Buenos días a todos y a todas. Se abre la sesión y se procede a tramitar el orden del día, consistente en el debate y votación de proposiciones no de ley. Los tiempos de intervención en la tramitación de estas proposiciones serán de cinco minutos para la defensa de la proposición no de ley y tres minutos para la defensa de las enmiendas, así como para la fijación de posiciones del resto de los grupos parlamentarios.
Se entra, pues, al debate de iniciativas. Primero, comenzamos con la proposición no de ley relativa al fomento del turismo deportivo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Esta proposición no de ley cuenta con dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Vox. Le damos la palabra al señor Merino Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de su proposición no de ley.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. El turismo deportivo se ha consolidado como uno de los ámbitos con mayor proyección dentro del sistema deportivo español y, al mismo tiempo, como un sector estratégico para la economía y la cohesión territorial de nuestro país. Desde esta Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte, debemos analizar el deporte no solo desde la óptica competitiva o formativa, sino también como una política pública transversal, con un impacto en la salud, en la educación en valores, en el empleo y en el desarrollo local. En este marco, el turismo deportivo representa una oportunidad clara.
España cuenta con unas condiciones excepcionales: clima, infraestructuras, diversidad geográfica y una amplia red de instalaciones deportivas locales para promocionar y promover el turismo deportivo. No es casualidad que FITUR haya incorporado, por segundo año consecutivo, FITUR Sports como un espacio de encuentro, donde la industria turística y deportiva refleja una tendencia que va claramente al alza. Hablamos, por tanto, de un turismo que fomenta hábitos de vida saludable, que atrae a visitantes con mayor estancia media y mayor gasto, y que permite desestacionalizar la actividad turística, favoreciendo especialmente el turismo de interior y a los pequeños municipios, como, por ejemplo, en mi tierra, La Rioja, donde el binomio entre enoturismo y turismo deportivo ya va de la mano.
Sin embargo, los datos que manejamos reflejan una clara desproporción entre el impacto económico del turismo deportivo y el esfuerzo inversor de las administraciones públicas. En 2022, el turismo deportivo generó en nuestro país más de 5.500 millones de euros, mientras que el gasto vinculado al deporte por parte de la Administración General del Estado apenas alcanzó el 0,02% del PIB. Según el INE, España recibió en 2023 más de 2,9 millones de turistas internacionales, cuyo motivo principal fue asistir o participar en eventos deportivos. Esto representa un 17% más que en 2022. Además, me gustaría subrayar que el gasto medio de estos visitantes...
Gracias. Los turistas internacionales que vienen a eventos deportivos tienen un gasto que supera los 1.400 euros, frente a los 1.200 euros de media del turista general. En total, el turismo deportivo generó en España más de 8.300 millones de euros en 2024. Por tanto, señorías, el atractivo del turismo deportivo no se limita al fútbol o a la Liga. Hay eventos, como el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona o el MotoGP de Cataluña, que son cada vez más demandados por los aficionados internacionales. Además, la confirmación del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, que convertirá el entorno de IFEMA en un circuito urbano de Fórmula 1 a partir de 2026, refuerza nuestro papel como país anfitrión de grandes competiciones internacionales. Así, Madrid se sumará al calendario mundial de la Fórmula 1 junto a Barcelona, generando un impacto económico estimado en cientos de millones de euros y consolidando a España como un destino clave en el mapa del turismo deportivo.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que esta realidad exige una respuesta coordinada desde el ámbito deportivo y educativo, con una mayor implicación del Gobierno, del Consejo Superior de Deportes y de todas las administraciones competentes. Nuestra proposición no de ley plantea tres medidas concretas: en primer lugar, convocar la Conferencia Sectorial de Deportes para analizar, junto a las comunidades autónomas, una estrategia común que permita potenciar el turismo deportivo con medios económicos suficientes. En segundo lugar, apoyar a las entidades locales y a los ayuntamientos, que son quienes gestionan las instalaciones deportivas y los eventos deportivos de base, dotándolas de financiación específica para desarrollar proyectos de turismo deportivo, al margen de los fondos europeos. Y, en tercer lugar, impulsar una campaña nacional de difusión coordinada desde el Consejo Superior de Deportes que ponga en valor los beneficios del turismo deportivo, no solo desde el punto de vista económico, sino también en términos de salud, bienestar y educación en valores. Señorías, el turismo deportivo es una política que conecta deporte, educación y desarrollo territorial. Apostar por él es apostar por un modelo más equilibrado, más saludable y más sostenible. Por ello, les pido el apoyo a esta iniciativa.
Muchas gracias. A continuación, interviene para la defensa de sus enmiendas a la proposición no de ley el señor Ita Téllez, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, compartimos con el grupo proponente el diagnóstico sobre la vital importancia del turismo deportivo. No es para menos, hablamos de un sector que en 2023 trajo a España casi once millones de turistas internacionales, generando un gasto de más de 17.700 millones de euros. Sin embargo, su iniciativa parte de una premisa errónea, al asumir que el Gobierno no está actuando ya con contundencia. La realidad, señoría del Partido Popular, es que lo que ustedes piden hoy aquí ya lo está ejecutando el Gobierno, y lo hace en estrecha colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.
