Con estos nuevos casos, son ya cuatro las mujeres asesinadas en el presente ejercicio en 2026, lo que asciende a la insoportable cifra de 1.346 desde el año 2003. Señorías, desde el Senado, por ser un compromiso de todos los aquí presentes, no pararemos en condenar estos asesinatos y en seguir trabajando para erradicar esta lacra de nuestra sociedad, hasta el día en el que no tengamos que lamentar ningún asesinato más por violencia machista. Una vez más, mostramos nuestra solidaridad y manifestamos nuestro cariño con los familiares y seres queridos de todas y cada una de las víctimas de violencia machista. Les ruego se pongan en pie para guardar un respetuoso minuto de silencio. Gracias, señorías.
A continuación, y como asunto previo, vamos a abordar el acatamiento de la Constitución. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Senado, se da cuenta a la Cámara que ha prestado acatamiento de la Constitución mediante documento notarial el senador excelentísimo señor don Marcos Albadalejo Gutiérrez, quien le ruego que se dirija hacia la tribuna para poder realizarlo desde el lugar indicado. Excelentísimo señor don Marcos Albadalejo Gutiérrez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo. Habiendo acatado la Constitución, alcanza la condición plena de senador. Bienvenido y nuestra más sincera enhorabuena.
Conforme al orden del día conocido por todos, vamos a abordar la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero Cuadrado, ante el Pleno del Senado, para dar cuenta de las irregularidades políticas derivadas de los casos de corrupción objeto de investigación judicial que afectan a su departamento. Informo a sus señorías que esta iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Como todos conocen, la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda dispone de hasta 40 minutos para su primera intervención.
Vicepresidenta, muchas gracias, presidente. Buenos días, senadores y senadoras. Antes de comenzar la comparecencia, permítanme hacer un reconocimiento a Francisco Fernández Marugán, quien fue siempre un ejemplo de servidor público y de compromiso con este país. Estoy segura de que una gran mayoría coincidimos en que...
En la figura de Paco podemos reconocer los valores más importantes de un político: la ejemplaridad que se nos exige a quienes representamos a la ciudadanía en las Cortes, la importancia de velar siempre por el interés general y de cuidar y respetar las instituciones que son la base de la democracia. Son cuestiones, señorías, que deberían centrar nuestra actividad diaria y, por ello, anticipo que no tengo ningún inconveniente en participar en debates serios y constructivos, centrados en mejorar la vida de la gente, en defender los derechos y libertades, y en fortalecer el estado del bienestar. En definitiva, debemos dar respuesta a los grandes retos que tenemos como país y rendir cuentas de forma transparente sobre nuestra actuación como Gobierno.
Sin embargo, señorías, no nos engañemos. Ese no es el objetivo del Partido Popular, que, como siempre, manipula la función de esta Cámara, que debería tener en su centro el debate territorial. De hecho, la convierte en el máximo exponente de la antipolítica de este país, ya que al Partido Popular solo le interesa combatir al Gobierno, sin importarle cómo su forma de hacer oposición afecta a la salud de las instituciones democráticas. En sesiones como esta, parece que no estamos interesados en debatir sobre qué políticas públicas mejoran la vida de la ciudadanía o qué medidas estamos dispuestos a acordar, ni tampoco sobre la propia gestión de este Gobierno.
Y no interesa, señorías, por dos razones: por la buena gestión económica que está desarrollando el Ejecutivo, avalada en los datos y reconocida internacionalmente, y porque no cuentan con un proyecto, una propuesta de país consistente que les permita hacer una oposición seria. Por eso están llevando al descrédito y a la desconfianza en las instituciones, y además lo hacen sirviendo de muleta para fuerzas políticas de extrema derecha que se sitúan al margen de la mayoría de los consensos constitucionales alcanzados en nuestra democracia.
Es evidente que prefieren utilizar la mayoría absoluta en esta Cámara para imponer al resto de grupos reformas unilaterales que pueden estar rayando la inconstitucionalidad del reglamento, o la utilización partidista abusiva de cinco comisiones de investigación, con la nueva que presuntamente van a aprobar en este pleno. Pero, señorías del Partido Popular, no les va a servir de nada esta estrategia de utilización partidista de esta Cámara, porque, mal que les pese, este Gobierno va a seguir toda la legislatura gobernando, mejorando la vida de la gente, apostando por un trabajo serio, constructivo y responsable.
