Buenas tardes, señorías. En primer lugar, felicitarles a todos los presentes el año nuevo. Nos acompaña en esta mesa el excelentísimo señor consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? Sí, buenas tardes. Por el Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio sustituye a Sergio Iglesias. ¿Algún grupo más? Sí, presidenta. Paloma Vallejo sustituye a Beatriz Coelho, a la cual queremos mandar un saludo muy especial por un problema de salud. Antes de nada, de acuerdo con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, se ha decidido acumular a efectos de su debate los dos puntos, el primero y el segundo del orden del día. Por el señor secretario se da lectura al primer y segundo puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, SC-240, a solicitud del Grupo Parlamentario VOX Castilla y León.
Para informar a la Comisión sobre la gestión de la campaña de incendios 2025. Segundo punto del orden del día. Comparecencia del excelentísimo señor consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (SC-248), a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre el análisis, resultados y conclusiones del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León de la campaña del año 2025.
Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores procuradores. Lo primero es, como bien se ha dicho anteriormente, sumarme al deseo de pronta recuperación de la procuradora y presidenta titular de esta comisión, Beatriz Coelho, por su intervención quirúrgica, y desde aquí yo también me sumo a esos deseos de toda la comisión.
Comparezco ante esta comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Es un honor y una satisfacción hacerlo siempre, para informar a petición del Grupo Parlamentario Socialista sobre el análisis, resultados y conclusiones del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León en la campaña de 2025, y también a petición del Grupo Parlamentario Vox sobre la gestión de la campaña de incendios 2025, ambos puntos agrupados en uno solo.
Quiero recordar que el día 18 de septiembre llegó a las Cortes mi propia petición de comparecencia para explicar, como suelo hacer anualmente al término de la campaña, el resultado de la misma hasta ese momento. Esta es una sesión convocada con carácter extraordinario que confío permita a sus señorías resolver las cuestiones que planteen y que consideren pendientes de las distintas explicaciones y aclaraciones que se han hecho por parte de la Junta de Castilla y León en este tema, desde la comparecencia del propio presidente de la comunidad el 29 de agosto y de las 109 iniciativas parlamentarias en total que ha habido al respecto.
En total, 37 peticiones de documentación, 36 del PSOE y una de Vox; 50 preguntas escritas, 48 del PSOE y dos del Grupo Mixto; 21 preguntas orales ante el Pleno, 17 a este consejero y cuatro al presidente, 11 del PSOE, dos del Grupo Mixto, dos del Grupo Parlamentario Vox, dos de UPL y Soria, y una interpelación reciente que tuvimos en el Pleno a instancias del PSOE. Ahora, esta comparecencia, más la que va a hacer mañana el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal.
Espero que, después de toda esta documentación y toda esta información y transparencia de la consejería de la Junta, cualquier cosa que pueda quedar sin clarificar se pueda abordar en esta comparecencia.
Antes de entrar en materia, en el análisis de la campaña, quiero manifestar una vez más la posición que siempre hemos puesto encima de la mesa: la consternación y el pesar de todo el equipo de la consejería, empezando por el consejero y todos los miembros del operativo y de la propia Junta, por las personas que han fallecido con ocasión de estos desgraciados incendios, así como por las personas que resultaron con algún daño personal. Las acompañamos en ese dolor y también quiero manifestar el compromiso indudable de la Junta con todos los afectados para una pronta restauración de los daños personales, materiales y ecológicos, así como los económicos y sociales, en las zonas afectadas por estos grandes incendios, especialmente los ocurridos en agosto de 2025.
Voy a dividir la exposición inicial en una serie de puntos vertebrales y apartados generales. El primero es establecer, como es lógico, un marco normativo y de planificación que existe en la materia por parte de la estructura normativa y competencial. Recuerden que el 31 de marzo de este año se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el Plan Infocal, ese nuevo plan especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales de Castilla y León que sustituía al anterior.
Es un marco en el que se establece la organización para hacer frente a los incendios y que permite, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los diferentes servicios y administraciones implicadas y con competencias. Todas deben aportar su parte en la solución del problema según esas competencias y capacidades. Este es el enfoque de la Junta: la coordinación y cooperación entre todas las administraciones que tienen competencias y capacidades para aportar en estos sucesos, que son más de protección civil que otra cosa. El nuevo Infocal materializa, por tanto, una organización moderna y alineada con la normativa de protección civil, con activación permanente.
Con una clasificación objetiva de las emergencias, unidad de mando y coordinación multinivel, se establece un operativo de carácter permanente durante todo el año, que este año es global al cien por cien e integral, abarcando tanto la prevención como la extinción y la investigación de las causas de los incendios. De ámbito autonómico, atiende a todo el territorio con medios distribuidos estratégicamente según las características del mismo, manteniendo ese carácter autonómico.