En primer lugar, respecto a la financiación que reclaman para las entidades locales, quiero recordarles que el Consejo Superior de Deportes ya ha movilizado una inversión de 36 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación. Estos fondos están destinados específicamente a proyectos de turismo deportivo sostenible, asegurando que nuestros municipios, grandes y pequeños, tengan recursos directos para desarrollar infraestructuras y eventos que dinamicen sus territorios. Ustedes piden en su proposición no de ley que la financiación sea ajena a fondos europeos, una distinción que no entendemos, ya que dichos fondos son la palanca más eficaz para transformar el sector en este momento.
En segundo lugar, sobre la promoción y difusión, el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Turespaña, realiza una labor ingente y constante. No es necesario poner en marcha una nueva campaña, porque ya existen más de doscientas acciones anuales de promoción exterior. En el año 2024 se realizaron 248 actividades en los planes operativos de nuestras oficinas en el exterior, en mercados clave como Alemania, Reino Unido o Países Bajos, donde el turismo deportivo es prioritario.
La promoción se realiza de la mano del sector a través de los clubes de producto. Colaboramos activamente con asociaciones de estaciones de esquí, como es ATUDEM, o de deportes náuticos, como ANEM, así como en iniciativas de vías verdes y turismo de golf. Por todo ello, hemos presentado una enmienda que ajusta su texto a la realidad, porque no podemos estar al Gobierno para empezar de cero, sino para seguir impulsando lo que ya funciona. Nuestra enmienda propone continuar desarrollando estos proyectos a través del Consejo Superior de Deportes y en coordinación con todas las administraciones territoriales, poniendo en valor los beneficios económicos y sociales que, sin duda, tiene el deporte. Esperemos que la acepten para lanzar un mensaje claro de unidad y trabajo constructivo al sector del turismo deportivo.
Muchas gracias. A continuación, interviene para la defensa de su enmienda el Grupo Parlamentario VOX, con González Robato.
Muchas gracias, presidenta. El turismo deportivo es una oportunidad evidente para España. No hace falta exagerarlo ni presentarlo como algo nuevo. Contamos con territorio, clima, infraestructura y tradición deportiva suficientes para que funcione, y además ya está funcionando en muchos municipios. Ahora bien, cuando hablamos de impulsarlo desde las administraciones públicas, el debate no debería centrarse solo en cuánto dinero ponemos encima de la mesa, sino en cómo se gestiona y con qué criterios. La experiencia nos dice que aumentar el gasto sin una estrategia clara no garantiza mejores resultados. España enfrenta un problema recurrente: demasiadas iniciativas dispersas, planes que no se coordinan entre sí y estructuras administrativas que consumen recursos sin llegar de forma efectiva al territorio. El turismo deportivo corre el riesgo de convertirse en otro ejemplo más si no se actúa con rigor.
Las comunidades autónomas y las entidades locales tienen un papel fundamental que nadie discute, pero eso no puede traducirse en una política fragmentada sin objetivos comunes ni evaluación real del impacto económico y social. Hace falta una visión de conjunto con criterios unificados que permita aprovechar el potencial del turismo deportivo sin duplicidades ni ineficiencias. También es importante que el apoyo de los ayuntamientos sea claro y transparente, con financiación definida y desligada de la dependencia de fondos europeos, que muchas veces llegan tarde, mal o condicionados a prioridades ajenas a la red local. En cuanto a la promoción, conviene ser prudentes; no se trata de sumar otra campaña institucional, sino de reforzar una oferta real y sostenible que genere actividad económica estable y no solo impacto puntual.
En definitiva, señorías, el turismo deportivo merece ser impulsado con planificación y coordinación, pero cuando hablamos de dinero público, la obligación no es gastar más, sino gastar mejor. Muchas gracias.
A continuación, en trámite de toma de posición y en nombre de sus respectivos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Catalán del Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos, señorías. Simplemente, quiero manifestar que apoyaríamos la iniciativa.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Muy brevemente, quiero intervenir para señalar que, evidentemente, podemos compartir el fondo, ya que el deporte puede ser un vector de turismo importante, con equidad económica y cohesión territorial. En este sentido, quiero añadir que Cataluña ya es un referente consolidado en el turismo deportivo, así como en el deporte de base, en eventos internacionales y en el buen uso deportivo del territorio.
El problema siempre es el mismo en las iniciativas del Grupo Popular. En esta ocasión, lo que vemos es que se trata de una proposición no de ley genérica, vacía de concreción y centralista en su planteamiento. Todo se vuelve a situar en el Consejo de Deportes como eje coordinador, cuando las competencias y el conocimiento del territorio son de las comunidades autónomas. No se definen criterios claros de reparto, ni cuantías, ni calendarios, ni garantías, lo que significa que no sabemos si los recursos llegarán a donde realmente hacen falta.
