Buenos días, señorías. Iniciamos la sesión plenaria. En primer lugar, les ruego que ocupen sus escaños. Quiero desearles, en nombre de la mesa, un feliz año nuevo a todos, que sea un año próspero para los intereses de todos nuestros administrados, de todos los canarios.
Comenzamos con el orden del día del Pleno. El primer punto es el proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, que cuenta con dos enmiendas a la totalidad: una del Grupo Parlamentario Nueva Canarias y otra del Grupo Socialista Canario. Inicia su intervención la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Tiene la palabra, señora consejera.
Buenos días, presidenta. Muchas gracias. Buenos días, señorías. El Gobierno de Canarias asumió al principio de esta legislatura un reto, entre otros, que era el de traer a este Parlamento un nuevo marco normativo que dotara de estabilidad, de seguridad jurídica y también de plena operatividad al servicio público audiovisual de Canarias. Hoy podemos afirmar que hemos cumplido con este compromiso y que iniciamos otra etapa dentro de esta sede parlamentaria, que es la que debe llevar a su aprobación definitiva.
El proceso de elaboración de esta ley ha sido riguroso y transparente. Comenzó el 4 de marzo de 2024 con la aprobación del informe sobre su oportunidad, objetivos y principios generales dentro del Consejo de Gobierno. Posteriormente, se recabaron los informes departamentales y el 20 de enero de 2025 se sometió a información pública, con un plazo para presentar alegaciones hasta el 14 de febrero de ese mismo año. El 10 de diciembre, hace escasamente un mes, el Consejo de Gobierno aprobó...
El proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias, que hoy traemos a lectura única, puede ser sometido ya a la Cámara del Parlamento. A partir de ahora, corresponde a sus señorías, a los grupos parlamentarios, culminar un proceso de diálogo y definir el texto definitivo que tendrá esta norma. Esta ley tiene por finalidad un objetivo claro: regular de forma ordenada la asunción, la prestación y el control del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias, y hacerlo con el máximo rigor jurídico.
Se trata de un texto sólido, estructurado en cuatro títulos, 44 artículos y un conjunto de disposiciones que garantizan su coherencia y su seguridad jurídica. Además, el proyecto cuenta con todos los informes preceptivos, tanto del Consejo Consultivo como del Consejo Económico y Social, que han realizado una serie de apreciaciones que pasaré a detallar. La mayoría de estas observaciones han sido recogidas, y otras que consideramos necesarias se han mantenido para preservar el rigor del texto.
En este sentido, el texto se adecuó a las observaciones en lo que se refiere a la exposición de motivos, a los artículos 10, 17 y 18, apartado 3, así como a las disposiciones adicionales primera, tercera y sexta, y a la transitoria segunda. No obstante, en lo que respecta al artículo 13, el dictamen del Consejo Consultivo establece que el mandato de la Junta de Control y el mandato del Parlamento no deben coincidir. Sin embargo, consideramos que esta coincidencia no es una apreciación jurídica ni infringe la norma, ya que no contradice el reglamento comunitario que no prohíbe que coincidan ambos mandatos. Desde el Gobierno y la redacción jurídica del texto, sostenemos que se garantiza la representatividad democrática de la Junta de Control haciéndolos coincidir, respetando así el principio del pluralismo democrático.
Respecto a los artículos 14.1.d y 19.3.c, y a las apreciaciones del consultivo, no compartimos que el cese anticipado de los miembros de la Junta de Control o de la dirección general responda a motivos discrecionales, ya que el cese solo puede producirse por incumplimiento de los requisitos por los que fueron nombrados. En el caso del director general, se añade que se le da audiencia al interesado para garantizar su derecho a defender su aptitud o idoneidad.
En cuanto a la apreciación respecto al artículo 20, no consideramos conveniente suprimirla, ya que, aunque sea un caso excepcional, puede darse en el transcurso del tiempo. Puede ocurrir que el Parlamento, por diversas razones, no pueda elegir a los miembros de la Junta de Control, y en tal caso, será el director general quien, además de asumir sus funciones, asumirá las de la Junta de Control de manera excepcional y temporal, bajo control parlamentario. Esto ya ha sucedido en el pasado, lo que llevó a la creación de figuras como el administrador único o el administrador general.
Este texto, antes de ser sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno, se sometió al diálogo social con el sindicato mayoritario de la televisión pública, que realizó dos apreciaciones al texto que fueron incorporadas. Por un lado, se garantiza que la producción y la edición de los programas informativos no se cedan a terceros, y por otro, se clarifica el régimen de subrogación del personal, atendiendo a las legítimas preocupaciones de los trabajadores.
