Buenas tardes, señorías. Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. En primer lugar, damos la bienvenida a la ministra, a quien agradecemos su comparecencia.
Vamos a celebrar una serie de comparecencias que no voy a enumerar para ajustar al máximo los tiempos, habida cuenta de la hora, y que figuran en el orden del día a solicitud de los Grupos Parlamentarios VOX y Popular, y a petición propia de la ministra. Como acordamos en Mesa y portavoces, la ministra tendrá una intervención inicial por tiempo ilimitado; habrá una réplica por parte de los grupos, de menor a mayor, por un tiempo de diez minutos —les recuerdo que no existe obligación de agotar el tiempo—; a continuación, contestará la ministra por el tiempo que considere oportuno; habrá una segunda réplica por un tiempo de cinco minutos, y cerrará la ministra.
Por lo tanto, vamos a comenzar la comparecencia dando la palabra a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, presidenta. Señorías, comparezco por segunda vez este año ante la Cámara, en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas a todos y todas ustedes. Como hice en mi primera intervención, en febrero, vengo a situar ante ustedes un conjunto de políticas que están definiendo el futuro de nuestro país a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y quisiera hacerlo abordando un primer tema que me gustaría desarrollar en detalle, que ha sido uno de los motivos de petición de esta comparecencia.
…de mi comparecencia, que es el Real Decreto que regula la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades y centros universitarios en España y que ha sido, como digo, objeto de muchas preguntas que me han formulado sus señorías recientemente.
Voy a comenzar enmarcando el contexto general que justifica la necesidad de esta reforma. Este año conmemoramos los cincuenta años del fin de la dictadura, medio siglo de una democracia que no cayó del cielo, sino que fue fruto de una apuesta valiente de la sociedad española por la libertad y el progreso, como hemos recordado todos los miembros del Gobierno, sobre todo el presidente Pedro Sánchez. Una democracia construida por miles de personas que arriesgaron, defendieron y ampliaron derechos.
Y hoy, en un contexto global que amenaza con hacernos retroceder y que pone en riesgo a las democracias y a los propios derechos humanos, hoy, además, que celebramos el Día de los Derechos Humanos, necesitamos recuperar ese coraje cívico del que habló el presidente Pedro Sánchez, porque, como ha recordado, la democracia no es un estado que se conquista de forma permanente; es un privilegio que debemos defender cada día.
Señorías, estamos asistiendo a nivel mundial a discursos revisionistas de la democracia, también en nuestro país. Un estudio reciente de Cambridge señala que, ante un futuro incierto, entre los jóvenes españoles crece la simpatía por discursos populistas. Y el CIS lo confirma con un dato muy claro: un 17% de nuestros jóvenes entre 18 y 34 años considera que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible a uno democrático. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, buscar las causas de esta situación, un verdadero riesgo para los derechos y libertades conquistados por la sociedad española.
Y hay causas, por supuesto: la incertidumbre que sienten los jóvenes ante un mundo convulso; las fake news que distorsionan la realidad; el crecimiento de los discursos de odio; la propaganda que convierte el miedo en herramienta política; el negacionismo científico; o el giro autoritario de algunos gobiernos del mundo que normalizan lo impensable. Es importante entender que el desconcierto de nuestros jóvenes no se combate con nostalgia, sino consolidando un horizonte de futuro, dando sentido a un proyecto común que incorpore de forma real y activa la participación de las nuevas generaciones. El politólogo Jonathan White señala que, precisamente, la mayor amenaza para la democracia es la ausencia de futuro. Y Daniel Innerarity, nuestro filósofo y Premio Nacional de Investigación 2022, recuerda que muchos de los defectos de las democracias actuales tienen que ver con la mala calidad del futuro que proyectan.
Señorías, entiendo que comparto con todos ustedes la creencia de que sin ciencia no hay futuro. Sin ciencia no tendremos futuro frente a la emergencia climática, ni frente a las enfermedades a las que nos enfrentamos como sociedad; ante nuevas pandemias no tendremos futuro frente a los retos de un tiempo cada vez más complejo. Y este futuro, señorías, lo sostienen el sistema público de ciencia, entre ellas nuestras universidades. Porque nuestras universidades públicas garantizan la igualdad de oportunidades y el verdadero sentido de la palabra mérito; porque forman a los y las profesionales que sostendrán nuestro bienestar; porque impulsan la investigación y la generación de conocimiento que transforma nuestra economía; y porque actúan como uno de los grandes motores de transformación y ascensor social. Además, en estos tiempos de desinformación y polarización, la universidad es también un baluarte de la democracia. Lo es ahora y lo ha sido siempre. Y creo que un día como hoy debemos hacer memoria y recordar el servicio que las universidades de este país, las universidades públicas, han hecho por convertirnos en la sociedad moderna y democrática que somos. Porque la historia de nuestro sistema público universitario es una historia de éxito de país.
