Congreso de los Diputados - Justicia - 10 de diciembre de 2025

Buenas noches, señorías. Si quieren, damos comienzo a la sesión. Sí, señor Santiago. Con la venia, cuestión previa, presidente. Quería, en nombre de nuestro grupo parlamentario, del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, del grupo parlamentario de Bildu y del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, solicitar que votáramos una modificación del orden del día, aplazando la discusión sobre las proposiciones no de ley para otro momento que resulte procesalmente oportuno, para hacer un debate en condiciones, teniendo en cuenta la hora que es y la atención que debemos dar a un proyecto de ley tan importante como el que tenemos entre manos, de reforma del Código Penal. Nos parece que no vamos a poder tener suficiente tiempo para dedicarlo como se merecen todas las proposiciones no de ley que tenemos sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Procedería, antes de dar inicio a esta Comisión, actuar conforme al artículo 68.2, que dice: «El orden del día de una Comisión puede ser alterado por acuerdo de ésta, a propuesta de su Presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados».

Señorías, como ha habido un turno a favor de la propuesta de modificación del orden del día, abrimos un turno en contra. Tiene la palabra la señora Moro. Gracias. Para señalar, en nombre de mi grupo parlamentario, que no estamos de acuerdo. Normalmente en esta comisión se había implantado la práctica parlamentaria de que la modificación del orden del día en el mismo momento de celebrarse la comisión se hiciera con el acuerdo de todos los grupos. Esto nos parece anómalo. Ninguno de nosotros es responsable de que el Pleno haya sido tan largo hoy; en todo caso, hay otras comisiones que se celebran y perfectamente podríamos terminar una hora más tarde, pero no tan tarde como en muchas ocasiones hemos concluido comisiones y plenos. Por lo tanto, queremos que conste nuestra oposición a esta modificación. Gracias. Muchísimas gracias, señoría. Simplemente una matización: no es anómalo; es lo que dice el Reglamento del Congreso en su artículo 68. Procede, por lo tanto, votar la modificación del orden del día en el sentido de la propuesta efectuada por los grupos parlamentarios, consistente en retirar del orden del día los puntos referentes a las PNL. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Gracias. Han sido 23 votos a favor y 14 en contra; en consecuencia, se modifica el orden del día. Sin más preámbulos, damos inicio a la sesión para sustanciar el primer punto del orden del día, que, como saben, es la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades reguladas en el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. De conformidad con lo establecido en dicha Resolución, se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso. Si nadie propone lo contrario, se aprueba por asentimiento. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la ratificación de la Ponencia designada para informar la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entiendo que la Ponencia queda aprobada por asentimiento. Señorías, les comunico que se han realizado algunas correcciones en el informe de Ponencia y en su anexo, que se encuentran ya incorporadas a la documentación impresa a su disposición en la sala. Por lo tanto, empezaríamos con el debate, que se organizará de forma que haya un único turno de intervención de los portavoces, ya sea para la defensa de enmiendas o para fijar la posición, por un tiempo máximo de siete minutos, en orden de menor a mayor. Posteriormente, una vez que termine el debate, ordenaremos la votación con las enmiendas que queden vivas o que hayan manifestado que desean mantener, de manera que podamos tener claro en todo momento qué es lo que se está votando. Sin más preámbulos, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. Muchas gracias, presidente. Nuestra posición no es nueva ni desconocida: ya votamos en contra en su momento de su tramitación y vamos a seguir oponiéndonos cada vez que venga y tengamos que posicionarnos con nuestro voto. El hecho de que Junts haya insistido tanto en esta ley, porque además la considera absolutamente clave en su disputa.