Señorías, esta ley responde a tres grandes objetivos. En primer lugar, adaptarnos al nuevo marco normativo estatal y europeo, alineándonos con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación y con la Ley General de Comunicación Audiovisual, legislando de acuerdo con la realidad jurídica y tecnológica que ha cambiado profundamente el sector. En segundo lugar, superar la parálisis institucional, ya que ha quedado demostrado que la ley de 2014 ha sido ineficaz. Se ha modificado en siete ocasiones y ha requerido cuatro decretos leyes para paliar un bloqueo que ha impedido durante once años la designación de sus órganos de gobierno y durante una década la aprobación del mandato marco. En tercer lugar, garantizar una nueva regulación que aporte estabilidad, seguridad jurídica y operatividad. El servicio público no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales y de parches normativos; debe haber una ley clara que dé seguridad jurídica y duradera en el tiempo.
Todas estas circunstancias, que forman parte del diagnóstico realizado, constatan objetivamente el fracaso del modelo configurado por la ley precedente, que a partir de hoy dejamos atrás, y justifican la necesidad de afrontar una nueva regulación para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual. El transcurso del tiempo, más de diez años desde la entrada en vigor de la ley general y seis desde la regulación que mandata los órganos actuales, sin que se hayan podido poner en marcha ninguna de las instituciones esenciales, deja claro que se produce un fracaso institucional y un bloqueo.
En segundo lugar, la necesidad de afrontar la nueva ordenación resulta evidente, dado que la situación de bloqueo y su excesiva prolongación en el tiempo afecta al servicio público cualificado. Por tanto, siguiendo el mandato del Tribunal Constitucional, queda claro que el servicio público es un servicio de interés social manifiesto que, al gestionar medios de comunicación, debe regularse de manera clara y duradera. El diagnóstico es claro y queda constatado: se precisa una nueva regulación que garantice de forma ordinaria y permanente la prestación del servicio público.
Por todo ello, señorías, esta ley que se presenta hoy en lectura única no es una opción, sino una necesidad y un reto que este Gobierno ha afrontado desde el primer momento. Hoy damos un paso decisivo para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo y que permitirá garantizar un servicio público audiovisual fuerte, independiente y al servicio de todos los ciudadanos canarios. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene la palabra, en primer lugar, uno de los grupos enmendantes, Nueva Canarias, Bloque Canarista, señora Hernández Jorge.
Buenos días, gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Feliz 2026 y bienvenidos y bienvenidas a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Radiotelevisión Canaria. Año nuevo, cacicada nueva. Hoy este Parlamento no decide solo sobre una ley, decide si se pliega o no ante un retroceso democrático, porque lo que se nos trae aquí no es una simple reforma técnica de una norma, es, y conviene decirlo claro y sin rodeos, un proyecto de ley ilegal y antidemocrático, una norma que vulnera la Constitución española, que atenta contra un derecho fundamental: el control parlamentario de los medios de comunicación, que quiebra, por tanto, los principios básicos del pluralismo social y político.
Y no lo dice solo este grupo parlamentario, lo dice el Consejo Consultivo, el órgano que ustedes mismos eligieron para velar por la legalidad de lo que aquí se aprueba. Pero ya sabemos cómo funciona esto: cuando el dictamen conviene, es decisivo; es norma por imperativo legal. Cuando no interesa, es solo orientativo o consultivo. No seamos ingenuos, señorías. Hoy no debatimos una simple ley, hoy debatimos quién controla la televisión canaria, quién manda, a quién sirve y con qué objetivo.
Porque este proyecto no nace para reforzar el servicio público, ni para modernizarlo, ni para adaptarlo al marco normativo europeo o estatal, aunque así se intente disfrazar, como ha hecho hoy el Gobierno en la exposición de motivos. Nace para algo más sencillo: hacer la radiotelevisión canaria más cómoda al poder político, más útil al Gobierno y, concretamente, más útil a Coalición Canaria justo cuando se acerca el periodo electoral. El verdadero motivo de que el Gobierno impulse esta ley es que la quieren secuestrar, ponerla al servicio del señor Clavijo. La verdad es que es un buen regalo de Reyes para ustedes, señor Clavijo.
Y hoy hablan de bloqueo institucional, la gran excusa, la coartada perfecta. Pero la realidad es que esta ley no desbloquea nada; lo dice el consultivo con claridad meridiana: el bloqueo no se resuelve, se reproduce. Eso sí, se reproduce con una ventaja sustancial para el Gobierno, ya que todo el poder se concentra en una sola persona designada por el Gobierno, sin contrapeso, sin control parlamentario, sin control de los profesionales. En definitiva, proponen una norma que se carga de un plumazo los mecanismos de fiscalización interna, es decir, la Junta de Control y de participación parlamentaria en un servicio de comunicación audiovisual.