Ahí están las medidas aprobadas en esta legislatura y sus resultados en términos de crecimiento económico: cerca del 3% en 2025, creación de empleo con récord de 22,4 millones de personas trabajando en nuestro país, lo que nos ha permitido reducir la tasa de paro casi cinco puntos desde el año 2018. Lo que no funciona en España es una oposición absolutamente destructiva que no aporta ni una sola propuesta ni arrima el hombro cuando más se le necesita, como ocurrió en la pandemia o en la DANA. Una oposición que está actualmente rendida a la ultraderecha.
Un Partido Popular que ha votado en contra de la revalorización de pensiones, que ha votado en contra de la reforma laboral acordada con los agentes sociales, una reforma que ha traído más empleo y de mejor calidad. Una oposición que se niega a aprobar una quita de la deuda que aliviaría la carga financiera de las comunidades autónomas, o que se opone incluso antes de conocer los detalles a cualquier materia que permita blindar los servicios públicos. La reforma del sistema de financiación, más allá de la distribución de los territorios, implica que el Gobierno de España está dispuesto a dar 21.000 millones de euros más para sanidad pública, educación pública o política de dependencia.
Pero aquel que no cree en los servicios públicos buscará veinte mil excusas para intentar justificar un voto contrario a esa reforma. Soy consciente de que no van a cejar en el empeño de desacreditar a cada uno de nosotros y a las instituciones de nuestro país, pero les digo que lo único que consiguen es ponerle una alfombra roja a la ultraderecha y, por tanto, allanarles el camino para su verdadero propósito. Nosotros sí.
Nos tomamos en serio las instituciones y por eso comparezco. Desde el primer minuto, quiero dejar claro que España ha actuado siempre con tolerancia cero frente a la corrupción, colaborando plenamente con la justicia. Porque, señorías, la corrupción no solo define a corruptores y corrompidos, también pone frente al espejo cómo actúa cada organización política: quienes deciden hacer cosas, quienes deciden tapar la vergüenza o quienes directamente miran para otro lado. Esa es la verdadera prueba del algodón.
No tengan dudas, señorías, que este Gobierno y el Partido Socialista estarán siempre entre los que actúan y asumen responsabilidades. A diferencia de otros partidos con presuntos casos de corrupción recientes, en el momento en que conocemos los hechos, exigimos y pedimos responsabilidades políticas. Iniciamos expedientes de expulsión del partido, como ustedes bien conocen, y colaboramos con la justicia como hemos hecho desde el primer día. Esta actitud firme en el combate contra la corrupción, venga de donde venga, la protagonice quien la protagonice, contrasta con la del Partido Popular, que tapa la corrupción y que no colabora con la justicia.
El Partido Popular llegó a crear en el seno del Ministerio del Interior una operación para sustraer información sensible a un extesorero del partido, con el fin de evitar que pudiera perjudicar a altos cargos del mismo, o fabrican pruebas falsas para intentar llevar a cabo una guerra sucia contra los adversarios políticos. El caso Kitchen, señorías, todavía está pendiente de juicio, un juicio que será una enmienda a la totalidad a una manera de entender el poder por parte del Partido Popular que debemos desterrar completamente de la vida política.
Porque, señorías, el partido político cuya sede central se pagó con dinero negro y en el que todavía no han asumido ni una sola responsabilidad política, ni el señor Casado ni el señor Feijóo, no puede dar lecciones de responsabilidad política a ninguna organización en esta Cámara. Solo pongo dos ejemplos de cómo actúa el Partido Popular: en Baleares, el Partido Popular y Vox unieron sus votos para eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Ahí está la guía, el camino que pretenden seguir. En la Comunidad Valenciana, están desmantelando la agencia antifraude.
Por tanto, ¿dónde queda la preocupación por la corrupción? Es evidente que cuando gobierna el Partido Popular, la corrupción se borra del mapa para que nadie investigue, para que no haya ningún tipo de aclaración, y para que, en definitiva, no se asuma ningún compromiso para combatirla. Porque, señoría del Partido Popular, a ustedes se les llena la boca contra el Gobierno, pero cuando se trata de actuar, siempre miran para otro lado y tapan la corrupción donde gobiernan.
¿Cómo es posible que el señor Moreno Bonilla haya metido en su equipo a los dirigentes del Partido Popular en la Diputación de Almería, cuando desde hace cuatro años están siendo investigados por el caso Mascarillas? No ha habido ninguna explicación, ninguna información convincente de cómo se ha actuado, si es que se ha hecho, por parte del Partido Popular. Y, qué casualidad, no se ha permitido en este caso crear ninguna comisión de investigación en el Parlamento Andaluz. La doble vara de medir a la que estamos acostumbrados en el Partido Popular utiliza su mayoría absoluta en el Senado para crear hasta cinco o seis comisiones de investigación, mientras que en los parlamentos donde gobiernan con mayoría absoluta no permiten ni dar explicaciones ni que se cree una sola comisión de investigación. Esa es la diferencia que tenemos entre unos y otros.
