Gracias. Muy buenos días, señorías. Comenzamos esta sesión de la Comisión de Transición Ecológica, prevista para hoy, 18 de diciembre. En primer lugar, corresponde someter a aprobación el acta de la sesión que celebramos el 6 de octubre del 2025. ¿Algún grupo desea salvar su voto? Entendemos que queda aprobada por asentimiento.
Pasamos al punto del orden del día que nos trae aquí, que es la contestación de las preguntas orales de sus señorías por parte del secretario de Estado de Energía, el señor Goizal, a quien agradezco su presencia y las facilidades que siempre nos brinda su equipo para que pueda estar a disposición de esta comisión.
Si les parece bien, para agilizar la sesión, no leeré las preguntas de los senadores, ya que todos ustedes disponen del orden del día. El desarrollo de las preguntas seguirá la fórmula acordada en mesa y portavoces, que, como todos ustedes saben, consiste en un primer turno para la formulación de las preguntas, la contestación por parte del secretario de Estado, y un turno de réplica y dúplica.
Para las preguntas de tramitación agrupada, el tiempo será de tres minutos en cada uno de los turnos, pudiendo disponer de dos turnos hasta un máximo de seis minutos, tanto por parte del senador que formule la pregunta como por parte del secretario de Estado. En el caso de las preguntas de tramitación individual, el tiempo será de un minuto y medio por parte del senador en cada uno de sus turnos, e igual tiempo por parte del secretario de Estado.
Comenzamos con las preguntas del senador Marqués Palliser, en este caso de tramitación agrupada, que son las preguntas 681.33 y 681.256. Señor Marqués Palliser, cuando quiera tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, secretario de Estado. Menorca lleva años esperando el segundo cable eléctrico con Mallorca, aprobado ahora con más de cinco años de retraso. Durante todo este tiempo, la isla ha seguido dependiendo de una única conexión, en un sistema insular frágil, con poco margen de maniobra ante cualquier incidencia. Ante este retraso, las baterías fueron presentadas como una solución.
Para garantizar la estabilidad eléctrica mientras no llegaba el segundo cable eléctrico, pero tampoco está operativa por ahora. Por tanto, la primera pregunta es: ¿puede explicarnos en qué punto se encuentra realmente la ejecución y puesta en marcha de las baterías? Porque lo que observamos son retrasos: ni el segundo cable en plazo, ni las baterías funcionando, y una red anticuada donde es habitual tener averías y cortes de luz. Sin embargo, por otro lado, el Ministerio plantea ahora la instalación de grandes parques eólicos marinos frente al noroeste de Menorca, en un entorno de alto valor ambiental y paisajístico. Entienda nuestra sorpresa. Aquí es donde surgen serias dudas sobre el lugar elegido y, sobre todo, el tamaño de estos dos parques. Si los parques eólicos marinos proyectados producirán tres veces más energía de la consumida por toda la isla, entendemos que el excedente será destinado a la red peninsular mediante un nuevo cable. ¿Nos lo puede confirmar?
Gracias, senador. Para la contestación, tiene la palabra el secretario de Estado.
Gracias, presidente. Bon día. Muchas gracias, senador. Efectivamente, como bien indicaba el senador, las baterías planteadas, sobre todo en la subestación de Mercadal, son parte de la planificación del sistema eléctrico para el horizonte 2026. Su objetivo es mejorar el aprovechamiento de la red existente. El estado actual de la situación es que este mismo año, 2025, se iniciaron las obras. En febrero de 2025, Red Eléctrica arrancó con las obras, que se están ultimando, y en los próximos meses podrán entrar en funcionamiento estas baterías.
Con respecto a los proyectos de eólica marina, lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora es la definición de los llamados POEM, los planes de ordenación del espacio marítimo, donde se definen las zonas susceptibles de cada tipo de actividad, incluyendo, entre otras, la eólica marina. En el caso de las zonas que se denominan ZAPER, zonas de alto potencial para la energía renovable, suponen el 0,46% de la superficie total nacional. Efectivamente, en la costa de Menorca hay zonas que se plantean como susceptibles. Sin embargo, no hay proyectos formalmente como tal; lo único que hay es una definición zonal, donde distintos promotores han ido planteando o proponiendo proyectos.
Desde la Administración proponemos que aquellos promotores que quieran tener proyectos los discutan, los propongan, incluso antes de que empiece formalmente el expediente, para que la sociedad menorquina pueda ser conocedora de ellos. Para tranquilidad de todos, todavía no hay expediente como tal; está pendiente de que se active el proceso de concurrencia que permitirá asignar zonas concretas, un régimen retributivo y una conexión a los parques de eólica marina. En ese momento, esos proyectos serán sometidos a la tramitación correspondiente, incluida la evaluación ambiental, que es un trámite vinculante.
Gracias, senador. Cuando quiera.