Esto es anticonstitucional, y por eso nuestra primera razón para rechazar esta ley es que supone un profundo retroceso democrático. Se vacía de contenido el control parlamentario, desaparece el mandato marco que es obligatorio y aprobado por mayorías reforzadas, y pasará a ser algo solo potestativo. Se sustituye la deliberación plural por la imposición de una mayoría absoluta, la del Gobierno. La Junta de Control, ese máximo órgano de gobierno del ente, se debilita al restarle competencias. Y lo más grave, no hay garantía ni plazos determinados para que se conforme la Junta de Control. En eso ha sido muy crítico el Consejo Consultivo. Artículo 20, le recomiendo a todas las señorías que lo lean. Esto es anticonstitucional. Esto no se trata de eficacia ni de eficiencia, es darle a una persona plenos poderes.
De gestión, de contratación, de línea editorial, todo. El señor Toledo va a ser omnipresente y omnipotente. Y miren, la historia democrática nos ha dejado una lección: las democracias no se erosionan solo con golpes abruptos, sino también con pequeñas renuncias institucionales. Quitar contrapesos temporalmente, concentrar el poder por eficiencia, sustituir órganos colegiados por órganos unipersonales para dar más agilidad. Siempre hay una excusa. Por tanto, defender hoy una radio y televisión pública con contrapesos no es una cuestión exclusivamente técnica, es una cuestión de democracia. Sin control parlamentario, sin junta de control, la radiotelevisión pública deja de cumplir su función democrática básica para garantizar un servicio fundamental, que es el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural, veraz e independiente. Este Parlamento está obligado a velar porque el medio de comunicación que entra cada día en los hogares canarios no responda a los intereses de ningún partido político ni de ningún gobierno.
La segunda gran razón por la que hemos presentado una enmienda a la totalidad tiene que ver con que esta ley no desbloquea nada, es simplemente una excusa. No hubo acuerdo en el mandato anterior, es verdad, pero ¿qué han hecho en esta legislatura para buscar consenso? Nada, no han intentado el consenso, ni han buscado ninguna fórmula democrática para reforzar los mecanismos parlamentarios. Proponen hoy una solución muy simple, pero muy peligrosa: como no hay consenso, que no han intentado conseguir, le quitan el poder al Parlamento. Como van a decir que la culpa es del Partido Socialista de Nueva Canarias, en nuestra enmienda les proponemos una solución democrática. Vamos a constituir una junta de control con un miembro de cada grupo parlamentario, y luego, en función de la representatividad, se amplía en base a criterios de proporcionalidad. De manera que la junta, en vez de tener siete, puede tener once o trece. Como no cuesta dinero, ustedes han quitado cualquier financiación a la junta, ¿qué problema hay? Esta es una solución democrática. Esto no cuesta nada, señor Clavijo. Para querer soluciones democráticas hay que ser un verdadero demócrata.
La tercera razón es que este proyecto de ley pone en riesgo de manera grave la independencia editorial y profesional. Cuando una sola persona concentra todo el poder y desaparecen los consejos informativos, se han diluido en el consejo asesor, que tampoco tiene plazos para constituirse. Lo único que es claro es que el señor Toledo va a ser omnipotente y omnipresente. Por cierto, le suben la capacidad de contratación a un millón y medio. ¿Saben cuánto puede contratar el director general de Telemadrid? Hasta 600.000 euros, con un presupuesto de 94 millones, bastante más que el canario, que tiene algo más de 60. ¿Saben cuánto puede contratar el presidente de Radiotelevisión Española con 1.200 millones de presupuesto? Es decir, con 20 veces más que el presupuesto de la televisión canaria, dos millones. Y ahora resulta que le damos al director general hasta un millón y medio, y si no se crea la junta de control, que no hay garantías de que se cree, este señor, de manera sine die, estará en esa situación por lo menos hasta que acabe la legislatura. Nosotros cambiaremos esta ley, evidentemente. Esperamos mejorarla en el proceso de enmiendas, pero conociendo al Gobierno, tengo muy pocas esperanzas.
Además, esta ley no garantiza la constitución de los consejos informativos y abre la puerta a la externalización del servicio público de informativos. Creemos que esto no se puede aceptar. Debemos garantizar que los servicios informativos sean 100% públicos en todo el proceso, desde la producción, edición y emisión. Por tanto, aquí lo que se busca es controlar la radiotelevisión en el periodo preelectoral y ponerla al servicio de coalición. Esto es algo que hacen algunos gobiernos que no son democráticos, y esto es terrible en un momento donde la democracia más que nunca necesita ser reforzada. También se abre la puerta a la externalización, porque aunque se redacta de manera ambigua que los informativos van a ser públicos, entendemos que, por experiencias de otras comunidades como en Galicia, esa ambigüedad deja abierta la puerta a externalizaciones. Presentamos en la enmienda a la totalidad que se cierre esa puerta.
Finalmente, es importante la enmienda que hacemos a la disposición adicional séptima, que abre la puerta a las subrogaciones obligatorias del personal. Decimos alto y claro: hay que hacer desaparecer del texto cualquier mención a subrogaciones obligatorias y dejar claro, a través de una cláusula específica, que se protege el empleo estable.