Pues ya nos habla perfectamente de la intencionalidad política que hay detrás de esta ley. Es una propuesta para alimentar los relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha, también para perseguir y aplicar mano dura con el “robagallinas”, como le llamaba aquel juez, mientras que los verdaderos criminales y los ladrones multirreincidentes, como el clan Ayuso o como el CEO de Ribera Salud, siguen absolutamente impunes. Y el Partido Socialista pacta con el Partido Popular y con Junts para que estos últimos puedan competir en xenofobia con Vox y con Aliança Catalana, dando alas una vez más a la extrema derecha. Nos van a tener que explicar en qué beneficia esto a la ciudadanía y por qué consideran que este tema es tan fundamental, tan importante y con tanta urgencia social como para que lo hagamos ahora corriendo, entre la semana pasada y esta, en vez de aprobar medidas que le importan a la gente, como atajar la especulación en la vivienda, acabar con la degradación absoluta de nuestros servicios públicos —que va de la mano de las privatizaciones— o apoyar al sector alimentario de este país. Porque para nosotras, desde luego, existen cuestiones como las que estoy diciendo, muchísimo más urgentes y más problemáticas para la sociedad española, tal y como puso de manifiesto el informe FOESSA y como puede comprobar cualquiera que pise la calle día tras día y hable con la gente trabajadora de nuestros barrios y de nuestros territorios. Cada cual sabe cuáles son sus prioridades políticas; está claro. Y las nuestras, desde luego, no son ni el populismo punitivo ni fomentar los discursos racistas de la extrema derecha que siempre vinculan la delincuencia con la inmigración. Para nosotras lo importante es impulsar medidas que sirvan para acabar con el drama que se denuncia en ese informe, y no hacer, por supuesto, de palmeros de la agenda política y mediática del fascismo español y, en este caso, también del catalán. Señoría del Partido Socialista, bajo nuestro punto de vista ustedes están haciendo concesiones muy peligrosas a Junts solo para salvar los muebles, y esto, al final, nos puede costar caro a todos y a todas. La multirreincidencia de la que se está hablando aquí no es la que nos preocupa a nosotras ni a nuestro grupo ni a Podemos, porque la multirreincidencia de la que se habla aquí es perseguir a la pobreza; como he dicho antes, al “robagallinas”, y criminalizar a la gente humilde. Sin embargo, no veo que se haya traído ninguna ley con ese punitivismo para lo que la sociedad sabe muy bien que son multirreincidentes. Y estoy hablando del señor Rajoy, del señor Aznar, de la señora Aguirre, de la señora Ayuso; estoy hablando de los señores Koldo, Cerdán y Ábalos también; de los que se llevan el dinero a Suiza y de los que nos roban a través de rebajas fiscales a los rentistas, ahora mismo, con esta crisis de vivienda que tenemos. Eso sí sabe la sociedad muy bien que son multirreincidentes; sin embargo, no les he visto ninguna prisa en traer ninguna ley ni tampoco ese punitivismo para todos los que están causando verdadero daño en las capas sociales más vulnerables y también trabajadoras de nuestro país. Muchos de ellos están en la calle; desde luego, muchos no han pisado la cárcel; muchos, con una multa, aunque sean multirreincidentes; y, desde luego, no se les han subido ni las multas ni las penas de prisión. Por lo tanto, desde Podemos no vamos a entrar en esta ley; por eso no hemos presentado absolutamente ninguna enmienda, porque vamos a votar que no a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, una cuestión formal: daremos apoyo a todas las transacciones.

Y, por tanto, retiraríamos la única enmienda que nos quedaría viva, que sería la número tres. Y, respecto al fondo de la cuestión, de una manera muy breve, porque tendremos ocasión de exponer nuestra posición con amplitud en el Pleno de la Cámara cuando llevemos este acuerdo de comisión al Pleno —entiendo que a principios del siguiente periodo de sesiones—, simplemente señalar que esta reforma, para hacer frente a la multirreincidencia, especialmente en el caso de aquellas personas que han hecho de los hurtos o las estafas un modo de vida de manera multirreincidente, singularmente en las infracciones leves y menos graves, no es, a nuestro juicio, una reforma de izquierdas o de derechas, como a veces se dice. Es una reforma reclamada de modo transversal por buena parte de la ciudadanía y de todas las sensibilidades políticas, y así nos lo han hecho llegar, de manera reiterada en distintas legislaturas, innumerables alcaldes de todas las sensibilidades y de todos los ámbitos territoriales. Voy finalizando, presidente, porque ya señalaba que iba a ser una intervención breve. Quisiéramos resaltar uno de los cambios: la penalidad que vamos a atribuir a los hurtos de teléfonos móviles. Creemos que es una plaga, sobre todo en el ámbito urbano, que afecta de manera singular a nuestros jóvenes, especialmente en los espacios de ocio. Existe un auténtico clamor ciudadano para que tomemos medidas contra estos hurtos, en los que, más que el valor del propio terminal, lo que se protege es la intimidad, por los datos y la información que contienen hoy estos dispositivos electrónicos. Nada más y muchas gracias, y congratularnos, eso sí, porque finalmente hayamos alcanzado un acuerdo para llevar a cabo esta reforma del Código Penal. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, señor Iñarritu. Sí, arratsalde on. Muchas gracias, presidente. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: desde nuestro punto de vista, esta reforma que se trae hoy aquí no es ni proporcional ni eficaz, y además no es garantista. En primer lugar, consideramos que el endurecimiento de penas rompe el equilibrio en la respuesta punitiva; y esto no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha señalado incluso el Tribunal Constitucional en varias ocasiones: no puede castigarse como si fuera grave lo que no lo es. En segundo lugar, está comprobado —y esto es de sociología jurídica— que el endurecimiento de penas no reduce la criminalidad en este tipo de delitos. Por lo tanto, estamos ante un debate populista. Y, en tercer lugar, se abre la puerta a una cantidad de abusos; no es garantista. Decía que se afirma que esto no es ni de izquierdas ni de derechas; no, no: esto es de extrema derecha. No estamos diciendo que no sea grave la multirreincidencia, ni que no nos preocupen las nuevas formas de criminalidad, ni lo que supone que a una persona le hurten un teléfono o un dispositivo móvil. Pero, ¿es el endurecimiento punitivo la respuesta adecuada? Creemos que no. Eso es solo populismo y, además, enriquece políticamente a la extrema derecha. Muy confundidos están los partidos que consideran que esto les puede beneficiar o que van a obtener apoyo ciudadano; esto va a beneficiar a la extrema derecha política tanto en el Estado como en Cataluña, porque ellos pedirán más. Como bien decía una portavoz anteriormente, están uniendo este debate —y no decimos que no deba darse— con el de la inmigración, señalando a personas vulnerables. Ahí está el quid de la cuestión. Por todo ello, nos posicionaremos en contra y creemos, además, que es un error. Ya digo, no porque no deba darse un debate o adoptarse medidas —como ya han tomado magistrados y magistradas— respecto de personas que cometen este tipo de hurtos, sino porque esta no es la vía adecuada. Muchas gracias.

De manera reiterada, pero, por ejemplo, las órdenes de alejamiento a las cuales se han visto expuestas algunas personas detenidas en numerosas ocasiones han servido para reducir ostensiblemente el número de hurtos en aquellos lugares donde se producían con asiduidad. Creemos que es un error y que no responde más que a un uso populista que alimenta a la extrema derecha política y mediática. Muchas gracias. Votaremos en contra. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la señora Marta. Muchas gracias, señor presidente. La proposición de ley que hoy defiende Junts per Catalunya nace de un problema que todo el mundo conoce y que hay que afrontar: la multirreincidencia delictiva en los delitos leves, sobre todo los hurtos que se repiten día tras día en nuestras calles y también en el mundo rural. No es una ley teórica ni ideológica; es una ley práctica, quirúrgica y necesaria. Quiero aclararlo: ha sido elaborada con mucho rigor a partir del trabajo inicial impulsado por el Consejo de la Abogacía, liderado por Jesús Sánchez, y con la participación de magistrados, fiscales, académicos y abogados penalistas expertos. También es el resultado de numerosas reuniones con los cuerpos policiales y con ayuntamientos de todo el país. Por lo tanto, quien tilda esta ley de populista posiblemente se aparta de la realidad, cuando el propio Colegio de Abogados, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, defiende su legalidad y, por lo tanto, la preservación de los derechos de todas las personas. Hemos escuchado a todo el mundo: a quienes persiguen el delito, a quienes lo tienen que juzgar, a las víctimas, así como a los profesionales que conviven cada día con esta realidad en los juzgados. La conclusión es clara: es imprescindible actuar y poner fin a la impunidad en este tipo de delitos. El sistema actual, lamentablemente, no está funcionando. En todo el país, alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos nos cuentan exactamente lo mismo: un grupo muy reducido de personas comete hurtos una y otra vez y el sistema no consigue pararlo. Esta impunidad genera frustración, indignación y una sensación de abandono que no podemos ignorar. Esta ley quiere revertir esa situación y lo hace con líneas de acción claras. En primer lugar, romper la impunidad. Hasta hoy, una persona puede cometer decenas de hurtos leves sin llegar nunca a entrar en prisión. En nuestra propuesta, cuando un infractor ya haya sido condenado por tres hurtos leves, la reincidencia comportará pena de prisión. Eso da coherencia al sistema penal y evita que quienes han convertido el hurto en su modus vivendi sigan delinquiendo sin consecuencias. Además, incorporamos un agravante específico en el hurto de teléfonos móviles —lo