En este tipo de decisiones, se ha reincidido en el error del Real Decreto del año 2022 y, particularmente, en la Ley de Vivienda del año 2023. Este Real Decreto introducía topes a los precios que se han revelado como nefastos para solucionar el problema de la vivienda, así como la Ley de Vivienda de mayo de 2023, que ha llevado a que en estos momentos sea más difícil que nunca acceder a una vivienda. Por tanto, podemos afirmar que, tras la aprobación de esta legislación, nunca ha sido tan caro ni tan complicado acceder a una vivienda, lo que nos obliga a reflexionar sobre que el sistema y el modelo no se adecuan a la solución de un problema tan urgente en la sociedad española.
La Ley de Vivienda de mayo de 2023 precipitó la expulsión del mercado de la vivienda y de la oferta de arrendamiento del 45% de las viviendas que existían en aquel momento. Insisto en este dato, pues es extraordinariamente relevante para evidenciar el fracaso de la política de vivienda. Al mismo tiempo, los arrendamientos han aumentado una media del 40%. A lo largo de estos años, hemos tenido una serie de declaraciones de intenciones. La última fue este lunes, donde el presidente del Gobierno anunció tres medidas. Una de ellas, relacionada con la fiscalidad, podría mejorar la situación fiscal de los arrendadores y, por ende, aumentar la oferta. Sin embargo, hay dos medidas que van en la línea de lo que ya habíamos advertido: se pretende limitar los alquileres de temporada. Ya se había indicado que, con la aprobación de la Ley de Vivienda, sería inevitable que el arrendamiento de larga duración se convirtiera en arrendamiento de temporada. Por tanto, se busca corregir un error de la Ley de Vivienda, pero no se aborda el origen de este problema.
Mientras no se corrija el origen y no se resuelva qué determinó la huida del arrendamiento de larga duración al arrendamiento de temporada, parece complicado pensar que esto tendrá solución. En un marco normativo en el cual, además, los ayuntamientos no tenemos prácticamente competencias legales ni normativas, salvo en dos cuestiones importantes pero no determinantes, como la gestión del suelo y la promoción de vivienda, la influencia de la política de vivienda en el ámbito local ha sido francamente negativa.
Se han producido una serie de externalidades derivadas de esta legislación que han perjudicado aún más la situación actual. El estrangulamiento de la oferta se deriva de la falta de un diagnóstico preciso para solucionar este problema, siendo imprescindible un aumento de la oferta. En España, entre la primera década de este siglo, se construyeron aproximadamente 5.700.000 viviendas, mientras que en la segunda década se construyeron solo 750.000, en un contexto de aumento de población. En el año 2023, el Banco de España calcula que se necesitan entre 500.000 y 700.000 viviendas nuevas al año, y se construyeron únicamente 125.000. En 2024, se prevén 140.000 y en 2025, 150.000. Esta escasa construcción es consecuencia de las trabas regulatorias existentes en España.
Recientemente, se ha anunciado que se introducirán nuevos elementos en el Código Técnico de Edificación, lo que indefectiblemente supondrá un aumento del precio de la vivienda. Cualquier incremento en el precio de la vivienda es una falta de esperanza aún mayor para los jóvenes y las familias que desean tener una vivienda propia. En la actualidad, más del 60% de los menores de 35 años aún no se han podido independizar en España, una cifra muy superior a la media de la Unión Europea. Esto revela un grave problema de falta de oferta.
El estrangulamiento, tanto desde el punto de vista regulatorio como el excesivo intervencionismo y la desproporción entre las obligaciones del arrendador y del arrendatario, contribuyen a la situación actual. La visión que tenemos en Madrid es completamente diferente en relación con el aumento de la oferta de vivienda. Esta mañana, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mencionó que el Ayuntamiento debía aprobar inmediatamente el plan de urbanización de la Operación Campamento. Hemos colaborado lealmente desde el primer momento con el Gobierno de España en la ejecución de esta operación. Si no podemos aprobar, y lo digo en público, el proyecto de urbanización en estos momentos, es porque el Ministerio de Vivienda no ha remitido ni la memoria de gestión, ni el plan de saneamiento, ni el plan de gestión del agua de toda la Operación Campamento. Por tanto, le pido a la ministra que...
Como soy el primero que quiere que salga adelante esa operación, porque son 10.700 viviendas en la ciudad de Madrid, no engañemos a los españoles y trabajemos conjuntamente como lo hemos hecho hasta ahora. Insisto, falta tanto la memoria de todo el ámbito de planeamiento como, en segundo lugar, el programa de saneamiento y el plan de gestión del agua. Mientras el Ayuntamiento de Madrid no disponga de esos documentos, no podremos aprobar el proyecto de urbanización, aparte del resto de informes sectoriales que todavía faltan.
¿Por qué? Porque nosotros sí estamos trabajando en el incremento de la oferta. ¿Cómo lo hemos hecho desde el Ayuntamiento de Madrid? En función de nuestras competencias, en primer lugar, en el ámbito de la gestión del suelo y, por tanto, en la capacidad de desbloqueo de desarrollos urbanísticos, así como en la aprobación de instrumentos urbanísticos de planeamiento. En estos momentos, tenemos la mayor bolsa de reserva de suelo apta y finalista para vivienda asequible que tiene cualquier capital en Europa. No hay una sola ciudad en Europa que, a lo largo de los próximos años, vaya a construir tanta vivienda.