Hablar de financiación europea sin explicar cómo ni con qué liderazgo territorial se va a llevar a cabo nos parece, por lo menos, un argumento débil. Entendemos que lo que falta no son campañas estatales, sino una financiación estructural suficiente, así como el respeto a las competencias y a la capacidad de decisión propia de las comunidades que ya lideramos el sector. Por ello, creemos que los recursos no deben canalizarse de manera discrecional desde Madrid, sino que deben transferirse directamente a las comunidades. El liderazgo de la promoción debe recaer en los organismos turísticos y propios de cada territorio, y debe reconocerse explícitamente la singularidad de los modelos deportivos y turísticos existentes, como es el caso del catalán. Finalmente, lo que siempre decimos es que las estrategias estatales tienen que ser complementarias, no pueden ser nunca sustitutivas.
Muchas gracias. Ahora, por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Valero.
Gracias, presidenta. Desde mi grupo queremos empezar reconociendo una evidencia: el turismo deportivo existe, tiene potencial y puede ser una herramienta de dinamización territorial. Negarlo sería desconocer la realidad de muchos municipios y comarcas que han encontrado en el deporte una vía de actividad económica y social. Sin embargo, hay que recordar algo fundamental: no todo vale en nombre del turismo deportivo. El principal problema de esta proposición no de ley no es solo lo que plantea, sino la falta de memoria, la mala memoria, porque hay lecciones que no han aprendido.
Cuando se habla de grandes eventos deportivos como motor turístico, a muchas personas de este país no les viene a la cabeza la palabra oportunidad. Lo que nos viene a la mente es la palabra despilfarro, y en demasiados casos, también la palabra corrupción. Lo hemos visto con la Fórmula 1, convertida en símbolo de un modelo de turismo deportivo basado en contratos opacos, cánones desorbitados, infraestructuras faraónicas y millones de euros públicos que acabaron pagando los ciudadanos durante años, mientras unos pocos hicieron negocio. Lo vimos con la Copa América, presentada como la gran promesa de modernidad y proyección internacional, que terminó siendo otro ejemplo de socialización de pérdidas y privatización de beneficios.
No estamos hablando, por tanto, de casos aislados, sino de un modelo que utiliza el deporte como excusa, el turismo como coartada y el dinero público como combustible. Por eso, resulta preocupante que se vuelva a hablar de promoción de eventos y de colaboración público-privada sin una sola referencia a la transparencia, al control del gasto o a la rendición de cuentas. No se puede pedir un cheque en blanco cuando en el historial del turismo deportivo hay muchas facturas pendientes que aún hoy siguen pagando muchas administraciones.
Desde nuestro grupo, creemos que el turismo deportivo no puede volver a ser la coartada de las grandes operaciones opacas ni el terreno de juego donde se mezclan intereses privados, amiguismos y marketing político. Además, se vuelve a olvidar en esta proposición no de ley cuestiones clave, como la sostenibilidad ambiental en eventos que se celebran en entornos frágiles, la saturación turística que sufren especialmente los municipios costeros y urbanos, y el deporte de base, que ve cómo se destinan millones a macroeventos mientras clubes y federaciones sobreviven con migajas.
El turismo deportivo, señorías, no es solo atraer visitantes durante un fin de semana, es decidir qué modelo de territorio queremos, qué uso hacemos del espacio público y a quién sirve de verdad la inversión pública. Por eso, desde nuestro grupo defendemos un enfoque completamente distinto: un turismo deportivo regulado, transparente, sostenible y socialmente útil, con límites claros, control del gasto público y retorno real para la ciudadanía. Mientras no se rompa con ese pasado de macroeventos ruinosos, contratos opacos y fotos grandilocuentes que acaban en juzgados o en rescates públicos, nosotros no podemos acompañar esta iniciativa.
El deporte merece políticas públicas responsables, merece planificación y justicia social. También el turismo y la ciudadanía merecen que no se repitan los errores que ya conocemos demasiado bien.
Muchas gracias, señor Valero. Ahora cierra el debate el grupo proponente, indicando si aceptan o rechazan las enmiendas.
Muchas gracias, presidenta. Aceptaremos la enmienda del Grupo Socialista y rechazamos la de Vox.
Muchísimas gracias a la vicepresidenta por el apoyo. Pasamos al punto segundo, que es la proposición no de ley sobre la bajada de la ratio profesor-alumno en las aulas de las escuelas.
La complejidad social y el mayor índice de necesidad educativa son temas centrales en la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Tiene la palabra para defender la PNL la señora Martínez Seijo, por el Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Debatimos esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la bajada de ratios en las aulas de las escuelas de alta complejidad y mayor necesidad educativa. Se trata de una iniciativa centrada en la equidad, la atención a la diversidad y la mejora del éxito escolar allí donde más cuesta.
