Buenas tardes. Se abre la sesión de esta Comisión Mixta de Seguridad Nacional del día 15 de diciembre. Para esta sesión, tenemos un primer punto del orden del día, que es el debate y votación sobre la prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Ponencia de Análisis de las Amenazas en el Ciberespacio en la Era de la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica, para la elaboración de un informe de riesgos y recomendaciones de mejora. La prórroga se solicita hasta el 31 de marzo de 2026.
Como sabrán sus señorías, esta es una decisión que se tomó por unanimidad en la última reunión de la ponencia, por parte de todos los grupos, con el fin de tener tiempo suficiente para la elaboración del informe final, dado que ya hemos realizado todas las sesiones de la ponencia.
¿Hay algún portavoz que desee intervenir en este punto en relación con esta cuestión? ¿Podemos aprobarlo por asentimiento?
Pues queda aprobado este primer punto, es decir, la prórroga para la ponencia de análisis.
De amenazas en el ciberespacio hasta el 31 de marzo de 2026. Nuestro segundo punto del orden del día es la contestación a diez preguntas. Debo informar a sus señorías que esta mañana el Gobierno me ha remitido una comunicación señalando que las preguntas orales con número de expediente, y les leo los números del Congreso: 181/1295, 181/1308 y 181/1381, incluidas en el orden del día de hoy, no serán respondidas por el Gobierno. Leo textualmente lo que me comunica el Gobierno, en este caso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que señala, dada la imposibilidad de asistir de los altos cargos del departamento competente, el Gobierno solicita el aplazamiento de estas tres preguntas, que paso a señalarles cuáles son.
La pregunta número dos de las diez que teníamos es la opinión del Gobierno sobre si el nivel de respaldo ofrecido a la exdirectora del CNI, imputada por unas actuaciones que presuntamente llevó a cabo en el ejercicio de sus funciones, ha sido proporcional a la responsabilidad institucional que representaba o está condicionado por los equilibrios políticos con formaciones independentistas cuyo apoyo resulta clave para la actual mayoría parlamentaria.
La siguiente pregunta a la que no va a responder hoy el Gobierno es la pregunta número tres, que se refiere a las medidas que está adoptando el Gobierno para garantizar a nuestros socios internacionales, especialmente en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que no existen interferencias externas que comprometan la seguridad compartida y la confianza en los canales de intercambio de inteligencia, a la luz de la petición del Congreso de los Estados Unidos de América para revisar el envío de inteligencia a España por posibles vínculos del Ejecutivo con actores ligados a Rusia y China.
Por último, la tercera pregunta para la que el Gobierno solicita aplazamiento y que no va a responder hoy es la pregunta número cinco, que es la valoración que hace el Gobierno sobre el impacto que tendría para la seguridad nacional de España la rescisión de los contratos con Israel.
Quiero añadir, señorías, mi valoración como presidenta de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, de que las razones esgrimidas por el Gobierno no me parecen comprensibles ni aceptables para no enviar a nadie a responder a estas preguntas en el día de hoy. Esto se debe a dos motivos: primero, porque el Gobierno conoce estas preguntas desde hace muchas semanas, dado que están registradas desde hace tiempo; y segundo, porque conoce desde hace varios días que se iban a sustanciar en el día de hoy.
Cuando el Gobierno señala a esta presidenta que no hay o que no está disponible la persona que pudiera responder, tengamos en cuenta, y les recuerdo a ustedes, señorías, que, según el reglamento, pueden responder a las preguntas orales en comisión tanto los ministros como los secretarios de Estado y los subsecretarios. En definitiva, son muchas personas que podrían estar disponibles, algunas de ellas hoy, para responder a estas tres preguntas. Dado que el Gobierno ha comunicado esto esta mañana y no ha enviado a nadie, evidentemente es imposible sustanciar estas preguntas en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a proceder a realizar las siete preguntas restantes. A continuación, sí. Solo señalar que, como presidenta, he hecho uso de mi potestad, pero que no toda la Mesa lo ha hecho de manera unánime.
Cuando se menciona que hay muchas personas que podrían responder, evidentemente, usted misma ha dado la respuesta. Ministra, secretario de Estado, subsecretarios, no son muchas. Si el concepto de "tres" se considera como "muchas", podría valer, pero el término "muchas" parecería implicar una multitud, decenas de personas que podrían haber acudido. Sin embargo, usted ha mostrado preferencia por tres personas concretas, quienes, habiendo recibido la convocatoria el jueves, no parece tan descabellado que tengan cuestiones de agenda importantes que les impidan asistir. También compartimos la idea de que lo mejor sería que siempre nos den la mejor respuesta la persona que más conocimiento tenga. Por lo tanto, creemos que es una medida ponderada que no supone ningún demérito para esta comisión y que, además, como hemos visto en otros casos, va a venir una secretaria de Estado a contestar siete preguntas de las diez formuladas.