Las trabajadoras de la Radio Televisión Canaria son un elemento sustancial e imprescindible para garantizar la independencia editorial. Un profesional que teme perder su puesto de trabajo no puede ejercer sus funciones de manera libre. Si un periodista o informador no ejerce sus funciones de forma libre, se quiebra la independencia editorial, que es un principio constitucional básico. Por ello, creemos que esta ley, además de lo que señala el consultivo en sus conclusiones —nunca he visto un informe del consultivo, por lo menos en las últimas dos legislaturas, tan contundente contra el Gobierno—, presenta serias deficiencias. No se menciona el papel de la radio, no se blinda el control parlamentario, no se garantiza el pluralismo ni la independencia editorial, y no se asegura la constitución efectiva de la Junta de Control de los Informativos. Además, no se proporciona estabilidad a los trabajadores. Por estas razones, rechazamos esta ley y abogamos por una nueva normativa que contemple la participación social de los y las trabajadoras del sector audiovisual.
La Radio Televisión Canaria es la voz que conecta a canarias y canarios de las ocho islas, a barrios, a generaciones; es parte de nuestra identidad como pueblo. Por ello, no puede ser propiedad de ningún gobierno, ni una herramienta de propaganda, ni un negocio externalizable. La Radio Televisión Canaria es orgullo de los canarios y canarias, es patrimonio de nuestro pueblo y así debe seguir siendo.
Gracias, señora Hernández. Ahora, en nombre del Grupo Socialista Canario, tiene la palabra la señora Fierro Díaz.
Señorías, presidenta, presidente, trabajadores y trabajadoras de la radio y televisión pública Canaria, buenos días. Hoy es el primer día que escuchamos al Gobierno dirigirse a quienes representamos a la ciudadanía de Canarias de forma legítima y tras mandato electoral, para contarnos cuál es su propósito con este proyecto de ley de ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias. Hoy intentan superar las faltas de consenso mediante imposiciones y urgencias, en una aspiración legislativa que es clave, pero que no proviene de los grupos parlamentarios, ni siquiera se tiene en cuenta a los mismos.
Hubo un tiempo en Canarias en el que las cuestiones nucleares eran previamente compartidas por los grupos aquí representados. Hubo un tiempo en el que al menos se intentaba y se respetaban las formas. Insisto, en asuntos tan cruciales como este, y hablo del principal partido de Canarias, que cuenta con el mayor respaldo social de las islas. Sin embargo, llegó el modo Clavijo, su mejor versión, la versión 2023, una versión mejorada de 2015.
Usted, señor Clavijo, siempre nos llama para hacer frente a Madrid, pero para lo que nos importa aquí, nunca nos llama. Ahí es donde radica su trilerismo político. Nos pide consensos para lo que considera grandes temas, pero para lo que nos afecta, convierte todo en portazos a este Parlamento. Esta subversión mejorada consiste en silenciar a la oposición a su Gobierno y en intentar acallar a quienes representan al mayor número de ciudadanos, mientras se presenta como un hombre de diálogo y consensos, mientras revienta los controles parlamentarios de la Radio Televisión Pública Canaria.
Para lo único que usted tiene prisa es para consolidar la trayectoria de esta legislatura. Desde su primer decreto, el de urgente necesidad, busca controlar la Radio Televisión Pública Canaria y quitarle competencias a este Parlamento. Hoy, ustedes consolidan esto con este proyecto de ley, la ley Clavijo.
Usted elige al director general y le otorga plenos poderes para actuar a su antojo, para nombrar a los directivos y gastar lo que le plazca sin control. Se establece una barra libre de contratos de hasta un millón y medio de euros. ¿Saben cuántos contratos hay por esta cantidad en la Radio Televisión Canaria a fecha de noviembre del 25? Uno, uno de 251. Esto significa que el director general propuesto por el presidente del Gobierno podrá gastar en contrataciones lo que desee. Esto es la ley Clavijo. Ustedes han llevado a la Radio Televisión Canaria a la mayor crisis interna que se recuerda.
Que cambiaron los mecanismos de designación, poniéndolos directamente bajo su señalamiento. Se les ha ido la Administradora General, la Dirección de Informativos, la de Producción, y han introducido la figura de comisario político para controlar todo el contenido informativo que se emite en todas las franjas horarias en la Radiotelevisión Pública Canaria. Un señor dedicado a eso. Y ahora dirán, porque aquí ya nos conocemos todos, que ustedes no confían en los trabajadores, que son los que hacen la Radiotelevisión Pública Canaria. Por supuesto, son el único patrimonio que tiene la Radiotelevisión Pública Canaria, que tenemos todos los canarios y canarias. Sin embargo, con sus cambios, con sus mecanismos de control y vigilancia, han creado un sistema de presión insoportable para los trabajadores y trabajadoras.
