Muy buenos días. Vamos a iniciar la Comisión de Economía y Presupuestos, prevista para el día de hoy. Antes de comenzar, si a los grupos parlamentarios les parece bien, vamos a hacer un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en los últimos días en nuestro país. Este minuto de silencio también servirá como apoyo a los familiares y como expresión del deseo de este Parlamento para una pronta recuperación de todos los heridos. Así que, si les parece bien, iniciamos ese minuto de silencio.
Muy bien, muchas gracias. Iniciamos la Comisión de Economía y Presupuestos para la comparecencia del señor presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, al objeto de informar sobre la cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente al ejercicio 2022 y la elaboración del dictamen sobre la misma.
Antes de dar la palabra a los grupos parlamentarios, solicito que comuniquen a la mesa y a la letrada de la mesa las sustituciones que se han producido. Por el Grupo Parlamentario Vox, Francisco José Cobo sustituye a David Moreno y también ejercerá la portavocía. Por el Grupo Parlamentario Popular, no habrá sustituciones y la portavocía la ejerceré yo mismo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Contreras sustituye a Ana Isabel Abengoz.
Iniciamos el primer punto del orden del día. Doy la palabra al señor presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, don Fernando Andújar Hernández, para que informe sobre la cuenta general del ejercicio 2022.
El señor Andújar tiene la palabra.
Buenos días. Con la venia del señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco hoy ante esta Comisión de Economía y Presupuestos para presentar y explicar el informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondiente al ejercicio presupuestario de 2022. Lo hago con la responsabilidad que implica la rendición de cuentas en una democracia parlamentaria y con el firme compromiso de que el control del gasto público no es una formalidad técnica, sino una obligación política, ética y ciudadana. Quiero que esta intervención sea clara, rigurosa y comprensible. Hablamos de contabilidad pública, de normas, de auditorías, pero sobre todo hablamos de cómo se gasta el dinero de los castellano-manchegos.
Hemos fiscalizado la cuenta general de Castilla-La Mancha en virtud de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 8 de la Ley 7/21, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. El objeto ha sido verificar si la cuenta general se ha rendido respetando las normas en cuanto a plazo, estructura y contenido, y si se adecúa a los principios, criterios y normas contables de aplicación, al análisis de la gestión presupuestaria y del control interno, y haciendo el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el informe del ejercicio anterior elaborado por esta Cámara de Cuentas. Este informe comprende además análisis específicos en materia de transparencia, igualdad y sostenibilidad ambiental.
¿Qué es lo que en concreto se ha fiscalizado? Se ha fiscalizado, por un lado, la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como tal, cinco organismos autónomos: el SESCAN, el Instituto de la Mujer, el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Alimentario y Forestal, y la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. También se han fiscalizado tres entidades de derecho público: el Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, la Entidad Pública de Infraestructuras del Agua, el Instituto de Promoción Exterior, y los consorcios arqueológicos de Alarcos y Carranque, que están en liquidación. Además, se analiza la rendición de cuentas de las Cortes de Castilla-La Mancha. En total, se han revisado nueve cuentas individuales más los entes en proceso de liquidación.
La fiscalización se ha centrado en el ejercicio 2022, aunque se han analizado hechos anteriores y posteriores que pudieran afectar a la imagen fiel de las cuentas. ¿Cómo se ha hecho? Esto es importante. Se han aplicado dos tipos de auditoría: una auditoría financiera con seguridad razonable, que implica un análisis profundo de los datos contables para detectar errores materiales que pudieran existir, y otra auditoría de cumplimiento con seguridad limitada, donde se evalúa si se ha cumplido la legalidad presupuestaria y financiera. Todo ello se realiza conforme a una serie de normas establecidas por los entes fiscalizadores de España, los órganos de las comunidades autónomas que fiscalizan las cuentas públicas y el Tribunal de Cuentas. En el caso de los OCEs, de los entes autonómicos, elaboramos unas guías...