Gracias, presidente. Señor secretario de Estado, solo el proyecto del segundo parque, el de Tramuntana Wind, que usted bien conoce, plantea una potencia de 240 megavatios, una cifra que, por sí sola, ya es muy superior a la demanda máxima media de Menorca, que ronda los 65 megavatios. Si sumamos la producción de renovables ya en funcionamiento en la isla, que es de más de 60 megavatios, fruto de la fotovoltaica, hablamos de una sobrecapacidad más que evidente. Imaginemos un escenario de producción punta con los dos parques funcionando: Menorca podría generar más de 480 megavatios, cuando ni la demanda local ni la capacidad actual de la red permiten enviar por cable la energía sobrante.
Ante esta situación, surgen muchas dudas que el Gobierno debería aclarar. ¿Por qué se impulsan dos parques eólicos marinos de dimensiones tan desproporcionadas respecto al consumo real de la isla de Menorca? ¿Y para quién está pensada realmente esta energía? ¿Para los menorquines o para ser enviada fuera de la isla? La pregunta que le he hecho al principio, si ahora me la puede contestar de una manera más clara. ¿Y si la intención es evacuarla?
Podemos entender que se han calculado los costes económicos y ambientales de nuevos cables, nuevas infraestructuras y nuevas conexiones, porque nos parece que imponer a la isla o cerca de la isla parques eólicos marinos sobredimensionados, con impacto ambiental y paisajístico, sin una justificación clara, no representa una transición, sino una decisión desconectada de la realidad de la isla de Menorca.
Muchas gracias, senador. Aquí, por intentar simplificar o explicar, a día de hoy lo que tenemos es simplemente una zonificación, como si fuera un PTI, un planeamiento urbanístico, el equivalente en el mar, que explica que hay una serie de zonas, incluidas las de la costa de Menorca, que son susceptibles de albergar proyectos de eólica marina. La Administración, como tal, no promueve ninguno de estos proyectos, sino que se ha limitado a zonificar. Una vez aparecida esta zonificación, han surgido promotores privados que plantean, tanto en Menorca como en distintas partes de la costa de Galicia, la costa asturiana y la costa de Cádiz, proyectos que aún no han iniciado su curso administrativo. No son proyectos con un expediente en curso, sino que son propuestas de empresas como futuribles, susceptibles de tramitar en su momento, y que han presentado a la opinión pública de forma anticipada para explorar la viabilidad de estos proyectos.
En cuanto al dimensionamiento, corresponde a las empresas que han hecho estos planteamientos. Entiendo que lo habrán hecho en base a economías de escala y un proyecto que funcione, pero no tiene sentido sobredimensionar un proyecto respecto a la capacidad de evacuación de energía eléctrica, dado que la retribución para este tipo de infraestructuras depende de la capacidad de exportar esa energía. Si se llega a construir un parque eólico que no pueda colocar esa energía, nunca se podrá cobrar por ella, lo que lo haría inviable.
Para dar tranquilidad a todos, los proyectos de eólica marina en España solo serán viables cuando se cumplan varias condiciones. Primero, debe haber una orden ministerial que convoque realmente los concursos en cada una de las zonas. Segundo, debe existir un proceso de diálogo público. Hemos planteado un enfoque de participación adicional a los trámites habituales, además de la tramitación ordinaria y la evaluación ambiental. Es necesario un diálogo estructurado con las comunidades que se sitúan en los entornos de los proyectos que se van a desarrollar. Se deben seleccionar criterios, tanto ambientales como sociales y económicos, que guiarán y puntuarán las concurrencias que se pongan en marcha. Estos proyectos se otorgarán siguiendo un concurso que considerará criterios de precio, así como criterios sociales y económicos. Una vez se otorgue el proyecto, el ganador de esa subasta deberá someterse a un proceso de evaluación ambiental vinculante. Si esta evaluación es desfavorable, el proyecto no podrá llevarse a cabo.
Por lo tanto, cualquier proyecto que se lleve a cabo deberá ser compatible ambientalmente, ya que la evaluación ambiental es vinculante y cuenta con los informes de los órganos competentes, tanto del Consejo como del Gobierno, que tienen competencias ambientales y territoriales, y deberán formar parte de ese proceso. En todo caso, la Administración no ha promovido estos proyectos, sino que ha dado el primer paso al plantear la zonificación para que, en su caso, un promotor privado lleve a cabo esta iniciativa.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, nos trasladan que, en el caso de las preguntas registradas por la senadora Mayada de Castro, debido a una grave cuestión de salud de un familiar, la senadora no podrá formularlas. Nos informan que ya lo ha registrado en la Cámara para solicitar el voto telemático, y lo hará el portavoz del Grupo Popular en esta comisión, el senador Castellón Rubio, sustitución que ha sido aceptada por el compareciente, al cual se lo agradecemos. Se formulan por tramitación agrupada y son las preguntas 681-62, 681-141, 681-206 y 681-255.