Pero, señorías, la corrupción es una lacra para la democracia, venga de donde venga, y, desgraciadamente, sigue afectando a nuestro país a pesar de los avances de los últimos años. Nuestra posición siempre es clara y contundente: actuamos en consecuencia, con medidas y hechos, para prevenirla y también para actuar cuando se produce.
Gracias, señora presidenta. De conductas delictivas contra particulares, en el año 2022 incorporamos al ordenamiento el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. En el año 2023, regulamos la protección de quienes informan sobre infracciones normativas para garantizar el respaldo institucional a quienes denuncian estas prácticas corruptas. En el año 2024, pusimos en marcha un plan de acción para la democracia que incluye 31 medidas pioneras, la mayoría ya aprobadas y otras en fase avanzada de tramitación parlamentaria, orientadas a reforzar tres aspectos fundamentales: primera, la transparencia; segunda, el pluralismo informativo; y tercera, el derecho a una información veraz.
El pasado mes de julio de este año 2025, el Gobierno asumió el compromiso de ejecutar el primer plan estatal de lucha contra la corrupción que se haya aprobado en la historia de la democracia de nuestro país. Un plan ambicioso que integra propuestas de todos los partidos que lograron la investidura del presidente, así como de la sociedad civil, de organismos internacionales como el GRECO y de la propia Comisión Europea. Este plan contra la corrupción será evaluado externamente por un organismo de prestigio, como es la OCDE, que también medirá los resultados alcanzados.
En relación con los casos que están siendo objeto de investigación y que se vinculan con el departamento que dirijo, me gustaría hacer una petición a los miembros del Partido Popular: dejen de lanzar insidias sobre el trabajo encomiable que realizan miles de empleados públicos, y más concretamente en la SEPI. Sabemos que, con tal de poner zancadillas al Gobierno, son capaces de todo. Pero algún día fueron partido de Estado y, aparentemente, tienen la aspiración de volver a gobernar nuestro país. Por tanto, respeten el trabajo de los tribunales, respeten el trabajo de las empresas públicas y no intenten embarrar su desempeño.
Porque, señorías, la SEPI es un instrumento clave del Estado que contribuye al desarrollo económico y social del país, a la definición de la estrategia industrial, a la recuperación, al fortalecimiento del tejido empresarial y a la autonomía estratégica de nuestro país en un contexto internacional incierto. El buen trabajo de este organismo se avala con cifras. En 2024, el grupo consiguió una cifra de negocios récord de 6.355 millones de euros, un 7,5% más que en el año anterior. La cifra de exportaciones del grupo SEPI alcanzó los 747,2 millones de euros. Igualmente, la evolución de la cartera de valores se encuentra en máximos históricos, situándose en más de 14.000 millones de euros.
Tras tres años consecutivos de beneficios, con más de 219 millones acumulados en el trienio, el año 2024 fue clave para el despliegue de capacidades estratégicas. Este despliegue ha incluido partidas extraordinarias que han llevado a resultados positivos, intentando impulsar el tejido productivo y generando beneficios, lo que ha resultado en un impacto contable global favorable para el conjunto del país. En este año 2024 se realizaron inversiones por importe de 324 millones de euros, lo que representa un 9% más que en el ejercicio anterior. Así que el compromiso de este organismo con la creación de empleo y con el desarrollo sostenible no tiene lugar a dudas.
Hemos producido igualmente un aumento de la plantilla, elevando a 87.100 personas el número de trabajadores en las empresas del entorno de la SEPI. Todo este esfuerzo inversor se orienta hacia un único objetivo: fortalecer la autonomía estratégica y la capacidad industrial en los sectores donde operan las empresas, como son el de la energía, el de la defensa y el de las telecomunicaciones, que van adquiriendo un protagonismo paulatino. En el desarrollo de la misión, la SEPI y las entidades del grupo en las que participa están sujetas al marco jurídico especial por su pertenencia al sector público empresarial.
La existencia de controles implica tanto auditorías internas como externas, las cuales son llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado y las propias Cortes Generales. Por tanto, las cuentas anuales de todas las entidades del Grupo SEPI son auditadas por firmas de auditoría externa y por la propia intervención en relación con el grupo.