Guías que llamamos guías prácticas de fiscalización, que elaboramos y aprobamos nosotros mismos, los propios órganos de control externo españoles, siempre por unanimidad. También utilizamos las normas internacionales de auditoría adaptadas al sector público español. Estas normas se aplican de común acuerdo en todos los países civilizados, ordenados y con buenas prácticas en materia de transparencia y fiscalización, así como las normas internas de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a España, bajo los principios de independencia y rigor que rigen la actuación de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.
Vamos a los resultados generales. La opinión emitida es una opinión con salvedades. Esto significa que, aunque en general las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, existen elementos importantes que impiden una opinión plenamente favorable. En el documento se señalan las salvedades observadas en el apartado 4.2, obrante a los folios 14 al 17 del informe, que no reiteraré porque han tenido la oportunidad de estudiar y conocer, y no quiero hacer una extensión que sea una mera repetición del contenido del informe.
Respecto a las grandes cifras, el presupuesto de gastos gestionado en el año 2022 por la Administración General de Castilla-La Mancha presentó unos créditos definitivos de 13.749,538 millones de euros, y se reconocieron obligaciones reconocidas netas, o ORN, por 12.331,513 millones de euros. Esto supone un grado de ejecución del 90%, habiéndose reconocido obligaciones de gastos derivados de ejercicios anteriores por 3.737 millones de euros. En cuanto al presupuesto de ingresos de la Administración General, las previsiones definitivas alcanzaron los 13.749,538 millones de euros, y los derechos reconocidos netos al final del ejercicio ascendieron a 11.819,797 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución en el presupuesto de ingresos del 86%.
Voy a señalar algunas cuestiones claves y debilidades detectadas. Permítanme insistir en que una buena contabilidad no es un fin en sí mismo, sino la base para una buena gestión. No estamos aquí solo con la contabilidad; lo que tratamos es de ayudar tanto a los grupos de la oposición como a los grupos de la mayoría, y por ende al Gobierno, para realizar una buena gestión, que es de lo que se trata con las fiscalizaciones que realizamos. Las debilidades detectadas comprometen la eficacia de la administración, y entre otras cuestiones, debemos destacar las siguientes: la administración no dispone de un documento de riesgos que identifique amenazas y controles; no existe conexión automatizada entre los sistemas de información tributaria y contable; el control financiero permanente se aplica de forma dilatada, perdiendo utilidad práctica; y no se han implementado auditorías formales sobre algunas aplicaciones digitales, como el punto general de entrada de facturas electrónicas, refiriéndome a auditorías informáticas en el sentido de la seguridad informática. Todo ello configura un escenario donde el control existe, pero no alcanza el nivel deseable y donde el margen de mejora es amplio.
También voy a destacar aspectos positivos que me parecen reseñables. No todo son debilidades; también hay que reconocer que para la sociedad civil que vende a la administración sus productos y servicios, se realiza por debajo de los 30 días legales, que como saben está normativizado en una ley del Estado, siendo el periodo de pago a proveedores inferior a la media del resto de comunidades autónomas en 11 de los 12 meses del año. En 7 de los 12 meses del año 2022, el promedio de pago a proveedores se redujo a 19,54 días, frente al ejercicio presupuestario anterior, que se quedó en 21,54 días.
Buenos días.
El sistema de financiación y la gestión de la deuda siguen una estrategia de contención y reestructuración eficaz, lo cual es muy importante. La ejecución presupuestaria de los ingresos alcanzó el 90% y, a pesar de las deficiencias técnicas, la maquinaria presupuestaria sigue funcionando.
En el informe que denominamos "Resultados de la Fiscalización", que abarca los folios 34 a 118, pueden encontrar un análisis exhaustivo de la cuenta general del ejercicio 2022, estructurado en los apartados que citaré a continuación. En aras a la brevedad, si ustedes tienen alguna duda o comentario que exponer, podrán hacerlo en su turno de intervenciones, de acuerdo con el criterio del señor presidente, quien dirige y modera esta comisión.
