Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Trabajo y Economía Social. Como punto previo al orden del día, sometemos la aprobación del acta de la sesión anterior. Me imagino que será por asentimiento. Perfecto. Pasaríamos, a continuación, al debate y votación de las mociones. Como ya venimos haciendo habitual, los tiempos serán de menor a mayor en las intervenciones y, si les parece a ustedes, sin más dilaciones, pasaremos a sustanciar las distintas mociones.
Iniciaremos con la primera moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado sobre el empleo doméstico. No se ha presentado ninguna enmienda a esta moción. En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, se concede un tiempo máximo de tres minutos. Para presentar dicha moción, tiene la palabra el senador Lucas Castillo.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Presentamos esta moción sobre el empleo doméstico, un sector esencial que, sin embargo, es demasiado a menudo invisibilizado en el debate público y maltratado por decisiones políticas mal calibradas. Hablamos de un sector que sostiene la conciliación familiar, que permite a miles de hogares seguir adelante y que garantiza el cuidado de menores, personas mayores y dependientes. Además, es un sector integrado mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas en situaciones de especial vulnerabilidad. Por tanto, cualquier decisión que afecte a este ámbito tiene un impacto social profundo que no puede despacharse con ligereza.
En los últimos años, se han adoptado decisiones en materia salarial que han tenido un impacto directo en el empleo doméstico. Estas decisiones, más allá de su formulación teórica, no han ido acompañadas de un análisis suficientemente real sobre el conjunto del mercado laboral ni sobre la capacidad de las familias para asumir el incremento de los costes. El problema es que el Gobierno ha impulsado estas reformas sin ningún tipo de acompañamiento fiscal o social para las familias empleadoras, trasladándoles de golpe un impacto que no han podido gestionar.
Hoy, una familia que contrata de forma legal a una empleada del hogar debe hacer frente a más de un 28% en cotizaciones salariales y sociales, a lo que se han sumado nuevas cargas: el mecanismo de equidad intergeneracional, la cotización por desempleo, el FOGASA y nuevas exigencias en materia de prevención de riesgos laborales. Este conjunto de medidas, adoptadas sin evaluación previa ni medidas compensatorias, ha tenido un efecto inmediato y demoledor. Muchas familias han tenido que prescindir de este servicio, especialmente aquellas con ingresos medios o bajos, con hijos pequeños o con personas dependientes a su cargo.
Cuando una política pública expulsa a las familias del sistema, las consecuencias son conocidas y previsibles. La primera consecuencia es la destrucción del empleo. Según datos oficiales del propio Gobierno, la pérdida acumulada en el sector ronda ya los 70.000 puestos de trabajo. No estamos hablando, por tanto, de ajustes menores ni de un fenómeno coyuntural. Estamos hablando de miles de mujeres que han perdido su puesto de trabajo. La segunda consecuencia es la sustitución de la contratación directa por empresas multiservicios, lo que encarece aún más el servicio y limita la capacidad de elección de las familias. La tercera y quizás la más preocupante es el riesgo real de retorno a la economía sumergida, algo que creíamos superado y que perjudica a todos: a las trabajadoras, a las familias y al propio Estado.
Todo ello tiene un impacto directo en el empleo femenino, en la conciliación laboral y familiar, en la calidad de los cuidados y también en la recaudación pública. Es decir, estamos ante una política que, lejos de fortalecer al Estado social, lo debilita. Lo más preocupante, señorías, es que este problema ya fue advertido por el Partido Popular en esta misma comisión, donde se alertó al Gobierno de las consecuencias que podían derivarse de estas decisiones. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por minimizar el impacto en lugar de afrontarlo con seriedad y responsabilidad.
Por eso hoy traemos esta moción, no para derogar derechos ni para retroceder en protección social, sino para corregir un error evidente. Instamos al Gobierno, en primer lugar, a analizar de forma urgente y rigurosa la pérdida de empleo y el posible incremento de la economía sumergida en el sector. En segundo lugar, a evaluar el impacto social y familiar de la caída de la contratación directa, especialmente en los hogares con menos recursos. Y en tercer lugar, a asumir la responsabilidad política y elaborar una propuesta integral que alivie la carga sobre las familias empleadoras y permita un modelo de empleo doméstico sostenible que beneficie a las trabajadoras, a las familias y a las personas dependientes.
Señorías, dignificar el empleo doméstico no puede significar hacerlo inviable. Proteger derechos no puede traducirse en destruir empleo. Legislar sin medir las consecuencias nunca es una política social responsable. Esta moción es una oportunidad para rectificar, para escuchar y para actuar con realismo. Esperamos que tanto el Gobierno como el resto de grupos estén a la altura y la apoyen.
Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.
Pasaríamos al turno de portavoces. Por tiempo máximo de tres minutos, ahora sí tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Gómez Enríquez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Desde que en 2019 el Gobierno de Sánchez comenzara a incrementar el salario mínimo, las empleadas de hogar han perdido casi 70.000 puestos de trabajo, sin olvidar el impacto que ha tenido en los costes para las familias y pensionistas, quienes han tenido que prescindir de las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras del hogar son mujeres en el 95% de los casos, y el incremento del salario mínimo interprofesional, junto con la pandemia de COVID-19, llevó al colectivo a su nivel más bajo desde 2012, y de ahí no se han movido.
Este último año, estas trabajadoras pasaron a formar parte del régimen de asalariados del sistema, cuando antes contaban con un régimen propio, similar al de los autónomos. Algunas familias, que no han podido o no han querido asumir el incremento, han optado, en el mejor de los casos, por modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para pagar lo mismo, y en el peor, la han despedido. Pensar en una nueva subida es un quebradero de cabeza para muchas de esas familias y también para los pensionistas que tienen contratadas cuidadoras y que ya lo tienen difícil.
Pagar la nómina, lo que da lugar a que algunas de ellas pasen a la economía sumergida. Y es, señorías, por lo que debemos buscar soluciones para este tipo de colectivo tan necesario, como por ejemplo reducir cotizaciones e incentivos para que las contrataciones sean legales y evitar la opción B. Señorías del Partido Popular, apoyaremos esta moción porque es verdad que tenemos un Gobierno que destroza el empleo femenino con políticas ideológicas que ignoran la realidad. Lo que no es lógico es subir un salario mínimo interprofesional sin rebajar las cargas al que contrata.
Muchísimas gracias. En nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Martínez Rodríguez.
Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy tengo que reconocerle aquí su coherencia con esta moción y también con la última moción que trae en esta Comisión, donde ambas versan sobre lo mismo: no sobre empleadas del hogar, sino sobre empleadores del hogar, que es lo que verdaderamente les importa. Habría que hacerse una pregunta: ¿a ustedes les importa el estatus jurídico y las condiciones laborales de las empleadas del hogar? Está claro que, aunque intenten disimularlo, no les importa nada, ni por la exposición de motivos ni tampoco por el petitum de su moción.
Miren, por primera vez en la historia, a las empleadas del hogar se les reconoce un estatus jurídico, laboral y fiscal, y lo ha hecho este Gobierno. Sabemos que esto molesta, pero es una realidad. También es una realidad objetiva que, cuando se genera un derecho, se derivan consecuencias. Este Gobierno, sabedor de la dificultad que comporta, ha establecido reducciones y bonificaciones en la Seguridad Social, como la reducción del 20% en la aportación empresarial por contingencias comunes. Esta medida se aplica automáticamente a todos los empleadores que contraten y den de alta a empleadas del hogar en la Seguridad Social.
Miren, señorías del Partido Popular, con el tiempo, como les ocurre con casi todo, terminarán alegrándose, vanagloriándose e incluso apropiándose de esta medida, porque es positiva y porque también es de justicia social. Fíjense, en su exposición de motivos ponen en valor la subida del salario mínimo interprofesional. Nos alegramos, los arrepentidos los quiere Dios, nunca es tarde, pero hubiera estado bien apoyarla en su momento y no votar en contra.
El trasfondo de todo esto es el de siempre: ustedes intentan mantener e imponer privilegios a costa del trabajo y de la dignidad de otros. Durante generaciones se ha abusado y aprovechado laboralmente de estas mujeres, que hoy son empleadas del hogar con derechos, pero para ustedes siempre han sido sirvientas, nanis o chachas, con un tono despectivo. Efectivamente, es un empleo feminizado, como apuntaba usted, prácticamente el 99,9%.
Quiero dejar aquí, encima de la mesa, una cuestión: también es un empleo con acento andaluz y con acento extremeño, que tuvieron que salir estas mujeres del yugo caciquil de su tierra para ir a servir, entre comillas, a las casas de los señoritos, principalmente en las capitales. Ahora, disfrazando su moción de un aparente interés o de una retórica cuasi marxista, esconden el mismo interés de seguir privilegiando a los privilegiados frente a la dignidad de las que hoy ocupan estos puestos, que si antes tenían un acento extremeño o andaluz, hoy lo tienen ecuatoriano, hondureño o marroquí. Estas mujeres también tienen derecho a tener derechos.