Hagamos un poco de memoria. En 1975, cuando murió el dictador Franco, España tenía diecinueve universidades públicas. Hoy son cincuenta. Una expansión que permitió vertebrar el territorio, abrir la educación superior a mujeres y a hijos e hijas de familias trabajadoras, transformar España y anclar socialmente aquella nueva democracia que se abría paso. Los datos son reveladores: en 1975 solo el 5% de la población entre 25 y 60 años tenía estudios superiores, solo el 5%. Hoy superamos el 50%, más que la media europea. La universidad fue entonces y ha seguido siendo un gran motor de transformación y ascensor social.
Por eso quiero comenzar mi repaso a las políticas del Ministerio precisamente con el real decreto que regula la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades y centros universitarios, porque también regula nuestra capacidad de ser un país más valioso y democrático, con un futuro más sólido, más competitivo y más justo.
La necesidad de esta reforma era evidente, porque la situación no puede ser más preocupante. Los datos oficiales revelan que en España se ha producido un crecimiento sin precedentes de las universidades privadas. En los últimos veinte años, desde 2005, se han creado veinticuatro universidades privadas y ninguna pública. En 1995 había cuarenta y cinco universidades públicas; en 2005, cincuenta; en 2015, cincuenta; y en 2025, cincuenta. Todo el crecimiento de universidades se ha producido en la esfera privada. El resultado es que hoy tenemos 50 universidades públicas y 46 privadas, y no paran de llegar nuevos proyectos. Pero, más allá del número de universidades, lo más llamativo es el aumento del estudiantado en la privada y el estancamiento en la pública.
Si observamos la última década, el crecimiento del número de estudiantes en la universidad pública ha sido solo del 2%, mientras que en la privada ha sido superior al 129%. Si hablamos solo del último año, en el curso 2025-2026 hemos alcanzado un récord histórico: 1,9 millones de estudiantes en nuestras universidades, un 3% más que el curso pasado y un 21% más que hace diez años. Este crecimiento es, en sí mismo, una buena noticia: más jóvenes quieren estudiar en la universidad. Pero esa demanda adicional está siendo absorbida fundamentalmente por las universidades privadas. En la última década, como decía, la pública ha crecido apenas un 2% y todo el crecimiento ha ido a la privada. Hoy hay más del doble de estudiantes matriculados en la universidad privada que hace diez años, mientras que en la pública el número se ha mantenido estable. Como resultado, hoy un 30% del estudiantado cursa sus estudios en universidades privadas; hace diez años era solo el 15% y hace veinte, el 10%. Como referencia internacional, en Alemania el porcentaje de estudiantes en universidades privadas es del 15%, la mitad que en España y equivalente a cómo estábamos nosotros hace diez años.
Además, el crecimiento en la universidad privada es especialmente intenso en los estudios de máster, donde el número de estudiantes se ha triplicado y ya son más que en la pública, el 55% del total, particularmente en titulaciones de alta demanda o de carácter habilitante, es decir, que sin ese título no se puede ejercer como profesional. Por ejemplo, en Ciencias de la Salud, el 62% de los estudiantes de máster se matricula en la privada.
En conclusión, batimos récord de estudiantado, pero este aumento de la última década lo ha absorbido prácticamente en exclusiva la universidad privada. Y este desplazamiento no se debe a que la universidad pública haya perdido prestigio; al contrario, las notas de corte en la pública están en máximos históricos. En general, los estudiantes prefieren la pública: su primera opción suele ser una universidad pública. Pero, cuando se acaban las plazas en la pública, llegan esas notas de corte máximas y muchos jóvenes se ven, de facto, empujados a matricularse en la universidad privada. Las universidades públicas no tienen suficientes plazas que ofrecer debido a la infrafinanciación autonómica. Aunque nuestros jóvenes soliciten una plaza en universidades públicas, estas solo pueden ofrecer el número limitado de plazas para las cuales están financiadas. Esto eleva las notas de corte y provoca que estudiantes con expedientes brillantes no puedan acceder a determinadas carreras. Y los datos demuestran que se está produciendo una situación preocupante.
