Comunidades Autónomas - Canarias - 13 de enero de 2026

Vamos a dar comienzo a esta comisión de Cabildo. En ausencia de la presidenta y teniendo que elegir a un presidente o presidenta miembro de esta comisión que la sustituya, proponemos que presida esta comisión la vicepresidenta, doña Ana Oramas. ¿Le parece bien? Pues nada, doña Ana. Buenos días a todos y también a los representantes de los cabildos. Comenzamos por las sustituciones: el Grupo Mixto está presente, la Agrupación Gomera también, que es la titular. Por el Grupo Popular, doña Mónica Muñoz sustituye a don Juan Manuel García Casaña y, en mi caso, Carlos Ester sustituye a doña Luz Rebelón. ¿Alguna otra sustitución por Coalición Canaria? No. ¿Por VOX? Gracias, presidenta. Javier Nieto sustituye a Paula Jover. Para el Grupo Socialista, Marco Pérez, Rafael Nogales y Tamara de la Sistema. Muy bien, pues comenzamos. El Decreto Ley del Gobierno de Medidas Urgentes para la Modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y de la Ley 4/22, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias. En primer lugar, tiene la palabra el consejero de Política Territorial por un tiempo de cinco minutos. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, señoras diputadas, buenos días, señoras representantes de los cabildos. Muy buenos días a todos y, antes que nada, desearles un feliz año. Como bien se ha dicho, traemos hoy este Decreto Ley 6/2025, de 15 de diciembre, de medidas urgentes para la modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y de la Ley 4/22, de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias. Debemos en esta comisión argumentar las razones para elevar este Decreto Ley a su convalidación por el Parlamento de Canarias y dar las explicaciones correspondientes a los representantes de los cabildos insulares. Este Decreto Ley, como saben, viene promovido por las dos consejerías afectadas, en este caso, Política Territorial, Ordenación Territorial y Aguas, y la Consejería de Turismo y Empleo. Como bien saben, el decreto tiene dos artículos. El artículo número uno está dividido en dos partes. La primera parte introduce un nuevo apartado, el apartado 11, en el artículo 86 de la Ley 4/2017, a fin de incorporar la posibilidad de prorrogar los informes ambientales estratégicos. Según esta nueva disposición, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia de los informes ambientales estratégicos que se hayan formulado sobre cualquier instrumento de ordenación territorial, ambiental y urbanística, así como cualquier plan o programa, siempre que no se hayan producido, y esto es muy importante resaltar, cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar esa evaluación ambiental estratégica. Esto sería, digamos, la primera parte de este decreto, que permite ampliar los plazos, o permitir, perdón, al órgano ambiental que pueda ampliar esos plazos hasta cuatro años, como marca la normativa en vigor. En segundo lugar, en el apartado 2 de ese artículo 1, lo que hacemos es incorporar un nuevo apartado en la disposición transitoria séptima de la Ley 4/2017, que establece que, con carácter excepcional, los instrumentos de ordenación que cuenten con memoria ambiental prorrogada por el órgano ambiental hasta el plazo máximo de cuatro años, que hayan superado, y es importante resaltar, las fases de información pública, consulta, informe y audiencia correspondiente a la aprobación inicial, puedan ser aprobados en el plazo máximo de un año a partir de la fecha en que finalizaría el plazo prorrogado. Esto, señorías, señores representantes de los cabildos, lo hemos utilizado y hemos utilizado esta herramienta.

