Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a reanudar la sesión. Muchas gracias.
Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. En primer lugar, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas.
Para presentar el real decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Comenzamos.
Propuesta de convalidación del Real Decreto-ley 13/2025.
Este real decreto-ley fue aprobado en el Consejo de Ministros el día 25 de noviembre y entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado; hoy procede su convalidación por el Congreso de los Diputados. Es un real decreto-ley exclusivo para las Islas Canarias y, más concretamente, para las personas afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma.
Este real decreto-ley contiene aquello que precisaba rango de ley para su aprobación y para hacerlo antes de que concluya el año 2025. El Gobierno, tras la investidura del presidente Sánchez y los acuerdos de legislatura con el apoyo de distintas fuerzas, cumple con lo firmado; y este real decreto-ley responde también al compromiso suscrito con Coalición Canaria, la denominada Agenda Canaria. Conviene recordar que esta Agenda Canaria fue previamente firmada en una investidura que no salió adelante por la responsable del Partido Popular en esa firma, la señora Gamarra, y que prácticamente es el mismo texto que posteriormente ratificaron Coalición Canaria y el Partido Socialista; en este caso, por parte del PSOE, la vicesecretaria general, la señora Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera. Esta agenda recoge cuestiones que el Gobierno de España está respetando y cumpliendo.
Algunas de esas cuestiones requieren una norma de rango de ley; son las que hemos incluido antes de que finalice este ejercicio. Es una agenda viva, sujeta a consideraciones, aclaraciones, reuniones e interpretaciones, y nuestra voluntad será siempre constructiva y de diálogo permanente. De hecho, el pasado 14 de octubre tuvo lugar una reunión en la que estuvieron la vicepresidenta primera y el presidente de Canarias, en la que se repasaron cuestiones de la Agenda Canaria. Parte de esa agenda se atiende mediante transferencias ordinarias, acuerdos o reales decretos que no precisan tramitación parlamentaria —agua de riego, desalación, lucha contra la pobreza, menores—, y anuncio que en próximos Consejos de Ministros llegarán nuevos acuerdos para Canarias. En otros casos, se exige aprobación mediante un instrumento normativo, que es lo que hoy traemos a este Pleno. Y este real decreto-ley lo vamos a cumplir.
¿Qué contiene este real decreto-ley cuya convalidación proponemos? Cuatro cuestiones fundamentales.
Primera: la bonificación del 60% del IRPF para todos los residentes en la isla de La Palma. La Agenda Canaria, en su punto 10, establece —leo textualmente— asegurar la bonificación del 60% en el IRPF para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027 y, a partir de ahí, y en función de la mejora de la economía de la isla, proponer el porcentaje de bonificación para ejercicios futuros, determinando sobre qué colectivos debe actuar o si debe aplicarse a todos los vecinos y, conforme a los informes de la AIReF, adoptar las medidas necesarias orientadas a la recuperación de la economía de la isla. En consecuencia, proponemos la bonificación del 60% del IRPF en 2025 para todos los residentes, medida que incrementará la renta disponible, la inversión y el consumo en la isla y que, según las previsiones del Ministerio de Hacienda, supondrá que la Administración General del Estado deje de ingresar unos 111 millones de euros que quedarán en La Palma para su necesaria recuperación.
Segunda: una moratoria del pago del principal y de los intereses de los agricultores que adeuden préstamos y créditos, con o sin garantía hipotecaria, en los municipios afectados por el volcán: El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Esta moratoria venía aplicándose desde el Ministerio de Economía con prórrogas anteriores que habían decaído; ante la necesidad del sector primario y de los agricultores, la retomamos. En la práctica, permitirá suspender el pago del principal y de los intereses de los créditos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.
Tienen que hacerlo con la solicitud antes del 15 de enero de ese año y deben estar, lógicamente, registrados como personas afectadas. Por tanto, esta moratoria era necesaria y lo será toda aquella que resulte precisa; el Gobierno también responderá a ello.