Durante el periodo 2021-2025, se han realizado 73 actuaciones de control de la Intervención General del Estado y 72 actuaciones del Tribunal de Cuentas. En lo que respecta a las auditorías internas de SEPI y las empresas del grupo, en el periodo del Gobierno del presidente Sánchez se han llevado a cabo un total de 1.524 auditorías, lo que representa un 10% más de las que se practicaban cuando gobernaba el Partido Popular, y por encima, por supuesto, de las auditorías que se venían realizando durante todo el periodo anterior.
Además, en el año 2023 incorporamos en SEPI una política de cumplimiento normativo en las normas reguladoras del grupo, que da un paso más allá del cumplimiento exclusivamente obligatorio de la legalidad. Nos hemos dotado de un conjunto de herramientas para asegurar los mayores estándares éticos en la gestión diaria. SEPI asume este compromiso y esta metodología a nivel de matriz, con una coordinación de todas las empresas que se encuentran dentro de su rango, incluyendo mapas de riesgo, controles penales y canales de denuncia, todo aquello que nos permita anticiparnos y actuar cuando se produzcan indicios de irregularidades.
Este compromiso ético también se extiende a nuestra relación con terceros. Un ejemplo de ello es el ámbito de operaciones de inversión, donde SEPI incorpora exigencias relacionadas con la honorabilidad comercial y profesional, exigiendo a su vez a las empresas el cumplimiento de los mayores estándares disponibles. Se han incorporado cláusulas que se activan en caso de que alguna empresa incumpla dichas exigencias. Ante el conocimiento de cualquier irregularidad, la empresa debe remediar la situación de inmediato o podría producirse el vencimiento anticipado de la inversión. Estamos hablando de empresas exclusivamente de titularidad privada, y, por tanto, el margen de actuación que tiene SEPI siempre es más limitado.
Estos datos positivos que les he trasladado nos permiten sostener que el papel de las empresas públicas es fundamental para garantizar la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía en todo el Estado. Además, SEPI ha sido un actor clave en el esfuerzo que realizó este Gobierno para paliar las consecuencias de la COVID-19. Por desgracia, en el intento de la derecha de desacreditarlo todo, esta labor también se pone en entredicho.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, conocido como FASE, ha sido un instrumento esencial que ha permitido mantener el empleo y la actividad de empresas que operaban en sectores estratégicos, las cuales recibieron un alto impacto de la crisis económica causada por la pandemia. Este instrumento ha demostrado su utilidad, permitiendo un apoyo temporal para que estas empresas continuaran su actividad. Quiero destacar que este instrumento ha evitado la desaparición de más de 60.000 empleos en nuestro país. Solo a través de SEPI hemos posibilitado que no se despidan a 60.000 trabajadores que hubieran salido a la calle sin trabajo debido al impacto grave de la crisis del COVID-19 en las empresas en las que estaban empleados.
Como no puede ser de otra manera, el Fondo actúa con sometimiento al derecho, en particular al derecho administrativo. La concesión y la denegación de los apoyos han sido fruto de un análisis económico y jurídico que se realiza en un procedimiento técnico bastante prolijo y extenso, desarrollado por personal técnico especializado.
Igualmente, por asesores externos financieros del ámbito legal y también de la materia que nos ocupa. Por tanto, a lo largo de cada expediente se verificaron la concurrencia de los requisitos de elegibilidad establecidos en la norma. Las empresas debían demostrar que eran viables antes de que la crisis ocasionada por la pandemia impactara en su funcionamiento, y que habían sufrido un impacto económico que las colocó en situación de previsible colapso. Tal colapso podría tener un daño estratégico y económico muy importante para la economía y el empleo, y que, además, el apoyo solicitado permitía amortiguar el efecto de la crisis mediante la presentación de un plan que todas las empresas deben tener para recuperar la senda de viabilidad y la devolución de los préstamos, ya que estamos hablando, en todo caso, de préstamos, es decir, dinero que se recupera posteriormente para que cumplieran ese fin.
La evolución de las empresas que recibieron esta ayuda ha sido claramente positiva. A fecha de hoy, podemos comprobar cómo no solo han logrado salir adelante, sino que lo están haciendo incrementando su actividad y facturación, un refuerzo que se debe en parte a las propias exigencias del fondo en cuestiones tan importantes como la transición energética. A diferencia de lo que ocurrió en crisis anteriores, en las que las ayudas concedidas por el Estado nunca fueron devueltas, de las 28 compañías que recibieron ayuda, 10 ya han cancelado la totalidad de los préstamos. Repito, de 28 compañías, 10 han devuelto íntegramente la totalidad de los préstamos, incluso adelantándose al calendario de amortización. De forma que, en este momento, SEPI ya ha recuperado 1.710 millones de euros, es decir, el 63% del total del fondo y de la financiación pública, a la vez que los intereses que había cobrado por esos préstamos que superaban los 320 millones de euros.