Ustedes han elevado al comisario político a jefe de los jefes de la Radiotelevisión Pública Canaria, el conocido como expulsado y espía del Partido Popular, ahora tragado, masticado y engullido por quien lo expulsó de su partido. A ese mismo, hoy ustedes le dan plenos poderes a través de la ley Clavijo, un proyecto de ley sin consenso y sin debate, con información pública reducida a veinte días y con un trámite parlamentario de urgencia. ¿De urgencia? ¿Cuál es la urgencia? ¿El control? Todo con la excusa de superar un bloqueo, en lo que podemos estar de acuerdo, superar la inoperancia de la ley actual.
¿Qué tiene que ver la inoperatividad del ente para que se supriman los consejos de informativos? ¿Qué tiene que ver la inoperancia del ente para que la mayoría para elegir al director general sea de 36 y la Junta de Control de 42 votos en este Parlamento? ¿Qué tienen que ver los mandatos legislativos con el mandato de la Junta de Control y de la Dirección General? ¿Qué tiene que ver con la inoperatividad que no se establezca la obligatoriedad para informar a este Parlamento de los reglamentos que va a desarrollar el ente o que se informe al Consejo Consultivo? ¿Qué tiene que ver la operatividad o no de la ley con la inconstitucionalidad que señala el Consejo Consultivo de Canarias?
En definitiva, una norma que pretende superar los problemas derivados de la falta de consenso en la aplicación de la ley que vendría a sustituir, que no ha sido consensuada ni intentada consensuar con nadie, y que como receta para esta falta de consenso propone reducir las mayorías parlamentarias necesarias para desarrollar la ley, reducir el peso del Parlamento dentro del ente, eliminar el órgano de control de los profesionales, los consejos de informativos, y fortalecer la vinculación del Gobierno en la Radiotelevisión Pública Canaria a través del director general. Este es el resumen de la ley. Bajo el pretexto del bloqueo, ustedes proponen menos control parlamentario, más implicación del Gobierno en el proceso de toma de decisiones, cero intenciones de proponer Junta de Control, ausencia de participación de los trabajadores y barra libre de contratos.
Esto es lo que decimos nosotros, pero es que el Consejo Consultivo va mucho más allá, señalando la inconstitucionalidad de determinados artículos. Y digo yo que ustedes, que están todo el día amenazando a todo el mundo con llevarlo a la justicia, a la amnistía, a la financiación autonómica y no sé qué más, no se van a saltar la ley, ¿no? Bueno, en realidad ya lo han hecho con esto de los sueldos del Servicio Canario de Salud.
A cualquier demócrata que esté ahí sentado le daría vergüenza los señalamientos que hace el Consejo Consultivo de injerencia política y voluntad clara de control. Por ejemplo, la mayoría probablemente no se ha leído el informe. Voy a hacer un pequeño extracto. Artículos 13, 14 y 19. La duración ligada a la legislatura implica que cada cambio parlamentario provoca la renovación completa del órgano, lo que introduce una dependencia directa respecto a las mayorías políticas coyunturales y compromete la neutralidad institucional. El artículo 19.4, párrafo segundo del proyecto de ley, resulta jurídicamente cuestionable. Permitir que, en última instancia, la persona titular de una consejería del Gobierno de Canarias designe al sustituto interino del director general supone una injerencia directa del Ejecutivo en la gestión del ente público, vulnerando el principio de independencia funcional recogido en la Constitución Española.
Este fin de semana escuchaba a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Coruña, en la interparlamentaria del Partido Popular, hablar de la fiscalización, del control parlamentario, de la rendición de cuentas, del sistema de pesos y contrapesos. ¡Qué bonito! Ustedes hoy van a votar para reventar los controles parlamentarios a la Radiotelevisión Pública Canaria. No les dura la mentira ni 24 horas. Otra más del Partido Popular de hacer una cosa y decir la contraria, ¿no, señor Domínguez?
Espero que en este tiempo que se inicia hoy tengamos tiempo para hablar. Lo deseo de corazón y aquí está la mano tendida del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista, de servicios informativos públicos, sin dudas, sin titubeos, con términos claros, que no nos lleven a problemas jurídicos posteriores, como ha ido en otras televisiones autonómicas, con un mínimo de horas en los servicios informativos, de los consejos informativos y de los límites que debe tener un director general de la Radiotelevisión Pública Canaria. Estaremos en el diálogo y esperamos encontrarnos en ese camino.
Camino, no les quepa duda, pero estas formas no son las correctas, ni en la forma ni en el fondo. Sus ansias de control, señor Clavijo, por los medios de comunicación desde el inicio de la legislatura ponen en riesgo un sistema público esencial y vertebrador de las islas, como es la radiotelevisión pública canaria. Nuestro modelo está claro y meridiano: servicio público de informativos, pluralidad y profesionalidad. Ojalá, ojalá que en el tiempo que nos queda esta ley sea menos ley Clavijo y más ley de todos los que estamos aquí representados.
