Comunidades Autónomas - Principado de Asturias - 22 de enero de 2026

Perdón, se abre la sesión. Buenos días, señorías. Ruego comuniquen si hay sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario VOX. Sí, buenos días. Álvaro Herruco sustituye al diputado Gonzalo Centeno Martín. Gracias. Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, no hay sustitución. Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, no hay sustitución. Gracias. De acuerdo con el listado de comparecientes aprobado por la comisión y con el calendario señalado por su mesa, ha sido citado para las nueve horas del día de hoy don Mauro Rodríguez Piedra, en su condición actual o pasada de exdirector general de Industria y Minería. Por favor, que los servicios de la Cámara procedan a llamar al compareciente. Se hace constar que el señor Rodríguez Piedra está presente. Buenos días, señor Rodríguez. A continuación, la letrada dará lectura a los derechos y eventuales responsabilidades del compareciente. De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Junta General, el compareciente tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la Mesa de la Comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y la causa de la presunta vulneración. La presente comparecencia se efectúa bajo los apercibimientos ordenados en el artículo 502.1 en relación con el artículo 556, y en el artículo 502.3, todos ellos del Código Penal, así como en los artículos 76 y 78 del Reglamento de la Junta General. Según el artículo 502.1 del Código Penal, los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaran de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. El artículo 556 del Código Penal establece que serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada debidamente identificado que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo 502.3 del Código Penal indica que el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. El artículo 76 del Reglamento de la Junta General establece que al inicio de la comparecencia se advertirá al convocado de la sanción que el Código Penal establece para quien falte a la verdad en su testimonio y se hará indicación expresa de los derechos que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores, tiene el compareciente. Por último, el artículo 78 del Reglamento de la Junta General señala que de las incomparecencias injustificadas o presuntos falsos testimonios apreciados por la Comisión, la mesa de la Comisión, a través del presidente de la Cámara, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda.

Artículo 71.4 del Reglamento de la Junta General. El dictamen aprobado por el Pleno y los votos particulares se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta General y serán comunicados por el presidente de la Cámara al Consejo de Gobierno. Y si el dictamen aprobado así lo indicase, se trasladará al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. En todo caso, el dictamen y los votos particulares serán comunicados a quienes aparezcan citados en él o en ellos. Muchas gracias, letrada. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma al compareciente, ha sido requerido para que, en su condición actual o pasada de exdirector general de Industria y Minería, preste testimonio ante la Comisión de Investigación al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Zarreu, en Degaña, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo y forma al compareciente, tiene la posibilidad, si así lo desea, de efectuar una exposición previa por tiempo no superior a diez minutos. A continuación, los miembros de la Comisión podrán formularle preguntas por tiempo de treinta minutos por grupo parlamentario, en orden de menor a mayor, salvo el grupo parlamentario mixto, cuyos miembros formularán sus preguntas en último lugar. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea el compareciente hacer una exposición previa? Pues cuando quiera, por tiempo de diez minutos. Hola, buenos días, señorías. Durante estos diez minutos, mi intención es explicar mi experiencia dentro de la Administración y contextualizar un poco mis funciones precisas como director general en el tiempo que estuve. Básicamente, mi formación es la de ingeniero industrial. Tengo además el título de técnico superior en prevención de riesgos laborales en las tres especialidades. En el año 2007 accedí como funcionario interino a la sección de instalaciones adscrita al Servicio de Fluidos y Metrología de la Dirección General de Industria en aquella fecha. Mis funciones allí estaban relacionadas con la gestión de expedientes de instalaciones de climatización, calefacción, refrigeración, instalaciones