Por eso, señorías, cuando se nos llama a esta tribuna para hablar sobre la implicación que han podido tener presuntos casos de corrupción con el trabajo y la actividad que se venía desarrollando en el grupo empresarial SEPI, es conveniente e importante que conozcamos el conjunto de controles y métodos que tiene esta empresa para que las operaciones se puedan desarrollar en la más absoluta legalidad. Pero, sobre todo, lo que llama la atención es que el Partido Popular pida la comparecencia en el día de hoy de la vicepresidenta para un periodo, el del año 21-23, según dicen todos los medios de comunicación, periodo que está investigando la UCO, en el que hacía ya dos años que el presidente de la SEPI, Vicente Fernández, se había marchado de esta compañía. Por tanto, los hechos que investiga la UCO no están paralelos con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en SEPI, sino que ocurrieron, presuntamente, en un periodo que se está analizando entre los años 21 y 23, dos años después de que esto se hubiera producido.
Por tanto, mi presencia hoy aquí es para dar explicaciones y rendir cuentas en unas investigaciones que están calificadas de secreto de sumario, en las que no tenemos más datos que los que se plantean en los propios medios de comunicación. No puedo alcanzar más allá de lo que he comentado anteriormente. Los procedimientos son correctos, el dinero que se dio a las empresas estratégicas se está devolviendo en tiempo y forma, algunos están incluso devolviendo anticipadamente los préstamos, y se ha demostrado que ha sido un instrumento fundamental para que la economía de nuestro país no se impactara en la medida en que cayó dos puntos el PIB debido al confinamiento que nos obligó la situación de la pandemia. Confinamiento que hizo que las empresas, cuya movilidad es el elemento fundamental para su garantía de beneficio, estuvieran hibernadas durante un tiempo, y ahora, con su actividad, creación de empleo y crecimiento, están devolviendo todos esos fondos.
Señoría, a todos nosotros nos repugna que haya personas que puedan utilizar, de una o de otra manera, su situación en el ámbito político para lucrarse económicamente. Pero, desde luego, tenemos que ser capaces de perimetrar de forma clara quiénes tienen que responder ante la justicia y no manchar a las instituciones, porque hasta la fecha no hay ninguna investigación en la que se ponga de manifiesto, al menos por ahora, que haya habido algún expediente que se haya tramitado de forma distinta a la legalidad. Por tanto, tendrán que responder de sus actuaciones aquellas personas que, una vez que salieron de ese ámbito político, presuntamente se habían relacionado con empresas que en este momento están siendo investigadas.
Pero yo sé que todo esto no le sirve de nada al Partido Popular. Sé que el Partido Popular, para lo único que utiliza la corrupción, es para extenderla más allá de aquellos que realmente la protagonizan, para no votar ninguna de las medidas legislativas que pretenden endurecer los controles sobre el destino de los recursos públicos. En ningún momento le interesa lo más mínimo el debate de fondo que hoy aquí pretendemos sustanciar. Esta comparecencia se dirige exclusivamente a intentar deshumanizar a las personas que estamos en la política, manchando nuestro nombre e incrementando las acusaciones sobre falsedades, mentiras y bulos que nada tienen que ver con la realidad, en vez de colaborar con la justicia, como hace este Gobierno, poniéndose a su disposición y exigiendo que paguen los culpables.
Porque, señoría, si efectivamente en algún momento los tribunales, que son los que deben tener la palabra respecto a las conductas ilícitas penales, así lo dictaminan, que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que se hayan apartado de la legalidad. Pero que quede bien claro en esta mi primera intervención que el periodo que se está investigando, donde presuntamente se pueden estar señalando a personas concretas, no fue en ningún caso durante el periodo en que estas personas tuvieron responsabilidades políticas en las instituciones de este Gobierno.
Por tanto, creo que queda muy claro que esta comparecencia y la comisión de investigación que pretenden aprobar solo persiguen el desprestigio y manchar las instituciones, buscando, por lo civil o por lo penal, acabar con un Gobierno que desde el primer día ha trabajado por el bien común y ha estado pensando en el interés general de los ciudadanos. En el minuto cero, cuando alguna persona cercana a nuestro entorno ha sido investigada o ha tenido algún elemento que pudiera separarse de la legalidad, el Partido Socialista actuó con absoluta contundencia, expulsando a esta persona del partido y exigiendo las responsabilidades políticas correspondientes. Insisto, los hechos investigados son dos años después de que esta persona abandonara su responsabilidad, y hemos colaborado desde el minuto uno con la justicia.