El nuevo Infocal habilita la organización, la activación y la coordinación homogénea de todos los integrantes del operativo distribuidos en las nueve provincias, articulando funciones y flujos entre el Centro Autonómico de Mando, ubicado en Valladolid, y los Centros Provinciales de Mando, que permanecen abiertos 24 horas al día, 365 días al año. Los PMA se distribuyen cuando es necesario, junto con los grupos de acción y el servicio de emergencias del 112, lo que asegura la interoperabilidad, unidad de acción y coordinación en cualquier escenario, así como la utilización de medios y recursos de otras administraciones públicas que convergen en la respuesta a las emergencias por incendios forestales.
Este marco y otros instrumentos evidencian la acción de organización, coordinación y planificación previa por parte de la Junta de Castilla y León ante la ocurrencia de emergencias derivadas de incendios forestales. Se otorga una cobertura normativa que permite al operativo la capacidad de escalado en su actuación y evidencia una ejecución orientada a la protección de las personas, los bienes y el medio natural.
En este contexto, el Infocal atiende a las distintas competencias concurrentes, destacando el papel de las administraciones locales y entidades locales en la protección de sus vecinos, poblaciones e infraestructuras locales, buscando una adecuada coordinación con la administración local. Es importante señalar que el Infocal no crea ningún tipo de competencia, sino que estas vienen dadas por normativa nacional vigente desde hace tiempo, como la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que establece en sus artículos 25.2.f y 26.1.c la competencia municipal en municipios con población superior a 20.000 habitantes en materia de prevención y extinción de incendios.
Asimismo, la Ley de Montes 43/2003, de carácter básico, fue modificada tras los incendios del año 2022 mediante el Decreto Ley 15/2022 de 1 de agosto, que adoptó una serie de medidas, incluyendo el artículo 9.g que establece competencias municipales en colaboración con los municipios y entidades locales, no solo en la vigilancia, sino también en la extinción de incendios forestales, en este caso, por parte de la Junta de Castilla y León.
Se establece la obligación de mantener actualizado un plano de limitación de núcleos y urbanizaciones existentes, considerando características como la proximidad al medio forestal, las vías de acceso y la localización de hidrantes y puntos de agua. Además, la modificación de la Ley de Montes no deroga la directriz básica de protección civil de emergencias por incendios forestales, definida en el Real Decreto 893, que establece los planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales, que deben ser elaborados e implantados por la entidad local competente en los municipios con riesgo de incendio forestal.
Este Real Decreto también establece las condiciones bajo las cuales las instalaciones y edificaciones ubicadas en áreas de interfaz urbano-forestal o anillo perimetral a los núcleos de población deben contar con dichos planes. Por su parte, el Código Técnico de Edificación establece las condiciones que deben cumplir los edificios y áreas urbanizadas para garantizar un mínimo de seguridad frente a los incendios forestales.
Finalmente, en este ámbito competencial local que considera el propio Infocal, es necesario tener en cuenta la Ley de Bases de Régimen Local, en sus artículos 31.2.a y 36.1.c, que establece la asistencia a pequeños municipios. Cuando estos no pueden prestar directamente esas competencias, corresponde a las diputaciones provinciales incluir su colaboración en este marco de obligaciones. La Junta ha estado, está y estará presente en la asistencia a los municipios, consciente de las limitaciones técnicas y presupuestarias que enfrentan para el cumplimiento de estas obligaciones. Para ello, se ha puesto en marcha una aplicación web que facilita a los municipios contar con estos instrumentos y planes de protección, así como guías básicas para los municipios más pequeños, de forma gratuita. Además, se ha otorgado una subvención de 620.000 euros a las diputaciones para que contraten personal que pueda asistir a los pequeños municipios en la gestión de estos planes y herramientas.
De planificación. Y también otros diez millones que se han dado a las diputaciones, para la adquisición de maquinaria que, con personal de las diputaciones, puedan poner a disposición de los municipios para esas labores que les encomienda la normativa, como los programas Montel y Montel Seguro de la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, para abordar, junto con el resto de medios, la ayuda a los municipios para esa limpieza perimetral del interfaz urbano-forestal en favor de la seguridad de las poblaciones. La Junta hará lo que tenga que hacer en su apoyo. Si no es suficiente, tomará las medidas necesarias. Ya lo puso de manifiesto en el Decreto Ley 2/2025, que ustedes, o la mayoría de ustedes, derogaron en el mes de diciembre.