Sí, señor Ruiz de Diego. Bueno, yo iba a intervenir también, como acaba de decir mi compañero, porque me ha parecido escuchar en las tres preguntas que se decía que el Gobierno no quería o no venía a contestar. No es así. El propio orden del día está firmado el 11 de diciembre. La convocatoria no sé si salió el 11 o el 12; los días 13 y 14 han sido festivos. Es decir, el Gobierno, evidentemente, como va a demostrar hoy la Secretaría de Estado de Interior, va a contestar a siete de diez preguntas. Las tres que faltan no se han mencionado en el escrito registrado hoy que no se van a contestar, sino que se solicita que sean pospuestas para ser contestadas en la primera comisión. Desde luego, creo que en ninguno de los casos del Ministerio de Defensa se puede dudar de que van a venir a contestar las preguntas. Por lo tanto, en las fechas en las que estamos y siendo convocada la comisión el día 11 para el día 15, no se puede dudar del interés del Ministerio de Defensa o del Gobierno para contestar las preguntas.
Sí, señor Hernando. Gracias, señora presidenta. Como autor de alguna de las preguntas que no se van a contestar, el otro autor es el señor Monago, aquí presente. Yo, como portavoz único, quiero manifestar nuestra protesta por este hecho. Me parece que las preguntas son conocidas desde hace bastante tiempo por parte del Gobierno, es decir, la respuesta se podía haber preparado con antelación. El propio reglamento de la Cámara habilita no solo a los miembros de un ministerio concreto, sino también a otros, a cualquier miembro del Gobierno a contestar este tipo de preguntas. Entiendo que las dificultades para responder algunas de estas preguntas son importantes y relevantes, no solo para el Ministerio de Defensa, sino también para el Ministerio de Presidencia, ya que algunas podrían ser contestadas desde el propio gabinete del presidente del Gobierno. Por lo tanto, no comprendo las explicaciones que han dado ni los argumentos expuestos por los miembros de esta comisión que me han precedido en el uso de la palabra y que pertenecen al Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, insisto en la importancia y relevancia de los temas tratados.
El primero de ellos es que la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia está siendo imputada en cuatro juzgados distintos. La última vez que tuvo que declarar en un juzgado por las filtraciones, es decir, por el espionaje a través de Pegasus, fue el 29 de septiembre de este año. En segundo lugar, se trata de la repercusión que tendrán para nuestra seguridad nacional las manifestaciones realizadas por miembros del Parlamento Americano, tanto del Congreso como del Senado, en relación con el espionaje de China y Rusia, así como algunos contratos que se han venido realizando por parte del Gobierno, y la eliminación de la amenaza china y del espionaje chino, que figuraba en el informe de seguridad nacional de 2023, pero que ha sido borrado del informe de 2024. Por último, se han anulado todos los contratos de armamento que afectan a nuestra seguridad nacional y que tienen que ver con Israel, esgrimiendo como causa la guerra de Gaza. Esta guerra ha finalizado y no sabemos realmente cómo va a afectar en cada uno de los casos de los contratos en concreto, y si ahora se atisba un cambio de opinión por parte del Gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de temas de enorme relevancia que han provocado...
Esta fuga y huida por parte del Gobierno, no viniendo o no acudiendo, no manda a nadie a contestar a estas preguntas. Nada más y muchas gracias.
Señor Morera, muchas gracias, señora presidenta. Una reflexión y una petición. Reflexión sobre la incomodidad o las críticas del Grupo Parlamentario Popular, ya que desde el día 11, que se cursó la petición al Gobierno, no comparece aquí para responder a tres de las once preguntas. ¿Qué podemos decir sobre el señor Mazón en la comisión de investigación de la DANA? Llevamos un año pidiendo la comparecencia del expresidente Carlos Mazón. ¿Qué podemos decir? No, yo no he interrumpido al señor Rafael Hernando. La cuestión es la incomparecencia. Si por cuatro días se organiza esta situación, ¿qué podemos decir por un año?
Dicho con todo el respeto, presidenta, menudo cañaret por cuatro días. Pero, en todo caso, presidenta, le ruego que nos indique la ordenación de la contestación de las preguntas para que podamos articular nuestro tiempo parlamentario, ya que coincide con otros actos parlamentarios y para tener clara cuándo van a ser las respuestas por parte del Gobierno. Muchas gracias, presidenta.