Contamos con los desarrollos del sureste, que ya están empezando a entregar vivienda en la ciudad de Madrid. Hemos conseguido desbloquear también Madrid Nuevo Norte y estamos trabajando en el ámbito de la operación Campamento. Hemos sido capaces de gestionar el suelo de tal manera que, de hoy para mañana, el Ayuntamiento de Madrid está en condiciones de otorgar 60.000 licencias para la construcción de vivienda. Nunca antes el Ayuntamiento de Madrid había tenido la capacidad de otorgar tantas licencias como en estos momentos.
A partir de ahí, también debemos ver qué podemos hacer para trabajar conjuntamente con los promotores. Fundamentalmente, es facilitarles la vida desde el punto de vista normativo, regulatorio, de tramitación administrativa y fiscal. Por tanto, trabajamos inmediatamente en nuevas medidas que permitan incentivar la rápida y masiva construcción. La última medida que hemos planteado va precisamente en esa línea, como dotar de una edificabilidad extra a todos aquellos planeamientos que se ejecuten antes del calendario previsto en el momento de su aprobación.
También hemos rebajado el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para que los promotores tengan una menor carga fiscal y puedan acometer lo antes posible la construcción de nueva vivienda en la ciudad de Madrid. En estos dos años y medio de legislatura, hemos aprobado prácticamente 95 instrumentos urbanísticos que permiten la construcción de más de 80.000 viviendas en diferentes desarrollos. Estamos haciendo un esfuerzo ingente desde el punto de vista del desbloqueo del suelo para generar las mejores condiciones para construir masivamente.
En segundo lugar, hemos actuado desde el punto de vista normativo. Adoptamos medidas que en su día fueron duramente criticadas por el Gobierno de España, como la simultaneidad del proceso de urbanización y el proceso de edificación. El Ministerio de Vivienda ya nos ha manifestado su interés en poder simultanear estos procesos en la operación Campamento, y por ello vamos a permitir también esa simultaneidad.
Fuimos los primeros en introducir la licencia básica, que antecede a la licencia de primera ocupación y permite agilizar considerablemente los trámites para que una persona pueda entrar en su vivienda lo antes posible. Por primera vez en Madrid, ya no hay dos ordenanzas de uso residencial y uso no residencial; hay una única ordenanza que se aplica a todos los usos urbanísticos en la ciudad, considerablemente simplificada.
Lo primero que hicimos en esta legislatura fue aprobar la modificación de normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, precisamente para facilitar y agilizar las nuevas realidades que permiten solucionar el problema de la vivienda, como el cohousing o el coliving. En último término, hemos aprobado en un tiempo récord el plan Reside en la ciudad de Madrid. Esto no se trata solo de incrementar la oferta nueva de vivienda, sino también de posibilitar la permuta de edificios que están en el plan general del 97 con un determinado uso urbanístico, pero que no tiene sentido en la actual realidad social, económica y de necesidad de vivienda de la ciudad.
Somos el primer municipio que autoriza la transformación de edificios de oficinas, terciarios y dotacionales en edificios residenciales. Queremos hacerlo bajo el concepto de vivienda asequible, y dado que estamos ejercitando una potestad pública que permite la transformación del uso de esos inmuebles, lo que sí decimos es que tendrán que ser en régimen de vivienda asequible, en concepto de alquiler, y que la renta no podrá superar el 30% de la renta media del barrio. Esto no es una limitación del precio, ni un tope al alquiler; es una colaboración público-privada que permite generar vivienda asequible dentro de la ciudad. Además, aprovechamos la modificación que hizo la Comunidad Autónoma de Madrid para que suelos terciarios se transformen automáticamente en suelos residenciales. Actualmente, contamos ya con 3.000 viviendas en este contexto.
En esos suelos terciarios que se han podido transformar en suelos residenciales por la modificación de la ley de la Comunidad de Madrid, estamos avanzando en la generación de oferta no solo en suelo de nuevo desarrollo, sino también en la ciudad consolidada. Cualquier vivienda que consigamos en la ciudad de Madrid comenzará a paliar la situación que estamos viviendo en estos momentos, no solo en Madrid, sino en cualquier otra ciudad de España y, si me apuran, en cualquier otra ciudad europea.
Estamos actuando a través de la mayor empresa pública de vivienda que tiene cualquier administración en España, que es la Empresa Municipal de la Vivienda de la Ciudad de Madrid. Se lo ofrezco al Gobierno de España, y sin ironía, porque creo que aquí todos debemos colaborar y echar una mano. Si quieren que Casa 47 sea un éxito, que vengan y les explicamos cómo funciona la Empresa Municipal de la Vivienda. Tres de cada diez viviendas de protección pública en España se construyen en Madrid a través de la EMV. Además, el último año, la Empresa Municipal de la Vivienda hizo más vivienda protegida que la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de Castilla-La Mancha juntas.