La LOMLOE establece con claridad que las administraciones educativas deben dotar de mayores recursos a los centros que atienden alumnado con más necesidades, según el artículo 122.2, y que deben desarrollar acciones de compensación en entornos vulnerables, conforme a los artículos 80 y 81, facilitando la colaboración municipal y social desde un enfoque comunitario. Además, en educación primaria y en la regulación de atención a las diferencias individuales, se prevé el ajuste de ratios en entornos socialmente desfavorecidos como herramienta pedagógica para prevenir dificultades y mejorar resultados, tal como se establece en los artículos 19 y 20 bis. En secundaria, se habilitan medidas de organización flexible y agrupamientos que permiten atender mejor la diversidad, según los artículos 22.4, 22.5 y 22.6.
¿Y por qué es necesaria esta PNL? Porque la evidencia internacional indica que la bajada de ratios aislada tiene un efecto nulo o muy leve en el rendimiento y sobre competencias de lectura y matemáticas cuando no se acompaña de cambios metodológicos y organizativos. El impacto positivo aparece cuando se acompaña de mejoras docentes y metodológicas. Además, la evidencia nos indica que pertenecer a un hogar de cuartil inferior de renta multiplica por seis el riesgo de bajo rendimiento, y que la brecha de competencias a los 15 años entre los más favorecidos y los más desfavorecidos equivale a tres cursos. Por lo tanto, señorías, no podemos aceptar que el código postal determine el destino educativo de nuestra infancia.
Quiero subrayar que el grupo de trabajo técnico con las comunidades autónomas para construir un índice de vulnerabilidad ya está constituido y trabaja en la definición de criterios homogéneos para identificar los centros de mayor complejidad educativa. Esta es la base para orientar con justicia la flexibilización de ratios y la asignación de recursos. En paralelo, el programa PROA+, reforzado en el marco de la conferencia sectorial, ha invertido 360 millones de euros y ha llegado a más de 3.600 centros sostenidos con fondos públicos en los últimos tres años, con una financiación asegurada del Fondo Social Europeo Plus hasta el 2028. El programa PROA+ 2024 cuenta, además, con casi 106 millones de euros para mejorar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros de mayor complejidad.
Permítanme aportar evidencia. Durante la pandemia, la reducción del tamaño de los grupos fue una medida de salud pública que, según los primeros estudios, favoreció la convivencia y la personalización del aprendizaje. Sin embargo, no podemos sostener que sea el único factor explicativo de los resultados ni que su bajada universal sea por sí sola la principal palanca de mejora. La OCDE ha mostrado que los sistemas que destacan en PISA priorizan la inversión en calidad docente y la organización del trabajo del profesorado por encima de reducciones generalizadas de ratio.
¿Qué proponemos? Primero, continuar el trabajo con las comunidades autónomas para culminar ese índice de vulnerabilidad y aplicar una flexibilización de ratios allí donde los datos indiquen mayor complejidad, junto con medidas de refuerzo educativo, codocencia y trabajo por ámbitos. Segundo, seguir reforzando PROA+ y los nuevos programas de lectura y matemáticas para que los centros dispongan de apoyos estables y de un acompañamiento integral. Tercero, hacerlo con transparencia y evaluación, respetando el marco normativo vigente, incluido el Real Decreto de requisitos mínimos, y con diálogo, cómo no, con la comunidad educativa.
Esta proposición no de ley no es una receta universal, es una propuesta coherente, realista y de acción positiva, que busca concentrar la disminución de ratios donde más se necesita y donde más impacto tiene, combinada con cambios pedagógicos que generan climas inclusivos, reducen los problemas disciplinarios y mejoran el compromiso del alumnado y las condiciones del profesorado. Por eso, pedimos su apoyo para trabajar con datos, para actuar con equidad y para garantizar que los recursos y las ratios se ajusten donde deben, con el objetivo último de que todos los alumnos aprendan más y mejor.
Con esta iniciativa, nuestro sistema educativo avanza en un modelo de éxito escolar que pone a la infancia más vulnerable en el centro, refuerza a los equipos docentes y mejora la cohesión social. Les invito a sumar y a acordar. Muchas gracias.
A continuación, interviene para la defensa de su enmienda a la proposición no de ley, por el Grupo Sumar, el señor Valero Morales. Gracias, señor presidente. Esta proposición no de ley aborda, entre otras cuestiones, una realidad que venimos denunciando desde hace tiempo: la desatención del alumnado más vulnerable, una situación que está siendo denunciada de forma reiterada por AMPAs y sindicatos. En los últimos años, en varias comunidades autónomas, se ha llegado a duplicar el número de alumnado diverso, definido en la ley como NEAE, mientras que los recursos humanos especializados para atenderlos solo han aumentado de media menos de un 20%. Esto no es una mala planificación, esto es un recorte encubierto.