Para concluir, la frase de Régula en "Los Santos Inocentes" lo expresa perfectamente: "A mandar, que para eso estamos, señoritos". Todo eso pasó a la historia. Hoy, en España, la contratación legal de una empleada del hogar no solo garantiza el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de las trabajadoras, sino que también ofrece beneficios fiscales significativos para los empleadores. Vamos a votar en contra de esta moción.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Y de nuevo tiene la palabra el señor Lucas Castillo por el Grupo Parlamentario Popular en turno de portavoces.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría del Partido Socialista, fíjese si nos importan las mujeres y los hombres que se dedican al trabajo doméstico, que, como le he indicado en mi anterior intervención, avisamos de este problema y ustedes han insistido. Cuando vienen las consecuencias, ustedes no las asumen. Ha dicho que esta moción es coherente y la van a votar en contra. Ochenta mil mujeres han ido al paro.
Y muchas de esas mujeres estarán cayendo a la economía sumergida gracias a ustedes y a sus políticas. Luego habla de "chachas". Es curioso que esos términos solamente se los escucho a gente del Partido Socialista. Yo nunca he escuchado a ningún miembro del Partido Popular referirse a esas personas que trabajan dignamente en el hogar como "chachas". Esa expresión, lejos de ser muy desafortunada, creo que es muy machista. Está claro que usted, que habla del caciquismo de comunidades autónomas como Extremadura y Andalucía, debería ver dónde están los hijos de esos caciques, muchos de ellos afiliados a su partido y siendo dirigentes del Partido Socialista Obrero Español.
Vuelvo a insistirle, el problema no es el objeto declarado de las políticas, sino la forma en que se han aplicado y sus consecuencias reales. En los últimos años, se han adoptado decisiones en materia salarial y de cotización que han tenido un impacto directo sobre el empleo doméstico. Decisiones que se han tomado sin una visión integral del mercado laboral, sin analizar cómo afectan al conjunto de la pirámide salarial y sin valorar la capacidad real de las familias para asumir ese incremento de costes. En el ámbito concreto del empleo doméstico, esto se ha traducido en un aumento abrupto de los costes laborales: cotizaciones sociales elevadas, nuevas cargas y obligaciones adicionales que no han ido acompañadas de medidas compensatorias ni fiscales.
El resultado no es algo imaginario, sino empírico. Según los propios datos oficiales del Gobierno, decenas de miles de empleos han desaparecido, 80.000, como he mencionado al inicio de esta intervención. Y eso no se puede despachar como algo menor, coyuntural o anecdótico, porque cuando una familia no puede asumir estos costes, no ocurre nada sofisticado: o prescinde del servicio o se ve obligada a recurrir a fórmulas más caras, o, en el peor de los casos, se empuja de nuevo hacia la economía sumergida. Esto perjudica a todos: a las trabajadoras, a las familias, a la conciliación, a la calidad de los cuidados y también a la recaudación pública.
Se nos dice que esta es la única vía posible, y no es cierto. Profesionalizar no puede significar expulsar a las familias del sistema. Proteger derechos no puede traducirse en hacer inviable el empleo regular. Y legislar sin evaluar el impacto no es una política social responsable. Esta moción no cuestiona la dignidad del trabajo doméstico; todo lo contrario, la defiende desde el realismo. Lo que pedimos es algo razonable: analizar lo que ha ocurrido, asumir responsabilidades y corregir una política que, aplicada sin acompañamiento ni equilibrio, ha generado efectos no deseados, pero muy reales.
Señorías, dignificar el empleo doméstico exige que exista empleo que sea regular y sostenible. Negar el problema, como están haciendo una vez más, no lo soluciona; corregirlo sí. Muchas gracias.
Pasaríamos al punto número dos, que es una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a los treinta años de vigencia de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Para su defensa, tiene la palabra el señor Lander Vera, por un tiempo máximo de cinco minutos. Muchas gracias, presidente.
En noviembre de este año 2025 se han cumplido 30 años de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995. El balance de estos 30 años es positivo. Se consiguió pasar del enfoque centrado en la reparación del daño a un enfoque proactivo, procurando prevenir el riesgo y tratando de alcanzar el bienestar integral de las personas trabajadoras. Fue una norma que transformó para siempre nuestra manera de entender el trabajo, convirtiéndolo no solo en un medio de vida, sino en un espacio que debe garantizar dignidad, seguridad y salud.
Treinta años que son el testimonio de un país que decidió avanzar hacia una cultura preventiva sólida, moderna y profundamente humana. Hay que tener un recuerdo y reconocer a todas las personas, instituciones y agentes sociales que hicieron posible aquella ley: los sindicatos, los expertos en salud laboral, la sociedad civil y, por supuesto, un gobierno progresista que entendió que proteger la vida y la salud de la clase trabajadora no era un coste, sino una inversión en justicia social.