Vamos a alcanzar, por primera vez, un parque de 10.000 viviendas públicas en la historia de la Ciudad de Madrid. Nunca la EMV había tenido 10.000 viviendas, y lo vamos a conseguir. Hemos incrementado en los últimos años un 40% el parque público de viviendas de la ciudad. Actualmente, estamos ejecutando 3.200 viviendas y vamos a comenzar a ejecutar, a través de la EMV, 2.500 viviendas más a lo largo de este año 2026. Por tanto, superaremos los 1.000 millones de euros en inversión en políticas de vivienda en la ciudad de Madrid en los últimos cuatro años.
Las comparaciones son odiosas, pero también necesarias. El Gobierno de España ha invertido 19 millones de euros en la ciudad de Madrid en los últimos cuatro años. Necesitamos que las corporaciones locales, los ayuntamientos, o bien que el Gobierno de España colabore económicamente con la vivienda en las ciudades, o bien que nos permita utilizar nuestros remanentes de tesorería para poder hacer vivienda. El último real decreto del Ministerio de Hacienda exige a las ciudades que seamos capaces de proyectar, licitar y ejecutar la vivienda en un año natural. Eso es imposible; es una tomadura de pelo. No podemos decir esto a los españoles. Necesitamos flexibilidad de tiempo para redactar, licitar y ejecutar la vivienda en el plazo necesario, siendo conscientes de los trámites administrativos y burocráticos.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, insisto en que no hemos solucionado el problema. No voy a engañar a los madrileños, ni les prometo 180.000 viviendas, ni medidas que no puedo cumplir, ni les hago la promesa de que esto se va a solucionar inmediatamente. Pero sí les puedo decir que vamos a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible. Madrid ha liderado la adopción de medidas normativas, de promoción de la oferta y de desbloqueo de suelos. Hemos introducido medidas que no habían sido previstas por ningún ayuntamiento ni por el Gobierno de España, pero que se están revelando útiles y eficaces para paliar el problema.
Es cierto que necesitamos un marco normativo distinto y diferente. Cuando hablamos de vivienda nueva o de vivienda sacada del régimen de arrendamiento, no puede haber un desequilibrio tan marcado. El 95% de las viviendas en España que pueden ser objeto de arrendamiento no están en manos de fondos de inversión, sino de propietarios que buscan una renta complementaria o principal. Por tanto, es fundamental que haya un equilibrio entre las prestaciones del arrendador y el arrendatario, que les permita sacar con seguridad jurídica sus viviendas al mercado del arrendamiento y que tengan la capacidad de obtener rentas o recuperar su inversión. No podemos hacer recaer sobre los propietarios las consecuencias sociales desfavorables que se puedan producir; eso lo tendrán que asumir las administraciones.
Pero no sobre los propietarios, porque en ese caso lo que se procederá es a la desaparición de viviendas del mercado de arrendamiento, como se está produciendo a lo largo de los últimos años. Y si no somos capaces de devolver esas viviendas, no seremos capaces tampoco de solucionar el problema de la vivienda. Hay que afrontar el problema de la ocupación y los problemas derivados de la inocupación; no podemos darle la espalda. No podemos negar que tenemos un problema gravísimo, que ese desequilibrio tan notorio y palmario está afectando gravemente al problema de la vivienda y al mercado del arrendamiento en ciudades como Madrid. Es una realidad que ha caído esa vivienda.
Por tanto, nosotros lo tenemos muy claro: estamos trabajando en esa línea. No vendemos humo, no vendemos falsas ilusiones, no queremos trasladar normativa que no se pueda aprobar, ni mensajes equívocos. Somos un gobierno que, si dice que vamos a aprobar algo, lo vamos a aprobar. No hay una parte del gobierno que se enfrenta a la otra cuando se anuncia una medida; por el contrario, vamos en la misma dirección, porque es la única manera de dar esperanza a los españoles en el asunto más grave que tenemos como sociedad. Esto afecta directamente a nuestro modelo de cohesión social y a nuestra estabilidad, y nos interpela con las futuras generaciones, con todos aquellos que en estos momentos no tienen las esperanzas que los que tenemos una cierta edad pudimos tener cuando éramos jóvenes.
Este es un problema gravísimo que debemos afrontar, porque, si no, desde el punto de vista de la sociedad, de la política y del futuro de nuestra nación, las consecuencias serán absolutamente desgarradoras. Por ello, Madrid ha establecido estas políticas que creemos van en la dirección adecuada.
Muchas gracias, señor presidente.
Aplausos.
Muchas gracias, señor alcalde. Le ha sobrado un minuto y medio de tiempo. Luego lo superamos. Pasamos ya al turno de los portavoces. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto-VOX. Señor Gordillo.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor alcalde. Gracias por comparecer ante esta comisión. Permítame comenzar, antes de nada, por una cuestión esencial. Cuando se comparece ante cualquier comisión o institución para explicar cómo influye el marco legal nacional en la situación de la vivienda, se le exige a usted una cierta credibilidad. Su credibilidad, señor alcalde, quedó bastante mermada cuando prometió acabar con Madrid Central para sustituirlo por una norma mucho más restrictiva, Madrid 360, que ha tenido su impacto en materia de vivienda.