Por otro lado, aparte de esa consideración que hace el Infocal sobre las competencias concurrentes entre la Junta y la Administración Local, están las competencias estatales. Una competencia del Estado en materia de incendios forestales, en virtud de la Constitución, en su artículo 149.1.23, que establece la legislación básica sobre protección del medio ambiente, montes y aprovechamientos forestales. En este contexto, se encuentra la Ley de Montes del Estado 43/2003, que modificó el Real Decreto Ley 15/2022, donde se clarifican las funciones de la Administración General del Estado en esta materia.
En este bloque de constitucionalidad, se pone en marcha un principio fundamental que la Junta siempre promueve: la colaboración y la cooperación entre las Administraciones para el beneficio del medio forestal y la seguridad de las personas, ya que los incendios no entienden de fronteras administrativas. Se enfatiza la coordinación entre Administraciones en la prevención y el combate de los incendios.
La Ley de Montes del Estado 43/2003 contempla una serie de desarrollos reglamentarios a cargo del Estado. Establece que la competencia del Estado es efectiva para aprobar directrices de formación de personal y normalización de los medios materiales necesarios. En tercer lugar, establece que el Estado debe aprobar, en un plazo de seis meses del año 2022, una directriz básica de planificación de protección civil de emergencias por incendios forestales que sustituya a la anterior del año 2013, así como la posibilidad de constituir grupos voluntarios. También se establece la necesidad de aprobar en esos seis meses las directrices y criterios comunes para la elaboración de las planificaciones para la prevención y defensa ante riesgos de incendios forestales. Por último, se deben aprobar directrices para facilitar la coordinación entre los dispositivos de extinción de incendios forestales, permitiendo la asistencia recíproca entre las Administraciones competentes y la utilización conjunta de medios personales y materiales.
De estos cinco cometidos, se ha cumplido el cuarto, el de las directrices y criterios, que se llevó a cabo en septiembre de este año, tras los incendios forestales sufridos en agosto. Sin embargo, echábamos de menos un informe favorable del Comité de Lucha contra Incendios Forestales Estatal, que no se ha recibido, así como la falta de concertación con las comunidades autónomas, que estaba previsto en la Ley de Montes y que debería obtenerse por parte del Gobierno de la Nación.
En el ámbito de competencias ejecutivas, esta ley incluye también una responsabilidad compartida por el Estado, ya que los artículos 7, 43 y 48 bis reconocen la competencia directiva ejecutiva del Estado en la extinción de incendios. Establece las funciones de extinción de incendios forestales por parte del Gobierno de España mediante el despliegue de medios estatales de apoyo y la corresponsabilidad en la organización de la defensa contra incendios, constituyendo una dirección unificada de los trabajos de extinción, como ha ocurrido con el CECOPI autonómico este año, donde el Gobierno y el Consejero han compartido esa dirección unificada, destinando personal técnico cualificado para asesorar cuando se solicite o cuando se pongan en marcha los medios aéreos, que son competencias no transferidas del Estado, así como las unidades de refuerzo y transportadas BRIF.
Sobre esta base de concurrencia competencial de las Administraciones públicas en la extinción de incendios forestales, se abre un nuevo instrumento de planificación importante: el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, un plan que la Junta ha aprobado y que deriva del Real Decreto Ley del año 2022.
Y que la Junta ha aprobado puntualmente todos los años correspondientes, y en el año 25 estaba vigente el aprobado por la orden 105-2025. El Plan Anual es un instrumento muy importante de planificación. Se apoya en un análisis integrado de peligro, riesgo y vulnerabilidad, que constituye la base técnica de toda la planificación preventiva y de extinción. Este análisis evalúa las condiciones estructurales del territorio, los patrones meteorológicos y las tendencias climáticas que determinan el comportamiento del fuego. Permite definir zonas críticas donde se concentran condiciones de alto peligro, elevada exposición y vulnerabilidad del territorio. Estas zonas se transforman en el soporte territorial de la planificación preventiva y en la base de la toma de decisiones operativas, guiando la asignación de medios, la definición de prioridades de actuación y la configuración de los dispositivos de vigilancia y extinción.
Para dar respuesta a los grandes incendios forestales, el plan incluye dos nuevas figuras. Una son las CEG, las Zonas Estratégicas de Gestión, que son áreas geográficas identificadas para la planificación y ejecución de estrategias de prevención y extinción de incendios. Actúan como nodos donde el comportamiento del fuego puede ser modificado mediante infraestructuras y tratamientos, como cortafuegos y puntos de agua, facilitando su control y minimizando los daños, integrando la selvicultura y la planificación territorial en un enfoque de gestión inteligente del riesgo. La otra figura son las AAS, las Áreas de Actuación Singularizada, que son zonas geográficas específicas que requieren una estrategia diferenciada y un enfoque especial en la gestión forestal, especialmente para la prevención y extinción de incendios, debido a factores como la topografía, la biodiversidad, el riesgo de la causalidad o la densidad de población.