En Andalucía, la situación se acerca al colapso. Mientras que en los últimos años este alumnado ha aumentado un 103% en educación infantil y un 35% en secundaria, el profesorado especialista apenas ha aumentado un 17% de media. Esto significa que niños y niñas vulnerables están hoy en el rincón de la clase, y las consecuencias son claras y dolorosas: más fracaso escolar, más familias asfixiadas económicamente que se ven obligadas a pagar apoyos privados, niños y niñas con problemas emocionales derivados de la falta de atención, y docentes sobrepasados cuya salud física y emocional también se resiente por la falta de medios.
Es por eso que defendemos incorporar a esta proposición de ley una medida tan sencilla como justa: que el alumnado NEAE compute doble a efectos de ratio. No es un privilegio, es una herramienta eficaz para mejorar la atención educativa, avanzar en la inclusión real y mitigar la sobrecarga docente. Conviene subrayar que el 75% del alumnado NEAE está escolarizado en la escuela pública, frente al 25% en la concertada y privada. Por tanto, esta medida beneficia fundamentalmente a la escuela pública, que asume mayoritariamente la responsabilidad de garantizar la equidad. Además, mejorar la atención del alumnado vulnerable es una obligación legal y moral. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación de todas y todos, sin exclusión. La ley educativa vigente, en su artículo 71.2, obliga a las administraciones a garantizar los recursos necesarios para que este alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades. Asimismo, España ha ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a un sistema educativo inclusivo en todos los niveles. Muchas gracias.
En trámite de toma de posición, tiene la palabra el señor Catalán Higueras, por el Grupo Mixto. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días de nuevo, señorías. No es la primera vez que se aborda esta rebaja de ratios en las Cortes Generales, ni en el Senado ni en el propio Congreso. Unión del Pueblo Navarro, si algo ha hecho en estas comisiones, ha sido presentar iniciativas en ambas cámaras. Por ejemplo, el 30 de junio de 2021 en el Senado, se presentó una moción de Unión del Pueblo Navarro instando al Gobierno a establecer mejoras en apoyos individualizados y a disminuir las ratios en centros públicos y concertados con elevado número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. También se solicitaba la disminución de ratios cuando se produjesen incorporaciones tardías, que es una práctica que se da en los centros educativos. Asimismo, se instaba a las administraciones públicas a reforzar los medios materiales y humanos. Esta iniciativa, por cierto, fue rechazada por 11 votos a favor y 16 en contra. El Partido Socialista y sus socios votaron en contra de lo que hoy están proponiendo.
Además, podríamos hablar de una moción del Partido Socialista en el Senado, el 1 de junio de 2022, por la que se instaba al Gobierno a constituir una comisión de estudio para analizar la viabilidad, coste y beneficio de la bajada de ratios en dichas aulas y criterios para la identificación de los centros. Esta moción salió adelante con nuestro voto. El 17 de junio, había otra moción de Unión del Pueblo Navarro en esta Comisión de Educación, la misma que fue rechazada en el año 2021 en el Senado y que aquí, en esta ocasión, se aprobó con la abstención del Partido Socialista: 18 votos a favor y 17 abstenciones. Se abstenían en lo que hoy vuelven a proponer.
Por último, hoy, el Partido Socialista sorprendentemente presenta prácticamente la misma moción que se aprobó en el Senado en junio de 2022. Entonces, nosotros la apoyamos y dijimos que íbamos a hacer un seguimiento de esta moción aprobada. Sin embargo, en septiembre de ese año, el Gobierno, ante las preguntas para su respuesta por escrito de Unión del Pueblo Navarro, contestó que no considera la posibilidad de crear un grupo de trabajo en el seno de la conferencia sectorial y que tampoco se ha valorado la posibilidad de acordar criterios e indicadores metodológicos armonizados.
Para identificar la complejidad de los centros en función de su entorno y de su composición social. ¿Les suena, verdad, señorías? La misma moción que hoy se debate. Es decir, el Partido Socialista vuelve a presentar prácticamente la misma moción de hace tres años y plantea medidas que el Gobierno ya rechazó. ¿A quién pretende engañar? ¿Por qué presentan una moción ya aprobada? ¿Por qué plantean propuestas que el Gobierno ya ha dicho que no piensa cumplir? ¿O es que el Gobierno ha cambiado de opinión? Si no cumplió entonces, ¿por qué va a hacerlo ahora? ¿Por qué rechazaron en su día o se abstuvieron en mociones que iban directamente a tomar medidas muy concretas para abordar la situación de estos centros públicos y concertados? Porque también hay centros concertados con estas características. ¡Qué papelón, señores del Partido Socialista, qué papelón! Desde nuestro punto de vista, apostamos decididamente por la equidad, sí, apostamos decididamente por la calidad, sí, pero desde la coherencia. Y termino ya, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es cumplir la moción que esta comisión aprobó el 17 de junio, que es muy clara, muy contundente y que va en beneficio de los alumnos más vulnerables del sistema.
Gracias, señor Catalán. Por el Grupo de Junts, tiene la palabra el señor Cervera Pinar.