En la que nuestro talento podrá estudiar o no en función de si su familia puede pagarle una plaza en una universidad privada. Ya no es un tema de mérito, porque en el momento en que sales de la universidad pública ya no te miden por tu nota de la PAU ni por el mérito; te miden por el tamaño del bolsillo de tus padres.
Cuando una joven o un joven con expediente brillante no accede a la carrera que desea no por falta de mérito, sino por falta de plazas públicas, todos perdemos. Cuando el sistema de igualdad de oportunidades deja de funcionar, pierde toda la sociedad. Cuando el mérito se compra y se convierte en una palabra hueca, pierde nuestra democracia. Perdemos la historia de nuestra fortaleza como país cualificado y perdemos también la solidez de nuestro futuro. Y hoy nos encontramos ante este riesgo.
Cada vez más estudiantes con excelentes notas quedan fuera de Medicina, de Enfermería, de Psicología, de Arquitectura, porque no hay plazas públicas suficientes. Su alternativa es o renunciar o endeudarse. Ya un 14% de los préstamos personales en España se destina a cubrir estudios universitarios. Y, señorías, yo estoy muy preocupada. Esto no es un sistema justo, no es un sistema moderno ni de futuro. No creo que la sociedad sea consciente de lo que está sucediendo en el sistema universitario y de hasta qué punto es dramática la asfixia a la que están sometiendo a las universidades algunas comunidades autónomas de nuestro país.
Porque son precisamente las comunidades autónomas quienes tienen la competencia y la obligación de financiar a las universidades públicas. Nos guste más o menos, esto es así desde la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, y también aparece recogido claramente en los artículos 53, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023.
Señorías, es realmente alarmante la asfixia financiera a la que muchas comunidades autónomas están sometiendo a sus universidades. Como promedio, el gasto por estudiante en las universidades públicas españolas es 20 puntos por debajo de la media europea. Es imperativo aumentar la financiación de las universidades públicas para que puedan ofrecer más plazas y garantizar el ascensor social y la igualdad de oportunidades, y para que puedan impulsar con fuerza la apuesta por la ciencia y por la innovación que nuestro país necesita, en lugar de preocuparse solamente por las dificultades de reparar goteras, pagar las nóminas y, en definitiva, cubrir a duras penas los gastos urgentes para abrir las puertas cada mañana.
No quiero dejar de recordar los datos: más del 70% de la investigación que se hace en nuestro país se realiza en el seno de las universidades, y el 95% de la investigación universitaria se realiza en la universidad pública. Financiar la universidad pública es, por tanto, también financiar el sistema público de ciencia de nuestro país que hará posible un futuro mejor.
Hoy, el ejemplo más extremo de esta infrafinanciación lo tenemos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es el paradigma del antimodelo: de cómo convertir un bien público y un derecho constitucional en un negocio para unos pocos; el ejemplo más evidente de cómo convertir a los estudiantes en clientes. Es la comunidad autónoma que peor financia a sus universidades públicas: invierte por estudiante 25 puntos por debajo de la media española. Y, como he dicho antes, la media española está 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Estamos hablando de 45 puntos por debajo en financiación por estudiante de las universidades públicas madrileñas respecto de la media europea. De hecho, claramente es la que está arrastrando a la baja la media española.
Y es más preocupante, si cabe, si tenemos en cuenta que Madrid es la comunidad autónoma con mayor PIB por habitante de España, un 12% por encima de la media de la Unión Europea. Es preocupante y lamentable.
Covid, poscovid. La Comunidad de Madrid ha aumentado su presupuesto un 53,5%, pero sus transferencias a las universidades públicas apenas han aumentado un 1,2%. En términos reales, descontando la inflación, eso significa una caída del 26% en la financiación autonómica con respecto a antes de la crisis financiera, con respecto al año 2009. Simplemente, para devolverles de verdad su capacidad de gasto a las universidades públicas madrileñas, si la Comunidad de Madrid se pusiera en la media de financiación de España, harían falta como mínimo 310 millones de euros anuales.