Para poder seguir adelante en la tramitación de los planes generales de ordenación supletorios que está gestionando el Gobierno, hemos sacado recientemente, el 30 de diciembre, en la Comisión de Informe Único, dos planes generales supletorios: el de San Bartolomé en la isla de Lanzarote y el de San Miguel de Abona. Se aplicó este decreto ley para ampliar el plazo y permitir su entrada; en este caso, ya están aprobados. Además, estamos trabajando en planes generales supletorios en La Orotava, en Arrecife y en Mazo. Los dos primeros probablemente estén terminados en el primer trimestre del año 2026, y a lo largo del próximo año podremos finalizar el de Mazo. Si no hubiéramos tenido esta posibilidad de ampliación de plazo, estos planes habrían decaído y, por supuesto, habría sido necesario iniciar un nuevo proceso de evaluación ambiental estratégica, lo cual hace muy necesaria la aplicación de este artículo. En cuanto al artículo 2, se refiere a la parte promovida por la Consejería de Turismo y Empleo. Se modifica el apartado primero de la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias, para permitir que las sociedades cooperativas constituidas con anterioridad al 10 de enero de 2013 puedan adaptar sus estatutos a la citada ley hasta el 10 de enero de 2027. Esta modificación se promueve porque el plazo para que las cooperativas se pusieran al día tenía como fecha límite el 10 de enero de 2026. Muchas cooperativas habían presentado su iniciativa, pero debido a problemas de sobrecarga administrativa, el registro de sociedades cooperativas de Canarias no había podido autorizar esas adaptaciones a la ley de 10 de enero de 2003. La consecuencia de esto habría sido la disolución y la entrada en fase de liquidación de las cooperativas. Por lo tanto, se ha previsto que podamos avanzar en este tema. Por último, es importante señalar que el decreto ley es necesario, excepcional y proporcionado. Recoge una serie de medidas que nos permitirán que algo que era positivo, como limitar los tiempos para agilizar las tramitaciones, no se convierta en una espada de Damocles. A continuación, tiene la palabra la vicepresidenta y consejera de Organización Administrativa, Recursos Humanos y Economía del Cabildo Insular del Hierro, la señora González González, por un tiempo de cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido al consejero de Política Territorial. Feliz año a todos los diputados de la Cámara. Señorías, intervengo en esta Comisión General de Cabildos para fijar la posición del Cabildo Insular de El Hierro respecto al decreto ley 6/25, que modifica la ley del suelo y la ley de sociedades cooperativas de Canarias. En primer lugar, la modificación del suelo, como es sabido por todos ustedes, la legislación estatal establece que determinados planes y proyectos deben someterse a evaluación ambiental, y que los informes ambientales tengan una vigencia limitada de cuatro años. Esta limitación responde a una lógica evidente: el medio puede cambiar y no es razonable mantener indefinidamente un pronunciamiento ambiental. Sin embargo, la realidad administrativa demuestra que no todos los territorios parten de las mismas condiciones. En islas como El Hierro, con una estructura administrativa reducida, dificultades objetivas para licitar obras públicas y procedimientos de planeamiento complejos y muy garantistas, cuatro años no siempre son suficientes para culminar la tramitación y ejecución de determinados instrumentos. Hasta ahora, los planes que habían superado todas las fases sustantivas, incluidas la evaluación ambiental, se veían obligados a reiniciar el procedimiento desde cero, no por haber cambiado el territorio, sino por el mero transcurso del tiempo. El decreto ley corrige esta disfunción de manera equilibrada y prudente. Permite la prórroga de dos años del informe ambiental estratégico, exige expresamente que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que dieron lugar a dicho informe, somete la decisión al órgano ambiental con solicitud motivada del órgano promotor y establece un plazo de seis meses para resolver con silencio administrativo positivo, evitando bloqueos injustificados. Esto no es una desregulación ambiental; al contrario, solo se prorroga cuando todo sigue igual, cuando el territorio, los valores ambientales y las condiciones evaluadas permanecen inalterados.

Condiciones. Se gana en eficiencia administrativa, se evita un derroche de recursos públicos y se da respuesta a una realidad incuestionable como es la tramitación del planeamiento, que en Canarias es compleja y lenta. Desde los cabildos de las islas pequeñas entendemos que esta medida es positiva, necesaria y proporcionada, siempre que, como exige el propio decreto, se aplique correctamente y con rigor técnico. Este decreto ley responde a problemas reales de gestión pública, problemas que conocemos bien quienes gobernamos y trabajamos desde los cabildos, y muy especialmente desde las islas no capitalinas. Estamos ante una corrección necesaria del sistema para que la norma no se convierta en un obstáculo insalvable para la acción pública. Todos compartimos el objetivo de proteger el medio ambiente. En una isla como El Hierro, esa protección no es un discurso, es una convicción y una seña de identidad. Sin embargo, sabemos que los procedimientos de planeamiento y de obra pública en Canarias son extraordinariamente complejos, largos y sometidos a múltiples informes sectoriales, muchos