El contraste lo tenemos en un Partido Popular que, en este momento, está asistiendo a cientos de casos de corrupción que se están sustanciando en los tribunales, un Partido Popular que nunca asumió responsabilidades políticas, que tapó la corrupción, que destrozó ordenadores a martillazos para que los cuerpos y fuerzas de seguridad no pudieran desarrollar su trabajo, y que incluso quitó al líder de su partido cuando se atrevió a denunciar la corrupción en la Comunidad de Madrid. Este es el contraste entre partidos, porque desgraciadamente, señoría, ninguna formación política está exenta de que pueda haber personas que intenten utilizar su posición para beneficiarse. Lo importante es tener mecanismos que puedan detectarlo; lo importante es prevenirlo.
Que evidentemente respondan ante la justicia y se les pidan las responsabilidades políticas a quienes lo han protagonizado. Esto es lo que tenemos que hacer con un plan de acción por la democracia, que espero que se pueda votar por parte de sus señorías en las distintas leyes que se están tramitando, que nos permiten seguir incrementando controles. Pero también saben ustedes, señorías, que aquellos que son expertos en saltarse cualquier control siempre tienen que responder posteriormente ante los tribunales, que son los únicos que lo pueden juzgar. Por tanto, toda mi disponibilidad para poder responder a aquellas cuestiones que puedan ser de interés, pero desde luego, en el día de hoy no voy a perder de vista que el Partido Popular me trae a esta Cámara sabiendo, como sabe, que no hay ningún tipo de responsabilidad política en la SEPI, al menos en la información conocida. No sé si es que algunos tienen más información del secreto de sumario; desde luego, yo no la tengo. No hay nada achacable a un mal funcionamiento que se pueda trasladarle a la SEPI, y por tanto, lo que tendremos que ver es si los comportamientos de personas concretas, cuando los tribunales los sustancian, han sido delictivos o no. Los procedimientos, los controles, los préstamos, las devoluciones de los préstamos, los cuerpos y fuerzas de seguridad hasta la fecha no lo han puesto en duda, así que defiendo el honor, la profesionalidad y el prestigio de la SEPI, una empresa que es fundamental para el dinamismo económico de nuestro país.
Muchas gracias.
Gracias, señora vicepresidenta. Iniciamos el bloque de portavoces. En primer lugar, le corresponde el uso de la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, a la senadora Caballero.
Gracias, buenos días. Buenos días, señora ministra. Usted ha sido hoy llamada al Senado para rendir cuentas de los casos de corrupción que se están investigando en el entorno de sus responsabilidades. No es un tema menor, como usted ha querido hacer ver, ni responde a una confabulación de las derechas, como siempre dicen, contra usted y contra el Gobierno. Es la respuesta a unos hechos concretos que se están dando en el entorno de su ministerio y protagonizados por las personas más cercanas y de mayor confianza que usted tenía, por mucho que quiera ponerse hoy de perfil. Su comparecencia es la consecuencia de la situación en la que se encuentra este Gobierno, del que usted, por cierto, es la número dos, un Gobierno asolado por los casos de corrupción, noqueado y dando tumbos solo y exclusivamente para tapar y tratar de mantenerse.
Esperaba más de usted, la verdad. Esperaba al menos alguna explicación. ¿Se queja usted de que pedir su comparecencia es llevar al descrédito las instituciones? Justo lo contrario de lo que piensa la mayoría de los españoles. Quienes están llevando al descrédito las instituciones son precisamente ustedes, el Gobierno, con sus tejes y manejes y con todo lo que estamos conociendo.
Usted ha demostrado ser muy rápida en otras ocasiones y versátil para pasar de poner las manos en el fuego, como hizo por Santos Cerdán, por su honradez, con su entera confianza, a cambiar inmediatamente de discurso y decir que ya no pertenecía al Partido Socialista y que usted ya no hablaba, no tenía nada que opinar. O cuando con su jefe de gabinete, hoy investigado también en la trama de corrupción, que usted en esta Cámara también puso la mano en el fuego por él. Un investigado ha tenido que comparecer y aquí vino y no habló.
Bien, ya hablaremos, señora ministra. Ya rebatirá. Dijo que no conocía al Dama, pero al minuto siguiente también reconoció que estuvo en el cumpleaños que organizó el Dama, el de José Luis Ábalos. Y sobre las denuncias a Paco Salazar, también le están diciendo que las está tapando, y no lo está diciendo la derecha, lo está diciendo una periodista que afirmó que tanto usted como Alegría fueron dos de las dirigentes que, cuando el Diario.es publicó las primeras denuncias en junio, participaron en la caza de brujas que se desató en Moncloa y en Ferraz en busca de quienes eran las denunciantes.