El plan define estas zonas, las localiza y establece el conjunto de actuaciones necesarias en cada una de ellas para que el operativo disponga de áreas que mejoren la eficacia del ataque, faciliten la estrategia de control del gran incendio forestal y garanticen la seguridad de los intervinientes. Estas zonas se planifican de manera que exista una red de áreas tratadas adecuadamente que rompan la continuidad horizontal y vertical del combustible, asegurando zonas seguras de trabajo para los miembros del operativo, favoreciendo las maniobras de control y reduciendo la intensidad del fuego en zonas de difícil defensa. El conjunto de estas zonas CEG y AAS conforman, por tanto, una malla estratégica de defensa del territorio, concebida como un instrumento dinámico que se revisa, amplía y mantiene cada campaña, convirtiéndose en una de las principales herramientas de la consejería para anticipar su respuesta frente a los grandes incendios forestales.
Lógicamente, es un instrumento y unas zonas vivas anualmente en cada uno de los planes de incendios forestales, dado que no es el mismo plan todos los años; sufre la adaptación necesaria de la valoración autocrítica y de los resultados de la campaña anterior a su realización. En conjunto, el análisis de peligro, riesgo y vulnerabilidad, junto con la implantación progresiva de estas CEG y AAS, evidencian organización, planificación, actuación y evaluación de forma continua, aplicando criterios científicos y técnicos que refuerzan la capacidad para prevenir y combatir los incendios forestales, en especial los de gran magnitud.
Además, el plan define un conjunto de medidas preventivas de aplicación continua durante todo el año. Su objetivo es reducir igniciones, interrumpir la continuidad del combustible y crear oportunidades tácticas para la extinción, protegiendo a la población, a las infraestructuras y a los valores naturales. Entre las actuaciones que realiza la Junta anualmente en esta prevención, se incluyen las actuaciones de selvicultura preventiva. Durante el año 2025 se ejecutaron 20.180 hectáreas de tratamiento preventivo de selvicultura, con una inversión de 54,4 millones de euros. En segundo lugar, los aprovechamientos madereros y leñosos que se realizan regularmente en los montes, extrayendo aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de madera al año, alrededor del 40% de los montes gestionados por la Junta, que son montes de utilidad pública. En tercer lugar, el aprovechamiento de la biomasa para nuestras redes de calor, que alcanza casi 200.000 toneladas anuales y sigue en aumento con los constantes objetivos de nuevas redes públicas de district heating. En cuarto lugar, el mantenimiento de infraestructuras de defensa, en el que intervienen tanto personal de las cuadrillas helitransportadas como las cuadrillas terrestres, que están disponibles gran parte del año y ahora operarán durante 12 meses. También participan las unidades de brigada y autobomba de la Junta, cuando no están asignadas a incendios, así como los retenes de maquinaria y gradeos, que en el año 25 han permitido trabajar en cerca de 4.000 hectáreas adicionales. Finalmente, se incluyen las ayudas forestales.
De fondos FEADER, las ayudas de prevención de daños a los bosques, selvicultura, mantenimiento de cortafuegos, mejora de infraestructuras viarias y creación de puntos de agua, así como la mejora en terrenos con vocación silvopastoral, desbroces, resalveos, terramientos ganaderos, pastizales y mangas ganaderas, se priorizan en las áreas de mayor riesgo y en formaciones especialmente vulnerables. Así, en el plan se prevé el tratamiento en 2025 de más de 2.000 hectáreas con estas ayudas, que se suman a las anteriormente reseñadas.
En sexto lugar, se establecen ayudas para la redacción y actualización de los planes de gestión forestal en montes que representan una mayor vulnerabilidad, según el mapa de clases de vulnerabilidad de las formaciones forestales, convocadas en octubre de 2025, con un importe de tres millones de euros en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, también en cofinanciación con fondos FEADER.
En séptimo lugar, se implementan medidas de restauración de daños con un enfoque preventivo a medio y largo plazo, como la restauración de los bosques quemados, actuaciones de regeneración natural, plantación, tratamientos silvícolas, restauración de hábitats y reparación de infraestructuras dañadas, igualmente con ayudas FEADER. Estas actuaciones están dirigidas prioritariamente a formaciones de mayor vulnerabilidad y contemplan reforestación, repoblación y forestación, exigiendo un plan que diseñe las plantaciones sin incrementar el riesgo de incendios, sino reduciéndolo, prestando especial atención a las zonas estratégicas de gestión.