Sí, gracias, presidente. Evidentemente, compartimos que somos partidarios de reducir las desigualdades educativas; es una necesidad imprescindible. También queremos constatar que en Cataluña se aplican ya políticas en este ámbito con criterios propios. A nuestro entender, va a pasar lo mismo con esta Proposición No de Ley, que plantea una armonización estatal de criterios ignorando las realidades sociales y educativas que no son homogéneas. Las comunidades disponen ya de indicadores, mapas de complejidad y modelos propios.
Pensamos que, más allá de poner el foco en las ratios, lo que hace falta es abordar factores estructurales que realmente impactan, como la estabilidad de plantillas, carrera lectiva, personal de apoyo, autonomía del centro y organización pedagógica. Insistimos, no somos partidarios de que el Estado defina criterios uniformes que condicionen los diferentes modelos. La reducción de ratios no puede ser un eslogan sin más; ha de ir acompañada de financiación suficiente y respeto a las competencias educativas. En este sentido, cualquier criterio estatal siempre tendría que ser orientativo y no vinculante.
Nada más, muchas gracias.
Gracias, señor Cervera. Por VOX, tiene la palabra el señor Ramírez del Río.
Gracias, señor presidente. Resulta desalentador leer la propuesta del Partido Socialista, básicamente porque demuestra una evaluación absurda de la situación actual de la educación en España. Comienza el texto de la propuesta enfatizando la mejora que se produjo en 2020, cuando el Gobierno aportó dinero para que se pudieran reducir las ratios debido a la situación que teníamos con el COVID. Sin embargo, olvida mencionar que desde el año 2020 hasta las últimas evaluaciones que hemos conocido, la bajada del nivel educativo en España ha sido estruendosa, auténticamente un espanto.
Cuando la ministra Pilar Alegría, la ministra saliente, se pone a justificar esto, intenta argumentar que también se han producido hundimientos similares en otros países de nuestro entorno, y que eso nos hace situarnos en una posición relativa mejor. Pero el hecho incuestionable es que se ha producido un hundimiento a pesar de estas medidas, como la que está proponiendo el Partido Socialista en estos momentos.
Cogen ustedes, además, datos de comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Murcia, y se critican su política educativa, con cierta justicia, pero olvidan mencionar que también los datos de las comunidades que mejor están en estos momentos en España son los de Castilla y León. Con lo que, evidentemente, su defensa de las políticas socialistas en educación resulta muy difícil. Si uno compara los resultados de Cataluña, del País Vasco o de cualquier otra comunidad, o de Asturias, con los de Castilla y León o con la propia Madrid, la verdad es que tienen muy poco de lo que presumir.
Lo cierto es que el único sector en el que se puede relacionar una bajada de las ratios con una mejora de la situación educativa es en los alumnos con necesidades especiales. En esos alumnos, sí es cierto que es necesario incentivar una bajada de ratios, porque se ha producido un aumento muy significativo en el número de alumnos con estas condiciones, y necesitan apoyos escolares. Sin embargo, en líneas generales, la demografía va a hacer el trabajo que ustedes están pidiendo que se haga aquí. La demografía está haciendo que bajen las ratios, porque cada vez tenemos menos alumnos, por desgracia.
Cada año les vemos hacer malabares en esta comisión para explicar que, a pesar de una inversión adecuada, se está produciendo un hundimiento de la educación en toda España. En los pocos lugares en los que ese hundimiento no se está produciendo es en aquellos en los que no ha habido un socialista cerca de la administración educativa en los últimos cuarenta años. Deberían hacer un análisis honesto de las políticas educativas fracasadas, tanto en lo referente a las lenguas vehiculares, a la promoción automática, como a la falta de autoridad en las aulas que las políticas que ustedes han promovido han provocado.
Plantear una bajada de ratios que se va a producir aunque ustedes no hagan absolutamente nada demuestra que la educación de nuestro país puede esperar muy poco de este Gobierno y del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Ramírez del Río. Tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Jiménez Linuesa.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Sinceramente, pensaba que la portavoz del Grupo Socialista retiraría esta proposición no de ley, porque hoy vuelven a presentar una proposición no de ley para flexibilizar ratios en centros vulnerables, mientras que el presidente del Gobierno de su partido ya anunció hace unos meses una bajada generalizada en todos los centros. ¿En qué quedamos? ¿Ustedes instan a que el Gobierno haga? El Gobierno ya está haciendo. En este caso, su proposición establece que hay que realizar, pero ahora dice usted que debe continuar. ¿Se está haciendo o no se está haciendo?
La realidad es que llevamos tres años desde que se aprobó una iniciativa en los mismos términos en la que ustedes los traen hoy, y que tres años después seguimos exactamente igual. Esto representa un ejercicio de incoherencia total que ya raya la falta de respeto institucional a la que últimamente nos tiene muy acostumbrados, y por desgracia, el Partido Socialista. Esta contradicción no es menor, porque demuestra su improvisación, su falta de rigor y una estrategia basada no en dar soluciones reales, sino en titulares.