Cuando quiera, señor portavoz Castellón Rubio. En primer lugar, desearle una pronta recuperación al marido de nuestra compañera, que ha sufrido un accidente de salud bastante grave en las últimas horas. Muchas gracias, secretario de Estado, por su presencia.
En nombre de mi compañera, en una serie de preguntas agrupadas, España se enfrenta a un doble reto: descarbonizar su industria y, al mismo tiempo, no perder tejido productivo ni autonomía estratégica frente a otras economías europeas. Sin embargo, al analizar el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica, surgen dudas razonables sobre si el Gobierno está realmente dotando a la industria española de instrumentos, incentivos y recursos comparables a los que están desplegando los grandes países de nuestro entorno. Alemania, Francia e Italia están movilizando miles de millones de euros en ayudas directas, contratos por diferencia, apoyo a tecnologías difíciles de abatir y mecanismos de protección frente a la deslocalización industrial en el marco de sus estrategias de descarbonización. En cambio, el anteproyecto presentado por el Ministerio parece centrarse más en principios generales, planificación y gobernanza, que en medidas concretas y financiadas que permitan a sectores intensivos en energía, como el acero, el cemento, la cerámica, la química y el refino, afrontar la descarbonización sin perder competitividad.
Quisiera preguntarles si consideran que el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica contiene realmente las iniciativas y recursos necesarios para facilitar la descarbonización de la industria española en condiciones equiparables a las de los demás países de nuestro entorno. Muchas gracias.
Gracias, senador. Brevemente, entendemos que esta ley de industria y autonomía estratégica busca dar estabilidad, orientación estratégica y capacidad de movilización de instrumentos financieros. Se ha buscado la referencia de mejores prácticas europeas en este ámbito. Lógicamente, es un marco normativo que deberá enriquecerse o complementarse con las dotaciones presupuestarias que puedan desarrollarse en cada caso. Esto formará parte de los ejercicios de leyes de presupuestos generales del Estado en cada momento. Como saben, lo que plantea el Gobierno es un proyecto de ley que entendemos debe ser enriquecido en lo que queda de tramitación parlamentaria.
Es importante señalar que, si bien es una iniciativa liderada por el Ministerio de Industria y Turismo, hay máxima sintonía entre ambos ministerios. Las políticas de energía e industria están plenamente alineadas e integradas, ya que entendemos que la industria es fundamental para el sector energético, y un sector energético descarbonizado y competitivo es esencial para la industria. La propuesta del Gobierno responde a esas mejores prácticas europeas, sin perjuicio de las mejoras que pueda sufrir el proyecto de ley en el trámite parlamentario.
Señor Castellón Rubio, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor secretario, en esta malla de declaraciones genéricas, hay una cuestión especialmente preocupante: la reticencia del Gobierno a respaldar de forma clara las tecnologías de captura, transporte, uso y almacenamiento de CO2. En la revisión del PNIES, el apoyo al CQS es limitado y ambiguo; creemos que es prácticamente inexistente, a pesar de que se trata de una tecnología reconocida por la Comisión Europea como clave para la ruta de descarbonización de sectores industriales. Mientras países como Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Francia están desarrollando infraestructuras de transporte de CO2, hubs industriales y marcos regulatorios específicos, en España esta tecnología sigue tratándose casi como una opción marginal.
Por ello, quisiera preguntar cuáles son los motivos reales que tiene el Gobierno para mostrarse tan reticente con una forma decidida de captura y almacenamiento de CO2 en el PNIE, y si asume el Ejecutivo que, sin esta tecnología, una parte relevante de nuestra industria electrointensiva tendrá serias dificultades para descarbonizarse y, por tanto, estará abocada a deslocalizarse. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador. La estrategia energética española sí contempla la captura y el almacenamiento del uso del CO2, si bien es cierto que con un mayor énfasis posteriormente a esta década. La estrategia a largo plazo de 2050 contempla que, para alcanzar la neutralidad climática, la captura y el almacenamiento de CO2 son imprescindibles. Incluso a 2030, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se menciona expresamente esta opción en varias medidas, siendo la más relevante la medida 1.10, relativa a la descarbonización industrial, así como en otras como la 5.2, 5.10 y 5.17, que abordan elementos de I+D. El Gobierno tiene un mandato legal en el llamado Net Zero Industry Act, el reglamento de industria limpia europea, para desarrollar una hoja de ruta relacionada con el CO2. Estamos trabajando de la mano con los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica para proporcionar un marco estratégico.