Tiempo de intervención para los grupos no enmendantes. Inicia la intervención el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Herreña Independiente, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señorías, también bienvenidos a los representantes del ente que están hoy aquí y que nos acompañan.
Señorías, hoy debatimos un proyecto de ley que pretende superar una de las anomalías institucionales más prolongadas durante la historia de nuestra autonomía, que es la ordenación del servicio público de comunicación audiovisual y, más exactamente, su control parlamentario efectivo. Conviene decirlo desde el principio y con claridad: esta ley surge porque durante años, demasiados años, no hemos sido capaces de hacer funcionar con normalidad el modelo previsto en la norma vigente. Además, esa falta de acuerdos ha obligado a encadenar soluciones que todos estamos de acuerdo han sido excepcionales y que nunca debieron convertirse en permanentes. La propia exposición de motivos reconoce esta realidad. Se ha funcionado en un régimen transitorio y provisional, confiando siempre en que ese bloqueo iba a ser temporal, pero la realidad ha demostrado otra cosa. Y eso no lo dice un grupo político, lo dicen los hechos, lo dice la práctica acumulada durante muchas legislaturas y lo dicen también los propios informes jurídicos que han acompañado a esas sucesivas soluciones excepcionales adoptadas para garantizar la continuidad del servicio público.
El problema de fondo no ha sido la falta de normas, sino la falta de acuerdos políticos para poder cumplirlas. Este proyecto de ley nace precisamente para ofrecer una salida plenamente democrática a esa situación. No podemos hablar del proyecto de ley Clavijo o del proyecto de ley del Gobierno cuando hoy estamos sentados en el Parlamento de Canarias, cuando hoy es la representación popular la que tiene la sartén por el mango y es la que va a meterle mano a este borrador de ley. Somos todos los que nos estamos sentando aquí los que tenemos la capacidad como legisladores de modular, modificar y presentar las enmiendas que consideremos necesarias. A ver si empezamos a tener altura de mira y empezamos a obrar en interés del servicio público y de los trabajadores.
La ley reafirma algo que hasta ahora es esencial: el servicio público de comunicación audiovisual no es un servicio cualquiera, es un instrumento clave para poder garantizar el pluralismo político, social y también territorial, para reforzar la identidad canaria y para asegurar el derecho de la ciudadanía a una información que sea veraz y plural. Pero para que eso pueda ser real, no basta con declaraciones de principio; hacen falta estructuras, hacen falta reglas claras y también hace falta un control parlamentario efectivo que no es equivalente a un control de contenido. Y ahí está, probablemente, el núcleo del debate.
Durante años ha sido imposible constituir el órgano de control parlamentario previsto en la normativa por la incapacidad de los grupos para alcanzar los consensos necesarios. Debemos afrontar en este sentido el problema de frente, actualizando la norma a la realidad de hoy, pero, sobre todo, cumpliendo también con el papel que esa misma norma reserva a este Parlamento. En este sentido, me gustaría realizar algún comentario en relación a las consideraciones que hacen los grupos de la oposición a sus enmiendas a la totalidad, porque creo que en su encendida defensa de la independencia del ente, que por otra parte todos compartimos, hacen un flaco favor también a esos profesionales de la tele y la radio pública. Ustedes fían todos los valores que definen el ejercicio de un periodismo que sea serio, riguroso, veraz y comprometido socialmente al funcionamiento de la Junta de Control, y se olvidan de lo más importante.
Como un profesional, no acepta presiones, y la televisión y la radio pública, por suerte, están llenos de magníficos profesionales. Coincido con usted en que debemos garantizar su independencia y que sus puestos de trabajo no estén en riesgo, para que puedan ejercer su labor con la autonomía que merecen. En ese sentido, estoy dispuesto a colaborar de manera propositiva, no a generar incendios ni a afirmar que en febrero o enero se iba a iniciar la privatización, o que en diciembre se aprobaría la norma, como se ha dicho en numerosas ocasiones, engañando a los propios trabajadores que han tenido que soportar esas mentiras. Lo menciono porque he tenido reuniones con ellos y conozco sus preocupaciones.
Profesionales a los que supuestamente queremos defender, pero que ustedes, muchas veces con intereses partidistas, intentan manipular o ser tendenciosos. Les aseguro que ninguna mayoría que se articule en este Parlamento, ni ningún gobierno futuro, tocará una coma de esta ley una vez aprobada.