Proteger la salud de las personas trabajadoras debe ser prioritario en las políticas públicas de las instituciones competentes en materia preventiva, así como en las empresas, creando entornos de trabajo seguros y saludables, porque ello repercute positivamente en toda la sociedad, reduciendo la siniestralidad y mejorando la salud de las personas, así como el entorno de las empresas para sus clientes, proveedores y colaboradores. Treinta años después, podemos afirmar con orgullo que aquella ley supuso un punto de inflexión histórico.
Profesionalizar la prevención, crear servicios especializados y fomentar una conciencia colectiva, que hoy parece obvia, pero que en el año 1995 no lo era, estaba muy lejos de serlo. Aquella ley fue y sigue siendo uno de los avances sociales más importantes de nuestra democracia. Sin embargo, señorías, no puedo dejar de señalar que no todos los grupos políticos han demostrado en estos 30 años la misma voluntad de avanzar. Y aquí debemos ser claros: el Partido Popular ha llegado históricamente tarde y mal cada vez que se trata de proteger a la clase trabajadora. Porque no se engañen, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales salió adelante pese a su desconfianza, sus advertencias catastrofistas y sus reticencias de siempre cuando se trata de derechos laborales. Por eso, confío en que ante esta moción no bloqueen y, sin dobles discursos, se sumen a avanzar en la protección de la clase trabajadora.
Señorías del Partido Popular, dejen de lado esa actitud de desconfianza hacia la prevención, porque esa desconfianza tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando se debilita la inspección, aumentan los accidentes; cuando se cuestiona la formación obligatoria, se deteriora la seguridad; y cuando se recorta en prevención, se pone en riesgo la vida de las personas. Por eso, les pedimos que abandonen la estrategia del no constante y que se sumen al compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo.
Además de recordar el mérito de esta ley, también debemos mirar hacia adelante y reconocer que todavía queda mucho por hacer. Así nos lo recuerdan las altas tasas de siniestralidad e incapacidades temporales en muchas empresas y sectores, lo que sigue siendo una tarea a implantar y desarrollar. Durante estos años se ha reducido el número de trabajadores expuestos a riesgos físicos, pero nos encontramos en un momento de transformación. Hay otros riesgos emergentes, como los relacionados con las nuevas formas de organización del trabajo o los riesgos psicosociales. La prevención de riesgos laborales no es un logro acabado; la prevención no avanza sola, sino que es un camino que exige actualización, adaptación y compromiso constante.
Hoy afrontamos nuevos desafíos: la digitalización, los riesgos psicosociales, el teletrabajo, el envejecimiento de la población trabajadora, la exposición a nuevas tecnologías y materiales, o las desigualdades que aún persisten en muchos sectores, especialmente entre jóvenes, migrantes y mujeres. Frente a estos desafíos, el diálogo social debe seguir siendo el corazón de cualquier avance, porque fue el diálogo social el que dio origen a aquella ley y será el diálogo social el que permitirá actualizarla. Por eso, desde el Grupo Socialista, animamos y exigimos que sigamos profundizando en esa vía, escuchando, pactando y avanzando desde el consenso, haciendo política útil, la que mejora la vida de la gente. Muchas gracias.
En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra, por tiempo máximo de dos minutos, el senador Balseiro. Muchas gracias. Señor presidente, desde el Grupo Popular hemos querido presentar una enmienda que, a nuestro juicio, es constructiva y perfectamente asumible. Esta enmienda se basa en tres ideas fundamentales. Primero, reconocer, como no podía ser de otro modo, los avances derivados de la vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, pero sin caer en la autocomplacencia. Porque los accidentes laborales, y en particular la mortalidad en el trabajo, siguen arrojando cifras demasiado elevadas, lo que exige medidas eficaces y evaluables.
Eso es precisamente lo que buscamos añadir a la propuesta de acuerdo que presenta, en este caso, el Partido Socialista. Primero, instar al Gobierno a elaborar, en el marco del diálogo social y en colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales, un plan de choque contra la siniestralidad. Un plan de choque que incluya un calendario con objetivos medibles e indicadores públicos, y que contemple, al menos, el refuerzo operativo de la inspección de trabajo en aquellas campañas sectoriales de mayor riesgo, intensificando el control en su contratación y estableciendo medidas específicas para reducir los accidentes laborales que ocurren en el trayecto habitual entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo. Finalmente, como corresponde a la España de las autonomías, con muchas de estas competencias concurrentes o descentralizadas, pedimos al Gobierno incorporar a las comunidades autónomas al proceso de modificación de la ley.