Señor Morera, como usted sabe, mi criterio es muy abierto a la hora de permitir cualquier tipo de argumentación, aunque nada tenga que ver con el tema. Mi valoración es que, si fuéramos muy estrictos, habría que cortar muchas intervenciones. Sin embargo, también debo señalar que usted ha batido el récord hoy de incluir un argumento que no tenía nada que ver con esta Comisión Mixta de Seguridad Nacional. No puedo dejar de anotarlo, señor Morera. Insisto en que tengo un criterio muy amplio para que ustedes puedan incluir todos los argumentos, pero realmente ese no tiene nada que ver con la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
Debo reiterarles que hace muchos días que está aprobado en Mesa y Portavoces que íbamos a tener una comisión de preguntas el día 15 de diciembre. Esto está aprobado desde hace mucho tiempo. Además, debo reiterarles que el Gobierno conoce estas preguntas desde hace muchas semanas porque están registradas. Según el reglamento, no solo pueden contestar un ministro, un secretario de Estado o un subsecretario, sino que también pueden hacerlo ministros, secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios. Esto no está restringido únicamente a uno.
Como presidenta, le reitero mi sorpresa, mi desagrado y mi protesta, porque me he encontrado hoy con un hecho consumado esta mañana, a las diez y media, aproximadamente, con esta nota del Gobierno, que no nos ha permitido, evidentemente, tomar ninguna otra medida o tener una alternativa para la respuesta a estas preguntas, que tendrá que ser más adelante, pero no por voluntad de la presidencia de esta comisión, sino por voluntad del Gobierno.
Dicho esto, nos quedan siete preguntas, ya que tres no se van a responder. Les voy a dar el número que tienen en la aprobación inicial. La primera pregunta, aunque figura en el orden del día como dos, vamos a empezar con el número uno, pero tendremos que pedir a la secretaria de Estado que entre. Sí, sí, sí, puede pedir a la secretaria de Estado, que está esperando fuera a que termináramos el primer punto.
Son Ah, me pide el señor Morera que diga específicamente cuáles son. La primera pregunta se refiere a los riesgos o amenazas concretas que se están analizando en la actualidad. ¿Quiere que le lea entero o basta? La segunda pregunta es sobre la opinión del Gobierno respecto al nivel de respaldo ofrecido a la exdirectora del CNI, esa no se realizará. La tercera pregunta tampoco, se refiere a las medidas que está adoptando el Gobierno para garantizar a nuestros socios internacionales, no se realizará. La cuarta sí es, es la opinión del Gobierno acerca de si mantener sin calificación de riesgo a operadores como Huawei. La quinta pregunta, no, es la valoración que hace el Gobierno sobre el impacto que tendría para la seguridad nacional de España la rescisión de contratos con Israel, esa no. La sexta pregunta que teníamos, sí, se refiere a la actividad del presidente del Gobierno y las conversaciones que mantuvo, etcétera. La séptima también, sobre la razón por la que durante el apagón eléctrico. La octava, también, se refiere a las previsiones del Gobierno acerca de plantear alguna regulación específica que limite o condicione el borrado de datos. La novena pregunta también, sobre el calendario realista y público con que cuenta el Gobierno para la transposición íntegra de la directiva. Y, por último, la décima, que son medidas específicas que ha adoptado el Gobierno.
Antes de iniciar la pregunta número uno, les recuerdo que cada pregunta tiene un total de quince minutos, repartidos en siete minutos y medio para quien pregunta y siete minutos y medio para quien responde. Lo aconsejable, según reglamento, es que nos atengamos a lo que les voy a decir, entre otras cosas para controlar con más facilidad los tiempos. La primera intervención será de cinco minutos y la réplica de dos minutos y medio. En la réplica, como este reloj no está preparado para el dos y medio, tendremos que poner tres, pero que sepan que cuando haya pasado dos y medio, tengo que pedirles que acaben.
