Comunidades Autónomas - Principado de Asturias - 23 de enero de 2026

Buenos días, señorías. Abre la sesión. Ruego comuniquen si hay sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario VOX. Buenos días, presidenta, no hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, no hay sustituciones. Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, no hay sustituciones. Gracias. De acuerdo con el listado de comparecientes aprobado por la comisión y con el calendario señalado por su mesa, ha sido citada para las diez horas del día de hoy doña Nieves Roqueñi Gutiérrez, en su condición actual o pasada de exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado de Asturias y miembro de la Comisión de Seguridad Minera. Por favor, que los servicios de la Cámara procedan a llamar a la compareciente. Se hace constar que la señora Roqueñi Gutiérrez está presente. Buenos días, señora Roqueñi. A continuación, el letrado dará lectura a la compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades. De conformidad con el artículo 75 del reglamento de la Junta General, el compareciente tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración. La presente comparecencia se efectúa bajo los apercibimientos ordenados en el artículo 502.1, en relación con el artículo 556 y en el artículo 502.3, todos ellos del Código Penal, así como los artículos 76 y 8, y 71.4 del reglamento de la Junta. Artículo 502.1 del Código Penal: los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo percibimiento, dejaran de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá, además, la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Artículo 556 del Código Penal: serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada debidamente identificado que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Artículo 502.3 del Código Penal: el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. Artículo 76 del reglamento de la Junta: al inicio de la comparecencia se advertirá al convocado de la sanción que el Código Penal establece para quien falte a la verdad en su testimonio, y se hará indicación expresa de los derechos que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores, tiene el compareciente. Artículo 71.4 del reglamento de la Junta: el dictamen aprobado por el Pleno y los votos particulares se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta General y serán comunicados por el presidente de la Cámara al Consejo de Gobierno. Y si el dictamen aprobado así lo indicase, se trasladará al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. En todo caso, el dictamen y los votos particulares serán comunicados a quienes aparezcan citados en él. Gracias. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, la compareciente ha sido requerida para que, en su condición actual o pasada de exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado de Asturias y miembro de la Comisión de Seguridad Minera, preste testimonio ante la comisión de investigación al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente.

Acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Zarreu, en Degaña, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo y forma al compareciente, tiene la posibilidad, si así lo desea, de efectuar una exposición previa por tiempo no superior a diez minutos. A continuación, los miembros de la Comisión podrán formularle preguntas por tiempo de treinta minutos por grupo parlamentario, en orden de menor a mayor, salvo el grupo parlamentario mixto, cuyos miembros formularán sus preguntas en último lugar. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea la compareciente hacer una exposición previa? No, gracias. Gracias, señora Roqueñí. Comienza entonces el turno de preguntas con el Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida-Más País. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Roqueñí. Muchas gracias por su presencia en esta Comisión. ¿Nos puede hacer un breve repaso de los puestos por los que ha pasado por la Administración del Principado de Asturias? Con mucho gusto. Entre el año 2007 y 2011 fui directora de la Oficina para la Participación, la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación en el Gobierno del Principado de Asturias, dependiente primero de la Consejería de Medio Rural y Medio Ambiente y después de la Consejería de Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente. Del año 2019 al 2023 fui viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, primero en la Consejería dependiente del señor Cofiño, y posteriormente en la Consejería de Administración Autonómica. A partir de agosto de 2023 hasta el 14 de febrero de 2025, fui la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado de Asturias. Muchas gracias. Cuando usted es nombrada consejera, ¿tiene usted libertad total para nombrar a su equipo o alguien le sugiere que Belarmina Díaz tenga que ser la directora general de Minas porque lleva mucho tiempo allí, o se lo recomiendan, o hay algún tipo de indicación en ese sentido? Bueno, yo cuando recibo la llamada