Gracias. Y garantizar la participación efectiva desde la fase inicial de los trabajos y el pleno respeto a sus competencias en materia de ejecución de la legislación laboral y de promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Creo que esta enmienda es perfectamente asumible, dado que lo único que buscamos es recoger la idea que traen ustedes, pero mejorarla. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Y para la aceptación o rechazo de las enmiendas, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Lander Vera, también por tiempo máximo de dos minutos.
Muchas gracias, presidente. Agradezco, en primer lugar, el trabajo realizado en la presentación de estas enmiendas, que incluyen tanto modificaciones como adiciones. Sin embargo, al analizarlas, me da la impresión de que forman parte de una estrategia para votar en contra de esta moción. Es una moción que pone en valor la ley en su 30 aniversario e insta al Gobierno a profundizar en el diálogo social.
En cuanto a las enmiendas, la enmienda de modificación no aporta nada positivo. Destacar las cifras de mortalidad precisamente cuando se está poniendo en valor una ley que supuso uno de los mayores avances sociales de nuestra democracia parece algo demagógico, que induce a pensar que todo está mal, cuando no es así. Hay un gran esfuerzo de empresas, instituciones y sindicatos que han logrado un avance considerable en materia preventiva en nuestro país. Con esa enmienda, parece que se pretende empañar lo que supuso esta ley, por lo que no podemos incluirla en esta moción.
Respecto a las enmiendas de adición, son cuestiones que ya están incluidas en la moción. Cuando se insta a persistir en el diálogo social para impulsar los cambios necesarios ante los nuevos retos, hay una mesa abierta en el Ministerio con un calendario y materias a tratar, así como mesas sectoriales donde las comunidades autónomas colaboran con el Ministerio. Ustedes proponen una planificación preventiva sobre estos temas concretos, pero estas materias ya están recogidas. Por poner un ejemplo, si se establece impulsar la actividad preventiva en una empresa o institución, no tiene sentido añadir puntos concretos como los planes de emergencia o la vigilancia de la salud, ya que están incluidos en la actividad preventiva. Por tanto, no vemos necesario recoger esos aspectos concretos que ya están contemplados dentro del marco general.
Nada más. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señoría. Y daríamos comienzo al turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la senadora Gómez Enríquez.
Gracias, señor presidente. Señorías del Partido Socialista, debo recordar que su partido, el PSOE, es responsable de la precariedad y la destrucción de empleo en estos tiempos en los que vivimos. No podríamos denominarlo como un gran defensor de la prevención de los riesgos laborales ni como un cumplidor de la normativa. Y se lo digo porque le recuerdo lo que está ocurriendo en las filas de su partido con las trabajadoras.
No estamos en contra de la prevención, pero sí de la creación de chiringuitos de prevención y de trabas burocráticas. Lo que necesitamos es una normativa que simplifique los trámites y procedimientos. Así, conseguiríamos que las empresas pudieran dedicar sus esfuerzos a la prevención. Es decir, una normativa desideologizada, simplificada al máximo y orientada a proteger al trabajador sin hundir a la empresa en costes y papeleo. La prevención, señorías, es algo muy positivo, pero cuando se llena de ideología y se pierde la perspectiva de lo que es trabajar, se traduce en mayores cargas empresariales.
Si analizamos esta ley de riesgos laborales, vemos cómo se ha multiplicado la burocracia y también las multas, hasta 70.000 euros por infracción, expulsando así a empresas del mercado laboral. Mientras tanto, las empresas y autónomos lo pasan mal, y tenemos un Gobierno que lo único que hace es inyectar dinero público a sus sindicatos subvencionados. La prevención, señorías, nace de la libertad empresarial y, para que existan riesgos laborales, debe haber empleo digno, cosa que hoy día el Gobierno está destruyendo y precarizando.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorías. Y en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene de nuevo en este turno de portavoces la palabra el senador Lander Vera. Muchas gracias, presidente. Está claro, señorías del Partido...
Que a ustedes les cuesta mucho decir que sí a este tipo de leyes y de mociones que cuidan la salud de las personas en el trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes demuestran cada día, allí donde gobiernan, que ponen por delante el negocio a la salud y la vida de la gente. Esto es una realidad. Donde gobiernan, primero el negocio, los intereses privados, y después la salud y la vida de las personas. Y esto es muy grave, señorías, porque en el trabajo se dan situaciones de riesgo para la seguridad y la salud de las personas. Ustedes priorizan el negocio, y en algunas ocasiones, a cualquier precio, incluso el de la vida de las personas.