radiactivas, todo lo relacionado siempre con seguridad y tramitación administrativa. Realicé funciones de inspección, funciones de divulgación y participé en foros y en todas las ponencias a las que se me llamó. En noviembre de 2019 accedí al puesto de funcionario de carrera dentro de la misma sección de instalaciones, actualmente esa es la plaza en propiedad que ostento como funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. En septiembre de 2020 fui nombrado en comisión de servicio jefe de la sección de reactivación y transición energética. Esa sección dependía del servicio de energías renovables y eficiencia energética, adscrito a la dirección general de energía y minería. Posteriormente, en febrero de 2025, fui nombrado director general de Industria y Minería, en el cual estuve dos meses. Después, volví a mi plaza base, aunque no llegué a tomar posesión allí, y tomé posesión en comisión de servicio como jefe de servicio de calidad del aire y cambio climático. Esa plaza fue modificada en la reciente reestructuración de la consejería, obteniendo la plaza de Jefe de Servicio de Gestión, Planificación y Promoción Ambiental. Quería reseñar un poco los dos meses como director general, centrándome en los hechos acaecidos el 31 de marzo. A primera hora de la mañana se me comunica el accidente, me lo comunica el jefe de la sección de seguridad minera, el señor Vázquez. Se decidió que ellos se desplazaban hasta Cerredo; yo también me desplacé y fui el primero en llegar. En ese momento, todavía no habían finalizado los trabajos de rescate. Estuve acompañando a los alcaldes presentes y a las familias que aún desconocían lo que había sucedido. Posteriormente, estuve allí en la mina hasta última hora, hasta las cuatro o cinco de la tarde. Recibí a los técnicos cuando regresaron de la inspección y, desde ese día, prácticamente durante un mes, me dediqué a revisar toda la documentación que había, recopilar la información, analizarla e intentar contestar a las preguntas que se formularon en la Junta. Debo mencionar que hubo una fecha que generó mucho debate, que fue la del inicio del expediente, que mencionó la señora consejera, el señor Díaz Aguado.

En la Junta se la di yo, es decir, fui la persona que dio esa fecha. Luego me preguntan y puedo explicar perfectamente por qué di esa fecha. También fui la persona que abrió el famoso correo electrónico que se ha comentado en numerosas ocasiones acerca de las denuncias previas y los correos que se presentaron. A partir de ahí, cualquier pregunta que me quieran hacer, dentro de mis conocimientos y de lo que yo pude ver en ese tiempo, será un placer contestarles. Gracias, señor Rodríguez. Se abre el turno de preguntas. Comienza el Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida-Más País. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Rodríguez, por su presencia en esta comisión y también por su intervención previa. Además, comentaba con un diputado de esta comisión que no le hemos dejado ni los cien días de cortesía que se suele otorgar en estos casos, siendo usted el director general de Minería. Por tanto, le haré muy pocas preguntas. Mire, usted firma, por lo que veo, el inicio del expediente sancionador que se propone después del accidente del 31 de marzo de 2025, ¿verdad? Disculpe, exactamente no firmo el inicio. Lo que hago es la propuesta en relación con la documentación y el acta de inspección que se levantó. Hago la propuesta de inicio, sí. En ella aparecen varias propuestas de infracción, una de ellas una infracción grave a Blusolving por la explotación de recursos mineros, cualquiera que sea su clasificación, sin que previamente se haya obtenido la preceptiva autorización. ¿Usted entiende que en toda la explotación de Cerredo estaba prohibida la extracción de mineral? Las autorizaciones administrativas que tenían le impedían extraer mineral en esa fecha. En el piso tercero, lo único que tenían era una autorización administrativa para labores de limpieza y desimplantación, y en el piso primero, que no fue donde se produjo el accidente y no tenía nada que ver con el tercero, tenían una autorización para realizar un proyecto de investigación complementaria en el cual se les prohibía expresamente la venta del carbón, permitiéndose únicamente la realización de pruebas industriales. La autorización estaba dada, pero no era válida hasta que no se hubiese presentado el plan de labores. Por lo tanto, no tenían ninguna autorización para extraer carbón. La propuesta de ese expediente sancionador se realizó el 3 de abril, tres días después del accidente. Le agradezco la agilidad en el proceso. ¿Usted se reunió en algún momento con alguien de la empresa, con el empresario, con directores facultativos o con algún empleado? No, no conocí a nadie. Solo conocí al señor Casillas en la mina, en la puerta de la boca mina, y me choqué de frente con él, de hecho, no sabía quién era. No tuve tiempo de conocer a nadie. Y solo una última pregunta, porque usted lo ha comentado en su exposición previa. ¿Nos puede contar un poco sobre el asunto del famoso correo electrónico con las denuncias? ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo llega? Bueno, el día 2, perdón, el día 1, al día siguiente, la señora consejera, la señora Díaz Aguado en su momento, me llamó diciéndome que había un correo, preguntando dónde estaba ese correo. Hice consultas a todo el personal de la Dirección General del Servicio de Minas, preguntando dónde estaba ese correo, y nadie sabía nada. Pregunté a la entonces consejera a dónde había llegado ese correo. Me comentó que había sido enviado desde el Servicio de Atención Ciudadana a una cuenta genérica de correo que creo recordar que es [email protected]. Pregunté en el servicio de Minas por esa cuenta, y lo que se me trasladó fue que esa cuenta se había utilizado durante el COVID, ya que no existían registros presenciales. Era una cuenta corporativa, y en el momento del traslado, teníamos una versión local de Outlook. Cuando se cambió a webmail, el jefe de servicio, que era quien tenía acceso a esa cuenta, había perdido el acceso y no sabía cómo acceder. En ese momento, me puse en contacto con el CGI y abrí una incidencia para acelerar el acceso a esa cuenta. Llamé al director general de informática, el señor Javier, y me dieron acceso. Creo que entre una cosa y otra, pudo tardar un día. Ese día abrí la cuenta y encontré cerca de 40 correos que no tenían nada que ver con la mina.

Uno del 17 de octubre de 2023 y otro del mismo día 1. Decía más o menos lo mismo, reiteraba lo mismo, alguna precisión más, pero poco más. En ese momento, lo comentamos internamente la directora y el personal de la consejería, y se dio traslado a la Guardia Civil. Eso fue lo que pasó. Muchas gracias por su explicación y no vamos a formular más preguntas. Muchas gracias por su presencia en esta comisión. Gracias, señor González Vegas. Es el turno del Grupo Parlamentario VOX. Sí, gracias. Buenos días, señor Piedrara. Vamos a empezar a preguntarle. Mire, usted tomó posesión como director general de Energía y Minería el 21 de febrero del 2025, hasta el 2 de mayo del 2025, ¿no es así? Cuando tomó posesión, ¿recibió usted algún informe sobre el estado de explotaciones mineras en el suroccidente, especialmente en aquellas con historial irregular? No, ninguno, ¿no? Y eran prioritarias otras cuestiones, como, por ejemplo, los proyectos de restauración de pasivos ambientales desarrollados por Tragsa. Bueno, desde el punto de vista de la dirección general, realmente esos temas eran importantes, pero no eran prioritarios. Estábamos trabajando, sobre todo, en Bruselas, en el tema del plan del acero, con el despliegue del Fondo de Transición Justa. La minería, en principio, desde mi punto de vista, no era algo que fuese prioritario en ese momento. No había ninguna polémica, nada que diese a entender que hubiese un problema. Al menos, esa era la sensación que tenía yo. Habló en su exposición del día del accidente sobre que le había tocado revisar toda la documentación, analizarla también y contestar alguna pregunta. ¿Qué información recibió en las horas y días inmediatos sobre la actividad real del accidente? Es decir, inicios de actividad ilegal, por ejemplo, ¿recibió usted alguna información? Yo recibí la información, básicamente, la que recopilé en los expedientes. Me dediqué a recopilar toda la información, tanto en registros de entrada como en expedientes que hubiese en la consejería. Recabé las opiniones de los técnicos que estuvieron en la mina y que realizaron la inspección el día del accidente. Escuché las conversaciones de los jefes de servicio y jefes de sección, pero en ningún momento se dio a entender que hubiese un problema. Después del accidente, se entendía que lo que allí no estaban haciendo para lo que tenían autorización, supuestamente, era retirar material. No se habló de si había alguna problemática. ¿Puede desarrollarnos un poco esa información que recibió o es solamente lo que nos dice? Bueno, básicamente son los expedientes que creo que ya tienen en su poder. Revisar cuándo se presentaron, quién los presentó, qué documentación había, por qué había ciertos datos que podían inducir a duda, por ejemplo, la fecha de inicio del expediente y poco más. Soy conocedor de lo que se comentó en la