Citaré los epígrafes, que son bastante ilustrativos de los temas que abarcamos en el informe. Hay concretamente diez epígrafes, cada uno con una serie de subepígrafes:
1. **Sector público y rendición de cuentas**, con dos apartados: delimitación del sector público y rendición de cuentas.
2. **Control técnico**, con cuatro apartados: análisis de riesgos en el control interno, controles de acceso a datos y programas, control interno ejercido por la Intervención General, y tutela sobre las entidades dependientes y gastos de personal.
3. **Elaboración del presupuesto**, con un solo apartado.
4. **Beneficios fiscales**, un tema muy interesante.
5. **Estados contables y memoria de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha**, que consta de cinco subapartados: contabilidad presupuestaria, situación patrimonial y balance, resultado económico patrimonial, memoria, y coherencia de los documentos que integran la cuenta general.
6. **Otras entidades**, organismos autónomos y entidades de derecho público que eran objeto de fiscalización, como SESCAN y consorcios.
7. **Rendición de cuentas de las Cortes de Castilla-La Mancha**, coherencia de los documentos que integran la cuenta general.
8. **Política financiera**, con dos subapartados: avales y morosidad.
9. **Transparencia**, **igualdad de género** y **sostenibilidad ambiental**, que deben ser incluidos en estas fiscalizaciones.
10. **Seguimiento de las recomendaciones**.
Aquí me gustaría hacer una matización y una explicación, ya que es posible que alguien piense o haya dicho que hoy vemos la cuenta general del ejercicio presupuestario de 2022. La Cámara de Cuentas cumplió su funcionamiento a principios de junio hace tres años, y actualmente llevamos tres años y medio de trabajo. Heredamos, como se dice en el ámbito taurino, los trastos del Tribunal de Cuentas, un ente histórico de fiscalización con gran prestigio nacional e internacional. Colaboramos con el Tribunal de Cuentas y viceversa.
Sin embargo, es cierto que cuando nos pusimos en funcionamiento, las cuentas del año 2020 nos fueron entregadas en el año 2023. De ahí el aparente retraso, que no es achacable a esta Cámara de Cuentas. Las recomendaciones que hacía el Tribunal de Cuentas se exponían en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 23 de diciembre de 2024. Por lo tanto, si alguien tiene la intención de afirmar que aquí hay retraso, les puedo asegurar que no hay ninguno.
Les visitaré, si ustedes me autorizan, más veces este año, porque el esfuerzo que está realizando la Cámara de Cuentas en el área de cuenta general es muy grande, y más aún con los escasos medios humanos con que cuenta.
Porque estamos terminando, yo creo que llegado el verano terminaremos el informe de la cuenta general del año 23, y en el otoño podré visitar esta comisión para darles cuenta de dicha cuenta. Les tengo que decir que esto es significativo. ¿Y por qué es significativo? Porque el Gobierno nos ha presentado la cuenta del 24 en octubre del 25. Por lo tanto, esto tiene un contexto, y en ese contexto nos estamos moviendo. Debo defender a los funcionarios y funcionarias de la Cámara, quienes realizan un esfuerzo considerable. Según la ley que regula esto, no por capricho del Gobierno, la rendición de cuentas del año 25 se presentará a la Cámara en diciembre, salvo que se modifiquen las normas, en cuyo caso sería en octubre, el 30 o 31 de octubre del año 26. Por lo tanto, no tendremos esas cuentas hasta que se nos entreguen, y comenzaremos a trabajar sobre ellas.
Como mencioné, les visitaré este año nuevamente en relación con la cuenta del 23 y así iremos avanzando. Además, vendré a informarles sobre la memoria que ya tenemos prácticamente terminada y que, por norma legal, tengo la obligación de presentarles, porque ustedes son mis mejores clientes.