Me gustaría referirme a otro asunto que ha generado polémica en los últimos meses y que queda claro en el proyecto: los programas informativos del servicio público no se cederán a terceros. Los informativos son el corazón del servicio público audiovisual; mantenerlos bajo una responsabilidad pública directa no es solo una cuestión ideológica, sino una garantía democrática. En este sentido, el proyecto ofrece seguridad jurídica y lanza un mensaje claro tanto a los profesionales como a la ciudadanía: el núcleo informativo del ente público forma parte esencial del servicio público y debe preservarse como tal.
Me pregunto, si comparamos la normativa actual con este proyecto de ley, ¿cuál ofrece más garantías? ¿Cuál está realmente preservando el servicio público? Si estamos hablando de que sea más difícil o que dificulte la externalización, ¿cuál ofrece más garantías? ¿Por qué no se habla de las mejoras que este proyecto introduce, que la normativa actual ni siquiera aborda? ¿Por qué no discutimos los puntos que nos unen y lo que queremos mejorar? Solo se centran en encender el debate, utilizando esto de forma electoralista.
Es precisamente en este contexto donde se debe ser riguroso para evitar situaciones como las denunciadas por el Consejo de Informativos de Televisión Española sobre el sesgo de contenidos en programas supuestamente informativos contratados por productoras externas. A veces pensamos que todo se produce aquí en Canarias y olvidamos la realidad más inmediata que también tenemos en Madrid. Por eso, desde nuestro partido, vamos a respaldar este proyecto de ley, porque creemos que va en la buena dirección. Una radiotelevisión pública fuerte y plural es una garantía para todos los canarios, y ahí nos encontrarán.
En aquellas situaciones en que los trabajadores se vean comprometidos, estoy dispuesto a mejorar e intentar que este proyecto de ley salga de la mejor manera posible. He sido propositivo con el artículo 35.3 y en el análisis de la disposición adicional séptima. En esas cuestiones, en lo que realmente importa, ahí es donde me encontrarán, no en el debate político fácil que no soluciona los problemas que enfrentamos hoy.
Muchas gracias.
Gracias, señora Acosta. Ahora es el turno de intervención para la Agrupación Socialista Gomera. Intervendrá la señora Mendoza Rodríguez. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, buenos días al señor presidente y a todos los consejeros y consejeras presentes. También quiero saludar a los representantes de la Radio Televisión Canaria que nos acompañan esta mañana y con quienes hemos tenido la oportunidad de reunirnos en varias ocasiones.
Señorías, para muchas personas en Canarias, la radio y la televisión pública no son simplemente una estructura administrativa ni un organigrama; son la voz que informa en momentos de emergencia, la señal que conecta las islas cuando todo parece distante, o simplemente el espacio donde muchas veces una comunidad entera se reconoce. Por eso, cuando hablamos del servicio público audiovisual, no hablamos solo de medios de comunicación.
Hablamos de derechos, hablamos de cohesión social y hablamos también de confianza democrática. Un servicio público esencial como este no puede ni debe seguir funcionando desde la provisionalidad ni puede depender de soluciones excepcionales para poder responder a retos, señorías, que son completamente estructurales. Canarias necesita una nueva ley. Durante más de una década hemos convivido con un marco normativo que no ha sido capaz, esa ha sido la realidad, de desplegarse plenamente, además de generar bloqueos institucionales, interinidades prolongadas y una sensación permanente de transitoriedad. Un servicio público de comunicación, me van a permitir que lo diga, no puede vivir en la excepción.
Este proyecto de ley responde a esa situación con responsabilidad. No nace contra nadie, nace a favor del servicio público, a favor de su estabilidad, a favor también de su operatividad y de su credibilidad. Y lo hace, además, tras un proceso riguroso, con informes favorables del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo, así como con exposición pública y un amplio diálogo social. Ese camino importa, porque la forma en la que se legisla construye confianza.
El texto que hoy debatimos cumple con el marco constitucional de garantizar el control parlamentario de los medios públicos, el pluralismo político y social, y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, objetiva y plural, que, señoría, está en crisis entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo hace alineado con el marco estatal y europeo, reforzando las garantías de independencia editorial y protección frente a injerencias indebidas.
Por otro lado, la neutralidad y el pluralismo político, señorías, no se proclama, se construye con reglas claras y con órganos que funcionen. Uno de los avances más relevantes de este proyecto es abordar de forma decidida la parálisis orgánica que ha lastrado durante años la Radiotelevisión Canaria. El nuevo modelo de gobernanza busca equilibrar eficacia, control democrático e independencia, que es fundamental. No estamos ante una ley que concentre poder; estamos ante una ley que ordena responsabilidades, clarifica funciones e introduce mecanismos para evitar bloqueos, que ya conocemos demasiado bien en esta Cámara.
Esto no es solo una garantía para el ente público, sino también para esta Cámara, que no puede permitirse que un medio público funcione durante años sin órganos plenamente constituidos. Decimos constantemente que los órganos no están plenamente constituidos, pero no hacemos nada para que se constituyan. Quiero referirme también a los servicios informativos. Esta ley blinda el carácter público de la producción y edición de los informativos, impidiendo su cesión a terceros. Esto no es un detalle técnico, es una declaración de principios. Significa que el núcleo del servicio público, la información, permanece bajo control público, con profesionales que conocen la realidad de Canarias y que trabajan con criterios de servicio.