del presidente y me comenta las competencias que está pensando para la consejería para la cual me quiere designar, a partir de ahí, lo que hacemos es un poco la arquitectura del departamento. Es verdad que, al venir con todas las competencias de medio ambiente y cambio climático, donde necesitábamos reforzar era la parte de industria, energía y minería. Entonces, ahí sí que hablamos de la necesidad de crear una viceconsejería de la Dirección General de Energía y Minería, y a partir de ahí, tengo libertad para elegir a mi equipo. En ese sentido, consideré que la directora general de Energía y Minería, con su amplia experiencia en estos temas, y además reforzada con una viceconsejería por encima, era la mejor opción. La Dirección General depende directamente de la Viceconsejería de Industria y Transición Justa, y contaba con una persona que aunaba experiencia tanto en energía y minería como en subvenciones y proyectos estratégicos. Dadas las competencias que asumíamos, aunando la transición ecológica y la industria, consideré que ese era el mejor equipo para ayudarme a pilotar esas políticas. Ayer, su predecesor, el señor Enrique Fernández, nos indicó que la Dirección General de Minería tenía amplias competencias delegadas y cierta autonomía dentro del funcionamiento de la consejería. ¿Era así también en su caso como consejera? Bueno, yo creo que para alguien que conozca la administración es evidente que un consejero o consejera no puede dominar todos los temas que están bajo sus funciones. En ese sentido, la delegación de competencias es un instrumento que se utiliza en aras de la eficiencia y la eficacia, así como para agilizar la tramitación administrativa. Muchas veces, esto también se debe a la cercanía de las cuestiones técnicas que directores o mandos intermedios tienen respecto a las competencias concretas.

El departamento que yo dirigía tenía las competencias en materia de minería delegadas en dos personas. Por una parte, en el viceconsejero de Industria y Transición Justa, quien se encargaba de todo lo relacionado con las concesiones, incluyendo autorizaciones de nuevas concesiones mineras, prórrogas y caducidades de las concesiones de las secciones C y D, que abarcan minería metálica y no metálica industrial, así como minerales energéticos. También tenía competencias en materia de permisos de investigación de hidrocarburos y almacenamiento subterráneo de CO2. El resto de las competencias en materia de minería estaban delegadas a la directora general de Energía y Minería, quien se ocupaba de la tramitación de las concesiones de las secciones que no estaban bajo el viceconsejero y de todos los proyectos y autorizaciones en el marco de la Ley de Minas y del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Por lo tanto, las competencias en minería desde la consejería estaban distribuidas entre estas dos personas. Cuando fui nombrada, imagino que despaché con la directora general de minería para ponerme al corriente de la situación. De hecho, creo recordar que despaché con el viceconsejero y con la directora, ya que el consejero contaba con una experiencia mayor en estos temas. Normalmente, los asuntos de energía y minería se despachaban de forma colegiada entre los tres. Sin embargo, en ese momento no me informaron sobre la situación de la explotación de Cerredo. Respecto al accidente ocurrido en Cerredo en 2022, con una víctima mortal, probablemente lo conocí por la prensa, pero no lo relacioné ni pregunté por ello. Tampoco me informaron si se había tramitado un expediente sancionador por extracción ilegal de carbón. Durante mi paso por la consejería, no escuché hablar de ninguna situación significativa o extraña en torno al grupo Cerredo. Se comentaban los proyectos del Instituto de Transición Justa, se hablaba de la planta de briquetas y del grupo Cerredo en relación con el gran proyecto de restauración y rehabilitación del espacio minero, que iba a suponer un cambio en el uso del suelo y donde había muchos fondos comprometidos para su correcta ejecución. Esa era la actualidad en relación al grupo Cerredo, sobre todo vinculada a la restauración y a las noticias que recibíamos del Instituto de Transición Justa sobre proyectos que iban a generar empleo y actividad económica en el suroccidente. En cuanto a denuncias por parte de los guardias de medio natural del Principado de Asturias o de otras empresas mineras en torno a la explotación de Cerredo, no tengo conocimiento de ello. Por último, en relación con el grupo Cerredo, fui informada de que estaba incluido en el plan de cierre de la minería del carbón no competitiva del Reino de España, cuando tuve que resolver un recurso de reposición sobre la transmisión de derechos de la empresa Comvay a la empresa Blue Solving. En los antecedentes de ese expediente, se establecía que una de las condiciones generales de compatibilidad de la transmisión, en relación con el proyecto de restauración que estaba llevando a cabo subsidiariamente la Administración del Principado de Asturias, era el depósito de una garantía.