Comenzamos con la primera pregunta, que se refiere a los riesgos o amenazas concretas que se están analizando en la actualidad, teniendo en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional afirma que tiene especial relevancia el terrorismo yihadista, con su presencia tanto en distintos países europeos como en el Sahel, Magreb y Oriente Medio. Tiene la palabra para formular la pregunta el señor Núñez Guijarro, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta, señora secretaria de Estado, señorías. Ayer, nuevamente, fuimos conscientes de cómo el terrorismo sigue siendo, por desgracia, una de las principales amenazas para el mundo en su conjunto, y nuestro país no es una excepción. No lo dice el Partido Popular, lo dice trágicamente la cruda realidad y los propios documentos estratégicos del Gobierno. Así, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2023 sitúa al fenómeno terrorista, y muy particularmente el yihadismo, como un reto persistente y adaptativo. El Informe Anual de Seguridad Nacional de 2024 insiste en la necesidad de análisis, evaluación y coordinación ante riesgos que no desaparecen, sino que mutan. España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista, riesgo alto, vigente desde junio de 2015. Es decir, no estamos ante un debate teórico, sino ante una amenaza real, sostenida y reconocida institucionalmente. Y, precisamente por eso, y porque en el plano operativo España tiene profesionales y capacidades que funcionan y lo hacen muy bien, resulta incomprensible lo que ocurre en el plano político.
Señorías, como sociedad avanzada, nos dotamos de un instrumento que simbolizaba la unidad democrática frente al yihadismo: el Pacto de Estado contra el Terrorismo Yihadista, suscrito en febrero de 2015 por el Partido Popular y el Partido Socialista, y que posteriormente se abrió a otras fuerzas políticas. La lógica era clara: frente al terrorismo, la democracia habla con una sola voz.
Aquí en el Parlamento, con una comisión de seguimiento. Sin embargo, hoy esa comisión está, en la práctica, desactivada; lleva años sin reunirse. Señora Calvo, el Gobierno que usted representa no la ha convocado para analizar la evolución de la amenaza tras los últimos atentados sufridos, y no solo en Europa, ni tras el agravamiento de la situación en Oriente Medio, ni para estudiar el impacto del recrudecimiento del yihadismo en el Sahel, que los informes señalan como epicentro que más perturba Europa. Tampoco se ha valorado cómo están cambiando los perfiles: radicalización en línea, actores solitarios, captación de jóvenes, uso de propaganda en redes y conexiones crecientes con la criminalidad organizada.
Cuando el contexto cambia, el Ejecutivo no puede refugiarse en la inercia; tiene que convocar, escuchar, contrastar datos y rendir cuentas. Y lo más llamativo es que ustedes pretenden dar por cumplida esta función con reuniones informativas esporádicas del señor ministro. Con todos los respetos, informar no es coordinar, y una foto no sustituye a una comisión. Permítame insistir en esto: la propia Estrategia Nacional de Seguridad habla de evaluación continuada, coordinación y aprendizaje de las lecciones. Si eso se exige a los profesionales, también debe exigirse a la política, que es quien debe dar unidad y cobertura institucional.
Señorías, si miramos a democracias comparables, incluso con mayorías parlamentarias frágiles, como es su caso, estas han entendido algo elemental: la lucha antiterrorista también exige control, evaluación y rendición de cuentas. Así, Reino Unido, Italia y Francia sí cuentan con un control parlamentario en materias de inteligencia, seguridad y lucha antiterrorista. En Reino Unido, un comité estatutario del Parlamento examina políticas y actuaciones; en Italia, el COPASIR verifica de forma continuada que la inteligencia actúa conforme a la Constitución y a las leyes; y en Francia, la delegación parlamentaria de inteligencia controla la acción del Gobierno y evalúa la política antiterrorista.
Sin embargo, aquí, en España, se pretende normalizar algo inusual: nivel 4 de alerta desde 2015, diagnóstico oficial de amenaza, y aun así, siguen sin reactivar el instrumento parlamentario que representa la unidad. Tengan por seguro que no pedimos bajar la guardia, sino, al contrario, pedimos hacer lo que haría cualquier democracia responsable: revisar criterios, revisar objetivos, ajustar medidas para que sean creíbles y sostenibles. Porque la alerta permanente sin evaluación parlamentaria genera fatiga institucional y transmite a la ciudadanía la idea de que todo es excepcional hasta que deja de serlo.
Señorías, la seguridad exige firmeza, pero también exige método. Y lo más grave de todo es que, cuando el Parlamento empuja al Ejecutivo a cumplir, el Gobierno y sus socios miran para otro lado. Hace escasas semanas, este Parlamento aprobó una iniciativa instándoles a convocar de inmediato la comisión de seguimiento del pacto. Salió adelante, pese a los votos en contra del Partido Socialista, de Sumar y de Bildu. ¡Qué paradoja o qué inmoralidad! El mismo partido que impulsó y firmó aquel consenso en 2015 hoy vota en contra de reactivarlo.