Una tercera cuestión que trae este Real Decreto-ley es la prórroga de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica. Son ayudas, subvenciones que el Gobierno de España, a través de ese Ministerio, había concedido tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo Insular de la isla de La Palma. Había un plazo: estaban comprometidas a justificarse antes de acabar el año 2024, el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de un año de prórroga, y lo que hacemos es volver a prorrogarlo hasta marzo de 2026, porque, de no hacerlo, las administraciones canarias estarían obligadas a devolver partidas no ejecutadas. Es decir, facilitamos y damos una solución a estas subvenciones a las administraciones canarias. Estamos hablando de viveros en Punta Llana, del edificio de PLOCAN en Tazacorte o incluso del Hotel Escuela Monterrey en el municipio de El Paso. Y respondemos también a una petición necesaria que formulaban las administraciones canarias.
Y, por último, el cuarto punto es el uso del superávit del año 2024 por cuantía de 100 millones de euros. Fundamentalmente —y esto lo dice el Real Decreto-ley en su apartado segundo de la exposición de motivos—, abro comillas, para financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma, principalmente los daños a las fincas agrarias y las compensaciones por la construcción de infraestructuras sobre fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas, cierro comillas. Es decir, esto se hace para paliar al sector más afectado. En estos momentos, todos los que han perdido su primera vivienda han recibido el 100% de las ayudas; y no lo dice el Gobierno de España: está en el acta de la Comisión Mixta celebrada recientemente con todas las administraciones canarias —Gobierno de España también— en esa misma mesa. Pero hay un sector que precisa una actuación principal, y es el sector primario. Este es el motivo —por eso está en la exposición de motivos—, el motivo principal por el que se aprueban esos 100 millones de euros, que es, como digo, para ayudar básicamente al sector primario. Y se permite así desde el Ministerio de Hacienda una actuación específica y única al Gobierno de Canarias: el uso del superávit para una actuación que, quiero dejarlo bien claro, no es una inversión financieramente sostenible, porque no cabe como IFS la ayuda al sector primario. Dicho de otro modo, no se podrían destinar estos 100 millones al sector primario si solo hubiésemos traído hoy el decreto —que luego traeremos a convalidar— de las IFS. De ahí lo relevante, lo importante, que esté en este decreto específico y destinado exclusivamente a los afectados de la isla de La Palma.
Y voy concluyendo, señorías. Como saben todos, en septiembre de 2021 se produce la erupción en la isla de La Palma. Creo que ha habido una colaboración interadministrativa ejemplar —mejorable, sí, pero ejemplar—. Creo que fue muy importante que pudiéramos terminar, después de 90 días de erupción, sin ninguna víctima mortal directa producida por el volcán. Creo que fue un éxito de la ciencia, un éxito de la prevención, un éxito también de la sociedad palmera, que respondió a las normas y a las órdenes que se daban desde Protección Civil y desde los ámbitos de la seguridad. Y desde entonces se ha avanzado en estos años para la recuperación de la isla de La Palma, sobre la que hay que seguir trabajando para que esa recuperación sea absolutamente definitiva. Pero también, con la obligación que tenemos todos los responsables públicos en cuanto a la transparencia y la dación de cuentas, debo decir que, desde la erupción de la isla de La Palma al día de hoy, el Gobierno de España ha otorgado ayudas y desembolsado una cantidad que es, según el Comisionado de La Palma —en informe hecho también con la Intervención General y los ministerios, con subvenciones publicadas y con datos al alcance de quien los quiera consultar—, de 1.237,5 millones de euros. El 72% del dinero público desembolsado para la isla de La Palma ha sido puesto por el Gobierno de España. Y, como digo, son datos oficiales. Permítanme que, simplemente para que quede en el acta de esta sesión, los enumere: si hablamos de Política Territorial, 53,7 millones de euros —50% de infraestructuras municipales, también ayudas al Cabildo para infraestructuras—; si hablamos del Ministerio del Interior, las ayudas para viviendas y enseres suman 59,1 millones de euros; sector primario —Agricultura, Pesca y Alimentación—, en infraestructuras y en ayudas, 33,5 millones de euros; si hablamos del Ministerio para la Transición Ecológica, hablamos de biodiversidad, de geotermia; el buque cisterna supuso 108,9 millones de euros; si hablamos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, estamos hablando de cuatro planes extraordinarios de empleo para la isla.