Tres millones ciento once mil euros y la empresa hace un recurso de reposición, el cual tengo que resolver yo. Entonces, cuando tengo ese expediente, es cuando, en esos antecedentes, obra que la empresa se había sometido al proceso de cierre en diciembre de 2018 y que había un proyecto de restauración. Es en ese momento cuando tengo esa noticia con relación a ese expediente en concreto. Se lo pregunto porque, precisamente, en los documentos que obran en poder de esta comisión de la Dirección General de Minería, en la transmisión de derechos mineros, tanto de la compañía Minera Astur Leonesa a Cumbayl como de Cumbayl a Blue Solvay, entre las condiciones hay una que establece el cese de la producción de carbón, y dice: "En ningún caso es autorizable la extracción de carbón de ninguna de las explotaciones, ya sea a cielo abierto o subterránea". ¿No le extraña a usted que se aprobara un proyecto de investigación complementario que permitía extraer carbón? Bueno, era un proyecto de investigación para analizar, para sacar muestras para una prueba industrial. Entendí que habría un dictamen jurídico. Desde luego, todas las decisiones en materia de minería y en cualquier otra materia siempre están bajo la luz del cumplimiento legal y siempre intervienen en los expedientes. En el caso de minería, el servicio de asuntos jurídicos y administrativos tenía conocimiento de los expedientes, así como el servicio de minas. Yo no tengo por qué dudar de que son... Y la Secretaría General Técnica, entiendo también, ¿no? Bueno, el servicio de asuntos jurídicos y administrativos depende de la Secretaría General Técnica. ¿Conocía usted al señor conocido como Chus Mirantes o a los directores facultativos de Blue Solvay, de Cumbayl o algún familiar, alguien relacionado con la empresa? No, no tuve ninguna relación ni reunión con ellos. Muy bien. ¿Recibió usted alguna llamada como consejera del alcalde de Degaña, preguntándole por esta explotación? Yo con el alcalde de Degaña no creo haber hablado nunca. Nuevamente, gracias por su participación, no vamos a hacer más preguntas. Gracias, señor González Vegas. Es el turno del Grupo Parlamentario VOX. A ver, yo creo que prácticamente ya está todo en los papeles y ya tenemos una idea general. Dos cuestiones que me ofrecen dudas sobre lo que han comentado sus compañeros que han comparecido anteriormente en esta comisión. El carbón térmico, ¿en qué sección de la Ley de Minas lo incluiría usted dentro del artículo tercero? Tengo que decir que no soy especialista en derecho minero, pero hasta ahí llego, que es la sección D, sí. ¿En la sección D? Claro, porque lo incluye el mismo artículo o porque lo haya dispuesto el Gobierno en alguna disposición. Bien, ¿había oído usted hablar de esa distinción entre carbón térmico y carbón para otros usos? Hombre, sí, claro. De hecho, el reglamento de materias primas habla de distintos usos. Tanto el desarrollo del reglamento de la Unión Europea del año diez, que nos encamina al cierre ordenado del año dieciocho. ¿Figura en algún sitio que el cierre de las explotaciones viene condicionado a que sea el carbón térmico o no, o simplemente se basa en que la explotación sea deficitaria? Lo desconozco, sé que ha salido hoy en prensa por alguna cosa que se dijo ayer, pero lo desconozco. Nos ha metido en este berenjenal que yo desconocía. Otro asunto. Aparte de como consejera de Industria, por lo que nos han dicho sus compañeros, parece que las competencias de minas estaban, aunque orgánicamente dependían de todos los consejeros, bastante desconcentradas funcionalmente. Por lo que hemos seguido tanto a don Mauro como a don Isaac, prácticamente les dejaban a ellos.