Por tanto, secretario de Estado, lo que hoy le exigimos no es propaganda ni gestos, es política de Estado. Convocar la comisión de seguimiento es oportuno y necesario para repasar con seriedad el contexto que nos mantiene en alerta alta desde hace más de diez años y, sobre todo, devolver a los españoles el mensaje institucional que nunca debió apagarse: la unidad democrática frente al terrorismo. Y, en definitiva, señora Calvo, a día de hoy, ¿qué pesa más para ustedes? ¿La seguridad de los españoles o la comodidad de sus socios? Muchas gracias.
Gracias, señor Núñez. A continuación, va a intervenir la secretaria de Estado de Seguridad, doña Aina Calvo Sastre, a quien pido disculpas porque, con la alteración del orden del día, no la había presentado antes de iniciar estas preguntas. La señora Calvo es la secretaria de Estado de Seguridad que va a responder a todas las preguntas que tenemos en el día de hoy. Le doy la palabra para este primer turno de la primera pregunta.
Muchas gracias, presidenta. Nada que disculpar. Señoría, señor Núñez Guijarro, como bien señalaba, el terrorismo es un fenómeno dinámico, altamente cambiante, adaptativo y de alcance transnacional que exige un continuo análisis de su situación actual, su potencial riesgo y su posible evolución. La respuesta a esta exigencia se materializa semanalmente a través de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, que es un mecanismo que analiza y valora el riesgo terrorista con objeto de favorecer la detección y neutralización de una eventual amenaza de esta naturaleza. Solo este año se han celebrado 50 mesas de valoración en las que, bajo la responsabilidad del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, han participado representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, el Cuerpo de los Mossos de Escuadra y el Centro Nacional de Inteligencia.
El Departamento de Seguridad Nacional, el CIFAS de Defensa y las instituciones penitenciarias han llevado a cabo una acción concertada en la lucha contra el terrorismo, lo que nos proporciona una valoración integral y permanentemente actualizada de la amenaza terrorista en general y del terrorismo yihadista en particular. En la mesa extraordinaria celebrada el pasado viernes, a instancias del ministro del Interior, con motivo de las festividades navideñas, sus miembros coincidieron en que el terrorismo yihadista es, en la actualidad, una de las mayores amenazas a la seguridad interior del Estado, tal como se señala en Europa. Si bien no han sido detectadas acciones concretas contra nuestro país, el debilitamiento experimentado por las principales organizaciones terroristas de etiología yihadista, lejos de ser su derrota, se ha transformado en el impulso necesario para encontrar nuevos vectores de confrontación contra Europa.
Las hojas de ruta de dimensión global de Al-Qaeda y el Daesh han evolucionado en los últimos años hacia un modelo de delegación que permite a sus simpatizantes, asentados en todo el mundo, llevar a cabo acciones violentas en su nombre. Por este motivo, uno de los riesgos a tener en cuenta es el fenómeno del terrorista autóctono, que afecta de manera especial a jóvenes y menores, quienes tienen una alta exposición a contenidos violentos en Internet y una creciente vulnerabilidad ante la captación digital. Las guerras actuales en Oriente Medio actúan como catalizadores de dinámicas de radicalización, promoviendo acciones individuales en suelo europeo bajo el pretexto de defender a la comunidad islámica.
Cabe destacar que la propaganda es una de las herramientas que las principales organizaciones terroristas yihadistas utilizan para mantener el nivel actual de amenaza terrorista global. Con independencia de la capacidad del Daesh para impulsar acciones de yihad individual a través de su elaborada propaganda, la provincia del Daesh en la región del Jorasán parece mostrar mayor intención de proyectar acciones violentas hacia Europa, a pesar de estar afrontando un periodo de baja capacidad operativa.
Otro vector a considerar es el de los combatientes terroristas extranjeros, dada la persistencia de los llamamientos efectuados por las principales organizaciones yihadistas a sus seguidores para que realicen la ejira a zonas en conflicto, especialmente hacia el Sahel. Su retorno representa un mayor riesgo para la planificación e implementación de acciones terroristas en sus países de origen. El terrorismo yihadista se ha intensificado en África, especialmente en el Sahel, hasta convertirse en el epicentro mundial del fenómeno terrorista. Se observa una clara regionalización de los grupos filiales del Daesh y Al-Qaeda, sin apenas proyección fuera de sus zonas de actuación.
Por último, la reorientación de las relaciones internacionales desde la toma de poder del actual presidente sirio, Ahmed al-Sarra, refuerza nuevas alianzas y permite a Siria convertirse en el país número 90 de la coalición global para derrotar al Daesh. Muchas gracias.