Al mismo tiempo, Madrid es la comunidad con una mayor desigualdad entre universidades públicas y privadas: trece universidades privadas frente a seis públicas y casi el 40% del estudiantado matriculado en la privada. Recuerden que antes he dicho que de media en España era un 30%; en la Comunidad de Madrid es un 40%. Esta prioridad por lo privado no es casualidad; es la base, como digo, del antimodelo. El patrón es claro y está documentado: estrangular financieramente a la universidad pública mientras se deja crecer sin control a las privadas, aunque no siempre cumplan los estándares exigibles de calidad. Porque la presidenta Ayuso no piensa en los estudiantes; piensa en los clientes, en clientes potenciales de la universidad privada. Es la misma fórmula que han aplicado en sanidad, privatizando la gestión de los centros públicos. Lo hemos escuchado de forma muy clara en la voz del CEO de Ribera Salud: rechazar a los pacientes que no les salgan rentables. Y esta es la directriz de la presidenta Ayuso: debilitar lo público para abrir un nicho de negocio a costa de la salud de la ciudadanía, jugando con la vida de las personas, ni más ni menos.
Señorías, como valenciana conozco bien este modelo, porque el laboratorio de la privatización sanitaria en España, originariamente, fue mi tierra. Fue allí donde en 1999 el Partido Popular puso en marcha el modelo Alzira, impulsado por Eduardo Zaplana: un hospital público entregado a la gestión privada de Ribera Salud, convertido en banco de pruebas de un sistema que trataba a los pacientes como clientes y a la sanidad como un negocio. Aquel contrato se modificó una y otra vez para garantizar la rentabilidad privada, y en 2003, bajo el gobierno de Francisco Camps, se entregó la gestión de todo el departamento de salud a Ribera Salud. Después ese modelo se extendió a Elche, a Torrevieja, a Dénia, a Manises. Y en 2007, la concesión del Hospital Elche-Crevillente, firmada por Pablo Gallart Gaspar, la misma persona que aparece en las grabaciones difundidas estos días por El País sobre el hospital de Torrejón, en Madrid.
La suerte en la Comunidad Valenciana cambió con los gobiernos progresistas del Botànic, presididos por el presidente Ximo Puig, que hicieron justo lo contrario: pararon esa deriva y comenzaron la reversión de la sanidad a la gestión pública. En 2018 se recuperó Alzira. Después llegaron las reversiones de Dénia, de Torrevieja y de Manises. Recuperamos para la ciudadanía cuatro de los hospitales privatizados. Revertimos un modelo opaco, costoso y fallido.
Pero en 2024, lamentablemente, con la vuelta del Partido Popular y con el poc honorable president de la Generalitat, el senyor Mazón, se hizo el anuncio de continuar con la concesión privada del Hospital de Elche-Crevillente. De nuevo, el Partido Popular se decidía a prorrogar la concesión, sin realizar ninguna auditoría, hasta el año 2030, después de haber pagado ya 1.428 millones de euros a la concesionaria hasta el año 2022, ya saben ustedes, para ajustar esas pérdidas que acaban teniendo estos gestores en la privada. De hecho, el conseller Marciano Gómez, actual conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, estuvo ya en los inicios de esta privatización; vuelve como conseller al modelo privatizador y, en una etapa en la que no estuvo ni en la dedicación pública ni como médico en un hospital, se dedicó a ejercer de lobista en favor de ese modelo de funcionamiento y de rentabilidad.
La viabilidad de estos modelos de privatización. Este es el modelo que hoy, por desgracia, sigue campando a sus anchas, como digo, en la Comunidad de Madrid, donde los pacientes dejan de ser pacientes para convertirse en clientes y el resultado económico prima sobre la salud de las personas. No sorprenda a nadie, por tanto, que el Gobierno autonómico madrileño, ante este Real Decreto para poner más exigencias a la creación de universidades en nuestro país, haya presentado ya un recurso contra este Real Decreto de Universidades, porque este decreto choca con su estrategia de dejar vía libre a un crecimiento sin control de universidades privadas, sin exigencias firmes en docencia e investigación, sin criterios de calidad probados, muchas veces aprobando a pesar de criterios de calidad e informes desfavorables, y, desde luego, en torno a un negocio calculado en más de 3.000 millones de euros anuales.
Mientras tanto, la comunidad universitaria madrileña ha tenido que convocar una huelga masiva los días 26 y 27 de noviembre para denunciar la asfixia financiera de sus universidades y el contenido regresivo de su proyecto de ley autonómica de universidades. Ante este escenario, el Gobierno de España tiene la obligación de actuar, y por eso lo estamos haciendo, porque es imprescindible asegurar y exigir la calidad de todas las universidades, y muy especialmente de aquellos proyectos privados que pretenden aprovechar la oportunidad de negocio que genera la asfixia de la universidad pública. Ejercemos nuestras competencias en la ordenación general del sistema universitario con un objetivo claro: proteger al estudiantado, garantizar el derecho constitucional a la educación superior y evitar que la especulación se adueñe de un servicio de interés general como es la educación superior.