Comisión de Seguridad Minera, conozco las declaraciones de los inspectores que estuvieron allí, que como sabe, está todo tramitado ahora mismo en sede judicial, y poco más. ¿Participó usted en visitas iniciales o en coordinación con brigadas de salvamento o con algún inspector? No, no, yo coordiné la salida de los técnicos hacia Cerredo, pero una vez allí, los profesionales son ellos, la brigada de seguridad minera tiene conocimientos más que de sobra, y yo poco podía aportar. Bien. De lo que participó, que usted dice que fue poco, ¿preguntó sobre detalles que allí había visto? En la mina escuché el testimonio, les pregunté a los técnicos qué tal habían estado, habían estado bastante tiempo, es una situación dura. Los detalles, insisto, de la inspección son los que todo el mundo ya sabe que son públicos, los huecos, lo que había, pero más allá de eso, no tengo información. Así fue usted a la Comisión de Seguridad Minera tras su nombramiento por la señora Belarmina, que fue el 3 de abril del 2025. En esa comisión se menciona un amplio debate, ¿qué cuestiones se debatieron tan ampliamente? ¿Y puede detallar su intervención o posición en ese debate? No, bueno, se comentó lo mismo que yo le acabo de decir, los inspectores comentaron lo que había, se comentaron los detalles de la actuación que realizó la brigada minera, las posibles consecuencias que había.

Lo que ya se había hablado en otras comisiones acerca de la empresa y demás, pero básicamente, los primeros días, con todo el respeto, fueron lo que se pudo hacer con las mejores intenciones. La sensación que tuve fue que nadie se esperaba nada parecido y que, insisto, fue una situación muy complicada para la gente del servicio de minas. Poco más se puede añadir. A medida que pasaba el tiempo, pude recopilar más información, ya que tuve acceso a documentos y expedientes, lo que me permitió tener una visión más clara del accidente, lo que se había hecho y lo que no se había hecho. Durante esos días, no sé cuántas preguntas parlamentarias se recibieron, pero si fueron 40, hubo que trabajar intensamente para recopilar toda la información en una semana. Entiendo la situación, pero nuestra pregunta es porque se decía que había un amplio debate por parte de los miembros de la comisión. Creo que eso es una anotación que se pudo incluir, ya que es un debate donde todas las personas preguntan y exponen sus opiniones sobre el accidente. El 3 de abril se firmó un expediente sancionador contra Blue Solving. Esta ejecución se realizó a la vista de los informes de la Brigada de Salvamento y las primeras diligencias judiciales, y se abrió en base al acta de inspección realizada por el actuario de Minas y el técnico que lo acompañó. No es el resultado de un acuerdo de la Comisión. Nos llama la atención que el accidente ocurrió el 31 de marzo y la incoación fue el 3 de abril, por lo que resulta sorprendente. La Comisión Especial de Blue Solving del 14 de abril destacó la necesidad de analizar la secuencia de actuaciones y establecer un procedimiento consensuado para recabar información conforme a unos informes. ¿Tuvo usted participación activa en ello? ¿Quedó en manos del servicio de minas o de su sucesor? Lo que se acordó fue lo que estamos haciendo, que es esclarecer qué sucedió en el accidente y determinar medidas que impidan que esto vuelva a suceder. Uno de los trabajos más importantes es recopilar toda la información técnica y documental que existe en el servicio. Piense que una sanción no se impone porque a alguien le apetezca, sino que está totalmente regulada y debe estar fundamentada. Para fundamentar, hay que recopilar toda la información necesaria. No es sencillo demostrar que una persona o entidad jurídica está cometiendo una extracción ilegal o actuaciones que están fuera del ámbito de la salud. Básicamente, lo que se hizo fue recopilar, estructurar y analizar toda la información. Mis sucesores continuaron con el trabajo. En cuanto a las denuncias de Special Sands y Promining, ¿cómo se explica esta diferencia cronológica y de plazos? Parece que se actuaba a dos velocidades. ¿Qué factores pueden influir en esta diferencia en la presentación o en la tramitación? En mi opinión, no sé exactamente por qué, pero sé que las dos denuncias llegaron con una diferencia de siete días. Una de ellas corresponde a una mina que está en activo, donde hay un inspector que realiza visitas regulares, ya que hay un volumen significativo de trabajadores. Se solicitó documentación y se llevó a cabo una inspección, lo cual era habitual. La otra mina, en teoría, estaba a punto de finalizar su autorización administrativa, que acababa el día 11 de ese mes.