Si hablamos del Ministerio de Industria y Turismo: suelos industriales, activación de rutas aéreas y conectividad, 30,7 millones de euros. Si hablamos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa: ayudas directas y, también, a través del Consorcio de Compensación, 240,7 millones de euros para viviendas y para aspectos materiales diversos. Medio millón de euros para políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista. En materia de derechos sociales y ayudas a los sectores más vulnerables de la isla de La Palma, los ayuntamientos han recibido desde el Ministerio de Derechos Sociales 5 millones de euros. 2,6 millones de euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Del Ministerio de Hacienda: medidas de fiscalidad y ayudas diversas, también directas, por 479,5 millones de euros. 200.000 euros para la movilización de la cultura. En el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: vías y carreteras ejecutadas en la isla de La Palma y el estudio para luchar contra los gases, 56,2 millones de euros. Salud mental, Ministerio de Sanidad: 1,5 millones de euros. Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: ERTE y cese de actividad, 21 millones de euros. Y, por último, del Fondo de Solidaridad solicitado a la Unión Europea: 9,5 millones de euros. Es decir, por parte de la Administración General del Estado, tanto del Gobierno anterior de España como del actual, del año 2021 al día de hoy, 1.237,5 millones de euros. Y seguiremos trabajando por la isla de La Palma. También quiero reconocer el esfuerzo del resto de las administraciones: del Gobierno de Canarias, de la etapa anterior y la actual, más de 400 millones —con datos del comisionado de La Palma, por supuesto sometidos a actualización—; más de 50 millones del Cabildo de La Palma y más de 25 millones por parte de los ayuntamientos afectados. Es decir, un trabajo colectivo, interadministrativo, creo que también ejemplar, en el que, repito, no podemos caer en la autocomplacencia, sino seguir trabajando. Por tanto, como tenemos que seguir trabajando, me toca solicitar, y ya termino, el voto unánime para este real decreto-ley de ayuda a los afectados de la isla de La Palma. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García.
Buenos días, señorías. Señor ministro, ¿era necesario esperar al último Pleno del año para aprobar este decreto? Todo el año prometiéndoles a palmeros y palmeras que ya viene el decreto, que es seguro, que no se preocupen, y lo estamos aprobando en el último Pleno del año, contra las cuerdas. ¿Qué necesidad había de generar preocupación y tener a toda La Palma pendiente mes tras mes de qué pasa con el IRPF, cuando, como usted ha dicho, esto está firmado en la Agenda Canaria y establece que esta bonificación irá hasta el año 2027? El Gobierno de España lo tiene clarísimo; no se puede entender. Y también debo decirle algo que usted conoce perfectamente: el IRPF, la bonificación, fue concebida para que mes a mes las familias de La Palma contaran con un poco más de renta para poder gastar, generar economía, vivir, en un momento tan complicado para la isla, en el que su economía se ha visto afectada. El objetivo del IRPF no era que se apruebe en el último Pleno del año para que el año que viene, cuando hagan la declaración, les devuelvan un dinero; el objetivo era mes a mes. Por tanto, le pido que el año que viene no hagan lo mismo: que lo aprueben en enero, que se convalide en febrero, para que de verdad tenga el efecto que perseguíamos y que cada mes las nóminas de palmeros y palmeras puedan ver ese margen que les permita vivir.
Hablamos de una isla seriamente afectada. Usted sabe que todavía queda mucho para la reconstrucción. Por eso no entiendo que cada vez que hablo de La Palma el presidente Sánchez me conteste: “ya hemos puesto mil millones”, y que hoy usted me haga esa cuenta, mezclando muchas cosas, para decirme que ya han puesto 1.200.
Cuando estábamos en la erupción, el desfile de ministros coincidía en algo: que la reconstrucción iba a costar miles de millones y que el Gobierno de España no iba a parar hasta que la isla hubiera terminado su reconstrucción. Luego viene la realidad detrás de la catástrofe: el primer convenio que firmamos con el Gobierno de España establece que pone el 50%, no el 100%. Y el plan de empleo, usted sabe, ha pasado en apenas tres años de 63 millones a 12.