de ellos vinculantes. Sobre el papel, puede parecer razonable, pero en la práctica, en las administraciones pequeñas, con estructuras técnicas limitadas y dificultades objetivas para licitar y ejecutar obra pública, cuatro años no siempre son suficientes. Esto no es una protección ambiental, es una indefensión administrativa en muchos casos, lo que frustra el interés general. Con respecto a la segunda modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas, la Ley 4/22 supuso un avance importante para el sector de la economía social, estableciendo un marco moderno, competitivo y alineado con los valores cooperativos. Sin embargo, se fijó un plazo de tres años, hasta enero del 26, para que las cooperativas existentes adaptaran sus estatutos. La realidad ha demostrado que muchas cooperativas no han podido llegar a tiempo. El decreto ley introduce una medida sensata y excepcional, ampliando el plazo hasta el 10 de enero del 27, evitando disoluciones automáticas por causas meramente formales y proporcionando seguridad jurídica. Desde el punto de vista del Cabildo, esta no es una cuestión que invada nuestras competencias, pero sí afecta al tejido social y económico del territorio, por lo que lo consideramos bienvenido. Como conclusión, desde el Cabildo de El Hierro consideramos que ambos decretos van en la buena dirección y merecen el respaldo de esta Cámara. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la vicepresidenta cuarta y consejera del área insular de Presidencia, Ordenación del Territorio, Accesibilidad Informática y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, la señora Calero Saavedra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Desde el Cabildo de Fuerteventura no tenemos ninguna objeción a este decreto ley. Vemos con buenos ojos el artículo 1, que modifica la ley del suelo incorporando nuevos apartados, tanto en cuanto a la prórroga de los informes ambientales, artículo 86, como la modificación de la disposición transitoria séptima. Tanto es así que, al informar desde el Cabildo de Fuerteventura, dijimos escuetamente que no teníamos nada que aportar. También estamos absolutamente de acuerdo con el artículo 2 de modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. Hacemos leyes con la mejor de las intenciones, pero lo cierto es que pueden causar daños significativos a los afectados. Por ello, lo correcto es lo que están haciendo ustedes: mejorar las leyes desde que se detectan estos problemas y lo antes posible. Aprovecho para hacer una observación: quizás deberíamos dejar de imponer este tipo de plazos en las normas, especialmente en el planeamiento, ya que las administraciones a menudo no cumplimos con ellos. Una cosa es establecer un plazo desde el inicio del documento hasta su aprobación definitiva, y otra son estos plazos intermedios que nos generan auténticos problemas, dado que son procedimientos muy complicados que implican mucho consenso, si queremos tener participación, y en los que siempre surgen dificultades. De hecho, ¿cuántas veces se ha modificado esta disposición transitoria séptima? Creo que, al menos, tres veces. Por lo tanto, sería preferible no incluir este tipo de plazos o, si se hace, darles una redacción que implique la caducidad de los documentos solo si la situación no es la misma que la que venía tramitándose. Por todo lo demás, enhorabuena por el trabajo y por mejorar las leyes cuando sea necesario. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la consejera de Gobierno de Política Territorial y Paisaje del Cabildo Insular de Gran Canaria, la señora Miranda Navarro.

Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por invitarnos a comparecer en esta comisión de cabildo. Lamentamos, sin embargo, que venimos a más de lo mismo. Desde el Cabildo de Gran Canaria entendemos que el planeamiento y la planificación, junto con los presupuestos, son dos áreas fundamentales en el gobierno de cualquier administración. Es esencial que tengamos claros los objetivos que se quieren alcanzar, ya que de estas dos áreas derivarán todas y cada una de las políticas sectoriales que conforman un gobierno. En esta legislatura, desde los primeros momentos, contamos con una propuesta por parte del consejero para modificar estructuralmente la ley del suelo. Ya en el momento de su aprobación, en el año 2017, advertimos que sería una ley conflictiva, que no daría respuesta, que no sería igualitaria y que judicializaría en gran medida la situación del planeamiento, además de retrasar los procedimientos. Y aquí estamos, como acaba de mencionar la consejera, en la tercera o cuarta modificación de un plazo. Están retocando la ley del suelo, modificándola a través de leyes de acompañamiento y decretos leyes, vulnerando así la esencia del planeamiento. No entendemos que haya un título habilitante que facilite el decreto que hoy estamos debatiendo. El propio Consejo Consultivo ha señalado que no hay urgencia. Lo ha explicado el consejero, pero podría haberlo solucionado en 2017, ya que la no prórroga de los impactos ambientales estratégicos está prevista por la ley estatal. La ley 4 de 2017 podía haber previsto esa prórroga y no lo hizo. Por lo tanto, les rogaría que miraran con detenimiento lo que tienen entre manos. Además, la urgencia que se menciona para situaciones puntuales tampoco está acreditada en el preámbulo que nos presentan, como también ha demandado el Consejo Consultivo, al igual que la memoria informativa