Que aporte más visibilidad a esta alternativa. Es verdad que el ámbito de la captura y almacenamiento de CO2 estará acotado a determinadas industrias que no tienen alternativa, ya que hay emisiones de CO2 de procesos químicos que no pueden ser abatidas. Sin embargo, en el corto plazo, entendemos que el grueso de la industria, según la Agencia Internacional de la Energía, del orden del 78% del consumo industrial, puede descarbonizarse mediante la electrificación, lo que nos permite aprovechar el potencial de las energías renovables. No toda la industria requiere esta alternativa, y como digo, estamos trabajando conjuntamente entre los ministerios de Industria y de Transición Ecológica.
La pregunta de tramitación individual 681/166 ha sido retirada por el senador. Pasaríamos a otra pregunta de la senadora Mallada de Castro, 681/188, que será formulada por el senador Castellón Rubio. Cuando quiera, senador.
Gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, el Gobierno ha incorporado en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una partida específica destinada a financiar actuaciones vinculadas a la planificación eléctrica que ha iniciado el MITECO. Sin embargo, a día de hoy, ni el sector ni esta Cámara conocen con claridad qué actuaciones concretas se pretenden financiar con esos fondos, qué volumen de recursos se va a asignar a cada una de ellas y cuál será el calendario real de aplicación de las inversiones. Esa falta de concreción resulta, a nuestro juicio, especialmente preocupante en un contexto de redes eléctricas saturadas, de nudos colapsados, de dificultades de acceso para la demanda industrial y de retrasos estructurales en los refuerzos de la red eléctrica, que están condicionando directamente la competitividad de la economía y también la seguridad del sistema. El riesgo es evidente: que los fondos de la adenda del plan de recuperación se destinen a estudios, planes o actuaciones de escaso impacto real, mientras que los problemas estructurales de la red eléctrica siguen sin resolverse, lo que preocupa a la industria, al sector y a todos nosotros.
Por eso le quiero preguntar: ¿qué actuaciones concretas tiene previsto el Gobierno financiar con cargo al plan de recuperación, a la adenda, por parte del MITECO? ¿Y cómo piensa garantizar que esos fondos se traduzcan en inversiones efectivas, que sean ejecutables, medibles y evaluables, y que no sean simplemente meros anuncios como los que nos tiene acostumbrados el Gobierno? Muchas gracias.
Efectivamente, estamos en un contexto de electrificación, con una industria existente que busca electrificarse y nueva industria que quiere crecer. Estamos trabajando en primer lugar para aprovechar lo mejor posible la red existente. En España hay 40 gigavatios de acceso ya concedido a la red existente que no se están utilizando. Hemos trabajado con las comunidades autónomas y distintos agentes para aprovechar la red existente, separando los proyectos reales y viables que realmente necesitan acceso a la red de aquellos que pueden tener fines más especulativos. También estamos abordando esto con un incremento de la inversión en las redes eléctricas.
Este incremento de inversión en las redes eléctricas se paga mediante peajes, parte regulada de la factura eléctrica. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se incorporan 931 millones de euros de los fondos europeos del plan de recuperación, movilizados mediante el Real Decreto 534 de 2025, para financiar estas inversiones. Se trata de proyectos incluidos en la planificación de la red eléctrica 2021-2026, que deben estar operativos antes de agosto de 2026. Hablamos de proyectos reales, como subestaciones y líneas de refuerzo, y no de estudios u otros tipos de proyectos. Estos proyectos deben ayudarnos a integrar renovables, descarbonizar la industria, impulsar el transporte cero emisiones y el almacenamiento de energía. Se han seleccionado alrededor de 200 actuaciones previstas en la planificación 2021-2026. Esta financiación permite que parte del esfuerzo inversor, que es un incremento respecto a lo que veníamos invirtiendo, no lo asuman los consumidores mediante peajes, sino que se cargue a estos fondos europeos. Son proyectos que deben ser plenamente auditables y verificables, porque así lo exigen.
Las propias condiciones de la financiación europea. Para la réplica, tiene la palabra el senador Castellón Rubio. Gracias, presidente. Bueno, nos dice que al final lo que van a hacer es cumplir con la planificación, es decir, invertir y destinar los fondos europeos, los fondos del Plan de Transición y Recuperación, a suplir lo que venía en la planificación. Sin embargo, realmente no se van a hacer nuevas inversiones, ni otras que se hayan visto necesarias, como consecuencia del apagón, para garantizar la seguridad de la red eléctrica. Creemos que se podría concretar y ser un poco más imaginativos, no solo destinar el dinero del plan de recuperación a lo que ya tenían previsto, sino también a esas medidas que ustedes querían implementar, algunas de ellas en el decreto que no obtuvo la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. En definitiva, en el futuro habrá que acometer estas medidas, que se tendrán que financiar también con cargo a la factura de la luz y a los bolsillos de los contribuyentes. Por ello, nos gustaría que se destinaran los fondos a este tipo de medidas, que se detallaran y que, por supuesto, se nos diera cuenta de ello a esta Cámara. Muchas gracias.