Miren, la LOMLOE ustedes la llevaron como bandera y prometía innovación y equidad. ¿Qué ha quedado de todo eso? Más burocracia, menos autonomía y un profesorado agotado. Y hoy, en lugar de corregir ese fracaso, nos traen una PNL; debe ser que no tienen nada más que traer a esta comisión. Fíjense si tienen tarea, porque ni siquiera el sindicato de Comisiones Obreras ha aprobado a su ministra de Educación, que la ha suspendido durante su mandato. Así que, fíjense si tienen ustedes iniciativas trascendentales para presentar en esta comisión y no volver a traer algo que ya se aprobó hace tres años y que ustedes no han sido capaces de poner en marcha.
Lo que dice la OCDE es que la clave está en la calidad docente, en la formación y en el tiempo para las tutorías, y que España sigue con una de las mayores cargas lectivas y menor tiempo para esas tareas. Lo que deben hacer ustedes es dejar de utilizar la educación como escaparate político. Si quieren mejorar la calidad educativa, deben empezar por garantizar la financiación, por reducir la burocracia y, sobre todo, por dar tiempo real al profesorado para enseñar. Porque, sinceramente, lo que parece es que se están riendo de todos los profesores y de toda la comunidad educativa.
Tienen una oportunidad, porque son Gobierno, de que la calidad de la educación en España mejore, pero nos tememos que la única manera en que nuestra calidad de educación mejore es que ustedes se vayan, convoquen elecciones cuanto antes y dejen a los profesores y a los niños enseñar y aprender como se debe. Gracias.
Gracias, señora Jiménez Linuesa. Cierra el debate el grupo proponente que acepta o rechaza las enmiendas presentadas. Sí, aceptamos la enmienda del Grupo Sumar.
Pasamos en este momento al punto tercero, que es la proposición no de ley relativa al programa escolar de frutas, hortalizas y leche en los centros educativos de las ciudades de Ceuta y Melilla, presentada por el Grupo PAN.
A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas, una del propio Grupo Popular, otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Vox. Doy la palabra, en nombre del Partido Popular, al señor Celaya Abadía.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Para comenzar mi intervención, quisiera aclarar que esta proposición no de ley que voy a defender no debe entenderse como una crítica hacia el Gobierno. Ya tendremos ocasión de confrontar nuestras diferencias ideológicas en otros temas. Más bien, trata de recabar la ayuda de todos los grupos políticos aquí representados para solucionar una discriminación absurda que tiene su origen en trabas burocráticas o en una descoordinación competencial.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicaba el pasado 10 de abril la decisión de ejecución 2025/680 de la Comisión, por la que se establece la asignación definitiva de ayudas de la Unión a los Estados miembros para las frutas, hortalizas y la leche destinadas a centros escolares en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. En su anexo primero, esta decisión asigna a España 13 millones de euros para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares y más de 6 millones de euros para la leche durante el actual curso. Este programa opera con carácter anual y existe en su formato actual desde el 1 de agosto de 2017, como evolución de otros programas anteriores que eran específicos para la leche o para las frutas y hortalizas.
Si en un primer momento el enfoque principal de la Comisión Europea fue el de apoyar a los productores lácteos dentro de la política agraria comunitaria, posteriormente se puso el énfasis en promover entre los escolares una dieta y un estilo de vida saludables para frenar el consumo infantil de alimentos procesados con un alto contenido en azúcar, sal, grasas o aditivos. En nuestro país, el programa se ejecuta a día de hoy siguiendo las directrices marcadas por la Estrategia Española para la Aplicación del Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche desde el curso 2023-2024 al 2028-2029. La estrategia ha sido diseñada para implementarse a nivel nacional mediante la gestión compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Por parte de la Administración General del Estado intervienen el Ministerio de Agricultura, el MAPA, su organismo autónomo, el Fondo Español de Garantía Agraria, el Ministerio de Educación y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El programa se desarrolla en todas las comunidades autónomas de forma descentralizada a través de la coordinación de los departamentos competentes en las áreas de agricultura, educación y sanidad. De tal modo, el programa escolar de frutas, hortalizas y leche se ofrece a los centros escolares de toda España, excepto a los de Ceuta y Melilla. ¿Y por qué ocurre esto? En ambas ciudades autónomas, la competencia educativa se ejerce directamente por el Ministerio de Educación, que cuenta con sendas direcciones provinciales, mientras que la agricultura es competencia autonómica. No obstante, dada la limitada superficie de ambas ciudades, con un carácter eminentemente urbano, la actividad agraria es residual, por no decir casi inexistente, y en la organización político-administrativa de sus gobiernos no existe ninguna consejería o departamento dedicado a la agricultura. El resultado de esta situación competencial es que, de los casi 20 millones de euros que aporta la Unión Europea para el programa escolar de frutas, hortalizas y leche a los escolares de Ceuta y Melilla, que tienen los índices de pobreza infantil más elevados del Estado, no llega nada.