Con este Real Decreto reforzamos los requisitos de calidad que deben cumplir las universidades que operan en España y mejoramos los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y control. En primer lugar, establecemos los criterios de calidad que determinan si una institución puede llamarse universidad o no, en función de si cumple con todas las funciones exigibles. Las tres misiones sociales que deben cumplir las universidades en España y en cualquier lugar del mundo son la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento. Sin estas tres misiones no hay universidad; habrá otra cosa, pero no universidad. Porque la investigación y la generación de conocimiento son esenciales para la sociedad, para que podamos afrontar los retos de este siglo y seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía española.
Por ello, en el Real Decreto, en primer lugar, exigimos que las universidades investiguen y establecemos que deberán invertir un 5% de su presupuesto en investigación y captar recursos externos equivalentes al 2% para proyectos de investigación en concurrencia competitiva. Porque las universidades deben tener grupos de investigación capaces de captar financiación en concurrencia competitiva.
En segundo lugar, para garantizar una formación de calidad, exigimos también criterios de calidad al profesorado. En concreto, al menos el 50% del profesorado deberá ser doctor —ustedes saben que este criterio en la pública es superior—, y al menos el 60% de ese profesorado doctor deberá tener experiencia acreditada en investigación, es decir, al menos un sexenio de investigación.
En tercer lugar, el Real Decreto garantiza el carácter integral y multidisciplinar de las universidades. Por eso, deberán ofrecer un mínimo de titulaciones: diez de grado, seis de máster y tres de doctorado, de al menos tres ramas del conocimiento, lo que implicará también contar con un número mínimo de 4.500 estudiantes. Esto no es una cifra caprichosa, sino que está fundamentada: va en línea con el tamaño medio de nuestras universidades. En España, las universidades públicas tienen un promedio de 27.000 estudiantes y las privadas de 11.000; por tanto, el requisito de 4.500 no resulta desproporcionado. Y también vemos en los rankings internacionales una relación clara entre el tamaño y la calidad; por ejemplo, en el Times Higher Education, las 200 mejores universidades del mundo tienen como promedio 31.500 estudiantes. Además, la masa crítica es necesaria para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
…garantizar su viabilidad a lo largo del tiempo y su solvencia económica. Porque lo hemos visto en la experiencia reciente de países de nuestro entorno, como Portugal o Francia, donde, tras un crecimiento descontrolado de las universidades privadas —muchas de creación reciente y tamaño pequeño—, han tenido que cerrar. Y no queremos que ningún estudiante se quede tirado por falta de viabilidad económica de una universidad pensada únicamente como un negocio.
Señorías, los criterios de calidad que se incorporan en el real decreto no son arbitrarios; son criterios meditados, ponderados y realistas para que todas las universidades que operen en España, públicas o privadas, garanticen altos estándares de calidad, sostenibilidad y masa crítica. De hecho, casi todas las universidades existentes los cumplen, y las que no van a disponer de tiempo suficiente para adaptarse.
El espíritu de este real decreto es la protección del estudiante: garantizar el futuro y el desarrollo de nuestro talento en universidades públicas y también en las privadas. Y también queremos asegurar a la sociedad que quienes obtienen títulos universitarios en nuestro país han recibido la formación exigible y capacitante para desempeñar las funciones de sus profesiones. Señorías, protegemos a la sociedad española.
Además, este real decreto también afronta una necesidad social acuciante: la falta de vivienda estudiantil, una de las principales barreras para la movilidad académica y la igualdad de oportunidades. Por eso, cada nueva universidad que se cree en nuestro país deberá ofrecer plazas de alojamiento equivalentes al 10% del alumnado.