En cuanto al personal, el texto aporta garantías de continuidad laboral y seguridad jurídica. Aquí conviene actuar con responsabilidad. No debemos alimentar temores infundados, pero tampoco ignorar inquietudes legítimas. Desde nuestro grupo entendemos esta ley como una oportunidad para mejorar el funcionamiento de la Radiotelevisión Canaria, reforzar su papel como sector audiovisual y conectarla con políticas públicas más amplias de apoyo a la creación cultural y a la industria audiovisual. También es una oportunidad para que este Parlamento ejerza plenamente su función.
Por eso, apoyamos la tramitación de este proyecto presentado por el Gobierno de Canarias y no vamos a apoyar, por supuesto, las enmiendas a la totalidad. No lo hacemos porque creemos que mejorar una ley se hace trabajando en ella, no devolviéndola al punto de partida. La tramitación parlamentaria, como a veces se quiere dar a entender, no es simplemente un trámite; es el espacio donde se mejora la ley.
Donde se introducen matices y se refuerzan los consensos, la Agrupación Socialista Gomera será exigente, como lo somos con todos los textos y normas que entran en esta Cámara. Apoyar la tramitación no significa renunciar a las exigencias; significa que asumimos la responsabilidad de construir un marco estable y duradero que necesita la Radiotelevisión Canaria. Mantener la situación actual para la Agrupación Socialista Gomera no es una opción responsable.
Concluyo con una reflexión final: un medio público no se mide solo por su audiencia ni por su programación, sino por la confianza que genera. Las últimas encuestas publicadas a nivel nacional, no autonómico, indican que la confianza en los medios de comunicación públicos ni siquiera alcanza el aprobado. También se mide por su capacidad de estar presente cuando la ciudadanía lo necesita, de informar con rigor en momentos de incertidumbre y, muy importante en este caso, de representar a todas las islas sin excepción. Hoy damos un paso para ordenar, proteger y fortalecer ese servicio. Creo que es importante, señorías, que lo hagamos con altura de miras, con sentido institucional y con la voluntad de construir una ley que no solo exista, sino que funcione, regule y esté al servicio de Canarias y de su gente. Tenemos una oportunidad de oro que debemos aprovechar en esta legislatura. Muchísimas gracias.
Grupo Parlamentario Vox, su tiempo de intervención. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y también a quienes nos acompañan. Inauguramos 2026 con una ley titulada de ordenación del servicio público audiovisual en Canarias. Un título ambicioso, pero si se lee esta norma, lo cierto es que no hay ningún precepto que tienda a modernizar y adaptar el servicio público audiovisual de Canarias a su evolución tecnológica de los últimos diez años. El auténtico objetivo de esta ley es derogar la Ley de 2014 de Televisión y Radio Canarias, pero además con un deseo inconfesable: que la radio y la televisión dependan aún más del presidente del Gobierno de Canarias, de su Gobierno y también de Coalición Canaria.
El Gobierno afirma que quiere suplir los defectos de una ley de 2014 que ha producido un bloqueo institucional y nos culpa a los 70 diputados de ese bloqueo. Desde Vox, no vamos a hablar de lo ocurrido en legislaturas pasadas, pero sí certificamos y denunciamos que, a lo largo de esta legislatura, desconocemos las componendas de este Gobierno o de los grupos parlamentarios que están en este lado del plenario. Con nosotros, nadie ha hablado para intentar desbloquear este asunto, por lo que entendemos que esta ley se precipita y es innecesaria, ya que no ha habido intentos de constituir los órganos necesarios ni de fijar las directrices de la prestación del servicio público.
Además, se dice que esta ley quiere adaptarse a la nueva legislación básica, la Ley General de Comunicación Audiovisual. Es cierto que el Partido Socialista la aprobó con el PNV, que el Partido Popular se abstuvo en 2022 y que Vox votó en contra. ¿Por qué? Porque esa ley rompió el guion de la normativa europea que pretendía transponer para poner como actores principales a aquellos que les interesaba. Por lo tanto, esta tampoco es una razón válida para esta norma. En los últimos meses del año pasado, el propio presidente Clavejo llegó a afirmar que la televisión es del Gobierno de Canarias, lo que ha llevado a cambios organizativos intempestivos y en la titularidad de órganos clave que generan dudas. Si examinamos el proyecto de ley en sí, también causa muchas inquietudes. No entraré en las ínfulas que se da en una exposición de motivos que debería ser técnica, alabando sus propias medidas y afirmando la imperiosa necesidad de la ley, cuestiones ajenas a lo que debe ser un texto normativo.