ha señalado el compañero Legarda— porque un móvil es mucho más que un objeto: es la vida personal, la privacidad, la comunicación y una herramienta imprescindible en la vida cotidiana. Protegerlo adecuadamente es de sentido común. En segundo lugar, damos herramientas para que la justicia funcione mejor. Una ley penal es inútil si el sistema judicial no puede aplicarla, y por eso proponemos medidas que refuercen de verdad la capacidad de respuesta. Por una parte, que los ayuntamientos puedan ejercer la acción penal en este ámbito: son los primeros que sufren las consecuencias y quienes tienen más información sobre las personas multirreincidentes, lo que permitirá impulsar procedimientos que hoy muchas veces caducan. Por otra, aumentamos la figura de los jueces de adscripción territorial para aproximarnos a las medias europeas y reducir la carga de los juzgados. Con una transacción con el Grupo Popular y el PNV, y gracias a la transaccional también con el PSOE, los jueces podrán acordar órdenes de alejamiento de determinados municipios o de espacios para los multirreincidentes: una medida proporcionada, útil y enfocada a prevenir muchos delitos. Todo ello hará que el sistema sea más ágil, cercano y efectivo. Quiero destacar especialmente la autoenmienda de Junts per Catalunya sobre los hurtos en el campo. Hoy, agricultores y ganaderos sufren robos de bombas de riego.

…de agua, de tubos de riego, de maquinaria, de cobre, de herramientas, de productos del campo. Objetos con poco valor en la reventa, pero con un coste altísimo de reposición, que con frecuencia paralizan la actividad productiva. El Código Penal ya había previsto un agravante, pero era prácticamente inaplicable porque exigía acreditar un perjuicio grave para la explotación. La realidad es que, si consultan la jurisprudencia, desde su aprobación solo se ha podido aplicar un par de veces por un par de audiencias provinciales. Por lo tanto, era un requisito que había convertido el artículo en papel mojado. Por eso creemos que nuestra enmienda lo resuelve: bastará con acreditar que el valor sustraído supera los 400 euros. Así se protege de verdad al campo, dando una respuesta justa a un sector esencial para el país. Además, mediante una transaccional con el Grupo Popular, incorporamos un nuevo tratamiento para los delitos de estafa que afectan sobre todo a personas vulnerables, especialmente a las personas mayores con dificultades digitales. Señorías, esta no es solo una ley penal; es una ley de seguridad y de convivencia, porque el derecho a la seguridad forma parte de la dignidad y de la libertad de las personas, y los poderes públicos tenemos el deber de garantizarlo. La ciudadanía quiere vivir tranquila y segura, y que a quien delinque reiteradamente no le salga gratis. Esta ley no criminaliza a ningún colectivo, no criminaliza a nadie, pero tampoco abandona a nadie. Es una ley justa, equilibrada, rigurosa y ampliamente trabajada. Cuando las instituciones actúan con responsabilidad y en consenso, la ciudadanía recupera la confianza. Esta ley es una oportunidad para demostrar que somos capaces de resolver problemas reales y tangibles que afectan a la vida de la gente. Por eso les pido a todos su apoyo. Asimismo, solicito la votación por separado de las enmiendas 25 a 30 y, en otro punto, de la 31 a la 34. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera. Gracias, presidenta. Con respecto a lo que me acaba de pedir la ponente, de entrada no tengo ningún inconveniente en que las votaciones se hagan como se ha solicitado; por lo tanto, adelante, sin problemas. La verdad es que lo tendría que buscar y no me parece que ahora sea el momento. Y eso me lleva al primer elemento que quería poner hoy sobre la mesa: lamento mucho el sistema y el procedimiento que se han utilizado con esta ley, porque se presenta la ley, se deja en un cajón por intereses políticos y luego hay que correr, y al final pasamos de una ponencia a la comisión y al pleno sin que responda a la necesidad de ponernos de acuerdo o de trabajar este texto. Me parece lamentable que hayamos trabajado esto de esta forma si realmente se quería que otros grupos pudieran participar. Ya adelanto que no vamos a votar a favor; nos abstendremos. También es verdad que quizás no sería el planteamiento que yo habría preferido, pero comparto que la derecha y la ultraderecha han conseguido dar un marco referencial a nuestros ciudadanos en el que parece que sales a la calle y primero te atracan, luego hay una agresión sexual y después te ocupan el piso; y como la percepción es esa, es muy difícil luchar contra ella sin dar algún tipo de paso legislativo. Pero lo que tampoco querría es que determinadas inexactitudes pasen desapercibidas. Esta ley no crea la multirreincidencia; la multirreincidencia ya existía y se podía aplicar. Era una multirreincidencia que se predicaba después de tres sentencias firmes por el mismo tipo de delito, y esa disposición lo que hace es quitarle al juez la capacidad de modular la sentencia y, por otra parte, suprimir el elemento de los 400 euros porque daba problemas.