Cuando se legisla o se gobierna sin medir el impacto real de las normas sobre la vida de la gente, el resultado es el fracaso. Y no es solo esto, todo suma y resta. Madrid atraviesa una de las mayores crisis de acceso a la vivienda desde la posguerra. Se están dando circunstancias en Madrid que, el otro día, vi una noticia que puede parecer divertida, pero no tiene nada de divertido; nos retrotrae a aquellas películas de los años 50 en las que había realquilados. En una película titulada "El pisito", había un realquilado que se tenía que casar con una anciana para subrogarse los derechos de alquiler de un piso en Madrid. Estamos llegando a estos extremos. La gente está desesperada porque no encuentra vivienda donde realizar su proyecto vital.
El precio del alquiler se ha disparado en pocos años, y el esfuerzo medio que tiene que hacer una familia o un joven para acceder a una vivienda supera los umbrales recomendados por cualquier organismo. En 2011, el 70% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; hoy, la cifra ha caído al 30%. Es prácticamente imposible para un joven que se ve obligado a destinar más del 60% de sus ingresos a pagar un alquiler. Esto es fruto de decisiones políticas concretas y equivocadas.
Le pregunto, ¿qué prevé hacer realmente para facilitar el acceso de los jóvenes en una ciudad como Madrid, donde las dificultades son aún mayores? La ley de la vivienda ha sido absolutamente letal para el mercado de vivienda en España. Se presentó como una herramienta para proteger al inquilino, y lo que ha hecho es desproteger al inquilino de sus garantías jurídicas y demonizar al propietario. Ambos han salido gravemente perjudicados, totalmente, con el efecto contrario al que se pretendía llegar. De esto fue advertido el Gobierno, pero era una imposición de sus socios extremistas, y ahí quedó la ley de vivienda como un ejemplo de cómo se gobierna contra los españoles.
Madrid tampoco es ajena a un fenómeno que no ha sido mencionado expresamente, que es la inmigración. Son muchísimas las personas, en situación de inmigración ilegal, que llegan en estas circunstancias.
Un impacto muy negativo se está produciendo en Madrid debido a la llegada masiva y descontrolada de población, sin una planificación migratoria, urbanística ni habitacional adecuada. Esto no es solo un debate ideológico, sino una cuestión de capacidad y planificación. No hay vivienda suficiente para tanta gente, y es imperativo tomar medidas al respecto. La seguridad jurídica ha sido prácticamente laminada por la Ley de Vivienda. Si esto se convierte en la ley de la selva, donde uno puede ocupar una vivienda con facilidad, o bien pagar la primera renta y luego quedarse sin ninguna garantía jurídica, se crea un caldo perfecto para que se retraiga la oferta de vivienda, lo que está sucediendo en Madrid y en otras ciudades.
El Gobierno de Sánchez continúa profundizando en esta deriva ideológica. Las bonificaciones fiscales que se pretendían implementar han sido abandonadas, y no habrá siquiera esa comodidad. Señor alcalde, usted ha señalado con razón la responsabilidad del marco legal nacional, del Gobierno de Sánchez, y estamos de acuerdo en ello. Sin embargo, los madrileños necesitan algo más que un diagnóstico; requieren valentía política. Necesitan que quienes gobiernan su ciudad defiendan con firmeza sus intereses frente a leyes injustas, aunque esto suponga incomodar al Gobierno. La vivienda no puede ser un arma electoral ni un eslogan; debemos ofrecer a los madrileños una vivienda digna donde guarecerse.
En nuestra ciudad hay personas sin techo, otras atrapadas en infraviviendas, y muchas familias destinan casi todo su sueldo al alquiler, enfrentándose a alquileres estratosféricos. Mientras tanto, fondos, empresas y grandes tenedores se lucran injustamente a costa de estas personas. ¿De quién es usted, alcalde Almeida? ¿De la gente de Madrid o de los grandes tenedores? Por sus políticas, ya le digo que es de lo segundo.
¿Sabe cuántos contratos de alquiler vencen este año en Madrid? Los que se firmaron en 2021 y cuyo precio ha subido más de un 100%. ¿Sabe cuántas familias se enfrentan a no poder pagar su propia vivienda? Familias que han construido su vida en su barrio, con el colegio de sus hijos cerca y una red vecinal consolidada. ¿Qué ha hecho usted por ello, señor Almeida? Nada. Desde Más Madrid propusimos prórrogas para esos contratos, y ustedes las votaron en contra en el Ayuntamiento. Ni lo apoyan ni ofrecen alternativas.