Son medidas muy importantes que, en cuanto a las convocatorias públicas para propietarios privados, en el año 2026, se prevé convocar una dotación de nada menos que 80 millones de euros para estas actuaciones preventivas, en una planificación que incrementará significativamente la prevención y operatividad, lo cual será tratado a lo largo de esta comparecencia.
Desde el punto de vista preventivo, la Junta de Castilla y León ha trabajado de manera continua en esta legislatura en diversas normas que inciden directa e indirectamente en el comportamiento y desarrollo de los incendios, mostrando la línea de este Gobierno para conseguir un paisaje forestal menos combustible, menos sujeto a grandes incendios forestales y más rico y mejor conservado. En 2023, se reformó la Ley de Montes de Castilla y León para considerar de interés general todas las actuaciones destinadas a reducir el riesgo de incendios, permitiendo eliminar vegetación en terrenos situados a menos de 100 metros del casco urbano, lo que facilita intervenciones ágiles y eficaces sin necesidad de intervención administrativa en esas zonas de interfaz urbano-forestal.
En 2024, se aprobó el Decreto 9/2024, que regula las autorizaciones de cambio de uso forestal, adecuando la nueva realidad forestal de Castilla y León, donde la superficie forestal sigue creciendo. Este decreto permite cambios de uso a usos agrícolas, que generan discontinuidad y zonas verdes, haciéndolas más resistentes a los incendios. En 2025, se promulgó el Decreto 5/2025, que desarrolla el régimen jurídico de los aprovechamientos forestales en montes y otras zonas arboladas no gestionadas por la Administración de la Comunidad Autónoma, simplificando la tramitación administrativa y favoreciendo los aprovechamientos de productos forestales, tanto madereros como no madereros, que crean riqueza en el medio rural.
Asimismo, en septiembre de 2025, se aprobó el Decreto 12/2025, que regula la planificación y ordenación forestal en Castilla y León, con el objetivo de mejorar la gestión forestal, logrando simplificación administrativa y buscando procedimientos para abordar la atomización de la propiedad forestal, con un carácter indudablemente preventivo.
En el desarrollo de este instrumento de planificación y organización, como es el Plan Anual de Incendios junto con el Plan Infocal, se incluye una parte muy importante para la prevención, que es la formación y la sensibilización. Esta se canaliza fundamentalmente a través del reforzado Centro para la Defensa contra el Fuego, con sede en León, que desde su creación como parte del operativo Infocal, ha potenciado tres líneas estratégicas: la formación especializada de profesionales, los programas continuos de educación ambiental y la investigación aplicada en incendios forestales, incrementando sus capacidades conforme se avanza.
Acordó en el acuerdo del diálogo social del año 2022. Me hubiera gustado finalizar este bloque con el conjunto de importantes medidas preventivas que articulaba el Decreto Ley 2/2025, de 22 de octubre, de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales. Sin embargo, la mayoría de ustedes se opusieron a simplificar los procedimientos administrativos, a proteger los terrenos forestales, a disminuir la peligrosidad del fuego en el territorio y, principalmente, a hacer más defendibles los pueblos, lo cual exigía modificaciones legales en su inmensa mayoría, dejando claro cuál es la política de Castilla y León en materia de incendios forestales en pro de la conservación del medio natural y rural, y sobre todo, la defensa de las personas en nuestras localidades. Ustedes lo derogaron, estuvo vigente un tiempo y, sin embargo, lo derogaron.
En conclusión, la Junta de Castilla y León organiza, planifica y cumple con las disposiciones normativas vigentes en la materia, trabajando de manera continua en la coordinación con otras administraciones implicadas y competentes en el fenómeno de los incendios forestales. Además, ayuda a la administración local a cumplir con sus obligaciones y a proteger a las poblaciones contra el fuego, estando siempre e incondicionalmente a su lado desde el punto de vista técnico y económico. Existe una disposición constante de mejorar y realizar análisis autocríticos que forman parte de la evaluación continua de esta política, de la cual derivan mejoras constantes del operativo, como las que estamos implementando nuevamente y recogiendo siempre las colaboraciones que se puedan realizar, por ejemplo, por parte de los grupos parlamentarios de esta comisión.
Este primer punto, por lo tanto, de planificación, estructura y análisis normativo, nos da paso a un segundo punto más concreto, que son las condiciones meteorológicas que hemos tenido en este año 2025, especialmente analizando las que hubo en el mes de agosto. Uno de los aspectos clave y determinantes al hablar de incendios forestales es la meteorología. Quien lo niegue se equivoca. La experiencia y los datos nos demuestran año tras año la esencial intervención que tiene. El tiempo atmosférico no solo influye en esta materia, sino que condiciona de manera decisiva, primero, la aparición de los incendios; segundo, el comportamiento una vez iniciado; y, por supuesto, las posibilidades de extinción. Podemos contar con los mejores medios humanos y materiales, pero cuando la meteorología es adversa, el incendio gana fuerza, velocidad y peligrosidad, y en muchas ocasiones es inextinguible.