No se trata de discutir aquí quién tiene la culpa de esto; los que, desde luego, no tienen la culpa son los niños. Se trata de poner una solución, y la solución más sencilla es la que proponemos en nuestro petitum. Se han registrado dos enmiendas a esta PNL. El Grupo Parlamentario Vox pretende retirar los menús halal de los centros educativos y que se potencie la gastronomía tradicional española. Bien, aquí cabe aclarar que el programa no tiene nada que ver con el servicio de comedor escolar que se presta en algunos centros educativos y, aunque así fuese, ¿qué sentido tiene imponer al alumnado unos alimentos?
Que no pueden tomar por sus creencias religiosas, ¿dejarles sin comer? Más razonable sería exigir a la Administración Socialista que garantice menús con dos primeros y dos segundos donde el alumnado pueda elegir. Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que pretende que sean las administraciones autonómicas de Ceuta y Melilla quienes soliciten el programa, el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, define como solicitante de ayuda a las autoridades competentes que realicen, a título gratuito, el suministro de productos, las medidas educativas y los servicios relativos a los programas en los centros escolares. ¿Y quién tiene la competencia de educación en ambas ciudades? ¿Qué sentido tendría que el Ministerio de Agricultura transfiriera a unas inexistentes consejerías de agricultura unos fondos destinados a los centros escolares, que son competencia directa del Ministerio de Educación? ¿No es más fácil hacerlo a través de las direcciones provinciales del Ministerio en ambas ciudades, incluso por la vía de la subvención a los centros educativos que lo soliciten?
En fin, esperando obtener el apoyo unánime de sus señorías, aprovecho para desearles Feliz Navidad. Muchas gracias, señor Celaya. A continuación, interviene, para la defensa de sus enmiendas a la proposición no de ley, en primer lugar, por el Grupo Socialista, la señora Santana Aguilera, por un tiempo de tres minutos.
Muchas gracias, presidente. Buenos días. Se trae a esta comisión una iniciativa para la puesta en marcha del programa escolar de frutas, hortalizas y leche en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, un programa que forma parte de una iniciativa de la Unión Europea y que tiene como objetivo fomentar hábitos alimentarios saludables entre niños, niñas y adolescentes mediante la distribución gratuita de estos alimentos en los colegios. Además, se acompaña de medidas educativas para promover el consumo y conocer sus beneficios añadidos, como la promoción de hábitos saludables, la prevención de la obesidad y el apoyo a agricultores y ganaderos locales.
Este programa destaca también por su colaboración interadministrativa, ya que una de sus principales características es la cofinanciación entre la Unión Europea, el Estado y las comunidades autónomas. Este es precisamente el motivo por el cual, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado una enmienda, ya que son las comunidades autónomas las que tienen que solicitar sumarse a este programa. Este programa no es un programa de España, sino que es un programa de la Unión Europea que marca claramente quiénes deben ser los solicitantes para poder acceder a él. Somos conscientes, por supuesto, del estatus especial del que gozan las ciudades autónomas en nuestro país, similares al de las comunidades autónomas, pero con competencias mucho más limitadas. Sin embargo, esto no convierte al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Educación en competentes para sumar a las ciudades autónomas a este programa.
Reiteramos la importancia de la cofinanciación, que es clave para el funcionamiento de este programa, teniendo en cuenta esa financiación triple entre la Unión Europea, el Estado y, en este caso, las ciudades autónomas. Por tanto, hemos presentado esta enmienda que pretende mantener la voluntad del grupo proponente, recordando que han de ser las autoridades competentes de las ciudades autónomas las que soliciten su inclusión en el programa. Por supuesto, contarán con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para la puesta en marcha no solo de este programa, sino también de todas las medidas accesorias que van más allá del consumo de frutas, hortalizas y leche en los centros educativos, con el objetivo de promover hábitos saludables entre los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.
Gracias, señora Santana. Es el turno por el Grupo Vox del señor Ramírez del Río.
Gracias, señor presidente. La distribución de frutas, verduras, leche y otros productos alimenticios de primera necesidad se ha dado en las escuelas de toda Europa desde hace décadas. Por desgracia, España es uno de los países con una mayor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea, una cifra que se ha disparado desde la llegada al poder de los socialistas en el año 2018. Por esta razón, es una obligación moral velar por que se produzca esta distribución de alimentos. No podemos dejar de apoyar esta proposición no de ley, en la que se evidencia nuevamente la desigualdad entre los españoles por el desastre del Estado autonómico, que produce españoles de primera, vascos o navarros; de segunda, madrileños o habitantes de las Islas Baleares; de tercera, andaluces o extremeños; y de cuarta, como los ceutíes o los melillenses. La pobreza infantil en Ceuta es del 34,6% y en Melilla del 41,4%, según datos.