Ante este tipo de iniciativas, ustedes hablan de sobrerregulación y excesivo coste económico. Mientras que nosotros reforzamos la Inspección de Trabajo, ustedes la recortan o la limitan. Sus propuestas van en la línea de eliminar o limitar los comités de empresa y los comités de seguridad y salud laboral, como les prometía recientemente el señor Feijóo a los empresarios catalanes. Ustedes también nos hablan de excesiva burocracia y prefieren dejar estas cuestiones en manos de la lógica del mercado, como si la vida de un trabajador fuese una variable más en una hoja de cálculo. Para las familias que han perdido a un ser querido en un accidente laboral, la burocracia no es el problema; el problema es la falta de controles, la falta de recursos y la falta de compromiso político. Y eso ocurre con sus recortes, sus decisiones y su modelo laboral.
Por eso, desde el Grupo Socialista reafirmamos nuestro compromiso con el refuerzo de la Inspección de Trabajo para que cuente con los medios humanos y tecnológicos necesarios. La actualización de la evaluación de riesgos, incorporando de manera contundente los riesgos psicosociales cada vez más presentes. La mejora de la formación preventiva, especialmente para jóvenes y trabajadores de sectores con mayor temporalidad. El fortalecimiento del papel de los delegados y delegadas de prevención, pieza clave del sistema. La regulación eficaz de la prevención en el teletrabajo y en entornos digitalizados. La integración de la perspectiva de género en la salud laboral, una deuda histórica. Y, sobre todo, la apuesta firme por el diálogo social, que ha demostrado ser el mejor mecanismo para generar avances duraderos.
Treinta años después, seguimos trabajando para mejorar esta ley. Miramos al futuro con responsabilidad en esta adaptación a la digitalización, al teletrabajo, a los nuevos riesgos, al estrés crónico que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras. Y, señorías, lo hacemos porque creemos en ello. Les animo a apoyar esta moción, aunque ustedes no crean y lo hagan a regañadientes. Es para mejorar un aspecto muy importante en la vida de las personas, y la sociedad se lo agradecerá. Muchas gracias.
Y para finalizar el turno de portavoces relativo a esta moción, por parte del grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Balseiro Orol. Muchas gracias, señor presidente. Dos aclaraciones antes de entrar en el fondo del asunto. Dijo usted, señor Lander, que transmitiéramos una moción para votar esto en contra. Yo le puedo decir: oiga, acepte usted la enmienda y ya tiene garantizado que esto salga, no sé si por unanimidad, pero por una gran mayoría, sí. Entonces, a lo mejor, también es lo que busca usted. Lo digo porque nosotros emitimos una moción constructiva, adaptada a la realidad del mercado de trabajo en este momento.
Nosotros no venimos aquí a autocomplacernos. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Y, hombre, créame que hablar de negocio, dijo usted que ustedes ponían las personas por delante, los trabajadores, y el Partido Popular ponía el negocio. Hombre, que en estas semanas un socialista hable de negocios, lo vamos a dejar ahí. Pero mire, sin menospreciar lo positivo que, seguro, es la incorporación a nuestra legislación de la ley de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo, y también la mayor sensibilidad que sobre estas cuestiones tienen hoy los trabajadores y los empleadores, esta iniciativa del Partido Socialista nos parece muy autocomplaciente. Ustedes no están aquí para adular al Gobierno, sino para defender los intereses de los españoles, de los trabajadores y de los empresarios. Por lo menos, el Partido Popular es lo que estamos haciendo con esta enmienda. Que la ley de prevención fue un avance claro, claro que sí, que queda mucho camino por andar. Y son necesarias mejoras. Comprenderá usted que también.
Menos flores y más trabajo. Las cifras siguen preocupando con datos oficiales. Nosotros manejamos datos. Autocomplacientes, sí, pero manejamos datos. Mire, en el año 2024, último año completo, hubo 679 accidentes mortales en jornada, 60 más que en el año 2023. Según el resumen anual del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el primer semestre del año 2025 se registraron 363 fallecimientos, 295 en jornada y 68 en tránsito, con siete más accidentes mortales mientras acudían o volvían de su trabajo, respecto al mismo periodo del año 2024. Por lo cual, señoría, sabemos de lo que estamos hablando y del problema que tenemos, y queremos darle solución. ¿Ustedes se conforman con estos datos? Pues parece ser que sí. Desde luego, el Grupo Popular no. Mientras haya un fallecido, hay cosas que mejorar. Estoy seguro de que ustedes no lo harán, pero en vez de limitarnos a felicitarnos por la ley, hagamos que se mejore, hagamos que se cumpla, esforcémonos por lograr los menores accidentes posibles. Por eso pedimos un plan de choque, con calendario, con objetivos medibles e indicadores públicos que nos permitan verificar si las medidas están funcionando o cómo mejorarlas. Porque hay cosas que funcionan, pero se pueden mejorar, y en este caso se puede mejorar, centrado en lo que a nuestro juicio es el principal: el refuerzo operativo en la inspección de trabajo en sectores de mayor riesgo, la intensificación del control en la subcontratación y la prevención de los accidentes que se producen cuando vamos o regresamos del trabajo.