Gobernar todo esto, era su caso. Vamos a ver, esto ocurre en todas las direcciones generales. Yo tenía la Dirección General de Calidad Ambiental, y también tenía competencias delegadas en la Dirección General del Agua y la Dirección General de Comercio. Es su caso, por lo que ha comentado también. En los papeles vienen varias cuestiones. Yo creo que una de las más importantes es precisamente esta: ¿firma usted la desestimación del recurso de reposición contra la fianza? En ese momento, Blue Solving, en el que ya se ha producido la transmisión de los derechos mineros de Convail a Blue Solving, tiene que afrontar, si quiere llevar a la realidad el Plan de Inversiones y, por lo tanto, beneficiarse de las subvenciones concedidas, debe poner una fianza de responsabilidad ambiental, entiendo, de tres millones. Ustedes la deniegan y, aun así, inician las actividades. ¿Es esto corriente? No hay relación entre el depósito de la garantía y el Plan de Inversiones. Esa es la primera cuestión, porque el depósito de la garantía tiene que ver con la transmisión de derechos de Convail a Blue Solving y con una reserva de determinados activos que eran pasivos ya y que se iban a restaurar, demoler o rehabilitar, con una reserva que quería hacer la empresa para sus actividades posteriores, concretamente creo que eran unas naves. Entonces, el depósito de la garantía es porque, al sacarse de la restauración una parte del proyecto, hay que garantizar que si eso no se restaura por parte de la empresa, la administración subsidiariamente va a tener que rehabilitarlo con posterioridad. Esa era mi duda. No tiene que ver con la ejecución del Plan de Inversiones, sino que simplemente es condición, entiendo que sine qua non, para que ustedes concedan la autorización para la transmisión de los derechos mineros. De hecho, la transmisión es un negocio jurídico privado, pero ustedes tienen que dar la autorización para que se incluya. Esto me lleva a donde quería llegar: si la empresa no pone esa fianza, al estar incluido el lugar físico donde se van a ejecutar todas las actividades de esta empresa en el proyecto global que está desarrollando Tragsa, corríjame si me equivoco, financiado con el mecanismo MRR por más de 23 millones, no debería autorizarse esa transmisión. ¿Es correcto o me he explicado mal? No, la transmisión se autoriza con unas condiciones. Se le dio un plazo a la empresa para cumplir esas condiciones. De hecho, esa condición de compatibilidad a la que hace usted referencia respecto al depósito de la garantía tenía un plazo, creo recordar, que hasta el 31 de diciembre de 2025. A fecha de hoy, no sabemos nada de ese depósito, evidentemente. Esa fianza no se ha puesto, con lo cual esta empresa, sí es cierto que, por lo que todos sabemos, ha dejado su actividad. Pero si hubiese desarrollado su actividad, no hubiese habido ningún accidente. ¿Entiende usted que, transcurrido el plazo para depositar la fianza tras desestimar el recurso de reposición, debería haberse administrativamente paralizado la actividad? No le puedo decir, tendría que consultarlo con el servicio jurídico. Yo entiendo que sí, como jurista, creo que no lo sé, no le puedo decir. Lo que está claro es que se le concedió un plazo sin poner esa fianza, y en ese plazo la empresa inició sus actividades, eso es un hecho. Si la fianza es respecto a una reserva de determinados activos, y no se han empezado a hacer actividades en esas naves, en realidad, el que haya depositado o no la fianza quiere decir que no puede utilizar las naves. Yo ahí me permito corregirla, señora, porque en el proyecto que presentan tanto Blue Solving como Convail, uno para explotar los recursos estratégicos y otro para instalar una planta de briquetas, en ambos casos se dice que se van a aprovechar las dos naves que ya existen allí. Una vez que, precisamente, no se otorga la licencia de inicio de actividad municipal, porque esas naves ni siquiera figuran en los registros administrativos del ayuntamiento ni en el catastro. Ya tenemos una incongruencia. Pero, de todas maneras, imagino que ustedes conocen ese dato y por ahí no le voy a marear. Dígame, en su opinión.