Se le dio traslado de la denuncia, como se suele hacer a todas las personas, y se le requirió documentación para que acreditase lo que estaba haciendo. Luego, si no recuerdo mal, después del accidente ya se empezaron a hacer más inspecciones. Básicamente, la situación, tanto administrativa como técnica, de las dos minas es distinta. En una hay un volumen de trabajadores importante, mientras que en la otra, en teoría, no debería haber nada, o debería haber muy poca gente extrayendo chatarra. Agradezco sus respuestas y me gustaría que, si es tan amable, nos diera su opinión sobre en qué medida su experiencia en temas de prevención de riesgos y transición energética le sirvió para dirigir la industria y minería, un área con alta siniestralidad. Las competencias en materia de seguridad en el trabajo no corresponden, en general, a la Dirección General de Industria ni de Minería. Es cierto que el Servicio de Minas tiene competencias en esta materia. Sin embargo, las funciones de un director general no incluyen la revisión de expedientes ni el análisis de evaluaciones de riesgo. En mi humilde opinión, tengo conocimientos sobre cómo funcionaba la administración desde dentro, ya que llevo dieciocho años en ella. He trabajado en el sector relacionado con la transición justa y he participado en cientos de reuniones y jornadas sobre transición energética, energía e industria, lo que me ha facilitado adquirir conocimientos técnicos tanto de ingeniería como de seguridad. Si tengo que enfrentarme a un proyecto, puedo hacerlo. Hay aspectos que, evidentemente, no conoceré, porque nadie sabe de todas las temáticas, pero la formación técnica ayuda a entender lo que se está tratando y a manejar la documentación, así como el Boletín Oficial del Estado y el BOPA, que son habituales para mí. Gracias, no tengo más preguntas. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Rodríguez. La primera cuestión se refiere a su trayectoria profesional. Antes de ser director general de Industria, ¿era usted jefe de sección de energía? No, era jefe de sección de reactivación y transición energética. Ese área dependía de la Dirección General de Minería y Energía, específicamente del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que está adscrito a la Dirección General de Energía y Minería. ¿Desde cuándo trabaja usted en departamentos que dependan de la Dirección General de Energía y Minería, dirigida por doña Belén Medina Díaz? Desde octubre o noviembre de 2020. Comentó anteriormente que al tomar posesión del cargo no le trasladaron ningún informe de situación sobre la minería en concreto. ¿Le hicieron alguna consideración verbal o comentario sobre alguna problemática específica o algún expediente significativo que estuviera en trámite? Que yo recuerde, estuve cuatro años trabajando al lado de la directora general de Energía y Minería, y ella era la consejera, por lo que tampoco hubo un traslado formal de información, ya que podía consultarle cualquier duda en el momento. En cuanto al traslado de competencias del señor Pola, me reuní con él y me comentó lo que había desde el punto de vista de la Consejería de Industria. La entonces directora general me explicó cómo funcionaba el servicio de minas, que más o menos ya conocía. Si tengo algún tema relacionado con la minería, hablamos sobre los convenios de transición justa, la asociación de comarcas mineras y los proyectos de restauración, ya que había hitos que debían cumplirse. Sin embargo, sobre la situación específica de esas dos minas o de la minería en concreto, no. La minería ha dejado de ser minería energética; el cultivo del carbón en Asturias ya no existe desde 2018.