En primer lugar, la meteorología incide directamente en la generación de incendios, en la ignición. Los períodos prolongados de altas temperaturas, la ausencia de precipitaciones y la baja humedad ambiental provocan una desecación extrema de la vegetación, facilitando que cualquier chispa natural o causa humana pueda desencadenar un incendio. En segundo lugar, la meteorología muestra su mayor influencia en la propagación del fuego. Aquí, el viento juega un papel protagonista. Cambios bruscos en la dirección del viento y un aumento de intensidad pueden transformar un incendio controlado en una situación crítica en cuestión de minutos. El viento aviva las llamas, transporta pavesas a gran distancia, y multiplica los focos secundarios. Junto a él, las altas temperaturas y la baja humedad relativa favorecen la combustión más rápida e intensa, haciendo que el fuego avance con mayor velocidad y agresividad.
En tercer lugar, la meteorología es determinante en la extinción. Las condiciones atmosféricas pueden facilitar o dificultar enormemente el trabajo de los equipos de emergencia, impidiendo la operatividad de los medios aéreos y terrestres. El viento fuerte limita el uso de esos medios aéreos y, en muchas ocasiones, impide su operatividad. La inestabilidad atmosférica complica las maniobras y la ola de calor reduce la eficacia de las labores de control. Por eso, la extraordinaria magnitud de los incendios ocurridos durante el verano de 2025, extraordinaria, pasa por explicar y entender el papel que han tenido las variables de temperatura, viento, humedad y precipitaciones, que yo voy a exponer, pero que mañana en la comparecencia que tiene prevista y convocada el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal abordará más detalles de mucho interés y datos al respecto.
Entrando en el episodio extraordinario del mes de agosto de 2025, que ha contribuido al desarrollo de estos megaincendios en Castilla y León, hay que decir de forma introductoria que en el mes de agosto de 2025 nuestra comunidad, al igual que el noroeste de la península, sufrió un episodio no visto ni registrado hasta la fecha de incendios forestales de gran intensidad y virulencia, con un muy alto número de incendios forestales de forma simultánea, que han superado ampliamente en pocas horas la superficie de un gran incendio forestal. Se han observado velocidades de propagación de hasta 6 kilómetros por hora, incluso mayores, y comportamientos que han sido críticos.
Lo que ha llevado a estar fuera de la capacidad de extinción en muchos momentos, incluso desde su inicio, son incendios que han afectado a más de 6.000 hectáreas en el transcurso de una tarde. Estos son algunos de los aspectos que han contribuido al desarrollo de estos incendios.
El periodo de riesgo alto, como saben, es de cuatro meses, desde el 12 de junio al 12 de octubre, y con la vigencia del Infocal, es normativamente el periodo establecido. Fuera de esos meses, hubo una primavera lluviosa con altas temperaturas, lo que favoreció el desarrollo de la vegetación y aumentó las cargas de combustible vegetal. En definitiva, se dieron condiciones preliminares muy favorables para el crecimiento de la vegetación, seguidas de condiciones muy secas y cálidas, lo que resultó en una gran cantidad de combustible disponible que se iba desecando.
Resumimos algunas notas a tener en cuenta conforme a los informes de AEMET. En la época de peligro bajo, que abarca de enero a mayo, los meses de enero a marzo fueron cálidos y húmedos, con una reducción importante de los días de helada respecto a la climatología de los últimos dos decenios, lo que generó una elevada producción de pastos, herbáceos y matorral fino. En abril también se registraron condiciones húmedas y cálidas en el noroeste de Castilla y León. Mayo fue húmedo y cálido o normal en la misma región, pero se incrementó la vegetación y los pastos.
Entrando en la época del esgualto, junio fue calificado por AEMET como extraordinariamente cálido y seco, con una anomalía térmica de más de 3,4 grados centígrados y un importante déficit de precipitación en el oeste. A finales de junio se registró la primera ola de calor, asociada a humedades relativas muy bajas y brisas desecantes, lo que provocó un descenso rápido de la humedad en la vegetación más fina, acelerando la desecación de toda la vegetación acumulada tras las abundantes lluvias anteriores. Al no producirse precipitaciones a pesar de las tormentas secas, estos combustibles estaban listos para arder.
Entre el 28 de junio y el 1 de julio, se registró un récord histórico en Zamora, con una temperatura máxima absoluta de 39,9 grados centígrados. También se establecieron récords en la temperatura media mensual en Ponferrada, con 22,7 grados, y en El Bierzo, con 30,4 grados. En julio, AEMET describe el mes como cálido a escala nacional, con una anomalía de +0,7 grados y escasez de precipitaciones en el noroeste, caracterizándose como muy seco.