¿Qué ocurriría si una autoridad europea que nos ha concedido una subvención con cargo al mecanismo MR de 23 millones para rehabilitar ecológicamente un terreno viniera y constatara fehacientemente que allí se está extrayendo carbón? ¿Qué ocurriría con esas ayudas? ¿Me quiere usted poner en situación de la Comisión Europea? Mire, la Comisión Europea tiene sus procedimientos en COA, expedientes administrativos y sancionadores. No le puedo contestar, de verdad. Lo sé perfectamente, pero usted tiene experiencia en haber tramitado bastantes, por no decir infinidad, de subvenciones por temas medioambientales y de restauración. Evidentemente, esas ayudas vienen condicionadas a que en el polígono de actuación se desarrollen actuaciones medioambientales. Entiendo, por sentido común, que si la entidad concedente ve que en ese polígono no se desarrollan tales actuaciones medioambientales, sino todo lo contrario, iniciaría un procedimiento de reintegro de subvenciones. Si me está usted preguntando por el proyecto de restauración minera de los veintitantos millones de euros, ese proyecto está en ejecución y tiene el marchamo del Gobierno del Principado de Asturias en cuanto a las garantías de cumplimiento. Ese proyecto lo está desarrollando un medio público que es Tragsa, beneficiándose de una ayuda concedida por la Unión Europea, que, como todas las subvenciones y ayudas, está condicionada a unos medios y fines. Entonces, entiendo que si la entidad concedente detecta, por cualquier método, que allí se está extrayendo carbón o se están realizando actividades que no tienen nada que ver con la restauración del medio ambiente, habría que devolver esos 23 millones. Creo que está mezclando usted cuestiones que yo desconozco si están en el mismo proyecto. Última pregunta sobre este tema: en el polígono de actuación de la restauración medioambiental que está llevando la empresa pública Tragsa, ¿están situados los terrenos donde existen las concesiones mineras de las que estamos aquí tratando? Entiendo que sí, pero lo desconozco físicamente porque no he estado nunca en el sitio. ¿Usted ha conocido el expediente de tramitación de las subvenciones del ITJ? No. A las que nos referimos, no. ¿No ha conocido ese expediente, no lo ha tratado, no ha pasado por sus manos? No. Ya he contestado a un compañero que no conoce al entorno familiar del señor Jesús Rodríguez Morán. Que yo sepa, el decano es el señor Augusto. Gracias, señor Centeno. Por el Grupo Parlamentario Popular, gracias, presidenta. Buenos días, señora Roqueñi. Bueno, por empezar, hay alguna cuestión que me sorprendió de su respuesta. Entendí que usted tenía plena libertad para elegir su equipo y que recuperó en el año 2023 la figura del viceconsejero. Y le entendí que decía usted que la directora general dependía del viceconsejero. Ayer, el viceconsejero, después de reconocer la dependencia orgánica, afirmó que, teniendo en cuenta las funciones delegadas y las funciones que a él le atribuía el decreto que regulaba la estructura de su consejería, la directora general dependía directamente de usted. No sé si se liaría con funciones y competencias, porque realmente, si usted lee el decreto de estructura, dice claramente que la dirección general... Se lo leo, si quiere. No, no, creo que es el artículo 4, me parece. Pero eso es la estructura general. El señor viceconsejero decía que, de la viceconsejería, dependerá la dirección general de energía y minería y los servicios de política industrial y de fluidos y metrología. Sí, eso también lo señaló ayer el viceconsejero, pero excluidas o reguladas las funciones que a él se le atribuían, todas las de minería quedaban en manos de la directora general. Su predecesor también dijo que tenía total autonomía. ¿Quién tenía esa autonomía? La directora general de Minas o Minería y Energía, o Energía y Minería, en el período de su predecesor, en su período como consejera.