Dicho esto, en el informe se incluye el seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha en el informe anterior, correspondiente al año 21. Este seguimiento se recoge en los folios 112 a 118 de nuestro informe. Es muy importante realizar este seguimiento para determinar si nuestro informe del 21 ha tenido alguna utilidad, en el sentido de que se han recogido las recomendaciones que hicimos en su momento. También hemos evaluado si las recomendaciones del Tribunal de Cuentas han sido adoptadas por el Gobierno o por las Cortes a través de un proyecto de ley.
El siguiente tema que quería comentar, de manera más breve, es que una de las partes más importantes del informe son las recomendaciones que hacemos al Gobierno, a las Cortes o a distintas consejerías, lo cual es nuestra obligación. Estas recomendaciones, aunque no son vinculantes, son propuestas para mejorar la gestión. Nuestro papel aquí es verificar el cumplimiento de las leyes, pero esto trasciende nuestra capacidad de influencia, ya que no tenemos imperium. En todo caso, deseamos ganarnos la auctoritas ante ustedes si nuestros informes les complacen y les parecen adecuados.
Voy a leer las recomendaciones, que son 28. Algunas, si las han leído, las entenderán, y si no, pueden preguntarme, ya que hay un contexto en cada una de ellas. La primera va dirigida al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha, y consiste en modificar el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha para adaptar la definición del sector público autonómico a los criterios de adscripción establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que es una ley básica.
La segunda recomendación, también al Gobierno y a las Cortes de Castilla-La Mancha, es que se desarrolle un sistema de seguimiento de la efectiva puesta en marcha de las entidades previstas legalmente, con el objetivo de agilizar el inicio de sus actuaciones y, en caso de retraso significativo en el inicio de sus actividades, evaluar si continúan persistiendo las razones que justifican su creación. Esto se relaciona con organismos autónomos, como la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha, que se creó pero no está en funcionamiento, así como la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha, que tuvo su razón de ser en el contexto de la COVID. Sería recomendable evaluar su utilidad actual, ya que si no han funcionado y no han dado cuentas, no hay actividad, y por lo tanto, no hay ejercicio presupuestario. Es una recomendación al Gobierno, porque si no tienen sentido en este contexto actual, deberían suprimirse y así nos ahorraríamos la existencia de entes que no tienen ninguna utilidad.
Las Cortes de Castilla-La Mancha. Que se efectúen las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General al 30 de junio del ejercicio siguiente a que se refieran. Hace un momento les he comentado que lo que la norma dicta es que la cuenta general, en el caso de la Junta de Castilla-La Mancha y de otras comunidades autónomas, se interpreta que se rinde en octubre, a finales de octubre. Nosotros y el resto de compañeros o compañeras de los organismos de control externo, así como la presidenta del Tribunal de Cuentas, estamos pidiendo a las administraciones, a los gobiernos, que si fuera posible se rindiera unos meses antes, concretamente el 30 de junio. ¿Para qué? Para acercarnos más a la foto de la realidad. No es un capricho ni ganas de pasar el verano viendo cuentas, es un adelantamiento de unos meses.
Número cuatro. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que se regule el procedimiento de rendición de las cuentas anuales que forman parte del sector público autonómico, de forma que se establezca el plazo y contenido de la documentación que debe acompañar a las cuentas rendidas, en especial a la cuenta anual de la Administración General como documento independiente de la cuenta general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Número cinco. A la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, llevar a cabo las medidas necesarias para concluir los procesos de liquidación de los consorcios Parque Arqueológico de Alarcos y Parque Arqueológico de Carranque, con objeto de que puedan darse por extinguidas ambas entidades. Estos dos consorcios llevan en liquidación más de un ejercicio. Lo lógico y eficaz es que se termine esa liquidación y se busque otro tipo de gestión que el Gobierno o la Consejería de Educación considere.
Número seis. A la Intervención General de Castilla-La Mancha, en aras a una mayor transparencia, publicar toda la normativa, instrucciones y circulares aplicables, y mantener actualizadas las mismas en su página web. La transparencia normativa facilita a los propios funcionarios, a los ciudadanos y a nosotros como Cámara, que sepamos a lo que nos podemos atener normativamente, que haya un control de lo que está vigente y de lo que no, y que todo se publique. Hay normas que no están publicadas y otras que podrían no estar vigentes, por lo que esta es una petición que, aunque parezca pequeña, es de gran importancia.