Gracias, senador. Muy brevemente, simplemente reiterar que se ha hecho un análisis de qué proyectos eran viables abordar en el periodo que nos permite la normativa de los fondos europeos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuáles se podían llevar a cabo. Como digo, estas 200 actuaciones son las que se han identificado como más adecuadas, y daremos cuenta de ellas a medida que vayan evolucionando el despliegue de estos proyectos.
Corresponde a la pregunta 681/202, formulada por el senador Bermúdez Carrillo. Senador, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor secretario de Estado de Energía, señor Reissar. Hoy en día, supongo que, como muy bien sabe, para un buen desarrollo industrial y la creación de empleo, sobre todo en zonas rurales, es necesario contar con empresas industriales. Es indispensable para la implantación de nuevas empresas, la ampliación de las existentes y la competitividad del tejido productivo del núcleo de población, garantizar una conexión directa a la red de transporte de alta tensión, mucho más robusta y preparada para el sobreincremento de demanda, así como asegurar un suministro eléctrico seguro, estable y con capacidad suficiente para atender las necesidades presentes y futuras del territorio. Por eso, para la comarca de Alcalá Real, en la provincia de Jaén, es importante la nueva subestación de 220 kilovoltios de Mazuelos, para dar apoyo a la red de distribución de la zona y permitir la evacuación de generación renovable. Por ello, ¿tiene el Gobierno previsto retomar a corto plazo la construcción de esta subestación eléctrica?
Muchas gracias, senador. Efectivamente, coincidimos en que es imprescindible contar con una red eléctrica adecuada. El compromiso político es que ningún proyecto industrial viable deje de hacerse por falta de infraestructura eléctrica. Lo importante es que aquellos proyectos que realmente necesiten esa conexión a la red puedan tenerla. En este caso concreto, hemos planteado una planificación que ha priorizado los consumos industriales y hemos establecido un nuevo marco normativo, un Real Decreto, que incrementa los límites de inversión en las redes eléctricas, orientándolo hacia el uso industrial. Somos conscientes de que se han recibido propuestas y alegaciones de la Junta de Andalucía, el CES, la Diputación de Jaén y distintos agentes de la provincia interesándose por esta subestación. Forman parte de las más de 1.200 alegaciones que se han recibido en este proceso. Estamos analizando todas las alegaciones con el objetivo de asegurar que la infraestructura eléctrica es suficiente para dar respuesta a las necesidades. Es importante clarificar que no se había incorporado en la propuesta de planificación porque no había sido priorizada por la distribuidora. Sin embargo, esperamos que con la información recibida en este plazo de alegaciones, eso pueda haber cambiado. Lo analizaremos con cuidado para asegurar que las necesidades en esa zona tengan cumplida respuesta, ya sea a través de un refuerzo de la red de transporte o, si es el caso, a través de la redistribución o ambas.
Gracias, señor Gruchal. Una vez más, su ministerio, el Ministerio de Transición Ecológica, margina a la provincia de Jaén, dejando abandonado el tejido productivo de las empresas de la región. En este caso, se trata de la ampliación y construcción de la nueva subestación de 220 kilovoltios de Mazuelo en Alcalá Real, que no ha sido incluida inicialmente en las nuevas planificaciones de la red de transporte eléctrico para el horizonte 2030. La Junta de Andalucía formuló una solicitud, como bien ha indicado, con fecha 27 de marzo de 2024, instando a su ministerio a la inclusión y planificación de esta subestación.
La exclusión inicial de esta infraestructura por parte de su ministerio, y que en esta fase de alegaciones supone una vulneración del principio de cohesión territorial y de la estrategia nacional frente al reto demográfico, es preocupante. La actual configuración de la red genera una imposibilidad de cumplimiento del objetivo del Plan Integral de Energía y Clima (PNIEC) por parte de la industria local. La calidad del suministro eléctrico en Alcalá Real y sus alrededores presenta, desde hace más de una década, incidencias recurrentes, como microcortes, huecos de tensión y cortes no programados, generando graves perjuicios productivos y económicos, especialmente en el sector industrial.
Esto conlleva paradas y pérdidas económicas en las líneas de producción, deterioro de maquinaria, retrasos en las entregas y mermas económicas para más de 100 empresas que emplean a más de 2.000 personas de manera directa y a más de 1.000 de forma indirecta, con una facturación superior a los 500 millones de euros. Además, afecta a más de 2.700 habitantes de la ELA de Alcalá Real, quienes sufren cortes prolongados sin aviso, lo que representa un grave riesgo para la salud de las personas dependientes de equipos médicos eléctricos.