Si quiere escurrirse de este tema apelando a Sánchez, como siempre, le recordamos que podría haber declarado a Madrid zona tensionada, como permite la ley. No me diga que no tiene competencia; podría haberlo solicitado a la Comunidad de Madrid y limitar así los abusos del mercado. ¿Por qué no lo hizo, señor Almeida? Tampoco ha actuado frente a la explosión de viviendas turísticas, muchas de ellas ilegales, que traen fiestas, vandalismos y amenazas, generando un ambiente de horror para los vecinos. Le pedimos que aplique sanciones reales y que defienda a los ciudadanos. ¿Dónde están las multas de 30, 60 o 100 mil euros para estos abusadores? Si pretende sacar pecho de la reducción del número de viviendas, debemos...
Recordarle que ha sido gracias a las órdenes y sanciones del Ministerio de Consumo. De usted, seguro que no. Porque con su plan, lo que van a conseguir es la expulsión de miles de vecinos, así como abrir la puerta a que los fondos de inversión conviertan a Madrid en un gran negocio hostelero. Aunque el parque público de vivienda de Madrid podría ser extraordinario, no lo es, señora Almeida. Todo ello es gracias a la herencia de la señora Botella, que vendió pisos públicos a fondos buitres. Y usted apenas construye vivienda pública al ritmo necesario, viendo impasible cómo los grandes fondos, como Blackstone, han explotado viviendas, subiendo alquileres y expulsando a familias que ahora venden esas viviendas por el triple de lo que costaron. Increíble. ¿Y el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? Eso es lo que nos preguntamos.
Ustedes dicen que compre vivienda el Gobierno de España. Vale, muy bien, bienvenidas todas las colaboraciones. Pero le recuerdo que Madrid tiene 6.578 millones de presupuesto, y usted solo destina un millón a comprar vivienda de alquiler. Sí, un triste millón. Sabrá usted que la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, una ley suya del Partido Popular, permite que el Ayuntamiento pueda adquirir inmuebles de manera preferente frente a cualquier comprador, con el tanteo y el retracto. ¿Por qué no aprovecha usted esta competencia? Porque hoy se ha declarado incompetente.
Claro que la ley de vivienda estatal podría ser más ambiciosa, todo puede ser más ambicioso, pero incluso con esa ley, usted tiene herramientas para proteger a su gente, porque no hacer nada sí que es hacer. Hoy, cada familia se ve obligada a marcharse de su casa, su barrio o su ciudad. Todas esas familias, señora Almeida, van con su puño y letra de su firma. Usted no es el alcalde de los que se esfuerzan por pagar un alquiler digno, ni de los jóvenes que quieren independizarse, ni de las familias que viven con el miedo de ser expulsadas de sus casas, ni de los que se van a tener que ir este año de sus barrios. De esos, le aseguro que ya no lo es.
Voy terminando, señor presidente. Gracias por este extra de tiempo. Lo siento, señora Almeida, a la gente de Madrid no nos gusta que nos engañen. La realidad es la que es; usted ha entregado la vivienda al mercado y ha abandonado a su gente. Y eso no lo hace, precisamente, un buen alcalde. De hecho, lo convierte en el peor alcalde que ha tenido Madrid.
Muchas gracias, señora Delgado. El tiempo es para todos igual. Ha tenido usted cuarenta segundos de más; hay que adaptarse. Gracias, señora Delgado.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor López Torre. Hola, buenos días, feliz año también a todo el mundo, bienvenido. Ha hecho usted varias afirmaciones, señor Martínez Almeida. Por una parte, ha empezado culpando al Gobierno de todos los males relacionados con la vivienda. No seré yo quien vaya a sacar la cara al Gobierno, ni mucho menos, pero lo que también tenemos que considerar son los datos.
Si analizamos los datos, concretamente en Madrid, de 2000 a 2007, antes del estallido de la burbuja, el precio del alquiler ya había subido cerca de un 40%. No voy a decir quién estaba gobernando en ese momento, pero todos lo sabemos. De 2014 a 2019, también hubo un aumento, sobre todo en ciertos barrios de Madrid, donde el precio subió entre un 30% y un 40% anual. Los datos están ahí, y creo que no podemos negarlo.
Dejando de lado el momento de la pandemia, es cierto que de 2022 a 2025 se da un nuevo acelerón, y el precio de la vivienda vuelve a subir en esos entornos de un 30% anual. Esto ha sucedido independientemente de los gobiernos de distintos colores en Madrid.
Lo que sí recuerdo es que los competentes en materia de vivienda son las comunidades autónomas. Es algo que se nos olvida con frecuencia. El principal competente son las comunidades autónomas, y son quienes deben defender y ejercer su competencia. Desde el País Vasco, seguimos y seguiremos siempre defendiendo que es nuestra competencia, que la queremos ejercer y que la seguiremos ejerciendo.
Por otra parte, ha hablado de la ley de vivienda, mencionando que hay un 45% de las viviendas que se han expulsado del mercado de alquiler. No voy a entrar en los datos de si ha sido un 45, un 50 o un 20; evidentemente, depende de quién lo cuente, pues los datos varían. Sin embargo, lo que sí es un hecho, y en eso estamos de acuerdo, es que es un problema real. Mi grupo, en el momento de la aprobación de la ley de vivienda, ya lo advirtió, señalando que era algo que iba a suceder, y los datos nos están dando la razón. Insisto en que entraremos en debate sobre qué datos son los reales.