Número siete. También a la Intervención General de Castilla-La Mancha, reducir los plazos en la ejecución del control financiero permanente, con objeto de mejorar la eficacia de estos informes.
Número ocho. Al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha, modificar el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha con el objeto de incluir la obligación de elaboración de un plan de acción por parte de las consejerías afectadas por los resultados del control financiero, garantizando así que se adopten las medidas oportunas para subsanar las debilidades, incidencias, errores e incumplimientos referidos tanto a su propia gestión como a las entidades dependientes adscritas a las mismas. Si el control financiero que realiza Hacienda, y que traslada en caso negativo o con anomalías a las consejerías, no se atiende, las consejerías no están haciendo nada. Lo que proponemos es que cada consejería elabore su plan de acción y aplique las recomendaciones que la intervención suele hacer.
Número nueve. A la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, que certifique la aplicación Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de Castilla-La Mancha (PECAN por su acrónimo) en el Esquema Nacional de Seguridad, y desarrolle un procedimiento de gestión de usuarios internos y externos para esta aplicación. Es fundamental en estos tiempos, dado el peligro para los datos públicos y privados. En mis reuniones en el Tribunal de Cuentas, hemos sido informados por funcionarios del Esquema Nacional de Seguridad sobre la importancia de extremar el control informático.
Auditorías informáticas de los datos públicos. En este caso, nos referimos al punto general de entrada de facturas electrónicas, que actualmente no se encuentra implementado, pero es un tema de gran importancia.
Número 10. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: desarrollar el procedimiento necesario y dotar los recursos para hacer efectiva tanto la supervisión continua como la realización de controles de eficacia sobre las entidades dependientes. Estas entidades no pueden ser islas perdidas; deben tener un control intenso, incluso más que la propia administración, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en problemas. No afirmo que esté ocurriendo nada grave, pero es necesario aumentar el control.
Número 11. También a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: para una mayor eficacia en la gestión económica, se debe establecer una distribución de los beneficios fiscales por políticas, fijando objetivos y un sistema de seguimiento de estos. Se recomienda informar sobre los beneficios fiscales en la memoria, ya que cada vez que establecemos un beneficio fiscal, estamos detrayendo potencialmente ingresos al erario público. Es fundamental evaluar la incidencia real de estos beneficios, sean empresas o ciudadanos, para determinar la necesidad de mantener o aumentar dichos beneficios, y que esta información se incluya en la memoria, dado que actualmente no está presente.
Número 12. Depurar el tomo 6 del proyecto de presupuestos con el fin de mejorar su conexión con el inventario y modificar la normativa para que la información recogida en dicho tomo sea lo más cercana posible a la fecha de presentación del proyecto de presupuestos.
Número 13. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: dictar instrucciones claras para cumplimentar los modelos de memorias justificativas para los diferentes tipos de modificaciones presupuestarias, así como la documentación que debe acompañarlas. Es esencial que una modificación presupuestaria incluya toda la información necesaria, el porqué y el paraqué.
Número 14. Al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha: establecer un mayor control en la utilización de la aplicación presupuestaria denominada "otros imprevistos". Es necesario llevar a cabo una adecuación normativa que regule la utilización de los créditos con financiación afectada para financiar créditos propios. Este es un tema importante, ya que la financiación afectada tiene características específicas, y cualquier modificación de esta financiación debe justificarse adecuadamente.
Número 15. Al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha: modificar la regulación de las modificaciones presupuestarias para incluir en la normativa el régimen de financiación al que se han de sujetar los diferentes tipos modificativos y limitar las excepciones al principio de especialidad cualitativa de los créditos. No es necesario profundizar más en este asunto, pues es evidente que una regulación demasiado laxa puede llevar a defectos de gestión y de legalidad.