Señor Goyar, todo esto se puede solucionar, como usted bien dice; solamente hace falta voluntad por parte de su ministerio para incluir en la planificación de la red 2030 la actuación energética de Alcalá Real como infraestructura crítica de desarrollo industrial y territorial para la provincia de Jaén. Sin una subestación de 220 kilovoltios, no hay crecimiento industrial en Alcalá Real, ni empleo, ni garantía de suministro eléctrico para el futuro. Es inaplazable la puesta en marcha de esta subestación para garantizar la calidad y fiabilidad del suministro en Alcalá Real.
Por lo tanto, solicitamos a su ministerio la inclusión urgente de la subestación eléctrica de 220 kilovoltios de Mazuelo en la planificación estatal como una infraestructura clave. Aún estamos a tiempo en esta fase de alegaciones, que se extenderá hasta mediados del año 2026. Le insto a que atienda nuevamente las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Alcalá Real, donde se ponen en juego más de 80 millones de euros en inversiones. Termino con una frase que espero tenga en cuenta: "Energía suficiente para el desarrollo de mañana; la subestación de 220 kilovoltios de Mazuelo es urgente".
Muchas gracias.
Tomamos nota de su petición. Efectivamente, como le indicaba, tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Jaén, así como otros agentes, nos han trasladado esa misma reflexión. El equipo está analizando intensamente las más de 1.200 alegaciones recibidas. Lamento no poder compartir la reflexión de que la provincia de Jaén ha sido marginada. Algunas de las inversiones más potentes de la planificación, no solo en Andalucía, sino en todo el país, discurren precisamente por Jaén, un mallado de la provincia que no existía hasta ahora.
Se incluyeron en las propuestas de la Junta de Andalucía, que fueron una de las 51 propuestas realizadas en un contexto donde la planificación eléctrica ha multiplicado por más de dos su nivel de inversión, sobre unos límites que estaban acotados en una ley del año 2013. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo, multiplicando varios órdenes de magnitud lo que se incluye en esta planificación con respecto a épocas anteriores. Aun así, no ha sido posible dar respuesta al 100% de las peticiones, atendiendo al orden de priorización del conjunto de los agentes.
En todo caso, reitero el compromiso de que si hay proyectos firmes que requieran infraestructura y se constate la viabilidad técnica de esas actuaciones, se incorporará aquello que sea necesario para dar respuesta a esas necesidades, que pueden incluir esa subestación o podrían pasar por otras alternativas, en función de la madurez o el nivel de demanda que se desprenda del análisis técnico que se está llevando a cabo.
Gracias.
...será formulada por el portavoz de su grupo, el senador Castellón Rubio. Cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor secretario de Estado, la energía agrovoltaica se presenta como una auténtica oportunidad estratégica para compatibilizar la producción agrícola, la generación renovable, el desarrollo rural y una aceptación social de la transición energética, cada día más necesaria. Consciente de ello, el propio Gobierno incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023, en su disposición adicional, un mandato expreso de impulso a la agrovoltaica. Sin embargo, más de dos años después, realmente no se ha traducido en una estrategia clara, ni en instrumentos específicos, ni en un marco regulatorio y administrativo adaptado que permita el despliegue real de proyectos agrovoltaicos en España.
Los agricultores, las cooperativas y los promotores coinciden en señalar que hay, como en otros tantos ámbitos, inseguridad jurídica, falta de criterio homogéneo entre comunidades autónomas y ausencia de incentivos concretos, lo que está impidiendo que esta tecnología pase de proyectos piloto a la realidad y a una implantación en escala. Por eso queríamos preguntarle cuáles son los planes concretos del Gobierno, de su Secretaría de Estado, del Ministerio al que usted representa, para el desarrollo de la energía agrovoltaica, más allá de lo recogido de forma genérica en la disposición de esos presupuestos generales a los que he hecho mención.
Muchas gracias, senador. Efectivamente, coincidimos en el planteamiento. La energía agrivoltaica es una oportunidad enorme para compatibilizar, para huir de una aparente rivalidad entre renovables y territorio. Permite maximizar el aprovechamiento del territorio y, en algunos casos, con sinergias muy interesantes entre el sector primario y la generación de energía. En este sentido, hemos venido trabajando entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en varias iniciativas. La más reciente, tal vez la más relevante, es un programa de ayudas específico que hemos denominado "Renovables Innovadoras", que incluye un subprograma para el impulso de la agrovoltaica. Recientemente, tuvimos ocasión de resolver ese programa de ayudas, apoyando a 62 proyectos con un presupuesto de 77 millones de euros, con distintas modalidades de agrivoltaica. Algunos de ellos cuentan con paneles instalados a más de cuatro metros por encima del cultivo, compatibilizando en una misma superficie cultivos con generación fotovoltaica.