Y dicho esto, no podemos obviar que estamos en la España de las autonomías, con una distribución de competencias entre las diferentes administraciones que exige coordinación y diálogo. Ya sé que Sánchez está ocupado en otras cosas, pero no se puede legislar, señores del Partido Socialista, ni reformar leyes sobre competencias concurrentes de espaldas a las comunidades autónomas. Me consta que se lo han solicitado desde comunidades autónomas, como es mi caso. Yo soy gallego y Galicia lo solicita, al igual que otras comunidades autónomas, como Andalucía. Además, hay un acuerdo parlamentario en el Parlamento de Galicia pidiendo esto. Háganlo por los trabajadores de España. Ustedes tuvieron la idea y nosotros aceptamos la idea que tienen ustedes. Ahora, nosotros vamos a contribuir, si ustedes aceptan la enmienda que hicimos, a mejorar la idea que traen aquí. Por lo cual, acepten la enmienda y tendrán nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señoría. Pasaríamos a la tercera moción del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al derecho de desconexión digital en el ámbito laboral. Se ha presentado una enmienda de adición a esta moción por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de esta moción, en primer lugar, tiene la palabra el senador, señor Ramírez Apesteguía. Muchas gracias, señor presidente. El derecho a la desconexión digital es una herramienta crucial para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras en una sociedad cada vez más conectada. Este derecho se introdujo en la legislación española a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, que añadió en el Estatuto de los Trabajadores su artículo 20 bis, uno de los primeros derechos para la clase trabajadora que impulsó Pedro Sánchez nada más llegar a la Moncloa. Desde que se aprobó esta norma, se estableció que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a no estar disponibles fuera del horario laboral, a fin de respetar su descanso y su intimidad personal y familiar.
Los avances normativos en la implementación efectiva del derecho a la desconexión digital presentan, hoy todavía, varios desafíos. Aunque la tecnología ha permitido una mayor flexibilidad laboral, también ha creado una expectativa de inmediatez en la respuesta. Según una encuesta europea de condiciones de trabajo del año 2024, uno de cada cinco trabajadores y trabajadoras se ve obligado a responder a cuestiones laborales en su tiempo libre, lo que equivale a más de cuatro millones de españoles y españolas. Las aplicaciones de mensajería instantánea y herramientas de gestión de proyectos permiten a los empleadores contactar a sus empleados en cualquier momento, generando una cultura de hiperconectividad que es difícil de revertir. Sin embargo, es necesario que lo hagamos.
El problema de no desconectar durante los periodos de descanso, incluidas las vacaciones, es que la persona trabajadora no se recupera ni física ni mentalmente. Para los afectados, se prolonga la jornada laboral, aumenta la carga de trabajo, se favorecen interrupciones y crecen tareas inicialmente no previstas, generando una necesidad urgente de respuesta. Todo ello da lugar a problemas de salud derivados de la exposición a riesgos psicosociales y ergonómicos, que pueden acabar en patologías relacionadas con la salud mental, cardiovascular y musculoesquelética. Además, pueden surgir problemas de conciliación y mantenimiento del sueño, así como un aumento del tecnoestrés y de la fatiga informativa, lo que conlleva una disminución del rendimiento laboral.
Para responder a estos déficits y a la necesidad de que la desconexión digital sea efectiva, el reciente proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, que también garantiza el registro de jornada y el derecho a la desconexión, pretendía asegurar este derecho de manera más efectiva. El objetivo era evitar que se exigiera el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando así el derecho al descanso y a la intimidad de las personas trabajadoras. Sin embargo, este proyecto de ley no fue tomado en consideración el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados, siendo rechazado por los votos en contra del Partido Popular, de Vox, de UPN y de Junts.
En concreto, esta norma modificaba el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores para que el rechazo o la no atención de la comunicación y de la petición de prestación laboral por medios digitales, fuera de la jornada laboral, no pudiera generar consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable para la persona trabajadora. Asimismo, se modificaba el artículo 18 de la Ley 10/2021 de Trabajo a Distancia para evitar que se pudiera exigir el desarrollo de una prestación fuera de los horarios pactados, respetando así el derecho al descanso y a la intimidad.
Por todo ello, ni el Gobierno de España ni los legisladores podemos permanecer impasibles. Debemos responder a estos retos a través de cambios normativos oportunos, en un proceso de diálogo social que garantice de manera efectiva el derecho a la desconexión digital. Este derecho no solo protege al trabajador o trabajadora, sino que promueve un entorno laboral más saludable y sostenible, beneficiando tanto a los empleados como a las empresas a largo plazo, así como su productividad y competitividad.