Número 16. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: implantar un sistema contable que permita la determinación del grado de ejecución y de financiación de todos los gastos con financiación afectada. Es crucial informar en la memoria de la cuenta general sobre todos los gastos finalistas y considerarlos para el cálculo de las desviaciones de financiación afectada.
Número 17. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: implantar una conexión automatizada entre el sistema GRECO para la gestión de los tributos y el sistema de información contable, denominado TAREA, con el fin de realizar de forma telemática la transmisión de la información contable referida a la gestión de estos ingresos. Todas estas recomendaciones buscan adaptar la administración a los tiempos actuales, facilitando la obtención de datos tanto para los funcionarios como para la propia administración, lo cual sería de gran utilidad.
Número 18. Al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha: completar el régimen de autorizaciones para aportaciones a la dotación fundacional de las fundaciones públicas. Esto se relaciona con la participación de la Administración en distintas fundaciones que están bajo la órbita de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, algunas con participación única o mayoritaria, pero que, al menos en el ejercicio 22, no tenían establecido el régimen de autorizaciones.
A pie de página en el informe que ya habíamos cerrado el documento, pero que quizá en la norma que han aprobado ustedes en la ley de presupuestos de este año que ha comenzado, este tema se ha solucionado. Se cerró el documento antes y, aunque no lo he comprobado, me dice el auditor de la Cuenta General que sí, que se incluyó en la ley que aprobaron de presupuestos generales. Pero, en todo caso, está escrito y así lo leo.
Número 19. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: llevar un control más exhaustivo de la tesorería, realizando arqueos de las cuentas restringidas de recaudación 573 y en la cuenta 5750.0020, "Bancos, cuentas restringidas de pagos habilitados".
Número 20. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: realizar un proceso de depuración de deudores presupuestarios con mayor antigüedad. Esto es básico, no solo en un gobierno regional con 13.000 millones de gasto, sino también en un pequeño ayuntamiento, donde deben ver cómo están los deudores para determinar si se puede continuar el proceso de ejecución. En el fondo, se trata de eliminar lo que es basura presupuestaria que no refleja la realidad que debe tener un presupuesto.
Número 21. A la Intervención General de Castilla-La Mancha: realizar un procedimiento lo más automatizado posible de elaboración de la Cuenta General que comprenda todos los estados contables y la memoria.
Número 22. A la Intervención General de Castilla-La Mancha: establecer un plan para desarrollar los sistemas que permitan complementar las notas 25 y 26 de la memoria, aunque legalmente no haya una obligación exacta. Sin embargo, entendemos que sería conveniente llevar a cabo esta recomendación.
Número 23. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: desarrollar normativamente la obligación de realizar una planificación estratégica por las entidades integrantes del sector público institucional.
Número 24. Al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha: regular el contenido y estructura del informe de impacto de género que acompaña al proyecto de ley de presupuestos. También debo señalar que en informes recientes del Tribunal de Cuentas, la valoración de la utilización de los criterios de igualdad en los presupuestos de Castilla-La Mancha es favorable. Es decir, el Tribunal de Cuentas sigue realizando informes que pueden afectar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el último que ha realizado sobre presupuestos de las comunidades autónomas, al igual que otras comunidades, ha cumplido con la obligación legal de incluir el informe de impacto de género. No obstante, pedimos que se regule el contenido y la estructura de dicho impacto.
Número 25. Modificar la Ley 12/2010 de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha para que en los organismos autónomos y entidades de derecho público sea obligatoria la creación de unidades de igualdad de género. Es paradójico que en lo que es administración pública stricto sensu sí existan esas unidades, pero se recomienda que se haga no porque este presidente tenga capricho, sino porque lo establece la norma que nos hemos dado en este Parlamento regional, y por lo tanto, los primeros que tenemos que cumplir las normas somos los responsables de la administración pública.