Además, usted ha hecho una reflexión sobre el origen de los problemas de vivienda, afirmando que está en la ley de vivienda. Permítame corregirle: el origen no está en la ley de vivienda. Esta ley puede haber agravado el problema, y en eso podemos estar de acuerdo, pero no es su causa. El origen del problema es algo tan básico como la ley de mercado: la oferta no es suficiente para una demanda creciente en el Estado. Mientras la oferta no sea capaz de dar respuesta a la demanda, seguiremos enfrentando el mismo problema.
También hemos mencionado los problemas en la gestión del suelo. La tramitación de todos los instrumentos urbanísticos es, en realidad, muy pesada y larga, a veces con un futuro incierto, ya que no se sabe cuándo se va a terminar y si se podrá concluir. Mi grupo ha propuesto modificar esto innumerables veces y nos hemos encontrado con el portazo de su grupo político. Es una pena que haya sido así.
Es cierto que ha mencionado ciertas iniciativas del Ayuntamiento de Madrid, como la posibilidad de iniciar obras con licencia básica o compatibilizar urbanización y construcción, así como el uso de suelos terciarios o equipamientos para vivienda, que son medidas positivas. Sin embargo, debo señalar que en otros lugares también se han tomado estas decisiones. Usted ahora es alcalde, yo también he sido, y algunas de estas medidas las he implementado en mi municipio. Son acciones que cualquier ayuntamiento puede llevar a cabo, pero no sé si es correcto afirmar que han sido los primeros en hacerlo.
En cuanto a la empresa municipal de Madrid, en un momento dudé si usted era alcalde de Madrid o un bilbaíno. Y como aquí el único que ha nacido en Bilbao creo que soy yo, quiero destacar que en Euskadi, en los últimos diez años, un cuarto de las viviendas protegidas se han construido en el País Vasco. Con aproximadamente el 6% de la población, tenemos el 15% del parque público en alquiler. Esto es el resultado de un trabajo continuo a lo largo de muchos años, no es algo que se pueda lograr en una sola legislatura; no hay milagros.
Muchas gracias, señor López Torre. A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Bagué.
Sí, gracias, presidente. Buenos días y feliz año a todos. Bienvenido, señor alcalde, a la Comisión de Vivienda del Senado. Simplemente, voy a hacer unos pocos apuntes, centrándome en la intervención de Junts en la comparecencia del alcalde de Barcelona. Creo que tendríamos que hacer un mea culpa colectivo, reconociendo que muchos ayuntamientos de todos los colores políticos, en los años 80 y 90, vendieron suelo urbanizable a privados. Esto estranguló, probablemente debido a la eterna escasez de medios que tienen los ayuntamientos. Durante más de dos décadas, muchos ayuntamientos ejercieron esta potestad de venta de suelo urbanizable al mejor postor en subasta. Esto, lógicamente, ha tenido consecuencias, ya que no hemos sido capaces de generar suficiente suelo para atender el aumento de población que ha experimentado el país. En este sentido, creo que lo primero que debemos hacer, desde una cierta honestidad intelectual, es reconocer nuestra parte de responsabilidad, porque si estamos como estamos en el año 2026...
Tipo de problema tan desorbitado, tendríamos que empezar reconociendo los errores del pasado. En cualquier caso, el tema de la excesiva burocratización es un problema que compartimos. Incluso nosotros, como Junts, tenemos previsto presentar en este Senado una proposición de ley de simplificación administrativa en este primer periodo de sesiones del 2026. Entendemos que datos tan relevantes, como introdujo hace pocos meses PIMEC, indican que el 70% de la información y de los datos que solicitamos al ciudadano ya los tienen las administraciones, es decir, ayuntamientos, comunidades autónomas y la administración general del Estado. Esto es un problema grave, porque si sobrecargamos de burocracia al sufrido ciudadano, entendemos que no es razonable.
Otra consideración: desde Junts hemos solicitado reiteradamente en el Congreso y en el Senado, así como en todos los foros en los que hemos tenido ocasión, el traspaso de los activos de SAREB a administraciones públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas. Creemos que no tiene sentido que, si se pagó más de 60.000 millones, en aquel momento el ministro de Guindos afirmara que no iba a costar nada, cero euros. Después de 60.000 millones de gasto público sufragado por el Tesoro, entendemos que debe haber una reversión pública. Por tanto, consideramos que quienes mejor pueden gestionar los activos del SAREB son los ayuntamientos y comunidades autónomas, ya que son las que están más cerca y conocen mejor la situación.
Una última consideración: coincidimos en que este exceso de legislación, que yo incluso calificaría de ocurrencias legislativas, es problemático. Hay meses en los que se anuncia que se va a triplicar la oficina de inspección y a cuadruplicar las multas. Podemos crear titulares, pero la realidad es que el 95% de la oferta en alquiler proviene de pequeños propietarios. Los fondos buitres son un tema que debemos abordar, y seguro que coincidiremos en muchas medidas. Sin embargo, mientras no afrontemos esta situación y no seamos capaces de establecer un pacto de Estado entre las grandes fuerzas políticas, y no dependamos de la fuerza política más minoritaria que impone su criterio a las fuerzas más centradas, tendremos un problema de discrepancia con la realidad.