Gracias. Por lo tanto, inmediatamente se entiende que este límite de los 400 euros se ha superado y ya no está ahí como requisito. La verdad es que nosotros creemos que esto es muy erróneo. Lo que en realidad hay es una falta de medios y de materiales para la Administración de Justicia. Como se incorporan 70 jueces más, eso permite que nos abstengamos, pero creemos que es una falacia explicarle a la ciudadanía que, a partir de esta norma, cuando se detenga a alguien y sea la tercera vez, va a entrar en prisión provisional automáticamente y se le va a apartar del medio. Eso no pasará. Y habremos dicho que endurecemos una ley, habremos creado unas expectativas de resolución del problema —sea del tamaño que sea en las distintas poblaciones— y acabarán llegando a la conclusión de que, como legisladores, unos y otros, somos unos auténticos incompetentes. Y seguramente tendrán parte de razón. Además, es una lástima que un grupo que ha estado en contra de la acción popular en las diferentes normas que nos han presentado ahora admita que la acusación particular la ejerzan los ayuntamientos. Estoy muy sorprendida por la forma en la que los socialistas, el PSOE, están tratando esta cuestión. Teniendo en cuenta que es una ley que os ha presentado Junts per Catalunya, que no se distingue por ser un partido especialmente progresista, de izquierdas y defensor de las libertades individuales y de las garantías de los derechos fundamentales, y que además la va a votar el PP —no sé qué hará Vox—, me pregunto dónde estáis. No nos manifestaremos en contra porque creemos que podría generar la sensación de que no somos comprensivos con el sentir de la ciudadanía y con lo que sucede en las calles o con lo que se dice que pasa en las calles de las ciudades. Pero aquí debemos tener en cuenta que nadie ha estudiado si quizá era absolutamente indispensable limitarlo a ciudades de más de 100 000 habitantes y no aplicarlo a otras partes del territorio. No se ha podido ni siquiera valorar, porque de repente les han entrado las prisas. Nosotros no estamos aquí para coger votos a nadie. No me ha gustado el procedimiento; no me ha gustado que no pudiéramos disponer de un mes más para intentar pactar algunas cosas. Creo que hay una parte —y la ponente lo ha explicado muy bien— de contacto con determinados despachos y con una determinada forma de entender esto. El Colegio de Abogados de Barcelona… ya sabemos a qué intereses responde. Se introduce una modificación que no solo es peligrosa, sino que será de muy difícil gestión. Los municipios, los entes municipales, están ahogados. Con el trabajazo que hemos tenido para que los remanentes fueran utilizables por los ayuntamientos, ahora se van a personar con la acusación particular. ¿En todos los hurtos? ¿Solo en los que se lo pidan? ¿Cómo lo haremos? ¿Van a pagar bufetes de abogados para externalizar el trabajo? Entonces sí se entienden muchas cosas. Hay muchos elementos que se podrían haber puesto sobre la mesa en un trabajo entre todos, pero con esta celeridad no se nos permite estar mínimamente cómodos con la forma en que se han hecho las cosas. Ya veremos qué acaba pasando cuando lleguemos al Pleno. Ahora nos vamos a abstener, como nos abstuvimos por las mismas razones en la toma en consideración. No queremos que nadie crea que no somos sensibles a las necesidades de los ayuntamientos, de los vecinos, de los ciudadanos, pero creemos que esta no era, sin duda, la manera. Pongan dinero en Justicia y quizá entonces las cosas empiecen a funcionar. Me he dejado lo de la Fiscalía, pero se me ha acabado el tiempo: esta ley, en realidad, lo que hace es acabar ocupando el espacio que debería ocupar el Ministerio Fiscal, que no está ocupando. Muchas gracias.