Estábamos centrándonos en otro tipo de minería, metálica sobre todo, y esos fueron los comentarios que tuvimos. Se había elaborado en su día la estrategia de materias primas y se acababa de aprobar el reglamento de Critical Raw Materials Act, referente a las materias primas críticas para la Unión Europea. De eso sí hablamos, pero en concreto sobre la minería y este tipo de actividades, no. Bueno, es que como antes se comentó, la restauración medioambiental de Cerredo no parecía que tuviera ninguna problemática específica. Sin embargo, acabo de entender que, entre otras cosas de las que se hablaron, no sé si lo discutió con quien le nombró o con el anterior viceconsejero, sí que surgió el proceso de restauración, que tampoco sería raro que usted lo conociera, dado que está vinculado a la transición justa. A ver, yo conocía, estuve en toda la tramitación de la solicitud de esos proyectos, de las ayudas para esos proyectos. Eran tres proyectos que representaban, si no recuerdo mal, cerca de 100 millones de euros, no sé si son 98 o 108, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero conllevaban un trabajo importante en cuanto a seguimiento y en cuanto a hitos de certificaciones que hay que realizar. Más allá de eso, y tampoco fue una conversación formal, son cosas que se van hablando sobre la marcha, porque, como he dicho, trabajaba con la directora y llevaba cuatro años de continuo en ello. No era lo habitual, no había nada reseñable que fuese más importante o menos importante, sino que la temática en ese momento estaba más candente, especialmente desde un punto de vista presupuestario, ya que había que realizar la ejecución presupuestaria de esos tres proyectos. No de Cerredo en concreto, estábamos hablando de Tormaleo, Buseiro y Cerredo. Bien, ¿y tampoco le comentó ningún jefe de servicio, después de su toma de posesión, la situación de expedientes sancionadores que hubiera, ya no digo los anteriores, sino en curso, aunque estuvieran suspendidos? Bueno, expedientes de relativa gravedad. No, respecto a los expedientes, no desconozco el número total que se pueden gestionar en la Dirección General de Industria y Minería, pero los jefes de servicio generalmente tratan aquellos expedientes o circunstancias. Muchas veces no son expedientes, sino que el ministerio está trabajando en esto; el trabajo administrativo puro y duro que realizan los trabajadores de los servicios. Por lo tanto, el director llega con poca información. Si hay un caso concreto que requiere atención, en este ámbito de la minería, yo le puedo decir que revisé todos los expedientes de arriba abajo, pero fue a posteriori, no a priori. Comentó antes que, en esa reunión de la Comisión de Seguridad Minera, la primera después del siniestro, se habló de algunas cuestiones sobre las circunstancias de la empresa. ¿Cuáles eran esas circunstancias de las que se habló, si lo recuerda? Exactamente no, pero yo recuerdo que se comentó que era la empresa que había tenido un accidente en 2022. Se habló de la actuación de los actores de minas, porque estaban en el centro de atención en ese momento. Se les dio respaldo y se mencionó el buen trabajo que realizaban, pero, aparentemente, lo que había sucedido se debía a un desprecio absoluto a la seguridad. Una empresa que actúe de esa manera no puede considerarse como una empresa minera solvente. No se preocupe por la solvencia económica y técnica, que creo que ya ha sido suficientemente debatido. Sin embargo, entiendo que en esa reunión sí se harían o recordarían valoraciones sobre esta empresa y otras que habían surgido precisamente a raíz del accidente del 22. No recuerdo si se utilizaron los mismos términos que en las anteriores comisiones, pero, evidentemente, existía una preocupación acerca de lo que había sucedido, que ocurrió el 31 de marzo del año pasado. ¿Conoce usted al señor Jesús Rodríguez Morán? ¿Al señor José Antonio Rodríguez Casillas, coincidió con él en alguna ocasión? Lo vi en la bocamina el día del...

