el coste político de abordar reformas profundas. Es mucho más sencillo anunciar moratorias que ampliar el parque público, liberar suelo o invertir de manera sostenida en alquiler asequible. De hecho, algunos partidos que hoy se presentan aquí como valedores de esta medida, en la práctica, allá donde gobiernan, promueven justo lo contrario: vivienda libre, VPO o vivienda tasada, y no apuestan por el alquiler asequible. Ejemplos claros los tenemos en varios ayuntamientos, al menos en Euskadi. No se puede exigir vivienda asequible y al mismo tiempo no crear oferta. No se puede cargar el problema sobre los pequeños propietarios mientras lo público no cumple su función, y no se puede construir bienestar social sobre la inseguridad y la vulnerabilidad de otras familias.
En este decreto hay medidas que son necesarias, como la garantía de abastecimiento de agua y electricidad, ayudas y cotizaciones. Bloquear estas cuestiones no sería justo, pero al mismo tiempo, insisto, no es justo que se ponga sobre las espaldas de pequeños propietarios todas estas medidas, ya que no son en ningún caso responsables de estos problemas. Parte de un todo, de una partida política que se juega en muchos bandos y en distintos terrenos, que exige responsabilidad y criterio, y también equilibrio. Estamos dispuestos a sacrificar algunas cuestiones que no compartimos, porque hemos sido muy críticos, cuando la suma de las medidas beneficia a Euskadi y a la mayoría de la ciudadanía.
Si no sale este decreto, y se lo digo aquí hoy, si presentan el mismo decreto una vez más, no vamos a apoyar, y tendrán que negociar. No sigan con esta ruleta rusa en este falso dilema que nos plantean. Nosotros no somos los malos; ninguno de los que estamos aquí criticando su oportunismo o tactismo político lo somos. Creo que es hora de mirarse en el ombligo, porque ahí es donde van a encontrar a su propio antagonista, al villano de su película.
Muchas gracias, señora Sagasti Zaval. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Señora presidenta, diputadas y diputados, buenas tardes. Se celebró un acuerdo para mantener el escudo social a lo largo de todo 2026 a través de un decreto. ¿Y a qué nos lleva este decreto? A que las personas y las familias vulnerables sin alternativa habitacional se puedan proteger, prohibiendo los cortes de abastecimiento y alargando el bono social. También vamos a votar a favor de la subida de las pensiones. Esperemos que todas las fuerzas políticas actúen con responsabilidad, dejando de lado hoy los intereses partidistas.
El decreto que hoy validamos recoge elementos que pactamos con el Gobierno, y lo hicimos recogiendo propuestas de la sociedad civil, del Observatorio ODEX y de diferentes colectivos sociales que nos planteaban la necesidad urgente de mantener el escudo social en lo que respecta a la imposibilidad de desahuciar a personas o familias vulnerables en situación de emergencia, de no cortar los suministros de agua, luz y electricidad a las familias que no podían pagarlo, y de no cerrar la posibilidad de que accedieran al bono social eléctrico y térmico para poder seguir calentando sus hogares. Esto es fundamental para que el conjunto del Estado español no se parezca todavía más a esa infamia que se llama la Cañada Real, donde someten a personas a vivir en condiciones de infradignidad. Por tanto, lo que queremos es poner en valor lo que supone para cientos de miles de personas en el conjunto del Estado español, y de manera significativa, para decenas de miles de familias en Euskal Herria.
Un bono al que se están acogiendo 62.000 familias en la Euskadi boyante, en la Euskadi que va en los niveles más altos del bienestar social. Esa misma Euskadi donde hay 252.000 personas, según datos de Cáritas, que viven perdidos en el mar de la exclusión social. Nuestro objetivo, antes, hoy y mañana, será defender y proteger a la clase trabajadora de Euskal Herria y, por extensión, al conjunto de la clase trabajadora. Entre ellos y entre ellas, de manera notable y significativa, preeminente, podríamos decir, a las personas vulnerables que atraviesan dificultades económicas. Y lo hacemos por pura coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
¿Cuántos de ustedes, señorías, no han subido a esta tribuna a decir aquello de que nadie iba a quedarse atrás? ¿Cuántos de ustedes han utilizado sus espacios en tribunas de televisión, de radio o periódicos de prensa escrita para decir que no había que dejar a nadie atrás? ¿Por qué van a votar en contra de esta iniciativa para dejar a cientos de miles de personas atrás? Porque son los nadie, porque no tienen patrimonio, porque no tienen valor patrimonial interesante como el que tienen, quizás sí, los de los consejos de administración a los que les rinden más obediencia. Esa gente probablemente no tenga un valor patrimonial tan digno o tan elevado como el de los miembros de los consejos de administración de las grandes eléctricas, pero les sobra dignidad, la dignidad que probablemente no tengan muchos de esos miembros de los consejos de administración.