Muchas gracias.
A continuación, agradezco al señor alcalde Martínez Almeida por su tiempo y por atender las preguntas de esta Comisión de Vivienda. En Madrid se ha instalado una idea muy preocupante: que la vivienda es una mercancía más y que, si el precio se dispara, es un fenómeno natural que hay que aceptar. Sin embargo, lo que está ocurriendo no es natural. No solo sucede en Madrid, sino también en las grandes ciudades. Lo que se observa y se sufre lleva a la conclusión de que es el resultado de un modelo ideológico que, año tras año, ha ido construyendo una ciudad cómoda para quienes poseen capital, especialmente extranjeros con dinero, y cada vez más hostil para quienes trabajan.
Cuando se analiza quién se beneficia de esta crisis de vivienda, el patrón es claro: los rentistas que viven de multiplicar rentas sin aportar valor productivo, los especuladores que compran para revender y tensionar precios, y los fondos de inversión, que no son solo familias pudientes, sino que tratan barrios enteros como si fueran carteras financieras. Esto no lo hacen solos; lo hacen porque se les ha proporcionado un marco de incentivos y permisividad que les facilita convertir la vivienda en una fuente de beneficios extraordinarios. Mientras tanto, se normaliza que una familia destine mucho más de medio sueldo al alquiler, que un joven con trabajo solo pueda pagar una habitación, o que un trabajador esencial tenga que irse cada vez más lejos.
¿Cómo es el modelo de Madrid de hoy?
Del Partido Popular. Lo que observamos es desregulación. El mercado se regula solo y cada cual se apaña como puede. Si suben los alquileres, es lo que hay. Si te echan del barrio, ya encontrarás algo más lejos. Si tu ciudad se convierte en un activo financiero, es el mercado. Otros modelos, como el que se pretende implementar en Cataluña, y lo digo sin euforia, porque Barcelona no ha resuelto el problema, y con Ivonne Colboni la situación sigue siendo muy difícil, pero al menos hay una dirección. La legislación de vivienda de la Generalitat Republicana le sirve para poner límites, regular y entender la vivienda como un derecho, no como un bien mercantil más. Es necesario establecer topes de alquileres donde el mercado está roto y avanzar para cerrar trampas, como el alquiler de temporada y por habitaciones, que se utilizan para eludir protecciones. Es un sistema imperfecto y queda mucho por hacer, pero el principio está claro: si el mercado expulsa, habrá que intervenir.
Usted menciona que el problema es la ley estatal de la vivienda, pero la pregunta es sencilla: ¿de verdad el problema es la ley o es que su modelo no quiere utilizar herramientas que incomoden a los que especulan y a los que ya les va bien? Desde esta premisa, le formulo algunas preguntas. ¿Qué medida concreta del marco legal estatal le impide al ayuntamiento proteger a los vecinos con más dificultades? ¿Cuál exactamente? ¿No sería mejor solicitar más herramientas y no justificar la inacción en la aplicación de las que ya existen cuando molestan a determinados intereses?
¿Le ha pedido a su partido en la Comunidad de Madrid que active instrumentos para contener el alquiler en las zonas donde se está disparando? Desde 2019, ¿cuántas viviendas de alquiler verdaderamente asequibles han incorporado a Madrid y cuántas están hoy en obra? Cuando hablamos de asequibilidad, ¿qué significa en euros? ¿Qué porcentaje del salario medio o del ingreso de un hogar representa ese alquiler? ¿Cuántas personas están en lista de espera y cuánto tarda una familia en acceder a un alquiler municipal? ¿Cuántas inspecciones reales ha realizado su ayuntamiento contra usos ilegales o irregulares que sacan vivienda del mercado residencial? ¿Cuántas sanciones efectivas se han impuesto o cuántos cierres se han realizado?
¿Qué plan tiene para evitar que Madrid se convierta en una ciudad de rotación, con vecinos que entran y salen, mientras crecen los contratos cortos, el alquiler por habitación y los precios imposibles? ¿Cree usted que una ciudad puede garantizar vivienda dejando el precio a la ley del más fuerte? ¿Está dispuesto a apoyar medidas que pongan límites cuando el mercado está roto, o su línea roja es siempre la misma: no molestar al rentista, al gran propietario y al especulador?
Para terminar, esta es la Comisión de Vivienda del Senado, y nos serviría de mucho tener su plan de vivienda para Madrid, con indicadores, plazos, vivienda pública entregada, alquiler medio de adjudicación, inspecciones, sanciones, suelos movilizados y objetivos anuales. ¿Podríamos tenerlo? Y una última cuestión: si el diagnóstico es tan grave como usted mismo reconoce, hoy el modelo Madrid es de desregulación. ¿Va a asumir, puede asumir que, como mínimo, hace falta una combinación seria de parque público, pero también más límites y más control?