Tampoco conoce a ningún otro director facultativo ni a ningún representante de Blue Solving ni de Combine, ni mantuvo ningún tipo de reunión. Voy a pedirle una opinión. Después de la experiencia y de haber conocido el contenido de todos esos expedientes, usted pudo observar que dentro de ellos había un reconocimiento de un entramado familiar, un reconocimiento propio de formar parte de un grupo empresarial. Recuerdo haberlo visto. Entre toda la documentación, cuando se hizo la transmisión de derechos mineros de CEMAL a COMBAY, se menciona que por razones estructurales de la empresa se tiene la intención de ceder a una empresa, aunque no se especifica si es del grupo en ese documento que se llama Blue Solving. Más adelante, creo que es en la tramitación del PIC, hay un párrafo donde se dice que Carbones La Vega, COMBAY y Blue Solving forman parte de un grupo empresarial. También debo señalar, no es por disculpar a nadie, pero he revisado muchos expedientes como técnico en la administración y, generalmente, vamos a lo que nos interesa. Puedo entender que, dentro de toda la documentación, a un técnico se le hubiese podido pasar. Yo, que leí todos los expedientes y archivos que pude, sí lo vi. Si lo vio usted, ¿no le extraña que sus predecesores o quienes tramitaron los expedientes en aquel momento, dado el precedente del accidente del 22, no hubieran observado esa circunstancia o no la hubieran tenido en cuenta? Mi opinión es que es posible que no lo vieran. Insisto, en la tramitación de un expediente administrativo, ustedes tienen acceso a las fichas de servicio, donde pueden haber cientos de documentos y varios expedientes relacionados. Un técnico revisa que se cumplan las medidas de seguridad y la ley de minas, y es probable, seguro, que se le hubiese pasado. Luego, la revisión jurídica que se hace, supongo que se revisarán escrituras, identificación, impuestos. Pero leer la propia solicitud o los antecedentes de un proyecto, muy pocas veces se hace, o al menos esa es mi opinión personal. No se lee el proyecto completo, solo la parte técnica que se valora. Soy ingeniero industrial o ingeniero de minas, y muchas veces no sé si estaba en el proyecto la documentación técnica; estaba en la instancia, que es una solicitud de seis o siete páginas, donde al final dice "solicito esto y esto y esto". Pero no se lee todo. Insisto, ustedes han tenido acceso a los expedientes y creo que son conscientes de la cantidad ingente de documentación y texto. Este expediente, todos los que estamos aquí, lo hemos revisado de distinta forma por lo que sucedió. En un trámite administrativo normal, los funcionarios generalmente tenemos encima de la mesa un número considerable de expedientes que optimizamos en tiempo y recursos, es decir, vamos a lo más importante. Si estoy revisando un expediente de seguridad industrial, miro directamente las medidas de seguridad que deben aplicarse conforme a la normativa, pero muchas veces no sé ni el titular, porque no me corresponde mirar todos los detalles del expediente desde el principio hasta el final. No me leo el proyecto entero; leo lo que me permite hacer la evaluación acorde a mi trabajo como técnico de seguridad dentro de la administración. Por eso, si me pregunta si debería haberlo visto, puedo decir que sí. ¿Es normal que no lo vea? Es normal que no lo vea, y no creo que eso invalide toda la tramitación administrativa. No se trata de que se invalide o no la actividad administrativa; de lo que se trata es de que hay un reconocimiento expreso en un documento de un acto posterior, pero que tiene un antecedente.