Y al fiscal general del Estado se le preguntó el otro día por la propuesta, si van a subsanar esta falta de presencia y de persecución del delito en estos casos. Muchas gracias, presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Sumar, señor Santiago. Muchas gracias, señor presidente. La reforma del Código Penal pactada entre el Partido Popular y Junts contra la multirreincidencia no va a reducir los hurtos. Creemos que lo que va a hacer es incrementar el número de personas presas en nuestro país. España mantiene una tasa de criminalidad baja comparada con países europeos; somos uno de los países más seguros de Europa y del mundo, pero España es el sexto país de Europa con más presos en las cárceles. España, con 40 millones de habitantes, menos que Alemania y 11 millones menos que Italia, tiene el mismo número de presos que estos países. Y la multirreincidencia no se va a combatir llenando las cárceles, que, en especial para gente joven, se convierten en escuelas de delincuencia. Es más recomendable una mayor inversión en materia de justicia, más jueces, para que estos delitos se juzguen mucho más rápido que en la actualidad, porque los hurtos, claro que son un problema social que sin duda hay que abordar; afectan en especial a determinados barrios céntricos y turísticos; sus responsables suelen estar situados en los márgenes de la sociedad, en situación de exclusión social. Y quiero que recuerden que, tras la reforma del Código Penal hecha por la mayoría del Partido Popular en el año 2003, endureciendo penas, los hurtos se incrementaron en un 51%. Pero tras la reforma del año 2022 de este Gobierno de izquierdas, reforma acompañada de medidas de empleo y atención social, los delitos contra el patrimonio se redujeron un 2,3% y los hurtos un 4,0% en el primer trimestre del año 2024. Conclusión: cuando las reformas penales van acompañadas de políticas de empleo de calidad y de atención social, se reduce la criminalidad y se garantiza mucho mejor la seguridad humana. El principio de proporcionalidad de las penas también debe ser tenido en cuenta por el legislador, y una pena de hasta tres años de cárcel por un hurto de un teléfono móvil a un particular es una pena exagerada, desproporcionada en términos jurídicos. Aceptamos que, además de medidas sociales, se apliquen medidas penales para combatir hurtos y pequeñas estafas. Por supuesto, la ponencia que debatimos también amplía los supuestos de medidas cautelares para casos de hurtos, como una orden de alejamiento respecto a un barrio o una ciudad. Es una medida positiva, mucho mejor que la prisión provisional, pero que ya existía en nuestra legislación, sin necesidad de esta reforma, aplicando los artículos 13 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el 57 del Código Penal. Como ejemplo, aquí tienen un auto del pasado 1 de noviembre del Tribunal de Instancia de Arganda del Rey, en Madrid, aprobando y aplicando esas medidas. La realidad es que la solución que han buscado, imponer penas más graves, es puro populismo punitivo. Partíamos de una horquilla de 6 a 18 meses y ahora nos encontramos con una de 1 a 3 años de prisión. Los problemas de la justicia no se deben a la multirreincidencia de los robagallinas, sino a tener ratios de jueces por habitante de las más bajas de Europa, apenas un tercio de la ratio que tienen los países con mayor número de jueces. Y tanto en Cataluña como en el resto del Estado, el incremento de la tasa de congestión judicial es inferior en la jurisdicción penal que en el total de las jurisdicciones. Pero con esta reforma, el multirreincidente no irá a un juicio por delito leve, sino a un juicio más complejo, con una petición de pena de hasta tres años, con una demora de dos años o más para celebrar la vista, provocando el incremento de la congestión judicial en la jurisdicción penal. Tardará más en ir a juicio y, por lo tanto, tendrá más tiempo para seguir multirreincidiendo si así lo considera. No nos extraña el pacto de Junts con el Partido Popular para llenar las cárceles de desgraciados y delincuentes de poca monta, en lugar de optar por construir programas de reinserción social que conviertan al multirreincidente en una persona que pueda reinsertarse en la sociedad. Lo que nos duele y no acabamos de entender es que a esta deriva punitivista, que no va a rebajar la multirreincidencia, se haya sumado el grupo socialista. Junts propone estas medidas para competir con los racistas ultraderechistas de Alianza Catalana, y el Partido Popular sigue en su espiral populista que quiere parecerse a la extrema derecha, a Vox. Pedimos al Partido Socialista que no caiga en la trampa del penalismo mágico. Los problemas sociales no se arreglan a golpe de Código Penal.