¿Por qué protegía a Salazar? ¿Era algún silencio también que quería comprar? Hoy tenía usted una oportunidad estupenda para explicar cuál ha sido su papel y conocimiento en todas estas cuestiones, como en el cobro de las comisiones.
Que giraban en sus más directos colaboradores. Usted aquí solo quería hablar de su libro, que no se lo compra nadie, y no responder a lo que nos preocupa. Yo le voy a pedir en el siguiente turno que me responda, en relación con Vicente Fernández Guerrero, si cuando lo apartó de la presidencia de la SEPI por estar investigado, le permitió que la dirigiese en la sombra con el vicepresidente, señor Lora. También que nos explique cómo pudo acabar contratado en la empresa de Servinavar, si tuvo usted algo que ver, si se lo pidió usted al señor Cerdán. Esa empresa ya sabemos que es la que pagaba el alquiler de la casa del señor Cerdán, su amigo, por cierto, y que pagaba los sueldos de los miembros de su familia, trabajasen o no. ¿Cuándo se enteró usted de todo esto? Y si sabía usted también los delitos que están siendo investigados, que han salpicado en el caso Ley, que incluyen prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal por la gestión de contratos públicos y ayudas por un valor de más de 130 millones de euros entre el 21 y el 23.
El núcleo de lo que los investigadores tratan de acreditar es si Vicente Fernández participó en un sistema de cobro de comisiones o beneficios a cambio de influir en los contratos públicos y operaciones en las empresas participadas o del entorno del Estado. En definitiva, señora ministra, aunque usted quiera escaparse, ha tenido que pasar la vergüenza de ver cómo la UCO ha entrado en su ministerio y en varias de las empresas que son parte de la SEPI por esos supuestos cobros de comisiones. Todos son nombres coincidentes, empezando por Mariano Moreno, socialista muy amigo del presidente, responsable último de los pagos en sobres a Ábalos y Coldo, que casualmente al cesar Ábalos los sacan de Ferraz y los llevan a Enusa, donde también llevaron a Leire Díez, la que hacía chamas precisamente con Vicente Fernández.
Mire, señora ministra, después en el siguiente turno le preguntaré por los rescates de las líneas de Europa y Plus Ultra, pero podía haber aclarado usted en su intervención qué papel tuvo el señor Sánchez en esto, qué papel tuvo Zapatero en la de Plus Ultra. Todo esto, por mucho que usted se empeñe en tapar y en criticar y en echar balones fuera, está girando a su alrededor. Usted, señora Montero, es el mejor soldado que tiene Sánchez. De momento, se ha quemado solo las manos por su gente, pero sabe usted que en su siguiente destino es posible que se queme entera. Muchas gracias.
A continuación, y compartiendo tiempo, le corresponde el uso de la palabra al senador Gordillo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora Montero, entonces usted no sabía nada de nada. Nada en la SEPI se movía sin su conocimiento, sin su consentimiento ni, por supuesto, el consentimiento del presidente del Gobierno, señora Montero. Por eso, VOX ha vuelto a personarse como acusación popular en la causa judicial abierta por las ayudas públicas otorgadas a Plus Ultra. Esta vez sabemos con más certeza que el expresidente Zapatero y su entorno tienen un papel determinante en esta operación. ¿A cuento de qué, señora Montero, un expresidente del Gobierno de España se dedica a presionar a ministros y altos cargos para activar una ayuda a una aerolínea de capital venezolano que representaba el 0,03% de los vuelos nacionales y que no había dado beneficios desde su fundación en 2011? ¿Qué hacía el amigo de Delcy y de los narcochavistas metido en estos enjuagues? Es evidente que el presidente es uno de los artífices de las tramas que sobrevuelan al Partido Socialista.
A menos que tengamos una ministra de Hacienda y un presidente del Gobierno con grandes deficiencias para captar lo que sucede a su alrededor, señora Montero, es imposible que esto se haya dado sin su conocimiento o con su visto bueno. Porque, señorías, ¿quién dirige al Partido Socialista? Uno de los miembros de la llamada banda del Peugeot, ese grupo que recorrió España presuntamente financiado con dinero proveniente de la prostitución, y cuyo jefe es el único que por ahora se ha escapado de la acción de la justicia. Pero mire, vayamos a la SEPI. No a los trabajadores de la SEPI, señora Montero, a quien quiere usted echar la responsabilidad, sino a ustedes, al señor Sánchez y a usted. Son los primeros responsables de este escándalo de dimensiones que aún están por esclarecer, porque la investigación se va a extender a más adjudicaciones. Ustedes tienen una responsabilidad política esencial en todo lo que está descubriendo y en todo lo que está investigando la UCO. La UCO detuvo el pasado 10 de diciembre a la exmilitante socialista Leire Díez.