que no aparece en la tramitación del decreto. No se puede esconder una modificación estructural necesaria en el planeamiento hablando de trámites administrativos que ustedes mismos podrían haber aprobado y solventado. A nivel estatal, aunque no es competencia nuestra, es doloroso y lo sufrimos todas las administraciones que una nulidad implique volver al punto cero. No entraré en las condiciones técnicas que se establecen aquí, ya que son las mismas que se recogen en la ley estatal. Es decir, que el órgano ambiental confirme que no ha habido modificaciones sustanciales con respecto a la declaración adoptada inicialmente. Por lo tanto, ruego al Gobierno y al Parlamento que se tomen, y lo digo con mucho respeto, en serio el planeamiento. No podemos gobernar ni planificar como se está haciendo, lo advertimos en 2017. Han acabado con el planeamiento para que los proyectos sean los que manden en nuestro territorio, lo que solo está logrando acabar con nuestro territorio y poner lo más sagrado que tenemos, lo que dejaremos a las generaciones venideras, al servicio de intereses que pueden ser de cualquier tipo, pero que se apartan de la necesidad de proteger nuestro territorio. Insisto en que no han quedado acreditados los elementos que justifican este decreto, lo que implica que se ha privado al debate de esta parte que hoy estamos discutiendo. La modificación estructural de la ley del suelo, que se reconoce con esta modificación, debe considerar el trabajo realizado desde todos los cabildos. La experiencia ha demostrado que la ley 4 nació viciada. Por último, solicito que esta comisión no sea simplemente una dación de cuentas, y que el plazo de seis días para que informemos no sea solo un mero trámite. Es fundamental que se escuchen las voces de todos los cabildos y sectores sociales, porque en realidad es lo que necesitamos.

Preocupa y ocupa a todas y a todos en esta comunidad, que es lo único, insisto, que vamos a dejar a las generaciones venideras. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el presidente del Cabildo Insular de La Gomera, don Casimiro Curbelo. Muy buenos días, gracias, señora presidenta. Saludos cordiales también a los miembros de la mesa, al representante del Gobierno, al señor consejero, a quienes le acompañan, a todos los portavoces de los grupos parlamentarios y a mis compañeras y compañeros de los cabildos canarios. Hoy estamos en un trámite que prevé la ley, que es consulta previa a lo que el legislador decide en el arco parlamentario respecto a los cabildos canarios cuando les afecta. Efectivamente, la planificación territorial y urbanística afecta tanto a los cabildos como a los ayuntamientos. Por tanto, lo que voy a hacer inicialmente es manifestar el apoyo satisfactorio y favorable a una ley que es muy complicada. Hay que tener en cuenta que todos los instrumentos de ordenación territorial, urbanística y ambiental en Canarias son extremadamente complejos. Hoy hay una realidad que debemos corregir poco a poco, ya sea por iniciativa parlamentaria de los grupos o por acuerdo del Gobierno ante el Parlamento, de todo aquello que se considere necesario para mejorar esta situación. Esta ley mejora el contenido en la tramitación de determinados informes ambientales para que los procedimientos no se alarguen y caduquen, que es lo que está intentando el legislador. Fíjense si es importante que, en una comunidad autónoma tan extraordinaria como lo es Canarias, la planificación territorial, es decir, los planes insulares de ordenación del territorio, le corresponde a cada uno de los cabildos aprobar, del mismo modo que los distintos planes generales de ordenación urbana que le corresponde a los 88 ayuntamientos aprobar y tramitar. Hay algunos ayuntamientos que nunca han tenido un plan general, y buena parte de ellos tienen normas subsidiarias en lugar de un plan general. Estamos pidiendo una agilidad increíble para construir viviendas, cuando hay ayuntamientos que tardan dos años o más en otorgar una licencia. Esta herramienta, que es muy compleja y requiere excesiva participación en su trámite, es fundamental para planificar el futuro de nuestras ciudades y municipios, así como la isla que queremos para el futuro. Es importante resaltar que hoy, al llegar a Santa Cruz de Tenerife desde La Gomera, el tiempo de tránsito es considerable. Esto indica que la planificación que se realiza debe tener una visión que, lógicamente, requiere ir evolucionando con el tiempo. Por tanto, estos instrumentos deben ser revisados, y la cooperación del Gobierno debe ser más amplia, no solo desde el punto de vista legislativo, sino también en términos de medios humanos y económicos para atender esta realidad. El futuro de esta tierra requiere proteger nuestro medio ambiente para tener una isla y unos municipios cuidados, pero también debemos dimensionar esta realidad para poder vivir adecuadamente en cada una de las islas y en cada uno de los municipios. Por eso, considero que este decreto ley de medidas urgentes es necesario, ya que es fundamental que los procedimientos no se terminen, dado que esto supone una inseguridad jurídica y, además, una pérdida de tiempo y recursos. Por tanto, creo que vale la pena que avancemos en esta dirección. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el consejero de Ordenación del Territorio, Política Territorial, Ordenación Turística y Actividades Clasificadas y Cultura del Cabildo Insular de Lanzarote, el señor Machín.