Después, en 2023, cuando necesitan el voto de Coalición Canaria, incorporan al presupuesto 100 millones de euros para la reconstrucción. Ese presupuesto está prorrogado todavía hoy, y no sé por cuánto tiempo más, pero esa partida de 100 millones no se ha prorrogado ni se ha abonado en los años siguientes. Incluso hay una nota de Moncloa en la que, en su momento, usted mismo dice que no hay problema porque no hay nuevo presupuesto, el presupuesto se prorroga. Y, sin embargo, esos 100 millones no se han prorrogado y no han llegado.
Y ahora hablamos del superávit. Hoy vamos a aprobar un decreto para que todas las administraciones puedan utilizar el 100% de su superávit en sus necesidades, en los servicios públicos, en los gastos que requiere su ciudadanía. Canarias no. Canarias tendrá que utilizar su superávit para seguir financiando la reconstrucción y solo podrá disponer de un 30% para otras inversiones, mientras que el resto del país cuenta con el 100% de su superávit. A mí me parece que eso no es justo, y le pido que lo resuelva. Porque no es justo que no se hayan prorrogado los 100 millones, que desde el primer convenio ustedes solo pongan el 50%, y que ahora, cuando todas las administraciones van a contar con el 100% del superávit, ustedes digan que Canarias utilice el suyo para la reconstrucción de La Palma.
Usted puede hacer las cuentas que quiera, lo entiendo. Y es cierto, 1.200 millones. Pero usted era presidente del Gobierno. ¿Recuerda los miles de millones en los que cifró la recuperación de La Palma? Está en la hemeroteca. Se hablaba de miles de millones. Y hoy, cuando le pregunto al presidente, me habla de que ya han puesto mil; y usted hoy me desgrana los 1.200 como si fuera una aportación suficiente. Usted sabe muy bien que es insuficiente, y que no se puede financiar la reconstrucción a costa del bolsillo de los canarios y de su superávit. Los canarios merecen que ese superávit se invierta en todas y todos ellos y en todas las islas, y no que el 70% vaya a la reconstrucción porque el Gobierno de España ni siquiera prorroga los 100 millones de euros del año 23.
Señora Valido, tiene que terminar. Termino. Confío, señor ministro, en que en febrero estemos convalidando el IRPF del 26 y que sirva para lo que planteamos; en que aparezcan los 100 millones prorrogados que tenían que estar desde el año 23; y en que dejen de decir “ya hemos puesto” y digan lo que dijeron cuando visitaban La Palma: “pondremos lo que haga falta hasta que la reconstrucción finalice”. Gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra la señora Santana Perera.
Muchas gracias, señora presidenta.
De la isla de La Palma, no solo como diputada de Podemos en el Congreso, sino también como la consejera de Derechos Sociales que vivió el volcán en primera línea cuando entró en erupción en septiembre de 2021. Esos días no se me olvidan; no se me olvida gente abandonando sus casas con lo puesto, mirando hacia atrás y pensando si podrían volver o no. Si hay algo especialmente dramático en una erupción volcánica, que no tienen otros desastres naturales, es que lo pierdes todo. No solo pierdes la casa; pierdes el terreno, pierdes a tu comunidad de vecinos, porque el paisaje, cuando vuelves, ha cambiado completamente y ya no puedes rehacer tu vida donde siempre la habías desarrollado.
Por eso la responsabilidad era altísima, y queríamos responder. Queríamos responder con humanidad y con urgencia, y así lo hicimos: primero, garantizando una alternativa habitacional a todas aquellas vecinas y vecinos que no podían seguir en sus casas; trasladando a las personas dependientes y mayores que necesitaban estar en centros especializados y no podían porque su centro estaba ubicado en la zona del desastre; habilitando ayudas de emergencia; modificando la Prestación Canaria de Inserción para que llegara antes, más rápido y en mayor cuantía a los palmeros; y habilitando también fondos para la lucha contra la violencia de género, porque detectamos un incremento de la violencia machista en aquellos momentos. Movilizamos a cientos de personas para la atención psicosocial y a cientos de trabajadoras sociales de todas las islas para atender a la población de La Palma. Sabemos que nuestra respuesta pudo ser imperfecta, pero fue humana y hecha desde el corazón. ¿Y sabe dónde no estábamos nosotros? Ni ausentes ni mirando hacia otro lado. Estábamos allí, al pie del cañón, con el pueblo de La Palma. Allí estaba su Gobierno de Canarias.