Al expresidente socialista de la SEPI, Vicente Fernández, y al socio del exsecretario de la organización socialista llamada PSOE, Santos Cerdán, el empresario Anchón Alonso, quienes son, por ahora, señora ministra, los principales investigados en la causa que, al conformar un grupo llamado IROC, se organizaban, al parecer, adjudicaciones a cambio de mordidas. Esto se hizo, señora Montero, con conocimiento de ustedes, porque es imposible que una trama de esta envergadura se lleve a cabo sin que ustedes se enteraran. Y si no se enteraron, también mal, porque su obligación es conocer lo que se hace en las instituciones que ustedes controlan o deberían controlar.
Por lo tanto, son personas situadas por ustedes en la estructura directiva de la SEPI, el expresidente y la señora Leire Díaz. La vinculación del señor Anchón Alonso con ustedes es evidente. Esto se trata de un uso político de un organismo estratégico, dependiente jerárquicamente de Hacienda, es decir, de usted, en el que los controles o fallaron o fueron deliberadamente debilitados, y en el que personas de confianza política ocuparon puestos clave. La responsabilidad política, señora Montero, nace de la cadena administrativa, y eso lo sabe usted.
Señorías, ustedes gobiernan contra los españoles. Mire, personas componentes de los gobiernos de Sánchez, del partido de Sánchez y de la familia de Sánchez han hecho del Estado su negocio particular, sostenidos por redes clientelares, cargos cruzados y silencios comprados. No lo decimos solo desde esta bancada, es que ya se ha instalado en el imaginario público, se oye en la calle: nos gobierna una mafia. Y todo esto tiene un responsable público, el presidente del Gobierno, que se ha adueñado del poder y ha colonizado las instituciones, con la colaboración de ustedes, la bancada del Partido Popular, y que se ha atrincherado en el cargo.
Señorías, políticamente ustedes ya lo están pagando, y el primer plazo ha sido en Extremadura, lo saben perfectamente. Lo he repetido en multitud de ocasiones: el señor Sánchez les arrastrará a todos ustedes en su caída, y ya les está arrastrando. A las pruebas me remito. El señor Sánchez no puede seguir ni un día más como presidente del Gobierno, ni usted como ministra de Hacienda, señora Montero. Es una razón democrática elemental. Un Gobierno no puede estar bajo una sospecha judicial permanente, sin asumir responsabilidades, atacando a los jueces y utilizando al Estado para protegerse. Han perdido ustedes toda legitimidad para gobernar.
Por lo tanto, poco me queda por decir, sino a la bancada del Partido Popular. Reunirse con un sátrapa, a quien ustedes mismos han descrito como jefe de una organización mafiosa, no es respeto institucional, es simplemente reunirse con el jefe de una mafia que hace mucho que dejó de respetar a España y de respetarse a sí mismo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gordillo.
Grupo de Izquierda Confederal, ¿desea su grupo adicionar los tiempos de ambos turnos? Muy bien. En primer lugar, por el Grupo de Izquierda Confederal, senadora Barcos. Gracias, presidente. La vicepresidenta nos ha hecho un relato con afirmaciones que compartimos. La corrupción es un elemento que permite claramente el avance de la corrupción. Ha hablado de la actitud de su gobierno y de su partido firme frente a la corrupción, apartando a los responsables y colaborando con la justicia. Ha hecho una exposición de comparación con otros momentos del Partido Popular.
Yo creo que ahí nos equivocamos si entramos en el "y tú más". Hay un elemento descriptivo bien claro. Ha hablado a los quince minutos de su intervención, ha citado a la SEPI y lo ha hecho para darnos una clase casi académica sobre cuáles son las funciones de la SEPI y cuál es el desarrollo de la sociedad. No vale desde esta tribuna mirar casi como pasmados, con una mirada ensimismada, a lo que en la calle está haciendo un daño real y profundo en la sociedad, como son los casos de corrupción.
Esto se produce siempre, pero somos capaces de combatir la relación de las instituciones con ella o nos estaremos equivocando. No hay nada que haga más daño a la democracia y, desde luego, nada que abone mejor el crecimiento de la ultraderecha que mirar de reojo esos casos de corrupción. Sí ha pasado, sí está pasando, y más allá de que la oposición no busque tanto restañar el martirologio de las...