Hemos visto proyectos que incorporan renovables con cultivos de cereal, olivar y viñedo, con distintas tipologías de cultivos. Lo interesante es que la mayoría de esos proyectos incorporan sensores, sistemas de medición o parcelas testigo que permitirán no solo el aprovechamiento de ese territorio, sino aprender y desarrollar nuevas metodologías, en definitiva, de en qué medida la agrivoltaica modifica o mejora el rendimiento de los cultivos. Finalmente, para no comernos el tiempo, el Ministerio de Agricultura también está siendo muy activo y ha solicitado expresamente una modificación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, que se aprobó recientemente, para incorporar la compatibilidad con las ayudas de la PAC. Uno de los riesgos a los que se enfrentaba el sector primario era que, al llevar a cabo actividad agrivoltaica, eso pudiera poner en riesgo las ayudas de la PAC por considerarse que el territorio se estaba destinando a usos no compatibles. Se ha llegado a una clarificación que permite a los agricultores aprovechar ese espacio y tener distintas alternativas para el uso de suelo.
Queda más trabajo por delante; el IDAE está trabajando en una guía que ayudará a clarificar y aportar más información. Pero entendemos que, a nivel normativo y de mecanismos de apoyo, estamos avanzando para dar cumplimiento a esa disposición incluida en la ley de presupuestos.
Señor Castellón Rubio, realmente usted habla de proyectos muy verdes, de estudios y guías, pero no de una política pública operativa real con inversión decidida y normas claras. Así se lo tengo que decir: la agrovoltaica, para que se desarrolle, necesita normas claras, criterios comunes de tipo técnico, coordinación real con el Ministerio de Agricultura y, por supuesto, líneas de financiación e incentivos específicos que permitan a los agricultores y ganaderos integrar esta tecnología sin poner en riesgo su actividad principal, que es su sustento. Hoy, lo que está claro, señor secretario de Estado, es que España va por detrás de países como Francia y Alemania.
Italia, que ya cuenta con marcos reguladores específicos, con convocatorias dedicadas y proyectos a escala comercial, mientras que aquí seguimos, casi podríamos decir, en una fase experimental. Por tanto, lo que necesitamos es dotar a la agrovoltaica de un marco normativo, de un marco fiscal y de ayudas propias, y no limitarnos a buenas intenciones, a declaraciones de buenas intenciones, a proyectos piloto, a guías o a estudios. Porque si no lo hacemos de esta manera, si no lo hacemos con incentivos y con normas claras, el resultado va a ser catastrófico. Será otra oportunidad perdida para nuestro país, para nuestra economía, para el campo, para la transición energética y, sobre todo, para el equilibrio territorial que tanta falta nos hace. Muchas gracias.
Además de los 77 millones de euros que he comentado anteriormente, es inminente la publicación de un nuevo programa de ayudas, que forma parte del paquete que presentó la vicepresidenta hace poco, donde habrá una nueva oportunidad para seguir financiando proyectos de agrivoltaica. Como digo, ahora sí, con un marco normativo en el marco de las ayudas de la PAC, que permite a los agricultores mantener la condición de admisibles de hasta el 100% de la superficie de las parcelas con sistemas de agrivoltaica, siempre que la actividad agrícola, como es lógico, sea predominante. Esa era la principal duda, el principal riesgo al que se enfrentaba el sector primario, y está abordado.
Con respecto a un marco normativo específico, aquí lo podemos trabajar y desarrollar. Si no es necesaria una norma adicional, a lo mejor no siempre hace falta. A veces nos acusan de tener demasiadas normativas. Aquí hemos identificado una problemática concreta que entendemos que se ha abordado, pero en todo caso, la comunicación y el trabajo con el Ministerio de Agricultura es continuo, y seguiremos muy pendientes, también hablando con el sector, para entender aquellas medidas regulatorias o financieras adicionales que puedan plantearse.
Pasamos a la pregunta del senador Castellón Rubio. Ahora sí, sin sustituir a la senadora Mayada de Castro, es la pregunta 681/271. Senador, cuando quiera, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor secretario de Estado, España está perdiendo competitividad energética, y no por falta de recursos, que son bien conocidos, sino por decisiones regulatorias y, sobre todo, por inacción en ámbitos clave de la política energética del Gobierno de España. Hoy tenemos una industria de cogeneración energética a la que ustedes han decidido estrangular, poniendo en riesgo instalaciones industriales estratégicas, empleo y competitividad.
En el ámbito de las energías renovables, los problemas regulatorios están lastrando a la eólica, lo que está paralizando nuevos desarrollos en una tecnología madura, competitiva y clave para la estabilidad del sistema. Un sector que, según se ha hecho público recientemente, ahorra 4.600 millones de euros en la factura de la luz y tiene un potencial para instalar 2,5 gigavatios al año, pero que, sin embargo, está instalando menos de la mitad; en el último año, quizás un gigavatio al año.
En gases renovables, el retraso es aún más evidente. España no está avanzando en el despliegue del biometano, con problemas de tramitación, ausencia de señales regulatorias claras, falta de incentivos y bloqueo del acceso a la red gasista, mientras que en otros países europeos se está avanzando con más rapidez y nos están ganando la partida.