Este es el objeto de esta moción: que esta Cámara sea sensible a esta necesidad imprescindible de nuestro tiempo. Porque si para algo estamos aquí, todos y cada uno de nosotros y nosotras, es para generar más espacio de progreso y bienestar para la ciudadanía. Esta cuestión contribuye a ello en todos los niveles sociales, en todos los territorios y sectores, y para el conjunto de la ciudadanía española. Por eso confío en que todos los grupos aquí presentes seamos sensibles a esta petición.
Muchas gracias. En defensa de la enmienda, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado el senador Barrios Tejero. Gracias, presidente. Presentamos una enmienda que entendemos que no solo no desvirtúa la moción que presenta el Partido Socialista, sino que la complementa. Nuestra enmienda insta al Gobierno a actuar con coherencia institucional y garantizar que el primer cumplimiento efectivo del derecho a la desconexión digital se produzca en la Administración General del Estado o en el sector público institucional. Esto se lograría estableciendo de forma inmediata y exigible reglas claras que prohíban la emisión de notificaciones electrónicas, por ejemplo, los fines de semana, los festivos y los días inhábiles, salvo en aquellos supuestos que estén motivados por urgencia y que delimiten una franja horaria obligatoria.
Gracias, señor presidente. Agradezco la oportunidad de dirigirme a esta comisión. Es fundamental abordar los protocolos internos y sistemas de control y responsabilidad para evitar prácticas abusivas y desproporcionadas, asegurando en la práctica el descanso, la salud y la conciliación de trabajadores y profesionales. Es importante incluir a todos aquellos profesionales que interactúan con la Administración, como economistas, gestores administrativos y graduados sociales, quienes, en su mayoría, son trabajadores autónomos.
Como usted mencionaba, el problema de no desconectar durante los períodos de descanso, incluidas las vacaciones, es que la persona trabajadora no se recupera ni física ni mentalmente; lo mismo ocurre con los profesionales. Se prolonga la jornada laboral, se aumenta la carga de trabajo, se favorecen las interrupciones y crecen las tareas no previstas, generando una necesidad de urgencia en la respuesta. Todo esto puede dar lugar a problemas de salud derivados de la exposición a riesgos psicosociales y ergonómicos, que también afectan a los profesionales. Estas situaciones pueden abarcar patologías relacionadas con la salud mental, cardiovascular y musculoesquelética, así como problemas de conciliación y mantenimiento del sueño, y un aumento del nivel de estrés y fatiga informativa.
Nuestra enmienda busca que se incluya un párrafo que garantice que aquellos que interactúan con la Administración sean los primeros en beneficiarse de estas medidas, o al menos, que lo hagan al mismo tiempo que el resto de los trabajadores. Muchas gracias.
Para la aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Ramírez.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Barrios Tejero, tal y como hemos tenido la oportunidad de hablar previamente al inicio de esta comisión, somos sensibles al contenido de su enmienda y, de hecho, estamos básicamente de acuerdo con ella. No obstante, es importante señalar que se ciñe a un aspecto muy concreto de sectores específicos, que usted conoce bien por su trayectoria profesional, compartida por el senador Lander Vera y por mí mismo, en el ámbito de la gestión y las notificaciones.
El Gobierno de España y el Grupo Socialista son sensibles a esta cuestión, pero la enmienda aborda un aspecto muy específico que podría desvirtuar el contenido de la moción. Esta última busca una visión integral y general que debe ser discutida en la mesa del diálogo social y, posteriormente, por parte del Gobierno, ya sea en trámite reglamentario o legislativo. Por tanto, consideramos que no tiene encaje dentro del objeto y la motivación de esta moción y, en consecuencia, nos veríamos obligados a rechazarla. Muchas gracias, señor presidente.
A continuación, daríamos comienzo al turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la senadora Gómez Enríquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Gracias, señor presidente. No voy a hacer uso de la palabra en esta ocasión.
Pasaríamos al portavoz del Grupo Socialista, de nuevo el señor Ramírez.
Con brevedad, creo que hemos coincidido en que estamos ante una necesidad perentoria en nuestro ámbito laboral, que afecta hoy a al menos cuatro millones de españolas y españoles. Debemos hacer frente a esta cuestión y garantizar el derecho a la desconexión digital, lo que implica para la ciudadanía afectada ganar más libertad, conciliación y calidad de vida. Es esencial que todas las empresas españolas implementen planes específicos para evitar situaciones de estrés, siendo especialmente necesario en las pequeñas y medianas empresas, donde actualmente estos planes solo existen en un 37% de las mismas.