Y, por supuesto, este real decreto refuerza los mecanismos de control de calidad para la creación de nuevas universidades. Hasta ahora existía un informe preceptivo elaborado por técnicos del ministerio, pero ese informe no era vinculante. En la práctica, esto ha permitido que algunas comunidades autónomas hayan autorizado proyectos de nuevas universidades aun contando con informe de calidad negativo. Desde 2018 el ministerio ha emitido veinticinco informes; trece de ellos eran desfavorables. De esos trece, a pesar del informe desfavorable, cinco ya han sido autorizados por ley autonómica: uno en Madrid, uno en Andalucía, uno en Extremadura y dos en Canarias. Y, en cuanto a los ocho pendientes, también podrían ser autorizados por las comunidades autónomas a pesar de contar con un informe desfavorable, porque se iniciaron previamente al nuevo real decreto; tres de ellos están en Madrid y dos en Extremadura. Extremadura, además, ha recurrido el decreto. Y otras comunidades gobernadas por el Partido Popular son ejemplos paradigmáticos de un antimodelo que no se preocupa por la calidad y prima el negocio frente al derecho constitucional a la educación.
A partir de ahora, la autorización de nuevas universidades requerirá un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas: un informe elaborado de forma independiente por profesores elegidos por sorteo y con criterios objetivos. Esta exigencia también vale para las universidades online, pero, como su ámbito territorial de actuación es todo el Estado, solo podrán ser evaluadas por la ANECA y aprobadas por las Cortes Generales. Con el nuevo informe vinculante de la ANECA o de las agencias autonómicas que exige este real decreto, damos un paso crucial para evitar que sigan autorizándose universidades privadas que no cumplen con los criterios de calidad exigibles.
Señorías, frente a este modelo de infrafinanciación y de privatización encubierta, el Gobierno de España está haciendo lo que toca. En primer lugar, lo hemos hecho legislando. La LOSU fija un rumbo claro: con ella reforzamos el sistema universitario público, garantizamos derechos, revertimos la insoportable precarización del profesorado y de nuestros investigadores e investigadoras, estabilizamos plantillas y asentamos la autonomía universitaria. Y también cumplimos con la única universidad pública española cuya financiación depende únicamente del Gobierno de España: la UNED, una universidad que ha sido durante décadas una de las mayores fábricas de igualdad de oportunidades de nuestro país; la universidad que permitió estudiar a quienes tenían las puertas cerradas: trabajadores y trabajadoras que estudiaban de noche, mujeres que rompieron techos de cristal, víctimas de la violencia machista o del terrorismo, personas con discapacidad que no podían acudir a una universidad presencial. Por eso hemos aumentado su financiación en treinta millones de euros, lo que supone un incremento del 35%.
…en el año 2024, y vamos a aprobar un plan plurianual que duplica las transferencias hasta 2029, alcanzando 186 millones de euros: el doble del presupuesto en solo cuatro años y el mayor incremento realizado nunca por ningún Gobierno.
Además, hemos aumentado casi un 80% la financiación destinada a proyectos de investigación en todas las universidades, alcanzando casi 1.000 millones de euros en 2024. Repito: hemos aumentado casi un 80% la financiación. Es una transformación estructural, sostenida y que está dando resultados en producción científica, en transferencia y en atracción de talento.
Y también, como ejemplo de cumplimiento de la LOSU y del compromiso de este Gobierno con las plantillas universitarias, quiero recordar otro hito inédito: el programa María Goyri. Por primera vez desde la transferencia de competencias, el Gobierno de España pasa a financiar directamente algo que no es de nuestra competencia: el salario del profesorado universitario. En el cómputo total, el programa prevé la creación de 5.636 nuevas plazas de Ayudante Doctor, con 1.500 millones de euros de inversión total, de los cuales 900 los aporta el Gobierno de España. Son contratos vinculados a la estabilización, diseñados para rejuvenecer plantillas y garantizar carreras académicas dignas. Un paso, señorías, que excede nuestras competencias; de hecho, hemos tenido que firmar con cada comunidad autónoma un convenio que nos permita, excepcionalmente, intervenir en una competencia propia de las comunidades: el pago de los sueldos del profesorado universitario. Hasta ese punto se evidencia que no es competencia del Gobierno de España el abono de estas nóminas.
También hemos reforzado como nunca la política de becas. Hoy destinamos a becas universitarias cifras históricas y uno de cada tres estudiantes comienza sus estudios con una beca o ayuda pública.
Señorías, estamos haciendo lo que nos corresponde, con legislación, con inversión y con programas pioneros, y en muchos casos más de lo que nos corresponde competencialmente. Pero, a pesar de este esfuerzo del Gobierno de España, muchas comunidades autónomas no cumplen su parte ni se responsabilizan de sus competencias. La LOSU fija el objetivo de que la financiación pública universitaria alcance el 1% del PIB en el año 2030. Sin embargo, muchos gobiernos autonómicos no están colaborando para alcanzar este objetivo, a pesar de que la financiación universitaria es su competencia.