A todo ello se suman los problemas derivados del apagón y los graves problemas de acceso a la red eléctrica, con un 87% de nudos colapsados y 36 provincias españolas con 0% de capacidad de acceso a la red de distribución. Hay un retraso en la planificación y una retribución a la inversión en las redes claramente inferior a países de nuestro entorno, el último caso conocido ha sido el de Portugal, lo que está desincentivando el capital necesario para reforzar el sistema.
No les voy a hablar de las deficiencias del mercado eléctrico, del modo seguro y de cómo se está arruinando a la fotovoltaica. En definitiva, un conjunto de factores que tiene hoy a España en un marco poco competitivo, poco previsible y poco estable para invertir en energía e industria. Por eso le quería preguntar cuál es la valoración que hace usted, el Gobierno, sobre el impacto que están teniendo esas decisiones de política energética en la economía industrial, en la economía real de las empresas en España.
Muchas gracias, senador. Yo creo que encontraremos pocos textos, tanto académicos como de análisis de mercados o informes de organismos internacionales, que digan que España es un lugar poco competitivo para las inversiones, siendo la economía desarrollada que más crece. A principios de este año, el FMI elevaba...
La previsión para España se sitúa en un 2,3%, y es previsible que cerremos el ejercicio en un 2,9%. Esto indica que hay una serie de previsiones de crecimiento, que no son fortuitas, sino que se deben a un incremento de inversiones, especialmente en energías renovables y en transición energética. No lo decimos nosotros, sino que podemos referirnos a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional o a medios de referencia como el Financial Times.
En cuanto a la cogeneración, esta cuenta con un marco normativo que se está aplicando rigurosamente por parte de este Gobierno. La retribución que recibe asciende a aproximadamente 1.200 millones de euros anuales, provenientes de la factura que pagamos todos los consumidores. Es necesario que dicha retribución esté ajustada a lo que establece la normativa en cada momento. Esto es lo que buscaba la orden ministerial de parámetros retributivos que ha salido a audiencia, cuyas alegaciones se están analizando por parte del equipo técnico.
Respecto a la eólica y los proyectos de biometano, es imperativo acelerar la implementación de proyectos renovables de todo tipo, tanto eléctricos como de gases renovables, siempre con el máximo respeto territorial y ambiental. No todos los proyectos son viables en cualquier lugar; deben estar bien integrados en el territorio y someterse a trámites garantistas y a la participación ciudadana. En este sentido, España no es un país que no avance en renovables; al contrario, hemos superado el 56% de penetración renovable, un contexto muy distinto al 0% de crecimiento en renovables del periodo 2012-2018.
En lo que respecta al acceso a la red eléctrica, tenemos una España con permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Sin embargo, la red eléctrica no está saturada; lo que ocurre es que está acaparada por algunos agentes, algunos de los cuales no son los responsables que podríamos esperar. Estamos trabajando en ello y hemos solicitado a todas las comunidades autónomas propuestas concretas para ayudar a limpiar los proyectos especulativos y separarlos de los proyectos reales. Hasta la fecha, hemos recibido un total de cero respuestas por parte de las comunidades autónomas.
Es fundamental que continuemos con la planificación de la red eléctrica, que debe servir para permitir la incorporación de proyectos industriales y de energías renovables.
Señor secretario de Estado, permítame que difiera de su análisis triunfalista. La realidad es que hay deslocalizaciones de inversiones de grandes empresas españolas del IBEX 35 que están trasladando el grueso de sus inversiones al extranjero, en lugar de realizarlas aquí. Las omisiones regulatorias se están traduciendo en una pérdida de competitividad energética en nuestro país, lo que provoca la salida o paralización de estas inversiones hacia terceros países.
Usted menciona la buena marcha de la economía, pero la realidad del sector es la parálisis, especialmente en los sectores energéticos que he mencionado. Recientemente se reportó una cifra alarmante: 332.000 millones de euros en inversiones perdidas debido a que se concedieron menos del 10% de las solicitudes de conexión a la red eléctrica en la red de distribución. Los inversores no esperan; trasladan sus proyectos y capital, y las decisiones industriales, sobre todo de aquellas industrias que desean descarbonizarse y electrificarse, se ven impedidas por la saturación de las redes o la falta de acceso a la red. Esto es, sin duda, responsabilidad del Gobierno de España.
Por si fuera poco, creo que las únicas inversiones que han prosperado han sido aquellas que han llegado al Ministerio de Transición Ecológica con determinados padrinos, amigos del Gobierno del PSOE, como Villafuerte o Forestalia, y que hoy se investigan bajo sospecha judicial. Esto, permítame decirlo, no es una buena señal para los inversores, especialmente cuando la Guardia Civil está buscando expedientes en el Ministerio de Transición Ecológica.