Se puede y se debe señalar que estas medidas que hoy se aprueban con carácter excepcional, y es la quinta vez, se están convirtiendo en una tradición. Como decían los reincidentes, cuando el sadismo se convierte en tradición, no se avanza para bien. Igual lo que habría que plantearse es convertirlas en estructurales, dejar de someterles a la inquietud, a la incertidumbre, al miedo y a la duda de lo que pueda arrojar el resultado en esta votación. Si llevamos ya cinco años teniendo que aprobar estas medidas excepcionales, es porque constata que estas medidas son necesarias y son estructurales. El problema de la vivienda que subyace en buena medida, así como la pobreza y la desigualdad de cada vez más gente en el Estado español, es lo que está detrás. Se trataría, en definitiva, de pasar de medidas paliativas a medidas quirúrgicas.
Me quiero dirigir a ese bloque de la derecha casi al completo que hoy parece que va a manifestarse en contra de estas medidas. Quiero hablar del Partido Popular, de VOX, de UPN y de Junts, quienes han manifestado que no van a apoyarlos. Si este decreto cae, no tumbarán solo la subida de las pensiones, sino que serán también responsables de que las grandes eléctricas, que no andan flojas de beneficios, puedan cortar la luz y el gas a miles y miles de familias vulnerables en pleno invierno. Ustedes y nadie más que ustedes van a ser responsables de que miles y miles de familias no puedan seguir contando con el bono social eléctrico para hacer frente a los gastos de luz y calefacción. Ustedes, y nadie más que ustedes, serán los responsables de que las personas vulnerables sin alternativa habitacional, repito, vulnerables sin alternativa habitacional, puedan ser desahuciados de sus casas. Sesenta mil familias, según el Observatorio DESC.
Y lo harán, además, mintiendo. Porque no es otra cosa sino mentira decir que este es un decreto ómnibus y que eso justifica el voto en contra de la misma. Aquí se han votado muchos decretos ómnibus y algunos con los votos del Partido Popular y de Junts. Por ejemplo, el del año pasado, que tenía contenidos muy equivalentes a los que aquí estamos discutiendo, porque en ese decreto del 2025 que se aprobó, se votó un escudo social, se hablaba de las pensiones, se hablaba de la financiación local, pero además contenía más medidas, por ejemplo, transportes, ayudas para la DANA y La Palma, y hasta un edificio para un partido político. Eso lo votaron a favor hace un año, pero hoy, por cálculo político y partidista, deciden que no lo van a votar.
Si al final el problema es que sea un ómnibus, ¿qué es lo que hace tan problemática la cuestión? ¿Que sea suyo o que no puedan patrimonializarlo? Cuando el decreto... Me viene a la cabeza uno, el decreto Junts, que era un decreto ómnibus porque contemplaba también diferentes medidas, como ayudas para las entidades locales, para financiación autonómica, medidas para las empresas y para los sistemas de facturación. Entonces sí era bueno, entonces sí había que apoyarlo y el que fuera ómnibus no era un problema de entidad relevante. Quizás el foco estaba en a quién se beneficia con ese decreto y no tanto en cuántas medidas venían en ese decreto. Porque incoherencias podemos tener todos, porque contradicciones entre todo lo que recoge un decreto ómnibus seguramente tenemos todos y todas, nosotros y nosotras también, pero sabemos lo que es imprescindible para no dañar a la dignidad de los más vulnerables, que es no dejarles atrás.