A continuación, y para responder, tiene la palabra el señor Núñez. Gracias, señora presidenta. Más que para responder, quiero puntualizar a la secretaria de Estado. Agradezco la información proporcionada, como no puede ser de otra manera. Este es un tema lo suficientemente importante, un tema de Estado, como para que la comisión de seguimiento del pacto de Estado, que ustedes reconocen que está vigente, se convoque con seriedad y responsabilidad.
Es fundamental abordar aspectos relacionados con el terrorismo, especialmente aquellos que usted mencionó, en lo que respecta a la radicalización de nuestros jóvenes en redes sociales, un hecho que incluso el propio Centro Nacional de Inteligencia reconoce en sus informes. Desde el Parlamento, desde la sociedad y desde la representación de la misma, creo que se pueden llevar a cabo labores de prevención y apoyo a los operativos para prevenir comportamientos de radicalización en potenciales terroristas.
Sin embargo, debo ser claro: no pueden confundir el secreto con un silencio institucional. El Parlamento está para representar a la sociedad, y hoy, más que nunca, ante los acontecimientos recientes, no solo lo ocurrido en Australia, la sociedad se alarma con seriedad y responsabilidad. Por lo tanto, no estamos aquí para tutelar sus aritméticas parlamentarias, sino para exigir que se aplique la política de Estado a una materia que siempre ha sido una política de Estado.
Y que, desgraciadamente, en los últimos años, para ustedes ya no es una política de Estado. Para el Partido Popular y para Alberto Núñez Feijóo, la lucha antiterrorista es una política de Estado, y lo que demandamos al Gobierno, y especialmente a su presidente, es que vuelvan a los cauces y a los canales de comunicación con el principal partido de la oposición para la lucha antiterrorista. Muchas gracias.
Gracias, señor Núñez. Tiene la palabra para cerrar esta pregunta la señora Calvo.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Núñez. También le agradezco el tono de su intervención. Tomo nota de su insistencia; no obstante, sí que le apuntaría dos matices. Yo creo que es importante, y desde luego, desde el respeto a la Cámara parlamentaria, solo faltaría, por eso estoy aquí también respondiendo a sus preguntas, por cierto, muy pertinentes, y que además agradecemos como Gobierno. Creo que es bueno también diferenciar la fragilidad de la que usted hablaba de lo que es nuestra democracia. Usted habla de la aritmética parlamentaria y ha hecho referencia a esta fragilidad parlamentaria, y yo creo que es tan legítima porque suman votos como cualquier otra mayoría absoluta, absolutísima. Por tanto, eso no debilita en ningún caso la acción del Gobierno. Le puedo asegurar que en materia de lucha antiterrorista le puedo dar toda la tranquilidad y aprovecho los minutos escasos que tengo para señalarle y también para abundar en esa tranquilidad. Por ejemplo, el Gobierno de España sigue participando, por supuesto, en misiones y operaciones internacionales que contribuyen a la lucha contra el terrorismo, que creo que es bueno que conozcamos y que esta Cámara también tenga esa información. Hay personas expertas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia que participan en el proyecto City Jazz, que tiene como finalidad incrementar las capacidades de las autoridades de los países de las regiones MENA, Sahel y Cuerno de África a lo largo de toda la cadena penal antiterrorista. Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están desplegados en la misión EUCAP Sahel Mali, que realizan actividades de capacitación en materia de lucha contra el terrorismo. La Guardia Civil lidera el proyecto GARCI, que está trabajando en capacidades operativas de las autoridades nacionales y en la mejora del control efectivo del territorio en el Sahel, específicamente en Senegal y Mauritania. La Policía Nacional cuenta con un equipo especializado de policía científica desplegado en la misión de Naciones Unidas en la República Centroafricana. En fin, participamos ampliamente en esa tarea; creo que el objetivo nos une y que esa no es una causa que nos separa. En cualquier caso, tomo nota de la insistencia en su posición, que, obviamente, respeto. Gracias.