Este Real Decreto-ley 13/2025 profundiza en las ayudas a quienes lo han perdido todo. ¿Saben qué era lo que más se repetía entre los palmeros durante esos días? “Mire, lo hemos perdido todo, pero lo que no hemos perdido son vidas”. Y eso se logró gracias a la responsabilidad del Gobierno, pero también de la oposición en aquel momento en el Parlamento de Canarias, que unimos nuestras fuerzas para salvar al pueblo palmero. Ese es el espíritu que debería permanecer en el día de hoy, señora Valido.
Como le decía, es imperfecto. Son imperfectas las acciones del Gobierno estatal —y por eso estamos luchando para que este real decreto también pueda ser mejorado—, pero también es imperfecta la acción del actual Gobierno de Canarias. Pregúntele a los propios palmeros, porque a nosotros también nos trasladan que esperan mucho más de su Gobierno autonómico.
La reconstrucción de La Palma debe hacerse contando con el pueblo de La Palma: qué quieren para su futuro. Porque no quieren una reconstrucción que vuelva a lo de siempre, a una economía basada en el monocultivo del plátano, con pocas alternativas para las mujeres y para los y las jóvenes del mundo rural, ni un turismo de masas, sino un turismo sostenible que respete la tierra que tanto aman. La reconstrucción de La Palma no puede ser para quedarnos como estábamos antes de la erupción de septiembre de 2021; debe ser para construir una isla mejor, con más alternativas y futuro para su gente joven.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Gracias, presidenta. Señorías:
Debatimos el decimotercer real decreto-ley de 2025, una norma que contribuye a la reconstrucción y recuperación de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En primer lugar, quiero reconocer que este decreto es necesario. El contenido y las medidas que propone responden a necesidades reales y urgentes de apoyo, tanto a las familias, a los agricultores, a los autónomos y, en definitiva, al tejido económico y social. Valoramos positivamente, entre otras, la ampliación de plazos para aliviar las obligaciones financieras de los agricultores, las deducciones fiscales específicas para los residentes, así como el seguimiento de las actuaciones sobre el patrimonio natural y la biodiversidad afectados. Son medidas útiles, necesarias y muy bienvenidas. Por todo ello, reconocemos el esfuerzo realizado a través de esta iniciativa.
Respecto a la coordinación normativa en torno al uso del superávit, el decreto que hoy debatimos habilita 100 millones de euros del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias para destinarlos a la recuperación de La Palma; sin duda, una medida muy positiva. Pero hoy mismo, entiendo —o quiero pensar— que vamos a convalidar otra norma que permite utilizar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles, lo que amplía el margen real de recursos que podrán movilizar las administraciones canarias. Por tanto, la capacidad financiera no se va a limitar a esos 100 millones, sino que existe un escenario más amplio que quizá habría merecido una articulación normativa conjunta desde el inicio.
Quiero recordar también que, en el decreto de la senda de estabilidad, el Grupo Nacionalista Vasco ya defendió la necesidad de que las entidades locales pudieran utilizar su superávit para este tipo de inversiones, dado que la regla de gasto impide a las administraciones emplear recursos de los que ya disponen. Celebramos que finalmente se habilite esta vía, pero, precisamente por eso, es necesario subrayar la importancia de una mayor coordinación normativa. En lugar de integrarse en una estrategia legislativa unificada, estas medidas sobre el uso del superávit se han adoptado, por lo que vemos, de manera sucesiva, respondiendo a los acontecimientos conforme iban surgiendo. Y si bien la urgencia puede justificar cierta agilidad en un proceso de reconstrucción tan complejo como está siendo el de La Palma, también creemos esenciales la previsibilidad, la coherencia y la claridad normativa. Una planificación conjunta habría permitido ofrecer desde el primer momento una visión más global del uso del superávit, aportando seguridad jurídica y una hoja de ruta más firme para quienes gestionan sobre el terreno la recuperación.
Aun así, señorías, reitero nuestro apoyo al decreto. Hoy lo importante es que La Palma tenga los recursos que necesita y que las medidas sigan avanzando e implementándose con eficacia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Sagastizabal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Vidal Matas.