Y esto sucede en un contexto en el que las comunidades han visto crecer de forma muy significativa su financiación. Desde 2018, el Gobierno de España ha transferido 250.000 millones de euros más que en la etapa anterior, un incremento del 50%. Pero estas transferencias no se están traduciendo en una financiación adecuada de las universidades públicas que, repito, son competencia autonómica. Hay comunidades que reciben más que nunca y, sin embargo, mantienen a sus universidades por debajo del nivel del año 2009. Algunas, como Madrid, muy por debajo, un 25% menos, como ya he señalado. Ese es el verdadero problema: no es que no tengan recursos, es la falta de responsabilidad política para sostener los servicios públicos de las comunidades autónomas.
Ante este contexto, este real decreto viene precisamente a garantizar que el sistema universitario español mantenga una calidad fundamental; que no caiga en la fórmula de universidades públicas asfixiadas y privadas sin estándares de calidad suficientes en docencia e investigación; que no se reproduzca lo que está pasando con la sanidad en Madrid; que las instituciones no prioricen maximizar el EBITDA en lugar de ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.
Señorías, antes de compartir otras políticas de mi Ministerio, quiero terminar este capítulo, dedicado a nuestro sistema universitario, con una situación ante la que somos muy sensibles: las homologaciones de los títulos universitarios. Sé que detrás de cada uno de los expedientes que se presentan hay una persona, una persona que necesita una respuesta para poder ejercer su profesión.
Poder vivir de manera digna y construir un proyecto de vida en nuestro país. Hay vidas que no pueden desarrollarse y hay talento que perdemos como país. Durante años, el real decreto que imperaba para la regulación y la convalidación de títulos de personas extranjeras era el Real Decreto del año 2014, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, un gobierno que provocó un atasco estructural en el sistema de homologaciones, un atasco que respondía a un modelo laboral fallido, que generó las más altas tasas de paro de nuestra historia y, por tanto, diseñó un sistema que además dificultaba claramente la homologación de títulos a las personas migrantes. Ese modelo ya está superado. Hoy España registra cifras de afiliación en máximos históricos y el sistema de homologaciones se adapta a este nuevo modelo económico de nuestro país. Nuestro trabajo en estos años ha sido revertir aquella dinámica y puedo afirmar con claridad que la situación hoy es completamente distinta. Ha sido una prioridad para mí desde noviembre de 2023, cuando asumí la cartera de Universidades. Y les voy a dar unos datos significativos: en noviembre de 2017 se resolvieron 514 solicitudes; en noviembre de 2023, 1.168 solicitudes, un 127% más. En noviembre de este año hemos alcanzado 13.244 resoluciones en un solo mes, lo que supone un incremento del 2.500% respecto al año 2017. Hemos aplicado un plan de choque de inteligencia procedimental, y puedo asegurarles que me he puesto a la faena como ministra y también como ingeniera, junto con una mejora de la cooperación con los países emisores. Los resultados están a la vista: las solicitudes presentadas en 2017 tardaban dos años y tres meses en resolverse; las que han entrado en 2025 se están resolviendo en un promedio de cuatro meses y medio. Queremos seguir mejorando, pero estos datos reflejan la velocidad de un sistema nuevo que hemos puesto en marcha. Antes de acabar el año presentaremos un informe detallado. En 2024 hemos duplicado las resoluciones, pasando de las 20.000 de 2023 a las 40.000, y me comprometí a que en 2025 alcanzaríamos las 80.000. Vamos a cumplir ese objetivo. Es un salto incuestionable, y me comprometo a hacer llegar a sus señorías el informe completo con todos los cambios implementados para que conozcan cómo está el sistema actualmente. De hecho, el Tribunal de Cuentas publicó hace dos semanas un informe en el que reconocía este avance, un informe basado en los años previos a todas estas modificaciones y donde precisamente el Tribunal de Cuentas nos aconsejaba aplicar una serie de cambios en el sistema de homologaciones que ya están en marcha y por eso se reflejan en estas cifras. Y también les quiero decir, por si se están preocupando, que no es que estemos resolviendo para mal: las resoluciones negativas son un porcentaje muy pequeño —ya se lo pasaré a sus señorías en los informes— y la enormísima mayoría se están resolviendo de manera favorable.