Pasamos a la pregunta número cuatro. ¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca de si mantener sin calificación de riesgo a operadores como Huawei, frente a la posición de nuestros aliados europeos y atlánticos, contribuye o debilita la arquitectura de seguridad nacional de España en materia tecnológica y de ciberdefensa? Tiene la palabra para formular la pregunta la señora Bonilla Domínguez.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señora Calvo, señora secretaria de Estado y señorías. Bienvenida, lo primero, a las Cortes Generales, al Congreso, a esta comisión. El tema que nos ocupa en esta pregunta en concreto es un asunto de extrema responsabilidad para todos, y afecta a la arquitectura nacional de defensa de España, a nuestra ciberdefensa y a nuestra alineación estratégica con nuestros aliados internacionales. Estamos hablando, señorías, de infraestructuras tecnológicas críticas, de soberanía y de protección de los medios de comunicación, y todo eso es hablar de seguridad y de defensa nacional. El último informe anual de seguridad nacional, el de 2024, ya indicaba que vivimos en un entorno complicado a nivel geopolítico, con graves riesgos de ciberataques y amenazas híbridas cada vez más sofisticadas. En este contexto, la protección de nuestras infraestructuras críticas y de nuestros sistemas de comunicación es un asunto de extrema importancia, repito, para la seguridad nacional. Esta preocupación se vio incrementada tras conocerse la adjudicación por parte del Ministerio del Interior de un contrato a la empresa Huawei, esta empresa china, para el suministro de tecnología vinculada directamente con sistemas de intervención legal de comunicaciones. Hablamos de sistemas extremadamente importantes y sensibles.
Que hablan de una información de que necesitan una máxima protección, que afectan a investigaciones criminales, actividades de inteligencia, en definitiva, la seguridad del Estado. Y vivimos, señorías, en un contexto donde la seguridad ya no se limita a lo militar o a lo territorial. Hoy, la infraestructura tecnológica, las redes de comunicación, el 5G y la gestión de datos sensibles forman parte del núcleo duro de nuestra defensa nacional.
Aquí hay un hecho incontestable, señora Secretaria de Estado: España mantiene, sin calificación de riesgo, a operadores que nuestros aliados europeos y atlánticos califican como problemáticos a efectos de seguridad. Y no lo dice un partido político; lo dice la Comisión Europea a través del 5G Toolbox, también lo dice ENISA, la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad, y lo dice la OTAN, así como otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia. Sin embargo, España decide apartarse de esa dirección, y cuando uno decide desmarcarse de la seguridad de sus aliados, no es una decisión de soberanía, sino una decisión que asume riesgos que otros no están dispuestos a asumir. No solo los asume para su país, sino también para el resto de sus aliados.
Por eso, cuando la Unión Europea aprobó el 5G Toolbox, no lo hizo por razones comerciales, sino por razones de seguridad. Toda infraestructura digital asume y alberga una serie de información que es clave: soporta comunicaciones gubernamentales, sistemas críticos, transporte de datos sensibles, servicios esenciales y, llegado el caso, capacidades de defensa.
Señorías, la mayoría de nuestros aliados, repito, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y miembros de la Unión han adoptado medidas claras: evaluar, clasificar y limitar a los operadores considerados de riesgo. Señora Secretaria de Estado, España se aparta. Y ustedes ni siquiera han dado traslado a esta Cámara del contrato con Sitel. Además, no nos han informado sobre cuáles son los sistemas, qué metodología de evaluación aplican, qué informes de seguridad avalan su decisión, ni qué garantías adicionales exigen para compensar esta ausencia de clasificación.
A esta situación se suma el hecho, también inquietante, de que la UCO parece estar investigando posibles contratos con este proveedor. Hablamos de datos sensibles, de sistemas públicos de comunicaciones. No sabemos si ustedes tienen información diferente al resto de los aliados, no sabemos en qué se basan, y desde luego, nos preocupa mucho porque hablamos de la seguridad, repito, de España y de todos los españoles.
Por eso, le reitero y le solicitamos la pregunta de cuál es la opinión del Gobierno acerca de si mantener sin calificación de riesgo a operadores como Huawei, frente a la oposición de nuestros aliados europeos y atlánticos, contribuye o debilita la arquitectura de seguridad nacional de España en materia tecnológica y de ciberdefensa. Muchas gracias.
Gracias, señora Bonilla. Tiene la palabra para responder la señora Calvo.
Muy bien, muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Bonilla. A ver si soy capaz de trasladarle tranquilidad y dar respuesta a los interrogantes que usted planteaba. En el ámbito de la ciberseguridad, consideramos que España tiene un modelo sólido y maduro. A nivel internacional, el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su última edición de 2024, mantuvo a España entre los países del Tier 1, es decir, aquellos con un fuerte compromiso con la ciberseguridad y que representan un modelo a seguir.