Muchas gracias, presidenta.
En cualquier proceso de reconstrucción, cuando uno debe afrontar un reto tan grande como el que afronta la isla de La Palma, debemos partir de las condiciones de base que marcan ese territorio: la insularidad. Sus efectos no desaparecen y, por tanto, van a condicionar todo el proceso de reconstrucción. La insularidad plantea siempre retos muy relevantes. El primero, la elevada carestía de la vida: todos los productos en las islas —sean Canarias o Baleares— son más caros. En la reconstrucción, por tanto, debemos tener en cuenta que a las familias les cuesta cada día más dinero llenar la nevera.
Evidentemente, también los costes de producción son más altos en las islas, especialmente cuando planteamos la necesidad de un cambio de modelo económico. Debemos acompañarlas con medidas que permitan desarrollar economías menos dependientes del turismo, más diversificadas, más ricas y más resilientes. Y, por supuesto, están los costes energéticos. El Partido Popular, en sus políticas energéticas, ha propuesto retirar de la factura los costes extrapeninsulares de la producción eléctrica, porque es consciente de los mayores costes de la electricidad y de los combustibles en las islas. En definitiva, cualquier persona que quiera emprender allí se enfrenta a mayores costes y dificultades.
En las Islas Baleares, en Canarias y en La Palma, el coste de inversión en los elementos de producción siempre va a ser superior al de la península, y eso limitará su capacidad inversora. Por tanto, se nos plantean retos mucho mayores, y no solo para el sector privado, también para la Administración. Los servicios públicos, para garantizar que sean de calidad en las islas, son mucho más caros, evidentemente, porque la densidad y la dispersión de la población no son las mismas, porque el referente geográfico es insular. Por tanto, necesitamos hospitales, escuelas en La Palma, equipamientos que van a hacer que estos servicios públicos sean más caros que en otros territorios.
La economía en las islas, además, es más cruel que en otros lugares, porque las prácticas abusivas de mercado, anticompetitivas, son más fáciles de aplicar en pequeños mercados aislados, mercados que dependen de puertos y aeropuertos constantemente, y esos riesgos debemos afrontarlos para la reconstrucción de La Palma.
Tanto en Baleares como en Canarias somos más vulnerables a los shocks de mercado que vienen del exterior. Y, en este caso, el shock que afectó a La Palma no vino de fuera, vino de la naturaleza, vino con la explosión del volcán. Ese shock bloqueó toda la economía de La Palma, afectando social, ambiental y económicamente a todos sus ciudadanos. Ese es el reto que debemos afrontar para la reconstrucción. Con el Real Decreto damos pasos en positivo y le vamos a dar apoyo, pero evidentemente queremos mejorarlo en su tramitación, porque los ciudadanos de La Palma tienen que saber que el Estado está de su lado y no les va a dejar atrás.
Analizando punto por punto: ya se ha señalado que fue una buena medida permitir gastar el superávit —100 millones para las Islas Canarias— en la reconstrucción, pero esta medida ya queda desfasada porque, como se ha dicho, hoy previsiblemente se aprobará una medida más amplia para todos los territorios. Lo que sí nos preocupa, y así nos lo trasladan los compañeros de Drago, desde Canarias, son los compromisos de los 100 millones en transferencias anuales que no se están materializando. Falta información y transparencia. Si el Estado invierte, se tiene que conocer en qué está invirtiendo; los ciudadanos tienen que ser protagonistas de esa inversión.
Segundo punto: el IRPF. Es una medida importante, una reducción del 60%, como en Ceuta y en Melilla, que impacta en el bolsillo de las familias y reactiva la economía. Pero, para que sea efectiva, tendría que haberse aplicado mensualmente, a través de las retenciones, para facilitar liquidez y una entrada de capital inmediata en todo el mercado de la isla. Y no debemos olvidar que esta medida deja fuera a los más vulnerables, a quienes tienen menos, y a esas personas debemos prestarles especial atención.
Segunda medida: garantizar la moratoria para los créditos de los agricultores. Es clave recuperar esa medida, porque no basta con el periodo concedido. Los sistemas agrarios no entienden de los tiempos de la Administración; entienden de los tiempos de la naturaleza, de la reconstrucción, de invertir, de plantar y de crecer. Ese tiempo es muy superior al que se había dado.