Número 26. Al Gobierno de Castilla-La Mancha: todos los organismos autónomos y entidades de derecho público deberían realizar informes de seguimiento, al igual que las consejerías, el SESCAM y el Instituto de la Mujer hacen en relación con los planes para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. En aras de una mayor transparencia, se recomienda, además, la publicación de estos informes. Me refiero a entes dependientes, nuevamente, organismos autónomos y entidades de derecho público. No se pueden disminuir las obligaciones de control conforme nos alejamos de lo que es la administración pura y dura. Los organismos autónomos que dependen del Gobierno o las entidades de derecho público deben cumplir, igual que lo hace el Gobierno en las consejerías y en la presidencia, las obligaciones legales que marca la ley.
Número 27. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: revisar los indicadores del presupuesto y hacer un mayor seguimiento de los datos de consecución de objetivos en materia de igualdad de género.
Número 28. A la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital: establecer un procedimiento para recabar toda la información necesaria para cumplimentar la nota 16 de la memoria, si tiene que ver con el medio ambiente.
De medio ambiente. Y estas son las 28 recomendaciones que ustedes tienen en el informe y que pueden estudiar más profundamente, ya que se les proporciona un contexto previo que les sirve para comprender por qué proponemos estas recomendaciones. Estoy terminando y creo que estoy siendo breve.
Por último, en cuanto al trámite de alegaciones, se establece un procedimiento para la administración fiscalizada. Debo señalar que, aunque solo vengo a dar cuenta de la cuenta general, la Cámara de Cuentas ya ha publicado y aprobado casi una docena de informes que abordan diversos temas, incluyendo el ámbito local, que representa uno de los mayores problemas de control en Castilla-La Mancha, así como las empresas y fundaciones públicas, los contactos y convenios, y la Universidad de Castilla-La Mancha, que anteriormente estaba bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas, todo ello incluido en la cuenta general.
Una de las ventajas de la existencia de la Cámara es que estamos desgajando temas, y la universidad ha recibido su propio informe, que ha sido reconocido y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Ellos han manifestado que las recomendaciones que les hemos hecho les han servido de gran ayuda, lo cual quiero agradecer públicamente, ya que la colaboración con nuestra universidad está rindiendo frutos en el ámbito presupuestario.
Como les menciono, hay muchos informes que, en otros parlamentos, el presidente o presidenta del órgano fiscalizador presenta ante la comisión. Sé que aquí no hay obligación, pero no duden en acudir a nuestra página web o dirigirse a nosotros si les interesa algún tema, ya que enviamos todos los informes a este Parlamento. No sé si son utilizados de alguna manera, pero cumplimos con el trámite de enviarlos a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Presidencia de las Cortes y al Consejero de Hacienda, quien es nuestro interlocutor, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 7/21 que regula la Cámara de Cuentas. La Consejería es nuestra interlocutora cuando la administración desea comunicarse con nosotros de manera oficial.
De todas maneras, los informes están a disposición del público en nuestra página web en formato reutilizable y PDF.
En cuanto al trámite de alegaciones, aprobamos este informe el 1 de agosto de 2022. Aunque estamos aquí a 20 de enero de 2026, el informe fue aprobado provisionalmente en esa fecha. Hay que seguir el procedimiento tras la aprobación provisional, y uno de los temas es el periodo de alegaciones, donde el reo tiene la última palabra. La ley establece un plazo de 30 días naturales para que la administración, la Junta de Comunidades y el Gobierno presenten alegaciones. Se remitió al presidente y al consejero, como mencioné anteriormente, en virtud del artículo 44 de la Ley 7/21, y también se envió al presidente de las Cortes. Las alegaciones son presentadas por Hacienda, que es quien gestiona la interlocución con la Cámara.
Nos solicitaron, como es habitual, una prórroga de 30 días, que concedimos. El 20 de agosto nos comunicaron que necesitaban más tiempo debido a la extensión del documento, y finalmente, el 26 de septiembre, ya pasada la feria de Albacete, el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó las alegaciones correspondientes a nuestro informe provisional, un total de 21. Tras nuestro estudio y análisis de estas alegaciones, respondimos a las mismas y estimamos una, la número 16, ya que en esa alegación se nos proporcionó nueva información que justificaba su aceptación. Lamentablemente, no pudimos acoger las demás alegaciones como nos hubiera gustado, pero a veces se da la situación de que es martillo y otra yunque. En fin, este informe no es un ejercicio burocrático.