España es, además, el segundo país del mundo con más centros de ciberseguridad, tan solo por detrás de Estados Unidos. El Gobierno ha puesto en marcha el Centro Público para el Seguimiento, Control y Supervisión de las Normativas y Regulaciones en materia de ciberseguridad 5G, redes que implican mayores capacidades y nuevas funcionalidades. El Real Decreto 7/2022, en vigor desde el 31 de marzo de 2022, implementa la recomendación europea a la que usted hacía referencia, el Toolbox 5G. Este define los elementos críticos de las redes 5G, permite al Gobierno declarar proveedores de alto riesgo, e impone a los operadores la obligación de presentar cada dos años un análisis de riesgos, así como las correspondientes medidas de mitigación, además de una estrategia de diversificación de proveedores que se debe actualizar cada año. Impone, además, a los suministradores la obligación de cumplir estándares.
Presentar certificaciones y auditorías de productos y procesos, y garantizar la independencia de injerencias externas. El Real Decreto 403/2024, en vigor desde mayo del año 2024, como desarrollo del anterior, establece un tratamiento global y omnicomprensivo de la seguridad de las redes y los servicios 5G, e incorpora además dos nuevas obligaciones de aplicación a todos los operadores 5G, sin necesidad de que se haya producido la declaración de proveedor de alto riesgo. Una de estas obligaciones es la exigencia de una autorización administrativa previa para estaciones base 5G nuevas o actualizaciones de estaciones existentes en ubicaciones catalogadas como sensibles. El procedimiento, cuya puesta en marcha se ha comunicado ya a los operadores, es fundamental para garantizar la seguridad.
La segunda exigencia permite requerir a cualquier operador 5G la modificación de su estrategia de diversificación de proveedores, previo trámite de audiencia a los afectados, cuando se considere que no se respeta la seguridad de las redes o que la exposición a un determinado suministrador es excesiva. Este marco normativo es uno de los más completos y garantistas que existen en la Unión Europea. Permite la consecución de los objetivos de seguridad tanto si existe una declaración de proveedor de alto riesgo como en ausencia de esta declaración. Así lo ha constatado la propia Comisión Europea, ya que la implementación de la Toolbox 5G fue incluida por el Gobierno español como una de las reformas normativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su cumplimiento ha sido expresamente certificado por la Comisión el pasado 2024.
Gracias, señora Calvo. Tiene la palabra para la réplica la señora Bonilla.
Gracias, señora presidenta. Señora Calvo, no me tranquiliza, sobre todo, no es que no me tranquilice, sino que usted no me ha contestado. Me ha relatado toda una serie de legislación y perfecto, pero nuestra pregunta es muy concreta. Estamos hablando ahora mismo de una adjudicación. Hemos encuadrado la situación de riesgo en la que estamos, y estamos diciendo de lo que nos estamos jugando: la seguridad de los españoles.
Nosotros le hemos preguntado por qué, ante la adjudicación por parte del Ministerio del Interior a un proveedor declarado por nuestros aliados como de alto riesgo, España ha hecho caso omiso. Es verdad que el Ministerio de Educación tenía un contrato con Huawei y lo rescindió, pero Interior no lo ha hecho. Ante esto, nuestros aliados, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, etcétera, han manifestado su preocupación. Ellos han evaluado los riesgos, han decretado y calificado, y han tomado medidas de eliminar o restringir. Sin embargo, España no sabemos, primero, no tenemos todavía en esta Cámara el contenido del contrato que adjudicó el Ministerio del Interior, ni siquiera han tenido que pedir amparo los diputados.
Aquí lo que no puede ser es que haya oscurantismo. Gracias. Eso es lo que no puede ser; aquí se necesita transparencia y responsabilidad. Primero, no tenemos el contrato. Segundo, no sabemos el método concreto en el que ustedes han evaluado. No sabemos cuáles han sido los informes que han avalado que se adjudique ese contrato y que se mantenga. Y, en tercer lugar, si es que ha sido así, no sabemos las medidas, las garantías que se han adoptado.
Entonces, señora secretaria de Estado, como usted comprenderá, aquí lo que hay es un problema de, primero, transparencia; segundo, confianza. No solamente nos preocupa a nivel de España, sino que nosotros formamos parte de una cadena internacional de seguridad que ya nos están avisando que por España se puede abrir una brecha de riesgo en temas tan importantes que afectan a la seguridad.
Usted no me ha contestado. Le ruego concreción, que me diga por qué no se ha entregado, por ejemplo, el contrato y cuáles han sido los métodos. En conjunto, que me diga si usted cree que nosotros, actuando de manera distinta que nuestros socios, estamos fortaleciendo o debilitando nuestra situación de defensa propia, pero también internacional. Muchas gracias.
Gracias, señora Bonilla. Tiene la palabra para la réplica y cerrar esta pregunta la señora Calvo.
Muy bien, muchas gracias, señora Bonilla. Unas cuantas puntualizaciones más.