La ola de calor que terminó en julio contribuyó a la sequedad de la masa forestal y del combustible fino. Los acumulados de precipitación fueron reducidos y predominaban tormentas secas, lo que incrementó la probabilidad de ignición por rayos sin mejorar de forma duradera la humedad de los combustibles. Los índices mostraban que no solo el combustible fino, sino también los combustibles medios y gruesos, estaban muy disponibles, lo que significaba una mayor intensidad del fuego. Las previsiones de la campaña, dado que no se habían producido precipitaciones, eran más desfavorables que en los dos años anteriores.
En agosto, los comportamientos extremos de los incendios derivaron de inéditas condiciones meteorológicas desfavorables. La ola de calor en agosto fue la más intensa y duradera desde que hay registros en España, con una anomalía de 4,6 grados Celsius positivos. Se registraron numerosos días consecutivos de índice de riesgo extremo por incendio forestal, con humedades relativas mínimas que llegaron al 5% y máximas por debajo del 50%, donde se produjeron estos incendios. El combustible no pudo recuperar la humedad, lo que, sumado a la ausencia de precipitaciones y condiciones atmosféricas de inestabilidad, contribuyó a la gravedad de la situación.
...y formación de pirocúmulos altamente peligrosos en materia de incendios forestales. Hubo inversiones térmicas, como la rotura del cinturón térmico, lo que conllevó grandes propagaciones y supuso en muchas ocasiones la restricción o impedimento del vuelo de los medios aéreos cuando más necesarios eran. También se produjeron inversiones térmicas por las tardes con la acumulación de los humos de superficie. Todos lo hemos vivido en los territorios donde ocurrieron estos incendios. Tormentas secas derivadas de rayos latentes se reproducían cuando menos se esperaba en esos lugares.
Los vientos fueron un componente extraordinariamente relevante para lo que ocurrió. Se registraron vientos intensos de hasta 90 kilómetros por hora en zonas de incendio y una gran variabilidad en las rachas de viento. Predominó el viento sur-suroeste y se dieron episodios de efecto FON en vertientes occidentales, lo que se tradujo en rachas frecuentes de viento de hasta 90 kilómetros por hora, especialmente los días 12 y 13, que fueron adversos. En esos días se produjeron cambios de dirección del viento debido a la generación de tormentas, en gran parte de tipo seco, lo que provocó la ignición de combustibles y nuevos incendios que se iban acumulando.
A ello se unía una alta carga de disponibilidad de combustible, que enlaza con lo que se había mencionado anteriormente. Las condiciones meteorológicas produjeron un gran estrés hídrico en el combustible, no solo en el muerto, que estaba totalmente disponible con humedades inferiores al 3%, sino también en el combustible vivo, que presentaba humedades de hasta el 35%, y el leñoso incluso hasta el 70%. Con bosquetes de combustible leñoso muerto por la sequía, se incrementó la disponibilidad de las masas dispuestas a arder, y, por supuesto, la continuidad de las masas vegetales dificultaba aún más el escenario.
La consecuencia fueron comportamientos explosivos. Se dieron inversiones térmicas por las tardes, nada habituales en incendios como los de Porto en Zamora, Canalejas o Médulas en León. Por un lado, esto impidió la operatividad de los medios aéreos; por otro lado, la salida de los gases provocados por el incendio hacia la atmósfera generó incendios infraventilados por falta de oxígeno, acumulando gases en los fondos de valle. El más abundante es el monóxido de carbono, un gas inflamable que, al alcanzar su temperatura de autoignición, desencadena incendios con comportamientos explosivos imposibles de abordar.
Así, la combinación de estos factores, que causaron récords en algunos casos y extremos en otros, dio lugar a la simultaneidad de grandes incendios y propagaciones de hasta seis kilómetros por hora, con crecimientos horarios muy elevados que ocasionaron, lamentablemente, consecuencias que todos ustedes conocen y de las cuales también hablaré más adelante.
Han concurrido más cuestiones muy relevantes. La simultaneidad de grandes incendios obligó a disponer de medios en todos ellos, no pudiendo concentrarlos en uno o en unos más graves. El alto riesgo de interfaz urbana, tanto agrícola como forestal, fue significativo. Las zonas donde se produjeron muchos de estos incendios tenían un entorno de los pueblos con gran cantidad de material combustible, lo que les hacía especialmente vulnerables ante estos grandes incendios que se propagaban a gran velocidad. Era necesario dar respuesta con el operativo, aunque estuviera fuera del ámbito forestal de competencia propia y específica del operativo, que debía atender estas emergencias de ámbito local.