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Franco. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco también al señor alcalde por acompañarnos en esta mañana y por sus explicaciones, aunque no coincido en casi nada con lo que usted ha dicho, pero gracias por estar aquí. Es cierto que no podemos negar la realidad: a pesar del buen momento de la economía en España, con cifras récord de creación de empleo y un empleo más estable gracias a la reforma laboral, así como una subida histórica del salario mínimo, tenemos un grave problema en España, en Madrid en particular, que es el acceso a la vivienda. Esto es innegable.
El Gobierno de España intenta paliar esta situación, pero para hacerlo es necesaria la colaboración de todas las instituciones: gobierno central, autonomías y gobiernos municipales. Es evidente que no todas las administraciones quieren colaborar. El ejemplo más gráfico es el de la Comunidad de Madrid, que no está dispuesta a arrimar el hombro. En lo que se refiere a la aplicación de la ley, esto supone que en Madrid, un millón de arrendatarios ven limitadas sus posibilidades de que bajen los precios de sus alquileres.
Señorías, y que quinientos mil arrendadores no se beneficien de las ventajas fiscales que supondría. Pero claro, esta misma comunidad autónoma, la de Madrid, ante el nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, que inyectaría 7.000 millones a nivel estatal, de los cuales el Estado aporta el 60%, señora Almeida. El Gobierno regional, sin leerlo, yo creo que no lo ha leído siquiera, porque si lo hubiese leído, seguro que estaría de acuerdo, pero ha dicho ya que no. Con eso, está renunciando a mil millones, conjuntamente con el conjunto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si esto se puede permitir; a mí me parece, prácticamente, impresentable. Porque, además, una comunidad con un presupuesto de más de 30.000 millones, yo creo que bien se podría permitir el lujo, y estaría obligado moralmente a aportar 85 millones de euros cada año para mejorar el tema de la vivienda en nuestra Comunidad de Madrid.
Del Gobierno de la señora Ayuso poco podemos esperar más que ejemplos de deslealtad institucional, yo diría de negacionismo, e incluso de insumisión institucional. Y dentro de la Comunidad de Madrid, lógicamente, vamos a centrarnos unos minutos, tengo poco tiempo, en lo que es el Ayuntamiento de Madrid. Bien, en el Ayuntamiento de Madrid, sabe usted, señora Almeida, mejor que yo, que un ciudadano tiene que dedicar el 58% de su salario a un alquiler. En el resto de España, es el 43%. Pero de esto no le echo la culpa a usted, que quede claro; usted tiene una parte importante, pero no la tiene toda.
En Madrid, además, el 8% de la vivienda está vacía. Yo creo que también es un dato muy importante, señora Almeida. Por cada mil habitantes, en Madrid hay 2,7 viviendas públicas. El mayor parque de viviendas públicas no es Madrid, usted lo sabe, es Barcelona, que tiene más de 12.000. Usted ha dicho que Madrid tenía 10.000, pero en términos relativos salen todavía peor parados, porque por cada mil habitantes, por ejemplo, Barcelona tiene cinco, Madrid 2,7, Málaga tiene 7,3 y Bilbao tiene 12,2. Y como tenemos, además, una lista de 60.000 demandantes, a este paso, al ritmo de construcción que usted nos ha indicado, necesitaría 50 años de gobierno municipal para dar cumplimiento a sus compromisos. Yo espero que no esté 50 años al frente del Gobierno municipal; supongo que el año que viene, en 2027, pasará a la oposición. Le deseo larga vida, 50 años y más, pero mejor en la oposición, mejor para los madrileños.
Y ya que hablamos de Barcelona, aunque no me gusta establecer comparaciones, alguna hay que hacer. Barcelona sí ha aplicado la ley, su alcalde sí ha aplicado la ley, y eso ha conllevado que los alquileres hayan descendido en un 4,9%, mientras en Madrid se han incrementado en un 9,7%. La vivienda pública por habitante es una por cada 32 habitantes en Barcelona, mientras que en Madrid es una por cada 380. La inversión en vivienda pública por habitante en Barcelona es de 140 euros; aquí, ni la mitad, 63 euros. Algo tendrá que ver la política municipal en todo esto, digo yo.
La situación es que estamos con una subida interanual del 17,5%. Y esto tenemos que solucionarlo, señora Almeida, y usted lo sabe, entre todos. Porque las políticas que está desarrollando el Ayuntamiento no son la solución. No me da tiempo ni a hablar de los pisos de alquiler. En fin, ustedes destinan solamente un 3,37% de su presupuesto a la construcción de vivienda, a la promoción de vivienda pública. Y finalizo con un ruego, ahora sí que finalizo, señor Almeida, señor alcalde. Dedíquese, por favor, es un ruego, a resolver los problemas de los madrileños, también los de vivienda, y no haga quinielas con los posibles candidatos a la alcaldía de Madrid.
Gracias, señor Franco. Ya ha terminado su tiempo con amplitud. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Díaz de Revenga. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, alcalde Martínez Almeida, por venir aquí. Llámeme ingenuo, pero yo estaba convencido de que hoy el Partido Socialista iba a empezar su intervención pidiéndole disculpas por no haberle notificado la visita institucional del presidente del Gobierno a la Base de El Campamento, cuando es usted quien tiene que aprobarla.