Señorías, permítanme insistir de nuevo en que la universidad pública es el corazón del conocimiento en España. Es donde se investiga, donde se innova y donde se transfiere ese conocimiento al tejido productivo. Así que cuando hablamos de universidades hablamos de igualdad y de ascensor social, pero también hablamos de cambio de modelo productivo, de economía basada en el conocimiento, de empleo cualificado, de crecimiento sostenible y de competitividad internacional. La universidad pública sostiene las carreras científicas, impulsa la investigación que transforma la vida de las personas y sostiene también la transferencia que hace avanzar a nuestras empresas. En un país que hoy lidera el crecimiento entre las grandes economías mundiales, nada de esto sería posible sin una universidad pública fuerte.
Hoy España crea más empleo que nunca; empleo impulsado por las mujeres y por los jóvenes, empleo más cualificado. Y lo hace porque hemos decidido apostar por la ciencia, por la innovación y por el crecimiento como motor de nuestra economía.
Quiero recordar los datos de inversión en I+D publicados por el INE hace dos semanas, referidos al año 2024. Se han publicado en noviembre de 2025: la encuesta se realiza a comienzos de 2025 y recoge el ejercicio 2024. Por ejemplo, en noviembre de 2025 lanzamos las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación por 1.200 millones de euros; se resolverán en 2026, su impacto se medirá en 2027 y aparecerá en la encuesta del INE de 2028. Es decir, las encuestas del INE no son una foto fija de la actualidad, sino que fotografían presupuestos y ejecución con un decalaje de, al menos, dos anualidades. Hoy, por tanto, estamos viendo la fotografía del esfuerzo del Gobierno de España en 2024.
Dicho esto, estamos en una cifra récord: 24.000 millones de euros de gasto en I+D en nuestro país, un 60% más que en 2018. Contamos también con un récord en personal investigador, un 31% más que en 2018. Y seguimos creciendo: en 2024 el gasto en I+D de España creció el doble que en la Unión Europea. En España creció un 7%; en la Unión Europea, un 3,5%. Fuimos la economía que más creció de las cuatro grandes europeas, por delante de Italia (3,5%), de Francia (3,4%) o de Alemania (2,7%).
A esta evolución positiva han contribuido tanto el sector público, que creció un 9%, como el sector privado, que lo hizo un 6%. La inversión y el impulso de la Administración pública en I+D sigue estando por encima del de la iniciativa privada. Es decir, la ambición inédita en la inversión pública sirve también para traccionar la inversión privada en I+D. Nos estamos comportando como un Estado emprendedor. De hecho, seguimos siendo el país en el que el sector público aporta el 55% de la inversión frente al 45% de las empresas, cuando los estándares europeos —como en Alemania— indican que debería ser aproximadamente lo contrario: en torno al 70% la iniciativa privada y el 30% la pública. El incentivo que hay que hacer con la empresa privada es precisamente lo que estamos desplegando con estos programas, tal y como plantea la profesora Mazzucato.
Como porcentaje del PIB, España ha alcanzado el 1,5% en 2024, mientras que la media de la Unión Europea fue del 2,2%. Todavía estamos lejos, pero avanzamos hacia la convergencia. En 2004 superamos por primera vez el 1%; en 2018 estábamos en el 1,2%, y ahora llegamos al 1,5%, mientras que la media de la Unión Europea permanece estable en torno al 2,2%. Como muestra la gráfica, desde 2018 hasta la actualidad hemos aumentado un 60% la inversión en I+D en nuestro país.
Ahora podemos ver lo que está pasando: las principales convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación salieron hace un mes con 1.200 millones de euros, un 40% más desde que gobierna el presidente Pedro Sánchez, y todo ya con presupuesto nacional. Con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no solo hemos logrado recuperarnos de la crisis del COVID-19 y reforzar nuestra resiliencia, sino que también nos hemos transformado. Hemos transformado nuestro modelo productivo, aprovechando nuestro talento y avanzando hacia una economía basada en el conocimiento. Hemos abierto un ciclo de oportunidades para nuestras universidades y centros de investigación, con más convocatorias, más proyectos colaborativos, más consorcios internacionales y mayor capacidad de atraer talento.
Por eso, permítanme cuestionar ese discurso pesimista y cínico que trata de instalar un clima de desilusión y de desesperanza en nuestra juventud, en el momento en que, precisamente, hay más posibilidades de desarrollar su talento.