Muchas gracias, presidenta. También quiero saludar a todos los diputados, muchos de ellos excompañeros de esta Cámara, en un tiempo que fue apasionante como legislador del Parlamento de Canarias. Consejero, sí lo voy a felicitar, porque me pongo en el lugar de los más de 60.000 habitantes de Arrecife, que llevan veinte años esperando la aprobación de su plan supletorio, y que sin esta modificación hubiera caído el 30 de diciembre. Me entra la nostalgia, porque si en la legislatura pasada no se hubiese tumbado el Plan Insular, que tenía su documento ambiental aprobado y que iba para aprobación inicial, hoy podría haber estado dentro de estos casos. Lanzarote, después de 34 años, hubiese ido a aprobación definitiva de un plan insular. Pero lo tumbaron, y cuando lo hicieron, no consolidaron ningún acto. Se podía haber consolidado el documento ambiental, pero no quisieron. Archivaron el procedimiento y no iniciaron uno nuevo en un año y tres meses. Imagínese que cuando llegué a la consejería en julio de 2023, iba a gestionar una isla que no tiene ni un instrumento de ordenación aprobado. Tengo cuatro parques naturales sin instrumento de ordenación. Gestiono un archipiélago sin instrumentos de ordenación y una isla cuya normativa data de 1991, que tiene más años que el consejero. Imagínese lo difícil que es gestionar una isla tan frágil y territorialmente complicada sin ningún instrumento de ordenación. Por eso me entra la nostalgia y también la frustración, porque podríamos haber estado en este caso donde esta prórroga del documento ambiental podría haber conducido a la aprobación definitiva de ese plan insular tan deseado después de 34 años. Entiendo la necesidad, lo crucial y lo fundamental que es ampliar este documento ambiental. Los ciudadanos de Arrecife llevan esperando veinte años, y posiblemente muchos problemas en materia de planeamiento de la ciudad tendrán respuesta en ese plan general supletorio que se pretende aprobar en el primer trimestre del año. A veces, los plazos para quienes estamos en la administración local y municipal son muy difíciles de asumir. Es verdad que es complicado ponernos en la coyuntura del legislador en las entidades locales y, en este caso, municipales. He estado en ambos ámbitos y son realidades completamente distintas. No es lo mismo aprobar una norma aquí que cuando la aplicamos en los municipios o cabildos, donde sabemos las dificultades que enfrentamos y casi nunca llegamos a tiempo en materia de planeamiento. Por lo tanto, no puedo más que defender esta ampliación y esta modificación. Esto lo que va a conllevar es incitar a los proyectos en lugar de los planeamientos. Les mencioné cómo me encontré cuando llegué; ahora tengo todos los instrumentos de ordenación bastante avanzados. Imagínense que no tenía ni órgano ambiental, tuve que crearlo al llegar, siendo la única isla que no contaba con uno. Ahora mismo, ya vamos a aprobación definitiva de muchos instrumentos de ordenación. Hemos corrido, hemos luchado y hemos estado encima de los procedimientos. Agradezco mucho a GESPLAN y a la consejería que usted lidera, porque han sido cooperadores necesarios para que Lanzarote, por fin, tenga rigor, planeamiento, protección y salvaguarda del territorio. El planeamiento lo podemos definir de muchas maneras, pero lo que principalmente hace es proteger, salvaguardar e intentar dejar a las generaciones futuras lo mejor posible. También depende de nuestra gestión en materia de planeamiento que los recursos sean sostenibles y que el crecimiento sea sostenible y sostenido. Por eso apoyamos desde el Cabildo de Lanzarote esta propuesta que traen hoy a la comisión. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el presidente del Cabildo Insular de La Palma, señor Rodríguez Fernández. Muchas gracias, presidenta, consejero. Saludo también a todas las personas que estamos aquí hoy en esta comisión, compañeros y compañeras de los cabildos insulares. Yo seré breve. Quiero empezar felicitando la juventud del consejero, que en el año 1991 todavía no estaba aquí. Eso es importante. También quiero felicitar el trabajo de la consejería y del consejero por apostar por la eficacia y la eficiencia.