Evidentemente, debemos afrontar también que los ministerios, en particular el de Transición Ecológica, necesitan más tiempo para desplegar todos los fondos de inversión. Que no se pierda un fondo porque un plazo no sea suficiente. Alarguemos los plazos.
Y la duda que nos plantean los compañeros de Drago es: ¿qué visión de futuro tenemos? ¿Qué plan de inversiones para la reconstrucción? ¿Qué convenio a largo plazo, plurianual, garantizará la estabilidad de esa inversión? Gobierne quien gobierne, los ciudadanos de La Palma tienen que saber que hay un plan de reconstrucción con los fondos necesarios para su futuro.
Son medidas positivas, señor ministro, y ahí tendrá nuestro apoyo. Pero no podemos caer en la complacencia, no podemos decir que hemos actuado bien y ya está. Debemos ser más exigentes. No podemos pensar que la reconstrucción se ha culminado. No culminaremos la reconstrucción hasta que las principales necesidades de la gente estén cubiertas. Ahora mismo, las principales urgencias de los ciudadanos son la vivienda y la salud mental, después del impacto que sufrieron, y algo muy necesario para cualquier pueblo: futuro. Tenemos que garantizar futuro para los palmeros y palmeras, para que la gente pueda vivir en La Palma y no tenga que emigrar. Garantizar futuro es ahora el reto más importante.
Cuando hablo de vivienda, lo hago porque ya van cuatro años con personas viviendo en alojamientos que eran temporales. Qué tremendo es cuando lo temporal se convierte en definitivo. Qué tremendo es cuando esas viviendas no han llegado donde tenían que llegar. Apoyemos y colaboremos con todas las administraciones. Si el Cabildo tiene un plan especial de vivienda, pongamos recursos en ese plan. Colaboremos con todas las administraciones que lo puedan hacer posible. En el sector primario se está produciendo un efecto perverso que nos deja...
Muy preocupados por la eliminación de los minifundios, la concentración de la tierra, del poder productivo y de la capacidad del modelo agrario de La Palma de reconvertirse: si la tierra queda en manos de unos pocos, evidentemente se dedicará solo al plátano y no habrá alternativas de desarrollo local como querríamos. Y, ministro, lo que le decía: futuro. Y el futuro pasa por dar esperanza, por la planificación territorial, por la protección ambiental y por cumplir todo lo que les hemos prometido. Cumplamos con La Palma, que es cumplir la palabra dada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Vidal. Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, señor Torres, menudo papelón le ha tocado hoy venir, porque, claro, usted estaba como presidente del Gobierno de Canarias durante la erupción. Por lo tanto, usted es responsable de la situación. Ya lo dije en su momento: el Gobierno de España tenía una ocasión de oro, una ocasión perfecta para demostrar cómo podía volcarse en favor de los españoles, y en este caso no estuvieron a la altura; ni usted como presidente del Gobierno de Canarias ni el Gobierno de España. No es una opinión personal; sabe que esto es lo que se dice en Canarias, especialmente en la isla de La Palma.
Recuerdo a una persona que usted supongo que conoció muy bien, Jerónimo Saavedra, y no sé si recuerda usted qué opinión tenía sobre la gestión del Gobierno de España: “Ya está bien de venir aquí en aviones, pasearse por la isla de La Palma; lo que hay que hacer es ayudar a los palmeros, que necesitan esta ayuda y no la están recibiendo”.
Por lo tanto, señor Torres, le ha tocado un papelón. Entiendo que a lo mejor tiene el propósito de volver a presidir el Gobierno de Canarias —no sé si huyendo de aquí, con tantos compañeros del Consejo de Ministros que van para adelante a los tribunales de justicia—, y es una situación muy complicada. Pero, señor Torres, lo siento: no podemos en ningún momento dar por buenas ninguna de las propuestas que vienen de este Gobierno.