También tenía total autonomía. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir autonomía de competencias delegadas. Autonomía, ¿quiere decir que no despachaba nunca conmigo? Pues no, no tenía autonomía. Despachaba conmigo, con el viceconsejero, teníamos comités de dirección y, desde luego, los asuntos se trataban colegiadamente. Además, si alguien me conoce, sabe que yo trabajo en equipo habitualmente. Otra cosa es que las competencias estén delegadas y que ella tenga que hacerse cargo de unos expedientes que, por esa competencia, le corresponden. En la toma de esas decisiones por competencia, a usted le daban la información después de adoptar el acuerdo. Vamos a ver, hay asuntos que son, digamos, de trámites habituales que, evidentemente, no hace falta que te informen de todas las cosas que se firman. No, yo me refiero a las relevantes. Pues eso sí, las relevantes sí que las hemos tratado siempre. De baterías, pero tuvimos que regular todos los temas de baterías, teníamos los proyectos eólicos, teníamos el tema de la planificación energética, teníamos todas las ayudas de los fondos de transición justa. Es decir, que tanto con el viceconsejero como con la directora teníamos asuntos muy relevantes, y de minería también. No se olviden del proyecto de Salave, hablaba antes de los permisos de investigación de Peña Mayor, es decir, temas técnicamente complejos y políticamente controvertidos. Bien, por eso precisamente se lo preguntaba, porque son asuntos que tienen una traslación vinculada a la explotación de Ferreiro y a la autorización que tenía la empresa Blue Solving en el momento en el que usted es consejera. La verdad es que no se hablaba de Blue Solving y de los proyectos del ITJ de Suroccidente. El tema de si era con Vice, si era Blue Solving, si el de briquetas era de una o de otra, la verdad es que esos temas no se trataban. O sea, usted nunca oyó hablar en esas reuniones de Combine. Tratan el tema de las briquetas, pero no se cita a la empresa promotora del proyecto. Señora Roqueñi, ¿tuvo usted noticia del accidente del año 22 en la mina de Cerredo, de agosto del 22? Sí, eso lo he contestado a su compañero, señoría. Tuve información por la prensa, pero en su momento, supongo. Nadie, con su llegada a la consejería, le informó de que había habido un accidente, que había unos incumplimientos notorios de seguridad y, además, una extracción no autorizada de carbón. Eso, nadie se lo comentó a la llegada a la consejería. Es que posteriormente, ya siendo usted consejera, se reactivan los procedimientos sancionadores. Sí, en ese momento es cuando entro en el accidente desde el punto de vista de las competencias de la consejería. O sea, en ese momento es cuando usted tiene conocimiento. Si usted me pregunta si conocía el accidente, le diré que por la prensa en el 22, seguramente, no me acuerdo. Pero si usted dice el conocimiento como consejera, cuando yo tengo el conocimiento como consejera es cuando se inician los expedientes sancionadores por parte del Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica. ¿Y alguien le dio alguna explicación del porqué de la demora en la tramitación? Porque, entre uno de los documentos que hay en ese expediente sancionador, hay un documento del servicio de minas en el que pregunta del porqué del retraso. ¿Alguien le dio alguna explicación del porqué de esa demora en la tramitación? No, cuando hemos sabido de la existencia de esos sancionadores, nos hemos puesto a trabajar en ellos. Bien es verdad que hay una serie de tiempos en los que tenemos que reorganizar la Secretaría General Técnica. Tenga usted en cuenta que la Secretaría General Técnica de la Consejería tiene que ceder personal a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. La Secretaría de Ciencia también cedemos por el tema de empleo y de prevención de riesgos. Es un momento también de reestructuración organizativa fuerte en la Secretaría General Técnica. Yo lo que sí le puedo decir es que en el momento en que la Secretaría General Técnica tiene conocimiento de estos expedientes, se tramitan de forma...