Una importantísima intencionalidad se observó, ya que muchos de estos incendios han sido intencionados. La intencionalidad suele buscarse en las horas, lugares y momentos donde es más complicado atajar el incendio. En este caso, se unieron en otras partes, incluso del territorio lejano, una multiplicidad de incendios por diversas causas, lo que dificultaba aún más la gestión del operativo.
Se registraron perímetros activos de un alto número de incendios, con kilómetros lineales de perímetro que podían llegar a los 400, y superficies con dificultad para el remate del incendio. Zonas inaccesibles de alta montaña presentaron una imposibilidad de remate con maquinaria, lo que hizo que las reactivaciones fueran frecuentes, acompañadas de los factores descritos.
A finales de agosto y principios de septiembre, hubo un descenso térmico posterior al día 22 de agosto y un leve repunte de la humedad relativa, pero se mantuvieron las fuertes rachas de viento noroeste, especialmente en zonas de relieve abierto, lo que favoreció la producción no de nuevos incendios de gravedad, pero sí la dificultad en la determinación y cierre definitivo de los perímetros de los grandes incendios.
Aunque el peligro descendió respecto al máximo de la ola de calor, la inercia del estrés hídrico se mantuvo como una ventana de riesgo significativa en los primeros compases del mes de septiembre. La conclusión meteorológica en agosto fue de una ola de calor de 16 días continuados, con temperaturas muy altas, humedades relativas especialmente bajas, incluidas las noches, y vientos con episodios convectivos que favorecieron múltiples igniciones, lo que dio lugar a una multiplicidad de grandes incendios forestales en esas tres semanas, causando importantes daños en el medio natural. Estas variables presentan, en muchas ocasiones, una escasa o nula capacidad de gestión en el control de su extensión.
El análisis y valoración de estos eventos permitirá incorporar las lecciones aprendidas en el próximo plan anual, que se basa en una autocrítica de lo realizado y en una evaluación de los resultados obtenidos. Este próximo plan anual de vigilancia, prevención y extinción traducirá medidas para la mejora y el perfeccionamiento ante un nuevo rango de valores extremos climáticos desconocidos que no habían sido documentados y que han determinado el evento meteorológico extraordinario que hemos vivido.
En un tercer apartado, me detendré en los incendios y en determinadas características que, lógicamente, serán ampliadas por parte del director general en la comparecencia de mañana. Podemos comenzar señalando que hubo una serie de alertas lanzadas por la Junta de Castilla y León. Desde el 3 de agosto, se emitió una alerta de la Agencia de Protección Civil por altas temperaturas en toda la comunidad. El 16 y 17 de julio, y desde el 4 de agosto, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal estableció un riesgo de incendios forestales en toda la comunidad, y desde el 19 de agosto, se declaró una alarma extrema en determinados municipios de León, Zamora y Palencia.
En cuanto a la evolución temporal del número de incendios, esta fue creciente. Se produjo un salto cualitativo en junio, que multiplicó por dos y medio el número de incendios hasta alcanzar 262 en ese mes, respecto a los 99 de mayo. En julio, la cifra prácticamente se duplicó, alcanzando 431, y se mantuvo en un nivel similar en agosto, para descender posteriormente hasta octubre. Esta actividad se refleja en la gráfica del número de incendios, donde se observa una elevación en junio, julio y agosto, que disminuye en septiembre y octubre.
La tendencia semanal muestra un incremento creciente del peligro, resultado de la combinación de viento, humedad, altas temperaturas y aumento de la disponibilidad de combustible, generando picos de simultaneidad. Estas condiciones limitaron la eficacia del ataque inicial del operativo en parte de los incendios, forzando un ataque ampliado y la necesidad de refuerzos, lo que impidió abordar con la misma intensidad la totalidad de los incendios acumulados. Se observó un descenso del número de incendios simultáneos a partir de la tercera semana y media de agosto, lo que puede interpretarse como una mayor sensibilización de la población ante el impacto de los incendios, que no se había producido en semanas anteriores, donde la intencionalidad había sido muy alta.
La actividad diaria creció, y la tendencia mostró crestas bien definidas en los meses de julio y agosto, con un máximo de 27 incendios activos simultáneos el 8 y el 12 de agosto, la mayoría de ellos en la provincia de León. Estas crestas diarias se alinearon con episodios de calor y viento racheado, que secaron aún más el combustible fino y favorecieron múltiples igniciones, aumentando la congestión operativa. Respecto a las causas de los incendios durante esos meses de junio, julio y agosto, se observó un repunte relativo en el mes de agosto, especialmente por rayos.