La señora Santana, de Podemos, entiendo que también ha querido justificar su etapa de Gobierno con usted como consejera de Asuntos Sociales. Y, mire, les pasa un poco lo mismo: hay un elemento comparativo que les deja muy mal. ¿Cómo se ha tratado a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma y cómo se ha tratado a los inmigrantes ilegales que llegaban a Canarias, que estaban bajo su responsabilidad? En esto, la situación es humillante, humillante para los canarios y especialmente para los damnificados por la erupción volcánica.
Lo único que han hecho es poner de manifiesto su ineptitud para ayudar a quienes más lo necesitan, cuando tienen todos los medios para hacerlo. Y, sin embargo, se vuelcan con aquellos que violentan nuestras fronteras, que generan problemas de conflictividad. Señora Santana, usted lo recordará. Veo aquí a nuestro presidente, Santiago Abascal. Santiago, muchísimas gracias por haber apoyado a todos los empresarios de Puerto Rico que sufrían las consecuencias.
La decisión de alojar en hoteles a los inmigrantes ilegales es especialmente humillante para los damnificados del volcán de La Palma, que veían a quienes llegaban ocultando y falseando información sobre su edad y su nacionalidad recibir un trato en hoteles de cuatro o cinco estrellas, en régimen de pensión completa, sin tener que preocuparse por dónde iban a dormir ni qué iban a desayunar, comer o cenar. Y los damnificados del volcán de La Palma sí tenían esa preocupación; ustedes no la resolvieron y, a día de hoy, sigue vigente.
Le pondré un caso concreto. El real decreto establecía 60.480 euros para quienes lo habían perdido todo; eso era lo que disponía el Estado. Pues bien, el Estado, ya digo, premia a quienes violentan nuestra frontera con un coste de 120 euros diarios. Si hacen la comparación, en solo cuatro meses de atención a un inmigrante ilegal se han gastado ya más de todo lo que podían aspirar a recibir quienes habían perdido su casa. ¿A ustedes eso les parece razonable? Se merecen el peor calificativo que puedan imaginar como responsables políticos.
Con respecto al contenido de este real decreto que hoy se pretende convalidar, el artículo 1, del que ya se ha hablado, fija el límite de 100 millones de euros de gasto del superávit del presupuesto de la comunidad autónoma. Por poner otro ejemplo en el mismo ámbito, ¿saben cuánto se va a gastar el Gobierno de Canarias en la atención a los inmigrantes ilegales? Usted ya no está en el Gobierno de Canarias; le doy la cifra: 190 millones de euros. Y para los damnificados de La Palma, solo 100; prácticamente la mitad. Esto merece una reflexión por parte del Gobierno de España y también por parte del Gobierno de Canarias. Señora Valido, Coalición Canaria: el señor Cabello, Alfonso Cabello, viceconsejero, ¿sabe lo que ha hecho? Reclamar más recursos para la inmigración ilegal; los 190 millones les parecen poco. No hacen absolutamente nada por combatir el negocio multimillonario de las mafias de la inmigración ilegal y lo único que piden es más dinero para aumentar el efecto llamada y seguir gestionando ese negocio. Porque ustedes, Coalición Canaria, con el Partido Popular y el PSOE, son quienes tienen una política consensuada de puertas abiertas que está degradando la vida de todos los canarios.
El artículo 2, señor Torres: usted ha hablado de la Agenda Canaria para extender las deducciones fiscales. Si repasa bien las deducciones previstas para los residentes de Ceuta y Melilla, que es el régimen que se pretende extender a la isla de La Palma, verá que no tiene ningún sentido; ya se lo han dicho anteriormente. Una catástrofe de estas características merece un régimen propio, no asimilarlo a uno ya existente que nada tiene que ver, como es el de los residentes de Ceuta y Melilla.
Los artículos 3 y 4 prorrogan o eliminan los límites temporales que tenían estas ayudas. Hay que reflexionar sobre por qué, tantos años después, sigue siendo necesario prorrogar estas ayudas: o no llegan o son insuficientes, y eso merece una reflexión profunda por parte del Gobierno.
Termino. Señor ministro, deben entender que su principal obligación como miembros del Gobierno de España es atender y proteger a los españoles. En eso han suspendido categóricamente y, insisto, resulta humillante, especialmente en el caso de Canarias, por la atención que dispensan a los inmigrantes ilegales que violentan nuestras fronteras. Nada más. Muchas gracias.