Es un diagnóstico, y como todo diagnóstico, su utilidad depende de que se adopten medidas para corregir lo que no funciona. Señorías, la buena gestión de lo público no es patrimonio de un partido ni de un gobierno; es una exigencia ciudadana que todos compartimos en el lugar que nos haya tocado estar. La fiscalización de la cuenta general no es una foto contable, es un espejo que nos muestra lo que hay, con luces y sombras. Aprovechemos todos, el Gobierno, los parlamentarios y las Cortes en general, para utilizar este espejo no para culpabilizar, sino, sobre todo, para mejorar. Aquí no condenamos a nadie ni damos información para señalar, sino que tratamos de ayudar y lo que queremos es que mejore la gestión pública.
Para tomar decisiones informadas, en lo referente a los presupuestos y a las cuentas públicas, nosotros aportamos un granito de arena que son nuestras recomendaciones, las cuales tienen un contenido extenso y relatan hechos puntuales que ustedes pueden comprobar. De lo que se trata es de gobernar mejor. Hoy gobierna un partido, mañana gobernará otro, y será lo mismo; no creo que haya una diferencia en la fiscalización de las cuentas públicas. Por lo tanto, la transparencia, el control y la eficiencia no son opcionales; son el cimiento de la confianza pública.
Sé que los ciudadanos no deben leerse nuestros informes, pero ahí están. Estamos empeñados, junto a todos los socios de España en el Tribunal de Cuentas, en cambiar la forma de redactar informes, haciéndolos menos densos y más comprensibles, utilizando modelos de transmisión de la información más adaptados al siglo XXI. A veces, en la administración, seguimos anclados en modelos de elaboración de informes propios del siglo pasado. En la era de Internet, muchos datos que facilitamos están disponibles antes de que nosotros hagamos un informe, ya sea del Tribunal de Cuentas o de la Cámara de Cuentas de Madrid o de Andalucía, en publicaciones oficiales que están en la red, de la Intervención General del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda, etcétera.
Espero haberles sido de utilidad, que el informe les sirva y que lo utilicen como algo que refuerza el control público de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. A continuación, vamos a abrir un turno para los grupos parlamentarios. Les recuerdo la dinámica de esta comisión: tendrán la oportunidad, en el punto número dos, cuando sustanciemos el dictamen, de debatir entre grupos parlamentarios. Aprovechemos este turno para realizar preguntas u observaciones, ya que tenemos aquí a los representantes de la Cámara de Cuentas para que puedan aclarar cuestiones sobre la cuenta general del 2022.
Hemos pactado que, en principio, esta primera intervención es sin límite de tiempo. Inicia esta intervención el grupo parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor Cobo. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Hoy, sobre todo, muchas gracias, como siempre, por estar aquí, porque es un placer escucharles. Es muy ilustrativo todo lo que dicen y hay que tomar buena cuenta, ya que dicen más de lo que aparentemente se cuenta. Hay un trasfondo en sus palabras que son dignas de elogio, así se lo digo.
Estamos hablando aquí del ejercicio de 2022, que no va a aportar nada útil ni nuevo a lo que realmente nos importa a la ciudadanía en el 2025, y mucho más cuando en el 2022 ni siquiera estábamos aquí. Por tanto, esto es un ejercicio que debe ser preceptivo y que, al final, tiene un recorrido poco ejecutivo, que ya iremos viendo. Sin embargo, tenemos que trasladar la preocupación por la falta de información que nos afecta en el día a día, en el ejercicio 2025 y en el 2026, esa opacidad que no nos quieren dar, que se refleja en la rendición de cuentas, como por ejemplo los costes directos e indirectos y lo que supone la inmigración ilegal, que es un problema que nos afecta a todos.